La causa por la desaparición y hundimiento del submarino ARA San Juan, la N° 17.379/17, engloba a varias otras, como la del espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes fallecidos, a cargo del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, otras por encubrimiento que apuntan al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad –que no avanzan–, y una tercera originada a partir de una presentación del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de fragata y víctima del naufragio.
“Se formó a través de un pedido de habeas corpus, mío y de otras personas, es la causa número 62.903 que está relacionada con el día después, con todo lo que tiene que ver con la búsqueda, el submarino y distintas cuestiones que se fueron acumulando”, explica Tagliapietra en diálogo con ANCCOM.
La “causa madre” comenzó cuando la Armada Argentina denunció el 17 de noviembre de 2017 ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, la desaparición del ARA San Juan con sus 44 tripulantes luego de perder el contacto.
“Actualmente se encuentra paralizada debido a que la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien todavía está al frente de la causa, intentó dos veces, en febrero y marzo de 2020, dar por terminada la investigación a nivel procesal, por entender que no queda más por hacer. Quería cerrarla y elevarla a juicio, así como está, a lo que nos opusimos. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (su instancia superior) estableció el 19 de noviembre pasado que la investigación debe continuar, ordenó a la jueza que realice las pericias que exigimos y que se investigue al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Defensa Oscar Aguad y al exjefe de la Armada almirante Marcelo Srur”, refiere Tagliapietra.
“Hoy en la causa hay cuatro imputados: el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, y los capitanes de navío Héctor Alonso y Claudio Villamide (destituido por el Consejo General de Guerra). Mientras tanto, el capitán de corbeta Jorge Sulia, el contraalmirante (R) Eduardo Malchiodi y el capitán de navío José Marti Garro están con falta de mérito, porque la Cámara entendió que todavía no había prueba suficiente para procesarlos”, agrega.
Acampe de familiares de las víctimas en 2018.
Más allá de las acusaciones puntuales en su papel de querellantes, Tagliapietra y otros familiares han impulsado “un plan para trabajar científicamente, basado en los protocolos de acción de distintos países de América y Europa respecto de la investigación de accidentes e incidentes, tanto náuticos como aeronáuticos, para determinar las causales del hundimiento. La realidad es que aún no sabemos los motivos –afirma Tagliapietra–, lo que se trazó en estos más de tres años fueron diferentes hipótesis”.
Acerca de la denuncia y el pedido de juicio político contra la jueza Yáñez ante el Consejo de la Magistratura, aún en curso, realizado por la querella que representa, Tagliapietra sostiene: “Lo interpusimos por varios delitos. Por el incumplimiento de los deberes de funcionario público, por arbitrariedad manifiesta, por la pérdida de la objetividad que requiere un juez federal, por entorpecimiento de la investigación y por encubrimiento. La Comisión de acusación intervino, analizó y determinó avanzar, por lo cual el año pasado solicitó que se citen a los primeros testigos que propusimos”.
Jorge Suárez, padre del cabo principal Germán Oscar Suárez, quien se desempeñaba como sonarista del ARA San Juan, también es crítico de la jueza de Caleta Olivia: «Tenía 65 mil fotos sacadas en cuadros, en mosaicos, jamás las utilizó, quiso cerrar la causa endilgándole responsabilidades a segundos y apartando, sin ni siquiera citarlos, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que era Mauricio Macri, al ministro de Defensa Oscar Aguad y, una paradoja que es como una burla, también al jefe de la Armada».
La abogada Valeria Carreras, quien patrocina a otra querella –unificada a la de su colega Lorena Arias–, detalla que en la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia del 19 de noviembre de 2020 se hace lugar al pedido de periciar las imágenes tomadas por el barco Seabed Constructor, y que, en caso de ser fidedignas, se realice una reconstrucción 3D con la participación de expertos para determinar qué provocó el colapso.
Dolo eventual
Carreras señala que en octubre de 2019 solicitaron la imputación de Macri, Aguad y diez altos oficiales de la Armada (entre ellos su excomandante Marcelo Srur) “por homicidio con dolo eventual reiterado en 44 ocasiones”. “Ellos sabían que esto podía ocurrir, sin embargo, le restaron importancia y dieron la orden de zarpar –asegura la abogada–. La imputación la sostuvimos en base a tres pruebas: el estado deficiente y peligroso del submarino; la limitación de profundidad, es decir que a más de 100 metros no se podía sumergir, y la navegación anterior de julio de 2017 en donde les había pasado lo mismo, ingreso de agua al balcón de baterías y principio de incendio. Pero en esa ocasión lo pudieron arreglar porque el mar estaba calmo. Acá tenían una tormenta Mar 6, con olas de entre ocho y nueve metros, por lo que tuvieron que ir a una mayor profundidad, 40 metros, lo que provocó que algo fallara, perdieran la estabilidad y el submarino se viniera abajo”.
Un año y medio antes, en marzo de 2018, Tagliapietra había denunciado penalmente a Macri y Aguad por encubrimiento, causa que recayó en el Juzgado Federal de Caleta Olivia y todavía no avanzó demasiado. El 8 de noviembre de 2020, Carreras realizó su propia denuncia por encubrimiento en los tribunales federales de Comodoro Py, que quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, tomando como prueba las declaraciones del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo durante las audiencias llevadas a cabo el 29, 30 y 31 de octubre de ese año ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Claudio Rodríguez, hermano del suboficial principal y jefe de máquinas Hernán Ramón Rodríguez, fue uno de los impulsores, junto al diputado Guillermo Carmona y la senadora Anabel Fernández Sagasti, de la Comisión Bicameral investigadora sobre el ARA San Juan (creada por la ley N° 27.433). Según declara, su hermano estaba muy preocupado ya que el submarino llevaba más 40 meses sin ir a dique seco a revisación general –cuando el protocolo indicaba que debía hacerlo cada 18–, después de la reparación de media vida en 2014.
Rodríguez recuerda que luego de la navegación de junio de 2017, de la cual tuvieron que regresar antes de tiempo, habló con su hermano en octubre, antes de que salieran para Ushuaia: “¿Cómo andás?”, le preguntó. “Mal –le respondió Hernán–, nos mandan 40 días a navegar y ‘el fierro’ no está para tantos días, no sé qué les pasa a los jefes”, relató. “Le pedí que se bajara, ‘Bajate Hernán’, le decía, ‘bajate, bajate, bajate’”, recordó Claudio. “No, si me bajo, ¿quién va a hacer las cosas? Los chicos son nuevos, yo soy el que sabe”, le contestó Hernán. “En dos oportunidades había sacado el submarino a flote, se le había quedado, estaban tirados, varados en el suelo, y él lo sacó adelante. Era un tipo muy capaz y era un titán”, sostiene Claudio.
Miguel Ángel Toconás, hermano del suboficial segundo Mario Armando Toconás, quien se desempeñaba en el área de armas submarinas, dice que cuando todo comenzó percibieron muchas irregularidades de parte de la Armada. “El capitán de navío Enrique Balbi hablaba a la prensa a nivel nacional y a nosotros el jefe de la Base Naval de Mar del Plata, que era el contraalmirante Gabriel González, nos daba los partes y novedades. Cuando los escuchábamos notábamos cómo se pisaban entre ellos, no había concordancia entre lo que decía uno y el otro, entonces eso nos generaba dudas. A mediados de diciembre de 2017, González pidió el retiro y nos reveló que fue obligado a mentirnos, que no decía la verdad porque los jefes se lo ordenaban, que le hacían llegar por escrito qué era lo que tenía que decirnos”, evoca Toconás.
“Viendo estas incongruencias y hablando entre los familiares, decidimos buscar información entre los objetos personales de los chicos. Fuimos a la casa de mi hermano y con mi cuñada accedimos a su computadora. Encontramos varias anotaciones de Mario, un listadito, él siempre andaba con una libreta donde consignaba todo lo que iba surgiendo, las imperfecciones, los faltantes o cosas que había que reparar. Registraba todo y cuando llegaba a su casa le sacaba foto con el celular y después las guardaba en la computadora. En las anotaciones, figuraba que había faltantes de máscaras para respirar, tornillos, elementos de rescate y otros elementos vencidos. También tenía mucha información relativa al territorio nacional, sobre todo del sector que limitaba con las Islas Malvinas”, agrega.
Reclamos de familiares frente a la Casa Rosada en 2018.
Jorge Suárez subraya las advertencias que existieron y fueron desoídas, como la de abril de 2017 formulada por la Comisión de Defensa de Diputados, a través del expediente 101, foja 500, en la que exhorta a la Armada para que envíe a dique seco al ARA San Juan, según lo establecía el manual, algo que no hicieron. “En 2016, el entonces Procurador General de Inspección de la Armada le manifiesta al ex jefe de la fuerza, almirante Marcelo Srur, que el submarino ya no podía navegar más. A principios de 2017 pasaron a retiro al inspector general”, señala Suárez.
“Antes de tener los eventos del 15 de noviembre (fecha de la desaparición), habían tenido otros seis y los muchachos lograron sacarlo a flote, una vez el ARA San Juan había quedado en forma vertical, ellos son los únicos en el mundo que pudieron salir de esa posición en un submarino, estaban calificados al cien por ciento, pero en el último no pudieron. Los mandaron a una misión con la nave sin reparar desde hacía 45 meses y una de las roturas era en el snorkel –que según Suárez estaba en un listado para reparación y no lo arreglaron–, donde entraba agua, lo sabían perfectamente y todos estos informes estaban en el escritorio de Aguad y de Macri”.
«La gente de la Armada certificó que se encontraba en perfecto estado, pero los chicos pedían auxilio y no les contestaban. Si yo hubiera sabido lo habría llamado por teléfono a Ushuaia a mi hijo diciéndole que no salga, que se baje. Mis otros hijos, por lealtad entre hermanos, no me contaron nada, pero él les decía ‘en cualquier momento nos hundimos porque los jefes se roban todo lo del ARA San Juan'», denuncia Suárez.
En medio de esta maraña judicial, en la que la verdad todavía no sale a la luz, también se encuentra la causa N° 8.559/2020 por espionaje ilegal a los familiares. “La Cámara Federal de Mar del Plata entendió el 6 de abril pasado que como la investigación la había iniciado el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, él debe continuarla”, precisa Tagliapietra. Por su parte, la abogada Valeria Carreras detalla que «la Agencia Federal de Inteligencia encontró de casualidad unos discos rígidos con información que probaba que les habían hecho espionaje ilegal a las viudas de los tripulantes».
Jorge Suárez también padeció el espionaje. “Me borraron el wasap de mi hijo, la voz de mi hijo, a mí y a toda mi familia nos espiaron y tenemos entendido que recibía los informes personalmente Macri», dispara. Claudio Rodríguez recuerda con indignación que, en 2017, tanto Macri como Aguad “no tenían idea de lo que estaba pasando, no les interesó”. “Lo vimos nosotros en la charla que tuvimos con Macri cuando fuimos a verlo. Estábamos desesperados buscándolo, y él estaba jugando al golf en el Sheraton, y enfrente estaban los familiares llorando tirados”, afirma.
«Cuando terminó el operativo de búsqueda y rescate SAR (en inglés, Search and Rescue), comenzaron a irse las flotas extranjeras que habían venido a brindar su colaboración. La embarcación rusa Yantar fue la última en volver, en marzo de 2018, debido a que la Armada Argentina no los dejaba buscar en otro sector. Al saber esto, pedimos la contratación de una empresa que se abocara a la búsqueda. Pero el Gobierno nunca quiso, siempre puso excusas. Antes de que ellos buscaran, nosotros ya le habíamos hecho un listado de las empresas que tenían los equipos necesarios. Como veíamos que no querían contratar ninguna, decidimos ir a Plaza de Mayo«, cuenta Miguel Toconás.
«Aguad contrató a la empresa Igeotest –puntualiza Carreras–, a la que impugnamos y denunciamos a los que habían querido elegirla porque estaba manejada por un ex miembro de la Armada, no tenía los papeles en regla y solamente se dedicaba a tubos petroleros».
Posteriormente, Luis Tagliapietra formó parte de la búsqueda a bordo del Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity. “Fue un sacrificio muy importante. Primero no quise, sentía que tenía que estar atento a la justicia porque en aquel momento ya percibía que las cosas estaban mal. Pero como tuvimos que acampar dos meses en Plaza de Mayo para conseguir la contratación y que busquen a los chicos y la Armada misma, a través de su jefe en aquel momento, José Luis Villán, me pidió que me sumara en la redacción del pliego de contratación para garantizar la transparencia, lo hice, con todo el desgaste que eso significó. Los propios familiares me pidieron que fuera de observador, así que también quise respetar eso. Jamás me imaginé que iba a estar tres meses fuera de casa. Con la tecnología del Ocean Infinity, especulábamos que en unos días los encontrábamos. Estando ahí, viendo lo duro que es el océano y lo complejo de la búsqueda y del fondo del mar, no solamente controlábamos cómo se desarrollaban las actividades en el agua, sino que también íbamos a los laboratorios donde analizaban las imágenes recogidas. Fue duro porque íbamos a buscarlos, queríamos encontrarlos, y a la vez, cuando los encontramos, fue un baldazo de agua fría. Fue tomar consciencia de la peor de las situaciones que, si bien inconscientemente o conscientemente ya sabíamos por el tiempo que había pasado, verlo fue muy fuerte”.
A tres años y medio del hundimiento del ARA San Juan y todavía sin un debate oral y público a la vista, Claudio Rodríguez sintetiza el reclamo de los familiares de las víctimas: «Queremos llegar a una instancia de justicia, poder decir que hicimos justicia por los chicos”.