Jun 9, 2021 | Comunidad, Novedades
A comienzos de junio, el CONICET volvió a ser elegido como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina, y la número 13 en el mundo respecto a sus indicadores de Investigación e Impacto Social dentro del universo de 1587, con financiamiento público. Esto surge del ranking SCImago, que evalúa más de 7533 instituciones y universidades de todo el mundo, en donde el CONICET se posiciona en el puesto 195.
No se trata de un dato menor ya que el organismo sufrió profundos recortes presupuestarios entre 2015 y 2019, bajo el gobierno macrista que recortó su financiamiento y puso límite a la incorporación de científicos. El organismo reúne a más de 10 mil investigadores, más de 10 becarios de doctorado y postdoctorado, con 16 Centros Científicos Tecnológicos (CCT), 11 Centros de Investigaciones y Transferencia (CTI) y un Centro de Investigación multidisciplinario, además de los 300 Institutos y Centros exclusivos del CONICET, de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones.
Barbijos para todos
Hechos de tela antiviral, tratada con bactericidas y fungicidas que elimina el virus en cinco minutos, Los barbijos del CONICET se convirtieron en una especie de hit, tanto en rosa como en su nueva versión en color gris, con tamaños para adultos y niños.Los productos de cuidado fueron desarrollados junto a ATOM PROTECT, testeados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y por el Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Pero también existen otros proyectos impulsados por el máximo organismo que nuclea a científicos argentinos y que no han tenido tanta difusión. En marzo del año pasado, la red de laboratorios que pertenecen a un instituto del CONICET que trabaja con diferentes moléculas de ARN participó de una convocatoria lanzada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MinCyT), para obtener subsidios destinados a iniciativas vinculadas a la lucha contra el coronavirus. Con ese incentivo, se avanzó en un método de detección del covid-19 e inactivación del virus, de manera de que no corran riesgos quienes deben manipular las muestras. “Investigando en qué consistían los métodos usados a nivel mundial y qué equipamiento se necesitaba para diagnosticar la presencia de este virus en individuos potencialmente infectados, nos pareció que podíamos aportar nuevos elementos tratando de facilitar los protocolos”, explica la doctora en Ciencias Biológicas, Anabella Srebrow, participante del proyecto.
Inactivar una muestra de laboratorio facilita su manipulación sin necesidad de un equipo de protección excesivo, permitiendo al operador trabajar en distintos contextos que cuenten con menos infraestructura. “Nosotros queríamos participar del diagnóstico pero al no contar con el equipo de protección apropiado, no pudimos. Para bajar el nivel de bioseguridad necesaria, priorizamos la inactivación de las muestra”, cuenta el doctor en Ciencias Biológicas, Ezequiel Petrillo. El método consiste en utilizar una solución de inactivación que rompe las partículas virales pero deja el ARN protegido de la degradación.
Este avance fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El CONICET ya firmó convenios para que pueda comercializarse en el país.
Soluciones inteligentes para un país en crisis
Por otro lado, el mismo equipo, creó un kit “casero” de detección del coronavirus que tiene como objetivo reemplazar el kit comercial, bajar los costos y aprovechar los recursos disponibles en el país. La prueba consiste en juntar una muestra de saliva que no requiere la acción de un operador. “No se necesita personal capacitado ni protección específica, a diferencia del hisopado y, además, es más rápido”, afirma Srebrow.
Después de inactivar la solución, se analiza la presencia de ARN viral con métodos de detección por PCR con reactivos y equipamiento menos sofisticado, disponibles en Argentina. La efectividad de estos procedimientos alternativos fue testeada por el Instituto Nacional de Microbiología Doctor Malbrán, donde se utilizaron en paralelo a las reacciones que suelen usar y se compararon los resultados.
Otro de los productos que lleva el sello de los científicos nacionales es el ya conocido suero equino hiperinmune anti-SARS-CoV-2, utilizado para el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad grave o moderada de COVID-19. Su aplicación logró disminuir las internaciones en terapia intensiva un 24%, redujo las muertes un 45% y el uso de respirador un 36%, según explica el CONICET en su sitio.
El spray nasal con carragenina es otro de los métodos probados , tanto para prevención de la enfermedad como para su tratamiento. La carragenina es un componente químico hallado en algas que genera una barrera para que el virus no logre entrar al epitelio nasofaríngeo. “El spray se usa para tratar casos de resfríos, especialmente en los niños. Hay varios trabajos que demuestran que la carragenina es antiviral. Frente a eso nos pusimos a trabajar en un proyecto para probar si tiene efectos sobre el covid”, dice el doctor Osvaldo Uchitel del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias UBA-CONICET.
El medicamento es de venta pública, está aprobado por la ANMAT y se produce en 18 países. Se utilizó en un estudio doble ciego que demostró que “una dosis mucho menor de la que se aplica en la fosa nasal era muy efectiva”, agrega el neurocientífico. El mismo se realizó en personal de salud en contacto con pacientes enfermos de Covid y constó de la aplicación del spray o placebo en cada fosa nasal, cada 6 horas durante 21 días, demostrando una efectividad del 80%.
“Esto no fue nada sencillo porque como es un producto que no tiene patente, el laboratorio que lo produce no tiene mucho interés en invertir para promoverlo. La inversión es grande y la ganancia pequeña”, explica Uchitel. Además, en La Rioja, se está aplicando carragenina a todos los pacientes con la enfermedad para probar su eficacia en la prevención de casos graves. Los 60 pacientes tratados hasta el momento, no entraron en una situación respiratoria complicada..
Por último, el investigador resalta las dificultades que tiene el sistema médico argentino para desarrollar este tipo de estudios. “Yo me pregunto, si el país produce vacunas, va a tener que probarlas y el sistema de salud no está preparado para eso. Producir medicamentos es un tema y hay mucho apoyo pero probar después que sean efectivos es muy complejo y un desafío muy grande por delante”.
Jun 2, 2021 | Novedades, Vidas políticas
Desde hace tiempo, hacer las compras dejó de ser una tarea sencilla. Encontrar variedad de un mismo producto e identificar los precios más económicos implica un esfuerzo de deducción, ya que a veces los productos ni siquiera tienen una etiqueta con su valor. A la luz de esta situación, este 26 de mayo entró en vigencia definitiva la Ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia, más conocida como la Ley de Góndolas. Su objetivo es contribuir a ampliar la oferta de productos, incentivar una mayor participación de las Pymes y los sectores de la economía popular y, de esta manera, generar una competencia equitativa que impulse un balance de los precios.
Los establecimientos alcanzados por esta ley son todos los que cuenten con una superficie no menor a 1.000 metros cuadrados y cuya facturación bruta anual sea superior a los trescientos millones de pesos (300.000.000). De manera que quedan excluidos los negocios de cercanía y los supermercados denominados “chinos”, quienes si bien no están obligados por la normativa, pueden adherirse voluntariamente.
Los rubros sobre los que rige la normativa son alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y de limpieza del hogar, los cuales están incluidos en una lista diseñada por la Secretaria de Comercio Interior. Entre los productos designados se encuentran: lácteos, harinas, frutas y verduras, pastas secas, aguas saborizadas y gaseosas, lavandinas y jabones, desodorantes, pañales para bebes y adultos y productos para la gestión menstrual.
Según lo establecido en las góndolas tanto físicas como virtuales, los productos de menor valor deberán estar perfectamente señalizados y ubicarse a una altura equidistante entre el primer y el último estante. A su vez, no puede haber menos de cinco opciones de proveedores o grupos empresarios, los cuales tendrán asignados de manera equitativa un 30 por ciento del espacio disponible. Al mismo tiempo se deberá destinar un 25 por ciento del espacio para productos similares y distintas marcas producidas por Pymes, y un 5 por ciento para los generados por cooperativas y mutuales de la economía popular, agricultura familiar, campesina e indígena.
Para el economista Nicolás Pertierra, perteneciente al Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “por el alcance que tiene la ley requiere un esfuerzo, pero se puede fiscalizar y garantizar su cumplimiento. Es una puerta de entrada para muchas firmas y empresas del sector alimenticio que tienen condiciones bastante desiguales para acceder sobre todo, a las cadenas de supermercados. Es solo un puntapié inicial para empezar y seguir generando un tablero más equilibrado dentro del sector de productores de alimentos”.
En este sentido, la gran incógnita está en cómo será la relación de las Pymes y pequeños productores con las grandes cadenas. Si bien la ley establece pautas claras al respecto, habrá que ver si las cantidades a entregar y los plazos de pago son aceptables para estos competidores de pequeña y mediana escala. “Me parece que ahí va a estar la clave, en qué medida esas condiciones sean viables para los productores más chicos. Porque hoy en día si no tienen presencia en esos establecimientos, es por las condiciones de financiamiento dados a plazo y cantidad de entregas que tienen que darle al supermercado”, explica Pertierra.
Si bien la normativa cobró carácter de obligatoriedad esta semana, los controles se pusieron en marcha a mediados de mayo. En esta primera etapa, el foco está puesto el inciso C del Artículo 7, que exige una distribución equitativa tanto porcentual como equidistante en las góndolas y una correcta señalización de los precios a través de cartelería con la leyenda “menor precio”. Cabe aclarar que estos valores no pueden ser de carácter transitorio, por lo cual los precios más bajos no podrán formarse a partir de ofertas, bonificaciones o descuentos de ningún tipo.
Tras visitar los supermercados COTO de Avenida Santa Fe y Avenida Scalabrini Ortiz, Disco de Paraguay y Armenia, Jumbo de Avenida Intendente Bullrich y Avenida Cerviño Carrefour de Avenida Scalabrini Ortiz y Soler, sigue observándose en sus góndolas el predominio de los principales grupos empresarios relegando incluso, a sus propias segundas marcas. Esto se ve claramente en los esquineros e islas utilizados para exhibir y promocionar exclusivamente productos de las marcas de primera línea.
Particularmente en las góndolas digitales de estas mismas cadenas, se cumple con lo estipulado en relación al orden de aparición de los productos de menor precio, pero se sigue dando prioridad a los principales proveedores, sobre todo si existe una oferta o el producto en cuestión está dentro de los precios cuidados. Por otra parte, las subdivisiones existentes dentro de cada categoría varían y permiten realizar una búsqueda más o menos específica. Aun así, se torna un poco engorroso encontrar variedad para un mismo rubro y realizar las compras por este medio puede no resultar tan sencillo como parece.
Dentro de estos establecimientos a simple vista, se cumple con la cartelería exigida y los productos tanto de menor valor como de precios cuidados están perfectamente ubicados a la altura requerida. La duda está en saber si la gran variedad de marcas ofrecidas de un mismo producto pertenecen a cinco proveedores distintos. Más aun teniendo en cuenta que los productos de marcas licenciadas por las mismas cadenas comerciales y que suelen copar las góndolas, a la luz de la ley se consideran como una sola.
Jun 2, 2021 | Comunidad, Novedades
Un grupo de investigadores del Instituto de Cálculo y del Instituto de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en colaboración con científicos pertenecientes a diversas instituciones universitarias del país, elaboró un Informe sobre el Impacto de la Presencialidad Escolar en los Casos Confirmados de COVID-19 –en adelante Informe–, coordinado por Guillermo Durán y Rodrigo Castro.
“Venimos trabajando estos temas desde que empezó la pandemia, al principio como un desafío académico y después lo fuimos vinculando con algunos gobiernos. Trabajamos en colaboración con muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, de distinto color político. Tuvimos bastante colaboración académica y de terreno con varios de ellos y, en particular, con la Gobernación bonaerense”, cuenta Guillermo Durán en diálogo con ANCCOM.
“Sobre el tema de la presencialidad escolar, lo que nos motivó fue la resolución de la Corte Suprema y lo que se trasluce de ella, que no hay evidencia relacionada con los contagios que pueda derivarse de la presencialidad. A partir de eso, empezamos a estudiar y lo enfocamos en tres aspectos distintos”, explica Durán.
El Informe consta de tres secciones: la primera consigna la situación de la pandemia en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la luz de las restricciones de los últimos diez días del mes de abril y, puntualmente, de la compatibilidad con la presencialidad o virtualidad escolar; la segunda parte analiza las métricas utilizadas en otros países para decidir la suspensión temporal y, por último, se analiza la bibliografía científica actualizada que mide el impacto epidemiológico de la presencialidad. Está disponible para su consulta aquí.
La conclusión del análisis es que en un contexto de alta incidencia viral y con circulación de variantes más contagiosas –mediáticamente conocidas como las cepas de Reino Unido y Manaos–, la escolaridad presencial implica más riesgos para niños, niñas, adolescentes y docentes.
A su vez, afirman, la suspensión temporal de la educación presencial en el Conurbano produjo una disminución más veloz y pronunciada que en CABA y los distritos de la provincia que mantuvieron la presencialidad. Los científicos señalaron que esa disminución tenderá a desaparecer con el tiempo, dada la constante circulación de personas entre el Conurbano y CABA, lo denominan homogeneización de las incidencias.
Algunos países cuentan con indicadores de riesgo epidemiológico que imponen límites a la continuidad de la escolaridad presencial en determinados contextos. Estos miden la cantidad de casos semanales detectados de COVID cada cien mil habitantes. Este parámetro sanitario es también conocido como la incidencia. En Austria, Francia y Bélgica establecen un valor máximo de 400. A su vez, el órgano que se encarga de controlar los números de la pandemia en Estados Unidos, conocido como Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), propuso un semáforo y considera como “Alta Transmisión Comunitaria” la cantidad de 100 casos semanales cada 100 mil habitantes, y sugiere, traspasado ese umbral, la suspensión de la presencialidad.
“Usamos el indicador de cantidad de casos confirmados semanales cada cien mil habitantes. Con ese indicador es que (la canciller alemana) Angela Merkel fija en 165, Chile y Colombia cortaron las clases presenciales con 200, Uruguay con 400. En el momento del decreto del Presidente, la Ciudad de Buenos Aires estaba en 650 y el conurbano alrededor de 500”, concluye Durán.
“Quisimos revisar lo que se hacía en el resto del mundo. Porque la pandemia plantea desafíos similares en todos los países. No somos el primero en el que se debate qué hacer con la presencialidad escolar”, expresa Sol Minoldo, investigadora colaboradora en la confección del Informe.
“Prácticamente todos tomaron medidas al respecto en 2021, y en especial cuando el contexto epidemiológico fue más complicado. Ese hecho confronta fuerte con la idea de que no hay evidencia que haga pensar en una relación entre la escolaridad presencial y el aumento de contagios. También en esos países consideran importante la presencialidad”, afirma Minoldo.
La comunidad científica, de un amplio abanico de naciones, ha producido estudios que muestran evidencia sobre el impacto positivo de la cancelación de la presencialidad en la disminución de la circulación viral, y lo ha hecho en base a diferentes rangos temporales y técnicas de análisis. En su Informe, los investigadores argentinos aclaran: “No es posible asegurar que en cualquier situación concebible, el cierre de escuelas producirá sistemáticamente una disminución de la circulación”. La complejidad del problema no permite establecer de manera determinante que una variable sea causa de la otra, pero hay una correlación cierta entre ambas. Y aunque en el estudio no se explica por qué esto sucede, sí se describe qué es lo que pasa cuando tenemos alta transmisión comunitaria y se abren las clases presenciales.
“Está bueno que empecemos a sacar estos temas de la grieta política. Es un debate sanitario, científico. Hay que darle más racionalidad a todo esto y tomar decisiones basadas en la evidencia, pero no decirlo, sino hacerlo. Por supuesto, entendemos que no puede haber restricciones eternas para todo el mundo. Pero hay momentos donde hay que parar la pelota y cerrar, porque si no se nos muere toda la gente”, advierte Durán.
Jun 2, 2021 | DDHH, Novedades
En la provincia de Buenos Aires alrededor de 45 mil personas están siendo ignoradas en los planes de vacunación contra el coronavirus. Se trata de las personas alojadas en cárceles y comisarías. En el 2020 murieron 28 detenidos por covid-19 y hasta marzo solo se realizaron 345 testeos en esos ámbitos. En todo el territorio argentino se llevaron a cabo más de 12 millones de testeos sobre una población de 45 millones. Si se usara la misma vara para personas detenidas como se hizo con el resto de la sociedad, se deberían haber realizado más de 12 mil hisopados en las unidades penitenciarias.
Frente a esta marcada diferencia, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó un reclamo para que se tenga en cuenta en el Plan Nacional de Vacunación a la población que habita los centros de encierro. El pedido se sustenta en el respeto al principio de igualdad ante la ley.
En el último registro de la CPM se denunció que hay 44.584 personas detenidas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias en las cárceles bonaerenses, la situación es alarmante ante la segunda ola del coronavirus en el país. La sobrepoblación llega al 114%, atentando contra toda recomendación sanitaria y humana. Los que forman parte de este grupo son olvidados tanto para el acceso a una vacuna como para otros derechos básicos.
La pandemia expuso una realidad que viene de larga data: la deficiencia del sistema de salud carcelario. La Dirección de Salud Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia, históricamente no brindó las condiciones mínimas y necesarias para que las personas privadas de libertad transcurran sus días en un ambiente adaptado que cumpla los requisitos sanitarios.
La CPM recorrió 27 unidades penitenciarias en toda la provincia, y sus representantes observaron que la falta de vacunación de la población de riesgo se suma a otras problemáticas que pueden agravar el momento delicado que se vive por la segunda ola. El escenario se repite en las distintas unidades repartidas en Buenos Aires, la sobrepoblación, el hacinamiento, el acceso nulo a la salud básica en la mayoría de los casos, la falta de testeos y elementos de limpieza e higiene hacen de las instalaciones de encierro un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades, no solo covid-19, sino también de otras infecciones fácilmente tratables tras los muros. “Los presos en la provincia de Buenos Aires se mueren de tuberculosis. Cuando se detecta se los lleva a una celda de aislamiento en condiciones pésimas que empeoran la salud de las personas –detalla a ANCCOM, Laura Maccarrone, socióloga especialista en sistema penal y derechos humanos-. Hay ciertas enfermedades que en la cárcel tienen una mayor prevalencia o frecuencia y producen más muertes que en el afuera”.
Del otro lado de los barrotes se ha hecho efectiva la vacunación al personal de las fuerzas que brinda servicios en las cárceles y comisarias, pero esto no soluciona un problema que es estructural, en realidad no hace más que visibilizar la discriminación que cae sobre las personas en contexto de encierro.
¿Distanciamiento social?
La recomendación primera para evitar el contagio de covid-19 es el distanciamiento social, imposible de llevar a cabo en las cárceles y comisarías de la provincia donde las instituciones duplican su capacidad máxima de alojados, sin una estructura que lo soporte. Y una plaza penitenciaria no se reduce solo a una cama o habitación, incluye todos los aspectos necesarios para que la vida de una persona en un espacio sea digna: servicios sanitarios, médicos, profesores, agua potable, iluminación natural, etc. En las comisarías la situación es peor, la CPM denuncia que hay aproximadamente cuatro personas en espacios donde debería habitar una, 4.678 personas se hacinan en 1.200 calabozos en comisarías, muchas de ellas, clausuradas.
Maccarrone y Nicolás Maggio toman los datos relevados entre mayo y junio del 2020 por la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD). En el informe titulado ”La Post Salud Carcelaria” denuncian el incumplimiento de los derechos en materia de habitabilidad y la ausencia del sector de Salud, una falta de accionar que viene repitiéndose hace años. Con la pandemia ha habido un intento de refuerzo al principio, pero los testeos han sido pocos y las medidas sanitarias fracasaron en rigurosidad y frecuencia. Los números son alarmantes, se registró que por m2 conviven dos personas y hasta, a veces más, comparten el mismo colchón. En estas condiciones todos los detenidos en las unidades penales bonaerenses pasan a formar el famoso “grupo de riesgo”, por lo tanto deberían tener su lugar en el plan de vacunación. El hacinamiento extremo que padecen se combina con malas condiciones materiales: humedad en las paredes, inodoros que no desagotan -si con suerte los hay-, falta de vidrios en las ventanas, conexiones eléctricas precarias, goteras e inundaciones en las celdas y, por supuesto, la falta de barbijos y elementos de higiene personal. “Las cárceles las mantienen las familias. Los elementos de higiene, la comida y la medicación los llevan las familias. Cuando se inhabilitaron las visitas, el sistema entró en crisis porque se puso en evidencia todo lo que está transferido a las familias”, subraya Maccarrone. Es un escenario que se asume como norma.
El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (CNPT) aprobó por Resolución N° 16/2021 el documento “Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios”. En él se establecen criterios mínimos respecto de las condiciones de detención en los establecimientos penitenciarios en materia de habitabilidad, lo que incluye dimensiones físicas de los espacios de alojamiento y de espacios comunes, salubridad e higiene, iluminación y ventilación, entre otras. Esto se enmarca en una de las diversas acciones que el CNPT desarrolla para revertir la situación de hacinamiento. No se estarían cumpliendo.
Desatención médica
La cifra oficial de testeos totales que aporta el Ministerio de Salud, es decir desde el comienzo de la pandemia, registra 12 millones de testeos en un país que se acerca a los 45 millones de habitantes. Se podría traducir en un 26, 67% de personas testeadas. Hasta marzo de 2020 en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires solo se testeó un 0,79%, muy por debajo de la centésima parte del total de detenidos. Maccarrone asegura que teniendo registros del accionar de la Salud carcelaria ante otras enfermedades, no se puede esperar que con el brote de covid-19 se haya hecho algo muy distinto y más cuidadoso de lo que se hacía antes. “El Ministerio de Justicia nunca produjo datos” denuncia la socióloga.
Las personas detenidas difícilmente llegan a ser asistidas por los operadores de la salud de las cárceles. Existen problemas en la provisión de medicamentos, no reciben atención especializada y no les realizan revisiones clínicas. Los sectores destinados a atender la salud de las personas detenidas están alejados de los pabellones y no son accesibles para ellas. “Nueve de cada diez descripciones de los espacios de ´sanidad´ carcelarios (espacios de internación y atención de pacientes) los definen como lugares donde no hay nada, malísimos, pésimos, fríos, sucios, sin agua caliente, sin cama/colchón, húmedos”, sintetiza el informe La Post Salud Carcelaria.
En las notas enviadas a los ministerios de Justicia y Salud, la CPM exige que se aprovisione de manera regular y periódica de elementos necesarios para prevenir los contagios: barbijos, jabón, lavandina y alcohol en gel. La Dirección de Salud Penitenciaria depende del Ministerio de Justicia pero la CPM insiste en que quede bajo responsabilidad de la cartera de Salud.
En la provincia de Buenos Aires la población en las instituciones de encierro ni siquiera ha sido tomada como grupo prioritario, mientras que sólo cinco provincias presentaron datos de vacunación a personas privadas de libertad: Mendoza, Corrientes, Catamarca, Neuquén y Formosa, esta última vacunó a más de mil personas detenidas. El resto deberá esperar a que los ministerios respondan y tomen las medidas necesarias. “En todo este tiempo aún no hemos tenido respuesta por parte del gobierno a nuestro reclamo”, le señaló a ANCCOM el abogado Roberto Cipriano García, quien actúa como secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
May 26, 2021 | Culturas, Novedades
Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara el “aislamiento social preventivo y obligatorio” en marzo de 2020, el teatro se paralizó por completo. El cierre de las salas le generó al sector graves consecuencias económicas que aún le impiden reactivar su dinamismo, sumado a que será de las últimas actividades en volver a la normalidad.
Para conocer el impacto que sufrió el teatro durante los primeros meses de 2020, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica (APDEA), realizó un censo en base a 833 obras de todo el país. Los resultados muestran que 421 cancelaron funciones, 351 se suspendieron y 61 giras no se llevaron a cabo, lo que afectó a 5.637 artistas, de los cuales 4.686 pertenecen a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
Respecto a las repercusiones económicas, el Sistema de Información Cultural de la Argentina (SINCA), hizo una medición a través de la Cuenta Satélite de Cultura y observó que las industrias culturales fueron el tercer sector más impactado. El informe que contempla datos de los primeros trimestres del 2020, indica que la caída del 27% del Valor Agregado Bruto (VAB) cultural, repercute en la participación de la producción total de la economía, donde el sector industrias culturales pasó de representar un 2,6% del VAB en el primer trimestre, al 2,1% en el segundo.
El balance de una crisis prolongada
Luego de una larga espera, el teatro retomó su actividad en Buenos Aires en noviembre del año pasado. A pesar de la urgencia por la reactivación, el regreso se dio paulatinamente por el tiempo de preparación que requieren las producciones, y por la adecuación de los espacios al nuevo protocolo.
Sebastián Blutrach, propietario del teatro El Picadero y actual asesor de contenidos, programación y producción artística del Teatro Cervantes, en diálogo con ANCCOM, define la situación general de la cultura como “crítica”, pues sólo el teatro cayó el año pasado un 80%. No obstante, para Blutrach la crisis inició durante los últimos años del gobierno anterior, a causa de los recortes y la pérdida del poder adquisitivo. “La educación, la alimentación y la salud van por delante, y si queda algo va para la cultura, el ocio y el entretenimiento; por lo tanto, ya veníamos golpeados. La pandemia fue un golpe social, no nuestro en particular, pero a nosotros nos golpeó de lleno”, explica.
En relación a la crisis actual, Gonzalo Pérez, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI), también considera que la situación angustiante que viven las salas independientes, se generó en años anteriores. “Ya veníamos de 4 años de decadencia y con una gran lucha para mantener la mayor cantidad de salas posibles, ya que el gobierno anterior pegó fuerte al sector”, afirma Pérez.
El cierre también implica para las salas, la suspensión de las clases, ensayos y talleres. Luego del regreso, según un relevamiento realizado por ARTEI, solamente el 20% de sus 110 salas había realizado funciones durante el 2020 y hasta febrero de 2021, ya que muchas no cumplían con los protocolos. “Algunas salas empezaron a hacer funciones para poca gente, primero los que tenían terraza y patios, después con menor cantidad de aforo los que podían cumplir con el protocolo, pero fue una parte mínima del sector independiente y lo hacían en general por mantenerse activos”, explica Pérez.
El protocolo de la Ciudad permite realizar trabajo administrativo y de mantenimiento, así como retomar ensayos, entrenamientos y prácticas teatrales. Salvo por el cierre excepcional por el que volvimos a Fase 1 por el último rebrote de mayo que terminó en colapso sanitario, existe una voluntad de apertura hacia el sector.
Durante los primeros meses del 2020, 421 obras de teatro cancelaron sus funciones y 351 las suspendieron.
El aforo va desde un 50% para los espacios de hasta 2000 personas, al 20% para aquellos que superen los 4.000 espectadores. Establece entre otras cosas, distanciamiento de dos metros, tickets con antelación, uso de tapabocas y una declaración jurada de salud.
Roberto Bisogno, director artístico del Teatro Apolo de Buenos Aires y presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), asegura que el protocolo ha funcionado perfectamente: “El personal de nuestras salas tiene claras instrucciones sobre su cumplimiento y no se relaja en ningún momento, pero el problema no es el teatro, sino llegar hasta el teatro, irte del teatro, ahí quizás es donde está el riesgo”.
“Estuvimos muchos meses hablando sobre perspectivas, que fueron los meses del año pasado antes de llegar a noviembre, luego de esos meses abrimos los teatros y charlamos sobre qué esperábamos de la vuelta y cómo de a poco la gente se iría acercando, hasta que llegó este nuevo parate en el contexto de una emergencia sanitaria mucho más intensa que la del año pasado, por eso hoy hablar de las consecuencias para la industria es hasta irresponsable”, agrega Bisogno.
La digitalización teatral
La digitalización de la vida social y económica, también llegó al teatro. Las distintas actividades artísticas, las clases y los talleres, se trasladaron a las plataformas online, mientras que la trasmisión de obras y espectáculos por streaming, se convirtió en una alternativa recurrente para generar cierta rentabilidad y mantener el contacto con el público.
Entre las iniciativas digitales está el Cervantes On Line, que permite ver de forma gratuita obras ya estrenadas, nuevas producciones en formato audiovisual, y charlas con actrices, actores, directoras y directores teatrales. Otra opción es Teatrix, la primera plataforma digital del país creada antes de la pandemia, y donde se pueden mirar obras nacionales e internacionales a través de una suscripción.
Al principio de la pandemia, se tuvieron que levantar 61 giras.
“Nadie va a reemplazar el teatro por verlo a través de una pantalla, pero funciona como complemento para ver obras que ya no están en cartelera o para alguien que está en otra provincia o país. Con el teatro independiente puede complementarse, aunque es más difícil porque hay que tener las herramientas y la inversión para una buena calidad”, comenta Pérez sobre las opciones digitales.
Para Pérez, el streaming durante el inicio de la pandemia tuvo que ver con la necesidad de dar vida a la actividad teatral y, aunque permitió solventar algunos gastos, no compensa las pérdidas. “Este año estamos con mucha incertidumbre porque no teníamos muchos proyectos apuntados a la virtualidad, sino a la presencialidad, y ahora con los nuevos cierres nos quedamos sin una cosa y sin la otra”, asegura con las cuentas en la mano.
Aunque el streaming ayudó a muchos artistas, Bisogno considera que es una alternativa que ya pasó, porque entiende que “fue algo muy comentado al principio de la pandemia, pero la verdad que no reemplaza al teatro y a la música en vivo,pero si genera algún ingreso es algo bienvenido y se debe apoyar”.
El apoyo estatal y la segunda ola
El Ministerio de Cultura de la Nación tomó medidas junto a otros organismos del Estado, para contener los efectos que tuvo el aislamiento preventivo sobre el sector cultural. La inversión hecha durante la emergencia sanitaria superó los 1.000 millones de pesos, y posteriormente con el Plan Federal de Cultura, se amplió a más de 2.000 millones.
Son varias las líneas creadas para sostener la actividad, entre ellas está Fortalecer Cultura, destinado a las trabajadoras y trabajadores del sector, y el programa Impulsar para el sostenimiento del espectáculo en vivo. Además, los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Cultura dieron financiamiento a PyMEs, mientras que el Fondo Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de la Nación, otorgó las Becas Sostener Cultura I y II.
En línea con los mecanismos para atenuar la crisis, el Teatro Nacional Cervantes realizó el concurso de obras cortas inéditas “Nuestro Teatro”, que con un presupuesto de 20 millones de pesos generó trabajo para personas vinculadas al quehacer escénico. Para Blutrach, desde un inicio se intentó que el Teatro Nacional sea un músculo de contratación. “El año pasado firmamos 33 obras que nos permitieron contratar alrededor de 330 agentes culturales. Me parece que el Estado tiene esa tarea en un momento de debilidad del privado, y de seguir aportando contenido y marcando el camino”, subraya.
El cierre por la segunda ola resulta necesario para Blutrach, pero considera que pone de nuevo a las salas en una situación difícil. “Estoy preocupado porque el Estado nacional no tiene los recursos necesarios, y este nuevo cierre es un desafío que deberemos abordar con las autoridades y grupos que forman el tejido cultural, para poder llegar todos juntos al final de este nuevo encierro y que se puedan mantener las salas, grupos y espacios abiertos”.
Lo más importante para Pérez, es la rapidez con la que se realizan las ayudas, en ese sentido reconoce la efectividad que tuvo el Ministerio de Cultura de la Nación al inicio de la pandemia, aunque la situación se complicó después y los tiempos se alargaron. Con el Gobierno de la Ciudad fue distinto, afirma Pérez, ya que durante todo el año pasado la ayuda llegó tarde y fue muy poca, sólo hubo un aporte extraordinario y para el año 2021, se anunció que no se contaría con los fondos necesarios.
“La mayoría de salas accedimos a distintas líneas pensando en que al regresar íbamos a reactivarnos, pero ahora estamos en esta situación dramática. Desde ARTEI hay una mirada general que se debe priorizar la salud y que, tanto el Gobierno nacional como el de la Ciudad, deben atender al sector, ya que es uno de los pocos que estuvo absolutamente cerrado todo este tiempo”, comenta Pérez.
Bisogno considera que el Gobierno apoya y hace lo que está dentro de sus posibilidades, pero que la situación sanitaria es desesperante y afecta a toda la sociedad. “Nos reunimos con el Presidente de la Nación, fuimos a su despacho. Las ayudas se están materializando, aunque entendemos que no tenemos los mismos subsidios que puede tener un país como Inglaterra o Alemania. Los gobiernos hacen lo que pueden, y tampoco es responsable salir a hacer reclamos individuales”, se lamenta.
Luego de una aparente calma en el nivel de contagios, la segunda ola triplicó los casos en el pasado mes de abril, siendo el Área Metropolitana de Buenos Aires la región más afectada.
“Cuando nos dijeron de parar acatamos, guardamos nuestras escenografías, nuestros actores se fueron a sus casas, y paramos. Y sí, muchos nos fundimos y muchos se fundirán, pero las medidas sanitarias no se discuten”, concluye Bisogno respecto de la segunda ola.
Para Blutrach la situación se podrá normalizar con la llegada masiva de las vacunas, pero en el mientras tanto el nuevo cierre es un golpe durísimo para el sector teatral en tanto señala que “en este momento tenemos que hacer el aguante a la situación general y sentarse con las autoridades, para negociar las ayudas necesarias para este tejido de las artes escénicas que costó tanto años construir”.
Además, el productor y empresario cree que si no hay una asistencia fuerte y una apertura pronta, la situación puede ser muy delicada, aunque reconoce que no será posible bajar los contagios si cada actividad pone por delante sus propios intereses. Hay alrededor de 4.000 mil personas ligadas al espectáculo en vivo en Argentina, por eso Blutrach asegura que actualmente hay conversaciones con el Estado para que brinde el apoyo necesario a las nuevas producciones, en un momento donde la actividad teatral está claramente deprimida.
