Hoy se celebra en los Estados Unidos las elecciones para elegir al que será el nuevo presidente. José De Jesús Villalobos, doctorado en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Texas, declara que en estas elecciones ya votó más de la mitad del padrón de forma anticipada, alcanzando hasta el momento la totalidad de los sufragantes de las elecciones de hace cuatro años. “Se estima que hay más demócratas votando anticipadamente por correo, y que el día de las elecciones habrá más republicanos en los centros de votación”.
A diferencia del 2016, las distintas plataformas políticas están siendo muy cautelosas en cuanto a las predicciones electorales: “La última vez se predijo que Hillary (Clinton) encabezaría las encuestas. Es complicado predecir el futuro con los sondeos porque lo que predicen son el voto popular, y al presidente lo eligen los Colegios Electorales. Al final, Hillary sí ganó el voto popular, así que las encuestas no estuvieron técnicamente equivocadas del todo. Pero estaban equivocadas en algunos de los Estados clave. Entonces, estas elecciones están siendo más cuidadosos con eso”.
En este sentido, las encuestas predicen un margen significativamente mayor por parte de Joe Biden en el voto popular que el de Hillary en 2016 frente a Donald Trump. Además, tiene más posibilidades en alguno de estos Estados clave, como Pensilvania, que serían decisivos para el resultado de la elección. El candidato ganador será determinado por los votos que obtenga en los Colegios Electorales de cada Estado. Este sistema de “el ganador se lleva todo”, que tienen la mayoría de los EStados,, está desde hace tiempo ligado a distintos debates controversiales: el partido Republicano sostiene que es la mejor manera de prevenir el fraude en los Estados Unidos, mientras que el partido Demócrata denuncia un intento de “supresión del voto” a determinados sectores sociales.
El nivel de división y el discurso agresivo fueron las bases que consolidaron la política de Trump.
Valeria Carbone, historiadora, especialista en Estudios de los Estados Unidos e Investigadora Posdoctoral del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL) señala que los representantes del partido Republicano han manifestado que el voto es considerado más un privilegio que un derecho, y describe que eso se refleja en cómo es el proceso de votación: “Primero porque es bastante descentralizado: si bien hay cuestiones normativas o cuestiones que son generales a todos los Estados Unidos, cada Estado tiene la prerrogativa de definir cómo se vota en ese Estado. Cuáles son las condiciones de empadronamiento, dónde se vota, cómo se vota, si va a ser por una papeleta, si va a ser voto presencial, si va a haber o no voto por correo, entonces eso dificulta todo lo que tiene que ver con el proceso de empadronamiento y de elección. Además, el proceso de votación es más complicado porque el empadronamiento no es automático, cada Estado decide cómo lo hace, qué documentos presentar, en qué tiempos se realiza, lo que influyen la verificación de datos en el padrón electoral. La conclusión que hace la mayoría de los especialistas en derechos electorales es que el sistema norteamericano tiende a ser más restrictivo que expansivo”. Además, para la especialista, el sistema de votos por correo alargará el conteo en las urnas, y es probable por tanto que no se conozcan los resultados el mismo día de la elección: “A menos que haya una victoria rotunda por parte de Biden en tres o cuatro de los Estados clave por márgenes tan claros que no sea necesario el recuento de votos, probablemente sean unas elecciones contenciosas que durarán por días o incluso semanas. Incluso si Biden gana por amplios márgenes, está la posibilidad de que Trump, como ha declarado anteriormente, reclame fraude electoral debido al voto por correo. Se prevé mucha controversia, muchos alegatos y mucha incertidumbre hasta que sean contabilizados definitivamente”, agrega Villalobos.
El Partido Demócrata encontró esta vez como fórmula política a un candidato hombre, católico y de 77 años como Joe Biden, junto a una vicepresidenta mujer y afroamericana, Kamala Harris. Las diferencias entre ambos son evidentes, no sólo en términos de edad, raza y género sino también en términos de a qué arco político representan con más fuerza: “Se critica con frecuencia el hecho de que Biden sea un hombre blanco, grande, incapaz de conectar con las minorías o los jóvenes”, agrega Villalobos. “No acarrea el mismo entusiasmo que Bernie Sanders o Kamala. Su mayor fortaleza es que logra hacer conexión con la cotidianeidad del americano promedio, sobre todo la población blanca y moderada. Está avanzando mucho entre los trabajadores de cuello azul de clase media que le dieron una oportunidad a Trump por cuatro años y hoy están desencantados. Es una de las razones por las que hoy encabeza Pensilvania. Kamala, en cambio, complementa muy bien lo que a Biden le falta en su propuesta, al ser mujer y afroamericana. Casi no hubiera sido nominada en el partido si no era por el voto afroamericano, particularmente el voto femenino afroamericano”.
“Biden no acarrea el mismo entusiasmo que Bernie Sanders o Kamala Harris», advierte Villalobos.
Patrocinadora del Green New Deal en el Senado y con una agenda agresiva en temas ambientales que no comparte con Biden, Kamala tiene también puntos controversiales. En un contexto como el actual, donde la polarización y la fractura de la sociedad estadounidense es tan fuerte, las movilizaciones sociales por el aumento del desempleo en la pandemia y sobre todo por la violencia policial en cuestiones raciales como los casos de George Floyd y Breonna Taylor que resonaron en todos los medios del mundo, pusieron en la mira a las plataformas políticas y sus propuestas: el apoyo público al movimiento Black Lives Matter por parte de la candidata a vicepresidenta del partido Demócrata se puso en jaque con sus declaraciones sobre su intención de no desfinanciamiento a las fuerzas policiales. “Hace poco salió un informe que decía que desde mayo en adelante de todas las protestas que se realizaron, el 93% habían sido pacíficas. Y que solamente un 7% se habían tornado violentas, en las que el accionar de la policía y de los grupos supremacistas había sido central para el desarrollo de la violencia.
El hecho de que no solamente ninguno de los dos candidatos reconozca el rol de la violencia de la policía y de los grupos supremacistas es un discurso compartido. Y que ninguno de los dos sectores atienda a la principal demanda de estos movimientos que tienen que ver con el desfinanciamiento policial también me parece preocupante. Hay un desconocimiento de la validez de la protesta social. Y me parece que eso también influye en el hecho de que las protestas en las calles sigan en un año electoral en el contexto de una pandemia”, advierte Carbone.
Por su parte, Donald Trump comparte fórmula con el actual vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Con una economía en declive por la crisis del Covid-19 luego de casi tres años de una fuerte reactivación económica de distintos sectores, el presidente deja hoy muchos saldos en la sociedad norteamericana, que podrían profundizarse, de manera preocupante, con su reelección. Martín Schapiro, abogado especializado en derecho administrativo por la Universidad de Buenos Aires y master en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella señala que la administración Trump profundizó las divisiones existentes en la sociedad estadounidense, y que a pesar de que tomó una economía en crecimiento, la pandemia y la deuda, no pudieron detener la crisis económica. “Tuvimos una etapa de recuperación del empleo pero que no había redundado en mejoras salariales, y eso empezó a cambiar al final del gobierno de Obama pero se pronunció mucho más durante el gobierno de Trump donde, además, hubo mínimos históricos de desempleo”, describe Schapiro y agrega otra preocupación a la herencia que deja el Republicano: “Hay otro saldo que es político y socioeconómico que es el nombramiento de casi un cuarto de los jueces federales, y un tercio de la composición de la Corte Suprema, y tiene consecuencias en el modo en el cual los jueces interpretan las leyes. Esto, sumado a que se trata de un sistema que tiene un control de constitucionalidad tan fuerte, que es muy parecido al argentino, con un Poder Judicial donde los jueces nombrados son conservadores, donde son favorables al mantenimiento de status-quo inequitativos, a criterios de las empresas por sobre los Estados en las regulaciones, y en general son favorables a las tradiciones por sobre los cambios en la arena social. Eso significa que algunos avances de regulaciones, en intervenciones, están en riesgo a partir de la estructura del Estado que va a dejar el gobierno de Donald Trump”. El nivel de división y el discurso agresivo fueron las bases que consolidaron la política de Trump, y como consecuencia dejaron afuera a un espectro político muy grande de posibles votantes. Si bien moviliza a un núcleo duro de ciudadanos, esta reverberación negativa logró espantar votos en el centro. “Me parece que mucho del espacio de crecimiento que hoy tienen los Demócratas está en el centro y que eso hace de Joe Biden un mejor candidato al menos en términos de posibilidades de ganar una elección mano a mano con Trump”, analiza Martín Schapiro. “Las plataformas más ambiciosas de reconversión de la izquierda del partido no fueron incorporadas en el mandato que ha generado Joseph Biden. De hecho, se ha dedicado a desmentir que venga con una plataforma de Green New Deal, de reforma radical de las fuerzas policiales, con una plataforma de prohibición del fracking. No hay una incorporación de la agenda de Bernie Sanders, por lo menos tan grande como se especulaba en algún momento”, describe Schapiro.
“Una reelección sería una señal de profundización, y no sólo de continuidad», señala Schapiro.
A nivel internacional, Trump se dedicó a profundizar enfrentamientos con potencias como China, con quien lleva una guerra comercial y tecnológica. “En general creo que una reelección sería una señal de profundización, y no sólo de continuidad, de algunas de sus políticas que me parece que tienen como marca más importante el enfoque agresivo pero económico de la solución de los problemas de política exterior estadounidense”, sigue Schapiro. «Me refiero al uso de sanciones económicas como herramienta privilegiada de resolución de problemas. México, por ejemplo, es un país aliado de Estados Unidos, con el cual mantiene una intensa relación. Cuando el gobierno estadounidense quería que México controlara la inmigración desde América Central, desde los países al sur de su propia frontera que llegaban a los Estados Unidos, lo que hizo Trump fue amenazar con imponer tarifas al gobierno mexicano. Y este accedió a cambiar el control. Además, más allá de los montones de amenazas que hubo sobre una eventual invasión a Venezuela, sobre una intervención militar con la activación del tratado Interamericano de Defensa Recíproca, lo que hubo fue primero un establecimiento y después un agravamiento de sanciones económicas contra el país. Entonces, me parece que en la región lo que hemos visto es un reflejo de lo que sucedió en otros lugares”, reflexiona Shapiro y continua: “Cuando miramos la política con Irán, la política que desde el Poder Legislativo se ha usado para Rusia, para Corea del Norte, todas esas políticas privilegian la sanción económica como modo de aproximación. Entonces ahí hay un patrón que seguramente podemos esperar que se profundice, en particular prestaría atención a la competencia tecnológica con China y al uso tal vez de sanciones económicas para mover la competencia tecnológica con China”. En cambio, el perfil más moderado de Joe Biden daría a entender que en cuestiones de política internacional se privilegiarían, por sobre todo, la diplomacia: “El enfoque de una administración Biden volvería a intentar multilateralismos, es decir que sean sanciones internacionales y no sólo sanciones estadounidenses, y tendría otros instrumentos también en el menú, no sólo el instrumento económico”, finaliza Schapiro.
La transición de gobierno, a partir de la cual se prevé que el nuevo presidente electo asuma el poder el 20 de enero de 2021, es en principio problemática y llena de incertidumbres. Con un presidente que desde el comienzo de las elecciones ha declarado la posibilidad de fraude en las urnas y ha cuestionado el resultado final en caso de no ser reelecto, es ciertamente preocupante para la sociedad norteamericana: “Lo que creemos los que nos dedicamos a observar a Estados Unidos es que, por lo menos desde 1968 con el caso Watergate y el impeachment de Nixon y la corrupción en las elecciones primarias, que no se veía una crisis de legitimidad del sistema político norteamericano tan fuerte como la actual”, declara Carbone. “Estas elecciones están manchadas desde antes de que se empezara a votar. Eso deriva en el hecho de que el 3 o 4 de noviembre no sepamos qué va a pasar porque Trump dice que si él no gana el voto popular es porque hubo fraude, se habla de interferencia extranjera de Rusia y de China, los demócratas hablan de supresión del derecho al voto, más el Colegio Electoral que básicamente filtra la elección popular. Ese es el contexto en el que arrancamos. Y después tenés a un presidente que no condena a los grupos supremacistas, que dice que puede haber violencia porque la gente no puede aceptar una derrota de él. Los Republicanos se encargaron en los últimos cuatro años de preparar un escenario en el que la definición de todo este proceso, que está manchado desde antes de empezar, lo defina la Corte Suprema”, finaliza la historiadora, especialista en Estudios de los Estados Unidos.
El régimen dictatorial de Francisco Franco detentó el poder español desde 1936 hasta 1977. Fueron 41 años de alzamiento contra las instituciones democráticas, de planificación de exterminio político mediante la tortura, la desaparición forzada de personas y el asesinato. Durante estos años se legalizó el secuestro, la apropiación de menores y la utilización de fuerza de trabajo esclavo a los presos políticos. Aún hay 114.000 españoles que permanecen desaparecidos y sin ser identificados.
El mes pasado se presentó en España el anteproyecto de una nueva Ley de Memoria Democrática, todavía en tramitación y a la espera de ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Congreso de Diputados. En él se recogen algunos vestigios de la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, aunque con un intento más ambicioso de poner en práctica, finalmente, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. “La del 2007 fue la primera Ley de Memoria en democracia en España tras una guerra civil de tres años, una dictadura de cuarenta y una transición a la democracia donde no hubo depuración de los órganos represivos, y donde además se practicaron de forma muy desigual algunos derechos fundamentales como el de poder encontrar a los desaparecidos y poder darles un entierro digno”, afirma Manuela Bergerot, asesora en el Grupo Municipal de Más Madrid y ciudadana española desde que ese país la acogió junto a sus padres, escapando de otra dictadura, la argentina.. Destaca que las únicas políticas de memoria, a lo largo de estos años, fueron las del bando vencedor, responsables de escribir la historia oficial mediante la tergiversación de un relato que al día de hoy sigue impidiendo la conexión de las nuevas generaciones con los valores democráticos. En sus calles, Madrid sigue atestada por el franquismo: “Todos los símbolos callejeros, las estatuas y las esculturas que conforman nuestro espacio público hablan de lo mismo. No han necesitado encerrarlo en un museo porque en España las calles están llenas de placas a los caídos por la Gracia de Dios, que son todos los del bando franquista. Y eso es lo que ha ido conformando la identidad colectiva del pueblo. Hubo una naturalización del franquismo a través de esos símbolos”.
El rol de movimiento memorialista y de sus respectivas asociaciones fueron fundamentales para el impulso de esta nueva ley que incluye también cuestiones como la realización de un censo oficial de víctimas y la exhumación de más de 20.000 cuerpos (hasta el momento realizadas gracias a la iniciativa de los familiares de las víctimas), la ilegalización de asociaciones de apología al franquismo que siguen vigentes y medidas educativas hasta el momento inexistentes. “Lo poco que se ha avanzado -dice Bergerot- ha sido gracias a estas asociaciones, que han estado totalmente desamparados por todos los gobiernos, incluso por los progresistas”.
Ascención Mendieta, una anciana de 91 años, logró recuperar los restos de su padre fusilado en 1939.
Desde estas asociaciones se ha logrado también iniciar la primera y única querella contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, abierta en la Argentina hace ya 10 años: “ Es el único proceso judicial al día de hoy que está en fase de investigación, donde ha habido imputaciones, ha habido toma de declaración a los responsables. Las víctimas de España han tenido que viajar 10.000 km para ser escuchadas en una sede judicial argentina. Eso ha movilizado mucho y ha hecho entender que esto es una cuestión de Derechos Humanos. Esta Ley de Memoria Democrática está fundamentada con esas bases”.
La querella argentina no sólo logró valores positivos a nivel judicial como la declaración de las víctimas, la apertura de investigaciones, y la exhumación de varias fosas como la del paradigmático caso del padre de Ascención Mendieta. Hasta una mujer de 89 años vino a declarar a la Argentina ante la jueza que lleva adelante este caso, Servini de Cubría.
La querella también logró imponer el debate en la agenda mediática y política, e instaló un marco diferente al que venía previamente dado desde una derecha que lo presentaba como una cuestión de revanchismo y de revictimización continua de las víctimas. “La querella argentina, junto con los informes de los relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, están diciendo: son derechos fundamentales desatendidos. Y si hay personas que necesitan que se garanticen unos derechos, hay otras que tienen unos deberes. Y ese es el rol del Estado”, afirma Bergerot.
La querella argentina sigue avanzando en la toma de declaraciones a los imputados. Desde hace un mes, se lo está realizando con Rodolfo Martín Villa, quien fue ministro de Franco y está imputado hoy por varias causas. Una de ellas fue por dar la orden de la matanza de varios trabajadores en Victoria, el 3 de marzo de 1976, mientras estaban haciendo una huelga. Los encerraron en una iglesia y fueron masacrados. Las pruebas son contundentes y Servini de Cubría mandó a tomar declaración a Villa hace aproximadamente cinco años.A los 86 años, tuvo que presentarse finalmente en la Embajada argentina en España y prestar declaración a través de Zoom al juzgado Nº 1 de Buenos Aires. Esta querella, según Bergerot “ha tenido el poder de poner en evidencia el poder multiplicador de la memoria. Se siguen presentado denuncias, y hay todavía mucha gente que está esperando poder prestar declaración”.
Manuela Bergerot se exilió en España cuando tenía dos años y hoy es activista por la memoria, la verdad y la justicia.
Otro punto fundamental en este nuevo proyecto es la reforma de la Ley de Amnistía de 1978, que impidió durante muchos años juzgar los delitos durante esa época. “Es el equivalente a la Ley de Punto Final o de Obediencia Debida de Argentina. Tienes que darle herramientas a los fiscales, porque si no seguirá ocurriendo como hasta ahora, que todas las querellas o denuncias presentadas a juzgados territoriales españoles, son denegadas porque se parapetan en esa norma”, describe Bergerot.
Si bien durante la transición de la dictadura a la democracia estas medidas fueron las únicas posibles, el contexto actual es completamente distinto: los espacios políticos progresistas como Más Madrid denuncian la insuficiencia de esta ley. Las nuevas generaciones ven coartados sus derechos fundamentales cuando siguen anclados a una ley de 1978 que no contempla dichas garantías.
Hasta el momento, tampoco ha existido en España una política estatal que promoviera investigaciones científicas sobre todas las tipologías de víctimas que produjo la Guerra Civil y la dictadura. Las cifras dadas al día de hoy son gracias al trabajo de estos colectivos de derechos humanos: existen 114.226 personas en el país que permanecen desde entonces en fosas comunes. Pero recientemente se conoció en España que por primera vez el gobierno de Pedro Sánchez está desarrollando un plan de exhumaciones liderado por el médico forense Paco Echevarría. Bergerot afirma que “es la primera vez que el gobierno se va a hacer cargo en democracia de unas exhumaciones con respaldo científico. Y esa investigación pone sobre la mesa que a día de hoy quedan 20.000 mujeres y hombres en fosas comunes. Si se han hecho exhumaciones en los últimos 20 años, fue gracias a organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica”.
Hay 114.226 españoles enterrados en en fosas comunes.
Además, la falta de respaldo científico imposibilita la investigación del plan sistemático diseñado por el psiquiatra Vallejo-Nágera sobre el robo de bebés durante esos años. Hasta 1952, las estimaciones dan a conocer una cifra de 30.000 bebés robados a mujeres víctimas de estos crímenes. “Imagina todas esas genealogías familiares que están sustentadas sobre una mentira -sigue Bergerot-. Cuántos adultos, que además han ido a su vez teniendo hijos, no conocen su verdadera identidad. Son tantos que podríamos escribir casi la historia de España. Y por eso hay tanto miedo”. El desconocimiento y el negacionismo a lo largo de los años tiene que ver también con las decisiones educativas y culturales fuertemente arraigadas en la sociedad: “Esa generación viene directamente de haber sufrido la pedagogía de la sangre, con un Estado que se encargó de sembrar cada pueblo de España con una fosa común. El mensaje que está mandando ahí es terrible. Y eso se hereda. No ha habido olvido, lo que ha habido es silencio y miedo. Hay varias generaciones que están atravesadas por el miedo. Las siguientes generaciones, los hijos de aquellas mujeres y hombres que vivieron en primera persona cómo fusilaban a sus padres y a sus madres y eran enterrados en fosas comunes, lo vivieron también desde el silencio. Y uno nunca puede olvidar lo que nunca se le ha transmitido”.
La necesidad de memoria, verdad y justicia no es sólo fundamental para las víctimas y sus familiares, sino también para las generaciones venideras. La comprensión de la historia es clave para garantizar que estos hechos no se repitan nunca más. Manuela Bergerot ilustra como ejemplo a su hijo Mateo, quien durante la escuela primaria aprendió en los libros de texto de Historia, lo que ella misma y todos los españoles aprendieron siempre: “Recuerdo que una de las cosas más graves que cuentan es que no existía el derecho a la reunión, al sindicalismo, que había tarjetas de racionamiento de los alimentos. No se habla de las fosas. De repente hay una guerra civil en la que se matan entre dos bandos, no se habla nunca de un golpe militar, no se habla de una sublevación de un ejército que da un golpe contra una democracia que era la de la Segunda República. En los libros de texto además se les enseña sobre lo ocurrido en la Alemania nazi con los campos de concentración, hay una gran sensibilización, una empatía muy grande hacia ese caso. Lo que no saben los españoles es que Franco abrió 297 campos de concentración en España. Puedes salir a la calle y preguntarle a la gente, que la gran mayoría no tiene absolutamente ni idea”.
La promulgación de esta ley, que se prevé para el verano de 2021, es decisiva para poder abordar definitivamente esta cuestión pendiente que España tiene con las víctimas de la guerra y la dictadura, como así también para que las generaciones futuras puedan acceder al derecho a la verdad y puedan conectar con toda la tradición de las luchas y las historias de vida, de los avances por los derechos y las libertades. Conectarlos con estos sucesos de la historia es dotarlos de recursos para luchar para que nunca más exista el terrorismo de Estado. “Creo que es un acto de responsabilidad cerrar filas para que esto sea efectivo porque si no, no sólo va a haber mujeres y hombres que ya nunca más vean reparados esos derechos, sino que nuestra convivencia va a ser imposibilitada. Creo que con el auge del fascismo, las políticas de memoria son sobre todo la construcción de una convivencia que, cuando hay una desigualdad en origen tan grande, es imposible que haya una cultura de paz, una cultura por la convivencia”, finaliza Bergerot.
A un año de que la derecha y la OEA desconocieran la elección del 20 de octubre, el pueblo boliviano volvió a imponer su voluntad en las urnas y consagró como fórmula electa a Luis Arce y David Choquehuanca, pertenecientes al MAS, el partido liderado por Evo Morales, que arrasó con más de la mitad de los votos. En diálogo con AMCCOM Federico Fagioli relató lo acontecido en su experiencia como veedor en las elecciones del país vecino, Stella Calloni realizó un análisis de lo acontecido con una mirada regional y referentes de la comunidad boliviana en Argentina contaron cómo vivieron los comicios de este lado de la frontera.
“El triunfo del MAS en el Estado Plurinacional de Bolivia es el triunfo de los pueblos de nuestra Patria Grande. Los sectores populares se impusieron para frenar el avance de un proyecto neoliberal, conservador, basado en la violencia, el racismo contra los pueblos indígenas, la discriminación y la dependencia” afirmó Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos, y agregó: “Ellos demostraron la fuerte construcción identitaria que no puede ser aplastada, como intentaron hacer con la Wiphala. Demostraron que son un pueblo digno y firme”.
“Este fue un gran triunfo. Era lógico que iba a ganar el MAS. En las pasadas elecciones, que ganó Evo Morales, se quemaron cuatro centros electores en lugares siempre muy favorables a Evo, así que creo que la cifra con que ganó era incluso mucho mayor de lo que se vio”, sostuvo Stella Calloni, quien acaba de publicar su nuevo libro Golpe en Bolivia: Washington ordenó, la OEA ejecutó. La escritora e intelectual señaló que tras el gobierno de Jeanine Áñez lo que quedó es “un terreno arrasado y minado. El binomio Arce – Choquehuanca tiene que enfrentar una situación muy distinta a la que habría si fuera como continuidad del gobierno de Evo Morales”.
Evo Morales festejó el triunfo de Arce en la Argentina.
En la comunidad boliviana argentina vivieron el 18 de octubre con una mezcla de alegría, tensión y expectativa. Lucía Pari, Presidenta de la Asociación Civil Juana Azurduy, tuvo una participación activa en el desarrollo de los comicios: “Estamos alegres por todo, sobretodo los abuelos que son los más favorecidos. Con Evo consiguieron un montón de cosas, allá no les falta nada. Después de todos los maltratos que pasaron, si ganaba Carlos Mesa ellos hubiesen sufrido mucho más”. Desde Baradero, Fernando Hinojosa, presidente de la Colectividad Boliviana en ese distrito, contó que se vivió como un “día de fiesta, por poder ir a votar, ejercer nuestro derecho”.
Fueron alrededor de 142.000 los bolivianos residentes en Argentina quienes se acercaron a las urnas el domingo, pero sostuvo Pari que “podrían haber sido muchas más las personas que hubiesen ido a votar. Los días anteriores estuvieron bastante complicados: han cambiado las escuelas, las direcciones, han confundido a la gente. El gobierno de Argentina ha hecho todo lo posible, incluso cuidar a Evo Morales, para que sean unas elecciones tranquilas. Lo que pasó es responsabilidad del gobierno de Bolivia. Hoy estamos más tranquilos porque si bien sabemos que la mayoría vota por el MAS y nos esperábamos la victoria que se dio, así como hicieron posible el fraude el año pasado, también lo podrían haber hecho ahora”, señaló la presidenta de la asociación. Por su parte, Hinojosa destacó que “es esperanzador ver que se aceptó el resultado por parte del gobierno de facto y los otros candidatos, era el riesgo que corríamos, que intentaran hacer algo como la vez pasada”.
En Bolivia, los días previos a las elecciones, se configuraba un panorama de profunda tensión. Al respecto, Federico Fagioli relató: “Fuimos invitados como veedores por la presidenta del Senado, Eva Copa, para asegurar el transparente desarrollo de los comicios. Cuando llegamos a La Paz, luego de haber hecho nuestra formal entrada al país, nos recibió Murillo (Arturo, designado inconstitucionalmente Ministro de Gobierno por la dictadora Áñez), con la policía. Me acusaron de haber cometido delitos de lesa humanidad. Así como suena: una locura digna de quienes usurpan el poder democrático”. Tras negarse a firmar un papel en el que se asentaba esta acusación, “recurrieron a la fuerza e intentaron separarme y meterme a una camioneta con vidrios polarizados que no tenía identificación. Imaginate lo que fue para mí ver que las fuerzas represivas de una dictadura me quería meter en una camioneta de esas características”.
Esta situación recién pudo resolverse después de muchas horas de negociación y con la intervención del gobierno nacional argentino, de Lucas De María, Sebastián Martínez Cabail y Diego Garcés -funcionarios de la embajada Argentina- y de distintos organismos como el Tribunal Superior Electoral de Bolivia y la ONU. “Una vez que las cosas se tranquilizaron, sucedió la segunda parte, igual de absurda y violenta que la primera: Murillo dio una conferencia de prensa donde pretendía dar su versión de lo que había acontecido en el aeropuerto conmigo. Pretendió subestimar al pueblo boliviano que ha dado sobradas muestras de su grandeza, negando la violencia y acusándome de mentiroso. Por suerte hoy en día los celulares tienen cámara y hay sobrada evidencia que avala mi relato y el de los compañeros mencionados”, repuso el diputado y agregó que “en ese contexto (Arturo Murillo) expresó que me declaraban ‘persona no grata’ y que no era bienvenido por haber participado el año pasado de una comitiva por la paz con organismos de Derechos Humanos”.
En la Argentina, votaron más de 142.000 bolivianos.
“Por toda la intervención nacional e internacional que comenté, con grandes recaudos y cuidados, pudimos realizar nuestra función de veedores internacionales participando de la apertura del acto electoral en los distintos sitios de votación, recorriendo centros electorales y estando presentes para el cierre de los comicios. Luego, observamos el proceso de carga de datos y difusión de los resultados desde el Centro de Operaciones”, contó Fagioli. “Fue una experiencia maravillosa, un magnífico acto electoral, masivo y transparente. Al ser un triunfo tan contundente, cualquier intento pensado de alterar la voluntad popular fue desistido. El pueblo boliviano celebró una fiesta democrática. Y la verdad que es un enorme orgullo haber sido parte de ese proceso, con la coherencia que expresamos y el irrestricto apoyo a la voluntad de los pueblos, siempre”.
Si bien el triunfo del MAS supone una victoria fundamental para los sectores populares que representa, Calloni, escritora especializada en política internacional, no descarta que la derecha seguirá ejerciendo presiones para el nuevo gobierno ya que “mantiene el poder real, en las fuerzas militares y el poder económico”, y advirtió que “hay que mirar todo con mucha cautela, aún reconociendo la histórica respuesta del pueblo boliviano, que desde el primer momento resistió”.
“En este tiempo (el gobierno de Áñez) ha devuelto el país a muchos de los sectores que conspiraron contra el gobierno del MAS y sus medidas. Tomaron decisiones que jamás debería haber tomado un gobierno transitorio, como privatizaciones, devolver la presencia a la DEA, la CIA, el FBI, cerrar embajadas de varios países, tomaron medidas muy fuertes en política exterior”, aseguró Calloni y añadió que “algo muy grave es la cantidad de armamento que entró a Bolivia, abrir las puertas nuevamente al paramilitarismo que ha sido siempre una tragedia para el pueblo boliviano”.
En este sentido, Hinojosa, profesor de Informática en Baradero, coincidió en que “va a ser una etapa difícil. Tenemos un país que ha sido devastado económicamente en poco tiempo, por el gobierno de facto y por la pandemia. Se contrajo una deuda enorme en Bolivia, la pobreza aumentó muchísimo, volvió a crecer la desigualdad social y la desocupación. Y, aún sin tener atribuciones para hacerlo, privatizaron empresas del Estado”. “Yo creo que Arce va a trabajar para sacar adelante el país que en un solo año dejaron casi en la miseria”, sintetizó Pari.
“El gobierno de facto llevó a Bolivia de ser un ejemplo de crecimiento económico en el mundo a una profunda crisis social, económica y sanitaria. Los bolivianos y las bolivianas no estaban dispuestos a entregar su estado plurinacional, entonces se apropiaron de las herramientas constitucionales, para dar una lección no solo a los dictadores de Bolivia, sino a todos los que intenten deslegitimar a los pueblos de toda nuestra América: ‘¡Aquí no se rinde nadie, no pasarán!’”, concluyó el diputado nacional.
La amplitud del triunfo del MAS superó ampliamente todos los pronósticos.
Una alerta para toda la región
“Tenemos una situación muy difícil en toda América Latina. El mismo día de las elecciones en Bolivia, en Chile se estaban produciendo las más grandes manifestaciones en la historia de ese país. Me recuerda a todas aquellas manifestaciones que se produjeron en América Latina en contra del neoliberalismo que se había establecido en los ’90, siendo el único continente en el mundo que derrotó los planes neoliberales de esos tiempos”, apuntó Stella Calloni. Además advirtió que “Estados Unidos decidió intervenir en todas las elecciones en América Latina, hay mucho dinero circulando para evitar que gane un presidente, muchas trampas. Y es algo que quieren imponer en toda la región. Cada actitud que toman las derechas latinoamericanas en el gobierno nos crean más compromisos de dependencia hacia el futuro, que ya no podemos aceptar”.
En este sentido, Federico Fagioli aseguró que “esta victoria representa un freno visible a la injerencia del Departamento de Estado norteamericano en nuestro continente y un debilitamiento de las fuerzas de derecha articuladas en el Grupo de Lima. A nivel regional -agregó- esto nos da un nuevo aliento para reactivar las alianzas necesarias para dar la batalla por la dignidad de nuestros pueblos. Como siempre decimos, nuestro proyecto es continental, regional, queremos una Patria Grande hermanada, que camine hacia el mismo horizonte de justicia e igualdad para los pueblos”.
“Este debe ser un momento de enorme reflexión para todos, hay muchas cosas que se pusieron en evidencia y hay que aggionarse a los nuevos tiempos, en donde es evidente que es necesaria otra distribución de la riqueza”, concluyó Stella Calloni.
Fernando Hinojosa señaló que “en la historia de Bolivia esto va a quedar como una etapa muy triste, pero también como un aprendizaje del pueblo que exigió rápidamente sus derechos de nuevo. Si bien nos pareció eterno, en un año pudimos recuperar la democracia”. La experiencia en Bolivia evidenció que el pueblo no está dispuesto a tolerar más gobiernos impuestos mediante golpes de Estado y que la organización en pos de la defensa de los derechos de los sectores populares una vez más hizo valer la voluntad de la mayoría. Al respecto, Lucía Pari concluyó que “antes no se veía tanta unión y hoy sí. Se notó la unidad, la potencia y el trabajo para demostrar a Bolivia que desde Argentina estamos todos con ellos”.
En lo que va del año, 14 provincias presentaron focos de incendio. Entre ellas, Córdoba lleva hasta el momento 182.724 hectáreas quemadas, cifra récord desde 1999.
Según Santiago Rodríguez Tarduchy, brigadista en Agua de Oro, si bien en la provincia los incendios son normales, nunca había presenciado uno como el de este último año. Desde agosto, la Brigada Chavascate, de la que Rodríguez Tarduchy es parte, viene trabajando ininterrumpidamente convocada por los cuarteles de bomberos que no dan abasto.
Tarduchy afirma que las causas accidentales existen –como la negligencia en el mantenimiento de tendidos eléctricos, disputas entre paisanos o algún que otro pirómano–, pero que no son frecuentes. En la mayoría de los casos, tal como lo informa el Reporte Nacional del Manejo del Fuego, los incendios forestales se producen por intervenciones humanas y la principal es la preparación de áreas para el pastoreo.
Desde mayo, la provincia se encuentra envuelta en llamas y nadie parece plantear una solución acorde. Las primeras declaraciones del gobernador Juan Schiaretti, haciendo énfasis en la sequía como causante de la desgracia, no estuvieron a la altura de la situación. “Es un discurso perverso e irresponsable de la máxima autoridad provincial, porque invisibiliza que el cambio climático tiene origen en estas prácticas de degradación de los ecosistemas”, sostiene el biólogo y docente cordobés Cristian Schneider, quien asegura que en los lugares donde se iniciaron los incendios confluyen intereses relacionados con el avance de los proyectos inmobiliarios y de urbanización, intensificación de la explotación de ganado y la ampliación de zonas mineras, sobre todo en las sierras.
En Córdoba ya se incendiaron más de 182.000 hectáreas.
La Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA), organización que Schneider integra, presentó junto a otras agrupaciones dos causas penales contra el mandatario. Una de ellas vinculada con la demora en actuación del deber público y otra por la desafección de fondos de financiamiento de la Ley de Manejo del Fuego. Este fondo permitía todo un sistema de prevención temprana como los bomberos vigías, ubicados en puntos clave para alertar de las primeras columnas de humo. “En este contexto de vacío administrativo y ausencia de política ambiental, estos actores económicos encuentran una nueva manera de avanzar contra el monte. El fuego es la topadora del siglo XXI”, sentencia Schneider.
Si bien en todos los incendios interviene la fiscalía de turno junto con la Federación de Bomberos para investigar sus causas y responsables, las sanciones económicas terminan representando un mal menor dentro del negocio. En Córdoba, el caso más representativo es el de la familia Becerra, que según un informe realizado por Sala de Prensa Ambiental, en los últimos cuatro años ha iniciado 200 incendios en su propia estancia para el rebrote de pastura. Más allá de que esta práctica está prohibida, el problema es que el fuego logró expandirse al Parque Nacional Quebrada del Condorito en más de una ocasión. El caso de los Becerra es el único en el que un productor fue imputado en una causa penal, ya que, como señala Schneider, “hubo otras imputaciones que involucran a una decena de personas, en su mayoría peones de campo, que terminan siendo chivos expiatorios. Aunque son ellos los que inician el fuego no son los autores intelectuales”.
En Argentina existen leyes en materia ambiental y otro puñado de iniciativas, como el Acuerdo Escazú y el reciente proyecto de ley presentado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pero esto no implica que luego se ejecuten acciones concretas ante la problemática actual. Para Schneider, esto se relaciona directamente con la necesidad de que los debates políticos dejen de darse en mesas chicas para empezar a incluir a la comunidad, tal como lo remarcan el propio Acuerdo Escazú y la Ley de Bosques.
Que esto no suceda, supone que surjan iniciativas como el Plan Provincial Agroforestal que propone la reforestación de zonas de llanos con especies exóticas. “Es un error pensar la restauración solo como reforestación y no como una serie de ciclos naturales que tiene sus tiempos. Sin mencionar que esas especies exóticas están genéticamente modificadas y se obtienen como parte de un acuerdo con una empresa de biotecnología de Misiones. El tema es que abrir el diálogo implica escuchar especialistas que saben que es fundamental un acompañamiento técnico y una asistencia fuerte a las familias y productores, que dependen de la economía doméstica”, afirma el biólogo.
“Es fundamental ver la multiplicidad de aristas del problema: sociales, culturales, económicas y políticas», dice Schneider.
La educación ambiental también es clave, subraya Tarduchy, en particular en la zonas serranas o limítrofes con el monte, para concientizar a los paisanos y dueños de campo sobre la inutilidad del uso de fuego para rebrote. Estas acciones a pequeña escala, asegura, pueden ser significativas, pero los recursos que obtienen de su autogestión en la brigada no son suficientes. “Hacemos campañas de sensibilización y charlas, pero por los resultados, y más allá del clima, no funcionaron. No tenemos la capacidad que puede tener un gobierno provincial para abordar la temática”.
El pedido de apertura a las organizaciones civiles, ambientalistas y técnicas es algo que ha estado presente en numerosos debates relacionados con el medio ambiente y para quienes llevan años militando la causa, como Tarduchy y Shneider, resulta un camino agotador en el que se repiten las promesas pero nunca llegan a cumplirse.
“Resulta fundamental relacionar la multiplicidad de aristas que tiene esta problemática: sociales, culturales, económicas y políticas. Sólo de esta manera tendremos una mirada integral de lo que nos está sucediendo como sociedad. De otra manera, lo que nunca podemos llegar a discutir es el modelo productivo”, asegura Schneider y remata: “El problema no es el clima, sino el modelo”.
Los diputados del Frente de Todos presentó un nuevo proyecto de ley busca reformar el artículo 22 bis de la Ley 26.815 del Manejo de Fuego, sancionada a fines del año 2012 y promulgada el 10 de enero de 2013. A partir de esta iniciativa se prohíbe realizar modificaciones en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales”, con el fin de “garantizar su restauración” y “desalentar los incendios forestales y la especulación financiera e inmobiliaria”.
“Tomamos una ley que ya teníamos en funcionamiento a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego como ámbito de aplicación. A este lo conforman el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y CABA. Aplicamos cambios sustanciales sobre esa legislación para proteger las áreas cuando sean solucionados los siniestros, principalmente, en las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. Hicieron un daño pero no van a poder usar esas áreas para sus fines de negocios. Es una urgencia ponerle fin a esta problemática”, declaró el diputado Leonardo Grosso, presidente de la Comisión Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara Baja.
Esta modificación prohíbe el uso de los suelos afectados por incendios forestales por 60 años en el caso de los bosques nativos, áreas protegidas y humedales, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas, pastizales o matorrales.
Así, el proyecto de ley busca proteger los ecosistemas que puedan ser afectados por incendios, muchas veces intencionales. En el primero de los casos, las modificaciones prohíben cambiar el uso y destino de la superficie de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, con especial atención a los emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agrícola distinta al uso que tenía la superficie al momento del incendio.
El 95 por ciento de los incendios son intencionales.
En el caso de la prohibición a 30 años en zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, también se busca desalentar los emprendimientos inmobiliarios y se prohíbe la modificación del uso de la superficie para agricultura intensiva.
“El objetivo es frenar el ecocidio. Que esas áreas como bosques nativos, humedales, no puedan modificar los fines originales que tenían antes de ser incendiados por el término de 60 años. Frenar los negocios y proteger el planeta cuidando los servicios ecosistémicos es el fin principal”, afirmó Leonardo Grosso (FDT).
Esta iniciativa impulsada por el Jefe del Bloque oficialista, Máximo Kirchner, logró adhesiones en los interbloques del Consenso Federal y Federal para el Desarrollo. Además, incluye las firmas de Eduardo Bali Bucca (Justicialista), Graciela Camaño (Consenso Federal), José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), Ricardo Wellbach (Frente de la Concordia Misionero) y Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro). Sin embargo, el proyecto no logró ninguna adhesión dentro de la segunda minoría en Diputados.
“Hay consenso con casi toda la oposición menos el interbloque de Juntos por el Cambio, que en este tipo de casos siempre privilegia los intereses de sus amigos y no los intereses de la comunidad”, opinó Grosso.
Según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, actualmente once provincias tienen focos activos: Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco y Catamarca.
Los incendios forestales ya han destruido más de 200 mil hectáreas.
Los incendios forestales ya han destruido 90 mil hectáreas de humedales en el Delta del Paraná, y si sumamos los focos activos en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa este número asciende a 200 mil hectáreas de humedales perdidas. Se estima que el 95 por ciento de los incendios son intencionales, y en el caso de Córdoba estos siniestros amenazan con destruir el único tres por ciento de bosques nativos que tiene la provincia.
“El 95 por ciento de estos incendios son intencionales y buscan reemplazar esas áreas por proyectos inmobiliarios, por producción ganadera y depredan estas zonas para poder utilizarlas a su antojo. Son los mismos intereses económicos minúsculos de siempre y, aunque son pocos, son muy poderosos”, agregó el diputado del Frente de Todos.
Esta reforma no es un proyecto aislado en materia ambientalista en nuestro país. El pasado 25 de septiembre la Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado firmado por 23 de los 33 países que conforman América Latina y el Caribe que busca proteger los derechos a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales.
“Esta modificatoria a la Ley de Manejo del Fuego está enmarcada en una agenda integral de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados que también contempla a la Ley de Humedales, la mejora de la Ley de Bosques y la suscripción al Acuerdo de Escazú. Argentina está cambiando el paradigma de las políticas ambientales”, continuó el diputado.
En el caso de encontrar consensos y voluntad política en ambas Cámaras, los tiempos administrativos habituales del Congreso, entre el debate en comisiones y su tratamiento en los recintos, puede lograrse la sanción de la modificación en menos de dos meses. Se trata de un simple cambio que incorpora el artículo 22 bis a una norma ya existente.
