Sep 29, 2020 | Géneros, Novedades
Hace un lustro, con la modificación de las Normas Técnicas y Administrativas de Hemoterapia y de los Criterios para la Selección de Donantes de Sangre, fueron derogadas la reglamentación y las resoluciones anteriores de la Ley N° 22.290 que prohibían donar a las personas que expresaran una orientación sexual e identidad de género diversa, es decir, fuera de la cisheteronormatividad.
Con los cambios introducidos en 2015, hoy vigentes, se busca que el donante conozca las situaciones de riesgo de infecciones y se abstenga de donar si estuvo expuesto a ellas. El objetivo es propiciar la autoexclusión y la consulta al médico ante cualquier duda. De ningún modo se habilita al equipo de salud a profundizar en la orientación sexual y/o identidad de género de una persona ni mucho menos a ejercer discriminación institucional.
Según el nuevo paradigma –que rechaza la patologización de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales–, el riesgo está en las prácticas y no en grupos de población específicos. Sin embargo, muchos establecimientos siguen reproduciendo las representaciones dominantes y prácticas violentas.
La norma actualizada, en sus resoluciones 1507, 1508 y 1509, es clara: de acuerdo a estudios epidemiológicos, las prácticas sexuales consideradas “de riesgo” se distribuyen homogéneamente en la comunidad. Se trata de una problemática social que no distingue orientación sexual ni identidad de género.
Lourdes Arias, profesora del Bachillerato Mocha Celis.
El peligro de contraer infecciones aumenta con la falta de cuidados, que está relacionada con las desigualdades en el acceso a la salud, la pobreza, la estigmatización, la falta de información y de campañas de prevención, el tabú en torno a la sexualidad, la escasa o nula implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la violencia y el abuso sexual.
Es fundamental que la persona donante conozca cuáles son las situaciones de “riesgo incrementado” y así favorecer su participación responsable. El material que se brinda actualmente incluye información, un documento para la autoexclusión pre-donación, un cuestionario personal y la autoexclusión confidencial post-donación.
Ahora bien, desestimada la definición de “grupos de riesgo”, gracias a la movilización e intervención de las organizaciones sociales y activistas LGBTI+ en el desarrollo de las políticas públicas, y con la prohibición de donar sangre sin sustento legal, ¿qué sucede en la práctica?
Un sistema expulsivo
A fines de agosto, Emiliano se acercó de manera voluntaria para donar plasma al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, luego de haberse recuperado de Covid-19. Allí fue entrevistado por un profesional de la salud que le preguntó si había tenido relaciones sexuales con otros hombres y le negó la posibilidad de donar.
Débora Tajer, psicóloga especializada en género, asevera que, pese a los avances, siguen existiendo brechas en materia de género y salud, y que ni los marcos normativos ni las políticas públicas per se aseguran la modificación inmediata de representaciones y prácticas tradicionales arraigadas en aquellas instituciones donde se efectivizan estos derechos.
Esteban Paulón es activista, integrante del Consejo Consultivo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y director del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. También fue titular de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe, creada en 2015 y pionera en el país.“Partimos del punto en que hoy la perspectiva de la diversidad sexual no es parte de las currículas educativas en ninguna de las facultades argentinas, sólo aparece en algunas como contenido optativo –afirma–. Eso quiere decir que no todas las personas van a acceder a esos conocimientos y termina quedando a buena voluntad de ese o esa profesional hacer una práctica libre de discriminación. Por lo tanto, no la puede volcar al servicio de generar un sistema de salud o una atención más inclusivos. Y en lo que tiene que ver con los espacios públicos, está la voluntad del Estado y sus dificultades para que esa voluntad se transforme en una práctica concreta de la política pública”.
La discriminación a las personas LGBTIQ+ representa un 10,5% de las denuncias recibidas por el INADI entre 2008 y 2019.
La creación de espacios “amigables” ha sido la estrategia para concentrar la atención en consultorios que ofrecen servicios abiertos y receptivos, frente a la imposibilidad de que la iniciativa permee en todo el sistema. Para Paulón, hay que trabajar en la modificación de los programas de formación, en la base de la pirámide del sistema, para que las personas LGBT accedan y se vinculen con los servicios de salud.
“Hay una presunción de heterosexualidad en todo el sistema de salud –sostiene–. Eso hace que las lesbianas y mujeres bisexuales muchas veces sientan vergüenza de hacer una consulta en relación a su propia salud sexual”. La invisibilización sucede también con los varones gays, donde el foco estuvo concentrado por muchos años en el HIV, dejando de lado otros problemas. ¿Qué consecuencias pueden generar estas barreras? Se incrementan los riesgos y baja la expectativa de vida.
Para garantizar el acceso del colectivo LGBT al sistema, dice Paulón, es necesario trabajar en el primer nivel de atención con equipos profesionales y espacios de salud abiertos. Que toda persona pueda ir cualquier día y hora, a cualquier lugar de atención primaria y que en la consulta clínica haya un trato cálido y empático que habilite a despejar todas las dudas, a recibir información y a garantizar una mayor cobertura.
Terminar con un sistema de salud expulsivo requiere también de un cambio social y cultural. ¿Qué sucede en otros ámbitos? Un informe reciente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre las denuncias recibidas entre 2008 y 2019, revela que la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ representa un 10,5 por ciento del total. Esta categoría agrupa la discriminación hacia la orientación sexual (6,3) y hacia la identidad de género (4,2).
El documento permite observar que estos actos de odio sucedieron principalmente en barrios o viviendas, en prestadores y centros de salud, en espacios laborales, en la vía pública y transportes, en el ámbito educativo y en la administración pública. Además, se trata de denuncias que crecieron de manera sostenida junto con las de género y el racismo. ¿Por qué es importante denunciar? Para dar visibilidad a la problemática y así poder impulsar políticas que tiendan a erradicar la violencia.
“Siempre recomendamos la denuncia. Sabemos que el sistema, la ley de prevención y sanción de actos discriminatorios argentina, hoy no contempla penalización concreta. Pero sí es importante visibilizarlo porque abre la puerta a la corrección de la situación y también a acciones de reparación: talleres, capacitaciones, pedidos de disculpa”, subraya Paulón y agrega: “A pesar de que la ley todavía no se ha adecuado del todo y cuesta mucho que se implemente, hoy socialmente la denuncia tiene un impacto que para las víctimas y para la comunidad en general, es un hecho reparatorio. Aparte, es importante que lo podamos documentar, muchas veces las prácticas se repiten porque al no denunciarlas no se hacen visibles”.
En cuanto a la información más reciente, que analiza las denuncias recibidas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, “Personas LGBTIQ” es el segundo tipo de discriminación que registró más denuncias –precedido por “Discapacidad”– con el 12 por ciento del total. El género representa un 9,7 por ciento de las denuncias realizadas por mujeres. En el caso de los varones, alcanza un 14,2 por ciento. El barrio o vivienda continúa siendo el escenario de discriminación más mencionado, seguido del espacio educativo y los prestadores y centros de salud.
En 2019, la comunidad LGBTIQ+ ocupó el segundo lugar entre las poblaciones discriminadas.
Educar para transformar
En el trato médico, los actos violentos niegan e invisibilizan la diversidad sexual cuando se da por sentada la heterosexualidad y no se respeta la identidad de género, cuando se tilda de “peligroso” y se patologiza todo comportamiento alejado del mandato social. Estos actos se sostienen en representaciones de la cultura machista y patriarcal, más allá de lo que establece la Ley 26.529 que garantiza la asistencia y el trato digno sin distinción alguna en la relación entre el paciente y los profesionales, agentes o efectores de la salud.
Otro informe, elaborado en 2017 por un equipo de investigación de la Fundación Huésped, del Instituto Gino Germani de la UBA y de la Universidad de San Martín, analiza la accesibilidad y la calidad de atención de la salud para la población lesbiana, gay, trans y bisexual (LGBT) en cinco regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Para el relevamiento de datos, se hicieron entrevistas a profesionales de la salud, tomadores de decisión y referentes de organizaciones sociales LGBT, a usuarios o potenciales usuarios gays, lesbianas, hombres trans y mujeres trans.
Acerca de la atención, las y los participantes del estudio destacaron la insuficiencia de los recursos hospitalarios, la precarización laboral del personal de salud, las largas esperas y la escasez de turnos, así como el desconocimiento para acceder a ellos, la falta de información respecto a la oferta de los servicios, la desorganización sobre el modo de acceso a medicación u otros insumos, y el maltrato del personal administrativo. También se señalaron problemas de infraestructura.
La percepción sobre los consultorios inclusivos o “amigables” es que significan un avance en materia de derechos, pero también se subraya la necesidad de construir una salud integral que no discrimine y que se dé en todos y cada uno de los ámbitos del sistema, considerando además que la oferta de estos centros de salud es limitada. Por último, se identificó como limitante para el disfrute de un pleno acceso a requerimientos y necesidades médicas “la discriminación y los maltratos asociados, y los miedos y las trayectorias de exclusión institucional”, que se repiten y que desincentivan la concurrencia a un consultorio. Como aspectos positivos se mencionaron la gratuidad de la mayor parte de las prestaciones y la buena predisposición y compromiso de muchos/as profesionales.
Tal cual señala el informe “Identidades, derechos y territorios”, publicado en 2019 por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, las personas trans tienen problemáticas específicas de salud y un acceso limitado a servicios de prevención y atención. Con la pandemia, algunas de ellas se han agravado.
En medio de tantos derechos vulnerados, cabe resaltar las prácticas respetuosas que los mismos y mismas profesionales de la salud promueven, como la Red de Psicólogxs Feministas que reivindica la construcción de un modelo de atención desde un enfoque despatologizador, antipatriarcal, antibiologicista y diverso. Esta agrupación denuncia las prácticas que, en una constante violación de los derechos humanos, expulsan, discriminan y excluyen del sistema de salud a la población LGTB+, y repudia la deshumanización de las personas trans.
Mientras tanto, ¿qué podemos hacer cuando estos derechos son vulnerados? Informar y educar sobre la libre elección de orientación sexual e identidad de género, promover el respeto a la diversidad sexual, exigir el cumplimiento de normativas como la Ley de Educación Sexual Integral, reclamar capacitaciones con perspectiva de género y cambios estructurales en las currículas educativas de los y las futuras profesionales de la salud, denunciar y visibilizar la violencia.
Sep 17, 2020 | Trabajo
A la noticia del decreto por el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero en la administración pública nacional, sancionado el 4 de septiembre último, esta semana se anunció la misma iniciativa en el Senado de la Nación. La sanción de estas normativas parecen ser un gran paso en la lucha por los derechos de este colectivo siempre postergado. El Decreto 721/2020 establece que al menos el 1% de los puestos que se encuentran en el sector público deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero; el mismo porcentaje estableció la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, para el Senado. La nueva normativa se da ocho años después de sancionada la Ley de Identidad de Género, que permite el libre desarrollo de una persona conforme a su identidad de género y que sea tratada de acuerdo con su autopercepción de identidad.
El cupo laboral trans es un reclamo que el colectivo travesti/trans viene exigiendo hace años. La primera encuesta que se realizó sobre población trans fue en 2012. Se trata de un informe técnico de prueba piloto desarrollado por el Municipio de La Matanza, INDEC e INADI en donde se informa que el 80% de la población encuestada expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otros trabajos no formales y/o de precaria estabilidad. Así como también que el 80% de esta población no cuenta con acceso a obras sociales o medicina prepaga.
Alba Rueda, investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro de la Cooperación Floreal Gorini, se convirtió en la primera subsecretaria trans del Estado, dentro de la subsecretaría de Políticas de Diversidad de la Nación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. Sobre el Decreto para la administración pública expresa: “En lo individual me conecta mucho con lo que es nuestra realidad en términos de violencia estructural, de lo que implica todo lo que fue la expulsión de los ámbitos educativos y sociolaborales”. El decreto publicado no abarca únicamente la situación de acceso laboral, trabajo digno y productivo, sino que además plantea la no-discriminación y que la no-terminalidad educativa no debe ser un obstáculo para poder ingresar a un puesto de trabajo. “Si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no complementaron su educación, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos”, señala el decreto. En este sentido, mediante la Unidad de Coordinación Interministerial, se deberán garantizar los medios para la formación educativa y capacitación para personas travestis, transexuales y transgénero. Según un informe publicado por ATTTA y la Fundación Huésped sólo un 32.6% de personas trans completaron la escuela secundaria y muchos de ellos debieron abandonar los estudios a causa de la discriminación.
Alba Rueda, la primera subsecretaria trans del Estado.
En la provincia de Buenos Aires se sancionó el 17 de septiembre de 2015 la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans, conocida como Ley Diana Sacayán, que fue una de sus promotoras. La norma establece la creación en el sector público bonaerense de un cupo mínimo de al menos el 1% de los empleos para el colectivo travestis, transexuales y transgénero. Si bien esto indica un precedente importante, recién fue reglamentada hasta 2019.
Daniela Ruiz es actriz, activista, directora de la compañía 7 Colores Diversidad, docente de teatro en la Ciudad de Buenos Aires, capacitadora en Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y perteneciente al Colectivo Identidad Marrón. Sobre la sanción del nuevo decreto para la administración pública expresa: “Es una realidad y un sueño para muchas compañeras que no lo han podido vivir y lo estoy viviendo” pero también reconoce la importancia que los movimientos y organizaciones sociales han tenido a la hora de conquistar estos nuevos derechos. “La historia del travestismo es una lucha de cuestiones sociales, de derechos humanos, cultural y política. Comprender que solas no íbamos a poder hacer estas cosas. Nosotras empezamos a entender que esta lucha es una lucha colectiva. De mucha visibilidad, acompañamiento y mucha fuerza de las travestis por visibilizarnos y que hablemos nosotras en primera voz.”
Daniela Ruiz
Nicole Erazo es comunicadora social en la provincia de Salta. Es militante trans y presidenta de las organizaciones Memorias Diversas y Les Chiques del Mástil. Afirma que “el rol que tuvimos los movimientos y organizaciones sociales para que se llegue y se logre aprobar el decreto laboral trans fue la lucha y la visibilización en las calles, que venimos llevando desde hace 15 años”. También señala que la inserción laboral tiene una capacidad de cambio a nivel cultural. Las políticas públicas que dan oportunidades a los sectores más vulnerables para ejercer una profesión y tener un trabajo digno implican un cambio de paradigma. Daniela Ruiz agrega que las que estuvieron en la prostitución y en ese sistema conocen bien el derrotero. “El único destino que nos habían dejado era la prostitución para sobrevivir. Que ya muchas compañeras no se puedan pensar en prostitución es un gran avance”, señala.
Nicole Erazo
Desde la página del Gobierno Nacional se está conformando un registro de currículum de personas trans. Se puede enviar información accediendo a https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/promocion/trabajotrans. O vía mail a ttrans@jus.gov.ar. “Lo que nos interesa es que no se constituya el cupo en un espacio meritocrático ni que esto quede por fuera de un acompañamiento frente a las situaciones posibles de desigualdad y discriminación dentro de los ámbitos laborales”, afirma Alba Rueda. Sobre el comité de trabajo que abordará la planificación de las capacitaciones a recursos humanos plantea que son eje central el trabajo en los principios de no-discriminación y trato digno en las áreas de trabajo.
Ruiz afirma que “uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos las travestis a la hora de intentar ingresar al mercado laboral es el tema de la idoneidad”. Erazo comparte esta mirada “la discriminación es hacia nuestra identidad de género, por mas leyes que tengamos la discriminación esta totalmente presente ya que la visibilización y la naturalización de nuestra identidad siempre nos lleva a que porque somos travestis tenemos que ser prostitutas y servimos solamente para eso”.
El martes de esta semana también se implementó en el Senado de la Nación Argentina el cupo laboral travesti trans. “Es una lucha que veníamos planteando para no estar en prostitución -afirma Ruiz-. En lo personal es una satisfacción, un goce. Poner un bálsamo a tanto dolor y tanta crueldad que hay hacia nuestros cuerpos. No quiere decir que no sigamos luchando, sino que en algún momento tenés que descansar y respirar un poquito para seguir militando por todos los derechos”. Y cierra “¿Qué es el camino de igualdad de derechos? Que todos tengamos la misma equidad necesaria”.
Efectos de la pandemia
Todos los sectores se vieron afectados por el fenómeno de la pandemia y aquellos de mayor vulnerabilidad, más aún. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas trans subsisten de la prostitución, inmediatamente su economía se vio afectada por el aislamiento social. Rueda expresa que desde el Ministerio se ha trabajado en términos de políticas alimentarias para incluir a las personas trans. “Fue un trabajo territorial en términos nacionales donde recibimos más de 8.500 demandas sobre módulos alimentarios”. A su vez, en términos de economía social, estima que al menos 5.000 personas del colectivo travesti/trans fueron incluidas al programa Potenciar Trabajo, impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, que cuenta con una ayuda económica para esta época de pandemia.
Sobre la situación en la provincia de Salta, Erazo afirma que “en este momento se tornó totalmente difícil y triste. El poco número de compañeras que eran trabajadoras en el sector de limpieza o asistentes a las personas mayores. se quedaron sin trabajo. En la provincia tenemos el 85% de las compañeras en el ámbito de trabajo sexual porque es la única herramienta que tienen. En contexto no pueden ejercer la única herramienta que tienen para sobrevivir.”
Rueda afirma que la pandemia hizo que quedara en evidencia que las personas trans viven en una economía de subsistencia. “Allí reside una serie de contextos de la vulnerabilidad que se encuentra expresado principalmente en una cadena de violencias. No tenés plata para la comida, no tenés plata para el alquiler”. Erazo agrega que “no es una labor que la hacen porque tienen ganas, lamentablemente la hacen porque necesitan sobrevivir, porque no existe una inclusión digna ni real en estos momentos”.
En agosto, en la provincia de Neuquén se inauguró el primer complejo habitacional para personas trans a nivel nacional. Gracias a la iniciativa de Mónica Astorga y con fondos del gobierno provincial se habilitaron doce monoambientes para personas trans entre 40 y 70 años en estado de vulnerabilidad. Es un gran primer paso debido a que la situación ocupacional/habitacional del colectivo travesti/trans es una deuda por parte del Estado.
Rueda expresa que la planificación y el eje de vivienda será en clave LGTB+: “Va a ser uno de los puntos que vamos a desarrollar para que podamos contar con una dimensión completa de la desigualdad sabiendo que la vivienda es uno de los temas más postergados para nuestra población”. Y respecto al trabajo que se realizó en la provincia de Neuquén agrega que “ponderamos mucho esa experiencia que llevaron adelante entre el gobierno de la provincia y los espacios de militancia. Puntualmente quiero destacar el trabajo de Mónica Astorga que es muy valioso para Neuquén y para la Argentina”. Una de las características más interesantes sobre el complejo es que las casas entregadas son en condición de comodato, se les entregan bolsones de comida y una pensión, por lo tanto, la subsistencia en época de pandemia no se les hace tan crítica. El objetivo del complejo es que siempre esté habitado por personas del colectivo travesti/trans.
La Asociación Civil Trans La Rosa Naranja informó que el año pasado han fallecido al menos 75 personas trans. El promedio de vida de esa población es de 39 años, mientras que la edad promedio de vida de la población general de Argentina ronda los 76 años. Según lo publicado por TELAM, 57% de las personas trans fallecidas en el año 2019 tenían menos de 40 años. Del total de fallecidas, 12 fueron asesinadas, es decir el 16% fue víctima de crímenes de odio. Rueda afirma que “las políticas públicas activas y presentes son las respuestas que permiten modificar de manera sustantiva esa dimensión de la violencia estructural. Más políticas públicas son necesarias para la población trans.”
Ago 11, 2020 | Novedades, Trabajo
El Puerto de Frutos fue inaugurado originalmente como Mercado de Frutos del Puerto de Tigre, a la vera del Río Luján, por iniciativa de vecinos y productores del Delta en 1938. Abastecía de frutas y hortalizas a una buena parte del gran Buenos Aires y sus alrededores. En 1983 la Municipalidad habilitó los locales de la Feria Artesanal, añadiendo un paseo comercial a cielo abierto que en épocas normales recibe más de cien mil personas por día. En marzo, el Puerto cerró sus puertas con el fin de respetar las medidas sanitarias indicadas por el gobierno nacional. El aislamiento social, preventivo y obligatorio generó que un gran número de trabajadores tuviera que buscar una forma de subsistir y reactivar sus actividades comerciales de manera alternativa. Ahora, algunos se plantean la posibilidad de dejar el predio debido a las deudas acumuladas hasta el momento.
“Hace 26 años que tengo el local en el puerto y en este momento, estoy sin empleados. Ya veníamos con una decadencia bastante importante de los últimos tres años, ya estaba trabajando sola”, cuenta Marta Castro, de Artesanías MB. En su local se pueden encontrar productos de fibras naturales y cestería, pero mayormente realiza trabajos de modelado en fibrofácil: “Yo hago cajas y productos de decoración. Y en éste momento la estoy pasando muy mal porque no puedo vender prácticamente nada por vía telefónica o por Internet. Encima, son productos frágiles, muy propensos a romperse en los traslados”, agrega.
Con respecto a la reactivación del turismo, Castro, como muchos comerciantes, no ve un futuro auspicioso: “Va a ser un tema bastante largo. No lo veo con una solución inmediata, más allá de que todos queremos que así sea. Pero el distanciamiento social ahí va a ser difícil de mantener, los lugares de afluencia son muchos y no creo que puedan controlar a la gente”, comenta.
Algunos artesanos se plantean abandonar el predio debido a las deudas acumuladas durante el ASPO.
La producción en el Puerto es diversa. En muchos casos, depende de personas de diferentes lugares del país que brindan un valor agregado a los productos que se comercializan, generando una compleja cadena productiva que durante la pandemia se ha visto altamente afectada. Trabajadores de un puesto de artesanías wichi, ubicado en el corazón del Puerto de Frutos, contaron que “recibir mercadería se ha vuelto un desafío. Trabajamos con productos del noroeste argentino (NOA). Casi todos nuestros artesanos cerraron, interrumpieron su producción. Logramos apenas un poco de mercadería con artesanos de Formosa y con algunos de Tucumán, pero traer algo de Jujuy y de Salta es imposible”.
Otros emprendimientos dependen mayormente de la producción de cooperativas locales y trabajadores de la zona. Es el caso de Mario De Gois, de Artesanías Delta, que junto a su familia se dedica al comercio de objetos de mimbre, junco, madreselva y pino, entre otros materiales: “La atención al público es familiar, no tengo empleados, y la producción depende de artesanos que trabajan al día, algunos de la zona de Tigre y otros en localidades cercanas. Hoy subsistimos con pocas ventas, habitualmente de clientes que también trabajan de lo mismo y que tienen un mini emprendimiento. Son pocos los pedidos que surgen, debido a que la gente no puede venir a buscarlos, así que los enviamos por encomiendas. La idea es cuidarnos todos, el cliente y nosotros. A nivel económico es muy duro, pero se puede llevar adelante con paciencia. Estaremos con el mango justo, pero sin que el virus nos lleve a otro estado”, relata.
Hoy el predio se encuentra cerrado y sólo se permite a los comerciantes asistir a sus locales para retirar productos. Siempre tomando las medidas necesarias, como el distanciamiento social, la sanitización y el control de temperatura. Muchos pequeños comerciantes coinciden en que hubo una baja importante en el alquiler de los locales.
«Macetas del puerto», el emprendimiento de Mónica Lusquiñox y Camila Otero. Ahora venden online.
Mónica Lusquiños y Camila Otero son madre e hija, pintan macetas de manera artesanal desde hace 11 años. Juntas formaron Macetas del Puerto, un emprendimiento familiar que comenzó como en la feria artesanal a través del impulso de la Secretaria de Empleo del Municipio. Actualmente cuenta con dos locales dentro del predio: “La verdad es que con todo esto se está haciendo muy complicado. A partir de este emprendimiento yo puedo solventar, por ejemplo, mis estudios universitarios, mis ingresos son netamente de esto”, dice Otero, estudiante de Veterinaria en la UBA.
“Obviamente que pagar alquileres es imposible, ni hablar de los impuestos. Hay un montón de compañeros que ya se dieron de baja, que ya sacaron toda su mercadería del local, que ya nos dijeron que no iban a volver a abrir. Nos siguen facturando la luz, cuando la última vez que abrimos fue el 15 de marzo”, agrega Otero en relación a la situación genera de los comerciantes.
Mientras tanto, muchos comerciantes intentaron reinventarse con la intención de obtener algún ingreso. Trabajadores de El Productor, un local que vende flores secas frente a la entrada principal del puerto, contaron que “el 70% de las ventas está dedicado a clientes nuevos que se han conectado a través de la página web, gracias a las ventas por internet se puede ir sobrellevando el mal momento”. También Marcelo, de Casa Stella Maris, un comerciante del mismo rubro y que lleva en la zona más de 40 años con su local, dice que están viviendo “un momento durísimo. Veníamos de años flojos, ahora mucha red social, venta mayorista y minorista, nos estamos adaptando para sobrellevar el momento y no cerrar. Pero el adaptarse a mi edad cuesta un poco”, completó.
Todos coinciden en que las ventas online son una alternativa en este momento: “Cuando habilitaron lo que es venta por delivery empezamos a hacer algunas ventas por Facebook, por Instagram, publicamos en Market Place. Y bueno, eso nos ayudó a tener algún pequeño ingreso como para seguir bancándonos en casa: la comida y pagar impuestos de nuestro hogar. Hacer delivery es arriesgarse. Entonces estamos medio desganados” cierra Otero.
Ago 5, 2020 | Comunidad, Novedades
“Esto no es una educación destinada a menores”, aclara Cecilia Sagol, subsecretaria de Gestión Académica Bimodal de la Universidad Nacional de Avellaneda, para explicar lo que está ocurriendo en las instituciones educativas del país desde la llegada de la pandemia. El objetivo es mantener el vínculo con los estudiantes y, sobre todo, evitar que se desanimen. Muchos establecimientos no cuentan con espacios tecnológicos ni con contenidos diseñados para ser ofrecidos de manera virtual. Tampoco con profesores formados para esta modalidad. La enseñanza y el aprendizaje en línea han sido estudiados por décadas, pero hoy, en el actual contexto, ese saber se ha metamorfoseado en una enseñanza remota de emergencia.
En esta situación, ¿cómo se garantiza un derecho elemental como la educación, en todos los niveles? ¿Y el vínculo docente/alumno? ¿Cómo se evalúa?
Sagol, quien también fue coordinadora de Contenidos del portal Educ.ar del Ministerio de Educacion (2004-2017), afirma: “En la educación a distancia hay toda una línea que trabaja cómo vincular al docente con el alumno porque es básico. Si no le mandás un saludo periódicamente o no generás un contacto es imposible. Por eso las plataformas tienen estos espacios de comunicación, el chat para mensajes directos, los foros para temas en grupo. En la educación a distancia esto está muy trabajado, pero esa situación es diferente a la que estamos viviendo”.
Según la especialista, lo que se está construyendo, en realidad, es una educación remota de emergencia, que es una situación diferente: “Primero hay menores, esto no es una educación destinada a menores. Luego, los profesores no estaban preparados ni formados acerca de este ambiente. Además, hay una necesidad de continuidad pedagógica, que es una misión política para los docentes. Esta es una necesidad social de mejorar la calidad del aislamiento y de permitir que los alumnos tengan derecho a la educación”, sostiene.
Vivimos en un mundo que usa las tecnologías de manera constante y es un derecho el acceso a esas tecnologías tanto en las escuelas como en los hogares. En general, en la primaria y en la secundaria se utilizaban dispositivos de forma complementaria con algunas prácticas de enseñanza que buscaban generar y trabajar capacidades y contenidos digitales, pero esto se hacía fragmentariamente y no en todos los colegios. Para Sagol, “hoy las políticas públicas deben tener en cuenta la conectividad y la tecnología en el hogar como posibilidad de acceder a la educación. A su vez, los docentes deben estar formados medianamente en estas capacidades para aprender y mejorar».
“Las políticas públicas deben tener en cuenta la conectividad y tecnología del hogar para acceder a la educación», dice Sagol.
Una de las primeras experiencias de Sagol con la educación de este tipo fue en 2004, cuando manejaba el portal de contenidos en Educ.ar: “Me contacté con la docente que encabezaba Educ.ar y me contó cómo se había desarrollado la idea: se trataba de unos alumnos que se mudaban a otra provincia y que aún no habían podido conseguir escuela. Entonces, con los directores se decidió mantener el vínculo y el contacto con ellos, asegurando la continuidad pedagógica. Ese ejercicio que se hizo precariamente, hoy lo hicimos a una escala global”.
El paso a la educación remota de emergencia requiere que los docentes se formen y tomen más control sobre el diseño del curso, su desarrollo y proceso de implementación. Son ellos mismos quienes, en muchos casos, desarrollan habilidades para crear entornos digitales de aprendizaje. “En esta situación se hizo lo que se pudo, se usó mucho la comunicación sincrónica, se trasladaron las clases presenciales a las virtuales –detalla Sagol–, pero también contamos con otras estrategias como por ejemplo grabar las clases. Lo importante es aprender alguna de estas cosas; con el tiempo pasaremos quizás a instancias mixtas o iremos volviendo a los espacios de a poco”.
La educación que normalmente era de forma presencial o semipresencial, exige soluciones inmediatas totalmente remotas. Según los autores del artículo “La diferencia entre educación remota de emergencia y la educación virtual”, publicado en el sitio especializado Educause, el objetivo principal en estas circunstancias no es recrear un ecosistema educativo robusto, sino más bien proporcionar acceso temporal a la enseñanza y a los apoyos instructivos de una manera rápida y fácil de configurar. Uno de los problemas que preocupa a los docentes en estas circunstancias es cómo evaluar y constatar el proceso de aprendizaje adquirido por los estudiantes.
Para Sagol, hay que cambiar los modos de evaluación y de constitución de los exámenes. La modalidad tradicional se centra en la evaluación final como espacio de “certificación” y no de construcción del conocimiento: “Si uno plantea un trabajo diferente, en el que se piensa a la evaluación desde el hacer y la construcción de tareas significativas, el proceso es otro. También depende de las circunstancias y la cantidad de estudiantes, horas y contenido, pero lo deseable sería implementar una evaluación entendida como proceso”.
Algunas universidades decidieron tomar exámenes finales a través de plataformas digitales como Meet, Jitsi o Zoom, como ocurrió en las facultades de Derecho y de Ciencias Veterinarias de la UBA. En otras, están organizando protocolos específicos, como la Facultad de Psicología de la UBA, con una Evaluación Virtual Integral (EVI) para quienes hayan cursado materias promocionables, con la condición “aprobado” durante la cursada virtual.
Pero la alternativa que generó más críticas fue la que ofreció la Universidad de Córdoba con la compra de un software extranjero para la toma de exámenes virtuales. El programa toma control sobre el estudiante y lo graba en video durante el examen. Además, el alumno solo puede contestar la prueba y el resto de las opciones informáticas se bloquean hasta que entregue el parcial.
El software de la Universidad de Córdoba bloquea el acceso al resto del dispositivo mientras el estudiante rinde el parcial.
Si bien la dificultad de la educación a distancia es la comprobación de identidad, algo que tiene que ver con aspectos institucionales y burocráticos, Sagol opina que a nivel pedagógico no usaría este programa: “Si vas a tomar una evaluación donde querés ver simplemente si el alumno comprende un texto o si se acuerda de determinadas cosas, este software te sirve. Ahora, si vas a plantear una evaluación de elaboración, que incluso puede ser en grupo o con los apuntes, es otra cosa. El ‘conocer’ un texto es un objetivo muy pobre, sobre todo en el ámbito universitario. Yo quiero saber qué puede pensar el alumno a partir de un concepto y qué articulaciones puede hacer. Además, es una invasión al espacio del estudiante que ya bastante invadido está por la situación”.
Sagol aconseja, para este contexto, propuestas de elaboración y producción que le permitan al estudiante transformar y relacionar los contenidos abordados. Además, recomienda complementarlo con una breve charla por algún medio de comunicación remota que termine de explicar el trabajo, individual o grupalmente. También reafirma la importancia de los espacios de comunicación para ir acompañándolo a lo largo de la cursada, dentro de las posibilidades: “Como docentes tenemos que pensar qué conceptos o ejes queremos que ese alumno aprenda. Tiene que conocer y articular las diversas problemáticas pero también saber que existe un universo de bibliografía de ese tema”.
Ante la consulta de ANCCOM, la Universidad Nacional de Córdoba contestó que preferían no ampliar su postura respecto al tema del software adquirido y para más información remitieron a su sitio web. En un diálogo reciente con América TV, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Pablo Recabarren, explicó el motivo que llevó a implementar esta herramienta: “Fue pedida por el 10 por ciento de los docentes para asegurar que la persona que haya hecho el examen sea quien dice ser y no haya entrado en contacto con terceros. Asimismo, busca garantizar la continuidad pedagógica, para que no se acumulen las instancias evaluativas cuando regresen las instancias presenciales”. Y agregó: “Acá lo más importante es que a los estudiantes les están tomando examen y avanzan en su carrera. La forma en que es supervisado el examen, no es importante. Lo importante es que este estudiante llegue a fin de año y apruebe cuatro materias en la pandemia”. La Universidad de Córdoba cuenta con 150 mil estudiantes. “Sabemos que estos temas se politizan y se dicen muchas cosas que no son, pero nosotros tenemos que atender la necesidad de los docentes”, concluyó.
Durante la entrevista participó también el secretario de Educación y Tecnología Virtual de la Facultad de Ciencias Exactas (UNC), Jorge Finochietto, quien destacó que el programa cuida la privacidad del estudiante desde el primer momento: “Si les tomáramos por videoconferencia, estaríamos pidiéndoles que muestren su privacidad a todos sus compañeros, en cambio, acá estamos asegurando la privacidad y el entorno en donde el alumno rinde, para que pueda ser visto sólo por el docente”.
Esta situación lleva a reflexionar acerca de la eficacia del “solucionismo tecnológico”, como lo llama el investigador Evgeny Morozov, en términos pedagógicos. ¿Qué tipo de vínculos genera el docente con los alumnos bajo esta modalidad? ¿Qué es lo que se quieren enseñar y de qué manera? Las herramientas digitales y el acompañamiento virtual, en este entorno, son fundamentales para mantener el vínculo docente/alumno, pero abren preguntas profundas que los tiempos no permiten responder acabadamente. Habrá que ver qué ocurre y cómo responde la educación a los nuevos desafíos.
Jul 24, 2020 | Géneros, Novedades
Marcha contra los travesticidios en el último Encuentro en la ciudad de La Plata.
La situación coyuntural que vive el país con respecto a la pandemia no sólo perjudicó la normal administración y organización de los hasta ahora denominados Encuentros Nacionales de Mujeres sino que, además, evidenció la división que ya se venía gestando en el movimiento. Por primera vez en 35 años, además de la comisión organizadora tradicional, surgió una comisión paralela. Si bien los comités difieren en muchos aspectos (entre los cuales se destaca el nombre del Encuentro), hasta ahora la idea de hacer dos Encuentros en diferentes fechas no era una opción. Sin embargo, la situación con respecto a la crisis del Covid 19 podría modificar la situación.
Por un lado, hace unas semanas, en la página del Partido Comunista Revolucionario (PCR), agrupación a la cual pertenecen mujeres de la Comisión Organizadora, se anunció que el Encuentro se postergaría hasta nuevo aviso debido a la pandemia que acecha al país. Cecilia Betervide, encargada de la subcomisión de Comunicación de la ciudad de San Luis, terminó de explayar esta noticia: “Como comisión organizadora decidimos postergarlo unos meses hasta que estén dadas las condiciones de salud para que todas podamos participar. Aún no sabemos hasta cuándo se va a postergar, pero lo más probable es que sea hasta el primer semestre del año 2021”.
Dentro de las opciones de lo que podría suceder con el Encuentro este año, asegura que surgió la idea de hacerlo de manera virtual, pero finalmente fue descartado: “Si hiciéramos un Encuentro online habría un montón de mujeres que objetivamente quedarían fuera de la participación porque no tienen acceso a un dispositivo para conectarse o porque no tienen Internet”, aseguró.
Por otro lado, la Comisión Organizadora del autodenominado Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries sostiene que continúa organizandose: “Pese a las dificultades que este contexto nos presenta hemos decidido sostener la organización del 35 Encuentro Plurinacional. Consideramos que es complejo que en esta coyuntura pueda realizarse el Encuentro, pero iremos analizando cómo se desarrolla el estatus sanitario regional acorde a lo que el Estado provincial y nacional permitan. Venimos pensando en la virtualidad como una alternativa que no suplantará al Encuentro acuerpado, pero que sí puede ser una opción para no dejar pasar la fecha de manera desapercibida”, afirmó Noelia Aguilar Moriena, representante del Encuentro Plurinacional.
Asamblea de Abya Yala en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No binaries.
Estas dos posturas, evidencian la división que ya se venía generando en el movimiento hace tres años, pero que ahora parece hacerse concreta y definitiva. Entre los motivos por los cuales se establece esta disyunción, se puede mencionar el reclamo hecho por aquellas personas que no son parte del partido fundador ni de la Comisión Organizadora tradicional, pero que desean tener más incidencia en las decisiones que respectan a la temática. Si bien desde la Comisión Organizadora se afirma que sus plenarios son abiertos para quien desee acercarse, Aguilar Moriena expresa lo contrario: “Hay un grupo de personas que desde hace muchos años han intentado apropiarse de un Encuentro. La Comisión Organizadora somos quienes integramos el Encuentro Plurinacional. El otro es un grupo minúsculo que tiene nombre y apellido y que busca y ha buscado usar el Encuentro para sus plataformas políticas partidarias. De una vez por todas en San Luis dijimos basta. Nos organizamos y resignificamos el Encuentro, que por primera vez en la historia, nombra a todas las identidades que somos parte; nombra también de una manera cabal y completa la plurinacionalidad que nos habita y, además erradica la mirada biologicista y transodiante”.
Betervide, sin embargo, disiente con esta postura: “Las divisiones siempre favorecen a alguien. Si nos dividamos entre nosotras favorecemos al sistema que nos está oprimiendo. Creemos que el Encuentro es lo más inclusivo que puede haber: las mujeres de los pueblos originarios están contenidas desde el primer Encuentro y son parte incluso de la Comisión Organizadora. En esta comisión, estamos todas las que queremos estar. Cada una de las reuniones se hace pública, no se cierra la participación. Mientras más diversas sea la Comisión Organizadora del Encuentro, mejor va a reflejar la diversidad que hay en la sociedad respecto al movimiento de mujeres”, afirmó.
