Ene 29, 2020 | Comunidad
En Argentina, la mortalidad por suicidios de adolescentes se triplicó en los últimos 30 años y afecta al triple de varones respecto de las mujeres. Anccom aborda un tema poco explorado por los medios, pese a que hasta UNICEF elaboró un completo informe sobre el tema.
Debido a que es un problema grave de salud pública, el suicidio requiere atención, pero su previsión no es tarea fácil. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 800 mil personas se quitan la vida cada año. En adolescentes y jóvenes de hasta 30 años el suicidio es la segunda causa de muerte. Que los números sean epidemiológicamente gravísimos y que sin embargo se hable tan poco de esta cuestión confirma que sigue siendo un tabú que aún se oculta no solo por el dolor que causa en las familias sino, muchas veces, por las ideas de culpabilidad y vergüenza que circulan entre los parientes.
Para Claudia Chiessi, psicóloga clínica que trabaja en el área de Salud Mental en el Hospital Mariano y Luciano De La Vega de Moreno, «las diversas crisis atravesadas en la adolescencia, la transición de sub-etapas dentro de ella y los desafíos que genera en la sociedad actual, determinan en los más jóvenes condiciones de extrema vulnerabilidad, donde los desajustes afectivos y las reacciones emotivas no escapan a la sintomatología fisiológica tantas veces presente en esta población.” La especialista además remarca que “el fracaso académico, la rigidez del contexto en las comunicaciones familiares, suele afectar a los adolescentes vulnerables precipitando la conducta suicida».
Por otra parte, un porcentaje importante de jóvenes entre 18 y 24 años -incluso con educación secundaria y terciaria- no ha logrado acceder al campo laboral durante los últimos años, situación que forma parte de una crisis económica que afecta al país y que tiene gran impacto social, explica Chiessi.
«En las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca se registró el mayor número de suicidios», sostiene Mariana González, técnica superior en Ciencias Criminológicas del Departamento Judicial de Morón, Juzgado de Familia N°7.
Uno de los factores comunes de los suicidios es precisamente la imposibilidad de hablar. «Esto es lo que le pasa a la mayoría de mis pacientes, no encuentra interlocutor», dice Chiessi. El sector de la población con mayor tasa de suicidio es el de jóvenes, sobre todo los que tienen entre 12 y 20 años. Es la segunda causa de muerte en esa franja etaria. Otro dato que complejiza aún más la situación, por cada suicidio concretado existen 20 intentos fallidos. Y se producen en adolescentes cada vez más jóvenes, señala la especialista.
El suicidio de adolescentes y jóvenes en la Argentina constituye un problema de salud en aumento progresivo y que afecta mayoritariamente a los varones.La relación entre sexos es de tres varones que se suicidan por cada mujer.
Según el doctor Erick Mendoza, del Hospital de Moreno Luciano y Mariano de la Vega, “no todas las personas en riesgo de suicidio pueden o deben ser admitidas en un hospital. La hospitalización puede no ser beneficiosa e incluso aumentar el riesgo en algunas personas.” Hay muchos factores involucrados en la decisión de hospitalizar a un paciente –disponibilidad de recursos, de camas, y las redes de apoyo informal y tradiciones culturales pueden jugar un papel– y no hay reglas absolutas, pero esa decisión debe tomarse basándose en razones clínicas, y se debe involucrar al paciente y su familia.
Si se requiere hospitalización, el tratamiento debería tener lugar en una sala de psiquiatría segura. Si esto no es posible –porque, por ejemplo, se necesitan cuidados médicos o quirúrgicos– debe asegurarse una estrecha supervisión del paciente. Cuando la “suicidalidad” aguda se presenta con alta agitación se debe considerar tratamiento farmacológico a corto plazo (por ejemplo, benzodiazepinas, neurolépticos). Las unidades de hospitalización que tratan pacientes suicidas, en tanto, deben tener protocolos para garantizar su seguridad.
Un caso concreto: la madre de una adolescente relata sobre los momentos desesperantes que vivió con su hija. Un día cuando el novio de la chica la llamó por teléfono para cancelar la cita que tenían planeada para esa noche, ella aceptó el cambio pero después se sintió dolida y comenzó a tener pensamientos negativos. “Él no me ama”, “me va a dejar”, “no me encuentra atractiva, ni él ni nadie”, dice la madre sobre las expresiones de su hija. La joven se sintió cada vez más desesperada, enojada consigo misma y comenzó a sentir el deseo de cortarse el cuerpo.
Junto a su terapeuta, ella exploró formas alternativas de hacer frente a esta situación: planificar las citas con más cuidado, expresar su decepción y sus deseos en lugar de aceptar silenciosamente, analizar interpretaciones alternativas de la conducta de su novio en lugar de devaluarse a sí misma y considerar las consecuencias a largo plazo de las autolesiones, por ejemplo, la permanencia de cicatrices.
De todas formas, como señalan desde el Centro de Asistencia al Suicida (CAS), de Buenos Aires, «la presencia de adultos o instituciones que desempeñen un papel protector es clave para que el suicidio no llegue a concretarse». Todo un desafío en tiempos de crisis e incertidumbre.
Ene 22, 2020 | Novedades, slider, Trabajo
Antes de terminar 2019, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció el lanzamiento de un plan de microcréditos que saldrá a mediados de febrero. Según la página web oficial del organismo, consiste en un financiamiento destinado a emprendedores que “no reúnen las condiciones para obtener préstamos bancarios tradicionales”. El monto varía entre 5 mil y 30 mil pesos, según la finalidad, con una tasa de interés entre 2 y 3% anual. El objetivo del préstamo es el acceso a capital de trabajo: insumos, materiales o herramientas que permitan una mejora en las condiciones de producción. Además, el programa cuenta con un asesoramiento gratuito para los beneficiarios a través de asociaciones civiles.
El proyecto anunciado por Arroyo retoma lo planteado por la Ley Nacional de Microcréditos aprobada en el 2006: la promoción de microfinanzas para el desarrollo de la economía social. “Cuando se creó la ley, se consolidó una actividad que existía en las tinieblas y la puso en primera línea”, comenta Oscar Minteguia, Secretario de Desarrollo Social en el Municipio de San Martín y especialista en economía solidaria. Y respecto al nuevo plan, agrega: “Por supuesto que hay mucho por mejorar. El Estado en estos trece años se encontró con un montón de incidentes que hace falta subsanar: esa ley hay que ajustarla y adaptarla al tiempo de hoy y a la perspectiva del gobierno nacional, que es de generación de empleo, sustitución de importaciones y fortalecimiento de las economías regionales. Por ejemplo, la ley prevé un presupuesto estático del momento de su creación de 100 millones de pesos por año. Eso no alcanza ni para empezar a charlar.”
Según dijo el ministro Arroyo durante el anuncio de la medida, “hoy hay 4 millones de personas que están trabajando y les falta maquinaria o herramientas”. Sobre este aspecto, Minteguia considera que “los sectores de la economía popular y solidaria son muy vastos. Es una situación que ha crecido enormemente en los últimos tres años desde que se fracturó el paradigma del empleo asalariado en toda la región y el mundo. El universo de trabajadoras y trabajadores que desarrollan actividad por cuenta propia ya no es marginal, sino de millones de argentinos y argentinas”.
Martin Hourest es economista y considera que el Plan de Microcréditos tiene que ir más allá de una cuestión financiera: “Depende de tres factores: la condición de partida del hogar que lo recibe, el entorno productivo y el entorno jurídico normativo. No es sólo la disponibilidad del recurso financiero la que determina el éxito de una operación”. En ese sentido, explica: “Si en un barrio donde hay trabajadores de la construcción desocupados, a todos les doy el microcrédito para que compren una maquina de cortar mosaico, ese mismo entorno productivo se les vuelve en contra porque genera un sistema que, en lugar de cooperar, los obliga a competir. La lógica de entregar el microcrédito no es desentenderse del entramado productivo en el cual se da sino inmiscuirse en él. Tiene que haber un armazón normativo y jurídico que lo haga amigable”.
Hay otro factor que debe tenerse en cuenta a la hora de pensar los microcréditos, según Hourest: “El segundo problema que se plantea con estas estrategias es el endeudamiento previo de los hogares. Buena parte de los tomadores de créditos tienen importantes niveles de endeudamiento. Por lo tanto, el Estado tendría que mirar el programa de desendeudamiento, porque sino lo que se logra es dar la plata para una cosa y que objetivamente haya un riesgo alto de que la gente use eso para saldar la deuda que tiene previamente”.
Martin Grandes, es economista e investigador del Conicet. Respecto al plan de microcréditos reflexiona: “El objetivo me parece loable, pero no sé si los emprendedores van a tener demanda mas allá del circuito informal de la economía. Es decir, estos sectores van a producir pero, ¿a quién le van a vender? Son sectores que no están inscriptos, lo más probable es que reactive la economía social informal solamente”.
Poner la Ley de Microcréditos de vuelta en la agenda pública y mediática retoma un debate sobre qué rol debe asignarse al trabajo autogestivo y la economía social: “Si vamos a persistir en pensar que es una economía del mientras tanto, hasta que la gente consigue entrar a la economía “de verdad”, vamos a seguir dándole un presupuesto marginal. Ahora, si se le descubre el verdadero valor que tiene en este contexto económico, hay que destinarle el mismo presupuesto que se le destina a otros sectores de la economía, así como se financia fuertemente al sector energético o al sector extractivista, de transporte o bancario”, señala Minteguia. Durante su gestión como secretario de Desarrollo Social en San Martín ha desarrollado un plan de microcréditos que él considera un caso de éxito: “Llevamos prestados desde diciembre de 2014 hasta hoy 53 millones de pesos en créditos con un 97% de recupero. El secreto está en la metodología y en prestarle a gente que está haciendo. Son personas que no tienen en su registro mental sacar dinero para no pagarlo, eso está en la mente de algunos empresarios”.
Por su parte, Grandes tiene ciertas reservas respecto a los resultados que pueda llegar a tener el proyecto nacional: “Desde un punto de vista macroeconómico, no la veo como una medida que tenga un impacto considerable. Porque no va a llegar (o va a llegar a cuentagotas) a la economía formal. Si eso es bueno o es malo, queda en cada uno juzgarlo. Para mí, en principio es bueno, por lo menos reactiva una parte. Parece una buena medida, pero creo que va a estar circunscripta a lo que es una población de mucha pobreza y de informalidad laboral. No va a tener una repercusión para arriba”.
Martín Hourest también reflexiona sobre el impacto del microcrédito a nivel macroeconómico y asegura: “Tenés que tener conciencia de qué tipo de política estás queriendo hacer funcionar. No podés pedir a una política social que se convierta ella misma en una política productiva, macroeconómica y de distribución de ingreso. La política social es política social. Es un ejercicio de voluntarismo creer que con una política social sacás gente de la pobreza”.
Ene 16, 2020 | Comunidad, Novedades
En Argentina no hay norma legal o constitucional que prohíba la actividad de ofrecer o demandar sexo, pero sí reglas de menor jerarquía que la condicionan. El Código Penal de la Nación establece que la prostitución ejercida libremente no es delito. La legislación federal penaliza con prisión de cuatro a seis años a quien promueva o facilite y a quien “explote económicamente” el ejercicio de la prostitución. Es decir apunta hacia la intermediación y el proxenetismo. Las modificaciones al Código introducidas en 2012 por la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada tras el fallo absolutorio en la causa por la desaparición de Marita Verón, explicitan la irrelevancia del consentimiento de la persona en situación de prostitución, caracterizada como “víctima” en todos los casos. La tradición jurídica del país puede ser descripta como abolicionista, en tanto prohíbe la explotación ajena sin penalizar el ejercicio independiente, reconociendo la existencia de la prostitución pero buscando su desaparición a partir de la sanción de la administración del trabajo sexual por parte de terceros. Sin embargo, entre las pretensiones de la letra fría de la norma y la realidad concreta de todos los días están las acciones de las personas. Para pensar la prostitución hay que partir desde la ley pero hay que llegar a las formas en que se implementa y atraviesa las vidas que intenta controlar.
“Si una mujer hoy vende su cuerpo porque es su decisión, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, porque son acciones privadas de las personas y en nuestra legislación todo lo que no está prohibido, está permitido”, señala María Elena Naddeo, creadora y primera presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y actual titular del Programa de Atención de la niñez, adolescencia y género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Sin embargo, un informe sobre criminalización del trabajo sexual en la vía pública realizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en 2016 destaca que “aunque el trabajo sexual no es un delito en nuestro país, todos los lugares donde se lo puede ejercer están criminalizados”. En este sentido, el documento puntualiza las superposiciones entre las diversas legislaciones locales y las normas nacionales, plasmadas en los distintos códigos de faltas y contravencionales, que “se convierten en instrumentos punitivos contra las trabajadoras sexuales, simplemente por considerar que su actuar es inmoral y contrario a las buenas costumbres”.
En este punto, las principales corrientes al interior del movimiento feminista coinciden en la necesidad de derogar las ordenanzas de códigos contravencionales que penalizan la oferta y demanda de sexo en la vía pública. Naddeo señala que “la legislación argentina aún castiga el comercio sexual cuando se ejerce en la calle. Se debe atacar la explotación, pero no se puede seguir persiguiendo a las mujeres en situación de prostitución”. La dramaturga y militante del Frente Abolicionista Travesti/Trans, Daniela Ruiz, destaca la importancia de generar políticas “que no sean prohibitivas ni punitivas: no queremos que la policía vaya contra la compañera que está en la calle, porque estamos en un Estado en el que la prostitución es libre”.
Historia de la persecución en la Ciudad de Buenos Aires
El primer Código de Convivencia Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionado en marzo de 1998 por la Legislatura porteña, derogó una serie de edictos policiales vigentes hasta el momento y limitó la acción de la policía en detrimento de la intervención del Poder Judicial de la Ciudad y en los hechos, a través de la eliminación de la figura del “escándalo”, despenalizando el ejercicio de la prostitución en el espacio público porteño.
La primera reforma del Código, materializada a solo dos meses de su sanción por impulso del Gobierno de la Ciudad encabezado por Fernando De La Rúa, tras un intenso debate social sobre el tema atravesado por un fuerte matiz moral, incorporó a la prostitución como actividad sancionable, pero de una manera desviada. El artículo 71 penalizó la alteración a la tranquilidad pública “con motivo u ocasión del ejercicio de la prostitución”. Es decir, no estableció un castigo por el acto mismo de la prostitución, sino en tanto “altere la tranquilidad” al ser realizado en formas que impliquen “ruidos o perturbación del tránsito de personas o vehículos”, hostigamiento o exhibicionismo.
34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No binaries – La Plata, Buenos Aires –
El 3 de marzo de 1999, en el marco de un año electoral y un día antes de que la Legislatura porteña tratase la segunda reforma a su Código Contravencional, el presidente Carlos Menem sancionó un decreto que instruyó a la Policía Federal a detener a personas que cometan actos no tipificados como delitos o contravenciones, entre ellos la oferta y demanda de sexo, en función de un supuesto “vacío legal” generado por la derogación de los edictos policiales durante el año precedente.
Un día después, la Legislatura modificó una vez más su Código de Convivencia Urbana, y penalizó la oferta y la demanda de servicios sexuales en la vía pública en toda la extensión de la Ciudad. La modificación al artículo 71 tipifica como alteración de la tranquilidad pública el “ofrecer o demandar para sí u otras personas servicios sexuales en los espacios públicos”.
Un editorial del diario La Nación del 7 de marzo señalaba que la norma aparece como respuesta a “la fundada indignación de las familias afectadas, forzadas a convivir en sus barrios con verdaderos ejércitos de travestis y prostitutas, con el consiguiente daño para la formación moral de sus hijos” y destacaba la “pesada responsabilidad” que implica para la Policía Federal, encargada de hacerla cumplir. El diario Clarín relató en su edición del 10 de marzo una reunión informativa entre comisarios y fiscales porteños en relación a los criterios de aplicación del nuevo código, en la que el fiscal contravencional Juan Carlos López señala que se trata de una cuestión “de sentido común”, en tanto “si se filma en una zona roja a un travesti inclinado sobre la ventanilla de un auto, la escena habla por sí sola”.
Finalmente, el 23 de septiembre de 2004 se sancionó el nuevo Código Contravencional de la Ciudad, que reemplaza el artículo 71 del Código de Convivencia Urbano por el artículo 81, que penaliza la oferta y la demanda de servicios sexuales “en forma ostensible” en espacios públicos no autorizados, es decir, aquellos que se encuentren a “una distancia menor de 200 metros de hogares, escuelas y templos”, según una cláusula transitoria anexa. La misma norma establece que solo se actuará por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal y que en ningún caso se hará en base a “apariencia, vestimenta o modales”.
Sin embargo, la misma ambigüedad de la descripción de la conducta penalizable, así como la situación material del ejercicio de la prostitución, que coloca una vez más a las prostitutas en el lugar de colectivo vulnerable, habilitan el manejo discrecional de las fuerzas de seguridad sobre su actividad. La delegada de AMMAR en el barrio porteño de Flores, Laura Meza, sostiene que si bien su trabajo “no es delito”, los abusos de autoridad y el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad son corrientes: “La policía trata a las compañeras como delincuentes: es arbitraria y va directamente a la puta. Y si la pueden golpear la golpean. Y si la pueden empujar la empujan. Lo que tienen es una putafobia”.
Un mapa (polifónico) del debate
Las dos corrientes tradicionales para abordar la cuestión de la prostitución al interior del movimiento feminista son el abolicionismo y el regulacionismo. Con matices, ambas son útiles como referencias a la hora de trazar el mapa del debate. Desde la mirada abolicionista se considera a la prostitución como una forma de violencia de género cuyo ejercicio implica en todos los casos un cierto grado de coacción y por lo tanto debe ser desalentada. En tanto, desde la perspectiva regulacionista, el trabajo sexual se contempla como una actividad productiva al igual que cualquier otra, que debe ser regulada por el Estado e implica derechos y garantías para quienes la ejercen.
En los hechos, las categorías son un marco que queda corto para lo cotidiano de las experiencias y las militancias. “Yo no hablo tanto del término abolir, porque tampoco podríamos abolir por decreto”, explica María Elena Naddeo. “Estoy intentando cambiar el término por desalentar, por no promover”. Un documento de AMMAR de 2016, titulado “Trabajo sexual: cuál es la diferencia entre reglamentarismo y regulacionismo”, postula el término “pro derechos” para caracterizar la perspectiva de la organización: “Un modelo que exige la intervención del Estado para el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social de quienes ejercen el trabajo sexual libremente, y rechaza el control punitivo e higienista propio del reglamentarismo”.
Aún así, ciertas diferencias son conceptuales y de raíz, por eso las palabras son terreno de disputa constante. “Hay una carga de valor en la palabra prostitución”, sostiene la dirigente de AMMAR Laura Meza. “Hay compañeras en situación de prostitución, pero nosotras no somos prostitutas ni defendemos eso: nosotras somos trabajadoras sexuales”. Por su parte, la escritora feminista Sonia Sánchez postula que “la identidad del trabajo sexual maquilla el dolor y la vergüenza”. En su opinión, el “discurso fálico” del reglamentarismo “sólo beneficia a los varones: legaliza al proxeneta y convierte al traficante de personas en un gran empresario del sexo”. La militante abolicionista Daniela Ruiz coincide en la crítica a la “tesis del trabajo sexual”, porque entiende que “reivindica una violencia sistemática, que desvaloriza a la persona y la marca en un precio”. La trabajadora del área de Interculturalidad del Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI), Betania Longhi, explica que en la institución reciben “denuncias de ambos lados: compañeras que se afirman en su identidad de prostitutas y son ofendidas por la discriminación; y compañeras que no se perciben en esa identidad y son ofendidas cuando son catalogadas como prostitutas”.
Marcha del Orgullo N°26. De Plaza de Mayo a Congreso. Sábado 18 de Noviembre de 2017.
El concepto de trabajo aparece como un nudo central de la discusión. “No es un trabajo como cualquier otro” señala María Elena Naddeo. “Genera daños psíquicos y en la sexualidad que otros no generan. Existen daños físicos, como en todas las esferas de la vida, pero el ámbito de la sexualidad queda más o menos preservado”. Por su parte, María Rachid, fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y ex vicepresidenta del INADI, postula que “es como cualquier otro trabajo que, tanto en el mundo como en la región, se da en una situación de explotación. Hay actividades en situaciones similares, como el trabajo rural o textil. Pero lo que hacemos ante esas situaciones es garantizar mayor presencia del Estado y reconocimiento de derechos”. Daniela Ruiz sostiene que en su experiencia la prostitución es “saber que está permitido que te hagan lo que quieran porque sos puta y pagan para eso. ¿Después voy al sindicato a quejarme porque me metieron dos dedos y me dejaron con sangre el culo por una uña quebrada? Acá solo existe ir a lavarse”. Rachid afirma que no conoce “una trabajadora sexual que no haya sido víctima de trata y esté en contra del reconocimiento de sus derechos laborales. Comprendo que estén en contra de la regulación por su experiencia personal, pero no todas las realidades son iguales”.
“Estamos todas en contra de la criminalización y la persecución policial. Somos hermanas en lucha, pero nos divide la conceptualización del trabajo sexual”, resume María Elena Naddeo. “Para mí son todas compañeras y punto”, concede Meza, “pero algunas tomamos el feminismo como una cuestión de derechos”. Las tensiones entre ambas perspectivas reaparecen como fantasmas detrás de cada coincidencia. El debate es efervescente porque no es abstracto: se nutre de la conciencia común de una situación de vulnerabilidad concreta, pero genera interpretaciones, respuestas y programas políticos contrapuestos.
“Hasta las organizaciones marxistas, que están en contra de la plusvalía, luchan por un salario digno” desarrolla María Rachid. “Estamos en un contexto capitalista y patriarcal, donde la mayoría de los trabajos implican situaciones de explotación. Eso se combate con presencia del Estado y con derechos”. Betania Longhi, trabajadora del INADI, opina que cuando el Estado reguló la prostitución “fue el peor momento” para las prostitutas: “Entraban las redes de trata al país y se les pedía controles ginecológicos a las trabajadoras como si tuvieran la culpa de las enfermedades de transmisión sexual. Controlar la prostitución es un arma de doble filo”. “Ser un sindicato no es la única forma de organizarse contra esta violencia”, dice Sonia Sánchez. “Debemos construir una masculinidad nueva. Los hombres deben aprender a relacionarse desde la no violencia con les demás. Y nosotras tenemos que ayudar a deconstruir esa cultura: sin varones que vayan de putas no hay prostitución. Y sin prostitución no hay trata”.
Violencia simbólica y de las otras
En la actualidad no existen datos oficiales que den cuenta de cuántas personas están en situación de prostitución. “¿Cuántos pueblos hay en Argentina?”, se pregunta Melisa De Oro, trabajadora sexual nucleada en AMMAR. “Hasta en el pueblo más chiquito hay una puta. Hay mucha más gente de lo que parece en el mercado del trabajo sexual”. Melisa, que se presenta como la primera docente trans de la Ciudad de Buenos Aires, estima que en este momento “no debe haber menos de cien mil trabajadores y trabajadoras sexuales en el país”. Betania Longhi, por su parte, señala que no se puede acceder a los datos duros debido a la “compleja situación institucional” vinculada con el tema. “No hay números porque no hay registro, y creemos que está bien que no lo haya. Cuando el Estado tiene el acceso a los números, también se produce una reducción en la libertad de las compañeras”. La trabajadora sexual Laura Meza comenta que el último censo de AMMAR se realizó en 2014 y contabilizó seis mil afiliadas en Capital Federal, pero que “no hay un número ni aproximado a la cifra real. ¿Cuántas compañeras empezaron a ejercer el trabajo sexual desde hace cinco años? Para ese censo no existía la modalidad Internet, donde hoy está minado”.
Desde el sindicato de trabajadoras sexuales agregan que la construcción de cifras es compleja por el estigma que implica reconocerse en esa identidad. Longhi advierte sobre la posibilidad de que el registro y control oficial de la prostitución desemboque en “una marca negativa en torno a ser mujer o trans y realizar esta actividad”. En este sentido, la funcionaria del INADI señala que “el 95 por ciento de las personas trans del país está en situación de prostitución”. En Argentina, al igual que en el resto de Latinoamérica, la expectativa de vida travesti/trans oscila entre los 35 y los 40 años. En este sentido y desde diversas aristas, las personas que ejercen la actividad forman parte de una población en situación de vulnerabilidad.
En los últimos cuatro años, el índice de desocupación de la Ciudad de Buenos Aires subió más de dos puntos (de 8,6 por ciento a 10,9 por ciento). Las mujeres son las más afectadas por esta situación. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la mayor parte de la población femenina que se incorporó al mercado de trabajo entre 2016 y 2018 lo hizo en condiciones precarias: “82 mil consiguieron trabajos informales y cerca de 150 mil se emplearon por cuenta propia”. En paralelo, también disminuyó la proporción de trabajadoras en puestos asalariados registrados.
Karla Bendezú, infectóloga del Hospital Muñíz, detalla que “aproximadamente el diez por ciento de la población VIH positiva que se trata aquí se dedica a la prostitución”. Bendezú señala que según el relato de sus pacientes, la mayoría comienza a prostituirse porque no consigue otro trabajo. Según una estadística difundida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2017, ese año el Hospital Muñíz tuvo 1873 entradas a consultorios externos por enfermedades de transmisión sexual, de las que 745 correspondieron al SIDA. La doctora explica que las personas infectadas con VIH deben hacerse controles cada seis meses, “lo que muchas veces implica faltar dos o tres veces al trabajo en un mismo mes”, con las consecuencias que eso implica. “Estoy segura de que la mayoría quisiera dedicarse a otra cosa, pero no es fácil por el ámbito socioeconómico en el que se mueven”.
La estigmatización de la población en situación de prostitución no es sólo simbólica: es institucional. Longhi señala que desde el organismo son recurrentes las denuncias porque “no las atienden en los hospitales, o porque la policía las corre y las detiene por estar prostituyéndose”. Laura Meza señala que lo peor de su profesión es “el acoso y la violencia institucional”. Detalla que hay muy pocos hospitales “amigables” para las trabajadoras sexuales en Capital Federal, entre ellos los Hospitales Álvarez, Piñeyro, Ramos Mejía y Garrahan para los menores de edad. “Las compañeras van con un dolor de brazo o de espalda y les dicen: no, vos sos trabajadora sexual. Hacete un VIH”. La dirigente de AMMAR sostiene que “si sos trabajadora sexual no podés tener nada: tenés la plata para alquilar, pero no tenés garantía; no hay obra social; me faltan ocho años para la jubilación, pero ¿de qué me voy a jubilar, de ama de casa?”. Leonor Núñez, psicóloga asesora en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), señala que “para enfrentar estas violencias, las víctimas primero se tienen que reconocer como tales”. En el mismo sentido, Longhi destaca que parte importante de la labor del INADI es “hacer que cada uno reconozca cuando está siendo discriminado”.
“La autonomía y el bienestar de los cuerpos”
A pesar de las diferentes perspectivas para encarar el tema, se observa un consenso implícito sobre dos puntos centrales: que las prostitutas están hoy de hecho en una situación de grave vulnerabilidad y que parte fundamental del ataque a esa condición está vinculada a las políticas del Estado o a su ausencia. La militante abolicionista Daniela Ruiz plantea que “el Estado calla con la prostitución para no hablar de lo que hay detrás: la explotación; la trata; la coima; el silencio; los cuerpos que valen y los que no”. Para la dramaturga, el objetivo es desarrollar “políticas públicas” que permitan que “cada compañera pueda elegir, para que su último destino sea la prostitución”. Desde una mirada diferente, María Rachid señala que el rol del Estado tiene que ver con el reconocimiento para las trabajadoras sexuales de “los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador”. La actual presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostiene que el Estado “es quien debe hacerse presente en términos de controles para que deje de haber abusos, para que las trabajadoras puedan contar con una pensión, con una obra social, con una jubilación”. En todos los casos, la urgencia de la situación quema en el discurso de las militantes. Desde una diversidad de perspectivas, queda claro que, como señala María Elena Naddeo, “no se trata de un tema moral: tiene que ver directamente con la autonomía y el bienestar de los cuerpos”.
Dic 27, 2019 | DDHH, Novedades
«Evo está en nuestro país para que Bolivia pueda tener las elecciones que se merece», subrayó Bonafini.
Los colores de decenas de wiphalas adornaron la Plaza de Mayo. Al grito de “Evo amigo, el pueblo está contigo” y “Evo no está solo, carajo”, el presidente depuesto de Bolivia acompañó a las Madres en su tradicional ronda, la número 2176. Su participación fue acompañada por simpatizantes y numerosos miembros de la comunidad boliviana en Argentina.
Un grupo de mujeres, líderes de la vigilia que se lleva a cabo desde el 13 de noviembre frente a la Embajada de Bolivia en Buenos Aires, cantaron y bailaron al ritmo de las palmas de todos los asistentes. “Estamos felices de poder apoyar a nuestro presidente y lo que pedimos aquí es la renuncia inmediata de Jeanine Añez que se autoproclamó presidenta”, afirmó Constantina, quien prefirió reservar su apellido por razones de seguridad, en diálogo con ANCCOM.
Otra manifestante, quien tampoco dio su nombre, agregó que el llamado a la vigilia es “para todos los compatriotas residentes”. También aseguró que el reto es proteger los recursos naturales: “Tenemos que defender a nuestro país porque los yankis van por el litio”.
«Evo, amigo, el pueblo está contigo», le cantaban al líder boliviano.
Morales tuvo su turno para hablar a los asistentes y agradeció al pueblo argentino por unirse a la lucha por una Latinoamérica libre. Añadió que las Madres de Plaza de Mayo son un ejemplo en la defensa de la democracia y lucha por la libertad.
Cuando inició la ronda, para Morales fue imposible unirse debido a la gran cantidad de gente. Al terminar, las Madres condenaron el golpe de estado en Bolivia. “Nuestros hijos dieron la vida, con todo el amor, por la gran patria latinoamericana. Por ellos continuamos nuestra lucha”, dijo Hebe de Bonafini, presidenta de la organización. Agregó que la plaza es un lugar de lucha y hasta retó a algunas personas: mencionó que el objetivo de la jornada no consistía en sacarse una foto con el Presidente.
“Evo está en este país para luchar y pelear, para que Bolivia pueda tener las elecciones que se merece”, subrayó y advirtió que el golpe de estado que le hicieron al pueblo boliviano también se lo hicieron a Ecuador y Venezuela.
Morales se despidió después de hablarle a la Plaza y varios de sus seguidores se quedaron marchando hacia el frente de la Casa Rosada. Queda pendiente el resultado de la reunión que tendrán los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) el próximo domingo 29 de diciembre, que tiene el objetivo de elegir a los candidatos para las próximas elecciones en Bolivia.
