Jun 18, 2019 | Culturas, Novedades
En el espacio pública de la Ciudad de Buenos Aires se emplazan 2.200 monumentos, obras de arte y estatuas.
Cuando se abre la puerta del inmenso galpón sale un olor a acetona que golpea con fuerza, como en un salón de belleza. Obliga al visitante a abrir bien los ojos para combatir el picazón. De fondo suena una canción en una radio de esas que ya no se venden más, agregándole melancolía al lugar. En la pared hay una foto de Perón junto a una de San Martín y a sus pies se amontonan abrigos mojados de una mañana lluviosa.
A principios del siglo XX, una tarea clave dentro de la planificación urbana de “La Reina del Plata” o “La París de América del Sur” –tal cual los pomposos apodos surgidos por entonces– fue poblar los espacios públicos con obras de arte. Para ello las autoridades convocaron a figuras de renombre mundial, compraron esculturas y familias adineradas donaron otras. Pero la intemperie, el vandalismo y el tiempo (algunas datan del siglo XIX) hacen lo suyo, y aquí entra en escena la Coordinación de Monumentos y Obras de Arte (MOA), en cuyo taller se restauran estatuas, bustos, jarrones y placas emplazados en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
El coordinador operativo del espacio, Jorge Grimaz, de aspecto pulido y sonrisa amable, muestra el taller con el cariño de quien está en su casa y cuenta que el MOA se creó en 1953, que originalmente funcionaba en Dorrego y Figueroa Alcorta, bajo las vías del ferrocarril, hasta 1982, cuando se mudó a esta casona aislada, que parece estar en el campo y que en su origen fue la morada del personal de la hacienda de Juan Manuel de Rosas. Ubicada en Adolfo Berro 3880, al interior de la Plaza Sicilia, muy cerca del Jardín Japonés, hoy alberga a 25 trabajadores, la mayoría escultores egresados de Bellas Artes, personas de oficio y familiarizadas con distintas técnicas.
En el MOA trabajan 25 artistas dedicados a restaurar estatuas y monumentos.
En una esquina donde se amontonan cabezas y partes de esculturas se puede ver, recostado, al Eternauta, un residente permanente del taller. Solo, sin pies que lo sostengan, sin nadie que lo mire, esperando volver a la luz del sol. Formaba parte del Paseo de la Historieta en Costanera Sur. Fue reparado una y otra vez. “Es de un material muy frágil: no es apto para estar al aire libre, se decolora y no resiste los golpes”, explica Grimaz mientras observa con un afecto casi paternal al legendario Juan Salvo en versión de resina poliéster.
Apenas se ingresa al área principal aparece una estatua imponente pero que se ve frágil. Es Dioniso –o Baco–, el dios griego del vino que normalmente se exhibe en el Ecoparque. Después de años de descuido y falta de mantenimiento, fue trasladado al taller para un decapado que consiste en sacarle el exceso de pintura. “Lleva mucho tiempo. Es un trabajo artesanal de aproximadamente 60 días. Hay una artista que se ocupa solamente de esta obra. Puede ser muy agotador estar con formón y un martillo todo el día”, afirma Grimaz y señala a la mujer que lo está haciendo.
Mientras sostiene un molde de caucho con forma de pata de ciervo, cuenta que uno de los monumentos más vandalizados es el de Bolívar, del Parque Rivadavia, porque está expuesto a constantes grafitis. El equipo del MOA utiliza removedores biodegradables de pintura para no dañar la estructura de soporte. La labor es ardua. Se intenta siempre que los arreglos vayan en línea con la pieza original, por lo que se usan materiales como cemento o poliéster, baratos y resistentes.
De tan añejas que son o de tantas veces que fueron reparadas, algunas obras ya no se mueven del MOA.
En la época en la que quiso convertir a Buenos Aires en un museo al aire libre, se instalaron muchos objetos de mármol que hoy padecen los efectos del tiempo, como el busto de Saavedra y el de Belgrano que descansan en el piso del taller. Hasta 2017 el primero estaba en el Parque Saavedra y el segundo en una plaza de Belgrano, pero el clima comenzó a dañarlos. La cabeza del creador de la bandera nacional está erosionada y las facciones de su rostro se han ido borrando. Las dos piezas van a quedarse en el MOA para ser preservadas como es debido y ya se realizaron copias de cemento blanco que las van a reemplazar.
El MOA trabaja en varios proyectos en simultáneo. Ahora se aboca a la Carta Magna –para lo cual ya colocaron un andamio en Avenida del Libertador y Sarmiento– y al monumento del General Alvear, una de cuyas partes está en el taller. Jorge detalla que los titanes de casi tres metros que lo conforman tuvieron que ser llevados allí porque era muy complicado repararlos en el lugar. El grueso de las obras de bronce, además, tiene anclajes de hierro, que hace que se oxiden y se rompan, por lo aprovechan para cambiarlos.
El patio que da hacía el verde de Plaza Sicilia sirve de resguardo al pequeño paseo de estatuas que se sitúa en la entrada. Muchas viven ahí. “Preferimos que el público interesado las vea aquí a que sigan en el lugar original sometidas a un daño irreversible”, dice Grimaz y señala una, Diana Fugitiva, que estaba en Parque Lezama y era vandalizada: “La vamos a tener aquí. Al menos hasta que mejoren las condiciones de seguridad”, remarca.
“Nuestro trabajo es preservar la memoria. Dentro de las 2.200 obras hay trabajos sublimes de distintos artistas, de Rodin, Botero o Minujín. Es casi un deber cuidar este patrimonio, este museo al aire libre que tenemos”, afirma Grimaz. Los artistas del MOA, que no se desconcentran un segundo de su trabajo, parecen tomárselo al pie de la letra.
May 25, 2019 | Comunidad, Novedades
Nora Coriñas y Sergio Maldonado participaron de la marcha a Plaza de Mayo para reclamar justicia por los cuatro adolescentes asesinados por la policía en San Miguel del Monte.
La marcha fue convocada a última hora. Los acontecimientos obligaron a hacerlo. Por Danilo, Gonzalo, Camila y Aníbal. Sus deseos, sus ilusiones, sus proyectos y todas las otras cosas que no podrán ser más. Emilia Vasallo, Nora Cortiñas, Mónica Alegre, Sergio Maldonado y madres cuyos hijos fueron víctimas del gatillo fácil encabezaron la marcha. Caminaron con rapidez, muchos con lágrimas en los ojos. Las calles retumbaron ante el grito colectivo: “¡Se va a acabar, esa costumbre de matar!”.
El domingo en la madrugada cinco jóvenes de entre 13 y 22 años de San Miguel del Monte, en la provincia de Buenos Aires, salieron a dar una vuelta en auto. En una colectora, la policía empezó a perseguirlos y dispararles y el auto, fuera de control, chocó contra un camión. Cuatro pibes perdieron la vida y una aún lucha por la suya.
La Bonaerense intentó hacer pasar el suceso como un accidente y los efectivos presentaron los cargadores de las armas con la munición completa. Sin embargo, el peso de las pruebas dio vuelta el caso cuando uno de los peritajes mostró que uno de los cuerpos tenía un impacto de bala. Siete policías de la comisaría local se encuentran presos, de los trece que fueron desplazados de sus funciones.
Ayer, en Plaza de Mayo, el mensaje era uno solo: “Pedimos que dejen de matar a los chicos”. “La doctrina Chocobar y del gatillo fácil avala estos hechos y el Ministerio de Seguridad permite que estas cosas pasen. Es algo sistemático y no son casos aislados”, afirmó una mujer que marchaban al frente de la columna. “Las víctimas de esto son los chicos pobres, los que viven en las villas, los pibes que hacen lo que pueden con su vida para sobrevivir”, añadió.
De los 13 policías sospechados que fueron desplazados de sus funciones, siete se encuentran detenidos.
Guillermo Alberto Lorusso y Ana María Parnasse, integrantes de Ex Detenidos Desaparecidos, miraban desde el Cabildo hacia la plaza. “El incremento de la represión que tiene como objetivo acallar la protesta que cunde por todos lados, por la enormidad de injusticias que se están viviendo”, subrayó Lorusso. Según él, la raíz del problema es la vía libre a las fuerzas represivas que lleva a que se cometan hechos que no tienen que ver directamente con aquello que quieren reprimir: “La matanza de estos chicos no es un hecho político, pero sí tiene consecuencias políticas. Así que nuestra respuesta es política. Esta protesta es un anuncio de que no vamos a dejar pasar estas cosas. Vamos a estar peleando por la justicia que se nos debe”, sostuvo.
Las madres organizadoras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil encabezaron la movilización de ayer. Emilia Vasallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta, fusilado por la policía, fue una de las oradoras. “Nos concentramos hoy por la rabia y el dolor que tenemos. Hoy nos congregamos por los pibes de San Miguel del Monte y por los más de 6.000 asesinados por el gatillo fácil”, remarcó en diálogo con ANCCOM. “Todos esos jóvenes merecían vivir y sus vidas valen lo mismo que otras”, dijo y completó: “Nos asesinan chicos de 11 años, como hicieron con Facundo en Tucumán. Nos matan un pibe cada 21 horas y no tenemos otra forma de reclamar porque la justicia siempre está del lado de las fuerzas de seguridad”.
“¿Qué lugar queda para la justicia?”, grita Mónica Alegre, madre de Luciano Arruga, frente al micrófono. “La justicia no existe en un sistema donde nos matan, donde nos explotan. Sin embargo peleamos y seguimos luchando en las calles. Tenemos fe porque creemos que merecemos vivir en una sociedad justa para todos”.
Abr 11, 2019 | DDHH, Novedades
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 juzga a nueve represores acusados de ser responsables de la desaparición de los militantes que participaron de la denominada «Contraofensiva de Montoneros».
“La memoria importa porque permite que cosas así no se repitan nunca. Nutre a la democracia. Ejercicios así traen un enriquecimiento que viene de saber la verdad, que ahora ya sabemos está lejos del relato oficial. La causa que comienza va a aportar varios testimonios que no se han oído antes, son cerca de 250 testigos, y va a favorecer nuestro conocimiento de la historia reciente, lo que ya de por sí es un derecho”, afirmó el nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino en la puerta de la sala en donde se lleva adelante el juicio denominado “Contraonfensiva Montonera”, donde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín –presidido por el magistrado Alejandro De Korvez–, investiga la responsabilidad de nueve ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército en el secuestro, la tortura y el asesinato de 94 personas entre 1979 y 1980.
Visiblemente emocionado por el inicio del debate oral, Amarilla Molfino subrayó: “Esta es una causa muy distinta a la que estamos acostumbrados a vivir. Siendo querellante por la desaparición de mis padres -Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, ambos militantes montoneros- puedo decir que aquí no hay un centro clandestino de detención como epicentro de los testimonios, sino que se está juzgando al aparato de inteligencia específicamente. Es resultado de la lucha de muchas compañeras y compañeros que estuvieron trabajando duro a lo largo de años para llegar a esto, y a mí todo este trabajo me llena de orgullo”.
La sala de audiencias, durante la primera jornada, lució colmada por los familiares de las víctimas, todos ellos con pancartas con la imagen de sus desaparecidos, y por periodistas y fotógrafos. Los cinco imputados presentes ingresaron escoltados por agentes del Servicio Penitenciario Federal en medio de los abucheos del público, frente a lo cual el presidente del TOCF 4 pidió “solemnidad por los hechos que se ventilan” e instó a mantener las formas.
Las desapariciones que se investigan en este juicio ocurrieron entre 1979 y 1980.
Los acusados son ex funcionarios de los Batallones 201 y 601 de Inteligencia y del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo: Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Raúl Muñoz, Jorge Bano, Eduardo Ascheri, Carlos Casuccio, Luis Firpo, Alberto Sotomayor y Marcelo Cinto Courteaux. Sotomayor y Firpo siguieron la sesión a través de videoconferencias desde Tucumán y Mar del Plata, respectivamente. Otro dos no se presentaron por motivos de salud: Ascheri adujo un sorpresivo broncoespasmo esa misma mañana, mientras que Casuccio se encuentra en terapia intensiva. Ricardo Pianta y Carlos Carpani Costa, quienes también integraban la lista de imputados, fallecieron antes del juicio oral.
A todos ellos se los acusa de haber reunido información sobre la operación «Contraofensiva» y sus participantes, procesarla y difundirla a superiores y subalternos para implementar el plan de exterminio en su contra. La Contraofensiva de Montoneros fue un plan delineado en 1978 por Roberto Perdía y Mario Firmenich, jefes de la organización, que consistió en el reagrupamiento de militantes que habían sobrevivido a la represión y que se hallaban exiliados en países como México, Cuba y España. El objetivo fue ejecutar acciones armadas y de propaganda que causaran una situación de conmoción y caos que provocaría la retirada de los militares del poder.
Entre los asistentes de la audiencia inaugural –en la que se leyeron los requerimientos de elevación a juicio– estaba Daniel Cabezas, quien formó parte de la Contraofensiva y en agosto de 1980 fue detenido en Campo de Mayo, pero salvó su vida al ser legalizado y trasladado a la cárcel de Caseros. Cabezas afirmó que este juicio es histórico porque por primera vez se habla del “derecho a la resistencia”: “Es fundamental que la historia discuta esto porque marca directamente el presente y el futuro. Esta causa interpela a la sociedad. Da cuenta que como personas tenemos el derecho a resistir a un plan económico, a una opresión sistemática de parte del órgano estatal, movilizados por querer algo mejor para todos”, enfatizó.
Los acusados están imputados por el secuestro, la tortura y la desaparición de 94 personas.
En diálogo con ANCCOM, la fiscal Gabriela Sosti reafirmó la importancia de las instancias jurídicas de reparación y el lugar de movimientos como Montoneros: “En todo caso, habría que pensar los motivos por los cuales el pueblo tomó su derecho de defensa: los pueblos no tienen ganas de estar armados y salir a luchar. Tienen ganas de vivir, de comer, de educarse, de hacer cultura. Cuando a los pueblos se los oprime de determinada manera, uno podría pensar que hasta hay un mandato constitucional para defender los derechos que nos corresponden a todos, para defender la Constitución”.
Se prevé que el juicio se extienda durante todo el año. Las audiencias son los días martes, a partir de las 9, en el TOCF N°4, Pueyrredón 3728, San Martín, provincia de Buenos Aires. Los mayores de 18 años pueden ingresar presentando un documento de identidad.
El nieto restituido Guillermo Amarilla Molfino presenció la audiencia. Sus padres desaparecieron durante la operación Contraofensiva.
