Nov 30, 2017 | Novedades, slider
A pocas semanas del cierre del año 2017, un hecho trascendental en la historia argentina reciente quedó cerca de llegar a su fin. Se trata de la Megacausa ESMA, el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Escuela Mecánica de la Armada y el mayor en términos de cantidad de víctimas y procesados. El miércoles 29 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 -integrado por los jueces Adriana Pallioti, Leopoldo Bruglia y Daniel Obligado- dictó la sentencia a los 54 acusados por 789 hechos de secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) en la ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención y exterminio del régimen de facto y por el que se estima que pasaron más de 5.000 detenidos desaparecidos. “Fue una sentencia muy buena, no solo porque logramos que 29 personas sean condenadas a prisión perpetua. Hay algunos que ya tenían condenas anteriores pero hay 19 nuevos condenados, y eso es muy importante para ampliar el arco de responsabilidades de los crímenes que se cometieron en la ESMA. También fue muy importante haber probado un vuelo de la muerte, que es el vuelo del 14 de diciembre del 77, donde se trasladó a todo el grupo de la iglesia Santa Cruz, que incluía a dos monjas francesas (Léonie Duquet y Alice Domon) y a Madres de Plaza de Mayo (Esther Ballestrino, María Eugenia Ponce y Azucena Villaflor). Por ese vuelo fueron condenados dos de los tripulantes, Arrú y D’Agostino. Es la primera sentencia en causas de lesa humanidad que registra y acredita los vuelos de la muerte como un método de exterminio muy particular de la ESMA”, expresó la letrada Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del Área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS y abogada querellante en la causa, en diálogo con ANCCOM.
Lita Boitano, Taty Almeida y Laura Conte.
El histórico juicio comenzó el 28 de noviembre de 2012 y en un principio contaba con 68 personas juzgadas, cantidad que se redujo durante el avance de la investigación por fallecimientos o motivos de salud. Cinco años después, tras 410 audiencias con declaraciones de más de 800 testigos, alegatos y relevamiento de una importante cantidad de documentación, la Megacausa ESMA finalizó con un veredicto que dejó en las querellas la sensación de que, en gran medida, la justicia triunfó sobre la impunidad. En total, 29 ex represores fueron condenados a prisión perpetua, entre ellos, figuras de alto rango como Alfredo Astiz alias “el Ángel de la muerte” (acusado, entre otros crímenes, por la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin), Jorge Eduardo “el Tigre” Acosta, Mario Daniel Arrú (piloto apuntado por su participación en los “vuelos de la muerte”), Ricardo Cavallo y Adolfo Miguel Donda, entregador de su sobrina, la legisladora Victoria Donda, quien recuperó su identidad en 2004. Por su parte, otros 19 militares recibieron penas de entre 8 y 25 años de prisión. Por último, seis de los acusados fueron absueltos, incluyendo al ex secretario de Hacienda Juan Alemann y al piloto Julio Alberto Poch (extraditado desde Holanda bajo la acusación de haber arrojado a detenidos vivos al mar desde un avión), quienes recuperaron inmediatamente la libertad por orden de los jueces.
La querella, constituida por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, H. I. J. O. S., la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Justicia de la Nación, la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina (F. I. DE. L. A.), la Asociación de ex Detenidos y Desaparecidos, junto con otras organizaciones y particulares, había pedido penas de prisión perpetua para 51 imputados. Respecto a las seis absoluciones, Palmas Zaldúa expuso: “Nosotros teníamos suficientes pruebas y entendíamos que esas personas debían ser condenadas, pero los jueces entendieron que no. Como todavía no tenemos los fundamentos de la sentencia, que van a estar el 5 de marzo del año que viene, veremos cuáles son los argumentos que tuvieron los jueces para absolver, y seguramente vamos a presentar un recurso de Casación contra esas absoluciones”, y agregó: “Fue el juicio más grande de la historia judicial argentina. Se reunió una gran cantidad de pruebas para llevarlo adelante y lograr esta sentencia.”
Cinco años después, tras 410 audiencias con declaraciones de más de 800 testigos, alegatos y relevamiento de una importante cantidad de documentación, la Megacausa ESMA finalizó.
Cientos de personas siguieron el juicio, tanto en los espacios reservados para el público dentro del recinto como sobre la vereda de Comodoro Py, donde se podía ver la escena a través de pantallas gigantes. La entrada de los imputados fue recibida por sus familiares -sentados en el palco superior- con aplausos, gritos de “¡Viva la patria!” y el canto del Himno Nacional, mientras que desde el sector de los allegados a las víctimas entonaron el ya tradicional cántico de repudio: “Cómo a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”. Ante estas manifestaciones, el presidente del Tribunal, el juez Obligado, exigió silencio bajo la amenaza de desalojar la sala. La sesión, que comenzó con casi dos horas de retraso, se extendió durante la tarde por más de cuatro horas. Desde el banquillo de los acusados, los dos civiles y 52 militares juzgados escucharon en silencio la resolución de los magistrados. Mientras tanto, ante la lectura de los fallos, familiares de víctimas, sobrevivientes y representantes de organismos de Derechos Humanos que llenaban el recinto aplaudían al escuchar las penas de perpetua, lloraban, se abrazaban entre sí y levantaban pancartas con imágenes de sus seres queridos desaparecidos.
“Los familiares de las víctimas estaban muy contentos. Muchos de los casos nunca habían sido probados judicialmente, así que muchas familias recibieron por primera vez una sentencia por sus familiares”, afirmó Palmas Zaldúa. Daniel Tarnopolsky, quien a los 18 años perdió a toda su familia a manos del terrorismo de Estado –incluyendo a sus padres, su hermana adolescente, su cuñada y su hermano, secuestrado mientras hacía la conscripción en la ESMA- y se vio obligado a vivir en el exilio hasta el regreso de la democracia, ratificó: “Lo importante para nosotros es que hubieron suficientes condenas de cadena perpetua. Nos chocó mucho la absolución de Alemann y de Poch, porque aunque nos habían advertido que Poch podría ser absuelto por el beneficio de la duda, es muy grave porque había muchas pruebas para demostrar que estuvo en los vuelos de la muerte. Pero por lo menos se condenó por primera vez a tres prefectos por los vuelos. También es grave que se haya exonerado a Alemann, porque significa que se sigue disculpando a la pata civil responsable, tanto como los militares, por las atrocidades cometidas. Se sigue pretendiendo que en Argentina los militares actuaban independientemente y sin civiles detrás, que es mentira. Y se volvieron a ratificar varias condenas a perpetua.” Y enfatizó: “Hubiéramos querido más, pero estamos relativamente satisfechos con lo que sucedió, teniendo en cuenta el contexto político actual.”
ante la lectura de los fallos, familiares de víctimas, sobrevivientes y Representantes de organismos de Derechos Humanos llenaron el recinto y aplaudían al escuchar las penas de perpetua. Lloraban, se abrazaban entre sí.
El nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit expresó: “Yo tengo muchos sentimientos encontrados con respecto a la sentencia”. Luego de que se conociera el fallo del TOF Nº 5, y al que asistió su Abuela Rosa Roisinblit -vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo- con 98 años hasta que el cuerpo se lo permitió, dijo a ANCCOM: “Primero, porque se están juzgando delitos que, en algunos casos, se cometieron hace más de 40 años. Y esa dilación hizo que muchos familiares de víctimas que ya no están entre nosotros no pudieran obtener esto que se podría llamar «justicia» porque murieron esperando este fallo. Por otro lado, sé que la dilación no es culpa del Poder Judicial sino que tiene que ver con las leyes de «Obediencia Debida» y «Punto Final», que fueron anuladas recién en el año 2003. En el medio, durante el tiempo que transcurrió desde que se cometieron los ilícitos hasta la condena de ayer, pasaron 40 años en los que algunos de los imputados se manejaron con total impunidad y vivieron en libertad. Por ese lado, la condena suena bastante a poco. Independientemente de eso, es un juicio muy especial y de carácter histórico”, aseguró. y agregó: “Al tener dos condenados por vuelos de la muerte, estamos llegando a una instancia donde se está comprobando cuál era la metodología de exterminio que se utilizaba, especialmente en la ESMA, como siempre denunciaron los organismos de Derechos Humanos. En muchos casos se dieron las condenas a prisión perpetua que esperábamos, pero las penas menores hacen ruido y nos llevan a preguntar cómo computó el Tribunal algunos delitos que estaban comprobados, y me parece que es poco en virtud de la cantidad de víctimas que tiene en su haber cada uno de los imputados. Vamos a ver cuáles fueron los argumentos para una posible apelación a futuro por parte de los querellantes.”
Guillermo nació en cautiverio el 15 de noviembre de 1978 en la ESMA. Sus padres, José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit -embarazada de 8 meses al momento de su secuestro-, permanecen desaparecidos. Su abuela Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, buscó incansablemente al bebé de su hija secuestrada. En 2000 encontró a Guillermo, que logró recuperar su identidad en 2004 y reencontrarse con su familia. “Para mí, el Poder Judicial hizo su trabajo, lo cual no implica necesariamente que lo que se haya obtenido fuera justicia. Es una reparación, es un acto necesario y algo que nos ayuda a crecer como sociedad. Pero, “justicia” hubiera sido que los condenados rompieran el pacto de silencio e indicaran dónde están los casi 300 hermanos que me faltan, que son los nietos apropiados que estamos buscando, y dónde están los cuerpos de cada una de las víctimas, y que digan qué hicieron con ellos. Pero eso no lo tenemos. Es muy difícil alcanzar ese anhelo, ese estándar de justicia.” Por último, recordando el trascendental momento de su vida experimentado apenas un día atrás, concluyó: “El día después, cuando pasa todo y uno toma conciencia de qué es lo que se estaba juzgando, de que los delitos son sobre uno mismo y sobre tu madre, termina pasando un poco factura al cuerpo y al estado de ánimo. Cuando se va la adrenalina, queda cierto grado de tristeza.”
Actualizado 30/11/2017
Nov 22, 2017 | Géneros, inicio
Las banderas e insignias con los colores del arco iris volvieron a adueñarse del centro de la Ciudad. La vigésimo sexta Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersex y Queer (LGBTIQ) cubrió las calles y avenidas en la tarde del sábado con el histórico grito de defensa de la diversidad sexual y un renovado llamado de atención por la defensa de los derechos conquistados y contra la violencia institucional. Organizada por más de cincuenta agrupaciones que luchan por la igualdad de la comunidad, la marcha se desarrolló en la Plaza de Mayo. Fue por la inédita decisión del Ministerio de Cultura de la Nación de no ceder el tradicional escenario en la Plaza de los Dos Congresos, donde el colectivo cerró sus movilizaciones en los últimos 12 años.
Alrededor del mediodía, la música de “DJ Jara” se adueñó por completo de la Plaza y del ritmo de cientos de cuerpos sin vergüenza, cuerpos semidesnudos, con purpurina, con maquillajes extravagantes y con la voluntad de no pasar inadvertidos. El clima de fiesta ya era una certeza, a pesar de los policías de civil que recorrían la zona mezclándose con turistas y con las familias que se acercaban por curiosidad.
Desde el escenario, una por una, se nombraron a todas las agrupaciones que integran la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (C.O.M.O) y se repetían las consignas: «Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgeneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados «. Detrás de ellas, gritadas a viva voz, se desprendieron las subconsignas que fueron recibidas con aplausos. Aplausos de los que también se adueñó “La Lucio Alberto”: la banda chileno-argentina tocó en vivo y con ritmo de cumbia tiñó de alegría la mítica plaza. Muchos se animaron al baile y a posar para las fotos.
Bajo un sol radiante, llegaron los primeros discursos. El reclamo incluyó justicia por Santiago Maldonado, la inclusión laboral de personas transgénero, la producción pública de misoprostol, el reconocimiento y la no discriminación de las infancias trans y el repudio a la reforma laboral. Los abucheos surgían espontáneamente cada vez que se nombran al presidente Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El documento final insistió con la condena al «protocolo policial para registrar a las personas LGBTIQ» porque «habilita y legitima la violencia» de la fuerza contra ese colectivo social.
Mientras tanto, en las calles que circundan la Plaza de Mayo las organizaciones preparaban las carrozas con las que horas más tarde desfilarían hasta el Congreso. Las telas de colores, globos, plumas, y banderas de la diversidad se mezclaban con reclamos contundentes y consignas políticas. Tía Marilú arengaba desde el escenario: “El que no salta es heterosexual». Y la multitud que estaba debajo parecía convertirse en una marea roja, naranja, amarilla, verde, azul y violeta. Con el pasar de las horas, la Plaza comenzó a cubrirse: cada vez se veían más ojos pintados con pestañas larguísimas, pelucas de colores, disfraces, cuerpos repletos de purpurina que con desparpajo celebran la diferencia.
Sentadas en un cantero se encontraban Natu y su pareja Angie. Natu lleva el pelo muy corto, anteojos enormes y un moño con los colores del arco iris en el cuello. En diálogo con ANCCOM, ambas asumieron sin sorpresa el cambio de escenario central. «Es un recorte más por parte del Estado. Si se recorta en salud , en educación ¿por qué no en políticas de género y diversidad? Patricia Bullrich con su protocolo dejó bien en claro el lugar que ocupan en este gobierno las personas gay. Nos incluyen para garantizar la detención ordenada, seas del sexo que seas. No hay lugar para las diferencias”, puntualizó Natu. Angie la escuchaba y aprobaba sus palabras. Tiene la experiencia de más de quince marchas y en base a ella destacó la participación creciente de los adolescentes. Las edades le llamaron la atención, como una evidencia de que la sociedad ha cambiado. “Hoy en día los chicos tienen más libertad para decidir sobre su sexualidad y cuentan con familias que los acompañan”, reflexionó.
En una esquina resonaba una batucada. Eran las activistas de “Las chongas” las que concentraban la atención. Dispuestas en ronda con tambores y redoblantes improvisaban bailes mientras cantaban “dale a tu cuerpo alegría tortillera”. En otro punto de la Plaza, la banda de lesbian reggaeton “Chocolate Remix” se preparaba para subir al escenario. Se trataba del acto de cierre que daba inicio al desfile de carrozas.
La multitud se agolpaba frente al escenario, “Chocolate Remix” los hacía bailar a todos, la fiesta inundaba la plaza, nadie podía quedarse quieto y las letras de protesta y de reivindicación de las diferencias se conjugaban con ritmos pegadizos. Eran casi las 17:00, y aunque el show podría seguir mucho más, era hora de partir. Las carrozas estaban listas y sus tripulantes también. La columna se desplazaba por Avenida de Mayo. Encabezaba el camión de la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgeneros de Argentina (ATTA) . “Yo sabía, yo sabía que a los travas los mata la Policía (de Patricia )” era el cántico que se escuchaba casi más fuerte que la música.
Actualizado 20/11/2017
Nov 15, 2017 | DDHH, inicio
El juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad por los que están acusados Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader tuvo este martes la presentación de los alegatos de la Fiscalía; el próximo martes será el turno de las defensas de los imputados. La Fiscalía, al igual que las querellas que representan a Abuelas de Plaza de Mayo y a las familias de las víctimas, pidió prisión perpetua para el ex General de Brigada Eduardo Alonso, acusado del asesinato de Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses; y la misma pena para el ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares Rafael López Fader, imputado por su participación en el secuestro, tortura y homicidio del ex diputado nacional Diego Muniz Barreto y de tentativa de homicidio de su secretario Juan José Fernández
A las 10 de la mañana ingresaron los acusados a la sala. Alfonso pareciera no comprender aún la gravedad de su situación y los delitos que se le imputan, así como tampoco sus amigos, que al verlo pasar por la puerta del tribunal, lo vitorean, en voz baja, haciendo ademanes con la mano como si estuvieran festejando una hazaña.
La audiencia comenzó con una contextualización de los hechos de ambos casos. El secretario de la Fiscalía dijo que el arma elemental usada en el plan sistemático de eliminación de la subversión fue la inteligencia basada en la extracción de información a través del secuestro, tortura y disposición final de las personas, es decir su ejecución y la posterior desaparición de los cuerpos. “No existía otra operación en esa época que no tuviera que ver con dicho plan. Las planas mayores de la jefatura, los comandos, cada uno de los departamentos y escuelas, tenían distribuidas determinadas tareas en función del cumplimiento del plan. De ahí se desprende la importancia de los oficiales de operaciones en la ejecución de cada uno de los hechos como los que hoy se están juzgando”, amplió. Tanto en el caso García-Recchia como en el del ex diputado Diego Muniz Barreto tuvo participación el Área de Inteligencia.
Eduardo Alfonso rechazó las imputaciones en su contra. Dijo que no participó en el hecho y que no estuvo en el lugar
El fiscal Marcelo García Berro comenzó su alegato manifestando su coincidencia con todo lo expuesto por las querellas. Luego nombró a todos los condenados por la participación del secuestro y desaparición de víctimas embarazadas, entre las que se encontraba Beatriz Recchia, en el marco del juicio conocido como “Plan Sistemático de Apropiación de Menores”: Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone, Luis Sadi Pepa y Carlos Eduardo José Somoza. “Hoy nos toca juzgar a Eduardo Alfonso porque cuando se hizo aquel juicio, el señor estaba prófugo”, dijo García Berro. Las pruebas que demuestran la participación de Alfonso en los hechos fueron las mismas mencionadas por las querellas de Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de Derechos Humanos, tanto Nacional como Provincial. Entre ellas figuraban las constancias médicas y los legajos personales del ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico y Alfonso, el reclamo administrativo de Delaico, las condecoraciones a ambos por su desempeño en el operativo de Villa Adelina, las notas periodísticas de la época, el Boletín Oficial militar y las declaraciones de los vecinos de las víctimas. Alfonso rechazó las imputaciones en su contra. Dijo que no participó en el hecho y que no estuvo en el lugar, alegó que estaba con Delaico realizando un control vehicular en Villa Adelina en el que resultó herido. Sin embargo, el descargo que realizó Delaico no coincidió con la declaración del imputado. “De las pruebas del juicio surge que Alfonso mintió sobre su declaración indagatoria, sus dichos resultaron inconsistentes y no explicó cómo es que se encontraba realizando tareas rutinarias fuera de su jurisdicción, siendo oficial de contrainteligencia destinados a tareas especiales”, dijo el fiscal.
En base a los argumentos expuestos, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Eduardo Alfonso bajo los cargos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas, cometidas en perjuicio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García y Beatriz Recchia. Esto es una novedad, ya que es la primera parte querellante que acusa a Eduardo Alfonso de la coautoría del homicidio de la desaparecida Beatriz Recchia. También pidió que se considerase como agravantes la multiplicidad de homicidios, el plan perverso de apropiación de la beba que llevaba en su vientre Beatriz Recchia, para el cual se la mantuvo cautiva dentro del campo de concentración hasta el momento del parto, para luego asesinarla.
La Fiscalía pidió la prisión perpetua para Rafael López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad.
En el caso contra López Fader, la Fiscalía afirmó: “Con las pruebas producidas durante el juicio se ha probado la directa intervención de Rafael López Fader como integrante del Departamento Nº2 de Inteligencia, funcional al plan sistemático empleado por las Fuerzas Armadas”. El acusado declaró en dos oportunidades negándose a responder preguntas que no fueran formuladas por su abogado. “Para el 6 de marzo de 1976 trabajaba en el Comando de Institutos Militares con la categoría de Teniente Primero, era instructor de tropa y oficial de servicio que tenía a su cargo tareas como cortar el pasto y arreglar los alambrados. Yo no soy de inteligencia, trabajé desde el 73 hasta el 79 como oficial experto en tropas especiales”, declaró Fader. La Fiscalía cuestionó esa declaración y manifestó que el imputado omitió su paso por el Área de Inteligencia en Campo de Mayo y su amplia carrera en la especialidad, sin embargo existe prueba documental y testimonial que lo coloca en ese destino ejecutando la especialidad. “Esto no se debe a una falta de memoria, ya que su paso por ese lugar ha marcado significativamente su trayectoria militar”, subrayó. Entre las pruebas se encuentran el legajo personal del acusado, un reclamo administrativo que inició el propio imputado por cuestiones económicas, en el que él mismo dice haber sido designado en el Comando de Institutos Militares del Departamento de Inteligencia; también el informe del programa “Verdad y Justicia” y la firma de López Fader en una evaluación a un suboficial de Inteligencia en calidad de jefe y capitán de Contrainteligencia. “Está ampliamente acreditado que López Fader se desempeñó del 77 al 79 en la División de Contrainteligencia de Departamento Nº 2 como el tercero en jerarquía. Ocupó al momento de los hechos una función esencial dentro del esquema represivo del Comando Institutos Militares. Por lo tanto, se le confiere un rol activo en los hechos que se le imputan como coautor y debe ser investigado por hechos similares y si corresponde enjuiciarlo”, concluyó.
Como resultado del análisis de las pruebas presentadas, la Fiscalía también pidió la prisión perpetua para Rafael López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad cometida por abuso funcional y agravado con uso de violencia y amenazas, tormentos y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Diego Muñiz Barreto. Y consideró como agravantes el sadismo aplicado a las víctimas, tanto dentro del centro de detención clandestino como durante el recorrido que tuvieron cuando fueron llevados para su eliminación en la provincia de Entre Ríos.
Querellantes en el juicio contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso
Tanto en el caso contra Fader como en el de Alfonso se pidió que se incluyeran como agravantes las consecuencias generadas a los hijos y a los familiares de las víctimas por los hechos comprobados. La Fiscalía consideró que dada las gravísimas modalidades desplegadas y los roles que los imputados desempeñaron en los hechos no encontraron atenuante alguno para con los acusados.
El próximo martes 21 de noviembre será el turno de los alegatos de la defensa, las réplicas y duplicas. La sentencia por parte del juzgado está prevista para el viernes 24 de noviembre.
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Leé las coberturas de las audiencias anteriores:
Abuelas de Plaza de Mayo pidió prisión perpetua para Eduardo Alfonso
Cuando la dictadura plantó un cuerpo en un río
“Los hechos traumáticos no se olvidan”
Más pedidos de perpetua
Actualizado 15/11/2017
Nov 8, 2017 | DDHH, inicio
El juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad por los que están acusados Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader tuvo este martes la presentación de los alegatos de las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la Provincia de Buenos Aires. También de Pablo Llonto, el letrado de la familia Muniz Barreto, víctima de López Fader. Todas las querellas, como ya lo había hecho la de Abuelas de Plaza de Mayo en la audiencia anterior, pidieron prisión perpetua para los dos imputados.
El abogado Pablo Llonto, representante de los hijos de Diego Muniz Barreto en la causa contra Rafael Félix López Fader, inició su alegato con el paralelismo entre genocidios: “Así como la Alemania nazi nos transporta al horror de los hornos crematorios, la dictadura argentina nos lleva a las víctimas arrojadas al mar o a un río, como fue el caso de Barreto”. El abogado aseguró que este tipo de delitos no fueron el accionar de una sola persona, sino que fueron un plan común ideado por varios agentes efectivos y agregó que dichas operaciones fueron llevadas a cabo por especialistas de la muerte entre los que se encontraba López Fader. “Participó voluntariamente y conscientemente. Él tuvo el poder en sus manos en cada hecho”, agregó.
Llonto afirmó que la materialidad de los tres hechos -privación ilegítima de la libertad, tormentos y el homicidio en perjuicio de Barreto- ya se encuentran probadas. Por este motivo se dedicó a desmantelar las declaraciones de López Fader contrastándolas con las pruebas recabadas. Llonto se remitió a las pruebas que ubican al acusado no solo en los lugares físicos de los hechos que se juzgan en este caso, sino también en un puesto jerárquico y de decisión. Una de las pruebas es un reclamo administrativo que inició el propio imputado por cuestiones económicas en el que él mismo dice haber sido designado en el Comando de Institutos Militares bajo las órdenes del Jefe del centro clandestino de detención, el Campito. “Incluso en ese reclamo menciona con orgullo una felicitación que había recibido por parte de un oficial por su participación en el Operativo Independencia, quién supuestamente le habría dicho que si tuvieran más agentes como él las Malvinas no estarían en manos de los ingleses”, describió el letrado. Llonto también mencionó como prueba una firma de López Fader como parte de Inteligencia del Ejército en una evaluación a un suboficial.
ARCHIVO – Juicio contra los represores del Ejército Rafael López Fader y Eduardo Alfonso. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín.
Entre las pruebas más contundentes figuran la identificación del acusado por parte de tres testigos: el ex sargento primero Víctor Armando Ibáñez, un conscripto que declaró haberle entregado al ex capitán López Fader a Diego Muniz Barreto y Héctor Michelena, testigo que declaró por videoconferencia la semana pasada, quien afirmó haber estado presente durante el planeamiento de un ataque contra la revista Estrella Roja y ubicó en esa escena a López Fader como uno de los jefes con el rango de Capitán por las insignias que llevaba en su uniforme. Llonto también destacó las coincidencias entre las descripciones físicas que hizo el sobreviviente, Fernández, con la apariencia del acusado.
Según el abogado querellante todo lo presentado desecha los argumentos de la defensa de López Fader, quien se presentó como un modesto cortador de pasto y reparador de alambrados, que nunca formó parte del Departamento de Inteligencia en Campo de Mayo, ni de la lucha contra la subversión. Sin embargo, López Fader pidió ser incluido en la Ley de Punto Final y Obediencia Debida reconociendo en ese momento que participó en tareas represivas. “Fader fue una pieza decisiva en la lucha contra la subversión. Integró grupos de tareas, patotas y grupos especializados que cometieron los mayores horrores en Campo de Mayo, incluyendo el secuestro, los tormentos y el asesinato de Diego Muniz Barreto”, detalló.
“La función del Campito era ser un centro de detención clandestino, no funcionaba para otra cosa. Es decir que ya sea como interrogador, operativo o como el encargado de trasladar rumbo a la muerte a los detenidos, ese era el escenario de accionar de López Fader. Fader era un hombre de Inteligencia, lo cual implicó el conocimiento y su disposición para todos los métodos utilizados en el Campito para la obtención de información de los compañeros secuestrados llevándolos al máximo sufrimiento para lograr el cometido y luego eliminarlos”, dijo Llonto. Finalmente el abogado pidió la prisión perpetua para López Fader por coautoría en la privación ilegal directa de la libertad cometida por abuso funcional y agravado por el uso de violencia y amenazas, tormentos y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Diego Muniz Barreto. El abogado realizó dos solicitudes, la primera fue que el acusado sea dado de baja del Ejército, una vez que la sentencia quede firme. La segunda tiene que ver con el lugar de cumplimiento de la pena, se pidió que no fuera en prisiones militares, ni ex centros clandestinos, sino Prisiones del Servicio Penitenciario Federal.
En el mismo sentido, Ciro Annicchiarico que representa la querella por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dijo respecto al caso de Diego Muniz Barreto que el acusado López Fader integró el Comando de Institutos Militares que operó en el centro clandestino el Campito. Ciro Annicchiarico aclaró que si bien Fader alegó que no concluyó el curso de Inteligencia, éste figura -en las pruebas que detalló Llonto- como oficial de Inteligencia. Y subrayó que quienes ejercían ese rol eran los interrogadores que sacaban información a los detenidos bajo torturas. El abogado expuso un alegato similar al de Llonto y también pidió la prisión perpetua para López Fader. Y solicitó que no se le considere atenuantes por el desprecio al dolor de las víctimas, pero sí como agravante el intento de amedrentar al testigo Michelena con el pedido de careo que fue denegado por el Tribunal. «Era obvio que el careo era para quebrar al testigo”, advirtió.
ARCHIVO – Pablo Llonto, querellante en la causa.
Maxi Chichizola, como querellante por parte de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, planteó que es indistinto que López Fader haya sido separado del Departamento de Inteligencia -prueba que presentó la defensa del acusado- porque lo que importa es lo que hizo durante su desempeño como capitán entre los años 1973 y 1976 dentro de esa dependencia. El resto de los alegatos y el pedido de la pena para este caso coincidió con las restantes partes querellantes. Por último, el abogado Chichizola convocó a que se inicie una investigación sobre la participación de Fader en la totalidad de los casos que ocurrieron en el centro clandestino el Campito.
Respecto al caso García-Recchia -el otro que investiga en este proceso el Tribunal- en contra del acusado Eduardo Alfonso, Ciro Annicchiarico aclaró que hace suyos los argumentos que ya nombró en la audiencia anterior el abogado Alan Iud en representación de Abuelas de Plaza de Mayo y de la hija de las víctimas, Juliana García Recchia. Afirmó que Eduardo Alfonso cumplió funciones entre 1976 y 1983, siendo partícipe de la maquinaria represiva antisubversiva. Entre los principales argumentos que expuso la querella figuró la inexistencia de otro operativo en Villa Adelina la madrugada en que fue asesinado Domingo García y secuestradas Juliana y su madre Beatriz, embarazada de cinco meses. Tampoco hubo otro herido de bala ingresado en Campo de Mayo, argumentó la querella, en referencia a la coartada desplegada por Alfonso, quien aseguró que la herida que él mismo recibió fue en el marco de un operativo de tránsito supuestamente acontecido en el mismo momento en que ocurría la matanza en la casa de la familia García Recchia.
El abogado Annicchiarico cuestionó la declaración del médico militar Agustín Masllorens porque las referencias que utilizó al analizar las heridas de Alfonso fueron indirectas, cuyo único fin fue crear una coartada defensiva para Alfonso. También planteó que el argumento, utilizado por la defensa de Alfonso, basado en la diferencia entre el horario de defunción de Domingo Antonio García y la herida de bala del acusado carece de entidad, como tampoco se puede comprobar que la herida que el acusado recibió la hubiese provocado un tirador desde una motocicleta. Por último, la querella subrayó que en el legajo de Alfonso figura que estuvo con parte de enfermo por 68 días tras haber sido herido en operaciones. «Una distinción honorífica con entrega de una medalla por herido en combate por las operaciones en Villa Adelina, no cabe de ningún modo para alguien que hubiese sido herido realizando un control de tránsito», conjeturó Annicchiarico basándose en el informe hecho por Stella Segado, testigo en el debate oral. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió pena de prisión perpetua para Alfonso bajo los cargos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad cometida por abusos funcional y agravada por el uso de violencia y amenazas cometidas en perjuicio de Juliana Inés García y de Beatriz Recchia y homicidio agravado con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Antonio Domingo García.
La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense coincidió tanto en los argumentos que expuso la Secretaría de Nación como en el pedido de prisión perpetua para Alfonso. Maximiliano Chichizola agregó, a lo dicho anteriormente por la querella de Nación, que en la declaración en la que figura el ex Teniente primero Raúl Fernando Delaico como condecorado por haber sido herido en un episodio de combate armado contra terroristas subversivos en Villa Adelina “el otro condecorado de esa madrugada fue Alfonso», conjeturó. Por último pidió que la declaración de Alfonso sea rechazada por falaz.
En la próxima audiencia que se realizará el martes 14 de noviembre finalizarán los alegatos de la querellas con los argumentos de la Fiscalía. Se prevé que para el martes 21 se presenten los alegatos de la defensa de ambos acusados y el viernes 24 concluya el juicio con la sentencia dictada por el tribunal.
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Leé las coberturas de las audiencias anteriores:
Abuelas de Plaza de Mayo pidió prisión perpetua para Eduardo Alfonso
Cuando la dictadura plantó un cuerpo en un río
«Los hechos traumáticos no se olvidan»
Actualizado 08/11/2017
Nov 2, 2017 | Comunidad
“Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte”. La frase de Sergio Maldonado retumbó en los oídos de las más de 120 mil personas que se congregaron ayer en Plaza de Mayo para que el Estado dé respuesta sobre lo sucedido aquel primero de agosto, en la comunidad mapuche de Cushamen, Chubut.
La convocatoria a la movilización había sido realizada por la familia de Santiago y por organismos de derechos humanos bajo el lema “justicia por Santiago Maldonado, el gobierno es responsable”. El punto central de la jornada se vivió frente a la Casa Rosada, donde la foto del joven volvió a copar cada rincón de la Plaza de Mayo, aunque además se realizaron manifestaciones en distintas ciudades del país. Pasadas las cinco, la multitud, con carteles y banderas, cantaba por la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, mientras esperaba al único orador del acto, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.
A las seis en punto subió al escenario Sergio, junto a su esposa, Andrea Antico. Acompañándolo estaban las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de derechos humanos. Sergio sostuvo que “parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieren cerrar el caso de Santiago, olvidándose de todo lo que pasó en estos meses. Y quieren olvidarse del marco donde ocurrieron hechos en que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso la Gendarmería, tiene que dar cuentas de su accionar”.
“Parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieren cerrar el caso de Santiago», dijo Sergio Maldonado.
Pese al dolor que vive tras la muerte de su hermano, tras permanecer desaparecido por 78 días, Maldonado advirtió: “No cuentan conmigo para sembrar odio ni división de la sociedad. Porque desde el comienzo nuestro único reclamo ha sido obtener la verdad y tener justicia sin distinciones partidarias ni especulaciones electorales como quieren instalar”.
Sergio además pidió verdad y justicia por todos los desaparecidos en democracia. Al momento de hablar de Santiago, su voz se quebró. “Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte”.
Entre tanta gente, agrupaciones y organizaciones, ANCCOM conversó con representantes de diferentes sectores políticos. El diputado nacional por el Frente para la Victoria Héctor Recalde sostuvo que “la historia continúa hasta que no se indague bien los causales de la muerte de Santiago. Vamos a seguir insistiendo porque queremos verdad y queremos justicia. No hay ninguna duda de la responsabilidad de la Gendarmería. Si no hubiera reprimido hoy Santiago estaría vivo”.
“Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte», expresó Sergio Maldonado.
Por su lado, Nicolás Del Caño, diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) denunció que lo de Santiago fue un crimen de Estado. “Santiago no estaba allí ni paseando ni pescando sino que estaba resguardándose, huyendo de una represión ilegal por parte de Gendarmería. A tres meses de su asesinato, venimos a gritar bien fuerte juicio y castigo a los culpables de su asesinato y también del encubrimiento que se dio durante todo ese tiempo”.
Para Hugo Yasky, actual secretario general de la CTA, Santiago fue víctima de una desaparición forzosa. “La Gendarmería y el encubrimiento del Gobierno nacional forman parte de la trama que más temprano que tarde va a terminar de explicar qué ocurrió con Santiago Maldonado”.
Néstor Pitrola, del Partido Obrero, coincide en la responsabilidad del Estado ante este hecho. “Pasaron 90 días de un crimen de estado y aún no hay esclarecimiento de los hechos. Santiago es un manifestante que fue muerto en ocasión de una represión de Gendarmería. Vamos a luchar hasta el final para que paguen las cuentas la Gendarmería y el Gabinete nacional”
«Hoy y cada día pedimos justicia por vos Santiago, solo así podrás y podremos descansar en paz”, sostuvo Sergio Maldonado.
ATE, en tanto, fue unos de los gremios que tuvo una fuerte presencia en la movilización. Su Secretario General de la seccional Capital, Daniel “El Tano” Catalano, manifestó que “la responsabilidad ejecutora es de la Gendarmería y que hay una responsabilidad política que es del Gobierno nacional, así que venimos a la plaza a reclamar justicia”.
Al cierre de su discurso. Sergio Maldonado agradeció a todos los que acompañaron a su familia en estos tres meses y prometió luchar cada día hasta que se sepa la verdad.“Hoy y cada día pedimos justicia por vos Santiago, solo así podrás y podremos descansar en paz” sostuvo. Mientras tanto, se siguen esperando los resultados de la autopsia para continuar con la investigación.
Actualizado 02/11/2017
