Mar 27, 2019 | Comunidad, Novedades
Con techos que se caen en plena clase, irregularidades en las remodelaciones y nuevas aulas que no alcanzan –de tan pequeñas– para albergar a la matrícula, el escenario de las escuelas bonaerenses se presenta igual de accidentado que el año pasado. A casi ocho meses de la explosión en la Escuela N° 49 de Moreno, que causó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, la desidia y la falta de respuesta de las autoridades siguen siendo las mismas.
Previo a la tragedia, en junio de 2018, había trascendido un escandaloso audio de WhatsApp del –por entonces– director de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires, Mateo Nicholson, dirigido a una colaboradora, donde el funcionario hablaba de inventar presupuestos y de inflar valores para las obras en las cocinas escolares, justo antes de una reunión con María Eugenia Vidal. Nicholson debió tomarse licencia y, más tarde, el 24 de agosto, renunció, tras ser denunciado por fraude en perjuicio de la administración pública por la senadora de Unidad Ciudadana María Teresa García. En medio de este bochorno, el 2 de agosto, una garrafa en mal estado terminó con las vidas de Sandra y Rubén. Dos meses después, la fiscal platense María Eugenia Di Lorenzo archivó la denuncia contra Nicholson por “falta de pruebas”.
Frente al abandono estatal, se formó la comisión “Familias por la Escuela Pública de Moreno”. En diálogo con ANCCOM, Gustavo Azas, miembro de la agrupación y padre de dos alumnos de la Escuela N° 36 del Barrio La Victoria, comenta: “En septiembre ya querían abrir las escuelas como estaban, como las habían cerrado al momento de la explosión. A los días se detectó que en la mayoría de los establecimientos educativos de Moreno había fugas de gas y fallas edilicias así que por eso se suspendieron las clases. Y ahí nos pusimos al tanto de la paritaria docente que se había firmado en 2011, que incluía doce puntos de habitabilidad que empezamos a exigir que se cumplan a rajatabla”.
La escuela N49 de Moreno, un mes después de la explosión de 2018.
Ese mismo mes, la Provincia se comprometió a realizar obras en las escuelas y se creó un comité de emergencia para su seguimiento conformado por representantes de los gremios ATE, SUTEBA, UDOGBA, padres, directivos y docentes. “Era algo inédito que las familias participen en la mesa de discusión de la educación pública –recuerda Azas–, cada referente exponía la situación de su zona. Seguimos durante el verano todos los sábados por la tarde haciendo difusión, repartiendo folletos entre los vecinos para mostrar cómo estaba la situación de las escuelas de Moreno por la hermeticidad que había”.
“El año 2018 –prosigue Azas– terminó sin clases en Moreno, salvo el jardín N° 60 y la secundaria N° 77 de la Perla que habían sido construidos en 2017. Los docentes se manejaron con continuidad pedagógica. Es decir, los chicos iban a buscar a las escuelas fotocopias una vez por semana y las completaban en sus casas. Ya que los chicos necesitaban contacto con los maestros para llevarlas a cabo, se dieron casos de clases en plazas o en los patios de los colegios que estaban en condiciones, ya que otros están en peligro de derrumbe”. La mayoría de los establecimientos morenenses comenzaron este mes el ciclo lectivo, aunque alrededor de 20 primarias permanecen cerradas.
Azas se refiere a la Escuela N° 36, a donde van sus hijos: “Se otorgó la habilitación por mail el domingo 10 de marzo. El lunes a la noche había llovido, entonces el martes cuando fuimos a la reunión para comenzar las clases detectamos filtraciones en el techo y los padres presentes firmamos un acta rechazando la habilitación hasta que se termine la obra. La empresa que estaba trabajando tenía solamente dos obreros, al otro día vinieron dos más, también para la secundaria N° 76 que está al lado, es el mismo edificio”. Hace poco se contrató a otra pero las deficiencias continúan. “Les pedimos que por favor refuercen las trabas en las puertas. El año pasado se instalaron seis ventiladores y se robaron tres. Los que quedaron los sacamos y los pusimos a resguardo. Han sustraído material didáctico, elementos de sonido, lo que encontraban a su paso”, se lamenta Azas.
Escenario repetido
El último 14 de marzo tres niños resultaron heridos en clase por la caída de mampostería en la Escuela Primaria N° 25 que comparte edificio con la Secundaria N° 33, en el barrio Los Cachorros, Del Viso, partido de Pilar. Fabián Domínguez, docente del establecimiento, relata: “Ese salón tenía ya una grieta hace rato, dentro de esa estructura que cayó había ladrillos. Son chicos de 6 años, estuvieron en observación, eran tres. A uno le lastimó el pie y los otros en la cabeza. A uno le dieron un par de puntos. La escuela está cerrada desde entonces. El viernes 15 de marzo hubo un abrazo simbólico con la presencia de dirigentes gremiales de todas las áreas y en todo el distrito se decretó un paro. Nos dijeron a los docentes del secundario que armáramos un plan de contingencia para entregar fotocopias y que los chicos hagan tareas en sus casas, que la escuela iba a permanecer cerrada hasta nuevo aviso”.
Pedazos de mampostería cayeron sobre tres chicos de seis años en una escuela de Pilar. Uno debió recibir puntos de sutura.
Mientras, terminando el mes, aún hay profesores que no conocen a sus alumnos. “Se corre el rumor de que se van a construir algunas aulas nuevas, necesarias ya que la dirección funciona como preceptoría, portería, sala de profesores y recepción. No sé si se van a construir esas aulas. Me llama la atención que aparezca la plata ahora y no durante estos tres años de gestión de este Consejo Escolar. ¿Ahora tienen recursos y antes no? Y si tenían, ¿por qué no los habían usado? ¿A dónde va el dinero?”, se pregunta Domínguez.
Como tantos maestros, Domínguez va de una escuela a la otra para completar su salario. Como docente también de la Secundaria N° 21 y la Primaria N° 16 “Islas Malvinas” del Barrio La Lonja de Pilar, cuenta que él “daba clase en el laboratorio, un lugar bastante incómodo porque eran muchos chicos”. “A la vez –señala– están construyendo aulas muy pequeñas donde entran veinticinco alumnos cuando hay cuarenta. Tenía un pizarrón nuevo hermoso que no podía usar porque los bancos estaban pegados, no había lugar para caminar”.
Sin obras sustanciales a la vista y con múltiples anomalías en el arranque de las clases en todo el Conurbano, nada parece haber cambiado mucho desde la tragedia de la Escuela N°49 de Moreno, que por otra parte está impune. Para lo que sí es diligente el Gobierno bonaerense es para perseguir a docentes, como Enrique Elías, Marité Arias y Gabriel Castillo, delegados de SUTEBA Moreno que participaron en las asambleas de octubre de 2018 y que todavía hoy tienen sumarios abiertos por reclamar condiciones dignas de trabajo.
Mural homenaje a Sandra y Rubén en la Escuela N49 de Moreno.
Sep 13, 2017 | Vidas políticas
“Viajamos más de 3.000 kilómetros para hacer un reclamo contundente sobre el vaciamiento de nuestra empresa: Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. El Estado Nacional anda queriendo cerrarla a sabiendas de que las minas son la única fuente de trabajo y nos las quieren sacar”. La explicación de César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio, resuenan entre los cantos de sus compañeros frente al Congreso Nacional.
Los trabajadores del carbón llegaron este martes desde Santa Cruz a la Capital Federal para hacer oír su reclamo contra el desguace de la mina de Río Turbio frente al Parlamento. Allí recibieron el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la organización Barrial Tupac Amaru, entre otras organizaciones sindicales y sociales.
Todos exigieron “la reincorporación de los compañeros mal despedidos y estabilidad laboral, y el levantamiento del plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.
Los trabajadores del carbón llegaron este martes desde Santa Cruz a la Capital Federal para hacer oír su reclamo contra el desguace de la mina de Río Turbio frente al Parlamento.
Los trabajadores nucleados en ATE también reclamaron que “el presupuesto nacional 2018 contemple las inversiones necesarias para el normal desarrollo de la actividad minera en su conjunto”, como también la totalidad de los salarios de todos los trabajadores del yacimiento del cual dependen más de 3500 familias.
Al grito de “acá están, éstos son, los mineros del carbón”, los trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio dejaron un petitorio en las dependencias del Ministerio de Trabajo ubicadas en Callao 114. También insistieron con el reclamo para que se elimine el proyecto para flexibilizar el convenio colectivo del sector.
Allí, frente a las oficinas de la cartera laboral, los mineros realizaron un acto. “Es necesario poner a la mina de Río Turbio de pie, porque entendemos que si produce al 100 por ciento, podemos administrar energía para cuatro provincias y no tenemos que andar mendigando energía a países vecinos”, sostuvo Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Y completó: “Tiene que haber un diálogo de negociación para reincorporar a los compañeros despedidos, que sí o sí hay que discutir un presupuesto que crezca para la mina”. Además, afirmó que el reclamo supone una “responsabilidad histórica porque de esa mina no sólo dependen miles de puestos de trabajo, también la energía de la provincia y la ciudad de Río Turbio existen gracias al trabajo de estos mineros”.
“Los mineros de Río Turbio hemos viajado 3.500 km desde la provincia de Santa Cruz porque hemos sufrido un parate total en la mina», explicó Adonis Rojas, delegado de base ATE Río Turbio.
“Hacemos responsable pública y directamente a Mauricio Macri de lo que les pueda pasar adentro de la mina a los obreros, porque la persecución que están sufriendo es muy grave, y nuestros compañeros se juegan la vida todos los días, 2.500 metros bajo tierra para producir carbón y así poder tener energía”, concluyó.
En diálogo con ANCCOM, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, argumentó que la defensa de la mina supone defender “patrimonio nacional”. Y destacó: “Es una de las principales fuente de trabajo de la Patagonia”.
“Nosotros no queremos la energía concebida de un negocio multinacional, nosotros no queremos la lógica de que todo funciona cuando le deja ganancia a los grandes negociadores, pero cuando le deja ganancia al país y le permite tener plan de desarrollo, no funciona”, dijo luego durante el discurso frente a los trabajadores.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, argumentó que la defensa de la mina supone defender “patrimonio nacional”. Y destacó: “Es una de las principales fuente de trabajo de la Patagonia”.
Para finalizar, Yasky gritó a viva voz: “Fuerza compañeros mineros, la CTA, y ATE van a estar con ustedes, hasta que obtengamos del gobierno una respuesta positiva, a luchar y a no bajar los brazos”.
Durante la marcha participaron varias organizaciones, y entre todas las consignas se destacó “aparición con vida del compañero Santiago Maldonado”.
“Venimos de ATE Río Turbio, tenemos una lucha constante allá en el sur, y mucho más en nuestra empresa, donde actualmente hemos tenido más de 100 despidos, hay ajustes, y retiros voluntarios. Nosotros estamos en contra de todas esas medidas. Por eso venimos a decirle a toda la República Argentina que Río Turbio vive del carbón”, le explicó a ANCCOM Matías, uno de los mineros movilizados.
César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio, estuvo presente en la marcha en la que entre todas las consignas se destacó: “aparición con vida del compañero Santiago Maldonado”.
Adonis Rojas, delegado de base de ATE-Río Turbio, también describió la situación de los trabajadores en diálogo con esta agencia: “Los mineros de Río Turbio hemos viajado 3.500 km desde la provincia de Santa Cruz porque hemos sufrido un parate total en la mina. La gota que colmó el vaso fue el despido de compañeros nuestros de la delegación Buenos Aires, es por ello que en una asamblea resolvimos la toma pacífica de la mina, y esta medida la llevaremos a cabo hasta que reincorporen a los compañeros”.
El acto finalizó con la lectura de una carta de los mineros, en agradecimiento a las organizaciones por el acompañamiento en la lucha. El texto fue leído por César Roberto Ibáñez, secretario gremial de ATE Río Turbio.
Los trabajadores del carbón recibieron el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la organización Barrial Tupac Amaru, entre otras organizaciones sindicales y sociales.
Actualizado 13/09/2017.
Jun 13, 2017 | Culturas
Un encuentro- debate de medios alternativos se realizó el viernes pasado en el marco de la presentación de Canal Abierto, un nuevo medio digital impulsado desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que busca construir una mirada de los hechos desde los trabajadores, los organismos sociales y sus luchas. El encuentro generó intercambio de experiencias, y la búsqueda de articulación de prácticas, ya que como dijo en la actividad Pablo Antonini, el presidente de Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), hay una búsqueda en común entre los medios alternativos, comunitarios y populares: «Nosotros no nos entendemos como competidores. Somos medios a confluir con un mismo objetivo, el de comunicar».
En el encuentro hablaron sobre sus experiencias los medios Barricada TV, FM La Tribu, Andar, Malas palabras, La Garganta Poderosa, Lavaca, y ANCCOM.
Barricada TV contó cómo se configura el medio a partir de haber obtenido por concurso una licencia en la Televisión Digital Abierta hace más de un año. Natalia Vinelli, su fundadora, mostró la importancia de los medios contrainformacionales como para generar espacios que no habilitan los medios hegemónicos: «Los medios alternativos son herramientas para la expresión y organización del campo popular. Contar sueños, nuestras luchas, nuestra cultura», expresó.
Distintos medios alternativos, sociales y comunitarios intercambiaron experiencias en el lanzamiento del nuevo medio digital creado por ATE.
«Desde La Tribu ahora queremos ya mismo habitar el lugar que queremos, no pensarlo como un futuro utópico», dijo Diego Skliar, y agregó: «Somos críticos, pero sin transformar el medio en un bajón». La Tribu se dirige, como lo fue en todo su recorrido, a un público más bien de izquierda. Se proponen desde hace un tiempo contar la realidad sin necesidad de que haya sólo metal de fondo, poder tener otras experiencias, como hacer radio en la calle y que la gente grabe con su voz canciones para que luego sean pasadas en la radio. Además, tienen una serie de institucionales donde mezclan el humor con la crítica. Todo lo que hacen intentan que sea con código abierto, para que cualquier otra experiencia de comunicación lo pueda utilizar. Implementan proyectos de comunicación para el desarrollo de comunidades campesinas y pueblos originarios, en red con otras radios comunitarias de América Latina. En la reunión presentaron el libro Fuga, qué pasa por la Tribu que cuenta la historia de la radio, con incertidumbres y sueños.
El medio Andar contó cómo es una experiencia de comunicación que busca visibilizar a las víctimas de la violencia institucional en el territorio. «Queremos desandar el hecho de que en comunidades chicas los padres no puedan luchar por lo que haya pasado con sus hijos. Deconstruimos los relatos policiales en vez de ponerlos a circular de manera masiva», explicó Diego Díaz. Andar existe en el marco de la Comisión Provincial por la Memoria, de la que forman parte el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, entre otras personalidades.
«Nosotros no nos entendemos como competidores. Somos medios a confluir con un mismo objetivo, el de comunicar», afirmó Pablo Antonini, el presidente de Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco).
En un sentido parecido trabaja la revista La Garganta Poderosa. Sus integrantes la definieron como una herramienta política de su identidad. «La Poderosa quiere despertar a los villeros. Quiere mostrar que tienen que estar en blanco, que pueden estudiar» dijo Alejandra Díaz, integrante de La Poderosa. A los vecinos les daba vergüenza vivir en Zavaleta por el estigma que tenía el barrio. La revista quiso dar a conocer el lugar desde el que se estaba hablando. «Cuando nos decidimos a hacerla, quisimos que sea la mejor revista, con el mejor papel. Se imaginaban que de las villas iba a salir algo como lo que nos ven: la resaca de la sociedad», reflexionó Alejandra. La revista está escrita y fotografiada por los vecinos de los barrios. No tienen publicidad comercial porque consideran que sino, no tendrían libertad para denunciar muchas cuestiones. Gabriel Chavez también explicó que la revista no tiene el formato de cabeza de la noticia convencional: «No responde al formato norteamericano de las 5W, sino que nosotros teníamos que preguntarnos las 5P, es decir, preguntarnos cinco veces el ‘por qué’ «.
Estuvo presente también el periodista Carlos Aznarez de Resumen latinoamericano quien resaltó la presencia del periodista en la calle y no detrás de una computadora. Además dio su punto de vista de la actividad: «No somos periodistas militantes, sino militantes haciendo periodismo». ANCCOM estuvo representada por Grisel El Jaber, quien describió la experiencia de la práctica pre-profesional impulsada por la Facultad de Sociales de la UBA, llevada a cabo voluntariamente por docentes, y a modo de práctica por los alumnos. La perspectiva es visibilizar temáticas sociales, en línea con los derechos humanos.
Dentro de las posibilidades que abrió Internet para la expresión de experiencias comunicacionales, pensar en la estructura de la red es indispensable. Por esta razón, Natalia Zuazo fue invitada a participar del panel. Ella es periodista y escribió el libro Guerras de Internet. «Los buscadores no van detrás de la verdad, sino de cuánta plata hay atrás. Las noticias falsas generan tráfico, por lo que va seguido de publicidad, y termina siendo más difundido. Ese es el contexto que los medios enfrentan hoy». También remarcó que hay muchos medios alternativos que generan su propio tráfico sin financiamiento, los usuarios acceden, confían y comparten. Esto último también fue expresado por Lucía Aita, miembro de Cooperativa Lavaca que edita la revista MU: «Nuestro crecimiento fue orgánico, hacemos periodismo con los pies. Estar en los momentos que otros medios no están hizo que frente a otras circunstancias confiaran en nosotros».
En la actividad también estuvo el Secretario General de SiPreBa, Tato Dondero. Actualmente los medios alternativos no están en el sindicato, por lo que se lo planteó como un desafío. «En un momento se pensaba que los medios alternativos no podían participar del sindicato porque no tenían patrón. Es una paradoja que los medios que más visibilizan los conflictos de los periodistas con sus patrones no puedan formar parte del sindicato».
ANCCOM se hizo presente en el Lanzamiento de Canal Abierto. Grisel El Jaber, expuso la experiencia de la práctica pre-profesional en la Facultad de Sociales de la UBA.
En diálogo con ANCCOM, Hugo Godoy, Secretario General de ATE habló sobre Canal Abierto, el medio que comenzó en febrero y tuvo su presentación formal en este encuentro. «Quisimos romper los límites de la institucionalidad. Canal abierto busca que haya un espacio de resonancia para las distintas luchas del movimiento popular a lo largo de todo el país», manifestó. Por su parte Federico Chechele, Secretario de Prensa, agregó: «Somos sujetos que discutimos apolítica con conciencia de clase. Nos preguntamos cómo plasmar eso y así surgió, como un canal donde puedan confluir actores del campo popular, abierto a cualquier experiencia de comunicación que quiera articularse y necesite de este espacio».
Actualizada 14/06/2017
Abr 26, 2017 | Trabajo
Trabajadores de maestranza, tercerizados por parte del Ministerio de Trabajo, se encadenaron en la sede de Alem 650 de la cartera que conduce Jorge Triaca para reclamar ante la inestabilidad laboral y el retraso del cobro salarial. En respuesta, la empresa que formalmente los contrata, Inmantec SRL, rescindió el convenio, adeudando dos meses de pago y, el lunes pasado, un grupo de policías esperó en la puerta del edificio a los afectados para impedirles el ingreso. Mientras tanto, el Ministerio contrató nuevo personal para que realice la limpieza del establecimiento y el titular de la cartera se llama a silencio.
Desde la década de 1990, el Ministerio de Trabajo terceriza a sus empleados de maestranza. A medida que avanzaban los años, lo realizó con distintas empresas. No obstante, los 130 trabajadores siempre fueron los mismos. De hace un lustro, lo hace bajo la empresa Inmantec SRL. ANCCOM dialogó con el delegado general de maestranza, Eduardo Díaz, que especificó que la empresa durante el gobierno anterior “no tuvo ningún tipo de atraso ni de problema con el pago de los sueldos. El conflicto empezó hace catorce meses y se agravó nueve meses atrás”. Además, agregó que “los sueldos nos los pagaban el día 20, una parte, y el día 25 la otra. Actualmente nos están adeudando el pago de marzo y abril”.
En cambio, el adjunto general de la junta interna de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Trabajo, Sebastián Scarano, remarcó que el planteo de eliminar la tercerización también se lo hicieron al gobierno anterior. “La respuesta que nos daban era que había una imposibilidad normativa, que incluso les excedía. Paradójico siendo que este es el órgano que se tiene que encargar de reglamentar este tipo de contratos”.
Con respecto al gobierno de Cambiemos, Scarano advirtió que “con esta gestión sabemos que la línea política es avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo. Cuando dicen ´modernizar´, en realidad, están diciendo ´flexibilización laboral´”.
El lunes por la mañana, mientras la policía intimidaba en la entrada, los trabajadores se enteraron que el Ministerio contrató de emergencia a una empresa hasta tanto se haga la licitación definitiva. Pero esta vez, no le garantizaron a los 130 trabajadores su continuidad laboral, como una suerte de castigo por haber reclamado por sus derechos.
“Con esta gestión sabemos que la línea política es avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo», comentan.
“La semana pasada hicimos una clausura simbólica del Ministerio porque a raíz del conflicto el edificio está inutilizable, los baños son un asco y hasta aparecieron ratas”, describe Scarano. En consecuencia, el Ministerio de Trabajo, en horas de la madrugada, hizo ingresar a personas ajenas con tarjetas de visita para que hiciera el trabajo de limpieza. Es decir, contrató rompe-huelgas, pagándoles a través de una nueva empresa sin ningún tipo de licitación”, subrayó Scarano.
El reclamo de fondo que realizan los trabajadores es terminar con la tercerización, de manera de contar con mayores derechos laborales y más seguridad a la hora de cobrar los salarios. “Habría un importante ahorro económico –señala el delegado de ATE-, ya que estas empresas cobran casi 22.000 pesos por cada trabajador cuando ellos no llegan a cobrar ni 10.000 pesos.” Además, aclara: “Para nosotros son trabajadores estatales que remiten en lo más bajo de la precarización laboral ya que están fuera de convenio. La gran ganancia de estas empresas es explotar a los trabajadores”.
Por su parte, ATE entiende que “el Ministerio no quiere reconocer que es un empleador solidariamente responsable, y además es el órgano estatal que debería intervenir en este tipo de situaciones. Tiene una doble responsabilidad”.
Los trabajadores piden terminar con la tercerización, contar con más derechos laborales y seguridad a la hora de cobrar los salarios.
A lo largo de todo este conflicto, la Cartera que conduce Jorge Triaca se llamó a silencio. Por su parte, Díaz declaró que “nosotros entendemos que el Ministerio es la autoridad máxima y se está borrando. Nos están biclicleteando y hacen la vista gorda”.
Se prevé para el 28 de abril la apertura de sobres de licitación. Fecha clave del futuro de los trabajadores y de la nueva empresa de tercerización.
Actualizado 26/04/2017
Dic 22, 2016 | inicio
Quince años después, aquel miércoles 19 es lunes. El asfalto está igual de caliente y las escalinatas del Congreso ahora se escudan detrás de gruesas rejas. Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se movilizaron desde Congreso a Plaza de Mayo para conmemorar las oscuras jornadas del estallido social de diciembre de 2001 y actualizar reclamos y reivindicaciones.
“Los de abajo no teníamos la organización y la fuerza para imponer un gobierno propio. Los de arriba, las clases dominantes, tuvieron que hacer serias concesiones para recomponer la gobernabilidad”, reflexionan las organizaciones convocantes como la CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y el Movimiento Evita, entre otras. El diagnóstico pone el foco en el final trágico del fallido gobierno de la Alianza, pero también intenta dar la perspectiva histórica. El secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, profundiza esa evaluación. “Ya se venían produciendo políticas de ajuste con el gobierno anterior pero evidentemente este las ha profundizado y las está llevando a limites extremadamente peligrosos para el cuerpo social de la Argentina. Por eso convocamos permanentemente a movilizar a las calles para obligar al gobierno a modificar esas políticas”, le explicó a ANCCOM.
Quince años después es martes 20 y las convocatorias continúan. Un sector encabezado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores llamó a marchar por las mismas cuadras que otros transitaron el día anterior. José Castillo, referente de Izquierda Socialista, evaluó la convocatoria: “Se trata de no olvidar lo que denominamos las brasas del argentinazo que siguen encendidas por más que ahora buscan caracterizar ese momento como un período negro de la historia. Y a esa conmemoración que venimos sosteniendo a lo largo de los años, se le suman las consigas propias contra el ajuste macrista”, puntualizó.
Quince años después de aquellas jornadas la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) registra un número frío de 38 muertos por la represión estatal durante el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. En la Ciudad de Buenos Aires fueron Carlos “Petete” Almirón (24 años), Rubén Aredes (24 años), Gustavo Benedetto (30 años), Jorge Cárdenas (52 años), Diego Lamagna (26 años), Alberto Márquez (57 años), y Gastón Marcelo Riva (30 años). Algunos familiares de las víctimas se movilizaron en las jornadas recordatorias y además de las citas en Capital Federal, se hizo un acto en Paraná, capital de Entre Ríos, provincia que registró tres muertos, y en Rosario, donde los familiares de las nueve víctimas -entre ellas, Claudio “Pocho” Leprati- se movilizaron a los tribunales provinciales con una bandera que exigía “juicio y castigo a todos los culpables”. Uno de los señalados como responsable fue quien entonces gobernaba la provincia, Carlos Reutemann. Según CORREPI, las víctimas en otras provincias llegaron a once en Buenos Aires, tres en Córdoba, dos en Corrientes, una en Río Negro y otra en Tucumán.
Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC, reivindicó el rol de esta organización como “una de las protagonistas” del 19 y 20. “En ese momento salimos más de cinco mil compañeros de la CCC de los barrios populares en La Matanza. Tomamos la Ruta 3, para ir a la Capital Federal, pero ahí la policía nos esperó para reprimir, y terminamos con 110 heridos de balas de goma, tres de ello con balas de plomo muy graves. Hubo una orden política, de parte del gobernador Carlos Ruckauf, de que me mataran, pero gracias a algunas compañeras que me tiraron al piso, me salvé. No es casual que el gobierno en ese momento, y la justicia también, nos hayan abierto una causa donde me acusaron junto a Luis D´elía -con el que estábamos en ese momento- de ser los responsables de la caída del gobierno de De la Rúa”, recordó.
Christian “Chipi” Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del Frente de Izquierda, destacó a esta agencia la importancia de homenajear a “los 38 compañeros asesinados por la represión estatal y recordar lo que fue una gran rebelión popular que terminó con un gobierno hambreador».
El pasado que vuelve
El pasado se actualiza con los reclamos de condena para los culpables de la represión y de atención a las demandas que no fueron saldadas a lo largo de esos 15 años. “Ahora es importante no sólo conmemorar sino también seguir pidiendo justicia, porque no se ha hecho justicia con todos los compañeros que asesinaron en esos días. Junto con eso -y si bien estamos en otro contexto político, otro momento histórico- también están los reclamos por derechos que venimos exigiendo desde el 2001”, remarcó Alderete. El pasado también se actualiza por las políticas de ajuste. «Hoy estamos soportando ataques a los trabajadores tanto por parte del gobierno nacional como los gobiernos provinciales, con el crecimiento de la deuda externa y la pérdida de puestos de trabajo, caída del salario, aumento del nivel de pobreza. Es importante recordar la fuerza de la movilización popular porque si (Mauricio) Macri ha podido avanzar hasta ahora es gracias a la tregua de las conducciones sindicales”, dijo Castillo.
Alderete, al igual que el referente del PTS, también señala el desempleo como uno de los principales problemas actuales. “En los barrios, la falta de trabajo la sentimos en carne propia con los compañeros que viven de changa hace muchos años, y que es difícil que entren a la producción. Ahí se nota mucho más, y de forma inmediata, la diferencia con aquellos que tienen un trabajo regular y que por lo menos hacen cortar el pasto o hacen una habitación más. Entonces cuando hay una crisis económica a quienes afecta es a ellos”, subrayó.
En tanto, “Cachorro” Godoy aseguró que «las políticas de ajuste de este gobierno han generado mayor pobreza y desocupación, y la continuidad de estas políticas han provocado recesión, transferencia de recursos desde los sectores que menos tenemos a los más concentrados de la economía, fundamentalmente empresas trasnacionales”. Y advirtió: “En síntesis, un gobierno de ricos para ricos en desmedro de los pobres, que si no se cambian esas políticas nos van a llevar a un nuevo abismo y eso es lo que la mayor parte de los argentinos no queremos”.
La movilización popular en las calles sigue siendo la señal de aliento para las organizaciones que esta semana volvieron a reclamar en el centro porteño. “Durante todo este año el pueblo estuvo en la calle enfrentando esta política. Ni la represión a los trabajadores de Cresta Roja, ni las amenazas, ni el fracasado protocolo antipiquetes, que sólo aplicaron a los jubilados que heroicamente resistieron la represión, ni el violento desalojo de los medieros y campesinos pobres del cinturón verde de La Plata, ni la criminalización de la protesta, ni la existencia de presos políticos, lograron frenar la respuesta popular”, indicaron en el documento firmado por CTA Autónoma, Movimiento Evita, CCC y otros.
Figuritas repetidas
Quince años atrás, durante aquella semana de diciembre, los pasillos y despachos del Congreso eran testigos de los debates en torno a la extensión del período de sesiones ordinaria. La oposición pretendía aprobar la derogación de las facultades legislativas cedidas al Ejecutivo a través de la Ley 25.414 y anular el decreto 1570/2001 que impuso el denominado “corralito”. El 19 de diciembre el Congreso sesionó y terminó por asestar un golpe a los superpoderes y a las restricciones para los ahorristas. El desmoronamiento del corralito del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, terminó por sugerirle al ex funcionario menemista que presente su renuncia ese mismo día. Mientras Cavallo preparaba su retirada, De la Rúa se maquillaba para hablar por cadena nacional. Esa tarde, anticipó lo que quedaría impreso en el decreto 1678/01 publicado un día después en el Boletín Oficial: la declaración del Estado de sitio. En los considerandos del decreto se argumentaba que “encontrándose el Honorable Congreso de la Nación en receso de sus sesiones ordinarias” correspondía al Ejecutivo resolver lo que el documento caracteriza como “actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes”.
“Hace 15 años hubo un rebelión popular que enfrentó el Estado de sitio y logró derrocar al gobierno. Pero el “que se vayan todos” sigue planteado en la Argentina porque la reflexión hoy es que finalmente volvieron todos, ahora con el macrismo volvieron los radicales directos de De la Rúa”, dijo el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nestor Pitrola, en la marcha del martes. Y si la reiteración de funcionarios no es un dato novedoso para ninguna administración, cualquiera sea su color, algunas coincidencias no dejan de ser significativas. A nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy interesada en prevenir saqueos a través de la vigilancia de las redes sociales, en aquel año fue ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y titular del Ministerio de Seguridad Social. Hernán Lombardi, quien hoy lidera el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, fue el ministro de Turismo, Cultura y Deportes de De la Rúa. El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue hasta el 20 de diciembre secretario de Política Económica. Capítulo aparte merecería Oscar Aguad, quien encabeza el Ministerio de Comunicación, y por entonces se desempeñaba como interventor en la ciudad de Corrientes, cargo que le valió su procesamiento por defraudación en perjuicio de la administración pública que logró eludir una vez que la Corte Suprema lo sobreseyera, no por haber comprobado su inocencia, sino porque consideró que se había excedido el “plazo razonable» para llegar a una sentencia definitiva. En la Ciudad de Buenos Aires, este año cumplió funciones -luego debió renunciar por sus declaraciones negacionistas- como Ministro de Cultura, Darío Loperfido. El actual director del Teatro Colón fue, al comienzo del gobierno de la Alianza, vocero de Fernando de la Rúa.
A mediados de diciembre de 2001, el entonces presidente del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti, argumentó que el proyecto de Presupuesto que había enviado el Ejecutivo planteaba “mantener el déficit cero y la reducción del 13 por ciento sobre salarios de estatales y jubilados, pero incluye la hipótesis de que en caso de no mejorar la recaudación ese porcentaje debería ser aumentado o tomar algún otro rubro significativo en el gasto, como es el caso del aguinaldo”. El 19 de diciembre, las tapas de los diarios imprimían los detalles del ajuste: “El recorte es de 6.000 millones”, “las podas más grandes son la caída del incentivo docente”, “a la ANSeS le sacan 657 millones y se eliminan 24.000 empleos públicos”. La reducción de los fondos para educación, y el «esfuerzo fiscal» que pedía el ex ministro Ricardo Lopez Murphy a las Universidades está en la memoria de los estudiantes que se movilizaron a Plaza de Mayo. Axel Bracht, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA tendió puentes con la situación actual. “El año graficó mucho cómo se profundizó el ajuste que venía del año pasado. El reclamo tuvo expresión en mayo, con la marcha que terminó en esta plaza con 70 mil personas, con un nivel de movilización que no se veía hace tiempo. Lo que hoy está pasando en el CONICET es otro cimbronazo que afecta al campo de la Ciencia y Técnica, y también la situación crítica en la que está el Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), es otra parte del ajuste”, le dijo a ANCCOM durante la movilización del martes. Y agregó: “Hoy marchamos, acercamos un saludo a este acto, porque entendemos que hay que rememorar todo lo que pasó para hacer crecer el movimiento y reivindicaciones del pueblo que en 2001 sacó a cinco presidentes en una semana. Hoy, una vez más, tenemos que reforzar en todos los lugares a las comisiones internas y centros de estudiantes que expresen un programa popular”.
Actualizado 22/12/2016
