Ya es media ley
Tras veinte horas de debate ininterrumpido, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Fueron 248 votos en total, de los cuales 131 fueron positivos, 117 negativos y 6 abstenciones.
Mientras en el recinto los legisladores argumentaban a favor y en contra de la legalización del aborto, afuera del Congreso había una concentración multitudinaria a la espera del resultado. Los 37 grados de calor no impidieron que, como en 2018, se llenaran las calles de personas acompañando el debate. El color que se destacó fue el Verde; la consigna ¡Que sea Ley! El calor descendía a medida que avanzaban las horas, no así la cantidad de personas que se encontraban rodeando el Congreso. Bombos y platillos sonaban de fondo mientras la pantalla de la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia transmitía lo que sucedía dentro del recinto.
Las personas allí reunidas seguían atentas lo que ocurría en el escenario montado frente al Congreso por la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Otras bailaban al ritmo de les artistas que sonaban en el escenario montado en la esquina de Callao y Mitre. En los momentos de pausa o donde no llegaba tan fuerte el sonido, nuevos ritmos afloraban de los gazebos de las agrupaciones. La cumbia feminista y el reggaeton acompañaban la ansiosa espera, que se seguía extendiendo como las sonrisas de les participantes. Carolina, joven trabajadora social, formaba parte de esta multitud: “Estoy feliz, tanto tiempo esperando este momento histórico me genera alegría, veo la potencia de estar en la calle todes juntes nuevamente, conquistando nuestros derechos y poniendo el cuerpo donde hay que ponerlo que me emociona”, señaló.
Baile y atención: cuando en la pantalla se llenaba de discursos en contra de los derechos de las mujeres, en las calles sonaban silbidos y repudios al diputado de turno. Cuando la pantalla transmitía la importancia del derecho a decidir, aparecían los aplausos y cánticos para ese diputade que representaba la ampliación de derechos que se exige con el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Lara, militante feminista y del aborto legal, estaba atenta a escuchar los argumentos que se exponían en la pantalla. “Estar acá, en la calle nuevamente por el aborto legal me genera varias emociones. Por un lado es un pesar, como algo que quedó en el tiempo, como un reclamo del pasado, parece un chiste que tengamos que seguir explicando por qué es fundamental la legalización de un derecho tan necesario. Por otro lado, me llena de emoción, orgullo y alegría sentirme parte de un colectivo enorme que no bajó los brazos nunca, que peleó y peleará por nuestros derechos, deseos y sueños todos los días con respeto, con escucha al otre, siempre ampliando, siempre hacia adelante”, refexionó.
Fue una alegría contenida que toda junta se encontraba, hacía muchos meses la ola feminista no inundaba las calles de la ciudad. Desde el confinamiento por la pandemia del virus COVID-19, donde hubo que mantener distancia social, el movimiento se vio directamente afectado. Es en la calle, entre todes y a los gritos, que esta marea supo construir una voz fuerte para que los políticos y los gobiernos atiendan las problemáticas que hacen que haya una muerta, por su sola condición de mujer, cada 31 horas.
Este intervalo, durante el período de distanciamiento, no implicó una desarticulación, sino más bien, una vista en perspectiva de la fuerza de las feminidades en la calle que conforman la lucha. Fuerza que pudo trasladarse a la virtualidad, a través de redes sociales, la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, agrupaciones y colectivos feministas, inundaron las redes sociales con la consigna “Alberto tenés un atraso”, ejerciendo presión para que el Presidente incluyera en la agenda del Congreso, el debate de la ley para este año.
Sin olvidar la importancia del cuidado de la salud en contexto de pandemia, tampoco hay que olvidar que esta ley atiende un problema de salud pública. Un aborto legal en vez de clandestino, será una práctica segura que evitará miles de muertes de mujeres y cuerpos gestantes que buscan interrumpir de manera voluntaria sus embarazos.
La presión tuvo sus frutos y se presentó el proyecto junto con el “Plan Mil Días” de acompañamiento a las madres y niñes hasta los tres primeros años de sus hijes.
El proyecto que ayer obtuvo media sanción, autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Una vez solicitado deberá ser efectuado en el plazo máximo de diez días corridos. Asimismo, se establece que la práctica deberá ser incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para garantizar la cobertura integral y gratuita tanto del sector público como de las obras sociales y prepagas.
El proyecto del oficialismo tiene algunos puntos salientes en relación con el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Los diputados que promueven el aborto legal, introdujeron cambios al proyecto de la Campaña en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas para facilitar su sanción en el Senado.
Se establece que los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la prestación. Se aclara que «en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica» y que «las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado quedarán a cargo del efector que realice la derivación».
También se incorporó que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que «la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales». Para las menores de 13 años, se exige la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
El debate estuvo dividido no tanto por colores políticos de los representantes sino por sus convicciones individuales. Afuera estaba la multitud, separada en dos bandos separados, que reflejaba esta división. Con un vallado en el medio de la plaza, desde Rivadavia hacia Corrientes, se ubicaron quienes apoyan la ley, representades con el pañuelo verde de la Campaña, el glitter y el baile de la multitud. Del otro lado, de avenida Entre Ríos hacia la avenida Belgrano, quienes se posicionan en contra, con pañuelo celeste, rosarios y crucifijos de la Iglesia católica.
A las 7.23 de la mañana se realizó la votación y estalló la ovación de la multitud que se encontraba del lado verde del Congreso. Fue un canto de alegría por la ampliación de derechos que plantea el avance en esta media sanción. “Estamos en un momento importantísimo de la historia, un antes y un después. Diputados dió la media sanción y esta vez esperemos que el Senado esté a la altura de las demandas del pueblo”, expresó Lara.
Una de las últimas oradoras fue la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti: “Cuando una ley se construye sobre los reclamos de las organizaciones y los colectivos, cambian los paradigmas”. La voz de un megáfono confirmaba esta reflexión: “¡Estamos haciendo historia compañeras!”
El tratamiento del Senado se estima que será el 29 de diciembre. Aun si se aprobara, la lucha no terminará en esa votación, como aseguró la joven militante: “Una vez que sea ley, este poderoso colectivo se tendrá que sentar a seguir debatiendo, a ampliar el horizonte, porque esto recién empieza”.
Las garantes del derecho
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar, esta semana, dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida. El segundo, instituye al Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la mujer durante el período de gestación y la de sus hijos e hijas durante sus primeros años. Esta semana se inició el plenario de comisiones que ayer concluyó con la ronda de expositores. Hoy será el turno de diputados y diputadas y la reunión para el dictamen, será finalmente la próxima semana.
La presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un gran alivio para las distintas organizaciones que vienen luchando desde hace años por esta iniciativa. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue lanzada en 2005 y presentada en distintas ocasiones, 2007, 2009 y 2010, en la Cámara de Diputados de la Nación. Según cifras publicadas por la organización se estima que desde la recuperación de la democracia han muerto más de 3.000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros.
El aborto sucede y es un hecho. A lo largo de los años, distintas organizaciones y redes fueron conformándose para brindar el acompañamiento y apoyo necesario a quienes necesitaban atención frente a la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. A esta larga lista de movimientos que acompañaban a mujeres que abortaban en la clandestinidad, se fueron sumando lentamente agentes estatales, luego del fallo FAL en 2012 -la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite el aborto legal a personas víctimas de violación-, hasta la actualidad con el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) dispuesto por Ministerio de Salud de la Nación en 2019. ¿Cómo trabajan las profesionales por el derecho a decidir? ¿Cómo vienen acompañando las organizaciones los abortos clandestinos? ¿Cuál es su función y qué experiencias marcaron su trabajo?
Melina Ceccato
Ceccato dice que en las entrevistas ve todas las desigualdades en el acceso a la información, educación y salud.
Melina Ceccato es psicóloga, forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, una organización que forma parte de la Campaña Nacional del Derecho a Decidir sobre el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Trabaja en el Centro de Salud de Primer Nivel de Atención de CABA (Lugano). Ceccato describe que el acceso a la interrupción del embarazo es diferente dependiendo en qué parte del país nos situemos. Y que, si bien la Ciudad de Buenos Aires se unió al protocolo a finales del 2019, la red viene trabajando desde 2014. Sobre su colectivo agrega que “está compuesto por distintos profesionales de distintas disciplinas (Psicología, Medicina General, Trabajo Social, Enfermería, Antropología, Ginecología, Pediatría). Semestre a semestre, a partir de que empezamos a contar con el misoprostol, se fue duplicando el número al acceso de las ILE en los centro de salud”. Además, a partir del año 2018, con la presentación del proyecto de la campaña se realizó una importante difusión que potenció la circulación de demandas de ILE en los centros de salud. “Fue como el momento de descriminalización del aborto y debate. Puso arriba de la mesa una realidad que venía sucediendo y que venía siendo silenciado”.
De acuerdo con los protocolos vigentes, Ceccato insiste en que las situaciones de salud sexual que estén vinculadas a métodos anticonceptivos y embarazos no deseados se deben tomar como una urgencia y debe asistir la demanda en el momento que es solicitado por cuestiones de tiempo respecto a la edad gestacional y poder acceder a la interrupción. “En el centro de salud donde trabajo apenas llega una mujer se la entrevista y se evalúa si tiene un test de embarazo. Primero hay que hacer una ecografía que confirme la viabilidad de ese embarazo (hay distintas situaciones en las que por más que se presente un test de embarazo positivo no siempre es un embarazo viable). Muchos centros de salud no tienen ecógrafos y hay que hacer la derivación. Siempre solicitamos que se haga de manera urgente. Vuelven con la ecografía, se confirma la viabilidad del embarazo y la edad gestacional. Si está dentro de las 12.6 semanas de gestación se puede hacer la intervención de manera ambulatoria en sus casas”, explica Ceccato de acuerdo al protocolo. “Se explican y construyen las causales de acuerdo al marco legal que tenemos en nuestro país y se entrega la medicación y se ofrece la vía de administración de la medicación para que elijan”.
Ceccato advierte que en las entrevistas se logran ver todas las desigualdades, las violencias y las inequidades en el acceso a la información, educación y salud. “Hace poco, vino una señora de 33 años analfabeta. Como es un montón de información que damos en la entrevista le pedimos que viniera con un acompañante para que pudiera facilitar el entendimiento y porque aparte le damos folletería escrita de todo lo que hablamos sobre el procedimiento, además de la medicación”. Es importante hacer hincapié en el soporte que estos centros significan, Ceccato cuenta que una mujer se acercó a una consulta con su hijo de un año en la espalda y cursando un nuevo embarazo “fue una situación de violencia sexual por parte de su exmarido pero que se construyó con ella en la consulta. Ella no sabía que había sufrido un abuso sexual. Estaba acostumbrada a mantener ese tipo de relación y a someterse al deseo y voluntad de su exmarido. Eso también forma parte de la consulta, poder construir en ese momento que fue un abuso”.
Paula Massa
«La aprobación de la IVE significaría el fin de la estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.
Paula Massa es trabajadora social en Villa Soldati, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Su deseo de participar de un grupo para adolescentes en en ese barrio surgió luego del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en 2016. “Encaramos un proceso de acompañamiento para que puedan tener su espacio, lo piensen lo creen y empiecen a tomar su lugar dentro de los feminismos”, recuerda. A partir de la creación de este espacio comenzó a acompañar distintas consultas de jóvenes en encuentros que se realizaban una vez por semana. Ese espacio empezó a forjarse un lugar de confianza e identificación para poder hablar de lo que quisieran, cosa que, en otros ámbitos como el escolar o familiar, no podían. Massa resalta la importancia que tiene realizar un acompañamiento no sólo a las adolescentes sino también en sus ámbitos familiares. “A veces es muy difícil cuando sos adolescente y el adulto decide por vos (la gran mayoría de las veces), por eso es importante el vínculo con las familias”. A su vez, resalta la importancia del trabajo en red: “El primer aborto que acompañé yo tenía 24 años, todavía no formaba parte de la Campaña y había cuestiones que fui aprendiendo sobre la marcha. La clave es la red que se arma con las compañeras que están en el centro de salud y desde los hospitales que sí acompañan y garantizan el acceso a la ILE”.
El acompañamiento por parte de los profesionales en distintos centros de salud y hospitales resulta esencial. Massa recuerda un hecho en donde una vecina del barrio en donde estaba trabajando se enteró que estaba embarazada y al intentar acceder a una interrupción legal del embarazo una de las profesionales que atendían demoró la solicitud de ecografía para evitar el proceso. “Le fueron pateando los turnos y con esto se le pasaron las semanas”, agrega.
Sobre una posible implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria concluye: “Significaría autonomía para las pibas, para la decisión sobre sus cuerpos. Para contar con información y no estigmatización en los centros de salud. Significaría que salgamos de la clandestinidad, de poder evitar ese señalamiento y estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.
Mariana Kielmanovich, Sandra Bernabo y Cecilia Ferrero
Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabó han acompañado a 500 mujeres en el ejercicio de su derecho a la ILE.
Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabo son psicólogas y ambas trabajan en el Hospital Tornú. En 2015 inauguraron un dispositivo que en un principio funcionó como Consejería de Reducción de Riesgos y Daños. Finalmente, en 2017, con la incorporación de médicos generalistas en el centro de salud, comenzaron a trabajar como un centro de consultoría con entrega de medicación. Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC 33 y llegó al centro de salud por concurso. Una vez que comenzó allí Mariana y Sandra la convocaron para formar parte del equipo. Desde el equipo de ILE del CESAC 33 brindan atención a las personas que quieran interrumpir su embarazo.
“El circuito de las mujeres comienza cuando llegan en nuestro día de demanda espontánea en el centro de salud”, explica Bernabo. En la primera consulta se evalúan las causales según lo que el protocolo de ILE indica. Una vez hecha la entrevista se le da turno médico. “En ese segundo turno, qué es lo que hago yo, lo primero que se hace siempre es explicarle el marco legal de la intervención que se está haciendo, porque muchas mujeres aún hoy siguen pensando, por la desinformación, que hacer una interrupción legal del embarazo es algo ilegal, y se remarca que estamos avaladas por el Código Penal para hacer la interrupción según las distintas causales”, agrega Ferrero. Previo al fallo FAL de 2012, Kielmanovich explica que la respuesta del sistema sanitario era muy escasa y que tendía a criminalizar y a ser expulsiva. Sin embargo, eso fue lo que les permitió lanzar un puntapié y formarse más en la temática “No sólo brindamos información, sino que también ofrecemos la medicación abortiva de manera gratuita para poder garantizar la interrupción legal del embarazo, en los términos que prevé en el modelo de causales del Código Penal, de manera legal, segura y gratuita. A la fecha, hemos acompañado a más de 500 mujeres en el ejercicio de este derecho”.
Muchas de las mujeres que llegan a los centros de salud lo hacen con cierta angustia y malestar. “Entendemos que esto tiene que ver con el contexto en el que vivimos con el patriarcado, una política pública difusa, con un paradigma de criminalización y judicialización que estuvo vigente durante el siglo XX y que aún continúa. Se percibe en los medios e incluso en las historias que las mismas mujeres cuentan. Para nosotras es muy importante abordar este malestar, deconstruirlo y desproblematizar los estereotipos de género desde el inicio”, agrega Kielmanovich.
Para Cecilia Ferrerom la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo les daría un marco de legitimidad mayor.
Es importante recalcar la importancia de la atención de estos casos, no sólo en el ámbito del acceso a condiciones seguras, sino en el acompañamiento y asesoramiento. “Eso me resuena todo el tiempo. Es increíble la cantidad de situaciones en las que muchas mujeres dicen “no sabía que no se había puesto un preservativo” o “no sabía que se lo había sacado” y la mayoría de las personas no sabe que si alguien se saque un preservativo sin consentimiento es una situación de abuso”, recuerda Ferrero sobre las consultas que suelen llegarles. Bernabo agrega: “Muchas veces las entrevistas con las mujeres son fuertes y emotivas. Algo que le sucede mucho a quienes nos consultan es que les cuesta creer que no las retemos, juzguemos o critiquemos. Algo realmente increíble en pleno siglo XXI. Y se sienten plenamente agradecidas por encontrar un espacio de respeto donde no se las infantiliza y se las acompañe en ese momento en especial que atraviesan”.
Respecto a la posible implementación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, Ferrero, resalta la importancia que esto tendría dentro de los centros de salud. Si bien los centros ya cuentan con un protocolo nacional, éste no tiene el mismo peso que una ley. “Es darnos un marco de legitimidad mucho mayor”. Según plantea Ferrero, “lo más interesante y a lo que habría que apuntar, es que no dependa el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de la localidad en la que vivas. Yo tengo la suerte de trabajar en Capital Federal donde hay un montón de dispositivos donde se pueden hacer interrupción legal del embarazo, pero no es la misma realidad que existe en un montón de otros lugares, y no hay que ir tan lejos, a provincias ya conocidas donde no suelen ser accesibles”. Sobre la posible sanción de la ley Kielmanovich concluye: “Siempre y cuando esto sea decisión de la mujer, este en el marco de un derecho y sea seguro y acompañado por un equipo, lejos de generar un trauma contribuye a la autonomía, empoderamiento y a la reafirmación subjetiva”.
Juan Pablo Borda
En la Consejería de Berazategui, donde se desempeña Juan Pablo Borda, ya han han atendido 240 casos.
Juan Pablo Borda es médico generalista y jefe de residentes de medicina general. Trabaja en el centro de salud CIC 18 (Centro Integral Comunitario) en Berazategui. “Tenemos una Consejería que la llevamos adelante una vez a la semana, con entrevistas personalizadas con las personas que se acerquen al Centro con la demanda puntual de interrupción legal del embarazo”. Borda explica que se hace una valoración de la situación y si se responde con las causales de interrupción legales se procede a hacer la indicación y acompañamiento necesario a las personas. “Intentamos que sea en un ámbito de privacidad y que se pueda valorar toda la integralidad de la salud de las personas para poder dar una respuesta lo más adecuada posible respecto de sus necesidades”. Comenta que dentro del marco de la Consejería intentan informar todas las posibilidades que tiene una persona ante la eventualidad de un embarazo no deseado para que pueda decidir de manera informada y voluntaria. “Nos acercamos a la red a través de nuestro trabajo cotidiano. Somos parte de una residencia de medicina y en el marco de implementar una Consejería de Servicio Sexual y Reproductiva con respetos de derechos y poder garantizar la respuestas ante las demandas de interrupciones legales del embarazo nos acercamos a la Red de Profesionales y fuimos haciendo el vínculo con la red”.
De lo que llevan trabajando desde la Consejería han atendido 240 casos. Borda comenta que cada caso es único y presenta complejidades particulares. “En la memoria tenemos muchísimos casos de situaciones que nos llaman la atención: una adolescente con un embarazo no deseado, una familia con muchos hijos, pero además muchas vulnerabilidades, situaciones de interrupción de trabajo, proyectos de vida que afectan la salud de las personas más allá de la obviedad de la salud biológica”. Además, agrega que un elemento transversal a casi todas las situaciones que tienen que atender es la violencia de género. “Ya sea de manera explícita con violencias físicas o sexuales. También son situaciones de violencia cuando el varón responsable, en conjunto, del embarazo se entera de esa situación y no aparece, participa ni acompaña las decisiones. Hay un montón de situaciones de vulnerabilidades que creo que atraviesan a las mujeres en situación de aborto y creo que lamentablemente se expresan en casi todos los casos”.
Al formar parte de la Red de Profesionales también forman parte de la Campaña por la Legalización del Aborto, Juan Pablo es el único varón de su equipo y cree que sería muy importante poder legalizar el aborto para evitar enmarcar las distintas situaciones a causales y evitar involucrar la subjetividad de cada uno al respecto. “Cerca de 10 personas consultan a la semana en un municipio del conurbano, osea que en todo el país es realmente una demanda muy sentida. Si se pudiera aprobar la legislación voluntaria del aborto sería un avance para la garantía de los derechos de las personas y principalmente de las personas gestantes”.
Mónica Menini
Menini explica que para las personas de fe, el aborto es como un pecado y esto pesa mucho a la hora de decidir.
Mónica Menini es abogada feminista salteña. Recibida en la Universidad Nacional de La Plata, Diplomada Superior en Género y Políticas Públicas FLACSO y Maestranda en Género, Sociedad y Política de FLACSO. Forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Llegó a la organización hace 17 años. “Para ese entonces la organización ya se había constituido como una organización feminista que desde la provincia de Córdoba irradiaba en especial en las provincias del norte y centro del país una influencia basada en sus argumentos católicos por el derecho a decidir que, en provincias con alto porcentaje de catolicismo, llegaba como una nueva ráfaga de ideas que nos contenía a las mujeres católicas que a través de sus libros, publicaciones y capacitaciones podíamos acceder a las teologías feministas”.
Desde la organización, advierten que las vivencias que les llegan sobre interrupciones del embarazo son múltiples y tienen que ver con las experiencias de vida de cada uno. “Presentar una alternativa teológica feminista frente a los discursos condenatorios y opresores sobre el aborto por parte de muchos referentes de las diversas iglesias dentro del cristianismo, permite mostrar otras perspectivas de Dios y las diversas experiencias que existen. Visibiliza otras historias y genera puentes para quienes atraviesan estas decisiones solas, con culpa, en silencio y muchas veces sintiéndose fuera de lugar, entre otras emociones y sensaciones”, agrega.
Menini explica que para las mujeres y personas de fe la consideración del aborto es como un pecado por parte de la tradición cristiana y que esto pesa mucho a la hora de decidir, “se sienten abrumadas por la culpa y ocultan el hecho durante años a su familia o a su comunidad. Eligen el silencio porque saben que les espera la condena eclesiástica o la expulsión del lugar religioso al que asisten”.
Sobre una posible legalización agrega “llegar al aborto legal seguro y gratuito despenalizado y legalizado en Argentina es una de nuestras metas; seguir en el trabajo de la implementación al acceso pleno de derechos sexuales y (no) reproductivos para cada mujer y persona con capacidad de gestar en cada pueblo, municipio y provincia de nuestro país extendiendo el derecho a toda Latinoamérica y el Caribe es nuestra Misión”.
Wada Waldo
«Quienes llegan a Socorristas encuentran a otras que están en la misma situación; eso ayuda mucho», dice Wado.
Wada Waldo tiene 22 años y es militante de Socorristas en Red. Llegó a la organización en el año 2018 luego de participar en una actividad en el Conservatorio Astor Piazzola. “Socorristas en Red llegó a mí como llegan a muchas personas: difundiendo información, estando en las plazas donde está el movimiento”.
Desde Socorristas en Red brindan información sobre la metodología y formas de hacerse un aborto con medicación en condiciones y acompañan a quienes necesitan realizarse uno de forma segura. Articulan con el sistema de salud, con las/os profesionales de la salud y realizan actividades de difusión e información. Forman parte también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Muchas personas llegan porque nos conocen a través de amigos, familiares u otras personas a quienes también acompañamos. La información corre de boca en boca para quien necesite ayuda, asesoramiento u orientación para poder resolver un embarazo no deseado. Nos encontramos para poder compartir información. Las personas se encuentran cara a cara con otras que también está en la misma situación y eso ayuda mucho a distender y encontrarnos para compartir de manera horizontal la información y cuidados que necesitan para encarar un aborto seguro”.
Waldo destaca la importancia de compartir las distintas experiencias y de esa forma aprender entre todos: “sabemos que a la hora de encarar al sistema de salud aparecen nuevas dudas y miedos para quienes tienen que presentarse en una salita y pedir una interrupción legal. El contexto es duro, los mitos corren, los miedos abundan y la información escasea. Como Socorristas estamos ahí para el acompañamiento amoroso y feminista para quien lo necesite puede sentirse tranquilo para saber que va a encarar un proceso legal, con medicamentos y de forma segura y sin riesgos. Además, estamos en constante diálogo con los sectores de salud”.
Respecto a una posible legalización del aborto cree que además del aborto legal, seguro y gratuito es importante tener acompañamiento y asesoramiento para realizar abortos desprejuiciados donde cada una se sienta tranquila y no se sienta criminalizada por la decisión tomada. “Entendemos que la respuesta no termina en el aborto legal, sabemos que las dudas, incertidumbres y necesidades son muchas. Un aborto feminista es una historia que se puede contar con muchas voces. Vamos para cambiar las historias de todos esos abortos oscuros. El aborto puede ser un momento amoroso, en casa, con amigas, tomando mate, con las socorristas del otro lado”, cierra.
“Es el momento de recuperar la democracia, la dignidad y la soberanía de Bolivia”
Marcha de la comunidad boliviana de la Argentina en repudio al golpe de Estado contra Evo Morales, en noviembre de 2019.
El domingo 18 de octubre será un día clave para Bolivia: las elecciones, largamente esperadas y postergadas, finalmente llegarán y marcarán un momento bisagra en su historia. Mucha agua -también sangre- corrió debajo del puente desde el día en que Evo Morales se vio obligado a renunciar a la Presidencia y exiliarse.
El voto de los residentes en Argentina es de suma importancia, siendo el país del exterior con más ciudadanos bolivianos (del 4,7 por ciento del padrón que corresponde a bolivianos que residen en el extranjero, casi la mitad vive en nuestro país). Tal es así que en las últimas semanas se generaron una serie de cruces, desde el discurso de Jeanine Áñez en la ONU acusando al gobierno argentino de “acoso sistemático”, hasta el tweet del candidato Luis Arce agradeciendo “al gobierno y pueblo argentino por garantizar el derecho al voto de la comunidad boliviana”. Entre tanto tironeo, en un clima de altísima tensión -como no puede ser de otra manera cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la democracia- la comunidad boliviana en Argentina tiene mucho para decir.
De este lado de la frontera, la colectividad boliviana siguió de cerca los acontecimientos ocurridos en su país desde el golpe. “No hay palabras siquiera para hablar de lo que pasó porque nosotros sabemos que se ganó limpiamente y luego nos han sacado a la fuerza. Nuestros parientes que están en Bolivia la han pasado bastante mal, han sido bastante maltratados. Les han cerrado la boca a golpes. Nosotros tratamos de confiar en que en esta vuelta se pueda volver a ganar pero hasta ahora todavía siguen lastimando y eso genera miedo”, relata Lucía Pari, Presidenta de la Asociación Civil Juana Azurduy de General Rodríguez.
“El pueblo estaba convulsionado, nadie entendía por qué (Evo Morales) había renunciado. Nos marcó muy fuerte ese momento. Es algo que va a dejar una marca muy profunda en la historia, no se va a olvidar nunca”, cuenta Oscar Caiguara, presidente de la Cooperativa para Hortifruticultores 2 de Septiembre de Pilar -visitada por Morales en enero- y también de las Instituciones Unidas de la Zona Norte, Este y Oeste, y agrega: “Este gobierno de facto ha demostrado que no puede gobernar, que no tienen un sentimiento patriótico ni democrático, no aman a Bolivia”.
Se espera un clima de mucha tensión para el día de los comicios.
La fórmula del MAS encabezada por Luis Arce lidera ampliamente la intención de voto. La apuesta de quienes apoyan al ex ministro de Economía de Evo Morales es ganar en primera vuelta y evitar el ballotage con Carlos Mesa, donde el escenario podría complicarse para los sectores populares e indígenas. “Venimos siguiendo las declaraciones del gobierno de facto, como las del ministro (Arturo) Murillo, que vienen operando para desestimar que gane el MAS; advierten que si ganara no van a aceptarlo porque sería fraude. No pueden decir de antemano que va a haber fraude en una elección que no se ha hecho, salvo que piensen en desconocer la voluntad del pueblo”, apunta Luis Fernando Hinojosa, presidente de la colectividad boliviana de Baradero “Juana Azurduy de Padilla”.
En este sentido, desde la Agrupación Cultural Sangre Minera, Mario Chambilla afirma que “en las elecciones sí o sí va a haber tensión. Se viene una pelea larga, nadie va a querer dejar el mando. La verdad es que duele -agrega-. Desde lejos, además, no podemos defender, salir a la calle a repudiar. Nosotros estamos lejos, pero igual lo sentimos mucho. Siempre al país lo manejan los imperialistas, los terratenientes, las empresas grandes que Evo sacó. No les gustó e hicieron lo que hicieron: el golpe”.
Como desde un principio sentenció Evo Morales, la disputa por los recursos naturales, específicamente el litio, es un factor clave detrás del golpe. “El gobierno de facto implementó políticas impulsadas desde el exterior, básicamente desde Estados Unidos, por el deseo de la obtención de los recursos naturales de Bolivia. En el último gobierno de Morales, se nacionalizaron los recursos naturales, como litio y petróleo, en beneficio del pueblo. Bolivia tiene la mayor reserva del mundo de litio, que es una energía limpia que está en toda la tecnología que utilizamos, como computadoras y teléfonos. Hay quienes quieren ese mineral para intereses particulares, y para eso quieren manejar Bolivia”, analiza Hinojosa, docente de informática en Baradero. “Creemos que esto es algo que en este momento se está llevando a cabo en Bolivia pero que las potencias lo tienen pensado para toda Sudamérica”, concluye.
Esta disputa no es nueva, sino que la historia de Bolivia siempre ha estado marcada por el saqueo de sus riquezas con base en la explotación de los trabajadores. Al respecto, el presidente de la Agrupación Sangre Minera relata que “años atrás, los mineros luchábamos por el pago, ya que siempre había dos o tres empresarios que eran los que dominaban toda la minería y la riqueza se la llevaban para ellos. La lucha siempre fue minera, si no se levantaban los mineros íbamos a seguir siendo dominados. Fueron más de 500 años de robo y explotación. Ahora hay que defender lo que queda que es el litio: y ellos están en busca de eso. Siempre fuimos esclavos -concluye- y con el gobierno de Evo Morales eso cambió, por eso queremos que vuelva”.
En agosto pasado, la Central Obrera Boliviana reclamó la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Añez.
Caiguara, oriundo de Potosí, resalta que “Bolivia ha pasado muchos atropellos y humillaciones. Por muchas generaciones se ha luchado por el gas, por el agua, Bolivia ha sido muy golpeada. El golpe de Estado militar, cívico y policial está marcando a toda una generación. Y el pueblo no va a permitir ser sumiso y machacado nuevamente. Mucho tiempo nos han humillado. Ahora es el momento de recuperar la democracia, la dignidad y la soberanía de nuestro país. Lo único que han demostrado es querer saquear a Bolivia, sus recursos naturales, ultrajar y discriminar a nuestros hermanos bolivianos”.
Los 14 años de gobierno del MAS fueron un punto de inflexión en ese aspecto. Afirma Lucía Pari, también nacida en cercanías a Potosí, que “Evo Morales defendió los derechos de la gente campesina fundamentalmente, la gente pobre, las mujeres de pollera que antes no teníamos derecho ni de hablar. Años atrás han explotado mucho a Bolivia y el hermano Evo frenó eso, adelantó mucho al país, eso nadie lo puede negar”.
En este sentido, Hinojosa, que llegó a este país desde Cochabamba en 1993, agrega que “la mayoría de quienes estamos en Argentina hemos venido a buscar una mejor situación económica. Cuando me vine, mi país tenía una situación muy difícil, no había perspectivas de mejora, pero el presidente Morales cambió esto, generó un desarrollo económico y eso empezó a alentar la integración. Las empresas estaban progresando, Bolivia estaba creciendo, pudo pagar su deuda con el FMI, logró tener reservas muy grandes y estaba apuntando inclusive a un desarrollo tecnológico. También se logró salir del analfabetismo, se crearon universidades, se estaba apuntando a una salud integral y gratuita como tiene la Argentina. Cuando me vine de Bolivia no existía todo eso.” Y en relación a lo que se decide este domingo, destacó: “Lo que está en juego son dos modelos de país: uno con perspectiva de crecimiento, con inclusión social, sin racismo; o un país endeudado, que vuelve a la pobreza, a la discriminación y la segregación. Pese a que hay muchos candidatos (cada vez menos, para intentar fortalecer la posición de Mesa), los modelos son dos”.
Cientos de bolivianos residentes en la Argentina acudieron al consulado de su país en Buenos Aires para empadronarse.
En este escenario tan complejo, señala Caiguara, “los hermanos y hermanas que antes pensaban que no querían que siguiera el proceso de cambio de Evo, ahora se han dado cuenta de que estos señores (por el gobierno de Áñez) no gobiernan para todos sino solamente para su sector. Eso ha despertado a la comunidad boliviana aquí en Argentina”. La organización del pueblo boliviano, sea en tierra natal o en territorio argentino, siempre ha sido fundamental en el devenir histórico. “Años atrás uno trabajaba por separado como un peón, pero a partir de que hubo mucha discriminación y explotación por parte de los patrones, cada uno de nosotros nos independizamos pero siempre con una organización, tratando de agruparnos, siempre intentando reunir a la colectividad boliviana”, afirma Lucía Pari, quien será fiscal de mesa el domingo. Entendiendo la importancia que tienen estas elecciones, desde distintos espacios de organización popular incentivan a que quienes residen en Argentina hagan ejercicio del derecho al voto, Pari agregó: “Las hermanas y los hermanos bolivianos tienen que ir el 18 de octubre a sufragar y elegir democráticamente quién va a ser presidente”.
Las elecciones en Bolivia son un llamado de atención a velar por la democracia en la región. Frente a un gobierno que accedió mediante un golpe de Estado y en medio de un panorama harto complejo, las distintas instituciones y organismos internacionales competentes deberán garantizar la transparencia de estas elecciones para que se respete, sin vacilaciones, la voluntad del pueblo.
Antes de la pandemia, Evo Morales, exiliado en la Argentina, marchó en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
“Hay una presunción de heterosexualidad en todo el sistema de salud”
Hace un lustro, con la modificación de las Normas Técnicas y Administrativas de Hemoterapia y de los Criterios para la Selección de Donantes de Sangre, fueron derogadas la reglamentación y las resoluciones anteriores de la Ley N° 22.290 que prohibían donar a las personas que expresaran una orientación sexual e identidad de género diversa, es decir, fuera de la cisheteronormatividad.
Con los cambios introducidos en 2015, hoy vigentes, se busca que el donante conozca las situaciones de riesgo de infecciones y se abstenga de donar si estuvo expuesto a ellas. El objetivo es propiciar la autoexclusión y la consulta al médico ante cualquier duda. De ningún modo se habilita al equipo de salud a profundizar en la orientación sexual y/o identidad de género de una persona ni mucho menos a ejercer discriminación institucional.
Según el nuevo paradigma –que rechaza la patologización de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales–, el riesgo está en las prácticas y no en grupos de población específicos. Sin embargo, muchos establecimientos siguen reproduciendo las representaciones dominantes y prácticas violentas.
La norma actualizada, en sus resoluciones 1507, 1508 y 1509, es clara: de acuerdo a estudios epidemiológicos, las prácticas sexuales consideradas “de riesgo” se distribuyen homogéneamente en la comunidad. Se trata de una problemática social que no distingue orientación sexual ni identidad de género.
Lourdes Arias, profesora del Bachillerato Mocha Celis.
El peligro de contraer infecciones aumenta con la falta de cuidados, que está relacionada con las desigualdades en el acceso a la salud, la pobreza, la estigmatización, la falta de información y de campañas de prevención, el tabú en torno a la sexualidad, la escasa o nula implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la violencia y el abuso sexual.
Es fundamental que la persona donante conozca cuáles son las situaciones de “riesgo incrementado” y así favorecer su participación responsable. El material que se brinda actualmente incluye información, un documento para la autoexclusión pre-donación, un cuestionario personal y la autoexclusión confidencial post-donación.
Ahora bien, desestimada la definición de “grupos de riesgo”, gracias a la movilización e intervención de las organizaciones sociales y activistas LGBTI+ en el desarrollo de las políticas públicas, y con la prohibición de donar sangre sin sustento legal, ¿qué sucede en la práctica?
Un sistema expulsivo
A fines de agosto, Emiliano se acercó de manera voluntaria para donar plasma al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, luego de haberse recuperado de Covid-19. Allí fue entrevistado por un profesional de la salud que le preguntó si había tenido relaciones sexuales con otros hombres y le negó la posibilidad de donar.
Débora Tajer, psicóloga especializada en género, asevera que, pese a los avances, siguen existiendo brechas en materia de género y salud, y que ni los marcos normativos ni las políticas públicas per se aseguran la modificación inmediata de representaciones y prácticas tradicionales arraigadas en aquellas instituciones donde se efectivizan estos derechos.
Esteban Paulón es activista, integrante del Consejo Consultivo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y director del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. También fue titular de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe, creada en 2015 y pionera en el país.“Partimos del punto en que hoy la perspectiva de la diversidad sexual no es parte de las currículas educativas en ninguna de las facultades argentinas, sólo aparece en algunas como contenido optativo –afirma–. Eso quiere decir que no todas las personas van a acceder a esos conocimientos y termina quedando a buena voluntad de ese o esa profesional hacer una práctica libre de discriminación. Por lo tanto, no la puede volcar al servicio de generar un sistema de salud o una atención más inclusivos. Y en lo que tiene que ver con los espacios públicos, está la voluntad del Estado y sus dificultades para que esa voluntad se transforme en una práctica concreta de la política pública”.
La discriminación a las personas LGBTIQ+ representa un 10,5% de las denuncias recibidas por el INADI entre 2008 y 2019.
La creación de espacios “amigables” ha sido la estrategia para concentrar la atención en consultorios que ofrecen servicios abiertos y receptivos, frente a la imposibilidad de que la iniciativa permee en todo el sistema. Para Paulón, hay que trabajar en la modificación de los programas de formación, en la base de la pirámide del sistema, para que las personas LGBT accedan y se vinculen con los servicios de salud.
“Hay una presunción de heterosexualidad en todo el sistema de salud –sostiene–. Eso hace que las lesbianas y mujeres bisexuales muchas veces sientan vergüenza de hacer una consulta en relación a su propia salud sexual”. La invisibilización sucede también con los varones gays, donde el foco estuvo concentrado por muchos años en el HIV, dejando de lado otros problemas. ¿Qué consecuencias pueden generar estas barreras? Se incrementan los riesgos y baja la expectativa de vida.
Para garantizar el acceso del colectivo LGBT al sistema, dice Paulón, es necesario trabajar en el primer nivel de atención con equipos profesionales y espacios de salud abiertos. Que toda persona pueda ir cualquier día y hora, a cualquier lugar de atención primaria y que en la consulta clínica haya un trato cálido y empático que habilite a despejar todas las dudas, a recibir información y a garantizar una mayor cobertura.
Terminar con un sistema de salud expulsivo requiere también de un cambio social y cultural. ¿Qué sucede en otros ámbitos? Un informe reciente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre las denuncias recibidas entre 2008 y 2019, revela que la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ representa un 10,5 por ciento del total. Esta categoría agrupa la discriminación hacia la orientación sexual (6,3) y hacia la identidad de género (4,2).
El documento permite observar que estos actos de odio sucedieron principalmente en barrios o viviendas, en prestadores y centros de salud, en espacios laborales, en la vía pública y transportes, en el ámbito educativo y en la administración pública. Además, se trata de denuncias que crecieron de manera sostenida junto con las de género y el racismo. ¿Por qué es importante denunciar? Para dar visibilidad a la problemática y así poder impulsar políticas que tiendan a erradicar la violencia.
“Siempre recomendamos la denuncia. Sabemos que el sistema, la ley de prevención y sanción de actos discriminatorios argentina, hoy no contempla penalización concreta. Pero sí es importante visibilizarlo porque abre la puerta a la corrección de la situación y también a acciones de reparación: talleres, capacitaciones, pedidos de disculpa”, subraya Paulón y agrega: “A pesar de que la ley todavía no se ha adecuado del todo y cuesta mucho que se implemente, hoy socialmente la denuncia tiene un impacto que para las víctimas y para la comunidad en general, es un hecho reparatorio. Aparte, es importante que lo podamos documentar, muchas veces las prácticas se repiten porque al no denunciarlas no se hacen visibles”.
En cuanto a la información más reciente, que analiza las denuncias recibidas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, “Personas LGBTIQ” es el segundo tipo de discriminación que registró más denuncias –precedido por “Discapacidad”– con el 12 por ciento del total. El género representa un 9,7 por ciento de las denuncias realizadas por mujeres. En el caso de los varones, alcanza un 14,2 por ciento. El barrio o vivienda continúa siendo el escenario de discriminación más mencionado, seguido del espacio educativo y los prestadores y centros de salud.
En 2019, la comunidad LGBTIQ+ ocupó el segundo lugar entre las poblaciones discriminadas.
Educar para transformar
En el trato médico, los actos violentos niegan e invisibilizan la diversidad sexual cuando se da por sentada la heterosexualidad y no se respeta la identidad de género, cuando se tilda de “peligroso” y se patologiza todo comportamiento alejado del mandato social. Estos actos se sostienen en representaciones de la cultura machista y patriarcal, más allá de lo que establece la Ley 26.529 que garantiza la asistencia y el trato digno sin distinción alguna en la relación entre el paciente y los profesionales, agentes o efectores de la salud.
Otro informe, elaborado en 2017 por un equipo de investigación de la Fundación Huésped, del Instituto Gino Germani de la UBA y de la Universidad de San Martín, analiza la accesibilidad y la calidad de atención de la salud para la población lesbiana, gay, trans y bisexual (LGBT) en cinco regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Para el relevamiento de datos, se hicieron entrevistas a profesionales de la salud, tomadores de decisión y referentes de organizaciones sociales LGBT, a usuarios o potenciales usuarios gays, lesbianas, hombres trans y mujeres trans.
Acerca de la atención, las y los participantes del estudio destacaron la insuficiencia de los recursos hospitalarios, la precarización laboral del personal de salud, las largas esperas y la escasez de turnos, así como el desconocimiento para acceder a ellos, la falta de información respecto a la oferta de los servicios, la desorganización sobre el modo de acceso a medicación u otros insumos, y el maltrato del personal administrativo. También se señalaron problemas de infraestructura.
La percepción sobre los consultorios inclusivos o “amigables” es que significan un avance en materia de derechos, pero también se subraya la necesidad de construir una salud integral que no discrimine y que se dé en todos y cada uno de los ámbitos del sistema, considerando además que la oferta de estos centros de salud es limitada. Por último, se identificó como limitante para el disfrute de un pleno acceso a requerimientos y necesidades médicas “la discriminación y los maltratos asociados, y los miedos y las trayectorias de exclusión institucional”, que se repiten y que desincentivan la concurrencia a un consultorio. Como aspectos positivos se mencionaron la gratuidad de la mayor parte de las prestaciones y la buena predisposición y compromiso de muchos/as profesionales.
Tal cual señala el informe “Identidades, derechos y territorios”, publicado en 2019 por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, las personas trans tienen problemáticas específicas de salud y un acceso limitado a servicios de prevención y atención. Con la pandemia, algunas de ellas se han agravado.
En medio de tantos derechos vulnerados, cabe resaltar las prácticas respetuosas que los mismos y mismas profesionales de la salud promueven, como la Red de Psicólogxs Feministas que reivindica la construcción de un modelo de atención desde un enfoque despatologizador, antipatriarcal, antibiologicista y diverso. Esta agrupación denuncia las prácticas que, en una constante violación de los derechos humanos, expulsan, discriminan y excluyen del sistema de salud a la población LGTB+, y repudia la deshumanización de las personas trans.
Mientras tanto, ¿qué podemos hacer cuando estos derechos son vulnerados? Informar y educar sobre la libre elección de orientación sexual e identidad de género, promover el respeto a la diversidad sexual, exigir el cumplimiento de normativas como la Ley de Educación Sexual Integral, reclamar capacitaciones con perspectiva de género y cambios estructurales en las currículas educativas de los y las futuras profesionales de la salud, denunciar y visibilizar la violencia.