Mar 11, 2020 | Novedades, Trabajo
Electrocución, choques de vehículos, caídas desde alturas y a pozos, derrumbe de instalaciones, golpes, atrapamientos y explosión de calderas son solo algunas de las numerosas causas que produjeron las 534 muertes en el ámbito laboral durante el 2019. El disparador de estas fallas: la reducción de costos empresariales.
Estos datos fueron relevados por la organización Basta de Asesinatos Laborales (BAL) y registran un 35% más -lo que equivale a 200 muertes más- que el informe emitido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT): una cada 14 horas, contemplando un crecimiento de casos respecto al año anterior (una muerte cada 21 horas).
La exposición de estas víctimas ignoradas por el aparato oficial se ha logrado a partir del cruce de información periodística, sindical y datos obtenidos por compañeros del ámbito laboral. “Esta es una cifra provisoria. Sabemos que la mayoría son trabajadores en negro, pero la información no está oculta solo por eso: en muchos casos, las empresas niegan la responsabilidad”, señala Oscar Martínez, miembro de esta entidad fundada en 2016.
Así ocurrió con el obrero Maximiliano Sueiro que, sin casco, cayó cuatro pisos tras la ruptura de un andamio en la Cámara Nacional Electoral donde trabajaba, y cuya muerte fue presentada como un “accidente”. La trabajadora rural Zulma Zarza también fue víctima de la precarización laboral en noviembre, al ser obligada a trabajar en medio de una tormenta eléctrica y exponerse a un rayo que acabó con su vida. En diciembre, la muerte del empleado de mantenimiento Roberto Ruíz, causada por un escape de amoníaco, fue catalogada por la empresa Ecocarnes como una “falla humana” que no compromete al frigorífico, pese a las advertencias realizadas veinte días antes por otros trabajadores y trabajadoras sobre una falla similar a la que acabó con la vida de su compañero.
La mayor cantidad de muertes se generaron en la rama del transporte (19%), casi a la par de la construcción (16%), y la agricultura, ganadería y pesca (14%). Dentro de la industria, en el comercio y los servicios sociales se produjo el 10%, seguidos por los servicios de apoyo a empresas (5%), administración pública (4%), educación (2%), electricidad (2%) y minería (1%).
La mitad de las víctimas fatales no superaban los 40 años de edad. Algunos eran jóvenes ejerciendo su primer empleo que fueron enviados a realizar tareas peligrosas sin contar con la capacitación o los elementos de seguridad correspondientes. También abundan las personas de edad avanzada que, al no obtener una jubilación digna, continuaron trabajando expuestos a riesgos sanitarios.
Otros de los factores denunciados por BAL fue el desarrollo de enfermedades por las pésimas condiciones laborales existentes. La organización reclama que el trabajo debe ser considerado como un factor de afección ya que, como se señala en el informe, “el patrón de desgaste -o sea la forma y ‘velocidad’ con que las patronales nos enferman, nos hacen envejecer, nos accidentan e incluso nos matan- depende del lugar y la forma en que participemos en la producción”.
Mientras que en 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en su apartado “Protección de la Salud de los Trabajadores” que las enfermedades laborales causan entre el 70 y el 80% de las muertes relacionadas con el trabajo en el mundo, la SRT publicó en el Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2017 que en Argentina se produce solo un 3%. Según BAL, esto no se debe a ningún carácter excepcional del país, sino a la falta de registro oficial y al rechazo del 70% de las denuncias hechas a la ART por parte de trabajadores y trabajadoras en los últimos tres años.
Ana Zabaloy, directora de la Escuela N°11 de San Antonio de Areco, falleció el pasado 9 de junio por el cáncer que evolucionó mientras ejercía su profesión. En 2011, comenzó a denunciar las fumigaciones en horario escolar que, en una ocasión, le provocó parestesia facial e insuficiencia respiratoria. “Se encontró con muchísima soledad. El Estado no respondió, y sus compañeras docentes no la acompañaron”, relata Daniela Dubois, integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida que Ana fundó en defensa de un campo educativo libre de agrotóxicos. Como amiga, no solo vivió su enfermedad, sino también su empobrecimiento económico debido a los gastos excesivos en medicamentos y tratamientos que la ART no aceptó cubrir.
“Las ART cumplen su rol: ganar plata. Poner un empresario junto a otro empresario es un chiste de mal gusto. Ellos subregistran toda la información”, concluye Martínez y, frente a los logros obtenidos por su agrupación en un marco de negligencia, agrega: “Si los trabajadores queremos saber qué nos pasa tenemos que buscar nuestra propia información. Nadie nos va a regalar la defensa a la vida y la salud”.
Mar 4, 2020 | Comunidad, Novedades
A los chicos sin vacantes hay que sumarles otros 12 mil que asisten a Centros de Infancia y de Desarrollo Infantil.
El problema de la falta de vacantes en el sistema público educativo de la Ciudad de Buenos Aires presenta larga data y se profundizó en los últimos años, en paralelo a la crisis económica y a la decisión de muchas familias de llevar a sus hijos e hijas a escuelas públicas por no poder sostener los costos de una educación privada. Aunque la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ha declarado a lo largo de los años que “no hay faltante de vacantes en la Ciudad porque el Gobierno está obligado a brindar vacantes a partir de los 4 años”, la Constitución de la Ciudad lo desmiente. En su artículo 24 reconoce que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.
Hoy 16.364 chicos, chicas y adolescentes están en lista de espera para obtener una vacante, según datos que relevó Tiempo Argentino. La gran mayoría corresponde al Nivel Inicial (12.370), luego al Nivel Primario (3.355) y, por último, al Nivel Secundario, con 639. A esta cifra se suma la cantidad de chicos y chicas que están en los Centros de Primera Infancia (CPI) y Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), unos 12 mil. En suma, el número de chicos sin vacante en el sistema educativo público alcanza los 28.364.
Los CPI de la Ciudad de Buenos Aires dependen del área de Desarrollo Social y no tienen un abordaje educativo en el cuidado de los niños y las niñas. Según el informe “Derechos vacantes” del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), “estas instituciones están en un escenario de desigualdad de recursos con respecto a las escuelas públicas, denegando de esta manera el ejercicio efectivo de un derecho universal”.
“Tengo un amparo judicial contra la Ciudad por negar la educación pública para mi hija», dice la mamá de Jazmín.
Patricia Pines, docente y voluntaria en Vacantes Para Todxs, una organización que ayuda dando herramientas y acompañamiento a familias perjudicadas por la falta de lugar en las escuelas dijo a ANCCOM que “los Centros de Primera Infancia surgieron en la provincia de Buenos Aires para suplir la ausencia estatal”. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires estas instituciones proliferaron en los últimos años. “Pasaron de ser alrededor de 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual no es que el Estado está ausente, el Estado tiene una política pública que es de precarización, de vaciamiento y de privatización de la primera infancia en las escuelas públicas y la derivación de esa matrícula a escuelas privadas”, sentenció Pines.
La zona sur de la Ciudad de Buenos Aires históricamente es la más afectada. El informe de OUBA informa que “el mapa de la distribución de los CPI marca la abrumadora presencia de estas instancias paliativas en la zona sur, donde se encuentra la mayor cantidad de familias que están atravesando una fuerte crisis económica. Esta imposibilidad de acceso del sistema educativo formal profundiza aún más su situación de exclusión social”. Sin embargo, Pines aclara que este año recibió quejas de muchos otros lugares de la ciudad. “Eso antes era algo casi exclusivo de zona sur, no pasaba en otros barrios. Pero ahora esta problemática se extendió”, dijo.
Otros problemas se suman al de la falta de vacantes. “Paralelamente no se construyen escuelas infantiles, se intenta el cierre de los institutos de formación docente y se cierran escuelas infantiles como la del Hospital Ramos Mejía. Es un combo que en realidad apunta a tercerizar la escuela pública”, afirmó Pines a este medio. Desde 2018, el Gobierno de la Ciudad buscó trasladar la Escuela Infantil Nº 6 del Hospital Ramos Mejía al establecimiento de la Manzana 66, creado para que funcione un nuevo jardín gracias a la lucha de los vecinos y las vecinas. De esta manera, las nuevas vacantes que se pensaban abrir quedaban en gran parte ocupadas por los chicos y chicas que iban a ser trasladados: se abría una escuela para cerrar otra y el problema de las vacantes queda sin solución aparente. Ayer, a partir del incansable esfuerzo de madres y padres y el amparo colectivo que presentaron contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder Judicial dictaminó finalmente la nulidad absoluta del cierre, fusión y/o traslado de la escuela.
“Si se van a construir nuevas escuelas que no sean nuevos edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas donde se construya y se habilite más matrícula”, dijo en diálogo con ANCCOM Micaela López Rodríguez, una de las fundadora de La Vacante es un Derecho, otra organización que acompaña y asesora a familias víctimas que no pueden inscribir a sus hijos en los establecimientos estatales. Además, sostiene que es necesario “hacer un seguimiento sobre lo que pasa con aquellos edificios donde funcionaban escuelas que se mudan a establecimientos nuevos, que deliberadamente el Gobierno de la Ciudad deja caer en pésimas condiciones para después derribar las construcciones y rematarlas a amigos del poder de turno”.
Los Centros de Primera Infancia pasaron de ser 20 en el primer gobierno de Mauricio Macri a más de 150 en el segundo gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Dentro del problema de la falta de vacante surge uno particular vinculado a la cuestión de género. Según Mónica Tarducci, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, “en su enorme mayoría son las mujeres las que están a cargo (del cuidado de la infancia)”, y son ellas quienes se ocupan de lo relativo a los traslados y del “acompañamiento en los pedidos de las escuelas o la comunicación con las y los docentes”. Micaela López Rodríguez señala que “el problema de la falta de vacante lo terminamos resolviendo en la mayor parte de los casos las feminidades: el problema afecta directamente en el trabajo o las ocupaciones de la mujer”. A su vez agrega: “Poder conseguir vacantes a nuestros hijos no es solamente algo que viene a hacer respetar los derechos de los niños, sino también a dignificar las tareas de cuidado y a entender que todas las personas que ejercen estas tareas tienen la misma necesidad de trabajar, de desarrollarse profesionalmente o de descansar y tener tiempo de ocio”.
Este es el caso de Jazmín, madre que se encuentra en la lista de espera para conseguir vacante para su hija de un año en el jardín maternal del Hospital Tornú: “En este momento me encuentro con un amparo judicial contra el Gobierno de la Ciudad porque niega la educación pública para mi hija y me obliga a tener que caer en la educación privada, lamentablemente”. Un proceso similar vive Carolina, madre de una hija de dos años y medio, que quiso buscar este año vacante para ella pero por segundo año consecutivo le fue negada. Su situación, como la de muchas madres y familias es complicada. “Actualmente soy madre soltera, y desempleada –cuenta-, lo que me dificulta horrores conseguir un trabajo. No tengo familiares disponibles que la puedan cuidar, todos trabajan, y pagar una niñera o un jardín privado menos, porque no cuento con los recursos económicos para hacerlo y poder salir a conseguir trabajo”.
La solución, sostiene Micaela López Rodríguez, no tiene que ver únicamente con construir nuevas escuelas. “También es necesario frenar la política de construcción de Centros de Primera Infancia en detrimento de la de escuelas públicas, no construir edificios para escuelas existentes sino para nuevas escuelas que habiliten más matrícula y poner el ojo sobre el presupuesto educativo y la cantidad enorme de partida presupuestaria que sustenta a la educación de gestión privada a través de subsidios”, dijo a este medio.
Feb 26, 2020 | Culturas
La Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas del Programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET revela la foto de una época e intenta comprender cómo operan las creencias en la vida de las personas, con el impacto que esto tiene en las instituciones. A diez años de la primera edición, el catolicismo conserva una mayoría atenuada (62.9% de los 2421 casos) que sigue considerándose católica. El hallazgo más importante es la presencia cada vez más significativa y en crecimiento de personas “sin religión” (18.9%) y del grupo de los que se definen evangelistas (15.3%). El evangelismo incluye, entre otras, a la Iglesia Pentecostal que tiene su mayor cantidad de seguidores en Brasil, el país más católico del mundo, donde de manera similar el evangelismo gana fieles –que fueron de gran influencia para el ascenso a la Presidencia de Jair Bolsonaro- y el catolicismo, pierde.
En una época de crisis de las instituciones, nada más lejos que pensar en el fin de la religión y de la política. Todo lo contrario. Sólo después de la Universidad, la Iglesia Católica es, junto con las Fuerzas Armadas, todavía una de las instituciones más reconocidas (5.4 puntos, de diez); incluso por sobre los Medios y el Poder Judicial. El sociólogo Fortunato Mallimaci, uno de los directores de la investigación, en diálogo con ANCCOM sostuvo: “Hay una crisis fenomenal de los partidos políticos, y la búsqueda de los mismos para compensar esa pérdida está en retornar o seguir vinculados con grupos religiosos. El catolicismo y el evangelismo producen cuadros para el Estado y las ONGs. Hay secretarías de culto en muchos municipios de todo el país actualmente”. El año pasado, la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, siendo aún intendenta de La Matanza inauguró la Subsecretaría de Culto en su partido. En septiembre del mismo año, el programa «Buenas noticias», impulsado por ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y Argentina Oramos por Vos -dos de las Organizaciones Evangélicas más importantes a nivel nacional- se introducía en la TV pública, que a su vez transmite La Santa Misa (católica) los domingos. Aunque Mallimaci niega que la presencia de religiosos en la política sea una novedad: “Los evangelistas hacen política, pero los católicos lo hicieron toda la vida. Están copiando a los católicos. El poder de la Iglesia católica está en la matriz constitutiva de nuestros Estados. Las órdenes religiosas tuvieron gran influencia en la constitución del Estado, los que acompañan a Roca en la Campaña al Desierto son los salesianos. La ley de laicidad de 1880, no fue para separar la Iglesia y el Estado, sino que su objetivo fue subordinar a los grupos religiosos al Estado. Hay que pensar a los grupos religiosos como sectores liderados por las clases dominantes. Es un análisis complejo. Cuando un gobierno quiere llegar más a los sectores populares, va a tratar de establecer un vínculo estrecho con las instituciones religiosas, y del otro lado, muchos integrantes del movimiento católico o evangélico acceden al Estado sin pasar por ningún partido político ni ley, porque hay una matriz que hay que estudiar y que no depende de una característica del gobierno, si es neoliberal o peronista. Hay una afinidad histórica, por ejemplo, que tiene que ver con las maneras católicas y sociales de construir vínculos y las maneras peronistas. En Latinoamérica la característica central de la modernidad religiosa es que el Estado no monopoliza la política social y no lo ha hecho nunca porque podría significar Estados muy fuertes. Las burguesías han pensado y actuado desde mediados del siglo XIX que se debe acompañar al Estado subsidiariamente en la política social”.
Crónica de crisis en santerías y basílica. Luján, 31 de julio de 2019. Fotos de Juli Ortiz / ANCCOM
La Encuesta Nacional se distingue por comprender cómo operan las creencias en la vida de las personas. Mallimaci, explicó: “En Latinoamérica la pregunta por la religión o las creencias suele hacerse a través de censos, lo que no mide cómo se vive después esa respuesta. Un estudio así, sólo puede ser financiado por el Estado. El resultado es que una encuesta de este tipo democratiza la sociedad porque quiebra las visiones binarias y las concepciones establecidas de las creencias: cielo y tierra, izquierda y derecha, cierta religión como buena o mala.” El sociólogo invita a pensar la religión como una identidad compartida basada en prácticas cotidianas y creencias, en contraste con la idea instalada de lo religioso como una afiliación formal y visitas periódicas al templo o a la Iglesia. “Hay muchas maneras de ser católico: la mayoría vive la religión a su manera. Si uno simplemente pregunta, puede saber poco y nada”, aclaró el investigador. Hay una tendencia a la individuación, destaca la encuesta: 6 de cada 10 creyentes tiene contacto por su propia cuenta con Dios. Leer la Biblia no es la actividad preferida, el 77% de la población reza en la intimidad, y sólo el 30% de los creyentes va al templo o Iglesia. Sin embargo, reunirse en comunidad es el rasgo distintivo y costumbre para la mayoría (55%) de los evangélicos: la Iglesia en los barrios, el pastor, un Jesús más cercano. Mallimaci detalló: “Partimos de esa diversidad y de lo cotidiano, teniendo en cuenta que son muchos menos los que van al templo o a la procesión. Muchos evangélicos no están en ninguna Iglesia: es una identidad de quienes comparten creencias porque buscan certezas, nadie vive sin ellas”. Las preguntas funcionan como parámetro y hay rankings de creencias. Mallimaci entiende que no hay linealidades, sino tendencias híbridas: “Hay universos simbólicos heterogéneos y diversos. Podés creer que la educación pública es lo mejor que existe, apoyar la pena de muerte y creer que los extranjeros nos sacan el trabajo; o acompañar a sectores populares en la movilización y estar en contra de la legalización del aborto”. Según el informe, más de la mitad considera que “el Estado debe brindar un ingreso a quienes no tienen trabajo” y al mismo tiempo creen que “los planes sociales fomentan la vagancia”. Lo mismo ocurre con el Papa Francisco, quien si bien no tiene una influencia marcada en la elección religiosa de las personas, más de la mitad de los encuestados tienen una opinión formada: el 27% piensa que se involucra demasiado en cuestiones políticas más que en lo espiritual, y el 27% está conforme con su denuncia de las injusticias del mundo. En ambos extremos de la opinión en igual proporción hay católicos y “sin religión”.
Apostasía colectiva – agosto 2018 – Fotos leo Rendo
A pesar de la hibridación de creencias, hay tendencias muy marcadas. Una de ellas es la amplia aprobación de la Universidad pública gratuita (94%). Mallimaci habla de “núcleos duros”: “Es un comunitarismo que expresa las visiones de cada grupo con posturas identitarias, de manera que refuerzan entre ellos ciertas concepciones que dan sentido a la vida, a la sexualidad, a la política. Los núcleos duros son los que consolidan las creencias. Son los que se movilizan y ocupan el espacio público”. La pena de muerte tiene una aceptación del 50%, del cual el 55% es católico, aunque también hay un 43% de los “sin religión” que lo piensa. Quienes están en contra son los evangélicos: alrededor de 62% se opone a la pena de muerte. Otra de las creencias polémicas es la que sostiene que “hay que controlar la inmigración” en el país con un 70% de aprobación del cual la mayoría es católico (76%) y casi en igual proporción, evangélico; sin embargo, los “sin religión” también están de acuerdo en su mayoría porque un 42% se opone. La despenalización del aborto estaría permitida en casos de malformación, abuso sexual o peligro de vida para la mitad de la población, porcentaje primordialmente católico y evangélico, aunque también, de esa mitad un 30 por ciento es “sin religión”. La postura que sostiene que es un derecho de los cuerpos gestantes decidir continuar o no con el embarazo (representada por un 27% de los encuestados), está mayoritariamente compuesta por personas “sin religión”. Este posicionamiento aumentó 13 puntos en los últimos diez años. En cuanto a la tercera posición frente al aborto que cree que debería estar prohibido siempre, los evangélicos son la mayoría de este 18% que reivindica la pena. Relacionado al análisis de género, el tipo de familia patriarcal como único modelo válido es rechazado por la mayoría: 61% -cuya mayoría son los “sin religión” aunque también hay muchos católicos- aprueba el matrimonio entre personas del mismo género y la adopción de niños. En el otro extremo, una minoría del 24% cree que la mujer debería quedarse a cargo del cuidado de sus hijos, el 35% apoya que el matrimonio sea solamente válido entre hombres y mujeres, y sólo el 9% piensa que el hombre debe ser el jefe del hogar. El grupo que reivindica mayoritariamente estas últimas tres creencias es el evangélico.
Otro de los hallazgos fue que, a diferencia de hace diez años, cuando quienes apoyaban la financiación estatal de la religión eran mayoría, hoy no lo son. Históricamente el Estado argentino financió el culto católico apostólico romano y otras religiones disputaron esta preferencia. En 2008, 51% estaba a favor de financiar la religión, mientras que hoy esa mayoría (59%) cree que no se debería subvencionar el culto.
Corriente Federal de Trabajadores convoca a San Cayetano, en protesta de las politicas del Gobireno Nacional. Plaza de Mayo-CABA . 7 de agosto del 2017. Fotos Ana Laura Martín Rodríguez. ANCCOM
Mallimaci recomienda la lectura del número de la revista del Conicet “Sociedad y Religión” en el cual Peter Berger, co autor de ‘La Construcción Social de la Realidad» (Berger y Luckmann), escribió sobre la Modernidad: “‘¡Qué equivocado estaba al pensar que la secularización era la desaparición de la religión!’ dice Berger porque para él, es más bien la transformación del vínculo entre lo religioso, las creencias y la sociedad. Hay cada vez más distintas formas de creer, más pluralidad”. Efectivamente es así: en la Argentina de 1947 casi el 94% de los censados eran católicos, y hoy son 63% que se concentran en el Noroeste. En esta región también hay evangélicos, pero los hay en mayor cantidad en la Patagonia y el Noreste. Los “sin religión” predominan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la Patagonia. ¿Cómo será el devenir de este mapa en las próximas décadas? Aunque durante mucho tiempo se esperó que los cientistas sociales predijeran el futuro, el equipo del CONICET describe con datos propios las subjetividades que conviven hoy en la Argentina.
Dic 17, 2019 | DDHH, Novedades
Cambiemos es responsable del 26% de las muertes por represión estatal que acontecieron desde 1983.
Se cumple una semana del traspaso presidencial y los datos de la gestión de Mauricio Macri son desalentadores, no solo en el ámbito económico. El Informe Anual de la Situación Represiva 2019 presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional ( CORREPI) demuestra que el gobierno de la alianza Cambiemos tiene el triste récord de ser el más represor de la historia democrática, ya que en estos últimos cuatro años, el aparato represivo del Estado asesinó una persona cada 19 horas. Es el promedio que da 1.833 personas asesinadas en 1.435 días de gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de noviembre de este año, que es la fecha en la que se cerró el informe.
Bajo la administración macrista, el número total de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en 1983 alcanzó los 7.093 casos. La política de seguridad a cargo de Patricia Bullrich y el aval oficial al gatillo fácil con la “doctrina Chocobar” determinó el gobierno con más muertes a manos de la represión estatal en 36 años de democracia ininterrumpida. En sus primeros 21 días de gobierno, año 2015, sumó 50 casos, en 2016 fueron 443, durante el año siguiente el número se elevó a 451 y en 2018 se registró el pico más alto, 489. Y en el último año de mandato, los casos contabilizados fueron 401, aunque pueden elevarse en el informe del año próximo, ya que el conteo finalizó antes de fin de año y faltan datos oficiales.
María del Carmen Verdú, abogada y titular de CORREPI, habla de un “legado criminal” que deja Macri. “Confirmamos aquello que decíamos hace cuatro años, íbamos a enfrentar una etapa signada por el ajuste y la represión, nunca imaginamos el nivel de profundización al que iban a llegar. Por eso, sin ninguna duda estamos felices que Macri se haya ido, con Bullrich y su banda”, aseguró, aunque se mantiene preocupada por el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad.
Desde 1983, murieron 7.093 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
El archivo que presentó CORREPI, que se actualiza cada año, se realizó por primera vez en 1996 como respuesta a las declaraciones del ex presidente Carlos Menem ante las denuncias por violencia policial, donde negaba el gatillo fácil y afirmaba que lo que había era “noticia fácil”. También su Ministro del Interior, Carlos Corach, negaba los casos y exigía listas con los nombres de las víctimas. Aquel primer listado que presentaron incluía 262 nombres desde 1983.
Las estadísticas confirman al gobierno macrista como el más represor ya que es el responsable del 26% de muertos en cuatro años, superando a la gestión de Cristina Fernández que alcanza un 37%, pero en ocho años. La cifra que deja la administración saliente, 1.833 asesinados por la represión estatal, da un promedio de 1,28 muertos por día.
Durante la gestión Cambiemos, la mayoría de las muertes ocurrieron en cárceles, patrulleros y comisarías, casi un 60%, seguido por el gatillo fácil con el 27% y en tercer lugar, las producidas en situaciones intrafuerza o intrafamiliar que registran casi un 10%. Más atrás quedan las ocurridas en otras circunstancias, donde no se sabe lo que pasó, como consecuencia de otros delitos o causas truchas y en movilizaciones, con 49, 17 y 4 casos respectivamente. Dentro de la última categoría, muertos en protestas sociales, aparecen los nombres de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez y Rodolfo Orellana, asesinados en Chubut, Río Negro, Chaco y Buenos Aires.
Las provincias con mayor represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza.
Las provincias donde más se aplica la represión son Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza, con índices similares, de acuerdo a la cantidad de casos en relación a la población de cada provincia. Si solo se toman en cuenta los casos por provincias, Buenos Aires lidera ampliamente con un 52%. Aunque las policías provinciales y los servicios penitenciarios son responsables de más del 85% de los asesinatos, la Policía de la Ciudad también posee números preocupantes. En casi tres años de existencia, fueron responsables de 68 muertes, un promedio de dos personas por mes.
Ante este panorama desolador, desde CORREPI proponen al nuevo gobierno de Alberto Fernández una serie de medidas a implementar que, como sostiene Verdú, “se pueden hacer”. La derogación de la resolución 956/18 que habilita el uso del arma reglamentaria en cualquier circunstancia, terminar con los programas de reconocimiento facial, derogar la resolución 845/18 que masifica la intercepción y detención de personas en las estaciones de trenes, acabar con la provisión gratuita por parte del estado de defensa penal a miembros de fuerzas de seguridad y poner fin al Servicio Cívico Voluntario en Valores de Gendarmería. “La Negra”, como la llaman a la abogada en su organización, destacó del discurso presidencial el día de la asunción que es la primera vez que un presidente reconoce que existe el gatillo fácil, aunque el mérito le pertenece “a los compañeros y compañeras que pusieron el gatillo fácil en la agenda política”.
Dic 4, 2019 | Comunidad, DDHH, Novedades
Los empleos públicos y privados deben destinar, por ley, el 4% de los puestos a personas con discapacidad.
Pensar que la solución para una persona que usa una silla de ruedas para movilizarse es una rampa o para alguien ciego es un semáforo que emita ruido para cruzar la calle es reducir los derechos que tienen las personas con discapacidad. El verdadero trabajo está en repensar desde qué lugar la sociedad y el Estado debe abordar las políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de este colectivo de personas, que representa el 12,7 del total de la población del país, según el Censo Nacional 2010.
Han pasado más de 10 años desde que Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada por la ONU, que habla de un nuevo enfoque denominado “social”, en el cual se consideran a aquellos habitantes como titulares de derechos y en el que se pretende ratificar su “universalidad, indivisibilidad, interdependencia, e interrelación de todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales, así como de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación”.
Sin embargo, para Celeste Fernández, Coordinadora del aérea de Discapacidad y Derechos Humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ, aún existe una deuda grande de parte del Estado con respecto a las personas con discapacidad: “Si bien existen políticas públicas, carecen de perspectivas de derechos humanos y no cumplen con estos tratados internacionales” afirmó.
Uno de los reclamos que sigue vigentes, a pesar de que existe una ley regulatoria, es el relacionado a la cuota mínima de empleo que debe cubrirse tanto en puestos públicos del Estado Nacional como en empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Si bien el cupo que establece la norma es del 4%, los puestos laborales para las personas con discapacidad apenas llegan al 0,8%. “El problema es que no se accede a los puestos de trabajo porque en general las personas con discapacidad suelen tener menor nivel de capacitación por el sistema educativo, además del propio prejuicio del empleador pensando que el rendimiento es más bajo” consideró Marcelo Betti, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, y quien comprende el tema de fondo debido a su discapacidad visual desde niño.
Apenas el 2% de los puestos de los empleos corresponde a personas con discapacidad.
Desde esa organización llevan adelante campañas de concientización y de evaluación sobre las políticas que realiza el gobierno en la materia. Al problema laboral se le suma lo que reconoce la Convención como barreras del entorno, en donde una persona puede ser discapacitada pero no tener invalidez laboral. Las barreras que impone el entorno se reflejan aún en los perjuicios y en la falta de campañas que permitan instalar ésta diferencia en la agenda.
Por su parte, Fernández cuestiona la falta de voluntad política de la gestión de Cambiemos a pesar de mantener un contacto constante con funcionarios del gobierno a través de reuniones, envíos de notas e informes de análisis presupuestarios. No solo el Ejecutivo está en deuda: “En provincia de Buenos Aires interpusimos un litigio judicial contra el mismo Poder Judicial porque no se cumple la cuota de empleo” afirmó.
En cuestiones de salud también existen reclamos vigentes. La atención médica no es integral, además de que en muchos centros no están dadas las condiciones edilicias para la atención de personas con discapacidad. A eso se le suma que no cuentan con herramientas que permitan una atención adecuada de este colectivo. “Se hace necesario la implementación de camillas ginecológicas para las pacientes con discapacidad motriz, además de la capacitación por parte de los profesionales, con lenguaje de señas para atender a las personas sordas o incluir información digitaliza o en braille para las personas ciegas y no en forma escrita como usualmente ocurre”, declaró Betti.
Uno de los reclamos más fuertes tiene que ver con el nuevo Plan Nacional de Discapacidad presentado en 2017 y que en su elaboración no tuvo en cuenta cuestiones básicas, como lo es el nuevo paradigma de abordar la cuestión. “En uno de los decretos se habla de una pensión por invalidez pero la Convención habla de una autonomía económica de las personas con discapacidad”, cuestionó Andrea Grassia, quien también integra la comisión directiva de REDI además de ser asesora en la Comisión de Espacio Público en temas de discapacidad y accesibilidad en la Legislatura porteña. Como Betti, Andrea tiene una discapacidad visual y conoce de propia mano las inclemencias que se viven en una ciudad que no está pensada arquitectónicamente para las personas de este colectivo.
“Es necesaria la implementación de camillas ginecológicas para lersonas con discapacidad motriz», señala Betti.
La muestra está por ejemplo en las obras del Metrobus de los últimos años, en donde el espacio para que puedan circular personas con sillas de ruedas es reducido, además de ser estaciones que no contemplan un acceso fácil y seguro por estar edificadas en medio de la avenida. La problemática también se traslada al acceso al subte, donde la mayoría de las estaciones tienen los ascensores fuera de servicio.
Resulta paradójico, además, que en el mismo año de la presentación del nuevo Plan de Discapacidad Nacional se dieron de baja pensiones no contributivas a personas con discapacidad, lo que puso de manifiesto la falta de seguridad social para este colectivo. “En general las personas con discapacidad tienen menores ingresos que el resto de la población y a su vez cuentan con más gastos que el conjunto, porque tienen que recurrir a taxis para movilizarse, a medicamentos de un tratamiento especial que no cubre la obra social o no tienen cobertura médica. Son personas mucho más vulnerables que el resto de la población”, explicó Betti. Esta baja también afecta uno de los beneficios otorgados por la pensión como lo es cobertura médica. Por su parte, Grassia sostiene que se debe repensar la legislación en materia de pensiones no contributivas buscando que esta sea compatible con un salario mínimo, además de contemplar el dilema que viven las personas con discapacidad cuando logran conseguir un empleo inestable o precario: “Se ven en la disyuntiva de aceptarlo o no, ya que si lo hacen se da de baja la pensión y al pensar en la opción de no renovación de su contrato, se ven en la engorrosa tarea de hacer de nuevo todo un trámite para que se las restituyan” manifestó.
En materia de educación inclusiva han habido avances incipientes, en donde la cifra de personas con discapacidad en la escuela común viene en ascenso aunque la problemática se centra en la metodología implementada en la enseñanza: “La educación inclusiva no es solamente estar en la escuela, es que también puedan aprender de la dinámica en una igualdad de condiciones con sus compañeros. Lo que implica tener políticas en formación docente, en infraestructura escolar, en accesibilidad de materiales educativos y metodologías acordes” afirmó Fernández.
A pesar de los cambios sociales que se han intentado implementar en materia de discapacidad, aún existen personas que tienen su capacidad jurídica restringida, es decir, son sujetos de procesos en los cuales el Poder Judicial determina qué actos de la vida civil pueden o no realizar, vulnerando de alguna manera el derecho que cada uno tiene sobre su propia vida. “Una de las políticas a implementar es el cambio en el imaginario social en el tema de discapacidad, que piensa a los sujetos como incapaces, que no tienen nada que aportar a la sociedad y que otros decidan por ellas. Eso requiere políticas de sensibilización y de inclusión”, aseguró Fernández. Siguiendo esta línea, hay que reconocer la importancia del rol que juega la comunidad en materia de inclusión, desde los familiares de personas con discapacidad hasta las organizaciones de derechos humanos que trabajan por mejorar la calidad de vida, generando estrategias de incidencia que logren visibilizar esta problemática para que el Estado se encargue de estos asuntos.
Es así como los desafíos que tiene el nuevo gobierno en materia de políticas públicas a implementar y mejorar son innumerables. Es una tarea pendiente de todos los gobiernos sin subsanar, que ha impedido que las personas con discapacidad puedan tener una educación de calidad, un trabajo con una remuneración acorde a su cargo, acceso a la vida cultural y artística, entre otras cuestiones sociales, que les permita tener una vida de inclusión real.
