Sep 19, 2017 | inicio, Noticias en imágenes
A once años de la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y a 48 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el Pu Lof Cushamen, una multitud se reunió en La Plata y Plaza de Mayo para exigir, una vez más, “aparición con vida” de ambos y la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Organismos de Derechos Humanos, sociales y políticos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia organizaron la jornada y responsabilizaron a la Policía bonaerense por la desaparición de López y a la Gendarmería por la de Maldonado. Como sucedió en las últimas marchas, en la desconcentración hubo un pequeño grupo de personas que intentó generar un clima violento, pero los manifestantes lograron aislarlos y desactivarlos.
Actualizada 19/09/2017
Sep 19, 2017 | DDHH
En Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires, vive Alberto Szewczuk. Igual que su padre Nicolás -fallecido el pasado 29 de agosto- tiene una particularidad más allá de la consanguinidad: es apátrida.
Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR ), un apátrida es aquella persona que no es por ningún Estado como un connacional. En esa situación se encuentran cerca de diez millones de habitantes en el mundo. Una de las razones de ser apátrida es haber nacido en un país que ya no existe.
Con la disolución de la URSS en 1991 y la conformación de la Confederación de Estados Independientes (CEI), Nicolás y Alberto Szewczuk se convirtieron en apátridas, su status jurídico se modificó: son ciudadanos de un país que ya no existe. Tras la ruptura de la unión de países, su nacionalidad se mantuvo y no recayó en ninguna de las viejas o nuevas naciones. Ninguno de los dos ha realizado los trámites para nacionalizarse como argentino. Su único documento de identidad en el país es un pasaporte argentino para extranjeros con el cual a cada nación que deseen visitar deben pedir una visa.
Gabriela Liguori, coordinadora general de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) afirma que “debido a la falta de normativa con respecto a la problemática, no existen datos oficiales de cuántos apátridas hay en el país, tampoco se conocen las razones por las que obtuvieron esta condición”.
«No existen datos oficiales de cuántos apátridas hay en el país, tampoco se conocen las razones por las que obtuvieron esta condición”, dijo Gabriela Liguori, coordinadora general de la CAREF.
En el 2015 se presentó un proyecto de ley para la protección de los apátridas que tuvo poco avance y que finalmente caducó a principio de este año. Desde la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) se está trabajando un nuevo proyecto legislativo pero por el momento hay poca información.
Nicolás Szewczuk había nacido en 1933 en lo que actualmente se conoce como Ucrania, pero que en su momento era un territorio polaco dentro de la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Su familia vivía en el campo y las condiciones de vida no eran las óptimas, así que la publicitada posibilidad de migrar a otros países como Canadá, Australia y Argentina era la opción más viable. Con su padre y su madre emigraron a la Argentina en 1937, luego de que Canadá limitara las migraciones y de que Australia no fuera una opción tan atractiva como el sur de América.
A los 12 años falleció su madre durante una operación de apéndice y a los 13 su padre, debido a una infección. Él fue acogido por una familia que vivía y que ya tenía un chico de su edad. Empezó a trabajar desde muy pequeño y a los 15 años ingresó a una escuela privada especializada en electricidad. No podía realizar el servicio militar por ser extranjero, lo recordaba como un dato relevante porque era lo que hacían los hombres de cierta edad, casi como un ritual de la sociedad militarizada.
Conoció a quien sería, más adelante, su esposa -que es cordobesa- y la idea de volver a la tierra en la que se nació recobró importancia en los migrantes que habían escapado de la Segunda Guerra Mundial. Europa era una tierra reconstruida, se había originado una nueva cultura, era un lugar distinto al que habían dejado más de una década atrás. Stalin había muerto en 1953 y por esos años, Nicolás veía el resurgimiento del comunismo en el mundo como proyecto político alcanzable.
Las protecciones internacionales sobre la nacionalidad son múltiples, pero al no tener un organismo en donde acudir a solicitar el reconocimiento de su condición, esta población no logra acceder a fácilmente a sus derechos.
El bombardeo a la Plaza de Mayo, el intento de derrocamiento a Perón y el golpe de estado por parte del general Lonardi en 1955 fueron acontecimientos que hicieron de la posibilidad de volver a Europa una realidad. Poco antes de morir, Nicolás le comentó a ANCCOM que “cuando ya estaba la Junta Militar, trabajaba en un frigorífico y en la entrada habían tanquetas, yo vi personas con las manos apoyadas en la pared y la ametralladora de pie en la vereda. Lo pasamos. Se dieron una serie de acontecimientos en los que supimos que estábamos en un país convulsionado”.
Viajó en el barco Santa Fe hasta la URSS, junto a su esposa y su suegra. Analizaron las posibilidades que les brindaban las tres ciudades más desarrolladas: Moscú, Leningrado y Kiev, en la que finalmente decidieron vivir. Al entrar en territorio soviético, ya se era ciudadano con los derechos y deberes que eso implicaba. Su primer hijo, Alberto Szewczuk nació en Kiev, actualmente capital de Ucrania, ex-URSS, en 1960.
Nicolás se dedicaba a realizar traducciones técnicas del ruso al español de material soviético con la integración de Cuba al bloque comunista, además de trabajar en una fábrica que hacía hilo de nylon y rayón.
El Estado organizaba el tema habitacional a través de las fábricas y sus sindicatos: las plantas industriales más grandes tenían mayor cupo. Los Szewczuk compartieron un departamento con una familia, hasta que el gobierno les asignó uno de dos ambientes solo para ellos.
Así como los que volvieron a su tierra natal lo hicieron por sus recuerdos de infancia y adolescencia, Nicolás y su familia decidieron volver a Argentina en Marzo de 1966. Al volver encontraron un país congelado en el tiempo, que en 10 años no había logrado desarrollarse en ningún aspecto, “llegamos a Ezeiza y la verdad es que se nos cayeron las medias -recordaba Nicolás-. Estaba como la había hecho Perón en su momento”.
Para Alberto su transición fue prácticamente inconsciente: de chico nunca quiso hablar español y cuando llegó al país lo empezó hablar y nunca volvió a utilizar el ucraniano. Con certeza afirma que “no me interesa volver, seguramente como un sistema de autodefensa, de decirme que eso es una etapa que ya pasó. Yo lo asigno a la edad, me fui a los 5 años”. A pesar de su desvinculación con su país de nacimiento, recuerda vívidamente algunos detalles de su primera infancia: “Me acuerdo cuando íbamos al río Dniéper, tengo flashes de cuando hacíamos unos hongos salteados que los juntaba mi tío, él sabía cuáles eran los buenos. Me acuerdo que una vez me asomé al balcón y miré un cortejo fúnebre; allá era característico que arriba del féretro que iba por la calle pusieran una hogaza de pan negro redondo y un puñado de sal arriba. Yo en ese momento no sabía que la sal era lo más preciado que se da a un visitante por su escasez”.
Nicolás se dedicó mayoritariamente al trabajo con electricidad en diferentes proyectos a lo largo del país. Se jubiló en 1990. Lucía Gallopo, abogada en el CAREF explica que “nuestras leyes de nacionalidad impiden que se produzca la apatridia, por lo que las situaciones que tenemos son de migrantes apátridas o en situación de apatridia. Principalmente se trata de ciudadanos de la ex URSS cuyos documentos perdieron vigencia y al no haber tramitado oportunamente su actualización ni haber retornado a país de origen, se les dificulta obtener la renovación. En ocasiones, incluso, el tiempo transcurrido sin renovar implica que los Estados que sucedieron a la URSS no reconozcan ni tengan registro de su ciudadanía”.
Según la ley 19510 del año 1972, el país se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, promulgada por la Conferencia de las Naciones Unidas en 1954. Sin embargo, Gallopo afirma que “no hay un reconocimiento real de la apatridia en el país, no hay un procedimiento determinado ni órgano destinado a tal fin.”
Las protecciones internacionales sobre la nacionalidad son múltiples, pero al no tener un organismo en donde acudir a solicitar el reconocimiento de su condición, esta población no logra acceder a fácilmente a sus derechos. Tampoco existen procedimientos simplificados para el acceso a la naturalización como una solución definitiva a esta problemática.
Un jarrón que Alberto y Nicolás Szewczuk trajeron de su país natal, adornado con el estilo étnico ucraniano.
Actualizada 19/09/2017
Sep 13, 2017 | Comunidad
El rechazo a la nueva reforma de la educación Escuela Secundaria del Futuro se manifestó los días pasados con la toma de hasta dieciocho colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires de manera simultánea. La Coordinadora de Estudiantes Base (CEB) propuso esta semana no continuar con la medida y esperar la respuesta al petitorio que entregaron al Ministerio de Educación de la Ciudad en la marcha que realizaron el 6 de septiembre último; así como también la respuesta al escrito que darán a la asesora tutelar para que presente en el Ministerio de Educación. Sin embargo, al cierre de esta nota sólo deshicieron la toma el Colegio Liceo Nº9 Santiago Derqui, la Escuela Normal N°10, y el Colegio Nº 8 Roca. Y lejos de resolverse el conflicto, al cierre de esta nota, también se sumaron a la toma el colegio Nicolás Avellaneda, la escuela Rodolfo Walsh, Normal N°8 y el colegio García Lorca. El reclamo de los estudiantes incluye también la implementación de un protocolo de violencia de género, y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas.
Escuela sin futuro
«Creemos que una reforma de la educación es necesaria, pero no una que baje la calidad de la educación que ya tenemos, ni una que nos haga trabajar gratis para quitarnos contenidos de las materias», dijo una estudiante del Liceo Nº9 Santiago Derqui, quien prefirió resguardar su identidad, al igual que los demás estudiantes, por temor a represalias.
Los alumnos consideran que las escuelas no están preparadas para afrontar los cambios que aparenta proponer la reforma. Actualmente, el Liceo Nº9 está transitando la última reforma implementada en 2015, la Nueva Escuela Secundaria (NES). La primera camada de esta reforma está recién en tercer año, por lo que no hubo una cohorte egresada con ese plan hasta el momento. «La reforma NES, en su momento, estaba planteada para los lugares donde había una educación de baja calidad, para que equiparara la educación en el país. En apariencia, parecía buena, pero en nuestro caso nos perjudicó, porque teníamos una educación mejor en el Liceo que lo que planteaba la NES, teníamos el título de Bachiller Común. En nuestra escuela, la NES planteaba especializaciones, por ejemplo, en arte y no contábamos con salas de teatro o instrumentos en cantidad. Fue la cooperadora la que tuvo que afrontar los gastos», dijo la estudiante de quinto año.
«Creemos que una reforma de la educación es necesaria, pero no una que baje la calidad de la educación que ya tenemos», dijo una estudiante del Liceo Nº9.
Los alumnos consideran que con la reforma Escuela Secundaria del Futuro que el Ministerio quiere imponer, podría llegar a pasar lo mismo que sucede con la NES, ya que las escuelas no están preparadas para lo que dispone la reforma. «Hasta el momento es poca la información que hay, pero sobre lo que conocemos estamos en contra. Con la Escuela Secundaria del Futuro, la mitad de la currícula del último año va a consistir en trabajar para empresas privadas. Esto nos quita contenidos en la formación, y a su vez hay riesgo de que se reduzcan empleos formales de los mayores de 18 años, ya que es más fácil despedir a un pasante cuando la empresa quiera. A los alumnos de colegios técnicos, a partir de ahora, no se les pagaría más, ya que son prácticas, no pasantías», explicó un estudiante miembro de la conducción del Centro de Estudiantes del Liceo Nº9. Según se les dijo desde el Ministerio a los alumnos, no son pasantías porque no están enmarcadas dentro de la Ley 26.427 de Pasantías Educativas, la cual establece: «Sistema de pasantías educativas en el marco del sistema educativo nacional para los estudiantes de la Educación Superior (…) la educación Permanente de Jóvenes y Adultos (…) y la Formación Profesional (…) en todos los casos para personas mayores de dieciocho años».
Otro alumno explicó que todavía no hay respuestas sobre qué tipo de prácticas van a llevar a cabo los alumnos: «Una escuela técnica o con orientación puede tener prácticas específicas por ejemplo, pero en escuelas como la nuestra no hay una práctica de las que se ofrecen que se correspondan con nuestra formación».
En el Liceo Nº9, la rectora hizo a los estudiantes firmar un acta y dio aviso a la Fiscalía y a la Supervisión. Un alumno, parte de la conducción del centro, explicó: «Desde la Fiscalía se envió un oficio en el que se pedían nombres de alumnos y de padres también. Nuestra asesora tutelar lo dejó sin efecto, porque dijo que no había usurpación del espacio público, ya que se permitía el paso». En el colegio Antonio Devoto, según un comunicado que emitió el Centro de Estudiantes, al momento de la toma, los directivos y supervisores intentaron impedirla y llamaron a personal policial, quien al llegar pidió el documento a la presidenta del Centro de Estudiantes y amenazó con llevarlos a la comisaría si no desarmaban la toma. El Liceo Nº9 también tuvo presencia policial: en la primera ocasión fueron para preguntar si el colegio estaba tomado. Luego, entraron hasta la puerta del patio y dijeron que ante cualquier actitud que moleste a los vecinos iban a volver, “y no de forma amable”. Después de la advertencia, la policía asistió todas las mañanas al establecimiento para preguntar si continuaba tomada la escuela.
Desde el Gobierno de la Ciudad, comenzó a circular un instructivo sobre la forma de proceder en caso de la toma de establecimientos educativos. Allí se pedía a la conducción de cada escuela concurrir inmediatamente a la comisaría y denunciar la situación de toma, sin denunciar personas, y explicitando que los ilícitos que se podrían llegar a configurar serían violación de domicilio o usurpación y la contravención del artículo 58 (ingreso o permanencia de un lugar público o privado contra voluntad del titular). La ministra de Educación, Soledad Acuña, aseguró que ella no envió el documento. Sin embargo, tampoco desautorizó las denuncias de los directivos.
Desde el Gobierno de la Ciudad, comenzó a circular un instructivo sobre la forma de proceder en caso de la toma de establecimientos educativos, sin embargo, la ministra de Educación aseguró que ella no envió el documento.
Sin protocolos de género, pero sí de tomas
Otros hechos ocurridos durante los días de toma que llaman la atención y preocupan a los alumnos del Liceo Nº9 han sido la visita de un auto que les sacó fotos, actos de vandalismo ocasionados por personas ajenas a la toma, el incendio de la bandera que proclamaba «Colegio tomado» y los graffitti que aparecieron en el frente de la escuela.
Además de las críticas a la reforma, los estudiantes reclaman que se aplique en las secundarias el protocolo de violencia de género, como se realizó recientemente en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Una estudiante del Liceo Nº9 explicó: «Antes de las vacaciones hubo un caso de acoso en nuestra escuela y el acusado no fue separado del cargo. Las autoridades aplicaron un protocolo pero es el mismo que se usa si un profesor insulta a un alumno. No tenemos un protocolo específico para estos casos».
Un compañero de la joven mencionó que en 2014 sufrieron la pérdida de la compañera Lola Chomnalez, víctima de femicidio en una playa de Uruguay, caso que tomó relevancia en los medios. «Cuando pasó lo de Lola, las compañeras estaban muy mal. No había contención en la escuela para una situación así. Desde la cooperadora se tuvo que llamar a un psicólogo», contó el alumno en referencia a la necesidad de un protocolo como el que reclaman. Los alumnos también advierten que la Ley de Educación Sexual no se cumple, porque no tienen docentes especializados para abordar los temas. «Es necesario encarar la educación sexual con docentes especializados. Unos compañeros le estuvieron preguntando al docente de Psicología, por ejemplo. Si bien cada profesor puede aportar desde su conocimiento, creemos que es necesario alguien que pueda hablar específicamente del tema».
Las escuelas tomadas
Entre las escuelas que continúan con medidas de fuerza se encuentran las de Bellas Artes Manuel Belgrano y Rogelio Yrurtia, la Nº 15 Antonio Devoto, la Técnica Nº33, la Normal Nº1 en Lenguas Vivas, el Colegio Julio Argentino Roca, la Técnica Nº33 Plumerillo, el Comercial N°7 Manuel Belgrano, la Media N°1 Julio Cortázar, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, el Normal N°2 Mariano Acosta, la Técnica Fernando Fader, Escuela Arranz y el Colegio Osvaldo Pugliese. En apoyo a los colegios afectados por la reforma también se sumaron a la medida el Colegio Nacional Buenos Aires y la escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini.
Los estudiantes esperan hasta esta semana las respuestas del Ministerio, en función de su respuesta definirán cómo continúan el plan de lucha.
En las escuelas que continúan con medidas de fuerza, los estudiantes, esperan hasta esta semana las respuestas del Ministerio, en función de su respuesta definirán cómo continúan el plan de lucha.
Actualizado 12/09/2017.
Sep 13, 2017 | Trabajo
En los barrios late la comunicación comunitaria, esa alejada de los grandes conglomerados mediáticos. ANCCOM recogió voces de aquellos que apuestan por otro tipo de medios, en un contexto nacional de indiferencia hacia el sector, luego de la alteración de aspectos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
Aunque la realidad de todas las emisoras comunitarias no sea la misma, muchas de ellas solo cuentan con premisos provisorios y dependen de los escasos recursos que le brinda su comunidad. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), advierte: “La situación de las radios comunitarias es complicada, veníamos en un proceso de fortalecimiento, sobre todo en articular las políticas públicas y la aplicación de fomento para medios comunitarios, que fueron desandadas por el actual gobierno”. Además, con la disolución del AFSCA, se disolvió el Consejo Federal donde los medios comunitarios tenían participación y representación.
FM Moreno (FM90.1) funciona desde el año 1987, su señal tiene un alcance en todos los barrios de la localidad y está nucleada a FARCO, quien gestiona sus recursos y le provee el equipamiento. La programación está realizada, en su mayoría, por gente vinculada a la comunicación y a la cultura. “Nosotros tenemos programas de producción propia, de contenido político y cultural, que va dirigido a un público de sectores profesionales o con una formación educativa completa”, afirmó su presidente, Martín Raffo, quién dijo que esto se puede realizar gracias a algunos programas específicos que alquilan sus espacios, lo que permite no estar dependiendo de la publicidad para tener la radio en funcionamiento.
Otra emisora es la realidad de FM REC (FM89.5), activa desde el año 2014. Sus instalaciones están dentro de la escuela pública de gestión social Creciendo Juntos. La programación está hecha íntegramente por docentes y alumnos de jardín de primaria y secundaria.“Permanentemente vamos formando chicos capaces de crear programas y operar”, explica Juan Brunati, docente y programador.
Aunque todavía no tienen un público bien definido, intentan abarcar todos los sectores de la comunidad, por eso difunden hechos de la actualidad, acontecimientos y contenidos de la escuela. Además hacen cortinas en guaraní, ya que muchos de sus alumnos y gente del barrio provienen de Paraguay y de provincias del litoral.
“Permanentemente vamos formando chicos capaces de crear programas y operar”, explicó Juan Brunati, docente y programador.
“La garantía de una comunicación democrática se basa en el derecho a comunicar, en la diversidad y variedad de voces y que no estén condicionadas por algo rentable o no”, afirmó Antonini.
En este sentido, para solventar los gastos de mantenimiento FM REC tuvo que crear un club de oyentes: el pago de una cuota mensual de 30 pesos permite acceder a un carnet con un número de socio que sirve para participar de un sorteo a fin de mes. De este modo, se busca incentivar la colaboración y participación de alumnos, padres y maestros. “Esto es algo que está hecho a pulmón, en su momento estaba el Estado para equiparar la balanza entre lo privado y estatal, sino tenés acompañamiento se hace difícil”, expresó Juan Giménez, director de nivel secundario de la escuela Creciendo Juntos.
El problema más grave por el cual tuvieron que atravesar algunas de las radios comunitarias, fue por la nueva política llevada adelante por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). En los temas que habíamos avanzado retrocedimos –aseguró Antonini- y encima aparecieron temas que creíamos superados para siempre, como son los cierres de emisoras y decomisos de equipos, de manera que la situación es complicada”.
Una de las radios que se vio afectada fue FM Ocupas (FM88.3), del barrio de Trujuy, ubicada dentro del predio de la Asociación Ocupas, que ofrece talleres a más de sesenta personas que tienen diferentes discapacidades. Funcionarios de ENACOM intentaron decomisar el equipo de la emisora, argumentando que producía interferencia al servicio del aeródromo Mariano Moreno, por lo que procedieron a desconectarla.
El conflicto se potenció porque en muchos de los programas radiales estaban las voces de los integrantes de la agrupación, así como también la de los profesores, trabajadores sociales y vecinos del barrio. Por eso el apoyo y la protesta fueron masivos, tanto desde sectores políticos y sociales como de diferentes organismos de medios de la comunicación.
Susana Rubino, coordinadora general de Ocupas, precisó:“Pasaron 57 días y no se expidieron. FARCO nos acompañó a hacer la presentación, donde hacíamos un descargo y como no se expidieron, nosotros continuamos”. Aún con cierto temor pero en el aire, contó que no bajaron los brazos y aunque perdieron muchos de sus anunciantes, otros espacios se abrieron y ahora se valen de la realización de festivales barriales y de las publicidades de pequeños anunciantes que todavía conservan.
Finalmente, las adversidades por las que pasan los integrantes de las emisoras potencian aún más sus ganas de querer comunicar. Federico Sánchez, conductor de FM Ocupas y vecino del barrio, afirmó: “Había una necesidad de decir las cosas que sentimos y que esto se difunda”. No pretenden ser un multimedio, sólo quieren tener un espacio para comunicar sus ideas, donde haya una diversidad de voces y una impronta regional, pero con estética profesional.
Por supuesto, el rol del Estado es fundamental. “La garantía de una comunicación democrática –señaló Antonini- se basa en el derecho a comunicar, en la diversidad y variedad de voces y que no estén condicionadas por algo rentable o no”.
“Había una necesidad de decir las cosas que sentimos y que esto se difunda”, dijo Federico Sánchez, conductor de FM Ocupas.
Actualizada 12/09/2017
Sep 13, 2017 | Vidas políticas
“Viajamos más de 3.000 kilómetros para hacer un reclamo contundente sobre el vaciamiento de nuestra empresa: Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. El Estado Nacional anda queriendo cerrarla a sabiendas de que las minas son la única fuente de trabajo y nos las quieren sacar”. La explicación de César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio, resuenan entre los cantos de sus compañeros frente al Congreso Nacional.
Los trabajadores del carbón llegaron este martes desde Santa Cruz a la Capital Federal para hacer oír su reclamo contra el desguace de la mina de Río Turbio frente al Parlamento. Allí recibieron el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la organización Barrial Tupac Amaru, entre otras organizaciones sindicales y sociales.
Todos exigieron “la reincorporación de los compañeros mal despedidos y estabilidad laboral, y el levantamiento del plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.
Los trabajadores del carbón llegaron este martes desde Santa Cruz a la Capital Federal para hacer oír su reclamo contra el desguace de la mina de Río Turbio frente al Parlamento.
Los trabajadores nucleados en ATE también reclamaron que “el presupuesto nacional 2018 contemple las inversiones necesarias para el normal desarrollo de la actividad minera en su conjunto”, como también la totalidad de los salarios de todos los trabajadores del yacimiento del cual dependen más de 3500 familias.
Al grito de “acá están, éstos son, los mineros del carbón”, los trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio dejaron un petitorio en las dependencias del Ministerio de Trabajo ubicadas en Callao 114. También insistieron con el reclamo para que se elimine el proyecto para flexibilizar el convenio colectivo del sector.
Allí, frente a las oficinas de la cartera laboral, los mineros realizaron un acto. “Es necesario poner a la mina de Río Turbio de pie, porque entendemos que si produce al 100 por ciento, podemos administrar energía para cuatro provincias y no tenemos que andar mendigando energía a países vecinos”, sostuvo Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Y completó: “Tiene que haber un diálogo de negociación para reincorporar a los compañeros despedidos, que sí o sí hay que discutir un presupuesto que crezca para la mina”. Además, afirmó que el reclamo supone una “responsabilidad histórica porque de esa mina no sólo dependen miles de puestos de trabajo, también la energía de la provincia y la ciudad de Río Turbio existen gracias al trabajo de estos mineros”.
“Los mineros de Río Turbio hemos viajado 3.500 km desde la provincia de Santa Cruz porque hemos sufrido un parate total en la mina», explicó Adonis Rojas, delegado de base ATE Río Turbio.
“Hacemos responsable pública y directamente a Mauricio Macri de lo que les pueda pasar adentro de la mina a los obreros, porque la persecución que están sufriendo es muy grave, y nuestros compañeros se juegan la vida todos los días, 2.500 metros bajo tierra para producir carbón y así poder tener energía”, concluyó.
En diálogo con ANCCOM, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, argumentó que la defensa de la mina supone defender “patrimonio nacional”. Y destacó: “Es una de las principales fuente de trabajo de la Patagonia”.
“Nosotros no queremos la energía concebida de un negocio multinacional, nosotros no queremos la lógica de que todo funciona cuando le deja ganancia a los grandes negociadores, pero cuando le deja ganancia al país y le permite tener plan de desarrollo, no funciona”, dijo luego durante el discurso frente a los trabajadores.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, argumentó que la defensa de la mina supone defender “patrimonio nacional”. Y destacó: “Es una de las principales fuente de trabajo de la Patagonia”.
Para finalizar, Yasky gritó a viva voz: “Fuerza compañeros mineros, la CTA, y ATE van a estar con ustedes, hasta que obtengamos del gobierno una respuesta positiva, a luchar y a no bajar los brazos”.
Durante la marcha participaron varias organizaciones, y entre todas las consignas se destacó “aparición con vida del compañero Santiago Maldonado”.
“Venimos de ATE Río Turbio, tenemos una lucha constante allá en el sur, y mucho más en nuestra empresa, donde actualmente hemos tenido más de 100 despidos, hay ajustes, y retiros voluntarios. Nosotros estamos en contra de todas esas medidas. Por eso venimos a decirle a toda la República Argentina que Río Turbio vive del carbón”, le explicó a ANCCOM Matías, uno de los mineros movilizados.
César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio, estuvo presente en la marcha en la que entre todas las consignas se destacó: “aparición con vida del compañero Santiago Maldonado”.
Adonis Rojas, delegado de base de ATE-Río Turbio, también describió la situación de los trabajadores en diálogo con esta agencia: “Los mineros de Río Turbio hemos viajado 3.500 km desde la provincia de Santa Cruz porque hemos sufrido un parate total en la mina. La gota que colmó el vaso fue el despido de compañeros nuestros de la delegación Buenos Aires, es por ello que en una asamblea resolvimos la toma pacífica de la mina, y esta medida la llevaremos a cabo hasta que reincorporen a los compañeros”.
El acto finalizó con la lectura de una carta de los mineros, en agradecimiento a las organizaciones por el acompañamiento en la lucha. El texto fue leído por César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio.
Los trabajadores del carbón recibieron el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la organización Barrial Tupac Amaru, entre otras organizaciones sindicales y sociales.
Actualizado 13/09/2017.
