Ene 31, 2019 | Culturas, Novedades
La vigorosidad sobre la discusión en torno a la relación Iglesia con el Estado se vio incentivada por el impacto social que alcanzó el debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el año pasado y la efervescencia del movimiento de mujeres a nivel nacional. Durante la primera sesión informativa del año pasado en Cámara Baja, el actual Jefe de Gabinete, Marcos Peña se vio sorprendido por una pregunta de Carla Carrizo, diputada del bloque Evolución Radical, quien sostuvo: “Quisiera plantear un poco la equidad de culto en la Argentina y garantizar la pluralidad de voces de todas las religiones en la escena pública democrática del país ¿Cuánto aporta el Estado en los sueldos de los funcionarios eclesiásticos?” El recinto se tornó silencioso. El Jefe de Gabinete afirmó que se destinan 130 millones 421 mil 300 pesos, percibiendo un obispo hasta 46 mil 800 pesos mensuales. La diputada levantó sus anteojos rápidamente y aseguró: “Cada uno de estos obispos gana lo que no gana ningún maestro argentino”. Desde el oficialismo resaltaron que el Estado está obligado por la Constitución Nacional a pagar esas sumas a la Iglesia, amparados en el artículo 2: “El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano” y aclararon que estas no representa ni un 7% del dinero de la Institución.
Con este planteo y, sobre todo, a partir del debate de la Ley IVE se desarrolló en Argentina la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado, que reclama un Estado laico y denuncia la influencia material y simbólica de la Iglesia católica en las decisiones de interés público.
En medio de la discusión, la 116 Asamblea Plenaria del Episcopado dio a conocer, en noviembre de 2018, la resolución por la cual la Iglesia renunciaría paulatinamente a este financiamiento estatal. Los obispos expresaron su voluntad de aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas que ponían lo suyo en común.
De las leyes que regulan el financiamiento de la Iglesia en la actualidad, tres fueron decretadas durante la última dictadura militar, sin modificarse ni derogarse durante los sucesivos gobiernos democráticos. La 21.950 establece que los miembros de la jerarquía eclesiástica reciban una asignación mensual equivalente al 80% de la que percibe un juez nacional de primera instancia. La ley 21.540 las define como vitalicias. La 22.162 le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar un sueldo a curas párrocos que vivan en zonas de frontera. La ley 22.950 crea un régimen de sostenimiento a la Iglesia Católica Apostólica Romana para promover la formación de sus ministros, que surjan de la población nativa. Por último, el Decreto Ley 22.430 instituye una asignación mensual vitalicia para sacerdotes seculares que hayan cumplido los 65 años o se hallaren incapacitados y que hubieran desarrollado su ministerio en el país por un lapso no menor a cinco años, recibiendo una asignación equivalente a una jubilación mínima.
Un estudio realizado recientemente por la Universidad de San Andrés reveló que un 74% de la población argentina conectada a Internet dijo estar «de acuerdo» acerca de la separación del Estado y la Iglesia, frente a un 18% que se mostró en desacuerdo. Considerando el nivel de religiosidad, el 86% de los no creyentes dijo estar de acuerdo con la campaña “Iglesia y estado, asunto separado”, al mismo tiempo que el 79% de los religiosos también estuvo de acuerdo.
Desde marzo de 2018 a la actualidad, varios fueron los proyectos de ley presentados por distintos partidos en torno a la temática. Las diferentes iniciativas coinciden en plantear la condición laica del Estado así como también de la educación pública, y buscan recortar el financiamiento a la Iglesia Católica. Para la diputada Carrizo se trata de que la Iglesia sea considerada “persona jurídica privada”, como el resto de las religiones. En cuanto a remuneraciones propuso asignarle el equivalente a la del profesor universitario concursado. A su vez, al igual que el proyecto presentado por el Frente para la Victoria (FPV), a cargo de la diputada Araceli Ferreyra, su propuesta busca prohibir la exhibición transitoria o permanente de imágenes, símbolos o cualquier objeto que remita a la práctica religiosa en todos los edificios y espacios públicos. Por otro lado, la dirigente del Partido Obrero, Romina del Plá, presentó otro proyecto orientado a derogar una ley de transferencia de tierras públicas al Obispado de San Justo. El diputado del PTS/FIT, Nicolás del Caño, junto a su compañera de banca Nathalia González Seligra, presentó una iniciativa para derogar los decretos de la dictadura y el Concordato entre la República Argentina y el Vaticano de 1966 (Ley 17032). Con el mismo objetivo lanzó su proyecto el diputado radical Alejandro Echegaray.
El mismo debate se desarrolla en la Legislatura porteña. En la audiencia pública desarrollada el 6 de septiembre de 2018, Gabriel Solano, legislador del Partido de Izquierda de los Trabajadores (FIT), presentó el proyecto de ley de mayor alcance, que busca poner fin a las exenciones impositivas establecidas en el Código Fiscal, anular las cesiones de tierras e inmuebles y eliminar los subsidios que reciben las entidades religiosas. En diálogo con este medio, el diputado explicó: “Presentamos esta iniciativa para colaborar con la lucha que están librando en las calles las mujeres y la juventud. La estrategia fue mostrar de qué modo se produce este entrelazamiento de intereses. Hicimos una investigación donde sacamos a la luz los impuestos que la Iglesia no paga, o la forma en la que se le entregaron decenas de propiedades. El accionar defensivo de la Institución Católica fue abrir una negociación con el Gobierno para cambiar la forma en la que el Estado paga los salarios de los obispos y curas de frontera”.
La Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado
Ya se había levantado del asiento que ocupaba hacía cincuenta minutos en la línea 98. Colocada frente a las puertas de descenso, apretaba fuertemente con su mano derecha un papel impreso doblado al medio, mientras que con la otra se sostenía del caño del colectivo. Llevaba una remera blanca de mangas cortas con la frase «Abajo el patriarcado», unos jeans ajustados y zapatillas deportivas negras. Su cabello rubio caía sobre sus hombros. En su muñeca derecha tenía amarrado un pañuelo naranja y en su mochila, uno verde. Llevaba puestos unos auriculares conectados a un mp3. Se dirigía hacia la Asamblea Abierta, organizada por los referentes de la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia y el Estado.
Taty Barranco, salteña, transfeminista, militante de género, diversidad sexual y derechos humanos, es la impulsora de la campaña. En diálogo con ANCCOM habló sobre su origen: “La campaña se inició antes de las elecciones legislativas por el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ese momento, aún no se hablaba al cien por ciento sobre cómo la Iglesia y sus dogmas religiosos y morales influyen en las decisiones políticas. Entonces pensé que era necesario y urgente que se cree un movimiento que pueda reflejar este palo en la rueda de la evolución y adquisición de derechos, que solamente le competen al Estado y no a la institución Iglesia.”
Para Barranco, el pañuelo naranja, emblema de la Campaña, es mucho más que una prenda: “Significa que lo que necesitamos y queremos es la real separación del Estado y la Iglesia: que el Estado sea laico, que no sea sólo teoría y que en la práctica se demuestre este descontento. También, que se deje de transferir millones de pesos a la institución año a año y que se le quiten los privilegios que tiene sobre otras religiones. Pero lo que más significa y deseamos es que haya un cambio sociocultural donde la primacía del dogma moral y religioso caiga.”
La Campaña es apartidaria y funciona en todo el país. Presentan un documento de adhesión donde las agrupaciones pueden acceder a él. A su vez, la acción tiende a ser conjunta y horizontal. “Estamos las veinticuatro horas en comunicación, coordinando acciones federales o provinciales. Nos ayudamos, alentamos, complementamos y cada acción se consensua e informa”, describe Barranco. También presenta comisiones especializadas: legales, género, comunicación, arte, militancia y finanzas. “En cada comisión tenemos profesionales que asesoran y ponen su tiempo por convicción a la campaña y esperamos que se sumen más”, termina de explicar Tatiana. Unas de las acciones más trascendentes llevadas a cabo en este último período por la Campaña son las invitaciones masivas a apostatar: “darse de baja de la Iglesia Católica.” Esto implica realizar un trámite, explicado paso por paso en la página oficial, que permite desbautizarse.
La postura de la Iglesia Católica
El cura Jorge Bazán, miembro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sostiene la legitimidad de la unión de la Iglesia con el Estado en la tradición y en el lugar hegemónico que la institución eclesiástica ha ocupado históricamente en la sociedad. “No hay dudas -asegura- de que las elites fundadoras del país asignaron a la Iglesia Romana un papel fundamental en la constitución del Estado Nación, sin embargo, el status jurídico que la diferencia del resto de los cultos suele pasar inadvertido. La Iglesia no sólo es reconocida por la Constitución Nacional como un Estado autónomo, sino que el Código Civil le asigna personería jurídica pública a diferencia de las demás religiones, reconocidas como personas jurídicas privadas”.
El funcionario eclesiástico niega la necesidad de equiparar la institucionalidad jurídica de la Iglesia Católica Apostólica Romana al del resto de las religiones ya que carecen del tamaño y la complejidad estructural que posee su credo. Según Bazán, “el problema es que otras Iglesias, como las Evangélicas, teórica y fácticamente no tienen la estructura de la Iglesia Católica. Por eso se dice que en Argentina hay diversidad religiosa pero no igualdad religiosa.”
Además, el culto católico se erige como la religión predominante, cuyo alcance real se observa fácilmente en la extensión de sus instituciones de carácter social. Con respecto al financiamiento estatal de la educación privada católica, Bazán argumenta que “el Estado debe subvencionar la educación, pero no necesariamente toda la educación tiene que ser del Estado. Este debe subvencionar la educación que los ciudadanos eligen para sus hijos”. Por otra parte, afirma que el Estado necesita de la guía moral de la Iglesia para obrar correctamente ya que sin su influencia en materia normativa, cualquier tipo de perversiones serían legalmente permitidas.
Sin embargo, esta no es la única postura del catolicismo frente al debate. Generalmente se tiende a construir una imagen simplista y homogénea de la Iglesia Católica que omite la existencia de contradicciones internas y diferentes corrientes de pensamiento al interior.
“Dentro del concepto ‘Iglesia Católica’ subsisten las Iglesias Ortodoxas, Nacionales y alta Iglesia Anglicana”, explicó el Monseñor Luis Bergonzi, representante de la Iglesia Católica Apostólica Argentina, una vertiente del catolicismo que se independizó de Roma en 1945. Esta corriente se ha posicionado históricamente a favor de la separación entre la Iglesia y el Estado ya que plantea que el reconocimiento de la igualdad jurídica de todas las religiones es fundamental para la construcción de una sociedad más justa.
Según Bergonzi, la mezcla entre política y religión se opone a la esencia misma de la Iglesia ya que “al recibir sueldos y prebendas por parte del Estado, en detrimento de las demás confesiones religiosas, la Iglesia Católica Romana cae en un acto de discriminación que en nuestro país está penado por la ley”. Por lo tanto, aseguró que “es necesaria una nueva ley de culto, democrática, consensuada y ecuánime, sin privilegio alguno para la Iglesia de Roma ni cualquier otra confesión.”
Un debate más complejo
La socióloga Verónica Giménez Béliveau plantea que no hay que perder de vista la complejidad del panorama al pensar la cuestión de la separación ya que “el catolicismo es un espacio complejo, plural y heterogéneo en el que conviven corrientes, instituciones, comunidades e individuos. Es decir, son objetos sociales diversos que tienen distintos niveles de institucionalidad y de relación con distintas esferas de actividad”. Estos espacios se articulan con una gama de instituciones sociales que incluyen desde escuelas parroquiales, hogares de ancianos y huérfanos hasta la distribución de alimentos en parroquias y capillas.
Por lo tanto, se distinguen dos funciones estatales que han sido históricamente delegadas a la Iglesia Católica: la educación y la acción social. “Al Estado le sale más barato subsidiar las escuelas privadas confesionales que crear unidades educativas nuevas”, explica Giménez Béliveau con respecto al ámbito educativo. Y agregó que sólo en la Ciudad de Buenos Aires el 47,3% de los niños asiste a escuelas privadas donde el 31,6% de la matrícula es confesional, de la que el 96% pertenece a instituciones católicas. Muchas de ellas son parroquiales y atienden a una población empobrecida o se establecen en zonas donde la educación estatal no llega.
Con respecto a la esfera de acción social, resaltó: “El Estado, tanto provincial como nacional, terceriza gran parte del trabajo de cuidados en institutos religiosos”. Por lo que se pregunta qué es lo que hay que separar y hasta dónde se debería plantear la separación.
La socióloga señala que el presupuesto estatal destinado a estas actividades es insignificante con respecto a su volumen real, tanto en términos de presupuesto estatal como en la forma en que las diócesis administran ese dinero. “La Secretaría de Culto destina 50 mil pesos por diócesis. Con esto no quiero decir que no sea necesaria la separación, sino que la cuestión de sostenimiento económico no puede ser un obstáculo para la separación”, agregó.
Por otro lado, el historiador Roberto Di Stefano explica que el desarrollo del debate en torno a la separación de la Iglesia del Estado en Argentina ha adquirido tintes pasionales que no han permitido sostener una discusión informada y racional acorde a la complejidad de la cuestión. Un eje clave que ha sido eliminado de todo debate es la pregunta por el tipo de laicidad que se desea instalar en el país. Di Stefano explicó que la laicidad está formada por dos elementos, por un lado la libertad de conciencia e igualdad de derechos que utiliza como herramienta la separación de la Iglesia y el Estado; y por otro lado la neutralidad del Estado con respecto a toda religión u otras filosofías de vida. Existen distintos tipos laicidad posibles: cerradas, abiertas, con Iglesia de Estado o con separación de la Iglesia y el Estado.
Di Stefano afirma que es posible la convivencia de la libertad de conciencia e igualdad de derechos con una Iglesia de Estado, pero que en Argentina la experiencia histórica exige una laicidad con un Estado autónomo. “Tenemos una historia en la que el catolicismo se ha propuesto, e incluso impuesto, como identidad religiosa vinculada a la identidad nacional de manera muy estrecha y eso ha servido para discriminar gente, para establecer desigualdades jurídicas, políticas o simbólicas”, explicó.
De todas formas, “no es un tema para tomar en términos de hinchadas de fútbol”, agregó en referencia a la tendencia a simplificar argumentos, “lo que me parece importante es sentarnos a debatir, informarnos y tener un debate público serio evitando ponernos camisetas y pensar críticamente.”
Ene 11, 2019 | Comunidad, Novedades
Con el lema “Basta de tarifazos” se realizó ayer la Marcha de Antorchas convocada por la CTA – Autónoma, la CTA de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional. A lo largo del día fueron varios los puntos de reunión elegidos por gremios y organizaciones. “Barrios de Pie” se movilizó desde el mediodía hacia la Secretaría de Energía e instaló una olla popular. En la avenida 9 de julio y Juan Domingo Perón, a las 18, se congregaron los trabajadores en lucha contra los despidos de Interpack, Siam y Pilkington. También se agruparon la gremial AGD (de docentes de la UBA), la Unión Ferroviaria Oeste y Sutna (trabajadores del neumático). La FUBA (junto con los Centros de Estudiantes de Medicina, Farmacia, Veterinaria y Filosofía y Letras) y la FUNA (Federación de la Universidad de las Artes) y agrupaciones de estatales y municipales, junto al Polo Obrero, las organizaciones del Frente de Izquierda, Partido Obrero, Izquierda Socialista, PTS y el MST, entre otros movimientos políticos, tenían punto de reunión en ese sitio.
Desde las 18:30 se concentraron en Belgrano y Lima, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, a cargo de Pablo Moyano. A la misma hora, en 9 de julio y Avenida de Mayo, hicieron lo propio las 62 Organizaciones Peronistas.
En el trayecto, la marcha hacia el Congreso unía a todos los presentes bajo el grito de “Andate Macri”, acompañado por numerosas antorchas, banderas, carteles, bombos, platillos y trompetas. Una de esas banderas, expresaba: “Larreta, mirá como nos ponemos” y estaba firmada por: “Docentes en lucha por las escuelas nocturnas”. La mayoría de las personas caminaban junto a las columnas de las organizaciones sociales, políticas y defensoras de los derechos humanos.
A las 20 dio inicio el acto central en la puerta del Palacio Legislativo, sobre un camión que sirvió de escenario. En ese sitio se pudieron ver algunas antorchas encendidas. Ahí fue donde se leyó un documento firmado por las gremiales organizadoras del acto, en el que se hacía énfasis en la ausencia de un Estado garante, el avasallamiento de los derechos de los habitantes, en un contexto de despidos y cierre de pequeñas y medianas empresas, que están ocasionando un grave retraimiento en la economía.
También fue un punto nodal en la lectura, el enriquecimiento de funcionarios como el exministro de Energía Juan José Aranguren, el expresidente del Banco Central Luis Caputo o el actual titular de la cartera de Hacienda Nicolás Dujovne. En ese momento se hicieron sentir muy fuerte abucheos y gritos pidiendo de manera urgente un paro nacional.
Luego del acto, Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de Camioneros y conductor del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) declaró: “Fue una convocatoria increíble. El objetivo de esta marcha fue decirle basta a los despidos, basta de tarifazos, basta de inflación, basta de cierre de empresas, que no vengan a querer jodernos de vuelta con la reforma laboral. Creo que va a ir creciendo la conflictividad social porque el gobierno no escucha y no da respuesta a los reclamos legítimos de los jubilados, de los trabajadores y de los desocupados”. La protesta se replicará el 17 de enero en Rosario, el 24 en Mar del Plata y el 31 en Mendoza: “Vamos a estar presentes en todas las ciudades del país para demostrarle al gobierno que hay millones de argentinos que la están pasando mal y que no queremos seguir con esta política económica. Nos tenemos que unir, derrotarlos y humillarlos en las urnas en el mes de octubre”.
En cuanto a la posibilidad de paro nacional, manifestó que es concreta “porque el gobierno no va a cambiar la política económica y nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores”.
Moyano se mostró optimista y en diálogo con ANCCOM, en relación al futuro de los recursos de amparo que planean presentar con el objetivo de parar los aumentos en los servicios públicos y a las acciones penales destinadas a los ministros involucrados en decidir las subas declaró: “Vamos a hacer todo lo posible para frenar estos tarifazos, ojalá que los jueces tomen conciencia, que se resuelva a favor de los trabajadores. Esta política está haciendo cerrar pequeñas y medianas empresas. La gente o paga la luz o come. Creo que va a salir bien, porque los jueces últimamente están respondiendo”.
Acorde a los anuncios oficiales se prevé un aumento del 40%, en promedio, para el transporte público, por lo que en marzo el boleto de colectivo llegará a $18, mientras que el de tren alcanzará los $12,25. El subte subirá a $21 en abril, mientras que los peajes de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires ascenderán a $65.
Las tarifas eléctricas tendrán un aumento del 55%, con parciales de 26% en febrero, 14% en marzo, 4% en abril y 4% en agosto, en principio.
Dic 24, 2018 | Comunidad, Novedades
Mediante la resolución 4055/2018 anunciada el pasado jueves 13 de diciembre, se verán eliminados y reducidos los cursos nocturnos del nivel medio tanto para jóvenes como para adultos. La medida afecta a dos decenas de establecimientos y generó un fuerte rechazo de docentes, alumnos y gremios.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su Ministerio de Educación, encabezado por Soledad Acuña, llevan adelante este abrupto recorte a pocos días de finalizar el año. Principalmente, se trata de la baja del ‘‘Plan de Estudios Comercial Nocturno’’ que se sostenía únicamente en catorce escuelas de este distrito y que ahora cierra sus inscripciones para años próximos. A esto se suma la disminución de oferta de cursos en otros nueve colegios de la modalidad bachiller. La justificación de la que se sirven las autoridades porteñas es la búsqueda de fusionar cursos que tengan poca matrícula, mientras que afirman que se trata de una reestructuración y que no se perderán puestos de trabajo.
Los equipos docentes denuncian que esta acción vulnera el derecho a la educación de miles de adolescentes y adultos que, por diversas razones, no pueden asistir a los turnos escolares diurnos. En las nocturnas, que presentan un plan de 4 años para realizar el secundario, aproximadamente un 80% de los asistentes son adolescentes de entre 15 y 18 años, que deben trabajar para ayudar en sus hogares, realizan algún deporte o actividad durante el día o son padres y madres jóvenes. El 20% restante lo conforman adultos de todas las edades.
Susana Colli, profesora de historia en el área de CENS – secundaria para adultos –, miembro y vocal de ADEMyS, explicó que, cuando el Consejo Federal de Educación impuso en 2016 la Nueva Escuela Secundaria (NES), planteó determinadas orientaciones. Y las comerciales, tal y como estaban, no existirían más porque tenían menos carga horaria que el resto. Durante dos años, el proyecto de actualización de los planes de estudio estuvo difuso y ahora, de forma repentina, anuncian que las comerciales no pueden continuar funcionando porque carecerán de título. Colli dijo a ANCCOM que los funcionarios ‘‘hacen cálculos como si la educación fuera una empresa y abren o cierran de acuerdo a la oferta y demanda. Sin ninguna política de retención de matrícula, becas de estudio, rediseño de la propuesta ni gabinetes que estudien la problemática de las dificultades en el aprendizaje del adulto. En vez de readecuar las escuelas comerciales, las dejaron morir’’.
Asimismo, en referencia al afán del gobierno por unificar y mudar las instituciones, expresó que ‘‘esto es la puerta abierta al inicio de una nueva etapa en la cual se van a cerrar más cursos y más espacios. Cada escuela que cierra es una posibilidad menos de estudio de los chicos. Si van a trasladarlas a un lugar más lejano y más incómodo, aumentan las posibilidades de que deserten’’.
Por otra parte, las asociaciones sindicales UTE y ADEMyS manifestaron una gran preocupación por la precaria situación laboral de los docentes: desde 2012, en el nivel medio no se otorgan titularidades. Por ende, quienes han concursado y tomado horas por acto público a partir de ese año se encuentran como interinos y en condiciones irregulares. Con la reciente resolución, todos los profesores y profesoras de cada escuela afectada serán dados de baja. Se les dará prioridad a los titulares para ser reubicados en otros horarios y eso dejará inmediatamente sin trabajo a una gran cantidad de interinos que llevan al menos 6 años en actividad. Los suplentes, por su parte, pueden quedar también despojados de su fuente laboral al depender directamente del traslado de los titulares.
Diego Marranti, profesor del Comercial 12 y otras escuelas de la zona de Lugano, recalcó el impacto que estas modificaciones tendrán en toda la comunidad educativa: ‘‘Creemos que esta reubicación de docentes lleva a la apertura de una flexibilización laboral de los docentes de forma encubierta. El docente egoísta e individualista que trabaja a la mañana o a la tarde puede llegar a perder sus horas, si es interino, por la reubicación de un titular. Esto nos afecta a todos’’. También puntualizó que el manejo irregular de los puestos de trabajo frente a las aulas genera ‘‘mucho temor e inseguridad’’ en los docentes.
Desde el día en que se oficializó la resolución, los gremios y los docentes de cada establecimiento se organizaron para darle visibilidad al conflicto y exigir la anulación de las medidas de ajuste. El pasado miércoles 19 de diciembre, se realizó un paro de actividades en las escuelas y una gran movilización colmó la avenida Paseo Colón hacia el Ministerio de Educación. En esa misma jornada, se se llevó adelante una asamblea docente donde se consensuó un nuevo paro y movilización para el próximo jueves 27 de diciembre, fecha en la cual el gobierno anunció que realizaría la reestructuración de cargos de cada afectado. Dicha asamblea también contempló la posibilidad de no dar inicio al ciclo lectivo 2019 hasta que no se revierta el cierre de escuelas.
Al mismo tiempo, cada escuela decidió la forma de dar a conocer la problemática con diversas acciones barriales: semaforazos, volanteadas, abrazos a la escuela, charlas en plazas y otros lugares públicos, entre otras. Marranti, junto a los docentes del Comercial 12 y el Comercial 35, llevaron a cabo numerosas intervenciones callejeras para difundir la situación a los vecinos de la Comuna 8. En el Parque Lezama, el pasado 22, docentes del Colegio N° 7 Juan Martín de Pueyrredon pasaron la tarde informando a la comunidad sobre la reducción de la oferta de cursos y juntando firmas en rechazo de la misma. Y repitieon acciones este domingo.
En refuerzo de los planes de lucha, no descartan la vía legal para la protección de los interinos que quedarían cesantes: ‘‘Los docentes afectados y los sindicatos que estamos detrás de ellos ya estamos trabajando junto a la Defensoría del Pueblo el tema de qué defensa legal podemos buscar’’, afirmó Susana Colli.
Mientras los discursos oficiales refieren a la baja matrícula de las escuelas nocturnas, los números dan un panorama diverso y complejo: según datos del Observatorio Educativo UNIPE, en 2018 hay 420.000 personas que no finalizaron la escuela secundaria en CABA. De ese total, sólo 30.000 (un 7%) asisten a algún establecimiento educativo. Pero el 93% restante representa a los potenciales destinatarios de la Educación Permanente para Jóvenes y Adultos de este distrito. El organismo informativo señaló la importancia de impulsar estos espacios para garantizar el derecho de cada ciudadano a completar sus estudios de nivel medio.
Dic 19, 2018 | Comunidad, Novedades
Lucas Fauno Gutierrez, en el Ciclo Positivo organizado por Casa Brandon.
Lucas ´Fauno´ Gutiérrez es positivo desde hace diez años.
Eso, positivo o persona viviendo con VIH, no portador ni infectado ni sidoso. Ni tampoco persona viviendo con SIDA porque esa ya es la etapa avanzada de la infección por VIH que deteriora el sistema de defensa y permite la aparición de enfermedades. El SIDA es la fase más grave de la infección por VIH. No es lo mismo.
“Nosotros seguimos siendo pensadas como una pastilla y un preservativo en el 2018, es todo muy objetivizante, nos reduce sólo a nuestra condición clínica y nos estigmatiza”, comenta Gutiérrez sentado en el escenario de Casa Brandon con un vestido que resultó ser más corto de lo que pensaba. “Hoy la reunión sirve para aclarar dudas -agrega-, para informar, para conectarse entre pares. Para visibilizar. Para conocernos”.
Matías Muñoz está sentado junto a Lucas, presentando también el Ciclo Positivo, realizado en Casa Brandon en ocasión de conmemorarse el Día Mundial de VIH-SIDA. Muñoz es el presidente de la Asociación Ciclo Positivo, un colectivo que reafirma la positividad como potencia y que se reúne para trabajar en pos de la promoción y la protección de los derechos, brindar acompañamiento en asuntos jurídicos, psicosociales y asistencia integral para las poblaciones diversas y en situación de vulnerabilidad.
Comentan que hace un par de días el gobierno publicó un informe sobre la situación que atraviesa la población que vive con VIH-SIDA u otra enfermedad de transmisión sexual. De estas nuevas estadísticas, Matías dice que “parecen bastante estáticas respecto al año pasado. Hay un aumento de nueve mil personas positivas, ahora somos 129.000 y de esas 26.000 lo desconocen. Sabemos que se están reciclando números del 2016, estamos bastante lejos de tener cifras claras y certeras y de cumplir la meta 90-90-90”.
Matías Muñoz, Nadir Cardozo y León Abate en el Ciclo Positivo.
¿Pero qué es ese 90-90-90? Matías aclara que el país asumió un compromiso internacional en la Asamblea de la Naciones Unidas del 2014 en el que se responsabilizaba a alcanzar tres objetivos para el 2020: que, de la totalidad de las personas que viven con VIH, el 90% esté diagnosticado; que de toda esa porción, el 90% tenga acceso al tratamiento; y de todo ese porcentaje, el 90% tenga la carga viral suprimida, es decir, indetectable.
“Las nuevas estadísticas, nos dicen que mejoramos en el acceso al diagnóstico -asegura Muñoz-: bajamos de 30 al 20% la población que desconoce que convive con el virus. También mejoramos en el acceso al tratamiento, que subió del 81 al 83,5% y progresamos en la medición del tercer noventa, porque hasta el año pasado ni siquiera se medía. Lo curioso es que en la publicación no aparece el número, sólo una frase que dice ´pero aún menos de la mitad (del total) de las personas infectadas han logrado suprimir la carga viral´. Eso nos estaría dando un 80-80-40 o un 80-80-30, o incluso menos, no lo sabemos”.
Fauno aclara para debatir un poco el estigma asociado a la transmisión: “Suprimir la carga viral significa que la cantidad de virus que tengo en el cuerpo es Indetectable y por eso también intransmisible: Yo a una pareja sexual no le transmito el virus. No es para decir que no usemos forro, porque no tengo ganas de agarrarme clamidia, sífilis… Es para decir: ´¿A qué le tenes miedo? Si yo no te puedo transmitir nada´ Pero estamos lejos de eso”.
León Abate es miembro de RAJAP, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y está sentando en la otra punta del sillón. Señala la necesidad de hablar de este tema públicamente, con otras personas, “para entender cómo nuestras vidas están completamente atravesadas por lo político, porque lo personal es político”.
Y retoma lo que dijo Muñoz: “Las estadísticas están reciclando números del 2016, hay un recorte de 43 millones de pesos para todo lo que es tratamiento, no hablemos de prevención, preservativos, educación sexual integral, personas que van a quedarse sin las pastillas retrovirales… La situación es complicada. La Secretaría de Salud plantea que cada provincia tiene que hacerse cargo de la compra de los tratamientos… ¿Qué pasa con las provincias que no pueden pagar? ¿Qué pasa con el acceso? Para el gobierno actual somos identidades residuales, no les interesamos. Perdimos un Ministerio de Salud, qué gesto político más claro puede haber, ¿no?”
Ciclo Positivo, es un colectivo que reafirma la positividad como potencia y que se reúne para trabajar en pos de la promoción y la protección de los derechos, brindar acompañamiento en asuntos jurídicos, psicosociales y asistencia integral.
La jujeña Nadir Cardozo milita en ATTTA, la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina. Desde el escenario cuenta que enterarse de que era positiva hace casi treinta años significó para ella diferentes etapas: “Primero fue mucho susto, viviendo en Jujuy no teníamos información, no sabíamos nada, lo único que sí sabíamos es que quien contraía VIH se moría: cuando me enteré sentí que ya estaba todo. Lo sentíamos como un castigo social, que nos lo merecíamos”.
Varias de sus compañeras están acá ahora, escuchándola. Dice que necesitó perder el miedo al estigma, a la discriminación que todavía las atraviesa. “El vivir con VIH es una piedra más en una mochila cargada de expulsiones, porque no sólo somos poblaciones con mayor prevalencia, sino también con mayores tasas de mortalidad: una de cada tres chicas vivimos con el virus. Por eso necesitamos salir a informar”.
Ante todo esto, el gobierno les sigue dando la espalda: “Desde 2015 a esta parte tuvimos que salir tres veces a reclamar medicación, nuestra medicación. Tenés que ir mes a mes, te cuesta viajar, en octubre estaba tomando medicación que vencía ese mismo mes”.
Y no es sólo eso: “Es acceder a un infectólogo, una infectóloga, que te de turno de acá a un mes, es pagarte el viaje adonde esté -agrega Abate-. Hay pastillas que potencian depresiones y yo me enteré hablando con pares. ¿Quién se pone a dialogar… quién te lo dice si no es el sistema médico?”
Gutiérrez comenta definitorio que “desde que una persona tiene VIH, toda la sociedad tiene VIH. Lo tenés que tener en tu información, en tu día a día… no en tu cuerpo, pero sí en lo cotidiano, en tu forma de votar… porque vos podés elegir a un gobierno que me va a matar…o no».
Yo podría cambiar la palabra VIH por aborto, embarazo adolescente y por un montón de palabras más. Lo que falta es empatía. Me chupa un huevo la cura, porque la cura cuando llegue a quién va a llegar y cómo. Yo, para preocuparme por la cura, necesito la medicación hoy, necesito mi medicación día a día para llegar vivo a esa instancia.”
Dic 12, 2018 | Géneros, Novedades
Festival internacional de compositoras «Sonora».
El domingo 2 de diciembre el Instituto Nacional de la Música (Inamu) efectuó el cierre de la agenda de género “Mujeres Músicas” con el panel “Mujer + Música + Industria”, con el fin de generar conciencia y reforzar estrategias a nivel latinoamericano para trabajar en términos de igualdad.
El recorrido comenzó el 30 de julio de este año en Buenos Aires. Luego prosiguió por Rosario, las regiones NOA, NEA y Nuevo Cuyo, con un total de once ciudades y mil participantes: cantantes, autoras, instrumentistas, productoras, gestoras, managers, técnicas e ingenieras, entre otras profesiones ligadas a la industria musical. Todas fueron al encuentro gracias a la propuesta del Inamu, para dar cuenta de la discriminación por género y generar conciencia acerca de la situación actual, dialogar, reflexionar y construir proyectos en conjunto. Los colectivos Músicas Unidas, Música de Mujeres, de Santiago del Estero, Suena Tremenda y Grita, de Mendoza, Mujeres Músicas de SONAR, de Córdoba, Músicas Platenses en Red, Mujer Trova, y el Colectivo Mujeres-Músicas, de Rosario, entre otras, fueron de la partida.
Un espaldarazo fue La Buenos Aires Feria Internacional de la Música (Bafim), que se
llevó a cabo hasta el 4 de diciembre en el predio El Dorrego, en el barrio de Palermo, que tuvo como objetivo fortalecer vínculos a nivel nacional e internacional a través de muestras de música, rondas de negocios y conferencias, lo que resultó un ámbito propicio para finalizar la tarea del Inamu, en pos de la visibilización del trabajo y del rol de la mujer en un entorno prominentemente masculino.
El panel del encuentro lo conformaron Paula Rivera, vicepresidenta del Inamu, Paula
Maffia, música autogestiva que forma parte de “Músicas Unidas”, la cordobesa Karol Zingali, de Oficinas de Artistas, Noela Salas, de La Makinita de Chile, y Priscila Melo, organizadora del festival Maloca Dragao, de Brasil.
Paula Rivera destacó que el Inamu haya sido invitado por primera vez al evento,
realizado en el marco de la Bafim y tomó la palabra Noela Salas, productora chilena que forma parte del directorio. Como mujer que llegó a ocupar un rol dirigencial, en un espacio muy masculino, apuntó a la importancia del dialogo colectivo entre los géneros para construir una agenda más equitativa, ya que en esos ámbitos se toman las decisiones de elección en la participación de festivales o recitales. Expresó: “Podemos identificar muchos hombres femeninos y muchas mujeres masculinizadas también, en esta lucha de poder”.
En esa línea de pensamiento, problematizó el tema desde la cuestión de la apariencia
física y la puesta en duda de capacidades: “Estamos en una cultura donde las mujeres solemos ser cuerpo antes que personas, somos miradas antes de hablar. En Chile, menos del 20% de la industria musical está hecha por mujeres”. Y puso en cuestión el modo de construcción del aumento de ese porcentaje, no solo desde una agenda de participación, sino también desde el contenido. Hizo un llamado a la reflexión sin tener resuelta su mirada: “¿Qué aportamos?”.
Priscila Melo trabaja en el arte desde el 2004 y participa en el mercado de la música
mediante la coordinación y la curaduría de festivales en Ceara y en Pernambuco, Brasil. Cuando empezó a participar cuatro años seguidos del festival de Derechos Humanos llegó a la conclusión que no se pueden olvidar las subjetividades, porque por dentro de esa lucha hay mujeres negras, indígenas y trans. En Brasil, el 54% de la población es negra. Hasta hoy la programación de festivales contempla apenas el 6% de negros en su grilla, por lo que es aún muy inferior la participación de mujeres negras. En el Lollapalooza de 2017, de 136 músicos apenas 16 fueron mujeres. En la Unión Brasileña de Compositores, apenas el 14% son mujeres y ganan un 28% menos de cachet. A nivel mundial, solo un 6% son escuchadas por Spotify, aseguró Melo y continuó: “La lucha femenina no está aislada en la música, es un reflejo del sistema patriarcal, machista y autoritario. Creo que cambiarlo no va a partir de los hombres, sino de nosotras. Ahora tenemos espacio para que podamos hablar, discutir e intentar modificar esa lógica de flujo del mercado.”
Paula Rivera, en ese momento de la charla, recordó que en uno de los encuentros en
Santiago del Estero las mujeres que representaron a La Rioja contaron su realidad en la Chaya. Un espectáculo tradicional de la provincia, cuyo rito es liderado por un hombre que canta, mientras que la mujer acompaña tocando una caja. Hace unos años las mujeres quisieron empezar a cantar, pero la respuesta de los hombres era muy agresiva. En febrero de 2019, en la próxima Chaya, las mujeres que se unieron en La Rioja en los últimos seis años, luchando por este espacio, van a realizar su propia rueda femenina que va a fusionarse con la de los hombres, en algunos grupos de celebración en los barrios, donde estarían empezando a tener cierta apertura.
Karol Zingali, llevó la experiencia de Córdoba, en donde es directora de la Oficina de
Artistas y trabaja en la producción de espectáculos de música en vivo y creación de contenidos, desde hace 15 años. Dividió su relato en tres instancias, la primera fue destinada a la creación del Festival Mujeres, en el 2013, en co-producción con la Municipalidad de Córdoba. En un principio ese festival no convocaba a más de 500 personas. Pero en los últimos años, la concurrencia fue cambiando, se agotó la capacidad del lugar, que tiene 3500 localidades, luego se vendieron 5000 entradas y en el último festival fueron 7000 personas, quedando público afuera. El evento se transformó en el espectáculo más importante con el que la ciudad comienza el año, luego del Cosquín Rock, sin tener artistas destacadas en su grilla. Este año lo van a mudar, se va a hacer el primer Festival Mujeres, en la Patagonia.
Otra experiencia que destacó Zingali, tiene que ver con el proyecto “Tamboreras”, que
busca empoderar a las mujeres a través de la percusión. Son talleres abiertos transgeneracionales, con chicas desde los 12 años, hasta abuelas. Y el tercer proyecto que destacó, tiene que ver con el cuarteto en Córdoba, género mainstream liderado por hombres. La directora de la Oficina de Artistas realizó una investigación con respecto al género, previo a la edición del disco de Vivi Pozzebón “Madre Baile”, en 2013, y descubrió que la creadora del ritmo era una mujer y que la primera banda, llamada “Cuarteto Leo”, tenía ese nombre por Leonor Marzano, que fue la compositora de la fusión entre la tarantela y el paso doble. En Córdoba, no querían ni hacerse cargo, ni reconocer que la creadora de ese ritmo tan popular fuera una mujer. Se enteraron hace un mes, después de que el Negro Videla, una de las grandes figuras del cuarteto detrás de la Mona Giménez, grabó el tema “Madre Baile”, que compuso Pozzebón y que ahora está número uno en el ranking de ventas.
Paula Maffia, es una música autogestionada y conforma el colectivo “Músicas Unidas”,
que llevó adelante la campaña “Por más mujeres en la música y en los festivales”, con el fin de la creación de un proyecto de ley que garantice una presencia del 30% femenino en recitales y festivales, junto a Celsa Mel Gowland, cantante y ex vicepresidenta del Inamu. Celsa, que no fue parte de las disertantes, pero estuvo presente en este cierre de agenda, tuvo la iniciativa de conformar esa mesa de músicas el año pasado. Paula Rivera la sucedió en la vicepresidencia del Inamu y reimpulsaron el proyecto que el 21 de septiembre de 2018 ingresó al Senado de la Nación, el proyecto de Cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales (N ° 3484-18).
Mel Gowland explicó el fundamento del pedido en un 30%: “El Inamu tiene un registro
nacional público de proyectos musicales, que al día de hoy asciende a 45.000, sobre casi
200.000. Cuando nosotras hicimos el estudio sobre la participación femenina en los principales 46 festivales, estábamos en 43.000. De esos proyectos solo 7.000 estaban a cargo de mujeres, un 20% dentro del padrón. Lo más importante es que ese porcentual coincide con el de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), que son miles de músicos en todo el país. Al pedir un 30%, en tanto discriminación positiva, se pretende una minoría dándole un impulso para que avance. Si pidiéramos la paridad del 50% rápidamente nos replicarían con números y la ley no saldría.”
Paula Maffia reflexiona: “Esto no es solamente una cuestión para ampliar el mercado
laboral y por adyacencia ampliar la cabeza de quienes programan que son, en su mayoría, varones, sino también es una manera ineludible de llevar nuestros discursos y nuestra manera de pensar a los escenarios. En el line up de un festival quizás tenemos un 13% de representación de mujeres, que no está plasmando la conformación de nuestra sociedad a nivel cultural, artístico y musical. Es muy grave que no existan referentes de la disidencia. Hay que hilar más fuerte entre nosotras, estas redes de sororidad, para romper este hermetismo, todo lo que ha generado la masculinidad, tenemos que colaborar para federalizar la música.”
El Inamu realizó desde julio hasta octubre una encuesta nacional para obtener información que ayude a precisar qué lugares está ocupando la mujer en la música, en los distintos roles. Se acordó, en primera instancia, la decisión de trabajar, a partir de enero del 2019, en el observatorio “Musa”, donde se van a relevar datos con respecto a las problemáticas de los músicos en general. Desde marzo se van a llevar a cabo diversas líneas de acción para el mejoramiento de la situación de las mujeres. Además, se conformará el “Satélite Latinoamericano de Mujeres en la Industria Musical”, que va a contar con la participación de 12 países, con representantes que recolecten información. También se consensuó redactar un manifiesto libre de acoso y de abuso en los festivales.
