Mar 25, 2021 | DDHH, Novedades
En el límite norte de la Ciudad de Buenos Aires se despliega un gran predio de 17 hectáreas que abarca un complejo de edificios donde se estableció, originalmente, la Escuela de Mecánica de la Armada. Con el advenimiento de la última dictadura cívico militar la escuela siguió funcionando en convivencia con el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Argentina.
Toda la fachada del complejo provoca un quiebre visual a cualquier observador desprevenido, su estilo arquitectónico parece detenido en el tiempo y eso se debe a la incansable lucha de los organismos de derechos humanos para que este lugar se preserve y se convierta en lo que es hoy: un Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Este 24 de marzo en este mismo espacio, símbolo del terrorismo de Estado, diferentes referentes de derechos humanos realizaron la campaña denominada Plantemos Memoria, que consistió en plantar 30.000 especies autóctonas en todo el país en homenaje a los detenidos desaparecidos de la última dictadura.
Los organismos de derechos humanos convocaron en un comunicado conjunto a poner “la memoria en acción”. “En el marco de una pandemia que nos impide realizar concentraciones de gente, queremos que el recuerdo de nuestrxs desaparecidxs trascienda las redes sociales”, decía la invitación. La propuesta de plantar árboles tiene de trasfondo la idea de sembrar un país más justo y solidario.
Con casi 90 años, Lita Boitano participó de la recorrida.
El primer escenario del recorrido fue en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, con la plantación de un tala, como significado de tesón y perseverancia, y en donde participaron nietos recuperados. “Esta campaña es mucho más de lo que pensamos”, definió Manuel Gonçalves Granada, uno de los nietos recuperados. En su intervención agregó que es impresionante cómo se ha diversificado el apoyo: “Se hace desde en una casa familiar hasta en un club de fútbol”.
La siguiente parada tuvo lugar en la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, de Madres Línea Fundadora. Allí se plantó un espinillo, como símbolo de dolor, lucha y esperanza. Uno de los integrantes de esta posta fue un estudiante de la Tecnicatura en Música Popular que tiene su sede en ese lugar y quien agradeció el especio que le dedican las Madres a la formación y la educación como herramienta fundamental para transmitir el pasado reciente a las futuras generaciones.
A pocos metros, en la Casa 30 mil compañeros, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, se plantó un curupí que simboliza las redes de contención. Lita Boitano, presidenta de esa organización, con casi 90 años de edad no se cansó de expresar que “la lucha es en la calle y en la justicia”. Y recordó que hace 45 años, cuando ingresó a Familiares de Desaparecidos, que aún no llevaba ese nombre, no se sabía cuáles eran los lugares donde se podían denunciar los secuestros de sus hijos o familiares. Los hijos de Lita Boitano son dos, Miguel y Adriana, ambos eran estudiantes universitarios cuando fueron secuestrados y desaparecidos durante los primeros años de la dictadura.
En esta plantación también tomó la palabra Graciela Lois, compañera de Ricardo Lois que fue detenido y desaparecido en ese mismo predio. “Para mí es un lugar muy especial porque mi marido al igual que mis compañeros estuvieron acá”, recordó. También resaltó que este año se sintieron realmente acompañados por la sociedad con la propuesta de plantar memoria, estima que sembrar un árbol es una iniciativa que unificó y sumó a los que otros años no elegían la Plaza de Mayo como forma de manifestarse. “Estamos resignificando este lugar. Nos unió el dolor pero ahora nos une otra cosa que es las ganas de vivir”, concluyó.
El curupi se plantó para simbolizar las redes de contención que se tejieron para resistir frente a la dictadura.
Luego de una caminata más extensa, la caravana de abuelas, madres, nietos, familiares y sobrevivientes arribó al área que pertenece al Espacio Interreligioso Patrick Rice. Como no se permite plantar árboles en esa zona, se sembró un palo amarillo con varios troncos ramificados desde la base, que simboliza la unión de toda la humanidad y sus diferentes cosmogonías religiosas. Ramiro Varela fue uno de los representantes del colectivo y es fundador de la agrupación Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia que reivindica a los cinco palotinos asesinados en lo que se conoció como la Masacre de San Patricio el 4 de julio de 1976. Varela puntualizó que “es muy valioso visitar este lugar, escuchar el testimonio de los sobrevivientes, en una fecha tan trascendental”.
En la otra punta del complejo histórico, en el Museo Sitio de Memoria, donde funcionó el exCasino de Oficiales y por el cual pasaron miles de detenidos desaparecidos, el Consejo Asesor de Sobrevivientes y trabajadores del lugar plantaron un timbó que refleja el dolor de un padre ante la pérdida de una hoja y el sobreviviente es visto como un canto a la vida; y un árbol de palta como símbolo de fertilidad.
Hace 45 años, un joven de 29 años, Néstor Fuentes, ingresó a ese mismo sitio encapuchado y luego fue torturado. Ahora es uno de los sobrevivientes que participó del recorrido. Cuando llegó su turno contó, mientras observaba al edificio reconvertido, que «es muy fuerte entrar a ese lugar” y bregó a «echar raíces sobre la memoria, en un predio que era símbolo de muerte para transformarse en símbolo de vida».
La jornada de la memoria culminó en el parque frontal al Museo de Malvinas con la presencia del ministro de Cultura, Tristán Bauer; el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. El árbol allí plantado fue un ceibo, símbolo de la Argentina. Sin importar el peso de la pala, las víctimas del terrorismo de Estado sembraron vida en un lugar que antes sólo fue tierra de dolor.
Mar 24, 2021 | Noticias en imágenes
Mar 11, 2021 | Géneros, Novedades
Se publicó el primer registro centralizado de la provincia de Buenos Aires sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en donde se informa que durante el 2020 se registraron 14.330 abortos. El 93.5% de ellos se realizó dentro del marco legal previo a la aprobación de la Ley Nacional N° 27610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de causal prexistente. El informe de gestión señala que los números no son el reflejo total de las interrupciones que se llevaron a cabo, ya que la recolección de la información fue mejorando a lo largo del año.
Mariana Kielmanovich es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y el Centro de Salud N° 33. Señala que, dentro de los circuitos que ya estaban establecidos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires con el acceso a la interrupción legal del embarazo, la nueva ley facilitó las derivaciones.
Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC N°33 y expresa que, en su caso, al ser un centro de atención ambulatorio, hacen atención a mujeres que estén hasta la semana 12: “A partir de la semana 13 el procedimiento se tiene que hacer en un lugar que tenga internación. En nuestro caso derivamos a hospitales”.
Dentro de las interrupciones registradas según el informe bonaerense, el 52% de las interrupciones de embarazos se realizaron en centros de primer nivel de atención y un 44% en el segundo, mayoritariamente en hospitales provinciales.
“En la Ciudad sigue dependiendo, en parte, de ´voluntades´. Si bien los diferentes actores y dispositivos ya saben que la ley se debe aplicar, no siempre lo hacen”, reflexiona Sandra Bernabó, psicóloga del Hospital Tornú y del CESAC N° 33.
La profesional trabaja en conjunto con Kielmanovich y destaca que se ha visto un mayor movimiento en obras sociales y prepagas con respecto a las interrupciones del embarazo, algo destaca como un gran paso. “Lo que sucede ahora es que hay un margen posible para exigir que se cumpla, que no era lo que teníamos antes del 29 de diciembre del 2020”, plantea. Ferrero, por su parte, comenta que, debido a la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria se esperaba un aumento exponencial de la la cantidad de mujeres que consultan de: “Hemos visto que fue bajando de a poco aunque por supuesto han pasado unos pocos meses de su promulgación. Nos pone muy contentas y es lo que veníamos esperando desde hace muchos años. Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE, entonces hay un montón de consultas que antes se absorbían por el sistema público, que hoy están dando respuesta desde otros efectores”. Además, advierte que es el panorama que observa respecto a provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
«Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE», dice Kielmanovich.
Melina Ceccato, psicóloga, trabaja en un centro de salud de primer nivel en Lugano y plantea que con la IVE -ahora incluida en el Plan Médico Obligatorio- es deber de las obras sociales y prepagas absorber parte de la demanda de esta práctica. Según cifras publicadas por REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) el 84% de las ILE en CABA fueron realizadas en el primer nivel de atención y el 16% en hospitales. Y el 92% de las interrupciones legales realizadas en el primer nivel se realizaron con medicamentos.
Respecto al esquema de tratamiento e intervención, Ceccato describe que la intervención es la misma que la que se hacía con las interrupciones legales. “El abordaje médico sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que no hay que hacer un interrogatorio profundo respecto a las causales que habilitarían un marco legal para la interrupción”, agrega. Bernabó, a su vez expresa: “Eso que antes implicaba ubicar determinadas categorías o dar cuenta en conjunto con la mujer de cuáles eran sus razones para interrumpir, hoy no pasa”. Ferrero señala esta característica como uno de los avances que se lograron con la ley: “No tener que rebuscar en la historia de la persona para encontrar un motivo que justifique el acceso a la interrupción”, cierra.
En los centros de atención de primer nivel, el 98% de los tratamientos de interrupción fueron resueltos con misoprostol. El 88% de las prácticas de ILE registradas se resolvieron exclusivamente con un tratamiento de misoprostol, el 12% restante con AMEU -aspiración manual endouterina- u otro tratamiento instrumental o quirúrgico. Ceccato, por su parte, señala que es primordial para mejorar y continuar profundizando la capacitación profesional en las instituciones de salud: “Que haya equipos que estén formados en perspectiva de derechos y género para brindar adecuada atención en las consultas”. Resalta que es importante contar con la tecnología correspondiente, como el misoprostol, en los centros de salud, así como también con la AMEU. “Que se capacite en la técnica para poder contar con ella en el primer nivel de atención, que es a donde llegan la mayor cantidad de interrupciones del embarazo”, reclama.
“En CABA sigue dependiendo de voluntades. Los actores saben que deben aplicarla, pero no siempre lo hacen”, dice Bernabó
A partir de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, las profesionales señalan que ha habido un aumento de consultas, pero que atienden como solían hacerlo cuando la normativa se enmarcaba por causales. “Sí, se han duplicado las llamadas que se reciben desde el 0-800 de salud sexual. Esto tiene que ver con el efecto de la difusión de la información que es un elemento primordial y necesario para la implementación de la Ley de IVE. Tener acceso a la información es la posibilidad que uno tiene de poder decidir de forma autónoma lo que quiere hacer con su gesta”, expresa Ceccato. Kielmanovich, al mismo tiempo, opina que gracias a la circulación de la información y todo lo que acompaña la implementación de la IVE, se logrará que ya no dependa únicamente de los equipos que se propongan garantizar la práctica de interrupción, aunque a nivel nacional aún falte “entiendo que estamos en un país que presenta una heterogeneidad muy grande -en términos de acceso a derechos sexuales y reproductivos para las mujeres- y va a haber que desandar miles de años de patriarcado, y trabajar mucho con los equipos de salud”.
Dentro del trabajo para lograr que efectivamente se cumpla con la interrupción voluntaria del embarazo en todas las jurisdicciones, Ferrero expresa que lo más importante es que hoy están todas las miradas puestas en los distintos fallos judiciales que surgen. Como fue el caso de la jueza Zunilda Niremperger de Resistencia, quien intentó rechazar la implementación de la Ley IVE. “Por más que algunos lugares se nieguen a garantizar la IVE, no lo van a poder sostener tanto tiempo. Lo que siento después de haber estado el día que se sancionó la ley es que algo se quebró y es que para atrás no volvemos. No vamos a permitir que esos fallos entren en vigencia”. Ceccato agrega que algo que ha tensionado la IVE es la relación con la discrecionalidad de accesibilidad a nivel nacional que había previamente con la ILE, como por ejemplo en San Juan o Mendoza, donde estaba prohibida la venta de misoprostol: “Son distintas acciones que van abriendo camino sobre distintos obstáculos que venían sucediendo ya con la implementación de la ILE”.
El avance en la aprobación de la ANMAT de la mifepristona, que es junto con al misoprostol, los dos medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la atención de interrupciones de embarazos, es un tema central para la mejora de la atención, según expresa Ceccato: “Su incorporación haría que, en forma combinada con el misoprostol, aumentara la calidad de las interrupciones haciendo que disminuyan los efectos adversos, el malestar y aumente la efectividad al 97%”.
Por su parte, Ferrero opina que siempre habrá cosas por mejorar, pero que la gran deuda es poder brindar accesibilidad en cualquier lugar del país y no solamente en los grandes centros urbanos. Kielmanovich y Bernabó coinciden con que los dispositivos tienen que funcionar más amigablemente y que acompañen a las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir y a elegir qué hacer con sus cuerpos y maternidad: “No ser jueces de sus decisiones”, concluye Bernabó. A su vez, Kielmanovich resalta la importancia de trabajar con las instituciones de salud y sus trabajadores: “La premisa dentro del modelo médico hegemónico, que es el modelo dominante en salud, reproduce el patriarcado y la mirada en donde la mujer aparece como cuidadora o agente de cuidado de la sociedad y su familia, pero no como sujeto autónomo con derecho a decidir sobre su cuerpo”.
Mar 9, 2021 | Géneros, Novedades
Como cada año, un nuevo Paro Internacional Feminista expuso de manera conjunta el dolor, la urgencia y los reclamos históricamente insatisfechos, pero también la emoción, el abrazo sororo y la unidad. Siete eran los ejes -discutidos en asambleas feministas- que componían un pliego de reclamos que apuntaba a una única idea: la reconstrucción de la Argentina es con nosotras, todas nosotras.
Temprano en la tarde, cuando aún no se había congregado la multitud que luego llegaría, la enorme presencia de organizaciones sociales y comunitarias reflejaba el avance, a paso firme, de los feminismos populares. “Es un feminismo que se ha venido acrecentando, nos hemos venido deconstruyendo y construyendo entre nosotras y, a pesar del enorme laburo que hacemos, no alcanza. Por eso creemos que es fundamental avanzar en la Ley de Emergencia en Violencia de Género con perspectiva popular”, expresó Dina Sánchez, referente del Frente Popular Dario Santillán.
Mientras en la puerta del Congreso de la Nación, se repartieron alrededor de 4.500 kilos de verduras en un verdurazo convocado por la Unión de Trabajadoras de la Tierra (UTT) y el colectivo Ni Una Menos, en la plaza, un conjunto de agrupaciones se reunía en una asamblea popular y feminista, encabezada por sus principales representantes. Extasiada por la arenga y los abrazos de las compañeras, Jackie Flores, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) afirmó que “si hay algo que tiene el feminismo popular, el que nosotras representamos, es que no acallamos las voces de nuestras compañeras. Nosotras somos unidad y vamos a ir por todos esos derechos que nos merecemos, porque no negociamos ninguno de ellos. Nosotras queremos discutir la riqueza de esta Patria de la que somos parte”.
Que se escuche
Mientras cada vez más mujeres y disidencias se acercaban a la plaza, los reclamos se exponían con micrófonos, con carteles y con los propios cuerpos: mejores condiciones laborales y visibilización del trabajo en las barriadas, cupo laboral travesti-trans, reforma judicial feminista, responsabilidad estatal en la lucha contra la violencia machista, racista y colonial, liberación de las presas por abortar y eventos obstétricos y vivienda y tierra para mujeres y colectivo LGBTIQ+.
Sobre este último punto, Carolina Rodríguez, referente nacional de género de la UTT manifestó que “lo que nosotras queremos es que se visibilice la mujer del campo, que somos nosotras las que producimos, las que trabajamos la tierra”. Su compañera, Rosalía Pellegrini, agregó que realizaban la intervención “para visibilizar quiénes estamos detrás del alimento, quiénes estamos todos los días produciendo comida, mujeres que tenemos un rol fundamental en la Argentina pero que seguimos con un montón de demandas insatisfechas: el 90% de las mujeres que producimos alimentos no somos dueñas de la tierra que trabajamos y ni siquiera somos titulares en los contratos de alquileres”.
Sin dudas, la pandemia -que recrudeció severamente la economía del país- tuvo efectos aún más drásticos para las mujeres y disidencias empobrecidas. “Lo que tiene de bueno el paro es que nos permite ver cómo se relaciona la violencia machista con las violencias económicas”, explicó Lucía Cavallero del colectivo Ni Una Menos, y agregó: “Hay una demanda por mejor trabajo, mejores salarios, por reconocimiento de trabajos no remunerados, confrontando a su vez con el poder de las corporaciones de alimentos, inmobiliarias y financieras. Creemos que la autonomía económica es fundamental para pensar cualquier programa de salida de la violencia”. En este sentido, Jackie Flores narró que, aún a pesar del contexto actual, se autoconvocaron para poder traer sus reivindicaciones a la marcha: “exigimos que nos dejen de llamar ‘plan’. Nosotras necesitamos el reconocimiento económico y, por sobre todas las cosas, ser sujetos de derecho, queremos derechos laborales. No somos la escoria, somos laburantes. Hemos creado una identidad trabajadora que estamos dispuestas a defender”.
Dina Sanchez, durante la Asamblea popular de la UTEP.
Nora Calandra -referente de la rama de Liberadas, liberados y familiares del MTE- expresó que, además, “todo nuestro trabajo durante la pandemia no es reconocido, pero cuando cometemos un delito sí, cuando practicamos un aborto sí, cuando estás muerta sí, ahí [el Estado] te ve”. Desde este sector, un grupo de mujeres trabaja para visibilizar ese universo que no pueden siquiera hacerse presentes en la congregación: las mujeres presas. “Nosotras nos encontramos con una libertad sin herramientas y siendo invisibles. Estamos peleando para poder entrar a dar capacitaciones reales, para que las mujeres liberadas o con arresto domiciliario sigan incluidas, se les de trabajo, se les de herramientas”, manifestó.
Así, las voces de estas mujeres, cuya situación es realmente crítica, llega con fuerza a través de sus compañeras en medio de la asamblea popular abierta: “Hay pibas en los municipios que están con prisión domiciliaria y el Municipio no lo sabe, entonces no son parte de entrega de alimento, del camión de salud, del DNI. Nos tienen abandonadas”.
Un llamado de atención al Estado
Tras cuatro años de la implementación de políticas neoliberales bajo la gestión de Cambiemos y en medio de una pandemia que destrozó las economías domésticas de muchas mujeres y disidencias, el reclamo fundamental es el reconocimiento salarial de todas aquellas personas que suplen al Estado en los lugares a los que éste no llega. “Nosotras no desmerecemos el enorme laburo que se está haciendo desde el gobierno, pero la verdad es que esa ayuda no se siente en el barrio y ahí estamos las organizaciones sociales”, acotó Dina Sánchez.
En este sentido, y frente al aumento de los números referidos a violencias de género, la labor y el compromiso desde las barriadas ha sido vital. Acerca de los números publicados desde el Observatorio MuMaLa -que confirman 47 femicidios en lo que va del 2021- Lucía Cavallero expresó que “sin las compañeras, las cifras de femicidios sería el doble. Entonces tienen que ganar un salario como corresponde o ser empleadas estatales”. Por su parte, Rosalía Pellegrini agregó que “somos nosotras las que nos estamos defendiendo y trabajando para erradicar la violencia de nuestros territorios rurales. Y la verdad, hay que decirlo, el Estado no está presente. Tenemos un Ministerio de las Mujeres (Géneros y Diversidad) pero todavía no hay un reconocimiento de las promotoras rurales de género. Seguimos luchando solas, a capa y espada, contra los machismos”.
Todas nosotras
Aunque con ciertos temores y con menor cantidad de personas -producto de la pandemia- un nuevo Paro Internacional de las Mujeres Trabajadoras permitió la presencia, en un mismo lugar, del amplio abanico que conforman la diversidad dentro los feminismos, que allí se unió para -de una forma u otra- visibilizar la deuda que se tiene con las mujeres y disidencias y manifestar que son parte fundamental de la solución.
En este sentido, la referente de la UTT, Rosalía Pellegrini, explicó que “tenemos soluciones, tenemos alternativas y proyectos que ya estamos generando las mujeres agricultoras con respecto a la agroecología, con respecto a cómo buscarle la vuelta a la producción de alimento sano, verdadero, campesino. Sin embargo, a la hora de resolver la crisis alimentaria, el gobierno sigue favoreciendo como interlocutores a los empresarios del campo. En las mesas de negociación nunca nos ves sentadas a nosotras, a las pequeñas productoras”, sostuvo Pellegrini.
“Nosotras las mujeres no queremos voceros ni estar a los codazos porque son lugares que nos pertenecen. Queremos estar en esa mesa donde se discute realmente, donde se toman las decisiones” afirmó Sánchez, del Dario Santillán, y concluyó: “Lo que nos deja el gobierno de [Mauricio] Macri es una deuda que nos golpea directamente a las mujeres pero también nos deja una gran unidad que pudimos construir. Queremos que reconozcan que si queremos reconstruir la Argentina las mujeres, las trans, las travestis tenemos que estar ahí, porque no es sólo un discurso, somos quienes la padecemos de verdad”.
Mar 5, 2021 | Géneros, Novedades
A menos de una semana de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la celebración por las históricas luchas por los derechos de las mujeres terminará en un Paro Internacional Feminista. Mientras tanto, la justicia de la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba, investiga si Kateherine Saavedra fue atropellada con un auto por su pareja el pasado domingo 28 de marzo. De confirmarse este hecho, la joven de 22 años sería otra víctima de un “noviazgo violento”.
Durante este año, según el informe publicado por el Observatorio Lucía Pérez, se denunciaron 59 femicidios. Los casos de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual ponen en evidencia un patrón: mujeres que denuncian violencia de género y falta de respuesta del Estado y sus instituciones. Según el Observatorio mencionado, en 15 de los femicidios cometidos entre enero y febrero, las víctimas habían denunciado previamente a su agresor.
A seis años del primer “Ni Una Menos”
“Casos como el de Úrsula o Guadalupe resultan un punto de inflexión por sus características. Son mujeres que toman conciencia de la violencia y hacen lo que se le reclama a la víctima, que es denunciar. Independientemente de los números estadísticos, lo que supone un agravamiento es que los mecanismos institucionales no funcionan y subestiman la situación de riesgo y peligro en que están las víctimas”, afirma Paula Rodriguez, periodista, escritora y autora del libro Ni una Menos.
Los femicidios de Úrsula y de Guadalupe pusieron en debate público, social y mediático el rol del Poder Judicial, con foco en los magistrados, fiscales e instituciones que deben tratar las violencias por cuestiones de género.
“Estamos viendo un patrón que se repite. Las mujeres hacen las denuncias, piden protección y las instituciones no responden como deberían. Desde 2015 hasta acá hay un cambio en la sociedad, no son las mismas historias que aparecen en el “Ni una Menos”, porque hay una conciencia del peligro e identificación de las violencias, que lleva a las víctimas a no quedarse pasivas. Lo que no hay es un acompañamiento ni reacción institucional ni comunitaria”, agrega Rodriguez.
Patricia Nasutti, mamá de Úrsula Bahillo frente a Tribunales.
La agenda del gobierno y la del periodismo feminista por momentos coincide pero reclama más acciones concretas y políticas activas. La Ley Micaela sancionada en enero de 2019, que obliga a los funcionarios de los tres poderes y organismos públicos a capacitarse es sólo un punto de partida que no encuentra aún correlato en la práctica.
El presidente Alberto Fernández insistió este 1 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias, en continuar con la agenda por los derechos de las mujeres. Sostuvo que la batalla contra la violencia de género debe ser tomada como política de Estado. Asimismo, apuntó al rol desempeñado por el Poder Judicial para señalar la cultura patriarcal consolidada en sus funcionarios. “Se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos”, sentenció.
Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó su declaración por la causa “Dólar Futuro” para insistir en el tema: “que se despabilen los argentinos de una buena vez por todas. El Poder Judicial incide todos los días en la vida de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes, como jueces y fiscales, se quedan sentados y no pasa nada, y no hacen nada”.
Rodríguez asegura que aún “no hay un trabajo en cambiarle la cabeza a la Justicia ni una mirada puesta en las víctimas. De todas maneras [la respuesta] no sólo se agota en lo judicial o punitivo, hay una serie de apoyos que deberían existir para que no se llegue a estos niveles de riesgo. La obligación de los Estados es evitar la repetición de los hechos de violencia, no solamente dar una respuesta punitiva o de vigilancia como las tobilleras electrónicas”.
Por su parte, la periodista Claudia Acuña integrante del Observatorio de Femicidios Lucía Pérez y de la Cooperativa lavaca, entiende que “Todo femicidio es evitable. Con una política activa y con los elementos que se pueden detectar a partir de la información que disponemos, podemos de alguna manera establecer muchas políticas y formas de evitarlos”.
3 de junio de 2015. Primer Ni una menos frente al Congreso de la Nación.
“El Estado puede disponer de la red que está creciendo gracias a las mujeres que trabajan en organizaciones sociales, en sindicatos, en movimientos sociales, en cooperativas, en territorios, en comedores. Todo eso es un ejército que con capacitación y un sueldo podría estar dando batalla a las violencias, acompañando a esas mujeres y atendiendo esas situaciones, cosa que no puede hacerse a partir de una oficina o una línea de teléfono”, propone Acuña.
“Este año hubo 15 mujeres que hicieron denuncias previas y que terminaron muertas. Ahí está el primer grito que nosotras escuchamos de reclamo en cada barrio y en cada ciudad del país, eso es lo que nos están diciendo esas cifras, no son cifras, son pedidos concretos de alarma que suenan y que nos están diciendo que algo está fallando en el enfoque general y que no es un tema de este gobierno, de aquel funcionario o aquella ministra, sino que es un tema sistémico”, agrega la periodista.
Empoderar a las mujeres
A diferencia de la gestión anterior, el gobierno de Alberto Fernández avanzó en la creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidades, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, a través del cual se implementan el Programa Acompañar y el Programa Potenciar Trabajo, este último en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, las medidas resultan insuficientes y no conforman un plan integral contra la violencia de género.
El aumento en el número de casos recogidos este 2021 muestra que la paridad de género en los cargos electivos, entre otros derechos conseguidos por las luchas feministas no tienen un correlato con la deconstrucción de una sociedad machista que exige celeridad en la justicia y un trato no discriminatorio.
“El Estado argentino anunció dos veces un Plan Integral contra la Violencia, la construcción de refugios y la unificación del registro de denuncias, inclusive hay un decreto que lo establece así. Y si bien, obviamente, creo que hay otra voluntad por cumplir con esta medida, también es cierto que son insuficientes. Construir refugios lleva años y necesitamos una solución ahora. Catorce refugios no dan una solución integral a este problema”, explica Acuña.
Asimismo, remarca la necesidad de una alianza entre el Estado y las organizaciones sociales, entendiendo que esa red es la que va a garantizar poder llegar en tiempo y forma a los territorios y “eso significa también empoderar a las mujeres”, agrega.
“El Estado tiene que abrir las orejas y los bolsillos, dar recursos y dar escucha. Escuchar que se pide especialmente por aquellas personas que sufrieron, porque son las que más conocen dónde está el sistema y dónde está hoy la clave para poder corregir las respuestas del sistema y después bajar los recursos”, completa Acuña.
Desde la primera marcha de “Ni una Menos” al 2021 hubo un cambio en la sociedad. Las mujeres ya no son pasivas ante la violencia machista y utilizan los recursos y herramientas disponibles para intentar contrarrestarla. El Estado y la Justicia parecen no estar a la altura de las circunstancias. Pensar una reforma política integral con perspectiva de género de estas instituciones es urgente.
Los tiempos largos de la política y de la justicia no alcanzan. El caso número 60 de Katherine Saavedra confirma que las estructuras patriarcales anidadas en el poder son el principal problema.
