Jun 25, 2020 | Culturas, Novedades
Channy Falcón
Chany Falcón es baterista de la banda de rock de Claudia Puyó y toca folclore. Se dedica a la docencia desde hace 20 años: “Mis clases las doy en la zona de El Palomar pero, actualmente, le puedo enseñar a cualquier ser del planeta porque son todas online. Así que se me amplió el panorama: ahora si alguien que vive en México quiere tomar una clase conmigo, lo puede hacer.”
“Lógicamente –cuenta-, no tener el contacto con el alumno es feo pero el trabajo en sí es mayor. Es decir, puedo adelantar el material de la próxima clase, el alumno también trabaja mandándote videos o grabaciones de sus avances, noto que me consultan más. Entonces ya no es solamente la hora de clases sino que compartimos más tiempo. Me siento cómoda dando clases así.”
La forma elegida por Falcón es la videollamada por WhatsApp: “Ahí les mando documentos de libros y ellos pueden imprimirlos o transcribirlos. Entonces, en estos casos, también trabajan la lectoescritura. En las clases presenciales, el material, se lo llevaban en mano.”
En lo que respecta a si ganó o perdió alumnos en la pandemia, señala: “Tuve alumnos que no quisieron incursionar en las clases online y están esperando que se levante la cuarentena para proseguir con sus estudios. Y también, al margen de la modalidad, tengo alumnos con problemas económicos. Así que, también, bajé la cuota mensual en muchos casos.”
Con el saxo se complica
Marina Mosenkis es saxofonista, se dedica a la docencia hace 30 años y da clases en el barrio del Abasto, CABA. A propósito de las clases online, dice: “Siempre fui bastante enemiga de ellas porque el saxo es muy difícil y, realmente, necesita de la presencia porque uno detecta cosas presencialmente que en la virtualidad se pierden, al menos con la calidad de dispositivos que tenemos nosotros y con la calidad de Internet que manejamos.”
La cuarentena hizo que se quede con la mitad de sus alumnos. Solo está sosteniendo a los que ya venían trabajando. Por otra parte, no está pudiendo dar clases a principiantes porque no encuentra la forma: “Sé que hay gente que lo hace, pero al nivel de detalle que yo trabajo, me es imposible. En las clases iniciales se trabaja mucho el tema de la postura de la boca, la respiración, el armado del instrumento y todo esto se pierde a la distancia.”
Piano por zoom
Paola Pavan es profesora de piano y flauta traversa y música sesionista. Hace 15 años que da clases. Su formación es clásica pero también incursionó en otros estilos. Hasta antes de la pandemia daba clases en un instituto de Don Torcuato, en el partido de Tigre. En la actualidad da clases vía zoom o por whatsApp. Con respecto a las ventajas y desventajas, advierte: “Los adultos tal vez no tienen tanto problema para adaptarse a este cambio pero a los niños les cuesta. Porque, por ejemplo, en lo que es la videollamada hay un pequeño delay que impide tocar a dúo entonces eso incide en el momento de la clase con el alumno. En la enseñanza cara a cara hay cuestiones que se dan más rápidamente. En la modalidad virtual no está esa fluidez realmente. Todo se demora más.”
Paola Paván
¿El online llegó para quedarse?
Para Juan del Barrio, tecladista y ex integrante de Spinetta Jade, Suéter, Los Abuelos de la Nada y docente, la experiencia online es positiva y seguirá siendo utilizada en el futuro: “Yo ya me adapté y funciona. Sigo igual en cantidad de alumnos. A futuro me imagino algo mixto entre lo virtual y lo presencial.”
Juan del Barrio
El guitarrista y docente Diego Mizrahi coincide con Del Barrio: “Este cambio de paradigma llegó para quedarse, esto recién empieza. Estas cosas hacen que se fortalezcan otros vínculos. Hay muchas maneras, esto potencia otras cosas y hace que uno se reinvente todo el tiempo”
Channy Falcón coincide en lo positivo de este nuevo paradigma de enseñanza: “En mi caso, voy a seguir dando clases así a futuro. Porque al margen de que más más adelante se puedan dar de forma presencial, es una buena alternativa para cuando diluvia y el alumno no puede llegar. Así que, para mí, es una modalidad que suma.”
Distinta es la opinión de la saxofonista Marina Mosenkis: “Las clases online no reemplazan para nada a las presenciales. Tal vez sea una cuestión generacional. Pero, por otra parte, son muy agotadoras: se corta la señal de Internet o no se escucha bien. Es una tarea muy laboriosa…”
Aunque para varios docentes nada pueda compararse con el cara a cara, afrontan el desafío de elaborar nuevos métodos y estrategias. Otros, en cambio, entienden que esta experiencia le dejará un gran bagaje para el futuro. Lo seguro es que este cambio de paradigma recién empieza en lo que se refiere a la enseñanza musical.
Jun 20, 2020 | DDHH, Novedades
Las audiencias por el juicio denominado Contraofensiva Montonera se reanudó ayer con el testimonio de la antropóloga Verónica Almada y del médico del Ejército Nacional Gabriel Matharan, quién prestó servicio durante 14 años, incluidos los que gobernó la dictadura. Almada, que investigó archivos de las Fuerzas Armadas, reveló documentos que dan cuenta del funcionamiento del terrorismo de Estado en su “lucha contra la subversión” y que echan luz sobre el accionar represivo, mientras que Matharan prefiere no recordar.
El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército, que pertenecían a los batallones 201 y 601 con base en Campo de Mayo por secuestrar, torturar y asesinar a 94 personas.
En la sala se encontraban presentes las fotografías de los militantes desaparecidos, ocupaban el lugar que en tiempos de normalidad utilizaba el público. Se trataba de los retratos de quienes participaron de la Contraofensiva Montonera entre 1979 y 1980. Esta operación, a cargo de Roberto Perdía y Mario Firmenich, convocó a miembros de la organización que se encontraban en el exilio para resistir al terrorismo de Estado y presionar para que la dictadura cívico militar terminara.
El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín juzga a nueve militares, ex integrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Documentos que hablan
Almada investigó y relevó información de documentos de las Fuerzas Armadas durante años. Su recorrido incluye el trabajo en el Ministerio de Defensa, en colaboración con organismos de Derechos Humanos. A partir del Decreto 4/2010, que estableció la desclasificación de la documentación que pueda tener valor histórico o judicial sobre el terrorismo de Estado, se crearon equipos para cada Fuerza Armada, la antropóloga se integró y se abocó al Ejercito Nacional.
En su testimonio, que duró cerca de seis horas, Almada advirtió que la cantidad de documentación trabajada fue bastante grande, pero que se trató de un relevamiento cualitativo antes que cuantitativo. En este tipo de búsqueda, los documentos más interesantes eran los legajos de personal retirado, los recibos de haberes, la actuación de la justicia militar, los registros de accidentes, los reclamos, las felicitaciones y los manuales y reglamentos. Una de las tareas más importantes que realizó junto a su equipo fue intentar entender el funcionamiento interno del Ejército, que la antropóloga definió como una “cadena jerárquica bien organizada”. En la organización existían dos divisiones bien definidas: Planes e Inteligencia y Contrainteligencia.
La división Planes e Inteligencia -relató- se encargaba de elaborar estrategias, actualizar y procesar la información, también determinar las debilidades del enemigo. La de Contrainteligencia, en cambio, se abocaba a evitar la ejecución de operaciones de inteligencia del enemigo, reunía información específica, coordinaba las tareas de ejecución y buscaba detectar los puntos débiles de penetración física o de espionaje que el enemigo podía usar. Los reglamentos dan cuenta de las funciones de esta sección aunque en palabras de Almada, lo hacen “de manera un poco abstracta”, se habla de contra-sabotaje, contra-espionaje, contra-subversión.
A su vez había otra división que no aparecía delimitada tan claramente como las otras dos: la sección de Operaciones Especiales (SOE). En los reglamentos figuraba como la encargada de desarrollar tareas de ejecución, distintas al resto de las actividades, la ambigüedad en la descripción dificulta comprender cuál era su función específica: “Entender de quién dependía la SOE fue una de las metas del informe, lo cierto es que a lo largo del relevamiento de información vemos que hay periodos de superposición entre la división de Contrainteligencia y la SOE”, señaló Almaa y agregó que se cree que por momentos el mismo jefe de contrainteligencia es quien firma como jefe de la SOE.
Los documentos donde aparecen las actividades específicas de la SOE o los Centros Clandestinos de Detención son muy poco frecuentes. Para esclarecer estas operaciones, Almada hace referencia a papeles que encontró en su investigación. En uno de ellos un oficial, que formaba parte de esta Área de Inteligencia, explicaba que: “Había tenido que desarrollar funciones que llevó hasta las últimas consecuencias, pese a las implicaciones religiosas, morales y espirituales que conllevaban”. No dio detalles de las actividades que relevó, pero nombró a varios jefes y compañeros que podían dar cuenta de ello, entre ellos mencionó al jefe de Inteligencia, al del Batallón del 601 y al jefe de Aviación de Ejército. Otra referencia que encontraron fue un reclamo del fallecido represor Eduardo Francisco Stigliano que en su legajo explicaba cómo se eliminaban a las personas que estaban ilegalmente detenidas en los Centros Clandestinos “se les inyectaba droga Ketalar, se los subía a los aviones y se los tiraba al mar”. También existió un documento del oficial Martín Rodríguez, quien reclamó un ascenso y remarcó como mérito haber estado a cargo de uno de los Centros Clandestinos. Otro oficial también pidió en 1980 un ascenso y resaltó haber desarrollado operaciones militares, interrogatorios, detenciones, allanamientos y control de población.
A su vez, el reglamento táctico expresaba que una de las fuentes de información más provechosas eran los “prisioneros subversivos”. Los interrogatorios estaban a cargo de “personal especialmente capacitado”. Aunque en los manuales no hay información específica de los métodos, en el reglamento de Operaciones Psicológicas se establecen estrategias. Dos de ellas eran la persuasiva y la compulsiva, esta última “apela a lo instintivo del ser humano”. Para sortear la ambigüedad de los manuales, Almada recuerda un informe en el que un oficial realizó un reclamo solicitando que sus problemas psicológicos fusen considerados como una enfermedad adquirida en actos de servicio, en este documento resaltaba que: “Sabe que el único método de extraer información a un delincuente subversivo es el interrogatorio, pero que hay que presenciar la tortura”.
En el reglamento Contra Elementos Subversivos se establecen tres objetivos “Reestablecer el orden, aniquilar a la delincuencia subversiva y ganar el apoyo de la población”. Para lograrlos había operaciones militares directas y otras de apoyo. Estas últimas son las cívicas y las psicológicas y tenían tres públicos objetivos: la tropa, la población civil y los “delincuentes subversivos”. El manejo de los medios de comunicación era de suma importancia para lograrlo, había que establecer un control y evitar que se difundiese información desfavorable a las Fuerzas Armadas. En el manual se especificaba que: “Son actividades enfocadas a actuar sobre la racionalidad, las emociones y el pensamiento de las personas y el objetivo era intentar modificar su comportamiento y actitudes”.
Almada encontró en un legajo la explicación de cómo se eliminaban a los desaparecidos.
“No recuerdo señor”
Gabriel Matharan se desempeñó como médico jefe de Enfermería en el Regimiento 5 de Infantería. También declaró ayer a través de una videollamada desde Paraná. La importancia de su testimonio se vincula con la muerte del militante Gervasio Martin Guadix. En la autopsia, donde figura su firma, se estableció que fue un suicido, ya que Guadix habría tomado la pastilla de cianuro tras presentir su inminente detención. Pero en realidad se trató de una puesta en escena de los servicios de inteligencia.
Luego de jurar decir la verdad Matharan negó recordar muchas de las cosas que ocurrieron mientras prestó servicio en el Ejército. Negó saber si alguna vez realizó una autopsia y aún menos si estuvo presente en la investigación del cuerpo de Guadix. Las preguntas sobre lo que ocurrió y sobre nombres de compañeros, médicos y jefes se siguieron reiterando, pero la respuesta de Matharan también se repitió una y otra vez: “No me acuerdo nada de aquella época”.
Fue consultado por cuestiones puntuales, pero también sobre su conocimiento médico, no supo responder a ninguna de ellas e incluso su respuesta por momentos se adelantó a la pregunta. Luego de que le hubiesen recordado que brindar falso testimonio incluye ocultar información, Matharan aclaró que las fallas en su memoria se debían a su avanzada edad, ochenta años, y que la confusión se profundizó debido a la cuarentena, pero descartó padecer alguna enfermedad mental.
La autopsia donde se podía apreciar la firma de Matharan junto a su nombre tipografiado fue exhibida por el Tribunal. Luego de algunos minutos intentando que Matharan pudiese visualizar correctamente el documento, continuó negando reconocer su firma y tampoco distinguir su nombre. El abogado querellante le preguntó si estaba al tanto de que las vísceras de Guadix habían sido puestas en formol y que esta sustancia puede esconder el cianuro. Si bien Matharan admitió que el formol tiene esta capacidad, no pudo establecer cuál era la cantidad necesaria, ni si alguna vez realizó este proceso. Tras la insistencia del abogado, nuevamente pidió “por favor, no me haga esas preguntas, no me acuerdo”.
Jun 9, 2020 | Comunidad, Novedades
La app CuidAR ya tiene más de cinco millones de usuarios.
La pandemia provocada por el Covid-19 y las medidas de distanciamiento físico propuestas por la Organización Mundial de la Salud para contener su difusión, han repercutido en todas las esferas de la vida social. El aislamiento preventivo ha sido una de las medidas más eficaces para combatir al virus, pero impide innumerables actividades productivas que necesitan de la circulación. Para peor, en países donde la cuarentena no es obligatoria la economía también se ha visto profundamente afectada. En una situación en la que parece imposible salir ganando, ¿cómo se hace reducción de daños?
Para reducir el impacto de esta crisis, los Estados buscan alternativas. En tiempos digitales resulta natural echar un ojo sobre el potencial de la tecnología. Países como China, Japón, EE.UU. España, Corea, Reino Unido y otros han implementado distintas herramientas digitales con variados mecanismos de prevención y seguimiento del virus que permiten mejorar la “sintonía fina” de un distanciamiento social imprescindible. Pero, ¿cuál es el precio por el uso de aplicaciones que afectan la circulación de datos sensibles como la salud de los ciudadanos? ¿El impacto de las aplicaciones es mayor que el daño al derecho a la privacidad?
Esta discusión también tiene lugar en la Argentina donde el Estado nacional lanzó la aplicación CuidAR que permite identificar potenciales afectados y advertir al sistema de salud para que lo contenga rápidamente. Fernando Schapachnik, Doctor en Ciencias de la Computación y uno de los desarrolladores de la app, dialogó con ANCCOM: “El objetivo es proteger la salud pública. Si te sitúas en esta época del año pero en 2019, cuando te agarrabas un resfrío o tenías fiebre, seguramente te tomabas una aspirina y te ibas al trabajo. Era la gripe de todos los años. Ahora los mismos síntomas generan miedo y sobrecarga en las líneas de atención. Lo primero que busca la aplicación entonces es ordenar el autodiagnóstico que todos hacemos. Lo que busca la app es objetivar ese autodiagnóstico en función de la definición de caso sospechoso para reducir la demanda”. La aplicación, además, obliga a repetir el procedimiento cada 48 horas para reconocer síntomas leves, brindando a cada persona una alarma más rápida.
Cuando se habló de una posible obligatoriedad del uso de CuidAR, no quedó claro cómo harían quienes no tienen celular o carecen de espacio para descargar la app. “Desconozco si puede hacerse obligatoria la aplicación. Eso posiblemente lo pueda contestar un abogado”, contesta el informático. “Pero más allá de las cuestiones de accesibilidad y de la brecha digital, lo que me parece importante es pensar cuál sería el motivo para no usar la aplicación. El certificado de papel es problemático porque no se invalida ante la existencia de síntomas. Uno pensaría que un enfermo se queda en la casa, pero vimos que está lleno de irresponsables”. En un contexto en que la prioridad es que las personas infectadas no circulen, Schapachnik sostiene que “el camino es hacia una mayor integración de los sistemas informáticos”.
Algunos cuestionan que el almacenamiento de los datos se realice en servidores de Amazon.
Los reportes que hace cada usuario de la app tienen carácter de declaración jurada, algo que preocupa a algunos sectores. “Este es un desarrollo conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública, la Cámara de la Industria Argentina de Software, investigadores del CONICET y Fundación Sadosky”, responde Schapachnik frente a quiénes hablan de una necesidad de mayores consultas para desarrollar una herramientas como esta. “No sé qué otra app en el mundo tiene un abanico tan amplio de involucrados. Las personas que desconfían de cada sector pueden ver que hay participación de otro: aquellos que piensan que el Estado no debe gestionarlo por su cuenta, pueden ver que hay participación del sector privado, y viceversa. Los que recelan de ambos, pueden confiar en la participación del CONICET y de la fundación”.
El especialista está satisfecho con los resultados obtenidos: “Esta app tiene hasta ahora más de cinco millones de usuarios y por ende millones de autodiagnósticos. A muchos les ha permitido salir de la duda. Un porcentaje pequeño ha tenido síntomas compatibles y se han tomado las medidas de derivación correspondientes”.
Como explica Schapachnik, la aplicación necesita saber dónde está el afectado en ese momento para indicarle a qué número debe llamar, algo que varía en cada región. El GPS simplifica esta tarea pero el usuario puede elegir no instalarla: “Si no le das el permiso de localización a la aplicación, cuando te reportás como positivo te toma la dirección declarada previamente. Una cosa son los permisos que pide la app y otra es cuándo los utiliza. CuidAR solo usa el GPS ante la detección de un caso con síntomas compatibles con Covid 19, y eso es para agilizar la derivación al sistema de salud. Si a alguien le aparece que CuidAR está usando el GPS en otro momento, que me mande una captura de pantalla, porque eso no pasa”, declaró.
Para algunos especialistas de la sociedad civil la emergencia amerita la toma de medidas inusuales, pero dudan que se haya evaluado debidamente la seguridad de datos tan sensibles como la salud o la ubicación de las personas. En particular, muchos señalaron con preocupación que el almacenamiento de los datos se realice en servidores extranjeros, más precisamente en los de Amazon. Según Schapachnik, la normativa argentina permite que los datos estén alojados en servidores de países con una regulación igual o más estricta que la propia, otorgando “un marco de absoluta legalidad” a este procedimiento. No obstante, el especialista remarcó la importancia de una política que acompañe el desarrollo nacional en estas cuestiones: “El sistema científico argentino no cuenta con la estructura informática todavía, porque son capacidades que no se desarrollaron en los últimos años. ARSAT, con todo el potencial que posee, aún no puede brindar lo que se conoce como servicios de infraestructura elástica. Pasa algo parecido en otros ámbitos de desarrollo científico. Nadie dice que los test que se utilizaron al principio eran importados. Lo primero es que haya test y medicamentos, lo segundo es que se produzcan en el país. Hay que entender la diferencia entre las posibilidades de innovación científica y las prioridades del sistema de salud”.
Desde una mirada más crítica, algunos especialistas consideran que el riesgo de entregar tantos datos es excesivo para resultados que todavía consideran inciertos. Al ser consultada por ANCCOM, la Doctora en Derecho en Protección de Datos Personales y Especialista en Derecho Informático, Johanna Caterina Faliero, declaró: “La protección de datos también es un tema de soberanía nacional. Debemos velar como país para que estas transferencias internacionales siempre se hagan con adecuados niveles protectorios en materia de datos personales y, por otra parte, tener mucho cuidado respecto a si esas transferencias no han sido consentidas por los titulares de esa información”.
Por otro lado, Faliero remarcó la importancia del Estado como garante de derechos ante la creciente informatización de los procesos, ya que la protección de datos personales “es un derecho humano fundamental en una era en la que dejamos huellas a partir de datos y metadatos que son almacenados y procesados”. Para la especialista, estas cuestiones constituyen una demanda creciente de la población: “La ciudadanía está cada vez más consciente de la importancia de la preservación de la privacidad de los datos; decidiendo cómo, cuándo y en qué situaciones se puede trabajar con ellos y revocar ese consentimiento de manera absoluta y sin expresión de causa”. Además, afirma que esto ha incrementado el estado de participación y el debate público abierto.
El avance de los Estados en materia de acaparamiento y procesamiento de la información personal es una tendencia que preocupa a la consultora. Se trata de gobiernos que han adoptado “soluciones tecnológicas como videovigilancia y entrecruzamientos masivos de base de datos que han sido poco debatidas o no han contado con el debido estudio de los impactos en materia de datos personales”. Por lo tanto, para la especialista es necesario tomar un rol activo desde la ciudadanía, ya que “el Estado es responsable de estas acciones en contra de las libertades individuales”.
Uno de las dudas que sobrevuela las implementaciones es el riesgo de caer en lo que el investigador Evgeny Morozov llama «solucionismo tecnológico», es decir la creencia de que una app puede resolver cualquier problema. Sobre esto, Faliero detalla: “Lo primero que estamos dando por hecho es el acceso a esas tecnologías, eso es algo que nos lleva al concepto de brecha digital. Cuando una app se lanza a un público masivo debemos tener en cuenta la inmensa heterogeneidad de dispositivos o su disponibilidad”. También advierte que es probable que los sectores más necesitados de estas medidas sean aquellos que tienen la peor calidad de dispositivos y conectividad, por lo que “deben tenerse en cuenta estos factores socioambientales y socioculturales antes de poner en marcha estas iniciativas”.
Respecto al uso de aplicaciones por parte del Estado, existe un deber de los organismos públicos en demostrar la proporcionalidad de la medida, en este caso la necesidad de avanzar sobre la privacidad para alcanzar un fin superior como sería la contención de la epidemia. La abogada asegura que toda implementación de tecnología debe ser llevada a cabo con “transparencia, sin prisas y asegurando la participación de la sociedad en su control”. Al mismo tiempo, afirma que no debe permitirse un avance sobre derechos y principios que en tiempos de normalidad estaría prohibido, porque sería muy difícil recuperar ese terreno perdido.
Leandro Ucciferri, abogado, investigador y representante de la Asociación de Derechos Civiles afirma que la herramienta tiene algunas fallas básicas respecto de cómo se usará: «Hay un fuerte incentivo para no brindar información precisa sobre los síntomas que puede estar atravesando una persona, sobre todo para obtener el permiso de circulación». Además están los casos asintomáticos: en su opinión, una app nunca va a poder determinar si esa persona y su entorno se encuentran en riesgo de salud. «En el caso de CuidAR hay que volver a plantear la discusión sobre cuál es el problema que realmente se quiere resolver con esa app, y de qué manera ciertas funcionalidades pueden ser útiles para ese fin, sin poner en riesgo otros derechos, sobre todo cuando el Estado ya tiene un historial largo por no cumplir con medidas de seguridad elementales». Justamente, ADC fue una de las organizaciones que cuestionó fuertemente los sistemas de reconocimiento facial implementados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años que con la excusa de encontrar a unos pocos miles de prófugos monitoreaban a millones de ciudadanos cotidianamente. Para el abogado, “los funcionarios públicos tienen que darse cuenta de que el rol social de la tecnología es difícil y no hay una fórmula infalible que ayude a resolver todos nuestros problemas, al menos no sin crear nuevos“.
Hasta la fecha, no se desarrolló una vacuna para el Covid 19 y tampoco está claro si quien lo tuvo queda inmune al virus, pero este tipo de dudas puede extenderse a casi todas las medidas que se tomaron. En ese contexto, los especialistas insisten con la necesidad de utilizar medidas de prevención comprobadas tales como el refuerzo de las medidas de higiene, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo y la utilización de sustancia químicas para la desinfección de superficies. Faliero resume: “Nuestra naturaleza humana es ser reacios a la inseguridad, cualquier cosa que nos brinde un salvavidas en medio de ese océano en el cual estamos perdidos, es vista como una buena solución”. Desde el otro lado consideran que la emergencia no es un buen momento para discutir sino para probar con todas las herramientas que ayuden a controlar la pandemia. Tal vez del diálogo entre ambas posturas pueda surgir una respuesta capaz de encontrar el delicado equilibrio entre los derechos a la salud y a la privacidad.
