Mar 12, 2021 | DDHH, Novedades
Fotografía de archivo.
El alegato de la querella unificada en el juicio de lesa humanidad conocido como Contraofensiva Montonera finalizó ayer con las palabras del abogado Pablo Llonto en una jornada histórica. La querella intentó evidenciar en su exposición la coautoría que imputa a los acusados en los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1979 y 1981. Llonto pidió perpetua en cárcel común para todos ellos.
Los crímenes cometidos contra los militantes políticos que participaron de la Contraofensiva Montonera descansaron, hasta este momento, en la impunidad. Las treinta y seis familias de los montoneros desaparecidos continúan pidiendo justicia y rastreando información que les indique dónde están sus seres queridos. La investigación solo fue posible gracias a la búsqueda implacable de todos los documentos que pudieran probar lo que había ocurrido. Durante todos estos años los acusados vivieron sus vidas en sus casas, muchos de ellos en countries y barrios privados.
Uno de los rasgos más destacados de este juicio es la implicancia de las cuatro piezas de la maquinaria del Ejército: La Jefatura 2 de Inteligencia, el Batallón 601, el Destacamento 601 y la Inteligencia del comando del Instituto de Militancia. El Juicio de las Juntas fue el único en el que estuvieron involucradas todas anteriormente.
13º audiencia del Juicio en 2019.
Llonto explica cómo funcionaba esta maquinaria: “Todas estas piezas encrestaban perfectamente como los engranajes de un reloj y se alimentaba con información. Si no era preciso el funcionamiento, el reloj no podía andar”. Usaban como energía las órdenes y la logística que permitía el accionar: autos, armas, municiones, dinero, pasajes. Siempre avalados por la impunidad y muy organizados.
Los acusados son seis, aunque faltan muchos otros por investigar. Uno de ellos, Jorge Apa, se desempeñó como jefe de la División Inteligencia «Subversiva Terrorista» entre 1979 y 1980. Cuando fue interrogado había declarado ser solo un órgano asesor, pero su nombre se encuentra involucrado en varios documentos sobre tareas específicas confirmando que eso no era cierto.
El Batallón 601 se encargaba de proveer los interrogadores y toda la información que utilizaban las Fuerzas Armadas. Aquí estaban involucrados Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas quien, entre otras tareas, difundía en medios de comunicación las operaciones de prensa. Y Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad en el Batallón.
Todos los secuestrados de la Contraofensiva Montonera eran trasladados al centro de detenciones Campo de Mayo. Allí se esperaban Jorge Bano y Eduardo Ascheri quienes integraban la Sección Operaciones Especiales (SOE) y Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.
De todos los acusados, solo Courtaux y Firpo se encuentran detenidos en centros penitenciarios. Este último por haber sido descubierto violando la prisión domiciliaria el año pasado, en Mar del Plata. El resto se encuentra en su casa mirando el desarrollo del juicio por computadora y solo Ascheri está sentado en el tribunal de manera presencial.
Las historias que forman parte de este Juicio son rememoradas por el abogado. Muchas de ellas con elementos comunes: hombres sin identificarse que entran a la fuerza a las casas y secuestran para torturar y desaparecer a los “subversivos” y trasladarlos junto a algunos de sus familiares a Campo de Mayo.
Llonto señala que uno de los acusados, Cousteaux, estuvo involucrado en una de las historias más fuertes que se han relatado durante el juicio. Es el caso de la familia Lanuscou, integrada por el matrimonio de Roberto y Amelia y sus tres hijos: una nena de cuatro años, un niño de seis y una bebe de seis meses llamada Matilde. Hombres armados entraron a su casa el 4 de septiembre de 1976 y allí mismo asesinaron a la niña mayor, al niño y a sus padres. Matilde aún continúa desaparecida. Cousteaux había sido nombrado por otro militar en su relato de lo que ocurrió esa fatídica noche.
Por este caso y todos los relatados se pide prisión perpetua efectiva en un centro penitenciario, sin goce de domiciliaria. Los motivos que sustentan este pedido y los hace coautores son cuatro para Llonto. Primero el hecho de que todos tenían el mismo objetivo: “El exterminio de la subversión”. También el diseño de un plan común que facilitaba todo el trabajo. A la vez que estaban todos al tanto de los hechos que se iban a realizar. Los imputados tenían el claro propósito de que el plan de exterminio tuviera éxito y no fracasara. Día a día hacían algo por este objetivo.
Tal como explica Llonto, los delitos de lesa humanidad no pueden entenderse con la teoría del delito individual. El abogado adelantó lo que la defensa iba a alegar al respecto: el principio de legalidad y la retroactividad. Al respecto aclaró que la desaparición forzada de personas es un crimen permanente que no cesa hasta conocerse el verdadero destino de la persona. Y es aun hoy que todos los acusados se niegan a revelar información sobre el paradero de las víctimas. Es un delito que continua cometiéndose todos los días.
“Pretenden ocultarse bajo la máscara de la cordura, tratar de dar lastima a los jueces para manejar información y controlarla porque son fríos y calculadores -expresó Llonto-, se los transforma en enfermos y en abuelitos para que los jueces no vean los delitos. Se marginan los crímenes y se logra una suerte de empatía”.
El Juicio se transmite en vivo a través de La Retaguardia.
La posición de la querella es que los acusados que tengan dolencias tratables en hospitales penitenciarios tienen que estar en prisión condenados por los crímenes de lesa humanidad y no en sus casas. Llonto advierte: “¿Quienes piensan que van a celebrar una sentencia condenatoria si escuchan que no se revocan las prisiones domiciliarias?”.
Finalmente, luego de una larga exposición Llonto terminó su discurso emocionado aclarando que la justicia no es utópica. “Queremos que sepan que atrás, en este camino hacia la justicia, vienen nietas y nietos, otras juventudes, otro pueblo que va a seguir reclamando por esos jóvenes que dieron todo y no pidieron nada, que tenían esperanza y apelaron a la resistencia, por esos jóvenes que creyeron en la fraternidad y en la igualdad. Ellos pedían lo mismo que nosotros: justicia”.
Dic 28, 2020 | Géneros, Novedades
El Observatorio sobre Violencia Patriarcal Lucía Pérez publicó su primer Informe 2020 sobre violencia de género y las cifras, lejos de descender, dejan registro de lo que sufrieron las mujeres durante este atípico año: 282 femicidios y travesticidios, y 322 niños y niñas quedaron huérfanos, son algunos de los datos.
Se trata del primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por abortos clandestinos y desaparecidas. El Observatorio Lucía Pérez se formó hace un año, en memoria de la joven de 16 años brutalmente asesinada en Mar del Plata en 2016, por iniciativa de periodistas de la organización lavaca.org que decidieron poner en palabras lo que venían viendo con las familias de víctimas de violencia género. Su dinámica se basa en buscar información en expedientes, causas y entrevistas en donde se recolectan datos de distintos casos de violencia. “Es muy importante porque es la manera más fidedigna que nos permite estar tranquilas de que estos datos no mienten, son números tristemente reales.
Acá mostramos esta cruel realidad. Nadie pone otro número que no es”, afirma Marta Montero, mamá de Lucía Pérez e integrante del Observatorio. Además, resalta que desde el Observatorio siempre hay diálogo con las familias que quieran acercarse para recibir y también ofrecer ayuda, no sólo para visibilizar los casos, sino también para ponerse a su disposición: “Esto es una red que tenemos desde el sufrimiento y la lucha por la justicia”, expresa la mamá de Lucía.
El Informe hace hincapié en los femicidios territoriales, es decir, aquellos crímenes que se produjeron en un marco de impunidad y violencia institucional, teniendo el Estado y la policía un rol fundamental. Como lo fue en el caso de la desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución, ocurridas entre 1996 y 2001 y que fue recordado como el caso de “el loco de la ruta”, en donde se ocultaban las redes de mafia policial, narcotráfico y proxenetas. En ese tipo de asesinatos también puede incluirse el de Lucía Pérez, en donde la camioneta que requisó la policía se encontró droga con intenciones de venta y la cual se estacionaba todos los días frente al colegio de Lucía. O el de Melina Romero, quien desde el primer momento el Poder Judicial y la policía ignoraron su desaparición, tardando semanas en iniciar su búsqueda. Su cuerpo finalmente fue hallado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita. Todos esos femicidios reflejan distintos grados de impunidad institucional.
Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, expresa que el sistema judicial es uno de los bastiones patriarcales más fuertes y de los que tienen más presencia. “El acceso a la justicia es un derecho de todas las personas y a veces no está garantizado”. Por su parte, Montero aclara: “El estado no toma decisiones correctas. Al agresor es a quien hay que extirpar de la vida de la mujer, no como se hace al revés. Se lleva a la mujer a un refugio y es a quien hay que incentivar, darle herramientas, contención, tranquilidad emocional, acompañar y no dejarla sola. Al agresor sí hay que controlarlo y no perderle pisada, él es a quien el Estado debe controlar”.
“Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración”, afirma contundentemente el Informe.
Lico insiste, por su parte, en la importancia del llamado al 911 en casos de urgencia, en vez de la línea 144 que es la línea de consultas. Pero, si del otro lado no hay agentes con perspectiva de género, capaces de detectar ese riesgo, es en vano. “La capacitación tiene que llegar a todos lados. Que a los agentes se los obligue, una formación consciente y comprometida. Es necesario reflexionar sobre estas cosas que pasan para poder entender que si no tenés perspectiva de género vas a terminar cortando el teléfono y podrías haber evitado que maten a una nena de 14 años”, exclama Lico, haciendo referencia al caso de Florencia Romano de 14 años de la provincia de Mendoza, víctima de femicidio, en donde hubo un llamado al 911 que no fue tenido en cuenta y podría haber evitado el asesinato.
Marta Montero asegura que la pandemia sacó las peores miserias de las personas y el encierro llevó a que sea más visible la violencia que ya existía en determinados círculos familiares. Según cifras publicadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, durante marzo de 2020 se recibieron 1.124 comunicaciones menos por violencia de género a la línea 144, en comparación con el mismo mes del año 2019. Pero, en abril de 2020, una vez iniciado el aislamiento, se recibieron 1.735 comunicaciones, un 23% más que el año anterior. “El sistema judicial es uno de los poderes del Estado que está menos informatizado. La pandemia le cayó como un baldazo de agua fría y tuvo que empezar a poner en marcha algunos sistemas de informatización, porque si no era todo a papel y a pie”, afirma Lico y agrega: “La pandemia ha hecho que algunas cuestiones se agilicen un poco más. Algunos juzgados lo están admitiendo, otros siguen en la misma. Te dan el papel y tenés que ir a notificar la denuncia, a veces parece que es el siglo pasado. Además de cargar con la responsabilidad a la mujer. Ella tiene que notificar que él no se puede acercar. Ella tiene que apretar el botón antipánico y él no cumple con la orden. Digamos que la mujer carga con hacer cumplir con las órdenes judiciales. Es casi un delegado de la justicia”.
Además, Lico advirtió que los centros de la mujer estaban cerrados y la atención telefónica dejaba mucho que desear. “Era muy complejo comunicarse. Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer, muchas en riesgo, no podían ir a los espacios presenciales, ahí faltó el accionar del Estado. El Gobierno de la Ciudad debería haber tomado gente que pueda estar en territorio y solucionar estas cuestiones y la verdad es que no lo hicieron. Las trabajadoras han hecho un gran esfuerzo, muchas son del movimiento feminista muy comprometidas, pero se notó esa ausencia en la Ciudad, sobre todo en los barrios más vulnerables o en los que más dificultades tienen para acceder a los servicios”. Desde la Defensoría del Pueblo se trató de monitorear la forma en la que el Gobierno de la Ciudad manejaba la pandemia en relación con la violencia. Lico afirma: “La verdad es que el organismo que debería atender el derecho de las mujeres, que es la Dirección General de la Mujer, está en una crisis presupuestaria, atiende la emergencia. Cuando hay una emergencia y hay un riesgo alto, digamos que cuanto peor mejor, cuando la situación es extrema se logran algunas cosas. Sobre todo, a través de la intervención de la Defensoría y de los equipos de trabajo, porque si no, no hay políticas sostenibles, ni políticas de prevención”.
Según el protocolo de actuación para casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación, es crucial que el fiscal les recuerde a los agentes policiales que no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda de una persona. Al respecto, Lico menciona: “Lo de las 48 horas es como un mito urbano. La policía lo usa, para mí, para sacarse trabajo de encima. Si una mujer desaparece, el Estado tiene que presumir que está privada de su libertad. Si vos partís de esta presunción de que una mujer falta de su casa porque está privada de la libertad la búsqueda se hace con otra perspectiva”. De acuerdo a los datos publicados por el Observatorio en 2020 hubo 133 mujeres desaparecidas y, focalizándose en la provincia de Jujuy, “según datos del Ministerio de Seguridad de Jujuy, en lo que va del año se radicaron 312 denuncias por desaparición de personas en la provincia y el número de denuncias por violencia de género es casi igual a las que se registraron en todo 2019. De las mujeres desaparecidas, 105 son menores de edad y 207 mayores. En los casos por hechos de violencia de género, sólo de enero a agosto de este año se registraron 2.195 denuncias, mientras que en todo 2019 el número había sido de 2.311”.
El Informe, además, destaca las otras víctimas de violencia, aquellos niños y niñas huérfanos por femicidios, quienes se convierten en víctimas ignoradas por las políticas estatales y los análisis académicos. En muchos casos fueron testigos de los crímenes, en otros perdieron a ambos padres. Si bien existe la Ley Brisa, que establece una reparación económica para los hijos e hijas víctimas de femicidios hasta los 21 años, y sin límite de edad si existe alguna discapacidad, el trámite para que se haga efectiva hace imposible que la ayuda llegue a tiempo, ya que solo puede ser percibida iniciado el juicio. La Ley Brisa se sancionó primero en la Ciudad de Buenos Aires, siendo una iniciativa legislativa del equipo de género de la Defensoría del Pueblo junto con la Casa del Encuentro. El trámite se lleva a cabo a través de las oficinas de ANSES, que es el organismo nacional que tiene más bocas en todo el territorio, facilitando así, que se pueda acceder a la reparación.
Lico señala también la importancia de retirarle la patria potestad, lo que se llaman los cuidados parentales, a los femicidas. “Ha habido casos horrorosos en donde el femicida salía de la cárcel, o no estaba preso porque tenía prisión domiciliaria, y los hijos de esa mujer que había sido muerta en las manos de este individuo vivían con él porque era el padre. Es siniestro, pareciera una película de terror”, expresa la abogada.
Según informa el Observatorio, el 8 de abril de 2020, luego de haberse dado comienzo al aislamiento social obligatorio, desde el Estado nacional se detallaron dos medidas concretas para tratar con violencia de género. La declaración de la línea 144 como servicio esencial y la campaña “barbijo rojo” que constaba de que si una mujer estaba siendo víctima de violencia de género, podía acercarse a su farmacia más cercana y solicitar un “barbijo rojo” dando inicio a un protocolo de acción. “El pobre resultado cosechado por esa campaña exime de cualquier análisis sobre su eficacia, pero la persistencia del Estado nacional en promocionar a la línea 144 como única puerta de acceso a los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia machista representa un problema central, con graves implicancias, tal como advertimos en nuestro informe de mayo de 2020”, expresa el documento y Lico agrega: “Es un problema social, que se modificaría con la aplicación de la Ley Micaela en todos los sectores, con la aplicación de Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas y en todos los niveles. Las denuncias son un eslabón muy importante pero solas no alcanzan. Si hay una denuncia y no tenés un policía capacitado con la perspectiva de género necesaria para saber cómo aplicar una medida de restricción o cómo actuar frente a una mujer que toca un botón antipánico o una llamada telefónica porque está siendo víctima de violencia, la orden o denuncia judicial por sí misma no sirve de mucho”.
Finalmente, luego de numerosas cartas enviadas al gobierno por parte del colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios, quienes se reunieron bajo la consigna El Estado ausente, nunca más lograron una respuesta este año por parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en un encuentro virtual, en donde se dieron algunos lineamientos sobre las políticas públicas hechas hasta el momento. Por otro lado, esto también significó la reiteración del pedido de justicia por parte de las familias, quienes explicaron que muchos de los crímenes de sus hijas siguen impunes y, además, la exigencia de ser recibidas por el Poder Ejecutivo, ya que consideran que los femicidios deben ser prioridad en la agenda del gobierno nacional. “Nosotras siempre decimos que la justicia es justicia en tiempo y forma. Una justicia que llega tarde o muchos años después no es justicia, no va con su concepto. Estoy convencida de que, si bien las denuncias son super necesarias y el Estado tiene que actuar, tiene que proteger y tiene que hacerlo con diligencia, con la perspectiva de derechos humanos y de género que eso requiere”, cierra Lico.
Sep 24, 2020 | slider
La megacausa Campo de Mayo, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio conocido como “El Campito”, entre los años 1976 y 1978, realizó una nueva audiencia. En esta ocasión prestaron testimonio Graciela Alejandra Brontes y Nora Brontes, hijas de Ramona Esther Gastiazoro y sobrinas de Pedro José Brontes. Ramona y Pedro fueron secuestrados el 9 de marzo de 1977 y Pedro liberado casi dos semanas después. También prestó testimonio Ernesto Víctor Grynberg, hermano de Susana Grynberg, desaparecida embarazada el 20 de octubre de 1976; e Isabel Diehl Dodds, amiga de la desaparecida Ana Cristina Escudero, secuestrada el 28 de septiembre de 1976.
El caso de la embarazada Susana Flora Grynberg fue abordado por su hermano Víctor Grynberg, quien dio a conocer nuevos hechos del caso, como así también el secuestro que él mismo sufrió mientras buscaba a su hermana. Susana era física nuclear recibida del Instituto Balseiro de Bariloche, y al momento del secuestro trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Sus amigos la llamaban “Gorda” o “Nita”. Según el testimonio del hermano, Susana fue secuestrada en la calle el 20 de octubre de 1976 cuando iba de camino al trabajo, a plena luz del día. Tenía 29 años y llevaba un embarazo de tres meses. Militante de la agrupación Montoneros en Zona Oeste, se encontraba en pareja con un compañero de la agrupación, Jorge Leonardo Fraga (también conocido como “El Misio”). Jorge fue secuestrado el 1 de junio de 1978, casi dos años después. Ambos continúan desaparecidos. Se sabe que Susana dio a luz a un niño o una niña a finales de marzo de 1977 por un llamado telefónico anónimo que recibió la familia, pero nunca pudieron encontrarla o encontrarlo.
“Salvo alguna información que se obtuvo después, se la habría visto en Campo de Mayo con vida pero a partir de ese momento nunca más supimos de ella”, contó Víctor al Tribunal. “Ella sabía perfectamente que la estaban buscando”. Diez días antes de su secuestro, un operativo militar fue realizado en la calle Aráoz, donde vivían anteriormente con Jorge. Susana fue llamada por megáfono para que saliera de esa casa, pero ya no vivía allí. Se habían mudado a Ituzaingó y, según pudieron reconstruir años después, con ellos también vivía otro compañero del Instituto Balseiro que militaba con ellos, Juan Bratina. “Un amigo de la infancia que trabajaba cerca, una vez la vio ingresar en su casa en Ituzaingó. Después nos comentó que a los diez días de verla hubo un fuerte tiroteo en esa casa, y luego de eso fue derrumbada por una tanqueta”, relata Víctor. Pero fue el compañero del Balseiro quien aseguró a Víctor y a su familia, tiempo después, que Susana había sido vista en Campo de Mayo. Desde la desaparición de Susana, la casa de su madre estuvo continuamente amenazada. “En 1979 fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con mis padres a hacer la denuncia. A mí me secuestraron después de un acto en Plaza de Mayo”. Víctor asegura estar convencido de haber sido llevado a Aeroparque, por el ruido constante de aviones en el lugar. “Me secuestraron a la salida del subte en Corrientes y Salguero. Salía del subte, me tomé un taxi, me chocaron con otro taxi. Me tiraron al piso y me pusieron una campera en la cabeza. Me cambiaron de auto y me llevaron a un lugar que me pareció que era Aeroparque”. Mientras estuvo secuestrado, Víctor vivió en carne propia el terror por el que había pasado su hermana. Afortunadamente, fue liberado al poco tiempo.
Con respecto al secuestro de Jorge Fraga, el compañero de Susana, la familia Grynberg se enteró hace apenas cuatro años, ya que no conocían su verdadera identidad, sólo su apodo. Luego de una investigación realizada por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que les acercó fotos de militantes de Zona Oeste, pudieron reconocer que Jorge Fraga era “El Misio”, el compañero de su hermana, el padre del bebé que aún buscan. “Son situaciones complicadas, y a mí son temas que me angustian mucho. Me costó muchos años animarme a averiguar qué es lo que había pasado con mi hermana”, señaló Grynberg.
Visita al CCDyE Campo de Mayo junto a la Comisión de Sobrevivientes, familiares y compañeros. Archivo ANCCOM
En la audiencia también testificaron las hermanas Nora y Graciela Alejandra Brontes. Ambas fueron testigos de la noche del secuestro de su madre y su tío en Ciudadela. Las hermanas contaron que a esos secuestros les precedió la detención de su hermano mayor, en 1976. José había sido llevado a la cárcel de Devoto, luego trasladado a la Unidad Carcelaria N° 9 de La Plata, y separado del grupo junto con otro compañero en el Pabellón 1 -también conocido como el “pabellón de la muerte”-. Los dos fueron asesinados el 5 de enero de 1977. A partir de ahí, Ramona acudió a todos los organismos de derechos humanos y comenzó a realizar denuncias sobre los hechos ocurridos en la Unidad Carcelaria. Llegó a integrar la Comisión Peronista de Solidaridad (COPESOL). Pero el 9 de marzo de ese año, alrededor de las cinco de la madrugada, Ramona y su familia fueron despertados por gritos y golpes de un grupo de personas que irrumpieron en su casa. Al entrar, fueron atados juntos en el comedor y luego interrogados sobre el paradero de su padre y su otro hermano, Carlos. “Me hicieron bajar la cabeza pero yo les vi que llevaban el uniforme militar con una boina negra”, cuenta Graciela, quien tenía apenas 13 años. “Me dijeron ´tenés que decirme señor´, y me agarraron de los pelos golpeándome la cabeza con la mesa varias veces. Me golpeaban con las armas en el estómago, me pellizcaban los pechos, me decían groserías”. Tanto ella como sus otras tres hermanas fueron mantenidas durante un día entero esposadas en una habitación de la casa. Cuando Nora y Graciela escucharon que este grupo de hombres abandona la casa se dieron cuenta de que su mamá y su tío ya no estaban. Pedro fue liberado trece días después en Moreno. Al reencontrarse con sus sobrinas, aseguró haber estado en Campo de Mayo junto con Ramona. “Nos dijo que había estado en un lugar que era como una caballeriza, tirado en colchones, y que supuestamente también había estado mi mamá, porque en un momento escuchó que la llamaban ´la Gorda’. Los identificaban con números”, dice Nora. “Nosotras ya esperábamos eso con mi familia porque sabíamos de otros familiares que habían pasado por lo mismo. Y lo estábamos esperando”. Por lo que pudieron averiguar tiempo después por una víctima que estuvo en Campo de Mayo, que dijo que conoció a una ´mujer gordita que estaba buscando a su hijo´. Nora y Graciela aseguran que esa mujer era su mamá. Hoy Ramona continúa desaparecida. Una plazoleta de la calle Cochabamba lleva su nombre para recordar a aquella mujer que sigue viviendo en la memoria de todos y todas.
Sara Isabel Diehl Dodds fue la cuarta testigo de la audiencia pública. Amiga de la desaparecida Ana Cristina Escudero, secuestrada el 28 de septiembre de 1976 en Boulogne. Sara, Cristina y dos amigas más, habían creado un hogar sustituto donde cuidaban chicos con discapacidades mentales. Cristina era estudiante de Filosofía y Letras y tenía un negocio de antigüedades en Acassuso. Fue secuestrada a los 37 años, cuando Sara no se encontraba en su casa. Al llegar, Sara cuenta haber encontrado a sus dos amigas y a los niños muy asustados, y toda la casa revuelta. Quisieron realizar una denuncia en la Comisaría de Boulogne, pero Sara asegura que los policías le dijeron que había sido un “procedimiento de rutina”. Intentaron durante un tiempo encontrar alguna información acerca del paradero de su amiga, pero nadie pudo decirles nada. “En ese momento empiezan los miedos, no crees en nadie. No tenés seguridad de que alguien te vaya a responder o entender”, afirma Sara. En los relatos de esa noche, la amiga cuenta que “en la puerta de la casa, había un Falcon oscuro y adentro del auto estaba el hermano de Cristina, Fernando”. Se cree que fueron a la casa de la madre de Cristina buscándola a ella, y al no encontrarla, se llevaron al hermano. Ambos siguen desaparecidos desde ese mismo día.
Entender y revivir este largo proceso de reconstrucción de la historia puede ser difícil para muchos, especialmente para los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. Pero con cada información brindada por los testigos en cada una de las audiencias a esta megacausa -que se realiza cada miércoles en forma virtual-, se puede ir completando y profundizando esta investigación, una deuda de los argentinos y argentinas con la democracia. “Quiero transmitir agradecimiento a los organismos de derechos humanos que son los que siguen batallando para que esto no vuelva a pasar, y para que tengamos verdad y justicia”, finaliza Víctor Grynberg en su testimonio. “Puedo decir por primera vez que siento un orgullo muy grande por mi hermana y por Jorge, como así también por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.
Jun 12, 2020 | DDHH, Novedades
La investigadora Stella Segado declaró en la causa conocida como «Contraofensiva montonera».
Entre 1979 y 1980 Montoneros llevó adelante la operación Contraofensiva delineada en 1978 por Roberto Perdía y Mario Firmenich, jefes de la organización. El plan consistió en reagrupar militantes exiliados de diferentes países que regresaron a la Argentina para formar parte de una campaña de resistencia contra el terrorismo de Estado y generar consenso social para que la dictadura cívico militar llegara a su fin. El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que pertenecían a los batallones 201 y 601 con base en Campo de Mayo, por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas.
En la primera audiencia virtual del juicio, que comenzó cerca de las diez de la mañana, testificó Stella Segado, licenciada en Gestión de Políticas Públicas, especialista en Archivos y Derechos Humanos e investigadora del Archivo CONADEP de la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos. Segado le explicó a las querellas, los defensores y los jueces el funcionamiento de la estructura de inteligencia militar durante los años 1976 y 1980 para poner en contexto el objeto del juicio y conocer cómo funcionaban los Batallones 201 y 601.
La investigadora explicó a qué se denomina “ciclo de inteligencia”, establecido a partir de las reglamentaciones de las Fuerzas Armadas vigentes entre 1973 y 1983: “Es un sistema que está conformado por distintas partes en contacto con, por lo menos, una de las otras partes, entendiendo un sistema como un conjunto de normas y procedimientos”, explicó al inicio. El trabajo en un archivo administrativo, dijo Segado, demuestra que hay documentación que es imposible de destruir, pese a los intentos de la dictadura de desaparecer todo lo relacionado a la inteligencia. “Una actuación de justicia militar, que se suele hacer por una herida de bala (de un oficial) en una operativo, forma parte de un legajo personal y no se puede eliminar porque de eso depende cobrar un seguro o demostrar que la herida fue en acto de servicio, cosas que tienen que ver con la carrera del personal. Trabajar en archivos administrativos es encontrar la huella que dejó la dictadura en este tipo de eventos dentro de los legajos personales”, expresó.
Durante la pandemia, las audiencias se realizan de manera virtual.
La exposición de Segado, que duró más de seis horas, estuvo basada, sobre todo, en dos reglamentaciones que enmarcaban la actividad de inteligencia durante la dictadura cívico-militar: el RC16-1 de Inteligencia Táctica, que antes de 1977 era de Inteligencia de Combate, y el RC16-1 de Unidades de Inteligencia. El cambio en el RC16-1 se dio a partir de, según dice el reglamento, los aprendizajes realizados en la lucha contra la subversión. A partir de esto, la testigo explicó todas las etapas de la actividad. La primera, de “Planificación”, en la que se elabora un plan con requerimientos de alta prioridad, es decir preguntas que deben ser respondidas con la búsqueda de información. Después se pasa a la “Búsqueda” y “Reunión de Información” a través de diversas fuentes, tanto abiertas (organismos públicos) como cerradas (infiltrados, por ejemplo). La siguiente instancia es la de “Procesamiento” en la que se analiza e interpreta información con un sistema de valores que clasifica la información y la fuente según su confiabilidad y veracidad.
Las últimas dos etapas eran la de “Interpretación” y “Elaboración”, en la que los analistas crean el producto real de inteligencia, generan el contexto y proveen de consejos. Su percepción general puede servir a la hora de tomar decisiones, y la “Difusión” en la que los órganos de Dirección y Ejecución remiten la información a los comandos. En general, hay una concordancia entre los niveles de inteligencia con los niveles de conducción, explicó Segado y agregó: “La conducción se encargaba de la planificación y la obtención de la información, porque eran las tareas a las que le daban mayor importancia. La elaboración e interpretación estaba dejado de lado para otras áreas de inteligencia”.
Dentro de los reglamentos estaban expresadas las acciones psicológicas que tenían que ver con disminuir la moral del “enemigo”, sostener la propia moral de la tropa y ganar la adhesión de la población indiferente y neutral. En relación a estas acciones, Segado dio un ejemplo: “En estos días de cuarentena vi un documental sobre el Plan Cóndor donde aparecía un recorte de diario que hablaba del asesinato de Noemí Molfino”, dijo haciendo referencia a la militante de Montoneros, desaparecida y asesinada en España. “Me comuniqué con la producción del documental y les pedí el recorte para verlo”, agregó, mostrando en una pantalla el documento que se adjuntó a su declaración. El titular refería a la aparición del cuerpo de Molfino en Madrid y desligaba la responsabilidad al Estado argentino y paraguayo por su muerte, al mismo tiempo que enfatizaba en el peligro que representaba la subversión.
Sostener la moral de la tropa hacía referencia a convencer que lo que se hacía era salvar a la patria, al mismo tiempo que intentaba interiorizar que las órdenes no se cuestionaban ni se preguntaba por sus razones. “Este deber de no saber es una cuestión discursiva que no tiene correlación con la realidad, porque es imposible creer que un jefe que lleva adelante una tarea no sepa qué está haciendo”, aclaró. También hizo referencia a los destacamentos 201 y 601 como unidades distintivas de otras, porque su especificidad era de inteligencia. Todo el personal que los integraba era AEI, es decir, personal con aptitud especial de inteligencia. Estos destacamentos respondían a la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General de Emergencia.
El artículo periodístico que mostró Segado en la audiencia.
Sobre la contrainteligencia, Segado mencionó que se especializaba en oponerse a la inteligencia del adversario y neutralizar lo que éste planificó. “Había, por lo menos, sesenta grupos de tareas que se subdividían en partes, una analizaba la información, otra realizaba la investigación que buscaba obtener más información o nuevos blancos”, esclareció. Ante la pregunta sobre la competencia entre personal militar, Segado puntualizó: “Había una disputa entre la Armada y el Ejército, entre Massera y Videla, pero dentro de una unidad militar el jefe es el jefe y no había disputas. Las órdenes se cumplían y si no, había una sanción que les quitaba puntos para ascender.”
El sistema de inteligencia argentino tuvo algunas influencias del francés y las estrategias que utilizó contra Argelia, además de la Doctrina de Seguridad Nacional. “Fuimos pioneros, exportamos el modelo a otros países latinoamericanos, e incluso los oficiales del Batallón 601 dieron clases sobre inteligencia. Pude acceder a la reglamentación de El Salvador y era calcada a la nuestra», agregó Segado.
Las audiencias de Contraofensiva Montonera se llevarán a cabo de manera virtual los jueves de 9:30. La transmisión quedó a cargo del medio La Retaguardia, que lo emite en vivo por su canal de YouTube, algo novedoso en las audiencias testimoniales.
May 26, 2020 | DDHH, Novedades
Las audiencias se retomarán de manera virtual para evitar la impunidad biológica, dada la edad de los imputados.
Los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar continúan su curso en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin los abrazos de los familiares de las víctimas ni la militancia en las afueras de los tribunales, pero con la convicción de velar por la búsqueda de memoria, verdad y justicia, los organismos de derechos humanos reivindican la necesidad de sostenerlos de forma virtual y remota. “Esta situación de pandemia lo que hace es que cada mes de retraso valga años, porque el tiempo que queda es muy poco, teniendo en cuenta la edad de los imputados, testigos y familiares de víctimas”, dijo Pablo Llonto, abogado querellante de 365 personas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires.
En un conversatorio por streaming impulsado el martes 19 de mayo por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, explicó que los reclamos tuvieron “resultados prometedores”. La Cámara Federal de Casación Penal expidió la Acordada N°10/12 que exhorta a los tribunales a dar prioridad a los casos con personas privadas de su libertad y aquellos que no admiten demora. Bajo esta premisa, “se han activado la mayoría de los 23 juicios orales que habían quedado paralizados, salvo dos o tres que están terminando de adecuar la forma en la Capital Federal”. En tres de esas causas, Subzona15 en Mar del Plata, Feced III y IV en Rosario y Área Paraná II, ya se dictaron sentencias de forma virtual.
Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló: “La acordada fue muy oportuna porque implica la implementación de ciertas reglas para llevar adelante los juicios de manera más eficaz. Aunque desde Abuelas venimos pensando que Casación podría expedir una nueva (acordada) para que la continuidad y el empleo práctico de esas reglas no quede al libre arbitrio de los tribunales, sino que se den lineamientos generales”.
En el encuentro virtual organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado enfatizó que ante cada instancia, la solución posible es distinta, y que lo que hasta el 20 de marzo no se podía negociar, ahora sí porque el contexto es otro. En esta misma línea, Ramos sostuvo: “Tenemos más de 60 causas que están esperando un debate en la Argentina, y más de 250 que están en plena etapa de investigación. Entonces, si seguimos esperando a que aparezca una vacuna para poder salir todos a la calle, nos vamos a enfrentar a la realidad de que nos caiga en los hombros la impunidad biológica por la imposibilidad de gestionar estos juicios. Estamos interpelados a analizar los desafíos que esto representa y a movilizar esta situación a través de este tipo de reuniones y de la Comisión de Interpoderes, que es el espacio interinstitucional adecuado para debatir y fijar estándares, puntos y directrices”.
Uno de los argumentos presentados por los defensores de los genocidas para entorpecer la continuación de los juicios es que conforman grupos en riesgo ante la expansión del Covid-19. En este sentido, Llonto informó a ANCCOM que para quienes están en prisión preventiva, de 200 pedidos de arresto domiciliario, se concedieron 35, es decir que la mayoría fueron rechazados.
Además, el abogado querellante advirtió que la etapa del proceso judicial donde los acusados han sacado ventaja en estos dos meses de cuarentena es la de Instrucción, porque se demoran los llamados a indagatoria. Tal como explicó a esta agencia, el contexto agudiza un “problema de arrastre” en los juicios, al haberse iniciado más de dos décadas después de ocurridos los crímenes: “Hay centenares de imputados que están en la franja etaria de 70 a 80 años. Las muertes o los problemas de salud son recurrentes. Eso hace que se dilate el trabajo que hacemos durante años para encontrar un imputado, hilando testimonios, o que cuando los hallamos, no puedan seguir los juicios”.
Los familiares de las víctimas ahora seguirán las audiencias de manera virtual.
Los desafíos que presenta la coyuntura son múltiples. Desde un punto de vista administrativo, Ramos apuntó la necesidad de digitalizar la información y equipar a las fiscalías para poder gestionar los expedientes necesarios. La publicidad de los juicios por su contribución a una política más amplia de reparación histórica y participación ciudadana es otra de las reivindicaciones elementales. Y, sobre todo, tener en cuenta la singularidad de la situación de cada víctima o sus allegados.
“Hay familias que van a esperar a que en unos meses se puedan reanudar los juicios como antes para declarar. Otras entienden que son los momentos que nos toca vivir y que peor es esperar porque ya no se tolera más un retraso, se quiere pasar a otra etapa de la vida. Hay un deseo de que se llegue de una vez la sentencia, que esa sea la mínima reparación, y que uno sepa que se hizo todo lo posible para encontrar justicia por un padre, abuelo, madre, hermano desaparecido”, describió Llonto.
Lovelli, por su parte, reveló que otro pedido concreto de gran parte de la comunidad es que los juicios no sean enteramente de manera remota, sino que también exista la posibilidad de que los y las testigos puedan relatar los hechos de manera presencial. “Se trata de asegurar estas formas y que la víctima sea consultada. Quizás otras pueden preferir hacerlo desde sus casas sin exponerse al riesgo sanitario. Pero siempre hay que ponderar la voz de la víctima”, subrayó.
Mar del Plata y Rosario como precedentes
La primera sentencia virtual se dictó el 27 de abril en Mar del Plata por la causa de subzona 15. Se trata de 272 crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de esa ciudad, conocidos como «La Cueva» y la Base Naval, y otros que ocurrieron en las localidades de General Lavalle, General Pueyrredón, Madariaga, Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano. El fallo del Tribunal Oral Federal fue histórico: 28 imputados fueron condenados a cadena perpetua, 7 recibieron penas de entre 7 y 25 años y 5 fueron absueltos. Julieta Colomer, hija y sobrina de desaparecidos, remarcó su carácter sorpresivo y movilizante: “Más allá de que hubo absoluciones y siempre se vuelve a apelar porque no debería haber ninguna, hacía tiempo que en una sentencia de lesa humanidad no había tantas condenas a perpetua por sobre el número total de acusados”.
Aunque la presencia juega un rol fundamental en estos procesos, para ella el acompañamiento existió, incluso, a distancia. “Fue algo distinto porque siempre esperamos ese momento de la sentencia para que la lucha de tantos años por lograr que los genocidas vayan a la cárcel se traduzca en un encuentro con las emociones de tanta espera de justicia y desahogo, con amigos, familiares y compañeros de vida. Pero hubo una explosión virtual de gente que seguía la lectura y las redes”, contó.
A su vez, Colomer insistió en que es importante que los juicios continúen a pesar de la cuarentena, para no dejar de buscar la verdad: “En los alegatos, los genocidas se volvieron a negar a dar información necesaria. Mis primos, hermanos y yo seguimos sin conocer lo que pasó con mi papá y mis tíos. Entonces, a pesar de que obtuvimos justicia 43 años después, ellos siguen desaparecidos porque no tenemos datos acerca de dónde están ni sobre sus restos”.
Gloria León, abogada querellante de familiares y víctimas de la causa, también extrañó no ver la sala llena de gente, el grito al salir, al apoyo de los y las jóvenes que no vivieron la dictadura pero construyen desde el legado de esa generación diezmada. La sobreviviente a la dictadura cívico-militar indicó que faltó “esta cosa reparadora para muchas víctimas de poder mirar a la cara a los perpetradores del genocidio”, pero recalcó que es necesario seguir adelante con los juicios de forma virtual. Además, aclaró que este tipo de sentencias no la alegran, pero significan una tarea cumplida. “No puedo festejarlo. Porque son demasiados años de impunidad y las compañeras y compañeros desaparecidos siguen faltando. Sí es un alivio que este sistema en el cual vivimos pueda finalmente haber acusado con todas las garantías del debido proceso penal y finalmente haber llegado a una sentencia condenatoria. Por supuesto que eso da una enorme tranquilidad. Son las reglas del sistema y funcionaron, aunque tarde”, se explayó.
En Rosario, algunas sensaciones se replicaron. El Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó el 15 de mayo a diez agentes del ex Servicio de Informaciones de la Policía de forma remota. Se dictó prisión perpetua para los represores Mario Alfredo Marcote, José Rubén Lofiego, Ramón Rito Vergara, Telmo Ibarra, Carlos Scortechini y Ernesto Vallejo. Otros cuatro recibieron una pena de entre 16 y 22 años de prisión. “En un principio eran 14 imputados, pero terminaron el proceso 10, porque unos días antes de empezar murió uno, y en el transcurso de los juicios, fallecieron tres más -señala Ana Oberlín, fiscal de la causa-. Entonces, era importante seguir a pesar de la pandemia. Aunque sigue siendo extraño que quienes sufrieron este tipo de delitos no puedan escuchar el veredicto en vivo, porque una de sus principales funciones es reparar”.
La trascendencia del fallo también radica en el hecho de que fue la primera vez que se juzgó en esa ciudad delitos de índole sexual en el marco de los juicios por lesa humanidad. Oberlin destacó que no son “hechos aislados o desviaciones individuales de Lofiego y Marcotte, sino una práctica sistemática hacia las mujeres al igual que en todos los centros de detención, tortura y exterminio del país, en particular las violaciones, abusos y abortos forzados”. Siguiendo esa línea, reforzó que la perspectiva de género en estos procesos es indispensable porque “las voces de estas mujeres fueron desoídas durante muchos años”. Además, brindó otro dato revelador: solo el 13 por ciento de las sentencias de lesa humanidad incluyen este tipo de delitos. “Esto habla de todo lo que nos falta porque si alguien va a cualquier juicio a escuchar siempre aparece la violencia por medios sexuales hacia las mujeres, por eso es tan importante que eso se traduzca en las sentencias”.
San Martín
Mañana miércoles será otro día histórico con la reanudación de las audiencias de la Megacausa de Campo de Mayo en el Tribunal Oral Federal Nº 1 del partido bonaerense de San Martín, que alcanza crímenes cometidos contra más de 323 víctimas alojadas entre los años 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 imputados, de los cuales 13 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos.
La jornada será la primera en la que testigos declararán de forma virtual. Contará con el relato por videoconferencia de Lorena y Flavia Battistiol, quienes buscan a su hermano o hermana nacido en cautiverio, y de María Esther y Roberto Landaburu, por la desaparición de su hermana, Leonor Rosario Landaburu, quien cursaba un embarazo de ocho meses, y su cuñado, Juan Carlos Catnich. Sobre la expectativa, Lovelli aseguró que es “la misma que cualquier juicio: obtener reparación para las víctimas, justicia, condenas y avanzar sobre la verdad real de los hechos”. También recalcó que su carácter virtual será un desafío, “una gran prueba y ensayo general para ver si realmente el sistema y el Poder Judicial está capacitado para sobrellevar esta contingencia y desarrollar juicios de una manera seria, comprometida, donde estén todas las garantías aseguradas para los imputados, pero también el carácter reparador hacia las víctimas y familiares”.
