May 4, 2021 | Comunidad, Novedades
La causa por la desaparición y hundimiento del submarino ARA San Juan, la N° 17.379/17, engloba a varias otras, como la del espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes fallecidos, a cargo del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, otras por encubrimiento que apuntan al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad –que no avanzan–, y una tercera originada a partir de una presentación del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de fragata y víctima del naufragio.
“Se formó a través de un pedido de habeas corpus, mío y de otras personas, es la causa número 62.903 que está relacionada con el día después, con todo lo que tiene que ver con la búsqueda, el submarino y distintas cuestiones que se fueron acumulando”, explica Tagliapietra en diálogo con ANCCOM.
La “causa madre” comenzó cuando la Armada Argentina denunció el 17 de noviembre de 2017 ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes luego de perder el contacto.
“Actualmente se encuentra paralizada debido a que la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien todavía está al frente de la causa, intentó dos veces, en febrero y marzo de 2020, dar por terminada la investigación a nivel procesal, por entender que no queda más por hacer. Quería cerrarla y elevarla a juicio, así como está, a lo que nos opusimos. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (su instancia superior) estableció el 19 de noviembre pasado que la investigación debe continuar, ordenó a la jueza que realice las pericias que exigimos y que se investigue al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada almirante Marcelo Srur”, refiere Tagliapietra.
“Hoy en la causa hay cuatro imputados: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, y los capitanes de navío Héctor Alonso y Claudio Villamide (destituido por el Consejo General de Guerra). Mientras tanto, el capitán de corbeta Jorge Sulia, el contraalmirante (R) Eduardo Malchiodi y el capitán de navío José Marti Garro están con falta de mérito, porque la Cámara entendió que todavía no había prueba suficiente para procesarlos”, agrega.
Acampe de familiares de las víctimas en 2018.
Más allá de las acusaciones puntuales en su papel de querellantes, Tagliapietra y otros familiares han impulsado “un plan para trabajar científicamente, basado en los protocolos de acción de distintos países de América y Europa respecto de la investigación de accidentes e incidentes, tanto náuticos como aeronáuticos, para determinar las causales del hundimiento. La realidad es que aún no sabemos los motivos –afirma Tagliapietra–, lo que se trazó en estos más de tres años fueron diferentes hipótesis”.
Acerca de la denuncia y el pedido de juicio político contra la jueza Yáñez ante el Consejo de la Magistratura, aún en curso, realizado por la querella que representa, Tagliapietra sostiene: “Lo interpusimos por varios delitos. Por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, por arbitrariedad manifiesta, por la pérdida de la objetividad que requiere un juez federal, por entorpecimiento de la investigación y por encubrimiento. La Comisión de acusación intervino, analizó y determinó avanzar, por lo cual el año pasado solicitó que se citen a los primeros testigos que propusimos”.
Jorge Suárez, padre del cabo principal Germán Oscar Suárez, quien se desempeñaba como sonarista del ARA San Juan, también es crítico de la jueza de Caleta Olivia: «Tenía 65 mil fotos sacadas en cuadros, en mosaicos, jamás las utilizó, quiso cerrar la causa endilgándole responsabilidades a segundos y apartando, sin ni siquiera citarlos, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que era Mauricio Macri, al ministro de Defensa Oscar Aguad y, una paradoja que es como una burla, también al jefe de la Armada».
La abogada Valeria Carreras, quien patrocina a otra querella –unificada a la de su colega Lorena Arias–, detalla que en la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia del 19 de noviembre de 2020 se hace lugar al pedido de periciar las imágenes tomadas por el barco Seabed Constructor, y que, en caso de ser fidedignas, se realice una reconstrucción 3D con la participación de expertos para determinar qué provocó el colapso.
Dolo eventual
Carreras señala que en octubre de 2019 solicitaron la imputación de Macri, Aguad y diez altos oficiales de la Armada (entre ellos su excomandante Marcelo Srur) “por homicidio con dolo eventual reiterado en 44 ocasiones”. “Ellos sabían que esto podía ocurrir, sin embargo, le restaron importancia y dieron la orden de zarpar –asegura la abogada–. La imputación la sostuvimos en base a tres pruebas: el estado deficiente y peligroso del submarino; la limitación de profundidad, es decir que a más de 100 metros no se podía sumergir, y la navegación anterior de julio de 2017 en donde les había pasado lo mismo, ingreso de agua al balcón de baterías y principio de incendio. Pero en esa ocasión lo pudieron arreglar porque el mar estaba calmo. Acá tenían una tormenta Mar 6, con olas de entre ocho y nueve metros, por lo que tuvieron que ir a una mayor profundidad, 40 metros, lo que provocó que algo fallara, perdieran la estabilidad y el submarino se viniera abajo”.
Un año y medio antes, en marzo de 2018, Tagliapietra había denunciado penalmente a Macri y Aguad por encubrimiento, causa que recayó en el Juzgado Federal de Caleta Olivia y todavía no avanzó demasiado. El 8 de noviembre de 2020, Carreras realizó su propia denuncia por encubrimiento en los tribunales federales de Comodoro Py, que quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, tomando como prueba las declaraciones del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo durante las audiencias llevadas a cabo el 29, 30 y 31 de octubre de ese año ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Claudio Rodríguez, hermano del suboficial principal y jefe de máquinas Hernán Ramón Rodríguez, fue uno de los impulsores, junto al diputado Guillermo Carmona y la senadora Anabel Fernández Sagasti, de la Comisión Bicameral investigadora sobre el ARA San Juan (creada por la ley N° 27.433). Según declara, su hermano estaba muy preocupado ya que el submarino llevaba más 40 meses sin ir a dique seco a revisación general –cuando el protocolo indicaba que debía hacerlo cada 18–, después de la reparación de media vida en 2014.
Rodríguez recuerda que luego de la navegación de junio de 2017, de la cual tuvieron que regresar antes de tiempo, habló con su hermano en octubre, antes de que salieran para Ushuaia: “¿Cómo andás?”, le preguntó. “Mal –le respondió Hernán–, nos mandan 40 días a navegar y ‘el fierro’ no está para tantos días, no sé qué les pasa a los jefes”, relató. “Le pedí que se bajara, ‘Bajate Hernán’, le decía, ‘bajate, bajate, bajate’”, recordó Claudio. “No, si me bajo, ¿quién va a hacer las cosas? Los chicos son nuevos, yo soy el que sabe”, le contestó Hernán. “En dos oportunidades había sacado el submarino a flote, se le había quedado, estaban tirados, varados en el suelo, y él lo sacó adelante. Era un tipo muy capaz y era un titán”, sostiene Claudio.
Miguel Ángel Toconás, hermano del suboficial segundo Mario Armando Toconás, quien se desempeñaba en el área de armas submarinas, dice que cuando todo comenzó percibieron muchas irregularidades de parte de la Armada. “El capitán de navío Enrique Balbi hablaba a la prensa a nivel nacional y a nosotros el jefe de la Base Naval de Mar del Plata, que era el contraalmirante Gabriel González, nos daba los partes y novedades. Cuando los escuchábamos notábamos cómo se pisaban entre ellos, no había concordancia entre lo que decía uno y el otro, entonces eso nos generaba dudas. A mediados de diciembre de 2017, González pidió el retiro y nos reveló que fue obligado a mentirnos, que no decía la verdad porque los jefes se lo ordenaban, que le hacían llegar por escrito qué era lo que tenía que decirnos”, evoca Toconás.
“Viendo estas incongruencias y hablando entre los familiares, decidimos buscar información entre los objetos personales de los chicos. Fuimos a la casa de mi hermano y con mi cuñada accedimos a su computadora. Encontramos varias anotaciones de Mario, un listadito, él siempre andaba con una libreta donde consignaba todo lo que iba surgiendo, las imperfecciones, los faltantes o cosas que había que reparar. Registraba todo y cuando llegaba a su casa le sacaba foto con el celular y después las guardaba en la computadora. En las anotaciones, figuraba que había faltantes de máscaras para respirar, tornillos, elementos de rescate y otros elementos vencidos. También tenía mucha información relativa al territorio nacional, sobre todo del sector que limitaba con las Islas Malvinas”, agrega.
Reclamos de familiares frente a la Casa Rosada en 2018.
Jorge Suárez subraya las advertencias que existieron y fueron desoídas, como la de abril de 2017 formulada por la Comisión de Defensa de Diputados, a través del expediente 101, foja 500, en la que exhorta a la Armada para que envíe a dique seco al ARA San Juan, según lo establecía el manual, algo que no hicieron. “En 2016, el entonces Procurador General de Inspección de la Armada le manifiesta al ex jefe de la fuerza, almirante Marcelo Srur, que el submarino ya no podía navegar más. A principios de 2017 pasaron a retiro al inspector general”, señala Suárez.
“Antes de tener los eventos del 15 de noviembre (fecha de la desaparición), habían tenido otros seis y los muchachos lograron sacarlo a flote, una vez el ARA San Juan había quedado en forma vertical, ellos son los únicos en el mundo que pudieron salir de esa posición en un submarino, estaban calificados al cien por ciento, pero en el último no pudieron. Los mandaron a una misión con la nave sin reparar desde hacía 45 meses y una de las roturas era en el snorkel –que según Suárez estaba en un listado para reparación y no lo arreglaron–, donde entraba agua, lo sabían perfectamente y todos estos informes estaban en el escritorio de Aguad y de Macri”.
«La gente de la Armada certificó que se encontraba en perfecto estado, pero los chicos pedían auxilio y no les contestaban. Si yo hubiera sabido lo habría llamado por teléfono a Ushuaia a mi hijo diciéndole que no salga, que se baje. Mis otros hijos, por lealtad entre hermanos, no me contaron nada, pero él les decía ‘en cualquier momento nos hundimos porque los jefes se roban todo lo del ARA San Juan'», denuncia Suárez.
En medio de esta maraña judicial, en la que la verdad todavía no sale a la luz, también se encuentra la causa N° 8.559/2020 por espionaje ilegal a los familiares. “La Cámara Federal de Mar del Plata entendió el 6 de abril pasado que como la investigación la había iniciado el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, él debe continuarla”, precisa Tagliapietra. Por su parte, la abogada Valeria Carreras detalla que «la Agencia Federal de Inteligencia encontró de casualidad unos discos rígidos con información que probaba que les habían hecho espionaje ilegal a las viudas de los tripulantes».
Jorge Suárez también padeció el espionaje. “Me borraron el wasap de mi hijo, la voz de mi hijo, a mí y a toda mi familia nos espiaron y tenemos entendido que recibía los informes personalmente Macri», dispara. Claudio Rodríguez recuerda con indignación que, en 2017, tanto Macri como Aguad “no tenían idea de lo que estaba pasando, no les interesó”. “Lo vimos nosotros en la charla que tuvimos con Macri cuando fuimos a verlo. Estábamos desesperados buscándolo, y él estaba jugando al golf en el Sheraton, y enfrente estaban los familiares llorando tirados”, afirma.
«Cuando terminó el operativo de búsqueda y rescate SAR (en inglés, Search and Rescue), comenzaron a irse las flotas extranjeras que habían venido a brindar su colaboración. La embarcación rusa Yantar fue la última en volver, en marzo de 2018, debido a que la Armada Argentina no los dejaba buscar en otro sector. Al saber esto, pedimos la contratación de una empresa que se abocara a la búsqueda. Pero el Gobierno nunca quiso, siempre puso excusas. Antes de que ellos buscaran, nosotros ya le habíamos hecho un listado de las empresas que tenían los equipos necesarios. Como veíamos que no querían contratar ninguna, decidimos ir a Plaza de Mayo«, cuenta Miguel Toconás.
«Aguad contrató a la empresa Igeotest –puntualiza Carreras–, a la que impugnamos y denunciamos a los que habían querido elegirla porque estaba manejada por un ex miembro de la Armada, no tenía los papeles en regla y solamente se dedicaba a tubos petroleros».
Posteriormente, Luis Tagliapietra formó parte de la búsqueda a bordo del Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity. “Fue un sacrificio muy importante. Primero no quise, sentía que tenía que estar atento a la justicia porque en aquel momento ya percibía que las cosas estaban mal. Pero como tuvimos que acampar dos meses en Plaza de Mayo para conseguir la contratación y que busquen a los chicos y la Armada misma, a través de su jefe en aquel momento, José Luis Villán, me pidió que me sumara en la redacción del pliego de contratación para garantizar la transparencia, lo hice, con todo el desgaste que eso significó. Los propios familiares me pidieron que fuera de observador, así que también quise respetar eso. Jamás me imaginé que iba a estar tres meses fuera de casa. Con la tecnología del Ocean Infinity, especulábamos que en unos días los encontrábamos. Estando ahí, viendo lo duro que es el océano y lo complejo de la búsqueda y del fondo del mar, no solamente controlábamos cómo se desarrollaban las actividades en el agua, sino que también íbamos a los laboratorios donde analizaban las imágenes recogidas. Fue duro porque íbamos a buscarlos, queríamos encontrarlos, y a la vez, cuando los encontramos, fue un baldazo de agua fría. Fue tomar consciencia de la peor de las situaciones que, si bien inconscientemente o conscientemente ya sabíamos por el tiempo que había pasado, verlo fue muy fuerte”.
A tres años y medio del hundimiento del ARA San Juan y todavía sin un debate oral y público a la vista, Claudio Rodríguez sintetiza el reclamo de los familiares de las víctimas: «Queremos llegar a una instancia de justicia, poder decir que hicimos justicia por los chicos”.
Mar 22, 2019 | Comunidad, Novedades
La Justicia dio marcha atrás en la aplicación de un viejo decreto menemista que había aplicado Cambiemos.
Devolver las pensiones por discapacidad eliminadas por el gobierno desde 2016, de acuerdo a un viejo decreto menemista que no se aplicaba. Y suspender la resolución que generaba un engorroso circuito para demostrar ante las autoridades, en un plazo de 10 días, que se cumplían los requisitos para obtener aquellas. Esas son las consecuencias del fallo de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, ante el recurso de amparo que presentó la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI).
El pasado 15 de marzo, ese tribunal declaró inconstitucionales los artículos del Decreto 432/97 que imponen restrictivas condiciones para obtener una pensión por invalidez. También lo hizo con la Resolución 268/18 de la ANSeS, que fija un circuito administrativo de notificación ante la suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez, en la que el afectado posee 10 días para ofrecer las pruebas necesarias. De no cumplir este paso en tan poco tiempo, su pensión era dada de baja.
Ayer, en una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el presidente de REDI, Marcelo Betti, declaró: “Algo que caracteriza al colectivo de personas con discapacidad es su nivel de bajos ingresos consecuencia de la poca oferta genuina de trabajo tanto en el sector privado como en el público. Este último no cumple con la reglamentación de cupo laboral vigente que es del 4 por ciento. Por otro lado, es un colectivo que suele tener mayores gastos que el promedio de la población porque muchas personas necesitan algún tratamiento o incurren en gastos adicionales para el cuidado de su salud.”
Según datos preliminares elaborados por el INDEC a partir del estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, en Argentina hay 3.571.983 personas de seis años o más que padecen algún tipo de discapacidad, lo cual representa el 10,2 por ciento de la población total. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término discapacidad abarca las deficiencias entendidas como problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad -es decir, dificultades para ejecutar acciones o tareas- y las restricciones de la participación.
“Discapacitado es aquella persona que necesita distintas apoyaturas pedagógicas, sociales, económicas, culturales, para poder llevar adelante el normal desarrollo de su vida”, explica Andrea Finkelberg, psicopedagoga especialista en discapacidad y ex directora de la Escuela 508 para personas sordas e hipoacúsicas, ubicada en la localidad bonaerense de Sarandí. “Las pensiones que se han querido quitar –agrega- no son un beneficio que otorga el Estado. Son un derecho de las personas con discapacidad y por lo tanto tiene el Estado la obligación de proporcionarlo”.
Desde el 2016, el Ministerio de Desarrollo Social viene quitando arbitrariamente pensiones no contributivas por discapacidad y poniendo trabas burocráticas a la hora de acceder a ellas. La aplicación del decreto menemista de 1997 y la resolución del ANSeS que exige demostrar en 10 días que se cumplen los requisitos para tener la pensión (previo llamado obligatorio a una línea telefónica), forman parte del mismo proceso.
Marcelo Betti señala: “Esos menores ingresos y mayores gastos hacen que las personas con discapacidad sean uno de los colectivos más excluidos, vulnerados y al mismo tiempo invisibilizados por el común de la sociedad. El promedio de las personas con discapacidad está bajo la línea de pobreza, con necesidades muy significativas. En ese marco es que el Estado nacional comenzó con la quita indiscriminada de pensiones no contributivas”.
Varina Suleiman, abogada de REDI, agrega: “La sentencia declara que es inconstitucional la exigencia de pedir turno al 130 y saca a su vez una medida cautelar suspendiendo los efectos de esta resolución. Quien haya recibido una carta a documento que decía que debía iniciar ese trámite, ha quedado sin efecto. El Estado deberá sacar una resolución que sea respetuosa del debido proceso”, explicó.
Asimismo, las incompatibilidades, por las cuales las pensiones se darían de baja, se detallan en el Decreto N° 432/97 que exige, entre otras condiciones para poder acceder a una pensión por invalidez, que la persona no debe poseer bienes, ingresos o recursos que permitan su subsistencia ni tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. Tampoco debe encontrarse incapacitado de forma total y permanente, es decir, que su capacidad laboral se haya reducido en un 76 por ciento a causa de su invalidez. Se destaca que la sentencia baja ese porcentaje al 66%.
“Para que el fallo se cumpla se necesita presupuesto. A partir de la sentencia, las personas que perdieron sus pensiones en el 2016 por los recortes masivos y arbitrarios, tienen derecho al resarcimiento de esas pensiones. Si bien la Ley de Presupuesto Nacional ya está sancionada, el Jefe de Gabinete de Ministros tiene facultades para reasignar partidas presupuestarias y necesitamos que el Congreso respalde los derechos de las personas con discapacidad”, sostiene Suleiman y remarca: “Necesitamos hacer realidad esta sentencia y empoderar a las personas para que ningún otro gobierno liberal se las quiera llevar puestas”. ¿Cumplirá el fallo el Poder Ejecutivo?
Dic 26, 2018 | Novedades
“Fue una militancia de hormiga, una militancia transformadora”, afirma con orgullo y satisfacción Valeria Salech, presidenta de la ONG que protagonizó la lucha por la despenalización del cannabis medicinal en la Argentina. La referente acaba de publicar su primer libro, La Historia de Mamá Cultiva Argentina, en donde repasa la historia de la organización, delinea el perfil que adquirió y el proceso de militancia que describe como feminista.
“Me interesaba que haya bibliografía de lo que pasó; me decía a mí misma: ‘Me voy a olvidar de esto y nadie más lo sabe’”, confiesa la autora tras la presentación de su libro en la Legislatura porteña. Esta obra, que emociona desde los agradecimientos, nace de la necesidad de dejar registrado el proceso en el que un grupo de madres de niños con patologías severas junto a cultivadores solidarios se organizaron para exigir una ley que reconozca el uso y el autocultivo del cannabis medicinal.
La organización, que recibió el nombre Mamá Cultiva Argentina (MCA), fue oficialmente presentada el 7 de abril de 2016. Tiene como objetivo informar y promover el autocultivo y la legalización del cannabis medicinal como única forma de acceso a esta terapia.
-¿Qué perspectivas tiene respecto al libro?
Nosotras queríamos que todo el mundo sepa, que tengan esa opción y que la sigan teniendo para siempre. Que no nos quiten la opción de tener acceso a esta terapia de la manera que encontramos, que nos funciona y nos sirve. En esta carrera por informar vamos a seminarios, hacemos talleres y cursos. Tratamos de divulgar información. El libro es una herramienta más de construcción de sentido que no es el hegemónico en salud. Estamos tratando de naturalizar otra manera de acceder a la salud.
Salech asegura que esta otra forma de gestionar la salud implica un proceso de producción, en el que cuidador y enfermo forman parte, para ganar calidad de vida. Está basada en el autocultivo y requiere hacerse cargo. Hay que involucrarse, dedicarse y ocuparse, explica, porque sólo desde allí, desde el compromiso y el cuidado con el otro, con la planta y hasta con uno mismo, el tratamiento con cannabis medicinal funcionará. “El sólo hecho de ponerte a cultivar ya es terapéutico: para la cuidadora de la persona con la patología es sentir un poder que no sentiste nunca en tu vida –asevera-. El cultivo tiene ese poder. No nos hubiera pasado con la crotoxina, porque no está al alcance de nuestras manos conseguirla”.
El camino que MCA propone exige desobediencia, abandonar prejuicios; exige autovaloración y sobre todo valentía. Romper con la idea de que el médico tiene el saber absoluto y hacerse cargo de la situación, de apoderarse del saber de madre desvalorizado por un sistema patriarcal que se estructura con esas mismas madres como sostén en el seno de familias que sufren.
En el último capítulo de su libro comienza a ser recurrente el concepto de experiencia feminista. ¿En qué momento percibe que ese sería el perfil de la organización?
Cuando me colocaba frente a las reuniones de comisión en el Congreso, les diputades aliades me decían: hay que traer un médico, un científico, para convencerlos. Se me iba poniendo el espectro verde. Me iba dando cuenta de que lo nuestro venía por una corriente que era contrahegemónica. Para mí siempre que hay una desjerarquización es feminismo, estás yendo en contra de un modelo hegemónico. Empecé a pensar en la discapacidad como diversidad, sin darme cuenta planteaba las cosas desde ese lugar, y veía que cada vez era más feminista. Nosotras tuvimos que desobedecer todas las jerarquías: al médico, a la ley, al Estado. Y nos fue genial, entonces cada vez estoy más convencida. Hasta la planta es feminista. No se deja agarrar, estandarizar, encapsular, encasillar. Es libre.
¿Es perfeccionamiento?
Es docencia. La planta ejerce sobre vos una docencia, tiene que ver con la paciencia, la dedicación, la perseverancia, el amor; todo eso no lo aprendés en una farmacia. Tiene componentes que funcionan de manera distinta en cada persona. Son individuos complejos y nosotros también. No se puede estandarizar. No es “para párkinson tal cosa”, o “para fibromialgia, tal otra”: nos está enseñando eso también, porque diversifica, amplia y te desordena. Te interpela permanentemente. Es la planta, ella misma, una experiencia feminista.
La experiencia feminista que Salech articula en su libro con el autocultivo, la autogestión de la salud y el empoderamiento, tiene que ver con desvictimizarse como cuidadora de la persona que sufre y formar parte de su mejoría. Para asumir un poder que la mayoría suele delegar en la medicina tradicional que hoy resulta insuficiente para tantas personas. “Cuando vi que había madres que usaban cannabis para epilepsia o trastornos de sueño no me pareció tan descabellado –dice-. Al investigar descubrí que en otros países se usa hace muchos años, y me sentí una tarada. Porque hay una parte de la información que no tenés y no es justo. Me enojé. No te la ofrecen por razones económicas, conservadoras, políticas. Nunca se aborda el tema desde la salud; sentí que me estaban cagando y dije: ‘Dame una pancarta, esto se lo tengo que decir a todo el mundo’”.
La obra, si bien tiene un carácter histórico y bibliográfico, invita a practicar la empatía en cada página. Cada experiencia, con sus logros, es narrada desde el compromiso. Salech, que elige contar su historia junto a la de otras, es dueña de un discurso poderoso. De esos incuestionables. Esos que nacen con el dolor pero que crecen para fortalecer a muchos. Quizás sea, este discurso, la voz unificada del dolor de los que aún no tienen voz.
«El libro es una herramienta más de construcción de sentido que no es el hegemónico en salud. Estamos tratando de naturalizar otra manera de acceder a la salud», dijo Valeria Salech.
En tu libro describís una situación en la que parece que te tocó esta posición de referente. ¿Cómo convivís con este rol?
Con naturalidad. En el colegio era delegada, había que ser un poco política. Eso surgió naturalmente. Así que cuando estuve en esa situación de “Valeria, hablá vos”, dije: “¡Otra vez!” Me vino con el hardware (risas). Igual que el libro. Era “bueno, hay que contar lo que pasó”, y era importante contarlo tal cual fue, para que quede registro. Un grupo organizado de mujeres pudo lograr una ley que no es la que queríamos, pero pudo instalar un tema en la sociedad. Esto salió bien porque hay una necesidad, una no-respuesta del modelo médico de salud. No se puede ignorar. No deberíamos ser nosotras las que demos respuesta, debería ser el Estado, pero ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa? Es ridículo.
Desde que arrancó este camino, ¿en qué cambió?
Todo cambié. Soy otra persona. Soy y no. Siempre fui muy desobediente, rebelde. Hace poco me crucé con una profesora del secundario y me dijo: “Bueno Salech, veo que pudo canalizar toda esa energía que tenía”. Digamos que sigo siendo la misma. Cuando me senté a escribir me encontré conmigo, escribía un montón. Es como que la planta me trajo a mí. Pareciera que hubiera ido evolucionando, pero fui yendo para adentro hasta encontrar mi verdadero yo, que era esta mina comunicadora, desobediente, pero bien, con sustento y razones fundadas. Imaginate, ni Feinmann se puso en contra nuestro.
El uso del cannabis medicinal en la Argentina se aprobó el 29 de marzo de 2017. Pero el acceso aún es limitado e incierto. Un dato no menor es que la autoridad de aplicación de la Ley era el disuelto Ministerio de Salud. En tiempos donde el presupuesto nacional sufre recortes de derecha a izquierda, para las investigaciones en cannabis el gobierno destinaría tan solo un equivalente a 1.000 pesos por día.
En este marco, en el Hospital Garraham acaban de iniciarse ensayos clínicos con cannabis medicinal en niños con epilepsia refractaria. Mediante un comunicado institucional, MCA alentó la iniciativa, así como también resaltó lo insuficiente de esta acción.
Frente a esta situación desde MCA se posicionan como sujeto político, exigiéndole nuevamente al Estado que la ley estipule el autocultivo: debe ser legalizado. Para Salech la solución está al alcance de la mano, es sólo voluntad y decisión política, ya que tanto científicos como médicos se manifiestan a la espera de la habilitación legal para poder colaborar.
¿Cuáles son los objetivos a corto plazo? ¿Cómo sigue esta lucha?
Viene un año electoral, así que hay que aprovechar y seguir visibilizando. Todos los jugadores están arriba de la mesa: hay que ver cómo juegan. Nosotras estamos ahí, vamos a seguir estando. Lo peor para ellos es que somos cada vez más. Ofrecemos una capacitación en la que le damos a las familias lo que necesitan para autogestionar su salud. Hemos capacitado mucha gente, más de la que le gustaría a Patricia Bullrich. Hemos militado fuerte y la vamos a seguir militando. Y a medida que tengamos más estructura más vamos a capacitar. Porque es por ahí, de abajo para arriba. Es empoderarse para que ocurra. No es pedir un martillo. No, fabriquemos martillos. Vamos a romper con lo que no funciona. Esto no está funcionando porque hay gente que está sufriendo y es innecesario, porque es sencillo de resolver. Tenemos todos los recursos.
El camino de MCA está marcado por Salech, esta piba de barrio que comunica con claridad y amorosidad. Fanática de Huracán, mamá de Emiliano y de Ariadna, le puso el cuerpo a esta lucha. Segura, sonríe con frescura; empatiza, abraza y se presenta comprometida, política, combativa. Mujer, hija, mamá, esposa, líder, empoderada, feminista. En el barrio la llaman “la chica del cannabis”.
Mamá Cultiva Argentina, con Salech encabezando el ejército de voluntarios, está escribiendo la historia. Una historia que pretende cambiar una de las tantas caras de este sistema patriarcal, que por todos lados muestra represión.
Dic 3, 2018 | Comunidad, Novedades
En el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Más de una década después, en el año 2006, la misma institución aprobó un documento en el cual se establecía, entre otras cosas, al término personas con discapacidad como el pertinente para denominar a quienes tengan “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que (…) puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás”.
Estos antecedentes históricos, basados en un modelo social de inclusión con foco en los derechos humanos, fueron el punto de partida para que, a fines de 2017, el Gobierno firme el decreto 868/2017 que establecía la creación del Plan Nacional de Discapacidad. Pasado un año de ese hecho, ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo respecto de ese tema?
El documento garantizaba la implementación de políticas públicas reguladas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que, en conjunto con la participación activa de organizaciones no gubernamentales, permitieran la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad a la hora de insertarse en los diferentes sectores de la sociedad. No obstante, la actualidad muestra que la distancia entre el dicho y el hecho es cada vez más extensa.
“Después de un tiempo, nos fuimos dando cuenta que el plan era puro marketing, hay muy pocas iniciativas concretas por parte del Gobierno” afirma Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). En paralelo, Betti agrega que “el sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016. Las personas con discapacidad tienen un gasto mayor que el resto de la sociedad y su nivel de ingresos es muy bajo. Según un informe de la OIT, el 80 por ciento de quienes integran este colectivo son desempleados”.
“A la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas», dijo Martín Passini.
Si bien la desocupación es una de las problemáticas más lacerantes en el país a nivel general, la cuestión se agrava ante el incumplimiento de pautas dentro del mismo aparato estatal. En diálogo con ANCCOM, Martín Passini, miembro de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, explica que “el Estado tanto a nivel nacional como provincial está obligado a tener un cuatro por ciento de trabajadores con discapacidad en cada organismo, sin embargo hoy en día el cupo no llega al uno por ciento”.
Passini, quien también forma parte del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la misma provincia, asegura que “a la pobreza hay que agregarle la quita de las pensiones y la falta de respuesta gubernamental ante el pedido de pensiones nuevas. Además hubo una regresión ya que las pensiones se volvieron a regir de acuerdo a un decreto del año 1997 que se centra en los grados de invalidez de cada persona en particular y no en los problemas del entorno, oponiéndose a lo reglamentado por las Naciones Unidas en 2006”.
Otra de las premisas incluidas en el plan es el acceso a la educación, aunque lejos está de establecer prioridades o metodologías de aplicación específicas para los diferentes niveles. “La ANDIS no tiene relación con nosotros, nunca nos ha hecho participar. Las actividades que hacemos son junto a otras organizaciones y con el mínimo presupuesto posible” asegura Natalia Barroso, quien integra la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta (UNSA). En la misma línea opina Daniela Pérez Rangeon, licenciada en Trabajo Social e integrante de la CIPeD, quien entiende que “el recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena, hay que entender que no todos parten del mismo lugar ni tienen los mismos recursos”.
“El recorte presupuestario incide directamente en la accesibilidad de nuestros estudiantes e impide la inclusión plena», dijo Daniela Pérez Rangeon.
La ausencia del Estado se pone de relieve en casos como los del Cottolengo Don Orione, institución centenaria abocada a la asistencia de personas con discapacidad que en la actualidad sufre el embate del brutal ajuste. “Hay una conjunción de atraso de pagos y desactualización de aranceles que nos genera una incertidumbre permanente”, sostiene Beatriz Pérez, coordinadora del organismo. En consonancia, Pérez agrega que “están mintiendo respecto a la supuesta cancelación de la deuda, el último pago que recibimos corresponde al mes de junio. Por la falta de regulación no se están recibiendo prótesis ni medicamentos, además los transportes dejan de brindar servicios y eso es algo esencial ya que no contamos con vehículos adaptados a nivel público, incluso hay lugares que no tienen transporte”.
Precisamente la falta de movilidad es el principal conflicto que afronta Cecilia Watkins, ciudadana de Corrientes capital y tutora de su hermana María Graciela, quien tiene síndrome de Down. “Ella tiene PAMI como obra social y es un desastre, deberían pagar el instituto y el transporte pero no se hacen cargo de nada”, aclara. En la misma línea, Julieta Blayer, vicepresidenta de la Federación de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM), entiende que la situación es cada vez más apremiante. “Como mamá de una persona con discapacidad de 40 años considero que día a día hay menos posibilidades de que accedan a una mejor calidad de vida”, sostiene.
Según la línea argumental del Plan, la participación multisectorial es un pilar fundamental a la hora de generar políticas de inclusión. Sin embargo, Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), asegura que “la medida fue anunciada sin consulta previa ni posterior a los organismos especializados”. Tanto Passini como Betti coinciden también en cuanto a la unilateralidad en el armado del proyecto. Pese a esto, el presidente de REDI subraya que “más allá de intereses contrapuestos, la gravedad de la situación genera una homogeneización de los grupos a la hora de marchar y reclamar por nuestros derechos”. En tiempos turbulentos, consideran, la unión emerge como uno de los escasos remedios contra la incapacidad de quienes gobiernan.
“El sector es uno de los más afectados por el ajuste, ya que hay una quita paulatina de pensiones no contributivas desde 2016″, dijo Marcelo Betti.
Nov 28, 2018 | Novedades, Trabajo
Los Recuperadores Urbanos de la ciudad representan cerca de 5.300 trabajadores.
Los cartoneros formalizados y reconocidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como “Recuperadores Urbanos” se encuentran en proceso de reapertura de paritarias debido a la fuerte devaluación y la consecuente inflación de los últimos meses.
En la última movilización a Av. Martín García 346, edificio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, los funcionarios decidieron no responder al reclamo de los cartoneros, que se quejan, entre otras cosas, por la falta de atención. Como respuesta a esta omisión, las cooperativas han decidido no brindar la información que deben transmitir a las autoridades respecto a su trabajo. “Hemos decidido no mandar más información al gobierno. Venimos de la calle, de comer de la basura, y ahora nos tratan peor que la basura”, reclama Cristina Lescano, presidenta de la Cooperativa El Ceibo. “Nos piden que les enviemos información de nuestro trabajo pero no tenemos ni internet para hacerlo, yo tengo que hacer un excel desde el celular o ir a un cyber para enviárselos”, explica Daniela Montenegro, secretaria de la Cooperativa Cartoneros del Sur.
Los Recuperadores Urbanos de la ciudad representan cerca de 5.300 trabajadores y se encuentran agrupados en doce cooperativas que están integradas al servicio público de higiene urbana, junto a cinco empresas de recolección de basura y al Ente de Higiene Urbana (organismo público). Su labor principal es recolectar todo el material reciclable que se genera, lo cual representa en la actualidad 600 toneladas diarias.
Actualmente se recolectan 600 toneladas diarias de material reciclable.
Estos recuperadores perciben entre 6.500 y 11.600 pesos de remuneración salarial por sus tareas de recolección, transporte, clasificación y comercialización de los reciclables. Además, existe un plus de 4% por productividad, que se paga en función de la cantidad de material recolectado. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público es el organismo a cargo del pago de haberes y de la provisión y mantención de los uniformes, bolsones, carros, camiones y colectivos que se necesitan para que día a día miles de cartoneros puedan cumplir con su trabajo.
Ahora bien, la formalización de las condiciones de trabajo de los cartoneros no ha logrado llegar a las condiciones de cualquier trabajo en relación de dependencia. Todos los recuperadores se encuentran contratados bajo el régimen de monotributo y la carga del mismo pesa sobre el bolsillo de cada uno de ellos.
En lo que va del año, solo el monotributo aumentó un 28% y la inflación general de precios acumula cerca del 40%. A estos números se debe sumar que el valor de los reciclables permanece estancado. Desde las cooperativas de recuperadores urbanos informan que el único material que se incrementó fue el cartón, que pasó de 4 a 4,50 pesos por kilo. “Podríamos generar valor agregado a los reciclables que recolectamos si contáramos con enfardadoras, algunas cooperativas lo tienen, pero otras como la nuestra no”, informa Montenegro. “La suba del precio del combustible también nos afecta muchísimo, la plata que nos dan no se modificó, para miércoles o jueves ya se nos acaba y tenemos que reponer con plata nuestra. Lo mismo ocurre cuando hay que hacer reparaciones a los camiones, se viven rompiendo porque son flotas viejas”, amplía.
Los cartoneros son contratados bajo el régimen de monotributo, que aumentó un 28% este año.
Desde la posición oficial argumentan que el aumento salarial que ofrecen es la máxima posible, dado que ya han ejecutado un 82% del presupuesto aprobado para este 2018 y, según estimaciones, se llegará a ejecutar el 100%. Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguran que la situación de las cooperativas y recuperadores es algo fundamental, y por ello, para el próximo año se realizará reformas en el sector. En primer lugar, buscarán que los recuperadores urbanos pasen a ser recuperadores ambientales (RA), con lo que se busca mejorar las condiciones salariales y laborales, este pasaje impone que el salario mínimo sería de 11.600 pesos. En segundo lugar, intentarán cambiar los carros de los recuperadores por rutas de transporte nuevas, para esto se incorporarán 57 nuevos camiones de traslado.
Desde el sector de las cooperativas miran todas estas promesas con recelo, ya que no sería la primera vez que se acercan este tipo de propuestas. Mientras tanto, los ingresos de los recuperadores y los costos de las cooperativas no corresponden con el contexto económico actual.
El Gobierno promete mejorar las condiciones salariales y laborales. Por su parte, las cooperativas miran dichas promesas con recelo, ya que no sería la primera vez que se acercan este tipo de propuestas.
