Un tema tabú que es necesario enfrentar

Un tema tabú que es necesario enfrentar

El suicidio es una temática compleja no solo por lo doloroso, sino también las múltiples causas que pueden generarlo. Hay señales de que está creciendo entre los jóvenes, pero las estadísticas no resultan demasiado confiables. ¿Cómo se ayuda a una persona que no soporta más el dolor que le produce vivir?

Distintas instituciones estatales, ONG y profesionales que tratan sobre la salud mental coinciden en que aumentaron los casos de suicidio durante la pandemia, pero también en que es un tema complejo, multicausal y que se registra de forma poco sistemática, por lo que no es fácil contar con estadísticas confiables. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de junio de este año menciona que las consultas por depresión y ansiedad aumentaron más de un 25% sólo en el primer año de la pandemia. La Iniciativa Especial de la OMS en el Área de Salud Mental del 2019 a 2023 propuso una cobertura sanitaria universal que considere las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, la guerra y la crisis climática como una de las amenazas estructurales globales para la salud mental. 

Es que, según la OMS, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. En París por la pandemia hubo un crecimiento de 300% en los casos de menores de 15 años. Las estadísticas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) realizó una encuesta durante el momento más crudo de la pandemia en Estados Unidos y concluyó que un 25 % de los jóvenes tenía pensamientos suicidas. 

Más datos: según el reciente informe sobre el suicidio en España, realizado por el Observatorio Biopolítica (formado por Profesionales para el Bien Común), el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte no natural en España, produciendo el doble de muertes que los accidentes de tráfico, once veces más que los homicidios y setenta y dos veces más que la violencia de género. Es también, después de los tumores, la principal causa de muerte en la juventud española (15 a 34 años).

De acuerdo con las Estadísticas Sanitarias Mundiales del 2019 realizado por OMS, 97.339 personas murieron por suicidio en las Américas en 2019 y se estima que los intentos de suicidio pueden haber sido veinte veces esa cifra. Los hombres representaron alrededor del 77% de todas las defunciones por esta causa y, si bien se han hecho progresos en la prevención del suicidio, varios países siguen teniendo tasas crecientes. 

“Perder a un ser querido por suicidio es desgarrador y es algo que podemos prevenir”, afirmó Oliveira e Souza Jefe de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El proyecto  “Vivir la vida” se propone ayudar con los impulsos de cada país para reducir a un tercio las estadísticas a nivel mundial de suicidios para 2030. Podemos observar que aún está por actualizar los datos después de la pandemia, y desde la OPS se sigue trabajando en campañas con esta temática.

Pese a lo fragmentario de los datos y las dificultades para interpretarlos, algunas señales invitan a seguir pensando.

 En Argentina

 Los datos globales sirven como referencia para la Argentina donde, afirman los profesionales entrevistados, aun faltan estadísticas confiables. 

En 2018, en el 6º Encuentro Nacional de Epidemiología Pediátrica de Argentina, se explicaba que la primera causante de muerte de adolescentes en Argentina son los accidentes y en segundo lugar los suicidios. Según este informe, las provincias de la Región NOA son las más afectadas. Un equipo del Hospital Nacional Posadas realizó un informe en 2019 en el que aseguraba que en la Provincia de Buenos Aires los suicidios se triplicaron en los últimos 30 años, hasta llegar a los 12,7 por cada 100.000 adolescentes de entre 15-19 años de edad  y constituye la segunda causa de muerte en la franja entre 10 y 19 años.

Para hacer frente a este problema, el Ministerio de Salud tiene un servicio especializado en la atención por salud mental y consumos problemáticos de Niñas Niños y Adolescentes, hasta los 18 años. El servicio cuenta con atención a la demanda espontánea, ambulatoria y ambulatorio intensivo brindando servicio por medio de actividades grupales a los pacientes y sus familias. 

“Toda difusión es prevención, es tarea de todos prevenir. El suicidio es multicausal, nunca hay una sola razón”, afirma Fernanda Azcoitía, presidenta del Centro de Atención al Suicida (CAS) en Buenos Aires. “Todos podemos ser preventores estando atentos a nosotros mismos, a nuestros propios procesos y al entorno de los que tenemos cerca en cualquier espacio en que participemos. Estando atentos, mirando y escuchando a los demás, aún cuando estemos ocupados, vamos a notar que algún compañero puede empezar a apagarse, a tener una mirada más triste. Lo podemos captar  con una mirada atenta”. Según la especialista, los chicos están hoy en un mundo que les resulta particularmente complejo.  Entonces aparecen tentaciones para aliviar sufrimientos y dolores como el alcohol, consumos problemáticos, de vínculos o relaciones complejas.

Para Azcoitía, “no todos los intentos y no todos los suicidios son registrados como tales, con lo cual se piensa que las estadísticas están subvaluadas y esto es más preocupante aún”. El suicido es un punto en un proceso que empezó mucho antes del impulso o en el momento en que se toma una decisión, explica Azcoitía. “Si hay varios problemas que generan un colapso y va creciendo una crisis totalizadora del Yo, que lo abarca por completo. La persona lo que quiere es eliminar ese sufrimiento y dejar de sufrir. Si la persona no estuviera sufriendo eso, no querría  acabar con su vida”, concluye.

El camino de los jóvenes

El suicidio, “afecta a todas las edades, pero en particular a los jóvenes”, explica Amilcar Matosían, autor de EnREDAdos y Licenciado en Relaciones del Trabajo. “Si hay una muerte, hay familia, amigos y una sociedad que sufre. La tendencia es que los suicidios siguen aumentando. Los datos que tenemos es que hay más suicidios que homicidios en Argentina, aunque depende del juez que la causa de mortalidad quede correctamente registrada. Hay un año que sube más y otro puede bajar, pero la problemática es la tendencia y es global”, explica Matosian a ANCCOM. Hay una negación cultural del Occidente exitista que dificulta enfrentarnos a los fracasos y problemas. En Latinoamérica nos cuesta medir con números. Somos más románticos y medimos con las sensaciones, en cambio en el mundo anglosajón se valora más porque los números son objetivos”, afirma. 

“Uno de los mitos es pensar que la persona afectada por la ideación suicida, no sale. O que la persona que comete un intento, no puede recuperarse. Pero hay que dar el mensaje que sí es posible recuperarse y tener una vida plena en cuanto afectos, a proyección de futuro. Hay mucho prejuicio, mucho temor  a ser estigmatizado. La enfermedad mental tiene un estigma que no sucede con la enfermedad cardiaca, por ejemplo”, comenta Matosian, quien trabaja con un equipo de profesionales multidisciplinario: “Psicólogos, médicos de distintas especialidades, sociólogos, bomberos y otros profesionales”, comenta. 

“Después de la pandemia hay más llamados y las temáticas son muy diversas. Hay casos de personas que llaman con situaciones muy difíciles y complejas, sumado a todo un sistema de salud que no siempre está en condiciones de responder a la demanda que supone el aumento de toda una situación difícil en términos de salud mental y esto se da no en el sistema público y el sistema privado”, cuenta Azcoitía. 

Sandra Ledesma, psicóloga de niños y adolescentes, trabaja en la Asociación de Psicología Social Clínica de Argentina (APSCA). Según la especialista los cambios físicos de la adolescencia, la autoestima, la pertenencia, las primeras obligaciones, dudas del futuro y la plena construcción de la identidad, producen un movimiento muy grande por dentro, sin que necesariamente haya una relación directa con el contexto particular. Al tener problemas sin resolver, cosas dolorosas por expresar, la sensación es de muerte. “Luego de la pandemia fue muy difícil para los adolescentes retomar las clases, compartir salidas. La falta de cercanía los ha afectado mucho”, explica. Como especialista, Ledesma, sugiere fomentar espacios tranquilos y relajados, de diálogo con los niños y adolescentes. Recomienda que los adultos se dispongan a la escucha activa y, en la medida de lo posible, tener los aparatos electrónicos silenciados. 

Matosian y Azcoitía, Ledezma, insisten en la multicausalidad de los casos de suicidio invitan a estar atentos y evitar que los niños y adolescentes se aislen. También comparten la idea de trabajar de forma interdisciplinaria, porque la persona es un todo (su entorno social, político, familiar, emocional, espiritual, económico). Quitar el estigma a las cuestiones de salud mental, también puede ser un paso importante.

Comienza el Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias

Comienza el Encuentro Plurinacional de Mujeres y disidencias

Después de la pandemia, a tres años de la votación en La Plata, cuando se decidió reconocer las diferentes identidades y naciones y unirlas en la misma lucha, tendrá lugar en San Luis el primer Encuentro explícitamente inclusivo.. También será la primera vez que habrá otro encuentro, el tradicional y ahora minoritario, que se realizará también en San Luis, dos semanas después.


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El 8, 9 y 10 de octubre, en la ciudad de San Luis desembarcará el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. 

Este largo nombre es el producto de una disputa cultural y discursiva de hace años. No se trata solo de un cambio de título, sino que refleja, con la mención de cada identidad y la ampliación de lo nacional, una reparación histórica y política que busca la unión de las diversas cosmovisiones, culturas e identidades feministas y transfeministas en una lucha “anticolonial, anticapitalista y antipatriarcal”. 

Además de una reivindicación socio-cultural e histórico-política, el encuentro hace circular la economía de cada ciudad que es elegida como sede. Para octubre se esperan más de 100 mil personas -las que se sienten representadas en aquel largo título- de todos los rincones del país. La titular de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, Ayelén Mazzina, afirmó durante una conferencia de prensa que a partir del Encuentro se estima “una inyección económica superior a los 2.000 millones de pesos”, en rubros como alojamiento, gastronomía, transporte, entre otros.

Sin embargo, no toda la ciudad abraza a les encuentreres con el mismo gusto. Las iglesias, parroquias y catedrales puntanas están tomando medidas de seguridad, cerraron sus puertas y montaron guardias desconfiando de posibles ataques. En un documento dirigido al Ministerio de Seguridad y al de Gobierno, Justicia y Culto, la Asociación Pastoral de San Luis rogó que garanticen “la paz y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”, asignándoles “la responsabilidad de civil y penal de realizar el resguardo de los templos de la Iglesia Evangélica y sobre todo integridad física de los pastores y de los miembros de la comunidad cristiana”.

La historia de los encuentros comienza en 1986 con las primeras mil mujeres que se reunieron en Buenos Aires bajo el nombre de “Encuentro Nacional de Mujeres”. Con la nueva ola de feminismo que estalló en Argentina a partir de 2015 todo comenzó a replantearse y con ello la cuestión de las identidades. La premisa clave de esos años fue “lo que no se nombra no existe” y con esta bandera muchos grupos del feminismo y transfeminismo comenzaron a debatir sobre los límites excluyentes del nombre del encuentro como algo “nacional” y de “mujeres”. 

En 2019 las aguas ya se estaban dividiendo. Ese año, en el 34º Encuentro realizado en La Plata, el más masivo de su historia, el debate sobre la identidad -ya planteado anteriormente en los encuentros anteriores de Chaco en 2017 y en Trelew en 2018- proliferaba en todos los talleres. Tras la lectura de sus conclusiones en el acto de cierre, se definió que a partir de ese momento el encuentro sería plurinacional y haría mención de cada una de las identidades disidentes sexuales que lo integran. 

Había solo un sector minoritario que se oponía a esta reforma e insistía con volver al viejo título -desterrado por su exclusión- de “Encuentro Nacional de Mujeres”. Este está encabezado por la campana del feminismo conservador y del PCR (Partido Comunista Revolucionario) que conciben al movimiento sin la integración de personas trans y otras disidencia por no considerarlas como mujeres. En las sucesivas asambleas este grupo insistió con su reclamo, pero no logró el número suficiente para tomar posición como minoría.

Es así que, por primera vez en su historia, se organizarán dos encuentros. En octubre el inclusivo y plurinacional, realizado de forma autónoma, independiente y autogestionado, y en noviembre el nacional únicamente de mujeres, encabezado por el PCR y el feminismo conservador, los días 19, 20 y 21, también en la ciudad de San Luis. 

El encuentro inclusivo de este año abrirá con una ceremonia ancestral y contará con 105 talleres organizados en 15 ejes de trabajo como “Identidades y sexualidades”, “Territorios”, “Activismos y organización”, “Derechos Humanos y acceso a la justicia”, “Coyuntura geopolítica y económica”, entre otros. Durante el fin de semana se realizarán dos marchas. Una el sábado contra los travesticidios y transfemicidios y la otra el domingo, la marcha 35° del encuentro. La noche del domingo culminará con el clásico festejo de la peña pluridisidente y el lunes por la mañana se celebrará el acto de cierre donde será elegida la próxima sede y se hará lectura de las conclusiones de los talleres.

Denuncian al INDEC por discriminación en el Censo

Denuncian al INDEC por discriminación en el Censo

La organización Proyecto 7 señala que deja afuera del conteo poblacional a las personas en situación de calle. Intervino el INADI.

La organización social Proyecto7 realizó una denuncia ante el INADI contra el INDEC y su director, Marco Lavagna, por “discriminación hacia las personas en situación de calle dentro del Censo Nacional 2022”. El acto discriminatorio, señala la presentación, se encuentra expresamente en el nombre del “Censo Nacional de Hogares y Viviendas”, ya que es “precisamente lo que no tienen estas personas”, advierte Proyecto7 en un comunicado recibido por ANCCOM. Además, indica que estas autoridades no se refieren a un censo “catastral”, es decir de bienes inmuebles, sino de uno poblacional, y es por eso que debería incluir a “aquellos que se encuentran durmiendo y sobreviviendo en las calles de toda la Argentina”, resalta en el comunicado.

El 18 de abril, Proyecto7 acompañado de otras agrupaciones, hogares y gente en situación de calle convocaron un “frazadazo” frente al edificio del INDEC en reclamo de un censo que los incluya en sus estadísticas. El conflicto, tal como informó ANCCOM el mes pasado, pareció resolverse rápido cuando una comitiva que había ingresado a negociar con Lavagna regresó con la noticia de que los sintecho serían censados bajo las condiciones propuestas por las organizaciones. El acuerdo implicaba que la duración del evento sería todo el día y que existirían puestos para acercarse a ser censado para quienes no contaran con dispositivos tecnológicos para llenar sus datos.

Desde ese día nadie se comunicó con los tres teléfonos de contacto que dejaron anotados los referentes de Proyecto7 y la organización se enteró de la negativa a través de comunicados que circularon de manera pública. Fue el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que recientemente les notificó por mail que “el día 16 de mayo del corriente año, a partir de las 18, un censista perteneciente al GCBA se acercará a cada hogar, para realizar el censo nacional y censar a cada alojado”.

De esta forma, no solo se utilizará la metodología implementada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, sino que este organismo es el que llevará a cabo el censo para las personas en situación de calle que abarcará únicamente la franja horaria de las 18 hasta las 2 de la madrugada del día siguiente. En diálogo con ANCCOM, el coordinador de Proyecto7, Horacio Ávila, se refirió a la resolución de la reunión con Lavagna en abril a raíz del frazadazo que tenía como objetivo quedarse reclamando frente al INDEC hasta que haya una respuesta: “Lo que hizo [Lavagna] fue zafar en el momento para que no acampáramos en el lugar”. 

El método del GCBA fue caracterizado por Ávila como una foto: se trata de un conteo que lleva adelante un personal y duración acotados, que no recorre toda la ciudad y solo se desarrolla de modo nocturno. A causa de esto, las organizaciones realizan censos populares autogestionados. El último llevado a cabo en 2019 en Capital Federal tuvo un saldo de 7.251 personas, “aunque creemos que actualmente hay un 30 por ciento más”, aseguró el referente a esta agencia.

El abogado de Proyecto7, Emiliano Villar, informó que para hacer “un censo correcto y fidedigno de las personas que viven en la vía pública hay que hacer recorridas de, por lo menos, dos días seguidos”. Debido a la particularidad y complejidad de los casos de esta población, Villar explica que la metodología no puede ser la misma ya que genera un sesgo en la toma de datos porque “no capta sus conductas específicas como pueden ser el ocultamiento por temor o desconfianza y la movilidad de un lado al otro”, asegura el abogado.

A través de su titular, Victoria Donda, el INADI dio curso a la denuncia y citó a Lavagna para que, con la participación de INDEC y Proyecto7, las partes puedan continuar negociando en torno al conflicto e intentar llegar a un acuerdo. Según afirma Villar, el objetivo de la denuncia apunta a “poner en superficie una omisión discriminatoria con la utilización de una metodología homogeneizante”. Por ese motivo, la visibilidad mediática del conflicto con la meta de lograr una reunión con el INDEC mediante el INADI funciona como “una presión política, no en términos de apriete, sino virtuosos, para quien va dirigida”, agregó Villar. 

En caso de no presentarse Lavagna, “solo sería una muestra más de querer invisibilizar a las personas en situación de calle y un aval implícito por parte de él y del organismo que tiene a cargo de una metodología equivocada e ineficaz que lleva adelante el GCBA desde hace años y que sólo refleja números mentirosos”, expresa la organización en el comunicado de prensa.

Villar concluyó que lo que se busca es establecer un contacto institucional con el titular del INDEC para encarar, en conjunto, el perfeccionamiento del censo específico estipulado por la ley de personas en situación de calle, sancionada en diciembre del año pasado, que además cuente con la participación de las organizaciones sociales.

¿Cómo afectó el covid a los pueblos originarios?

¿Cómo afectó el covid a los pueblos originarios?

Comunidades indígenas de Amaicha del Valle y de Quilmes cortan la ruta en reclamo por medidas de cuidado en 2020.   
 

Según el diagnóstico realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en octubre de 2020, Senti-pensarnos Tierra, Epistemicidio y genocidio en tiempos de covid-19, la pandemia y el decreto 297/2020 constituyeron una drástica transformación social y económica para el conjunto del país, siendo las más perjudicadas aquellas regiones con desigualdades estructurales previas donde las condiciones sanitarias, alimentarias, ambientales y educativas ya se encontraban en estado crítico.

Bertha Lozano, trabajadora de la Liga por los Derechos Humanos de Salta, afirma que la problemática es la misma: “los pueblos indígenas, su estado vulnerable, no mejoró absolutamente nada porque los protocolos para ellos no existen, no pueden cumplir nada. Son lugares donde no tienen acceso al agua corriente, por ejemplo”. En esta línea, Cristina Pérez, quien preside la asociación indígena Lhaka Honhat en Salta, señala otras problemáticas: “En la zona, por falta de información muchos pobladores no cumplieron el protocolo. Lamentablemente fallecieron muchas personas de las comunidades sospechosas de covid y que, por la mala atención, no recurrieron al hospital. Seguimos en la misma situación del año pasado: no hay información, no hay traducción en lenguas originarias sobre el tema”.

En el documento El impacto del covid-19 en los pueblos indígenas de América Latina-Abya Yala: entre la invisibilización y la resistencia colectiva realizado en diciembre de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que durante el 2020 varios países latinoamericanos comenzaron a registrar el mayor número de contagiados y fallecidos por el covid-19, situándose entre las 20 naciones a nivel global en mayor situación de riesgo Argentina, Brasil, Perú, Colombia, México y Chile.  Según la CEPAL, “el mayor impacto lo sufrirán aquellos sectores de la sociedad que, históricamente, han quedado excluidos del poder político y económico, en particular, los pueblos indígenas, incluidas las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas y las personas mayores indígenas”, ya que “se estima que en los países de la región más del 80% de los trabajadores indígenas lo hacen en el sector informal, una proporción ostensiblemente superior a la registrada entre los no indígenas (OIT, 2020 y 2019)”. 

Presencia estatal en las comunidades

Tanto para Bertha, como para Cristina el informe de la Comisión señala que hoy los protocolos por la pandemia están ausentes. Y si bien no existe información oficial sobre los casos de covid-19 entre los pueblos indígenas de la Argentina, coinciden en que el impacto puede ser enorme. El informe de la CEPAL indica que hay comunidades que atraviesan “una crisis humanitaria crónica, como los pueblos indígenas wichi, qom, iyojwa’ja y niwaclé de Salta, Formosa y Chaco”. Con respecto a la provincia de Salta, el organismo remarcó que “podría agravar la dramática situación que obligó al gobierno de la provincia de Salta a declarar en enero de 2020 una emergencia sociosanitaria durante seis meses, tras la muerte por desnutrición en pocos meses de al menos siete niños indígenas en la zona, la hospitalización de otros 32 por la misma causa y la existencia de otros 160 en riesgo de desnutrición”.

En palabras de Cristina: “No hay control en el municipio, no hay información de parte del intendente sobre los protocolos. Desde la provincia, solamente se perciben las ayudas sociales (pensión, jubilación, AUH)”. Sin embargo, “el tema de ayudas sociales como el ticket y los módulos alimentarios demoran la entrega, y a pesar de que hubo un decreto sobre la emergencia sanitaria y el tema de COVID, hubo muchas familias a las que les dieron de baja estas ayudas. De parte de la salud no hay informaciones sobre el tema COVID. No hay un trabajo comunitario”. Por su parte, Bertha afirma que el acceso al agua corriente, a una alimentación digna, a su territorio, a la educación, constituyen derechos humanos que los pueblos indígenas van perdiendo o que nunca los tuvieron, y que impacta en la práctica a la hora de tomar medidas preventivas contra el virus. “Sin acceso al agua corriente -afirma- no hay manera de que mantengan protocolo de limpieza ni que se higienicen”.

Según el informe de la CEPAL, en Argentina la primera medida adoptada fue la resolución 4/2020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a partir de la cual se ordenó un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país, de las personas que podían acceder al ingreso familiar de emergencia establecido por el Gobierno a través del decreto 310 del 23 de marzo de 2020. No obstante, fue cuatro meses después cuando este presentó una serie de recomendaciones para dar respuesta al covid-19 en las poblaciones y territorios indígenas, elaboradas por la Mesa de Emergencia Sociosanitaria Intercultural (MESI), una entidad de carácter participativo, constituida por representantes de las comunidades indígenas y las autoridades gubernamentales a nivel nacional, provincial y/o municipal. Asimismo, el organismo destaca la realización por parte de INAI de “videos propagandísticos con recomendaciones para evitar nuevos contagios de coronavirus, relatados en siete idiomas originarios (mocoví, quechua, ava guaraní, mbya guaraní, wichi, mapuzungun y qom), que se difunden a través de anuncios en los medios y redes virtuales, las radios y la televisión pública. También se preparó material impreso en esas lenguas”. 

Con respecto a la cuestión de la interculturalidad, Bertha dijo que “las comunidades ya han tomado conocimiento de lo que es el coronavirus, porque no es gente que no tiene conocimiento de nada: hay personas que tienen acceso a los pueblos y sabe cómo cuidarse. El problema es que no tienen posibilidad, no tienen acceso a la salud pública, a un remedio ni nada de eso. Entonces se cuidan también con lo natural, porque es a lo que tendrían algunos accesos, y que otros ya ni tienen. El monte ya es muy reducido, ese es otro problema”.

Integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir llegaron al Congreso luego de una caminata de 2000 km.  

Una cuestión crónica

Según el CONICET, pese a los cambios institucionales y legislativos logrados desde fines del siglo XX, que contribuyeron al reconocimiento y acceso a derechos territoriales, ambientales, educativos y culturales, resultado de sus históricas luchas y demandas, la realidad indígena exhibe avances aún insuficientes frente a su situación de desigualdad socioeconómica, de irregularidad en la posesión de las tierras que habitan y de una histórica invisibilización, estigmatización y criminalización.

De acuerdo con el segundo informe regional llevado a cabo por la Plataforma Indígena Regional Frente a la covid 19 “por la Vida y los Pueblos”, Pueblos Indígenas y vacunación contra covid-19, a través del Observatorio  Regional sobre derechos de Pueblos Indígenas del Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y el Foro Indígena Abya Yala (FIAY), entre otros; los pueblos indígenas del norte se encuentran en situación de riesgo, entre ellos el pueblo Qom y Wichi. Según el informe, mientras el primero se encuentra “en situaciones de extrema pobreza por la pérdida de sus tierras, inseguridad alimentaria y con alta prevalencia de enfermedades como la tuberculosis que han provocado muchas muertes”; el segundo “se encuentra en clara situación de riesgo ya que su condición alimentaria y sanitaria es tan crítica que, desde el inicio del año, se registran al menos doce fallecimientos de niños a causa de desnutrición y falta de atención sanitaria”. Al igual que Bertha y Cristina, el observatorio coincide en señalar problemas estructurales tales como la imposibilidad de producir para su autoabastecimiento, las condiciones ambientales producto del desmonte y la discriminación.

Para Bertha, “la única manera que eso se pueda afrontar como una cuestión de responsabilidad estatal es con algún programa claro en la práctica en el territorio. Conozco médicos que se acercan voluntariamente a la zona, pero la gente de la comunidad se sigue muriendo y si es que es de coronavirus, porque ahora van a decir que es de covid y ya no van a decir que es de desnutrición y de todas estas problemáticas que también tienen. Se saca la responsabilidad del Estado sobre el abandono que tienen esas comunidades con respecto a sus derechos. Con donaciones y actos solidarios no podemos solucionar un problema estructural”.

 

Una cuenta que es un cuento

Una cuenta que es un cuento

“Todos los números son políticos”, afirma Horacio Ávila, coordinador de Proyecto 7 – Gente en Situación de Calle. Está hablando de las cifras obtenidas del último censo oficial realizado por el Gobierno de otro Horacio: Rodríguez Larreta.

Y no se trata de cualquier relevamiento. Estas estadísticas refieren a la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Es, ni más ni menos que el talón de Aquiles de la gestión amarilla. En el contexto de un año electoral, parece, maquillar los números se vuelve fundamental.

“En diciembre del 2020 tuvimos una reunión con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, donde acordamos realizar el censo de manera conjunta entre el Gobierno y las organizaciones sociales”, relata Leandro Vera Belli, sociólogo e investigador del área Derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Sin embargo, las cosas no salieron como habían pactado: el 11 de mayo del 2021, los funcionarios de dicha cartera salieron a realizar una fotografía de la gente en situación de calle. Lo hicieron con los métodos utilizados en 2017 y 2019, puestos en discusión en la última mesa de trabajo: en camionetas, sin interactuar con la población y en el lapso de unas 7 horas, aproximadamente. A eso se le sumó la particularidad de este año pandémico: se realizó a las 20, en un contexto de restricción horaria en el que la gente en situación de calle se esconde debido a la violencia policial o busca paradores para pasar la noche.

Según señala Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), de las cifras publicadas en el informe oficial llama la atención su similitud con las del 2019. Hace dos años el resultado era de 1.147 personas en situación de calle. Hoy, de 2.573. Sin embargo, advierte Fassina, “ahí se están contando dos cosas distintas”.

Mientras que en el 2019 las cifras correspondían a gente que estaba efectivamente durmiendo en la calle, del total del número actual solo un 37% corresponde a quienes están en esa situación: unas 952 personas. El número restante pertenece a individuos que aquel día se encontraban en alguno de los 32 Centros de Inclusión Social porteños. “Es una cifra que pareciera que en dos años se mantuvo inamovible”, dice la socióloga. “Lo que sí muestran es que creció la cantidad de gente que está en paradores, que no parece tener un correlato con lo que se ve en la calle”.

“Nadie en su sano juicio puede pensar que, en una situación en la que todos los indicadores de pobreza dan en crecimiento, la cantidad de gente en situación de calle va a dar en baja”, sostiene Ávila. A los cuatro años de profundización de la desigualdad resultantes del macrismo, hoy se les suma la pandemia. Y con ella no solo vienen aparejadas nuevas problemáticas: también se intensifican otras.

“¿Cuál fue el mensaje principal, sobre todo del año pasado? Quedate en casa. ¿Cómo me quedo en casa si no tengo?”, cuestiona Vera Belli. “Hay una política muy explícita, aunque ellos no la quieran decir: hay cada vez más paradores para que la gente vaya a dormir, pero esa no es una solución de vivienda, solo un refugio donde pasar la noche, que no siempre resulta un lugar seguro para todos”.

El correlato de estos números que llaman la atención de todas las agrupaciones es, justamente, la ausencia de políticas públicas integrales para abordar tan compleja cuestión. Y a eso apuntan las organizaciones. “No nos interesa tanto tener el número en una tabla de Excel, aunque obviamente es importante. Lo fundamental es conocer cómo vive esa gente, porque para pensar políticas públicas con impacto necesitamos saber cuáles son las condiciones socioeducativas, socioeconómicas, las problemáticas vinculadas al género o el impacto de la pandemia”, dice Fassina.

Por eso, el aspecto cualitativo es crucial a la hora de censar. Conocer a fondo particularidades y problemáticas de cada subgrupo social se hace necesario ya que las condiciones no son las mismas para nadie. Sin embargo, según afirma Nerina Coronel, una de las referentes de No Tan Distintes, el relevamiento no contempla interseccionalidad ni perspectiva de género. “Es solo contar cuánta gente está durmiendo en la calle”, agrega.

Esta situación se complementa con una merma en el presupuesto estatal destinado a la cuestión: en los últimos dos años, el gobierno de Rodríguez Larreta recortó hasta un 20% de la partida.  Mientras tanto, múltiples problemáticas son dejadas de lado.

Con respecto a las mujeres y las personas LGTTB, no solo falta indagar hace cuánto están en situación de calle, sino también por qué. “Muchas mujeres están en situación de calle por violencia de género o situaciones de abuso intrafamiliar”, cuenta Coronel. Colectivos como el trans o el travesti; grupos como las mujeres embarazadas o las que tienen niños, las infancias por sí mismas, los migrantes, la gente mayor, las personas con discapacidad o problemas de salud mental, todos ellos requieren de abordajes que contemplen la complejidad de cada situación.

“Todo ese cualitativo permite hacer una evaluación más real de los subgrupos más allá del número general y ahí planificar un poco más en relación a lo que realmente estas necesitando”, comenta Ávila, quien también asegura que este no es un problema exclusivo de Capital Federal: es un fenómeno que ocurre en todos los grandes centros urbanos del país.

Pero la Ciudad de la Furia sí tiene una particularidad: su ritmo vertiginoso y su dinámica social. Epicentro laboral, de día se consumen y desechan todos los recursos que de noche son utilizados por aquellos que viven, duermen, comen y trabajan en la calle. Por eso, afirma Vera Belli, “lo que observamos en CABA es que no podían hacer un censo de gente en calle de igual modo que harían uno de otro tipo”.

Actualmente, el diálogo entre Gobierno y organizaciones sociales está roto. Para agosto, esperan poder salir a la calle a realizar el Tercer Censo Popular. Estiman, según Ávila, un 30% más de gente en situación de calle con respecto al 2019. Resta conocer cuáles son, realmente, las consecuencias de la pandemia y de la falta de políticas públicas para quienes hacen de la tierra de nadie, la Tierra de los Nadies.