Nov 8, 2018 | DDHH, Novedades
Ciento veintitrés sillas de ruedas vacías se colocaron ayer a la mañana alrededor de la Pirámide de Mayo bajo el lema “Hagamos visible lo invisible”. El acto, convocado por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Foro Pro), culminó con la entrega de un petitorio al presidente Mauricio Macri en la mesa de entrada de Casa Rosada con las siguientes exigencias: cesar con la quita de pensiones no contributivas por invalidez; cumplir con la atención integral del Programa Incluir Salud que otorga medicamentos y prótesis; regular los pagos de las prestaciones; cumplir con la ley de cupo laboral, y revisar los aranceles de los profesionales, teniendo en cuenta el costo de vida y las paritarias.
“Queremos nuestros derechos”, gritaban dos personas con síndrome de Down, mientras alzaban en alto bastones blancos y verdes junto a las personas que empujaban las sillas vacías alrededor de la Plaza de Mayo. “Deben ser revisadas las normativas actuales en discapacidad y en el proceso histórico de entrega de pensiones. Sabemos que la situación es difícil, pero no hay que descuidar a quienes necesitan apoyo para su desarrollo. No se puede generar angustia en personas con discapacidad”, dijo uno de los miembros del Foro Pro, Darío Ramírez.
“Estamos reclamando un derecho, no una limosna. Estamos recordando al Estado que somos los acreedores, no los deudores. Hay que pensar en la gente. Los ajustes pueden llevar a las personas con discapacidad a la desatención, al abandono, a no poder acceder a sus derechos básicos”, afirmó Beatriz Pérez, coordinadora técnica e integrante del Sistema Único en Representación de las Instituciones de Discapacidad.
«Los ajustes pueden llevar a las personas con discapacidad a la desatención, al abandono, a no poder acceder a sus derechos básicos», afirmó Beatriz Pérez.
“Por un lado, la cantidad de horas autorizadas para las prestaciones fueron recortadas, y por otro, en lo que respecta a las pensiones, tengo pacientes a quienes se las volvieron a otorgar recién después de un año”, señaló la psicopedagoga Romina Abella Proz. En relación a los aranceles y los pagos, precisó: “En algunos casos, no me abonan desde enero, y en otros lo hacen a tres o cuatros meses de realizada la prestación. A esto se suma la desactualización, ya que no aumenta el valor nomenclador desde octubre de 2017. Nosotros no recibimos subsidios ni dádivas del Gobierno. La ley N° 24.901 establece la obligatoriedad de que el Estado y las obras sociales brinden cobertura a las personas con discapacidad de cualquier condición social”.
Ornella, psicopedagoga y coordinadora de Inclusión Escolar de la Asociación Civil Construyendo por la Integración, puntualizó: “Varias personas recibieron el certificado el año pasado y les dijeron que eran por plazos muy breves, y este año no se los han renovado. Hoy están becadas desde nuestro centro, tratamos de apoyarlas como podemos, pero a veces nos quedamos sin recursos”.
El programa Incluir Salud garantiza la cobertura a titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con obra social e incluye la entrega de medicamentos, prótesis y órtesis, y servicios como radioterapias y oxigenoterapia domiciliaria, pero los incumplimientos son reiterados, de allí el reclamo para que se regularice.
Lo mismo ocurre con las pensiones. “El decreto 432 de 1997 es muy restrictivo, si hoy se aplicara taxativamente quedaría un montón de personas con discapacidad fuera de la cobertura –afirmó Beatriz Pérez–. La pensión es fundamental para que puedan acceder a las prestaciones porque la atención es el primer derecho que tienen, por eso pedimos una revisión de los criterios de otorgamiento antes de auditar las ya otorgadas”.
«La pensión es fundamental para que puedan acceder a las prestaciones porque la atención es el primer derecho que tienen», dijo Beatriz Pérez.
El tema del cupo laboral en el Estado –estipulado en un 4 por ciento– tampoco se cumple. Gisela, presente en la marcha, relató: “Me informaron que tenía que hacer un curso de capacitación. Presenté los certificados de discapacidad y cuando fui a hacer el curso me dijeron que no había suficientes inscriptos”.
Hace 17 años, en 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, centenares de sillas vacías habían sido dispuestas frente a la Casa Rosada. Como entonces, hoy el reclamo es el mismo. Darío Ramírez sostuvo: “Esa marcha en 2001 tuvo repercusión nacional, también nos encontrábamos en una situación de crisis, hoy el petitorio tiene muchos puntos en común. La sociedad ha ido comprendiendo la lucha de las personas con discapacidad pero falta que los funcionarios de turno protejan nuestros derechos”.
El tema del cupo laboral en el Estado –estipulado en un 4 por ciento– tampoco se cumple.
Darío Ramírez explicó: «La sociedad ha ido comprendiendo la lucha de las personas con discapacidad pero falta que los funcionarios de turno protejan nuestros derechos».
Abr 20, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
Alumbrada por una llama, la bandera de cabecera sintetizó el reclamo con una leyenda breve: “Basta de tarifazos”. Detrás, se multiplicaron con velas en todas las versiones. En botellas de plástico, casi por la mitad, más derretidas y más completas, sostenidas por antorchas caseras, o por vasitos de telgopor que resistían al viento que trataba de apagarlas. Entre las velas también había luces, blancas y de colores Y fueron miles los representantes de las sectoriales del país, de empresas recuperadas, de Pymes, de clubes de barrio, de vecinos y jubilados los que se unieron ayer en el Congreso para marchar hacia el Obelisco para reclamar al gobierno de Cambiemos una urgente revisión de los aumentos en las tarifas de servicios. La movilización había sido convocada por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), y el Movimiento 21F que lidera el gremio de Camioneros y la Multisectorial contra el Tarifazo, junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía (CTEP) y la Corriente Federal de Trabajadores (CFT). Contó, además, con la adhesión de numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales como bancarios, canillitas y actores.
“Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad”. Voces de adultos, mujeres, ancianos, y niños entonaron con diferentes matices el Himno Argentino. “Por los 30.000 desaparecidos y por el chico que manejando su colectivo hace días fue asesinado brutalmente porque en el país no hay seguridad, por todas las víctimas”, se escuchó desde los micrófonos. Y por un minuto todo lo que había sido ruido se enmudeció.
La columna principal estuvo encabezada por los líderes de varias de las organizaciones convocantes: Pablo Moyano (Camioneros); Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Pablo Micheli (CTA Autónoma); Daniel Catalano (ATE-Capital) y Omar Plaini (Canillitas). También marcharon el líder del partido MILES, Luis D Elia; el ex abogado de la CGT y actual diputado de Unidad Ciudadana, Héctor Recalde, y los referentes de los Metrodelegados, Roberto Pianelli; de los docentes bonaerenses de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, y del gremio de actores, Alejandra Darín.
Las organizaciones consensuaron un documento que fue leído en el cierre en la Plaza de la República, frente al Obelisco. El reclamo se concentró en el pedido de “prohibir los aumentos por un año” para la electricidad, el gas y el agua. Además, los manifestantes exigieron dar marcha atrás con los incrementos decretados a lo largo de este año y retrotraer el cuadro tarifario al 31 de diciembre de 2017.. Por último, pidieron devolver el dinero a quienes los hayan pagado aplicando descuentos en las futuras facturas y anular los cortes de servicios aplicados por falta de pago en cualquiera de estos servicios.
En los discursos también hubo duras críticas al proyecto avalado ayer por el gobierno -con usina en el radicalismo- para moderar el impacto de los aumentos. “La posibilidad que plantean de rever esta política tarifaria termina siendo una verdadera tomadura de pelo. Proponen prorratear las boletas en cuotas con interés, sin modificar ni una coma de imponer a los sectores más humildes tarifas que después no se van a poder pagar”, advirtió Yasky.
Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores (AAA) y Lola Berthet, secretaria adjunta de la organización, leyeron el documento único de todas las organizaciones convocantes a la Marcha de las Velas contra el tarifazo. La redacción se había consensuado una semana antes en el Hotel Bauen.
“En su primera semana de gobierno, Mauricio Macri decretó la emergencia del sector eléctrico nacional. Desde entonces hasta hoy no sólo el cuadro tarifario de dicho sector sino de todos los servicios públicos experimentaron un aumento creciente”, describieron. Los manifestantes hicieron escuchar su descontento. “Esta política comporta un intencional desconocimiento del papel del Estado como garante del derecho de los usuarios, y ello sólo puede explicarse en la determinación gubernamental de favorecer a las grandes empresas vinculadas a la oferta de servicios públicos”, subrayaron.
Y advirtieron: “Mientras en los hogares nos cuidamos, en las casas de todos y todas los que viven de su trabajo, y no del trabajo ajeno, tienen que elegir entre un plato de comida o pagar la luz. Las cooperativas, las empresas recuperadas, las pequeñas y medianas unidades productivas y de servicios que son las que emplean el mayor número de trabajadores de nuestro país ya no pueden hacer frente a la factura”.
“Nos comprometemos a persistir en esta clase de medidas legítimas de protesta hasta tanto el gobierno nacional escuche la incesante demanda ciudadana que lo interpela. Para nosotros la más amplia unidad de las organizaciones del pueblo es esta, la que forjamos en las calles levantando bien alto nuestras banderas comunes y así seguiremos. Este es nuestro compromiso”, concluyeron.
Fortalecidos por el eco del ruidazo del miércoles y la nutrida adhesión a la Marcha de las Velas de anoche, los manifestantes comenzaron la desmovilización en el centro de la ciudad. Las banderas se doblaron y las columnas comenzaron a desarmarse.
Dic 12, 2017 | Novedades, Trabajo
Hace un año, cientos de investigadores fueron rechazados para ingresar al Conicet, a pesar de que habían aprobado todas las instancias de evaluación correspondientes. Después de una toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de distintas negociaciones, el organismo se comprometió a reubicar a aquellos que había excluido en universidades nacionales desde el próximo año. Sin embargo, la solución parece no haber llegado a todos los casos y los científicos afectados denuncian precarización laboral.
Nadia Koziner, Doctora en Ciencias Sociales e integrante de Becarios Empoderados, contó: “En septiembre hubo una nueva toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología porque, luego de nueve meses, había habido muy pocos avances respecto del compromiso que habían firmado las autoridades del Ministerio. Al día de hoy, los avances en la inserción de investigadores son muy lentos». En tanto, Guido Giorgi, también Doctor en Ciencias Sociales e integrante de la Red Federal de Afectados-Conicet, expresó: “Originalmente éramos 498 en conflicto que habíamos sido aceptados para ingresar al Conicet, pero con un argumento presupuestario se decidió que no lo hiciéramos. Hubo 47 que ingresaron a la carrera de investigador por una reevaluación de la postulación, los que estamos en una situación de incertidumbre somos 451, de los cuales alrededor de 400 iríamos a universidades nacionales porque la opción del Conicet se cerró.” Dicha Red exigió esta semana que se resuelva concretamente la situación de los investigadores cuyo ingreso a las universidades no está asegurado, pese a la promesa oficial.
“Originalmente éramos 498 en conflicto que habíamos sido aceptados para ingresar al Conicet, pero con un argumento presupuestario se decidió que no lo hiciéramos», expresó Nadia Koziner, Doctora en Ciencias Sociales.
La reubicación de científicos es una solución a un problema que ellos no generaron. “Nosotros nos preparamos y venimos trabajando durante 7 años para ingresar al Conicet y ese era nuestro deseo. Muchos ya pertenecemos a universidades nacionales, estudiamos y estamos trabajando en ellas. Nuestras becas se terminan en diciembre y las condiciones laborales que nos proponen son peores. La toma de septiembre nos permitió asegurar algunas cuestiones del contrato, pero otras cosas no. Tuvimos un año extenso con un saldo un poco amargo, porque no conseguimos que hubiera un piso salarial mínimo, para que todos ganáramos por lo menos lo que nos correspondía como investigadores del Conicet”, agregó Giorgi.
Los cargos en universidades implican que los científicos tengan que dedicar menos tiempo a investigar, que es para lo que se formaron y para lo que habían sido seleccionados. Tendrán una carga horaria de 40 horas semanales de trabajo, de las cuales 30 serán para investigar y 10 para dar clases. Este contrato podría no tener fecha de inicio segura. Agustín Barna, Doctor en Ciencias Antropológicas y también miembro de la Red Federal de Afectados por el Conicet, alertó: “Desde el primero de enero todos deberíamos estar ubicados en las universidades, pero es muy probable que, por las burocracias universitarias, en cuanto dejemos de cobrar en diciembre, no esté listo ese ingreso y eso recién se concrete en abril o en marzo del año que viene, teniendo un bache salarial bastante importante”.
Las nuevas condiciones laborales presentarán aspectos negativos para los investigadores, quienes no lograron que se les computen los años de becario. Por lo tanto, para quienes no tienen antigüedad docente, el salario va a ser menor. Mercedes Krause, de Jóvenes Científicos Precarizados, otra de las organizaciones de investigadores, afirmó: “Es un cargo de docente-investigador, por eso la dedicación es exclusiva para esa universidad. Como el salario docente depende mucho de la antigüedad, eso representa una caída del salario de hasta el 40 % en algunos casos”.
La reubicación de los investigadores en puestos docentes les implica menos horas de investigación a la vez que la pérdida de salario.
Para Barna, uno de los puntos más complicados que no lograron revertir es que ellos ingresan a las universidades con un cargo interino; para que ese puesto sea regular tiene que ser concursado según el reglamento de cada universidad, lo cual supone para ellos una desventaja, porque ya concursaron en el Conicet. Por otro lado, el puesto producirá conflictos interpersonales en las instituciones. “Las universidades en general están en un contexto muy complicado, con mucho ajuste. Eso también genera tensiones con otros colegas que quizás llevan cinco o seis años con un cargo a ad honorem”, declaró el investigador.
Las posibilidades de ingreso al Conicet se reducen y ya se pueden ver las consecuencias. El Doctor en Ciencias Biológicas Pablo Núnez, de Ciencia y Técnica Argentina, advirtió: “Lo que se hizo fue romper con una política pública que venía generando un incremento sostenido de la cantidad de ingresos en los últimos 12 años, diciendo que el Conicet tenía un techo de crecimiento en términos administrativos, aludiendo que era uno de los organismos que más planta permanente tiene del Estado.” En ese sentido, el científico advirtió sobre los primeras consecuencias de la actual política científica nacional: “Hoy en día se está viendo que los becarios jóvenes que están terminando sus carreras de doctorado o los becarios de carreras científicas, no ven lugares de ingreso posibles. Los estudiantes están volviendo a mirar al exterior como una salida laboral.”
El ajuste en el Conicet debe enmarcarse en un contexto mayor. Giorgi señaló: “Lo que está pasando es una reducción generalizada del sistema en ciencia y técnica que implica al Ministerio, a los distintos organismos de desarrollo científico tecnológico que van desde el Arsat hasta el desarrollo de reactores nucleares, el INTA, el INTI y la investigación en Universidades Nacionales. Si sumamos los recortes que se están hablando en todos esos niveles, lo que se viene es bastante preocupante. En sí, en la parte de ciencia y técnica en términos globales hay un aumento del 2% en términos nominales, pero con la inflación va a disminuir un 11% en términos reales”
“Lo que está pasando es una reducción generalizada del sistema en ciencia y técnica que implica al Ministerio», enfatizó Guido Giorgi, Doctor en Ciencias Sociales.
Actualizado 12/12/2017
Ago 15, 2017 | Comunidad
Merlo es uno de los partidos más grandes del conurbano, con una población de 528.494 habitantes, según el censo del 2010. A pesar de su densidad poblacional es calificado de “ciudad dormitorio”: gran parte de sus habitantes se trasladan diariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a otras localidades aledañas para trabajar. En este partido hay dos plantas industriales de firmas transnacionales: Pirelli Neumáticos SAIC, de la empresa italiana homónima y la tabacalera Massalin Particulares S.A., filial argentina de Philip Morris Internacional. El resto de la economía merlense se centra en el comercio, una de las fuentes de trabajo más importantes. Por lo tanto, la actual situación de deterioro económico y social golpea especialmente a esta zona. ANCCOM hizo un relevamiento de la microeconomía del partido, golpeado por tarifazos y caída del consumo.
Vale (35), encargada de la zapatería Coimbra, ubicada sobre la céntrica Avenida Libertador, dijo: “El año pasado se vendía más, este año está costando. Redujimos el personal. En la calle no hay plata, las cosas aumentaron un montón y los sueldos siguen siendo los mismos.” Vale agrega que “el movimiento en Merlo está tranquilo, nada que ver a los otros años. A principio de año por el inicio de clases fueron más o menos elevadas, después tuvimos meses tranquilos y el mes pasado repuntó un poco. Después no sé qué vendrá”. Coimbra es una zapatería reconocida del distrito, que cuenta con local propio y una sucursal en Rafael Castillo.
Oscar (54), almacenero de Loma Grande, vende variedad de productos de primera necesidad y carnes. “Yo me salvo con las ofertas: hoy estoy vendiendo un kilo de pan y un litro de leche que tiene como precio real 55 pesos a solo 40”. Esta es una de las estrategias que implementan los comerciantes. Venden productos básicos pero notan un gran cambio en el volumen de ventas, “El que antes llevaba dos litros de leche, hoy lleva uno. La señora que llevaba yogures, hoy no los lleva. La gente se ajusta y uno lo termina sintiendo”, dice.
“Hace un año dejamos el local porque se venció el alquiler y no se podía afrontar los costos de renovación del contrato», dijo Juan Carlos Maza, comerciante del Almacén y Despensa Carlitos.
Juan Carlos Maza, del Almacén y Despensa Carlitos, ubicado en la calle Mario Bravo, dice: “Hace un año dejamos el local porque se venció el alquiler y no se podía afrontar los costos de renovación del contrato. Preferimos sacrificar el garaje y hacer el local acá. No son las mismas reglas del juego para todos. Lo bueno sería que haya un ministro de Comercio del Municipio que se junte con almaceneros laburantes que somos chiquitos pero también aportamos. Sería bueno que nos escuchen.”
“Mayo fue de terror” dice Mariela (36), empleada de un local minorista de indumentaria femenina que tiene su proveedor mayorista en el barrio de Flores. Si bien los niveles de venta no son constantes y “hace varios años que no se puede tener un parámetro”, Mariela cuenta que “de 2016 a este año, se mantuvieron las ventas. De hecho nosotros hicimos una reforma teniendo mayores expectativas.” Su local está en la galería Las Leñas sobre la avenida principal y cuenta con dos empleadas. Ella explica la dinámica del mes: las ventas “se elevan los fines de semana y la primera quincena. La primera quincena va todo bien y después ya se muere.”
El mercado interno del país se encuentra en stand-by y lo mantienen las estrategias de venta de los mismos comerciantes. Los valores de mantenimiento de un comercio son mucho más elevados en relación a años anteriores. Con los aumentos de servicios, alquiler e insumos, sostener un local es un gran desafío.
Silvana (30) tiene a cargo siete locales de indumentaria en la galería La Calesita, ubicada también sobre Avenida Libertador. “Hubo una caída importante en las ventas y la realidad es que se siente”, asegura. El negocio registró una caída del 20%, aunque en locales aledaños fue mayor, entre un 30% y 35%. “Estamos intentando reforzar con todas las herramientas que podemos la venta”, explica. Entre las medidas que toman se pueden contar: agregado de productos de menor valor, capacitación de personal e implementación de premios para los vendedores.
“El año pasado se vendía más, este año está costando», dijo Vale, encargada de la zapatería Coimbra.
Silvana señala que tuvieron que hacer otro tipo de recortes: dejaron de ofrecer módems de wifi y sistemas de alarmas, así como también abandonaron la promoción en radio ante la caída en las ventas. Estas medidas“en vez de hacernos subir las ventas, nos hicieron igualar al año pasado”.
Luis (61), que tiene un local también en Merlo, afirma: “La venta con respecto al año pasado ha bajado relativamente entre un 30 y 40 por ciento. Estamos rozando el rojo constantemente”. Fabricante de ropa para niños, durante la crisis del 2001 pudo subsistir porque tenía una máquina cortadora de telas. En el 2010, empezó a comprar su mercadería a mayoristas del barrio de Once. Esta experiencia como comerciante lo hace pensar en perspectiva: “Todo lo que sea PyMes, mediana industria, comercio, todas esas cosas en las que uno puede llegar a ser independiente económicamente hablando, sufren las consecuencias de un sistema económico como en este caso neoliberal, no popular.”
Actualizada 15/08/2017
Dic 22, 2016 | inicio
Quince años después, aquel miércoles 19 es lunes. El asfalto está igual de caliente y las escalinatas del Congreso ahora se escudan detrás de gruesas rejas. Organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se movilizaron desde Congreso a Plaza de Mayo para conmemorar las oscuras jornadas del estallido social de diciembre de 2001 y actualizar reclamos y reivindicaciones.
“Los de abajo no teníamos la organización y la fuerza para imponer un gobierno propio. Los de arriba, las clases dominantes, tuvieron que hacer serias concesiones para recomponer la gobernabilidad”, reflexionan las organizaciones convocantes como la CTA Autónoma, la Corriente Clasista Combativa (CCC) y el Movimiento Evita, entre otras. El diagnóstico pone el foco en el final trágico del fallido gobierno de la Alianza, pero también intenta dar la perspectiva histórica. El secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, profundiza esa evaluación. “Ya se venían produciendo políticas de ajuste con el gobierno anterior pero evidentemente este las ha profundizado y las está llevando a limites extremadamente peligrosos para el cuerpo social de la Argentina. Por eso convocamos permanentemente a movilizar a las calles para obligar al gobierno a modificar esas políticas”, le explicó a ANCCOM.
Quince años después es martes 20 y las convocatorias continúan. Un sector encabezado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores llamó a marchar por las mismas cuadras que otros transitaron el día anterior. José Castillo, referente de Izquierda Socialista, evaluó la convocatoria: “Se trata de no olvidar lo que denominamos las brasas del argentinazo que siguen encendidas por más que ahora buscan caracterizar ese momento como un período negro de la historia. Y a esa conmemoración que venimos sosteniendo a lo largo de los años, se le suman las consigas propias contra el ajuste macrista”, puntualizó.
Quince años después de aquellas jornadas la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) registra un número frío de 38 muertos por la represión estatal durante el 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. En la Ciudad de Buenos Aires fueron Carlos “Petete” Almirón (24 años), Rubén Aredes (24 años), Gustavo Benedetto (30 años), Jorge Cárdenas (52 años), Diego Lamagna (26 años), Alberto Márquez (57 años), y Gastón Marcelo Riva (30 años). Algunos familiares de las víctimas se movilizaron en las jornadas recordatorias y además de las citas en Capital Federal, se hizo un acto en Paraná, capital de Entre Ríos, provincia que registró tres muertos, y en Rosario, donde los familiares de las nueve víctimas -entre ellas, Claudio “Pocho” Leprati- se movilizaron a los tribunales provinciales con una bandera que exigía “juicio y castigo a todos los culpables”. Uno de los señalados como responsable fue quien entonces gobernaba la provincia, Carlos Reutemann. Según CORREPI, las víctimas en otras provincias llegaron a once en Buenos Aires, tres en Córdoba, dos en Corrientes, una en Río Negro y otra en Tucumán.
Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC, reivindicó el rol de esta organización como “una de las protagonistas” del 19 y 20. “En ese momento salimos más de cinco mil compañeros de la CCC de los barrios populares en La Matanza. Tomamos la Ruta 3, para ir a la Capital Federal, pero ahí la policía nos esperó para reprimir, y terminamos con 110 heridos de balas de goma, tres de ello con balas de plomo muy graves. Hubo una orden política, de parte del gobernador Carlos Ruckauf, de que me mataran, pero gracias a algunas compañeras que me tiraron al piso, me salvé. No es casual que el gobierno en ese momento, y la justicia también, nos hayan abierto una causa donde me acusaron junto a Luis D´elía -con el que estábamos en ese momento- de ser los responsables de la caída del gobierno de De la Rúa”, recordó.
Christian “Chipi” Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e integrante del Frente de Izquierda, destacó a esta agencia la importancia de homenajear a “los 38 compañeros asesinados por la represión estatal y recordar lo que fue una gran rebelión popular que terminó con un gobierno hambreador».
El pasado que vuelve
El pasado se actualiza con los reclamos de condena para los culpables de la represión y de atención a las demandas que no fueron saldadas a lo largo de esos 15 años. “Ahora es importante no sólo conmemorar sino también seguir pidiendo justicia, porque no se ha hecho justicia con todos los compañeros que asesinaron en esos días. Junto con eso -y si bien estamos en otro contexto político, otro momento histórico- también están los reclamos por derechos que venimos exigiendo desde el 2001”, remarcó Alderete. El pasado también se actualiza por las políticas de ajuste. «Hoy estamos soportando ataques a los trabajadores tanto por parte del gobierno nacional como los gobiernos provinciales, con el crecimiento de la deuda externa y la pérdida de puestos de trabajo, caída del salario, aumento del nivel de pobreza. Es importante recordar la fuerza de la movilización popular porque si (Mauricio) Macri ha podido avanzar hasta ahora es gracias a la tregua de las conducciones sindicales”, dijo Castillo.
Alderete, al igual que el referente del PTS, también señala el desempleo como uno de los principales problemas actuales. “En los barrios, la falta de trabajo la sentimos en carne propia con los compañeros que viven de changa hace muchos años, y que es difícil que entren a la producción. Ahí se nota mucho más, y de forma inmediata, la diferencia con aquellos que tienen un trabajo regular y que por lo menos hacen cortar el pasto o hacen una habitación más. Entonces cuando hay una crisis económica a quienes afecta es a ellos”, subrayó.
En tanto, “Cachorro” Godoy aseguró que «las políticas de ajuste de este gobierno han generado mayor pobreza y desocupación, y la continuidad de estas políticas han provocado recesión, transferencia de recursos desde los sectores que menos tenemos a los más concentrados de la economía, fundamentalmente empresas trasnacionales”. Y advirtió: “En síntesis, un gobierno de ricos para ricos en desmedro de los pobres, que si no se cambian esas políticas nos van a llevar a un nuevo abismo y eso es lo que la mayor parte de los argentinos no queremos”.
La movilización popular en las calles sigue siendo la señal de aliento para las organizaciones que esta semana volvieron a reclamar en el centro porteño. “Durante todo este año el pueblo estuvo en la calle enfrentando esta política. Ni la represión a los trabajadores de Cresta Roja, ni las amenazas, ni el fracasado protocolo antipiquetes, que sólo aplicaron a los jubilados que heroicamente resistieron la represión, ni el violento desalojo de los medieros y campesinos pobres del cinturón verde de La Plata, ni la criminalización de la protesta, ni la existencia de presos políticos, lograron frenar la respuesta popular”, indicaron en el documento firmado por CTA Autónoma, Movimiento Evita, CCC y otros.
Figuritas repetidas
Quince años atrás, durante aquella semana de diciembre, los pasillos y despachos del Congreso eran testigos de los debates en torno a la extensión del período de sesiones ordinaria. La oposición pretendía aprobar la derogación de las facultades legislativas cedidas al Ejecutivo a través de la Ley 25.414 y anular el decreto 1570/2001 que impuso el denominado “corralito”. El 19 de diciembre el Congreso sesionó y terminó por asestar un golpe a los superpoderes y a las restricciones para los ahorristas. El desmoronamiento del corralito del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, terminó por sugerirle al ex funcionario menemista que presente su renuncia ese mismo día. Mientras Cavallo preparaba su retirada, De la Rúa se maquillaba para hablar por cadena nacional. Esa tarde, anticipó lo que quedaría impreso en el decreto 1678/01 publicado un día después en el Boletín Oficial: la declaración del Estado de sitio. En los considerandos del decreto se argumentaba que “encontrándose el Honorable Congreso de la Nación en receso de sus sesiones ordinarias” correspondía al Ejecutivo resolver lo que el documento caracteriza como “actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes”.
“Hace 15 años hubo un rebelión popular que enfrentó el Estado de sitio y logró derrocar al gobierno. Pero el “que se vayan todos” sigue planteado en la Argentina porque la reflexión hoy es que finalmente volvieron todos, ahora con el macrismo volvieron los radicales directos de De la Rúa”, dijo el diputado nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nestor Pitrola, en la marcha del martes. Y si la reiteración de funcionarios no es un dato novedoso para ninguna administración, cualquiera sea su color, algunas coincidencias no dejan de ser significativas. A nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy interesada en prevenir saqueos a través de la vigilancia de las redes sociales, en aquel año fue ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y titular del Ministerio de Seguridad Social. Hernán Lombardi, quien hoy lidera el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, fue el ministro de Turismo, Cultura y Deportes de De la Rúa. El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue hasta el 20 de diciembre secretario de Política Económica. Capítulo aparte merecería Oscar Aguad, quien encabeza el Ministerio de Comunicación, y por entonces se desempeñaba como interventor en la ciudad de Corrientes, cargo que le valió su procesamiento por defraudación en perjuicio de la administración pública que logró eludir una vez que la Corte Suprema lo sobreseyera, no por haber comprobado su inocencia, sino porque consideró que se había excedido el “plazo razonable» para llegar a una sentencia definitiva. En la Ciudad de Buenos Aires, este año cumplió funciones -luego debió renunciar por sus declaraciones negacionistas- como Ministro de Cultura, Darío Loperfido. El actual director del Teatro Colón fue, al comienzo del gobierno de la Alianza, vocero de Fernando de la Rúa.
A mediados de diciembre de 2001, el entonces presidente del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti, argumentó que el proyecto de Presupuesto que había enviado el Ejecutivo planteaba “mantener el déficit cero y la reducción del 13 por ciento sobre salarios de estatales y jubilados, pero incluye la hipótesis de que en caso de no mejorar la recaudación ese porcentaje debería ser aumentado o tomar algún otro rubro significativo en el gasto, como es el caso del aguinaldo”. El 19 de diciembre, las tapas de los diarios imprimían los detalles del ajuste: “El recorte es de 6.000 millones”, “las podas más grandes son la caída del incentivo docente”, “a la ANSeS le sacan 657 millones y se eliminan 24.000 empleos públicos”. La reducción de los fondos para educación, y el «esfuerzo fiscal» que pedía el ex ministro Ricardo Lopez Murphy a las Universidades está en la memoria de los estudiantes que se movilizaron a Plaza de Mayo. Axel Bracht, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA tendió puentes con la situación actual. “El año graficó mucho cómo se profundizó el ajuste que venía del año pasado. El reclamo tuvo expresión en mayo, con la marcha que terminó en esta plaza con 70 mil personas, con un nivel de movilización que no se veía hace tiempo. Lo que hoy está pasando en el CONICET es otro cimbronazo que afecta al campo de la Ciencia y Técnica, y también la situación crítica en la que está el Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), es otra parte del ajuste”, le dijo a ANCCOM durante la movilización del martes. Y agregó: “Hoy marchamos, acercamos un saludo a este acto, porque entendemos que hay que rememorar todo lo que pasó para hacer crecer el movimiento y reivindicaciones del pueblo que en 2001 sacó a cinco presidentes en una semana. Hoy, una vez más, tenemos que reforzar en todos los lugares a las comisiones internas y centros de estudiantes que expresen un programa popular”.
Actualizado 22/12/2016
