“Yo quise ser periodista desde siempre. Y con desde siempre quiero decir desde mis siete años y desde ahí, nunca cambié”, recuerda Miriam Lewin, ahora Defensora del Público. Según ella, su recorrido profesional fue “un poco errático”. Durante su adolescencia, sus padres apostaban porque fuera contadora o abogada y sostenían que iba a ser muy difícil conseguir trabajo como periodista. En ese momento no existía una carrera de Comunicación, sólo institutos terciarios, o había que ir a cursar a La Plata o a Córdoba. Para satisfacer a sus padres estudió Economía pero también Periodismo.
“Después vino el año 76, me pidieron que dejara el periodismo para dedicarme más a la militancia en mi facultad. En ese momento, todos teníamos en la cabeza un proyecto colectivo y no importaba tu vocación o necesidades individuales, así que dejé periodismo de buena gana”, relata. Cuando le propusieron el cargo de Defensora del Público fue una gran sorpresa y significa, para ella, un gran compromiso. “Esto tiene que ver con aquello con lo que yo soñé cuando decidí ser periodista, que era darle voz a los sin voz, o amplificar su voz. Uno de los objetivos de la gestión es lograr esto: lograr una comunicación democrática que incluya a las voces que históricamente estuvieron silenciadas o que no tuvieron espacio en los medios”, expresa.
¿Con qué organismo te encontraste?
Nosotros llegamos a un organismo que estaba completamente devastado: hubo una sangría durante el macrismo. Los trabajadores y trabajadoras son quienes sostuvieron del organismo en épocas en que en lugar de ampliar derechos, se buscaba retacearlos. Aunque no hubo despidos masivos, sí hubo una política de desmotivación que hizo que muchos de los y las integrantes del cuerpo profesional, sumamente capacitado de la Defensoría, pidieran licencias, se fueran a otras reparticiones del Estado o al ámbito privado. Ahora, que asumimos en un contexto de pandemia y de aislamiento social, hay muchos integrantes que tienen problemas de salud, de manera que no nos queremos arriesgar. Aprendimos a funcionar de una manera bastante dinámica en forma virtual.
¿Cuál es el objetivo central de tu gestión?
Tenemos como objetivo un cambio cultural. Nosotros pensamos que muchas veces las personas que se encargan de la comunicación, que emiten un mensaje equivocado, no lo hacen por una cuestión ideológica o de aversión a determinado grupo minoritario, que tuvo sus derechos vulnerados históricamente, o hacia las mujeres o personas trans; simplemente que no saben. No tienen los recursos para expresarse en este sentido. Siempre digo que los comunicadores tenemos un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad, y a veces no conocemos a fondo una problemática, y al no tener las herramientas, cometemos errores que pueden resultar ofensivos o discriminatorios. Entonces, si existe la voluntad de reparar, estamos a favor de sentarnos alrededor de una mesa y encontrar una solución.
¿Cómo imaginas este cambio cultural? ¿Qué tan efectivo podría ser?
Actualmente, la cuestión de género está muy presente. Ahora hemos hecho una capacitación con la revista Pronto, que publicaba contenidos que eran señalados por algunos como cosificación de la mujer. Desde la misma redacción de la revista, se nos ha pedido la capacitación en género. Una demostración patente de que el cambio cultural es posible. Hace diez años los chistes sobre diversidad sexual, homosexuales, estaban a la orden del día en todos los medios de comunicación. Todos nos reíamos. Hoy eso no le hace gracia a nadie, ni siquiera vale la pena resaltarlo porque ya hay un consenso social de que reírse de lo distinto es inaceptable. También ahora estamos viendo cómo en las publicidades aparecen modelos que no se ajustan a esa tradición de la mujer longilínea, sin un gramo de más y cerca de la anorexia. Esto quiere decir que hay un cambio cultural en marcha y a eso apuntamos.
¿Cuál es la postura del organismo frente a discursos como el de Baby Etchecopar?
Etchecopar tuvo muchísimas denuncias en la Defensoría, incluso antes de que yo llegara. Fue durante el macrismo que una fiscal le encargó al organismo, porque las afectadas fueron por vía judicial, la confección de spots radiales que se emitieron en su espacio, en Radio 10. Se hizo con el acuerdo de él, fue una probation. Creo que la intervención de la Defensoría en el caso de “Cristina y el cáncer” fue muy ajustada, se señaló que eso era violencia política por razones de género mediática. Y a partir de eso surgió la iniciativa de organizar encuentros para analizar este fenómeno que está en crecimiento en Argentina y el mundo. Por supuesto, no hubo ninguna respuesta por parte de Etchecopar.
Con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿que implicó la intervención del macrismo en la legislación?
La LSCA, que fue promulgada después de un debate intenso y democrático a lo largo y ancho del país, fue un gran logro que posibilitó la apertura de las puertas de la Defensoría. Con el macrismo hubo un intento de parálisis del organismo y una intervención quirúrgica mediante un decreto contra la ley, que habilitó nuevamente cuestiones que tienen que ver con la concentración. Ahora estamos asistiendo al decreto de necesidad de urgencia que declaró, y creo que esto es muy justo, el servicio de internet, telefonía y televisión paga como servicio público esencial. Este hecho recupera un poco el espíritu de la LSCA y de la Ley Digital 27.078. Además, en contexto de pandemia, esto tiene que ver con el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Nos habilita una puerta como para comenzar a debatir, por ejemplo, si la Defensoría no debería tener algún tipo de competencia sobre esto. Creo que hay una especie de nueva etapa que abre este decreto. Estamos expectantes acerca de los nuevos debates que inaugura. El hecho de pensar a la televisión y a internet como un servicio esencial reconfigura al Estado desde otro lugar.
¿Qué impacto tiene que todo quede a merced del algoritmo de las redes sociales?
Creo que la pandemia revalorizó el rol de los medios. Por un lado, apareció el peligro concreto de las noticias falsas. Por otro lado, la gente recurrió a los medios tradicionales. A su vez, los medios comerciales debieron firmar la no utilización o réplica de las noticias falsas. En este sentido, me parece que hay una gran tarea para las audiencias, en general, porque en contexto de pandemia, el compartir o un me gusta un fake new, tiene una potencialidad que puede ser dañina para la salud y la vida de las personas.
¿En qué sentido?
Todos estamos esperando la noticia deseada, todos queremos que se nos diga que ingiriendo una sustancia en particular nos inmunizamos con respecto al Covid-19 sin tener que esperar la vacuna. Todos estamos esperando la cura milagrosa, que hayamos pasado el pico de la pandemia. Pero antes de compartir o darle un me gusta, todas las audiencias deberíamos meditar si la noticia apela a la afectividad, parar la pelota y preguntarnos: “¿Esta noticia fue publicada por este sitio web?” O si me llegó por WhatsaApp, decir: “¿Fue publicada en un medio de contenido responsable? ¿Se ha chequeado la información? ¿Me redirige a un portal científico?” Porque si no la letalidad, el daño que puede generar la noticia falsa se potencia, se multiplica. La noticia se viraliza y salta de las redes a los medios comerciales y de ahí al público con mucha velocidad.
¿Qué impactos tuvieron los comentarios de Viviana Canosa? ¿Es algo sobre lo cual la Defensoría puede accionar o realizar un seguimiento del tema?
En la pandemia es muy riesgoso promover el uso o sugerir que el uso de determinadas sustancias pueden inmunizar contra el virus. De manera que hubo una veintena de reclamos al organismo por esta situación y yo estoy muy conforme con la buena predisposición que tuvieron tanto la empresa productora del programa como el canal de televisión, la licenciataria, de manera de llegar a un acuerdo reparador que incluye un spot de la Red de Periodismo Científico en colaboración con la Defensoría del Público, para concientizar a la población de que no es saludable, de ningún modo, consumir sustancias que no están aprobadas por la ANMAT.
¿Cuáles son los desafíos de la Defensoría y cuál es la prioridad en este contexto?
Uno de los ejes de la gestión ya comenzó a ser la perspectiva de género, atravesando todas las áreas de la Defensoría. Ya empezamos con un encuentro que fue muy nutritivo y exitoso llamado “Violencia política por razones de género en los medios de comunicación”. Hicimos dos encuentros de los que participaron cincuenta académicas, comunicadoras y políticas de todos los partidos, donde analizamos los derechos políticos de mujeres y diversidades. Cada vez que levantamos la voz y queremos hacer sentir nuestra opinión autorizada, se nos ataca pero no con ideas, porque un debate democrático ardoroso es deseable, sino que se nos dice “trola”, “gorda”, “sucia”, “ignorante”, “mosquita muerta” y se pone en duda nuestro saber. Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, cuando Cristina Kirchner es atacada, como si fuera el “cáncer de la Argentina”, ella tiene sus recursos para defenderse pero, ¿cuál es el mensaje que se le dirige a la infinidad de mujeres que ansía participar en política desde su comedor infantil, desde su cooperadora escolar, desde su barrio o la universidad? Estas mujeres son atemorizadas por estas intervenciones. Entonces, estamos articulando con Redes de Mujeres y debatiendo cuáles serían las acciones que, sin ser lesivas a la libertad de expresión, contribuirían a contrarrestar esta oleada de violencia contra mujeres y diversidades que no se da sólo en nuestro país sino a nivel mundial. Nosotros también impulsamos fuertemente, desde el equipo de abogades de la Defensoría, la Ley de Equidad, la de Cupo Trans, porque faltamos en los medios: faltamos en la radio, en la televisión y cuando estamos presentes, se nos estereotipa por nuestra vestimenta, por nuestro rol subalterno. Desde el organismo, estamos absolutamente convencidos de que no puede haber una comunicación democrática, que es el objetivo de la Defensoría, si las mujeres y diversidades no estamos presentes en los medios y puestos de editoras, de gerencia y de conducción.
Control de un paciente de tuberculosis en el Hospital Muñiz. Fotografía de archivo.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tuberculosis es una de las diez principales causas de mortalidad en el mundo y la primera por enfermedades infecciosas. Las estadísticas de este organismo internacional muestran que la probabilidad de que una persona se vea afectada por TBC se reduce un 2% anualmente. Sin embargo, los casos en Argentina —que desde hace 40 años venían descendiendo— comenzaron a aumentar a mediados de esta década.
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) revelan que el año pasado se registraron 12.075 nuevos casos por contagio o recaída en nuestro país, contra los 9.383 notificados en 2010, lo que significó un incremento en la tasa de notificación de 23.2 a 26.9 casos cada cien mil habitantes. Los últimos datos accesibles sobre mortalidad (2017) arrojan una tasa de 1.7 por cien mil habitantes (706 muertes) contra 1.57 en 2010, con 640 fallecimientos.
La OMS estima que entre 2000 y 2018 se salvaron 58 millones de vidas gracias al diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Este dato siembra la sospecha sobre si el actual y necesario aislamiento social podría influir en un potencial aumento de casos de TBC. Sandra Carabajal, infectóloga del Hospital Municipal Eva Perón de Merlo, sostiene que hay elementos que pueden llegar a favorecer las recaídas: “Así como avizoramos que este año habrá una tasa bajísima de vacunación —porque la gente tiene temor de asistir a los hospitales— del mismo modo, creo que tendremos muchos abandonos de tratamientos por tuberculosis. Los médicos deberíamos tener el foco en que el paciente pueda continuar con su medicación, de lo contrario el mensaje puede ser ambiguo: por un lado, le decimos ‘no concurras al hospital, llamanos y nosotros te decimos’, por el otro, le pedimos que no deje de venir al hospital, que retire la medicación y que no abandone el tratamiento. La verdad, es un delicado equilibrio en donde a veces el paciente queda atrapado sin saber qué hacer”.
Los y las infectólogas consultadas por ANCCOM coinciden en que el aumento de casos de TBC en nuestro país está directamente relacionado con el avance de la pobreza. “Es una enfermedad que está enquistada fuertemente en población vulnerable y por eso cada vez que hay una crisis nutricional, habitacional y social se genera un caldo de cultivo para que se produzcan mayores contagios”, expresa Santiago Jiménez, infectólogo y coordinador médico de Casa Masantonio, un espacio de contención para personas consumidoras de PACO con enfermedades complejas como VIH y tuberculosis.
El hacinamiento y la desnutrición son dos ingredientes claves en el “caldo de cultivo” de la pobreza. “El hacinamiento genera, a través de la tos, la propagación hacia otros convivientes. La desnutrición, por la falta de consumo de elementos esenciales, predispone a enfermedades infecciosas por una falla en la respuesta primaria a diferentes gérmenes, entre los que se encuentra el bacilo de Koch, la bacteria que causa la TBC”, explica Lilián Testón, coordinadora del Departamento de Epidemiología de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos.
El 2019 se registraron 12.075 nuevos casos por contagio o recaída en la Argentina, contra los 9.383 notificados en 2010.
Por su parte, Elena Obieta, Jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Municipalidad de San Isidro, destaca que otro factor que influye en el aumento de casos radica en que “la población carcelaria es un foco de TBC que luego se reinserta en la comunidad porque, lamentablemente, las cárceles no son como uno querría. El hacinamiento y las malas condiciones de higiene favorecen el contagio. En ese panorama, si un preso con tuberculosis tose…es un desastre”.
La tasa de notificación de casos tiene importantes variaciones entre las provincias. Según datos publicados este año por el INER, en el período 2018-2019 Salta fue la jurisdicción con la tasa más alta (64.91 casos cada 100 mil habitantes), seguida por Jujuy (50.5) y la Ciudad de Buenos Aires (44.99). En tanto las tasas más bajas fueron en San Luis, La Rioja y Mendoza (inferiores a 10)
Obieta, que además forma parte de la Sociedad Argentina de Infectología, considera que es un error médico pensar solamente en el Covid-19 sin tener en cuenta posibles casos de tuberculosis: “Si el hisopado da negativo, generalmente el paciente se vuelve a su casa. Entonces, si llega a tener TBC, en tanto siga tosiendo y no esté en tratamiento,contagiará a los convivientes más cercanos”.
La enfermedad, tal como señala la OMS, afecta además a personas con VIH y diabéticos. Testón explica que “la coinfección con el VIH es un importante problema de salud pública porque los pacientes, al tener debilitado su sistema inmune, tienen mayor riesgo de contraer tuberculosis”. Respecto a la diabetes, Obieta resalta que “es una enfermedad que también altera las defensas”.
Otro factor de riesgo es el consumo problemático de sustancias. Santiago Jiménez identifica a la pasta base de cocaína (paco) como la droga más utilizada por personas en situación socialmente vulnerable: “El impacto de la TBC en esta población es muy fuerte y es muy difícil que puedan acceder al diagnóstico y al tratamiento por canales normales. Esto amerita que existan estrategias diferenciadas, un acercarse a los territorios y no una actitud pasiva por parte del sistema de salud”, enfatiza.
Patricia Figueroa, voluntaria en Casa Masantonio, conoce de cerca estas realidades: “El consumo hace que nada te importe y por eso curarte no está dentro de tus prioridades, no hay posibilidad de cumplir un tratamiento, ni de ir a un turno, ni de tomar todos los días una medicación”, y agrega “hemos tenido chicos que han estado internados doce veces y doce veces han cortado el tratamiento”.
Ramón Maldonado, que tiene 43 años y hace siete meses que está recibiendo contención en Casa Masantonio, cuenta: “Viví en la calle como seis años. Andaba mucho en la droga, fumaba crack y toda esa gilada. Me enfermé y estuve nueve meses internado porque estaba muy jodido, me faltaba el aire. Me ofrecieron quedarme acá para no tomar frío cada vez que iba a buscar la medicación. Ahora gracias a Dios estoy bien, haciendo una vida nueva y sana, tomo la medicación y muy de a poco me voy recuperando”. Ramón es solo una muestra de las miles de historias que se insinúan detrás de las estadísticas.
El tratamiento de la tuberculosis es absolutamente gratuito en todos los hospitales públicos de nuestro país.
La mayoría de los casos se observan en la edad activa, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. El tratamiento dura aproximadamente seis meses pero si se acompaña con alguna infección por el VIH se puede extender hasta nueve o diez. Carabajal afirma: “Al ser tan prolongado, muchos pacientes abandonan en el camino y esto nos pone en riesgo a todos ya que la bacteria se vuelve más resistente y se requiere cambiar la medicación”. Por su parte, Obieta señala: “Los pacientes que toman la medicación enseguida empiezan a sentirse bien y suelen abandonarla, esto puede llevar a una TBC multiresistente y persistencia de la enfermedad en la comunidad” y agrega: “Si un paciente tiene una tuberculosis sensible a la medicación (la TBC más común) y comienza su tratamiento, a los 15 días deja de contagiar. Esto hay que decirlo porque es una buena noticia en sí misma”.
Cabe destacar que el tratamiento de la tuberculosis es absolutamente gratuito en todos los hospitales públicos de nuestro país.
Para Jiménez, la pandemia por el Covid-19 nos deja una enseñanza: “Así como la cuarentena no es viable en barrios vulnerables si no es acompañada por un apoyo alimenticio y social, en la TBC ocurre lo mismo. Muchas veces el sistema sanitario se enfoca solamente en los medicamentos y ese es un factor de fracaso cuando no se complementa con un apoyo concreto de otros recursos”.
Carlos Ulanovsky ofrecerá algunos de sus clásicos, como «Días de Radio «y «Paren las Rotativas».
Podría decirse que la idea comenzó a nacer a partir de una llamada o un mail y de cajas llenas de libros que apenas habían sido salvados de ser destruidos. La situación de la industria editorial no es ajena a la crisis económica del país -que también afecta a los demás sectores industriales-, y las editoriales no tienen el dinero para mantener depósitos, y en ellos, los remanentes de ediciones pasadas. A partir de esta situación, Victoria Nasisi, Jorge Bernárdez y Luciano Di Vito diseñaron la Feria Autores y Bodegas que se llevará a cabo el sábado 7 y el domingo 8 de diciembre, de 14 a 20.
«Las editoriales comenzaron a llamarnos para decirnos que podíamos retirar los libros que no se habían vendido o, caso contrario, los destinarían a hacer pulpa de papel. Así fue que los escritores nos encontramos con libros en casa, en cajas bajo la cama y sin posibilidad de hacerlos llegar a los lectores», cuenta Nasisi, autora de Los besos no serán televisados. Se encontraban en un punto muerto en el que nadie ganaba, ya que «hay un tema de costos que hace que la editorial deba pagar impuestos por los ejemplares que le quedan sin vender”, explica Bernárdez (couator junto a Di Vito de Las aventuras de Perón en la Tierra y El fin del periodismo) y agrega: “Si le sumás que la situación económica no ayuda a que la gente compre libros, hace que las editoriales se saquen de encima cada vez más rápidos esos ejemplares que ya saben que no se van a vender por los canales habituales.»
Fue así que estos autores se encontraron con un centenar de libros en sus casas y sabiendo que otros colegas -escritores y periodistas- tenían el mismo problema. La convocatoria se hizo entre amigos y fue una invitación a juntarse para vender esos libros. Y con ello, no sólo salvar esos ejemplares de la destrucción, sino también acercarlos al público a precios más accesibles que los del mercado.
La primera edición de la feria se llevó a cabo el sábado 3 de agosto de este mismo año, en Villa Urquiza. En aquella ocasión, el espacio fue mucho más pequeño -por ser la primera vez, casi un ensayo-, y las gruesas camperas de invierno acompañaron a los libros y los vinos. «Fuimos doce autores y dos bodegas a una vinería llamada Acha Club, con nuestros libros y con sus vinos”, cuenta Nasisi, y agrega que el resultado fue sorprendente para todos: “Vino muchísima cantidad de público y vendimos un montón, siempre a precio amigable, porque la idea es salvar a los libros de la destrucción o del olvido en nuestras casas.»
En esta ocasión, y con promoción de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad, la feria se llevará a cabo durante dos días en la Biblioteca del Parque de la Estación, un espacio recuperado por los vecinos del barrio, ubicado en Presidente Perón y Gallo. Con una convocatoria mayor a la de agosto, reúne a más de cuarenta autores y diez bodegas. La entrada es libre y gratuita, y no se cobra participación a los autores, en tanto está pensado como un espacio de oportunidades e intercambio.
Cristina Mahne, quien participa por primera vez del evento con su libro ¡Sí, quiero! (A mi wedding planner) -una investigación periodística realizada hace diez años acerca del negocio de la organización de eventos-, considera que “esta feria es una oportunidad de que los lectores se encuentren con obras que ya no se comercializan, y para los autores implica el acceso a un público masivo y la chance de comercializar sus títulos de manera directa.” Y agrega: “Me parece valiosa la propuesta en momentos en que vemos que, por ejemplo, en España las editoriales destruyen colecciones completas. De este modo estamos propiciando un nuevo circuito de comercialización, sin afectar a los actores tradicionales porque son volúmenes que ya no se venden en librerías.”
Así lo entiende también Alejandro Wall, quien fue uno de los escritores invitados a participar de la primera edición por los mismos organizadores, con sus libros ¡Academia, carajo! y El último Maradona (en coautoría con Andrés Burgo): “Fue muy lindo lo que se generó también con el resto de los autores y autoras. Porque además de poner la venta libre, hubieron muchos intercambios entre nosotros: de ideas, de libros, de conversaciones, de conocer gente. Así que eso es lo interesante de esto y lo interesante de que se pueda mantener y repetirse antes de que termine el año.”
Para Carlos Ulanovsky, una de las figuras más importantes que participa de la Feria Autores y Bodegas, la iniciativa también es “muy buena y útil. Nos permite a los autores cuyos libros han sido descatalogados, saldados o amenazados de ser convertidos en pulpa de papel, presentarlos y ofrecerlos en una modalidad muy del autor al lector y a precios amigables.” Él estará con libros de su autoría como Días de radio, Estamos en el aire y Paren las rotativas.
El valor de las obras que son vendidas en el marco de la feria es decidido por los mismos autores; y éstos también conservan lo recaudado por las ventas de sus ejemplares. Esto está en relación con lo que ganan los escritores por derechos de autor: “Se calcula que el autor cobra un 10% por cada libro vendido. Si el libro, hoy, vale 900 pesos, el autor se queda con 90. Ese dinero se liquida semestralmente, aunque en los últimos años por las crisis esos plazos se hicieron un poco más flexibles y en algunos casos el autor recibe una sola liquidación en el año. En general, salvo que sea un milagro, las liquidaciones nunca conforman a los autores”, explica Ulanovsky, dando el panorama de lo que puede esperar un escritor dentro del mercado editorial y una nueva dimensión de lo que significa esta feria para los mismos autores.
En ese sentido, Wall considera que la instancia que se generó de escritores autoconvocados -durante la primera edición de la feria y, en mayor medida, lo que sucederá el fin de semana del 7 y 8 de diciembre- es muy interesante: “Vivir de los libros es algo muy difícil, incluso para los que venden muy bien. Me parece que lo más interesante que sucedió en el último tiempo, en lo que se podría llamar ‘mercado’, es que puedan juntarse para pensar desde el lugar del autor y la autora los derechos que tenemos, que no son solamente los derechos por regalías o derechos de autor, sino también de que esto forma parte de un trabajo y quizás se necesiten otras reivindicaciones. Y después la autogestión, que siempre es un lugar interesante.”
Los escritores esperan una amplia convocatoria de público para la feria que contará con libros de diferentes géneros: ficción, poesía, periodismo, deporte, humor gráfico y fotografía. Entre otros títulos (aparte de los nombrados anteriormente) estarán Trimarco, la mujer que lucha por todas las mujeres y Amalita, la biografía, de Soledad Vallejos (el último en coautoría con Marina Abiuso). También se podrán comprar La increíble aventura del ERP en los cerros tucumanos, de Daniel Gutman, Un mundo con drogas, de Emiliano Ruchansky, Argenpapers, de Tomás Lukin y Vicentico y Pequeños fracasos, de Eduardo Fabregat,
El panorama de la industria editorial es complejo, y los distintos tipos de feria que proliferan suponen formas de paliar la situación. “El presente es complicadísimo, y el futuro se avizora igual por varios motivos que exceden a la crisis económica: también hay cambios en los hábitos de consumo. Los libros siguen teniendo un público fiel pero en todo el mundo las librerías cierran o se achican, y se ven obligadas a buscar formatos originales de comercialización”, explica Cristina Mahne. La Feria Autores y Bodegas se presenta como una de estas alternativas
“Falta de personal”. Eso es lo que alegó la jueza federal de Tierra del Fuego Mariel Borruto, tras suspender las indagatorias en las que debían rendir cuentas 18 militares de las Fuerzas Armadas denunciados por cometer crímenes de Lesa Humanidad contra los soldados que lucharon en la Guerra de Malvinas, a 11 años del inicio de la causa.
Hugo Robert, ex combatiente y presidente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM), repone el momento en el que Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos de la institución, le informó acerca de esta resolución: “Estábamos esperanzados desde que se habían enunciado las fechas de las indagatorias dictadas por el anterior juez, el doctor Calvete. Pensábamos que la jueza Borruto, de quien teníamos buenas referencias respecto a temas de Derechos Humanos, iba a dar mayor celeridad a la causa. Ésta fue una muy mala noticia. Pero el CECIM está acostumbrado a reponerse de los golpes de tanta injusticia desde hace 37 años.”
Los militares están acusados de actos detortura tales comoestaqueamientos, inmersión de soldados desnudos en agua helada, enterramiento de sus cuerpos hasta el cuello, picanas con teléfonos de campaña, golpes, violencia sexual y discriminación racial. “En todos los años que tiene la causa se ha discutido muchísimo sobre diferentes cosas. Por ejemplo, la calificación y el derecho, pero lo que nadie ha puesto en discusión es que se cometieron torturas y todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de investigar y llevar la causa a juzgamiento, con lo cual, no puede haber ningún tipo de argumento para frenar el proceso de Verdad y Justicia. El CECIM La Plata cree y afirma con convicción que son crímenes de lesa humanidad las torturas cometidas en Malvinas”, expresó Jerónimo Guerrero Iraola, uno de los representantes legales del organismo.
“Creemos que ha habido una gran presión del lobby militar y que este retardo de Justicia se parece mucho a la impunidad. La jueza va a tener que entender, en algún momento, que no se puede ocultar el pasado. ¿Cuánto tiempo piensa, la doctora Borruto, que los torturados en Malvinas pueden seguir esperando un poco de justicia? Es inadmisible lo que está pasando. Creemos en la razonabilidad de la jueza y en la necesidad, después de 37 años, de tener una bocanada de Justicia para quienes, pacientemente y bajo el imperio de la ley, están esperando, al menos, que los acusados le digan a la jueza por qué torturaron a soldados en la guerra. Entonces es cuando nos preguntamos, ¿cuánto tiempo más van a ocultar lo que pasó en Malvinas?”, arremete Robert entre aires de resignación y esperanza.
En menos de 30 días los excombatientes saborearon una victoria y la vieron esfumarse. Tras recibir la ansiada notificación por parte del Juzgado Federal de Río Grande de que se llevarían a cabo las indagatorias los días 27, 28 de junio y 1, 2, 3 y 4 de julio, donde los militares denunciados por estas graves violaciones a los derechos humanos deberían sentarse en el banquillo de los acusados -para rendir explicaciones y que un juez de la Nación les lea los delitos por los que se encuentran siendo investigados- llegó el lunes 27 de mayo la suspensión de las indagatorias sin especificar una próxima fecha. En respuesta a esta suspensión, los letrados y el secretario de Derechos Humanos viajarán este viernes a Tierra del Fuego para tener una reunión con la jueza Borruto. Estarán acompañados también por quienes se han constituido como querellantes en la causa, la Comisión Provincial por la Memoria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
La jueza adjudicó dicha decisión a la falta de recursos que exige la trascendencia y complejidad de la causa, por lo que solicita la creación de una secretaría específica debido a la repercusión que puede llegar a alcanzar el caso.
“Cuando mi sueño de una patria justa y soberana se ponía en marcha, tres palabras derrumbaron mis construcciones al respecto: ‘Falta de personal’. Imposible creer que son las razones que se interponen entre la mentira y la verdad, difícil comprender que de un día para el otro cambiaron las condiciones en su juzgado, en el cual lleva mucho tiempo trabajando como para que no se pueda concretar el llamado a indagatoria para dar explicaciones sobre los hechos por los que se los denuncia”, enuncia Silvio Katz, excombatiente, denunciante y parte del CECIM, que encarna en primera persona el comunicado oficial del centro que ha sido publicado en sus redes sociales.
Parecería que la impunidad ha ganado un capítulo más en esta historia. Los soldados de Malvinas, y su causa por la verdad y justicia, deben afrontar otro golpe, entre tantos. La Guerra de Malvinas, a 37 años de su finalización, aún sigue siendo una herida abierta. Katz, interpelando directamente a la Jueza Federal desde su carta abierta, declaró: “Veo con inmenso dolor y enojo cómo los autores de tan traicionero acto festejan hoy la decisión que usted tomó, y en eso me baso para pedirle un gran favor: que dé un paso atrás, solo uno, que nos permita a todos los argentinos dar un gran paso adelante y que se cumplan los sueños de los bien nacidos y los que creemos en los derechos humanos: un país con Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía”.
La Justicia dio marcha atrás en la aplicación de un viejo decreto menemista que había aplicado Cambiemos.
Devolver las pensiones por discapacidad eliminadas por el gobierno desde 2016, de acuerdo a un viejo decreto menemista que no se aplicaba. Y suspender la resolución que generaba un engorroso circuito para demostrar ante las autoridades, en un plazo de 10 días, que se cumplían los requisitos para obtener aquellas. Esas son las consecuencias del fallo de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, ante el recurso de amparo que presentó la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI).
El pasado 15 de marzo, ese tribunal declaró inconstitucionales los artículos del Decreto 432/97 que imponen restrictivas condiciones para obtener una pensión por invalidez. También lo hizo con la Resolución 268/18 de la ANSeS, que fija un circuito administrativo de notificación ante la suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez, en la que el afectado posee 10 días para ofrecer las pruebas necesarias. De no cumplir este paso en tan poco tiempo, su pensión era dada de baja.
Ayer, en una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el presidente de REDI, Marcelo Betti, declaró: “Algo que caracteriza al colectivo de personas con discapacidad es su nivel de bajos ingresos consecuencia de la poca oferta genuina de trabajo tanto en el sector privado como en el público. Este último no cumple con la reglamentación de cupo laboral vigente que es del 4 por ciento. Por otro lado, es un colectivo que suele tener mayores gastos que el promedio de la población porque muchas personas necesitan algún tratamiento o incurren en gastos adicionales para el cuidado de su salud.”
Según datos preliminares elaborados por el INDEC a partir del estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, en Argentina hay 3.571.983 personas de seis años o más que padecen algún tipo de discapacidad, lo cual representa el 10,2 por ciento de la población total. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término discapacidad abarca las deficiencias entendidas como problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad -es decir, dificultades para ejecutar acciones o tareas- y las restricciones de la participación.
“Discapacitado es aquella persona que necesita distintas apoyaturas pedagógicas, sociales, económicas, culturales, para poder llevar adelante el normal desarrollo de su vida”, explica Andrea Finkelberg, psicopedagoga especialista en discapacidad y ex directora de la Escuela 508 para personas sordas e hipoacúsicas, ubicada en la localidad bonaerense de Sarandí. “Las pensiones que se han querido quitar –agrega- no son un beneficio que otorga el Estado. Son un derecho de las personas con discapacidad y por lo tanto tiene el Estado la obligación de proporcionarlo”.
Desde el 2016, el Ministerio de Desarrollo Social viene quitando arbitrariamente pensiones no contributivas por discapacidad y poniendo trabas burocráticas a la hora de acceder a ellas. La aplicación del decreto menemista de 1997 y la resolución del ANSeS que exige demostrar en 10 días que se cumplen los requisitos para tener la pensión (previo llamado obligatorio a una línea telefónica), forman parte del mismo proceso.
Marcelo Betti señala: “Esos menores ingresos y mayores gastos hacen que las personas con discapacidad sean uno de los colectivos más excluidos, vulnerados y al mismo tiempo invisibilizados por el común de la sociedad. El promedio de las personas con discapacidad está bajo la línea de pobreza, con necesidades muy significativas. En ese marco es que el Estado nacional comenzó con la quita indiscriminada de pensiones no contributivas”.
Varina Suleiman, abogada de REDI, agrega: “La sentencia declara que es inconstitucional la exigencia de pedir turno al 130 y saca a su vez una medida cautelar suspendiendo los efectos de esta resolución. Quien haya recibido una carta a documento que decía que debía iniciar ese trámite, ha quedado sin efecto. El Estado deberá sacar una resolución que sea respetuosa del debido proceso”, explicó.
Asimismo, las incompatibilidades, por las cuales las pensiones se darían de baja, se detallan en el Decreto N° 432/97 que exige, entre otras condiciones para poder acceder a una pensión por invalidez, que la persona no debe poseer bienes, ingresos o recursos que permitan su subsistencia ni tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. Tampoco debe encontrarse incapacitado de forma total y permanente, es decir, que su capacidad laboral se haya reducido en un 76 por ciento a causa de su invalidez. Se destaca que la sentencia baja ese porcentaje al 66%.
“Para que el fallo se cumpla se necesita presupuesto. A partir de la sentencia, las personas que perdieron sus pensiones en el 2016 por los recortes masivos y arbitrarios, tienen derecho al resarcimiento de esas pensiones. Si bien la Ley de Presupuesto Nacional ya está sancionada, el Jefe de Gabinete de Ministros tiene facultades para reasignar partidas presupuestarias y necesitamos que el Congreso respalde los derechos de las personas con discapacidad”, sostiene Suleiman y remarca: “Necesitamos hacer realidad esta sentencia y empoderar a las personas para que ningún otro gobierno liberal se las quiera llevar puestas”. ¿Cumplirá el fallo el Poder Ejecutivo?
