May 20, 2021 | Novedades, Trabajo
La pandemia ha sido devastadora para muchas empresas pero no para Mercado Libre (ML), una de las pocas firmas que se benefició en estos meses gracias al crecimiento exponencial del consumo online. Según el último informe de Mercado Ads en 2020, solo en Argentina se sumaron más de dos millones de nuevos compradores en la plataforma. El informe que presentó la compañía a fines del año pasado, destaca que aumentó la cantidad de usuarios activos en América Latina un 45,2% (alcanzando los 51,5 millones) y sus ingresos netos fueron de 878,4 millones de dólares. Las ventas totales registraron un incremento de 205,7 millones en diversos artículos para llegar a los 5.902,4 millones de dólares. Aun así, su negocio más floreciente durante el trimestre fue Mercadopago: la plataforma registró 559,7 millones de transacciones, lo que representa un aumento interanual del 146,6%.
En 2021 la tendencia continúa: el balance presentado a principios de mayo, correspondiente al primer trimestre de este año, registró ventas por 1.400 millones de dólares y 70 millones de usuarios activos con un crecimiento del 111,4% interanual. De las ventas totales, el 65% correspondió al negocio de comercio electrónico mientras que el 35% restante fue recaudado por el servicio vinculado al negocio Fintech, nombre que se le da a las empresas tecnológicas financieras.
¿De qué se trata este negocio? Las Fintech se distinguen de los bancos y de las instituciones financieras tradicionales por ser empresas enfocadas en hacer un uso de la tecnología para lograr la innovación en las herramientas y transacciones. Este servicio se realiza a través de una red integrada de prestamistas particulares o empresas que invierten su capital privado a cambio de un interés. Para eso utiliza la plataforma Mercado Crédito, la cual le ofrece préstamos de capital a pequeñas y medianas empresas que venden a través de Mercado libre o que procesan sus cobros con Mercado Pago. El registro es online y no requiere ninguna documentación. Para el vendedor esta operación tiene muchos beneficios ya que las condiciones son flexibles y es él quien decide el monto a pagar y sus respectivas cuotas. Mercadopago es la plataforma de pagos de origen latinoamericano más grande de la región, con más 182 millones de usuarios, 370.000 comercios adheridos y ofrece más de setenta opciones de medios de pago.
ML anunció a principios de abril que sumará más de 16.000 trabajadores en toda la región en 2021, lo que implica un crecimiento superior al 100% en tan solo un año. Entre otros objetivos, está el de ampliar la red logística en la región y para ello necesita reforzar las áreas de IT (Tecnología de la Información). En una entrevista, Marcos Galperín explicó: “Nuestro objetivo es optimizar los tiempos y formas de entrega en cada país. Un 70% de los nuevos empleos serán en los Centros de Almacenamiento y un 25% en los equipos de tecnologías de cada país, que desarrollan mejoras continuas en el servicio y la experiencia de pymes, comercios y consumidores”.
Gran lugar para trabajar
El sitio “Great Place to Work” (GPTW) reconoció por tercer año consecutivo a ML como una de las mejores empresas para trabajar en Latinoamérica. Cada año, GPTW evalúa el ambiente de trabajo en las diferentes compañías mundiales teniendo en cuenta las experiencias de confianza en sus líderes, las condiciones laborales, salarios entre otros atributos pero ¿qué tan cierto es?
ML cuenta con diversas áreas desde Marketing, Customer Experience, Logística, Prevención de Fraudes, etc; pero las condiciones laborales parecen no ser las mismas. Sebastián Manzoni, joven despedido a principios de mayo, publicó una serie de tuits en los que relataba las duras condiciones de trabajo en la empresa, con metas que los obligaban a correr casi las diez horas que dura un turno. Como todos son contratados como personal temporario, la expectativa es rendir lo suficiente como para quedar como empleado permanente. La serie de tuits produjo cierto revuelo en la red.
En diálogo con ANCCOM, Manzoni contó cómo es trabajar en la firma de Galperín: “En muchos sitios y medios se dijo que critiqué todo de la empresa, pero no es así. Por supuesto que tiene algunos elementos positivos como el buen sueldo que no baja de la inflación, las comidas son económicas y existe un sistema de traslado de combis que te lleva, pero no todos son beneficios”. Sebastián trabajó en el Área de Depósito desde febrero de 2021 y fue contratado junto con doce jóvenes más. Sus días laborales comenzaban los viernes por la noche y terminaban los lunes por la mañana. Respecto a esta situación, el joven expone que existen ciertas irregularidades que violan las leyes laborales: “Por ejemplo, se exceden en la cantidad de horas nocturnas y la cantidad de breaks [cortes] es menor ya que solo teníamos entre veinte minutos y media hora de descanso, lo cual era muy poco por la demanda física que implica estar en depósito”.
Otra de las cuestiones que denuncia es el fraude laboral que existe con la eventualidad: “Es entendible que se contrate personal eventualmente en fechas como el Hot Sale pero si el setenta por ciento es eventual y realiza trabajos habitualmente, la situación es otra. A la empresa le conviene no efectivizarte porque se ahorran vacaciones, gastos, indemnizaciones, etc”.
El entrevistado cuenta que su tarea laboral se desarrollaba en el depósito que tiene cuatro niveles. Allí debía recolectar entre noventa y cien productos por hora para quedar entre los primeros puestos de productividad al final de la jornada: “Lo que sucedía es que como la mayoría es eventual, la mayor aspiración y preocupación es que te efectivicen. ¿Cuál es la lógica? ‘Doy todo, trato de quedar primero a toda costa, para que me contraten’. Entonces ves como todos los chicos corren como si fuera una maratón, compitiendo entre ellos. De hecho, a mí me echaron con una tanda de chicos que habían quedado en el primer puesto muchas veces.”
Tal como parece, uno de los motores de este sistema de productividad es el incentivo y las aspiraciones de los trabajadores eventuales. Esta situación habilita la pregunta de si ML aplica la tecnología para aumentar la productividad o si en todo caso, lo consigue por medio de la explotación y abusos laborales. En la actualidad, son muchos los jóvenes que consideran a la empresa como uno de los mejores espacios de trabajo pero ¿es así? En este sentido, Manzoni recomienda a quienes decidan trabajar en la empresa ahorrar momentáneamente y no firmar ninguna renuncia: “Van a ganar momentáneamente un buen sueldo pero esto no dura para siempre ya que nunca te terminan de contratar y vos por ahí exigiste tu cuerpo en estas condiciones deplorables. Otra irregularidad que tiene la empresa es que te seducen para que firmes la renuncia a cambio de brindarte trabajo en el futuro: Al final trabajas nueve meses de manera eventual y te vas con las manos vacías”.
Desde ML no hubo respuesta a las consultas de ANCCOM sobre este tema.
Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor de APP (Asociación de Personal de Plataformas), expresó que frente a estas promesas, “deberíamos preguntarnos en qué medida implican una mayor autonomía y qué beneficios tiene el trabajador: por ejemplo, en el Área de Depósito prevalece la jornada por horas que no es un sistema de flexibilidad para los trabajadores sino que es un sistema de flexibilidad horaria para que la empresa pueda organizar su productividad, lo cual implica menor libertad para el trabajador pero sí para la empresa”.
¿Por qué el trabajo en ML resulta atractivo para los jóvenes? Según Ottaviano, estás compañía trabajan fundamentalmente en el marketing del reclutamiento de trabajadores y se esfuerza por presentarla como una buena oportunidad laboral: “La realidad acá es que no en todos los casos pagan muy mal y no en todos pagan muy bien, porque hay labores que requieren más calificación. Por eso hay que tratar de hacer indagaciones más precisas sobre cuáles son los perfiles que estas empresas buscan ya que la tecnología agranda esta brecha”.
León Dario Piasek, también abogado laboralista, coincide con esta postura agregando que “este marketing especializado intenta dar la sensación de que uno es un emprendedor libre y no un empleado: Seducen con la idea de la libertad horaria, el trabajar desde la ‘comodidad’ de tu casa, el no tener que viajar, etc.”
Al parecer,el problema central no solo está en las contrataciones eventuales a trabajadores autónomos en vez de asalariados sino que es mucho más serio. Esto tiene que ver con especificar la clasificación de las actividades económicas que desarrollan empresas como ML, Uber, Rappi: “MercadoLibre se dedica al comercio online pero también presta servicios financieros a través de una billetera electrónica. Por tanto debería haber regulaciones en esas actividades, teniendo en cuenta también los distintos puestos de trabajos”, explica Piasek y agrega: “Hay una falta de fiscalización del Estado que debería ser más rígida sobre todo cuando se trata de derechos. Una falencia es lo que se conoce como policía de trabajo de fiscalización y de sanciones: casi no vas a encontrar empresas sancionadas por no respetar las políticas fiscales o laborales. Hoy, el 40% de los argentinos trabaja de manera informal y casi siempre el Estado juega a favor de los empleadores”.
Las plataformas son una nueva forma de hacer negocios que han acelerado su crecimiento gracias a la pandemia. El desarrollo tecnológico que promueve este tipo de compañías es clave para su crecimiento económico, pero sería necesario analizar cuánto queda si se someten a las regulaciones impositivas y laborales de acuerdo a la legislación vigente y con un Estado presente.
May 19, 2021 | Comunidad, Novedades
El Movimiento de Mujeres Indígenas del Buen Vivir partió, a pie, desde distintos puntos del país -Río Negro, Salta, Chaco, Chubut y Jujuy- hacia la ciudad de Buenos Aires, con la consigna “Basta al Terricidio”. Paulina Bes, miembro de la organización que participa de la caminata, describe: “Necesitamos atravesar, porque es ver con nuestros propios ojos lo que pasa en los territorios. Cuando escuchamos que en el Chaco todos los días se desmontan miles de hectáreas, nos llega como una información más, no tomamos dimensión, pero ver los lugares da escalofríos y una tremenda tristeza e impotencia, lo que nos da fuerza para seguir con este grito desesperado de que nos dejen de matar por sus intereses económicos”.
El objetivo de la campaña Basta de Terricidio es “empezar a decir un basta grande, real, verdadero, y a multar a todas las empresas extractivistas; que los gobiernos puedan dar marcha atrás y alertar sobre lo que hacen porque no pueden estar siempre contra la misma tierra y contra las personas que defienden los territorios. Buscamos la verdad, que se reparen un montón de cosas, y que las mujeres indígenas sean verdaderas protectoras y defensoras sin ser criminalizadas y judicializadas”, agrega Nélida Curia, artesana mapuche e integrante de la organización.
“La falta de agua de las hermanas mocovíes debido al desmonte, las mineras ilegales en el norte, la sobrepoblación de los crianceros, los pocos ojos de agua absorbidos, contaminados”, es lo que las moviliza según Nélida. El punto límite fueron los incendios en La Comarca, en Corcovado, ciudad de Chubut.
Corcovado, Chubut.
En sus plataformas, Mujeres Indígenas explica que el terricidio es la muerte del ecosistema y está conformado por el ecocidio, femicidio y epistemicidio. En sus palabras: “Es el exterminio sistemático de todas las formas de vida. Es la destrucción tanto del ecosistema tangible como del ecosistema espiritual”. En esta línea, el concepto invita no sólo a comprometerse ante la contaminación del agua, sino también a comprender su estrecha relación con la cosmovisión de los Pueblos Originarios: “Existen fuerzas reguladoras que sostienen la vida, dichas fuerzas son la energía espiritual en ese territorio en particular”. Al respecto, Nélida explica: “Creemos y sabemos que somos la extensión de la Tierra, y todo lo que a la Tierra le pasa nos pasa en nuestros cuerpos, como la pérdida de las hierbas que no sanamos, la pérdida del agua que significa vida”, y advierte: “La espiritualidad se retira de la Tierra cuando los bosques son quemados”.
El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir decide comenzar a visibilizar esta problemática a partir de una acción realizada en el Ministerio del Interior de Buenos Aires, en el 2020. Momento en el que, según Nélida, encontraron que varias mujeres de diferentes pueblos originarios sufrían la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, siendo el denominador común el problema la tierra. Explica: “Esto nos llevó a darnos cuenta de que hay un ecocidio que conforma el terricidio”.
Mujeres Indígenas por el Buen Vivir fue creado en el 2015 por Moira Millán, weichafe (guerrera) y activista mapuche, que salió a recorrer los territorios de los pueblos indígenas. En ese peregrinaje se encontró con otras mujeres atravesadas por las mismas necesidades y problemáticas, entre ellas la racialización. Ese año, se organizaron y realizó la primera manifestación del movimiento apartidario y plurinacional que respeta la cultura de cada hermana y la espiritualidad de cada pueblo.
Moira Millán, weichafe mapuche.
La agrupación acompaña a todas aquellas que sufren las problemáticas ambientales. “Nosotras creemos que va a haber un antes y un después en este caminar que es para sanar, para visibilizar lo que es el terricidio”, asegura Nélida y agrega: “Este pensar surge hace un tiempo y se decide empezar con la caminata después de los incendios, los avances de las mineras y la defensa de los territorios por parte de los pueblos”.
El colectivo también emprende otras campañas, como Basta de Chineo y Hacedoras del Buen Vivir. La primera busca abolir la violación contra los cuerpos de las niñas indígenas. Como explica Mujeres Indígenas en su cuenta de Instagram, en el marco del “Conservatorio sobre Chineo” organizado por INADI en octubre de 2020, “el chineo es una práctica colonial que hoy continúa existiendo en manos de los criollos, las empresas transnacionales que operan en nuestros territorios, las fuerzas de seguridad del Estado y el patriarcado que atraviesa las comunidades”. Por su parte, Hacedoras del Buen Vivir es una marca y plataforma de venta de artesanías indígenas en la que las mujeres están trabajando. Según Nélida, en ella las artesanas podrán “vender sus productos a precios reales, porque hasta esto sufren nuestras hermanas, sobre todo en el norte. Donde van grandes marcas o comercios y les compran artesanías a precios bajos o hasta por alimentos, y después lo vemos en galerías a tremendos precios, como la cestería wichi”.
La marcha comenzó el 14 de marzo, con un bloque sur desde la ciudad de El Bolsón, y un bloque norte desde Chaco. Se suman a este andar las mujeres de Salta y Jujuy. “Vamos a estar llegando el 20 de mayo a la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a organizar todos los petitorios que traen las hermanas”, explica Curia y anuncia: “Vamos a terminar haciendo una marcha el 25 de mayo, es el día donde se empieza a conformar este Estado que nunca ha tenido presente a los Pueblos Indígenas, que somos los verdaderos defensores de la tierra. Buscamos que sea el día en contra del terricidio y poner esto en agenda. Llegar y que sea nombrado, que comencemos a considerarlo como un crimen de lesa humanidad y que sea juzgado”.
Basta de Terricidio es un movimiento global conformado por distintos colectivos, que buscan tener repercusión a nivel internacional. En la Argentina el movimiento busca tener un equipo jurídico de colaboración para poder dar claridad a estos temas.
Asimismo, intentan visibilizar “los incendios intencionales por partes de inmobiliarias, o aquellos no intencionales o por descuidos pero que nunca se buscan culpables”. En palabras de Nélida Curia: “Casi todas las mujeres indígenas somos defensoras de la tierra, por eso consideramos esto terricidio. Porque al secarse los ríos también desaparece la espiritualidad del lugar, de los bosques. Necesitamos empezar a trabajar para sanar la tierra y sanar todas las mujeres indígenas desde lo más profundo”.
El recorrido realizado por la agrupación terminará con una marcha masiva el próximo 25 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, a la que se sumarán grupos que luchan por el medio ambiente como Voicot, Jóvenes por el Clima y Ni Una Menos, además de estar abierta a cualquiera que desee participar. Las páginas de Facebook e Instagram del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se mantiene actualizada con acciones y propuestas no sólo históricas, sino aquellas establecidas para los próximos días. Además, documentan toda la caminata contra el terricidio.
Mar 11, 2021 | Comunidad, Novedades, slider
La Autopista 3 fue un proyecto de la dictadura cívico militar de construir una vía rápida que atravesara la ciudad.
“Lo que estamos pidiendo es igualdad ante la ley”, dijo Mirta Sánchez, una de las representantes de las familias que viven en el Sector 4 de La Traza, a ANCCOM. Por eso, la primera semana de marzo se presentó una nueva acción judicial ante la Legislatura porteña para solicitar que se avance con el proyecto de renovación urbana, de viviendas sociales y con la petición de que sea un proceso que incluya la participación ciudadana.
La traza de la ex autopista 3 fue un proyecto de la última dictadura militar que planeaba unir Saavedra con Puente Alsina, atravesando barrios centrales de la ciudad de Buenos Aires. Más de 900 inmuebles fueron expropiados, muchos de ellos demolidos, cuando en 1981 el intendente de facto Brigadier Osvaldo Cacciatore canceló la iniciativa junto con el Plan de Autopistas. La fragmentación en sectores generó que algunos de ellos, ubicados en zonas más codiciadas para los negocios inmobililarios en la ciudad, recibieran respuestas, como los y las habitantes del sector 5 -que concentró cerca de la mitad de los inmuebles afectados- contenido por catorce manzanas entre las calles Donado, Holmberg, Congreso y Av. De los Incas. Pero el Sector 4, que abarca Villa Ortúzar, Chacarita y Villa Crespo, en el límite con Colegiales y Palermo, hoy nuclea a las familias que siguen exigiendo soluciones habitacionales definitivas.
La Ley 324, sancionada en el año 2000, convirtió a las y los vecinos de La Traza en beneficiarios de soluciones como créditos de compra sobre la vivienda que habitan, créditos para la autoconstrucción o para la compra de viviendas que no son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, Jonatan Baldiviezo, abogado que forma parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad y quien continúa acompañando a las familias, le contó a ANCCOM que en el año 2007, durante el gobierno porteño de Mauricio Macri, tuvieron que presentar acciones judiciales para frenar desalojos. Las negociaciones con el Sector 5 se llevaron a cabo una década después de sancionada la primera ley y con una segunda –la 3396/09– específica para el sector. No ocurrió sin discusiones, demoras ni presiones por parte del gobierno hacia las familias para que tomaran subsidios y se fueran de La Traza.
Vista del sector 5 de la traza durante la implantación de la Ley 3396 en 2010.
En este sentido, Sanchez explicó: “Si hubiera una decisión política no tendríamos por qué estar corriendo. Lo único que queremos es que manden un censor nuevo y vean los nuevos beneficiarios”. Por decisión política se refiere al miedo, siempre presente, de que el gobierno avance con la venta de tierras que, en realidad, deberían disponerse para solución habitacional.
El Sector 4 queda como la gran deuda ya que fue en el año 2010 cuando se reanudó el compromiso para hacer un plan similar al del Sector 5. “Ese plan que tenía 60 días para ser presentado, nunca llegó a la Legislatura. Entonces hay todo un sector abandonado que hace 10 años está esperando este nuevo proyecto de gobierno”, explicó Baldiviezo. Con el amparo presentado se exige que se active la mesa de seguimiento del proyecto y se cumpla con lo establecido.
Con el avance de estas actividades, las familias recuperan la esperanza que buscan hace años: “Cuando íbamos a Legislatura a pelear por el terreno estaba la gente del Sector 5, entonces a nosotros no nos escuchaban, porque nos decían ‘no, todavía no le toca al Sector 4’. Ahora vamos a pelearlo. Si uno no pelea nunca tiene nada. De arriba no te viene nada”, dice Ramona Cavia, vecina de La Traza.
Ramona pasó por muchas situaciones hostiles, atravesó varios juicios que intentaron desalojarla pero salió sobreseída, aunque con exigencias. “Nos dijeron que teníamos que hacer mejoras. Todo lo que nos decían, nosotros hacíamos. Hasta me hice la casa de material”, explicó. Pero también recordó otras situaciones: “Cuando entramos a la audiencia del juicio civil el fiscal nos trató de negros” y “la vecina de al lado siempre me gritaba ‘usurpadora’ pero yo no soy usurpadora porque yo este lugar lo pagué, porque estoy pagando luz, teléfono. Yo tenía miedo de decir que era mi casa porque ellos me trataban de usurpadora. Con los años que tengo acá, ya no soy ocupa. Aunque sea voy a pelear por mis hijos, que pasaron frío, lluvias y aun así terminaron la secundaria viviendo acá. Voy a pelear por una vivienda digna”.
Los fondos recaudados por la venta de tierras en el Sector 5 no contemplaron las soluciones habitacionales del Sector 4.
Alejandra Ortega, otra de las vecinas que espera desde hace años, llegó a La Traza en 1995 pero en 2010 tuvo que dejar su vivienda. Desde entonces, no tuvo un lugar fijo donde quedarse. “Nos fuimos porque tuvimos un episodio de violencia muy fuerte con mi papá; hacia mi mamá y hacia mí. Cuando exponemos ante la policía, nos dicen que al no tener un papel o algo que nos adjudique que nosotras vivíamos ahí, no teníamos nada que hacer. Y nos quedamos en la calle”. No accedió a ninguna solución porque no figuraba como beneficiaria, aun siendo hija de personas que sí. Su madre figuraba en los registros pero falleció meses después sin que una resolución pudiese tomar forma. “La sorpresa mía fue cuando nos atendieron en la oficina (de la Unidad Ejecutora) y me dijeron que yo ni figuraba”, contó. Cerca del año 2000, recordó, hubo un censo en La Traza en el que se la había anotado a ella y a sus cuatro hijos: “Me habían hecho llenar una planilla aparte y me habían dicho que lo que estaban haciendo era un desglose de beneficiarios. Yo creía que tenía algo iniciado”.
Baldiviezo dejó en claro que la violación del derecho de las familias está comprobada y agregó que esto se da como consecuencia de gobiernos que han tenido únicamente miras en la especulación inmobiliaria. Manifestó que en la Ciudad desatienden cualquier intento de que exista un régimen integral de política de vivienda. “No se concibe como derecho humano y por lo tanto tampoco como servicio público. La cuestión de la vivienda se sigue concibiendo como un conflicto, como un tema entre privados”.
En este sentido, las ventas de tierras del Sector 5 iban a un fondo particular para financiar el programa y, si algo sobraba, debían ser destinadas al Sector 4. “Obviamente no sobró nada, lo derivaron para hacer más pasos a nivel y ahí se acabó la plata. Las que están vendidas en el Sector 4 no tienen esta disposición de que tienen que ir a un fondo particular que es tangible y que solamente tiene un uso que está destinado a satisfacer las necesidades de La Traza: eso no existe”, explicó Baldiviezo.
Los y las que viven en La Traza no son ajenos a esto y por eso Sánchez sostuvo: “En el Sector 5 dieron mucha plata porque el poder inmobiliario que tenía ese sector era mucho más comparado a lo que tenemos nosotros. Entonces todo es una carrera”. Ortega agregó que “hablar de esto a nadie le conviene, todos pierden. Nadie quiere perder. Pero mientras, el de abajo sigue siendo marginado, sigue siendo golpeado contra el piso por un montón de factores”.
Sánchez recalcó que lo único que quieren es que se le exija al gobierno que se presente un proyecto a debatir en la mesa de seguimiento, que les corresponde por ley y que con el tiempo se dejó de llevar a cabo. No se piden soluciones de inmediato aunque la problemática demande urgencia; no se reclama algo “totalmente gratis”. “Todos tenemos el derecho a tener un techo; a tener las mismas posibilidades de adquirirlo. Nadie quiere vivir de arriba”, cerró Ortega.
Desde 1977, una de las heridas que dejó la dictadura militar es perpetuada y profundizada por los sucesivos gobiernos, dejando a las y los vecinos a la espera interminable de una vivienda digna, de la concreción de políticas públicas. 44 años pasaron y más que una solución habitacional definitiva, lo único que logró construirse fue una de las tantas desigualdades urbanas y espaciales de la Ciudad de Buenos Aires.
Ene 26, 2021 | DDHH, Novedades
Contradiciendo la reglamentación del decreto 690/2020, que desde el 1 de enero comenzó a mostrar una política en comunicación orientada a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, la empresa Cablevisión Holding S.A. intentó aplicar aumentos del 20 por ciento, violando el tope permitido por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Pero este lunes, el Gobierno nacional intimó a la firma del Grupo Clarín a que devuelva el incremento cobrado, le inició un sumario para determinar si de aplicar sanciones le exigió que se abstenga de cobrar el mes de febrero hasta tanto no realice una refacturación de acuerdo a la normativa vigente, que solo autoriza un cinco por ciento aumento.
La postura de Cablevisión constitytó una dura respuesta al gobierno, que desde el año pasado considera a las telecomunicaciones y la radiodifusión paga como “servicios públicos esenciales en competencia”, y con esta reglamentación apunta a ampliar el universo de usuarios y garantizar el acceso a Internet, telefonía fija, móvil y televisión por suscripción instruyendo a las telcos a ofrecer un paquete de Prestación Básica Universal (PBU).
¿Cómo es la reglamentación? ¿Es beneficioso para la/os usuaria/os? ¿Qué dicen especialistas y empresas del sector?
Un paquete antipandemia
El pasado 18 de diciembre el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, anunció la prestación básica, de carácter obligatoria para los servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Según el gobierno, el objetivo es garantizar el acceso de forma universal, especialmente, para los sectores de bajos ingresos que alcanzan a 10 millones de personas. Está destinada a jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por embarazo y programas sociales, desempleados, bomberos voluntarios y clubes de barrio.
Para la telefonía fija, este plan cuesta 380 pesos por mes, en tanto la celular presenta una oferta variable con un valor que será de 150 pesos por mes, con dos opciones para el uso de datos: uno de 200 pesos por 1 GB de consumo, y otra de 18 pesos por 50 MB por día.
Para el acceso a Internet ofrece planes que varían según el poder de mercado de la prestadora y su estructura de costos. Los proveedores que tienen más de 50.000 clientes deben brindar 10 mbps a 700 pesos en el AMBA y 5 mbps a 700 pesos en el resto del país; entre las pymes con 2.000 y 50.000, baja el volumen de datos a 5 mbps por 700 pesos, y las de menos de 2.000 a 2 mbps por 600 pesos.
La televisión por suscripción presenta un esquema similar. Si el proveedor tiene más de 500.000 abonados, hay descuento del 30 por ciento; si tiene entre 100.000 y 500.000 el descuento es del 25 por ciento, y si tiene entre 30.000 y 100.000 abonados baja a 20 por ciento.
Para el periodista y académico Fernando Krakowiak, esta prestación busca brindar accesibilidad a los sectores más postergados, pero observa algunas zonas no resueltas en su implementación. “Es un paquete a un precio económico. El tema está en tratar de precisar si ese valor extendido a amplias porciones de la sociedad requiere, por ejemplo, un subsidio del Estado, o puede ser brindado por las compañías privadas”, explica.
Por su parte, Ariel Graizer, ingeniero electrónico y presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), tiene una mirada negativa sobre la Prestación Básica Universal porque “muchas de las empresas pymes dan servicio wireless (inalámbrico), y -según explica- hoy 5 megas es el mejor servicio que brindan por arriba de los 1200 pesos. Si dicen que ese servicio vale 700, de los cuales hay 210 que son impuestos directos, entonces le quedan 500. Así no se sostienen, se funden”, argumenta.
Para Marta Maule, especialista en TIC, la Prestación Básica Universal es una medida sin precedentes pero que, viéndola en detalle, se trata en realidad de “planes que ya ofrecían, incluso por menor precio, como política para retener clientes”. En relación con esto, la verdadera pérdida no es económica sino de poder y autonomía: “Creo que se pueden discutir los costos cuando realmente los muestren, porque si se trata de especular y dibujar números, al menos yo prefiero que se especule a favor del pueblo. Otra cuestión son los cientos de prestadores cooperativos y pymes, cada uno con su realidad propia, quienes muchas veces son monopólicos en su área de prestación y a la vez rehenes en el segmento mayorista, por ello debe apostarse fuertemente a una regulación asimétrica”.
Cabe recordar que a mediados del pasado año, cuando los grupos concentrados decidieron aumentar los precios en medio de la crisis producto de la pandemia de Covid-19, el gobierno declaró como “servicio público esencial” a la telefonía celular y fija, Internet y a la televisión por cable, suspendiendo “cualquier aumento hasta el 31 de diciembre”.
Sobre esta definición, Krakowiak dice que no hay nada que objetar, pero subraya que “el Estado tiene que hacer un delicado equilibrio entre lo que es la garantía de acceso de amplios sectores de la población, que por problemas socioeconómicos no pueden por sus propios medios acceder a sus servicios; y, por otro lado, la rentabilidad razonable que hay que asegurar a las empresas para que presten este servicio y para que expandan las redes. Si la declaración de servicio público en competencia pone en riesgo esa rentabilidad razonable y termina afectando la calidad de servicio, tampoco es una solución”, explica.
En este aspecto, Graizer cree que la definición es contradictoria, ya que “en el mundo y en la Argentina, los servicios públicos son concesionados. Y los servicios en competencia, como es Internet, son licenciados, es decir, para poder brindar Internet, tengo que pedir una licencia. Un servicio público que sea en competencia es muy complejo, porque no están definidas las reglas para eso. Es servicio público o es servicio en competencia”, insiste en línea con los planteos críticos a la norma.
Por otro lado, Maule piensa que las medidas tomadas por el gobierno, tanto la declaración de las TIC como servicios públicos como el congelamiento de tarifas, fueron “necesarias” y agrega que “es sumamente complejo romper con la inercia de un sector privado que actúa cuasi monopólicamente bajo el velo de la libre competencia”. Además, cree que comparar las medidas tomadas en Argentina con las decisiones en otros lugares del mundo no es prudente ya que “siempre se lo hace sobre la base de la libre competencia o el libre mercado, que caracteriza hace décadas a las telecomunicaciones, como si se tratara de un sector aislado de las variables políticas y sociales del país en el que se desarrollan”.
Ante la reglamentación del decreto, la resolución 1466 del ENACOM permite, a partir del 1 de enero, un aumento del 5 por ciento en estos servicios. Esto generó rechazo en el sector de las telecomunicaciones, que argumenta que el número es “insuficiente” teniendo en cuenta que la inflación anual está cerca del 30 por ciento.
¿Qué hicieron los monopolios?
En un comunicado público, Telecom rechazó las medidas y afirmó que “la Argentina estrangula a uno de sus sectores más competitivos”, y que la reglamentación elimina “incentivos para la innovación y la competencia”. Asimismo, Cablevisión anunció un aumento del 20 por ciento durante el mes de enero. Dicho comunicado puede encontrarse en las factura del mes de diciembre 2020: “Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios, y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el mes de marzo del corriente, te informamos que el 1º de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%”.
Krakowiak sostiene que “obviamente las empresas se resisten siempre que se las regula a nivel de precios”. En ese sentido, para el periodista y académico hay un límite que “no se circunscribe sólo al tope que se le pone para garantizar el acceso a los sectores más postergados, sino también un tope de precio que se le pone para brindarle servicios a los sectores de mayor poder adquisitivo. Al topearle de alguna manera lo que le puede cobrar a ambos sectores, a los más postergados y a los más acomodados, hay que ver si efectivamente pone en riesgo esa `rentabilidad razonable´, que para mí es clave para garantizar la sustentabilidad del servicio en el mediano plazo”, continúa con su planteo en búsqueda de equilibrios.
Para Graizer, con esta reglamentación las cooperativas y las pymes del sector TIC están en riesgo, porque “no tienen la espalda económica para aguantar el no haber aumentado en todo este año sus precios, y ante la nueva situación, con un 90 por ciento de sus costos puestos en dólares, con el incremento del dólar (desde el congelamiento hasta ahora) de más de un 33 por ciento, y habiendo tenido que salir a comprar un 40 por ciento más de capacidad por el crecimiento del uso, es muy difícil poder sostener la ecuación. Entonces, muchas van a dejar de prestar servicio, y eso genera mayor concentración”.
Maule no observa con tanto pesimismo la regulación que puso un tope al aumento de precios. “Es una realidad en nuestro país, las licenciatarias no pueden desconocerla sin consecuencias”, porque entiende que el Estado está apostando al diálogo, con atención a que se trata de hablar con jugadores de un mercado en el que “en simultáneo los prestadores cuasi monopólicos anuncian aumentos de precios en las facturas de sus ‘clientes’, con la regla de que si no te gusta o no podes pagarlo podes darte de baja”. Sin ingenuidad, Maule asegura que “todos sabemos que somos rehenes que no podemos prescindir de estos servicios y que la ‘competencia’ no ofrece ni mejores precios ni mejor calidad”.
El futuro del sector de las telecomunicaciones es motivo de debate. El presidente de CABASE reclama: “Lo que corresponde y lo que sería ideal es que haya una ley, y que la ley se discuta y tenga su proceso. No se ha logrado escribir o construir una nueva norma que refleje lo que está pasando y lo que es un negocio que requiere mucha inversión, mucho capital intensivo, que es de riesgo, y que cambia velozmente”.
En este aspecto, Krakowiak considera que la decisión de Alberto Fernández de regular este sector a través de un decreto es un error, ya que los DNU tienen “limitaciones en cuanto a la apertura de la discusión y del debate. Si bien después son ratificados por el Congreso, se termina discutiendo específicamente ese DNU, y no se abre a debate la cuestión para incorporar puntos de vista enriquecedores”.
Maule, a su vez, cree que la determinación de aplicar un DNU debe ser contextualizada en que, a diferencia de la gestión macrista, ahora “es el Estado quien planifica el sector procurando que las TIC lleguen a todos los argentinos y que potencien el crecimiento productivo del país”. En el futuro a corto plazo, la especialista ve dos pasos siguientes a tomar: el primero es “profundizar en las regulaciones asimétricas y orientar los esfuerzos hacia las múltiples realidades de los actores privados”; y el segundo es “comenzar a incidir en el mercado mayorista, no solo mediante la presencia de ARSAT sino también con políticas positivas que se orienten a desarticular las conductas distorsivas que, fuera de los grandes centros urbanos, encarecen aún más los costos y obligan a sostener una política de servicios de calidad cuestionable”.
¿Qué hacer si mi factura llega con aumentos?
El ENACOM, aclaró en un comunicado del pasado 3 de enero que la empresa de telecomunicaciones que sin autorización aumente sus tarifas más de un 5 por ciento, deberá reintegrar el excedente.
“Informamos a los usuarios y usuarias que hayan recibido facturaciones con incrementos en el precio superiores al 5% que el procedimiento a realizar sería: abonar el importe facturado, debiendo la empresa prestadora reintegrar el dinero facturado de más a través de una nota de crédito en la inmediata factura posterior”.
Héctor Polino, fundador y representante legal de la Asociación Consumidores Libres, sostiene que “la reglamentación apunta sin duda a beneficiar a los usuarios y de ninguna manera va a generar una desfinanciación a las empresas por su alto nivel de rentabilidad que han tenido y aún siguen teniendo. Es muy posible que se pueda implementar de forma efectiva”.
Usuarios de distintas empresas como Cablevisión y Telecentro ya han recibido sus facturas con aumentos mayores a lo establecido por el decreto 690/20. “Como consumidores y usuarios de servicios tienen derecho a realizar el reclamo correspondiente. En caso que las empresas no cumplan deben hacer la denuncia al ENACOM, por la página web o por teléfono al 0800 333 3344”, agrega Polino.
El tiempo dirá si la reglamentación del decreto puede regular de forma satisfactoria el mercado de las telecomunicaciones o si, por el contrario, necesitaremos una nueva ley convergente. Esa que quedó en el tintero y se transformó en un mito. Algo de eso conocemos con la historia precedente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 -reglamentada en 2010- y en 2014 con la Ley Argentina Digital.
La democracia se tardó 30 años en cambiar las reglas del juego, con la contrarreforma en 2015 a fuerza de los decretos 267/2015 y 1340/2016, parches, resoluciones y acuerdos solapados para que nada cambie.
Ene 19, 2021 | Comunidad, Novedades
Cuando en 2014 Facebook compró Whatsapp por 16.000 millones de dólares, la empresa prometió no compartir los datos acumulados con otras plataformas que también le pertenecen. No parecía verosímil que se hiciera tamaña inversión para una aplicación utilizada actualmente por más de dos mil millones de usuarios en el mundo, que es “gratuita” y que no muestra publicidad: la única forma de recuperar el dinero era monetizar los datos de los usuarios en otras plataformas. El tiempo demostró, una vez más, que las promesas de esta corporación no tienen mucho valor.
En 2021 Facebook parece decidido a blanquear la realidad de su negocio cambiando las condiciones de uso que todos los usuarios deben aceptar. La fecha límite inicial para aceptar las condiciones de uso o abandonar la aplicación era el 8 de febrero, pero frente a la resistencia y la migración a otras plataformas se potergó un par de meses.
Las nuevas condiciones especifican, entre otras cosas, que los datos obtenidos a través de WhatsApp se podrán utilizar en otras plataformas para, por ejemplo, decidir qué publicidad mostrar en Facebook. El único territorio donde no se aplicarán estas nuevas condiciones es la Unión Europea, donde la Regulación General de Protección de Datos (GDPR por su sigla en inglés) no lo permite.
Para el resto del mundo, la actualización de WhatsApp permitirá a Facebook compartir información los datos acumulados con otras aplicaciones como la misma red social del pulgar azul, Instagram y Messenger que incluyen número y modelo de teléfono, información proporcionada en el registro, la empresa telefónica móvil, la dirección IP que indica la ubicación de la conexión a Internet, compras o transacciones financieras. Pero ¿qué usos le dan a estos datos? ¿Es legal que una empresa imponga sus propias condiciones sin respeto por las legislaciones locales?
Carolina Martínez Elebi, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente de la carrera y especialista en Tecnologías de la Comunicación, dialogó con ANCCOM para entender el cambio en la política: “En principio la lógica de estas empresas se basa en prever los comportamientos de los usuarios para entender cómo funciona la plataforma y como es apropiada por la sociedad. Una cosa es cuando lanzás un producto o servicio y otra como se pone en juego en la sociedad”.
Según la especialista esta nueva política busca generar espacios cerrados que permitan unificar la información y los perfiles de los usuarios para monetizarlos a través de la publicidad en todo el ecosistema digital de una sola empresa: “Cuando digo espacios cerrados me refiero a que se busca que dentro de la plataforma hagas todo lo que quieras hacer. Es equiparar internet con la experiencia de Facebook como una experiencia unificadora: comprás y vendés productos, te comunicas con tu entorno, ofrecés servicios, subís fotos, todo en la misma plataforma y para una misma empresa”.
La nueva medida no solo generó desconfianza respecto a la privacidad de los usuarios sino que también provocó que muchos dejaran de usar el servicio para pasarse a Signal o Telegram, que ya superó los 500 millones de usuarios. Como explica Martínez Elebi: “Suele haber en una primera instancia una reacción individual, como si cada uno pudiera tomar esa decisión para hacerle frente a estas políticas. El tema de la privacidad no puede depender de un grupo de personas porque formamos parte de una red que está conectada con otros. Yo puedo eliminar WhatsApp, pero la red de contactos que suelo usar sigue ahí, por lo que termino siendo excluida de la información que circula en estos espacios”.
No obstante, a pesar de existir formas de comunicación alternativas y seguras, el problema es mucho más profundo ya que el Estado es el que debe proteger los datos de los usuarios que son utilizados para los negocios de estas empresas. Por esto, Martínez Elebi considera que estas situaciones “deberían servir como alerta a los Estados, sobre todo en Argentina. Esto tiene que ser una decisión conjunta y no puede caer en una acción personal porque no tiene efecto”. Es lo que ocurrió en Europa, donde se impulsaron condiciones de uso del servicio y privacidad que, por ejemplo, impone reglas de protección a las empresas que quieran trabajar en esa jurisdicción y con los datos de estos ciudadanos. No alcanza con que modifiquen las condiciones de uso y los usuarios las firmen, casi siempre sin leerlas.
Respecto a la legalidad de los términos y condiciones de los usuarios, la entrevistada explica que en realidad deberían depender de las leyes y regulaciones en protección de datos que haya en cada Estado: “En Argentina, los datos vinculados a la privacidad son un tema de debate constante y en distintos niveles. Quizás fue evidente con Uber o con la App cuidAR, pero según mi criterio, WhatsApp debería cumplir con la Ley de Protección de datos personales vigente en nuestro país”. En Argentina, la Dirección de Datos Personales depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Respecto a la ley vigente en materia de datos en el país, la especialista sostiene que, para que haya intercambio de datos, tiene que haber una ley homologada en un estándar mínimo de protección. También aclara: “Habría que ver qué pasa con los datos de operatividad que necesita whatsApp para funcionar como acceso a la ubicación, número de teléfono, información, número de imei, que son datos técnicos; es importante revisar qué datos son necesarios y cuales forman parte de su modelo de negocio”.
Igualmente, para la especialista es fundamental la instancia de concientización masiva acerca del uso responsable de la tecnología para entender la importancia de la privacidad: “Se tiene que entender por parte del Estado y la población que la privacidad es un valor a proteger. Es un derecho fundamental para que las personas puedan desarrollarse con mayor autonomía y pareciera que estas empresas lo transforman en una moneda de cambio; se da des-privacidad a cambio de las experiencias de usuarios y de confort, perdiendo la comprensión de que es un derecho elemental para las personas”.
Por lo tanto, si bien como usuarios se puede hacer un uso más consciente para disminuir su exposición, es imprescindible la responsabilidad y capacidad del Estado para regular y hacer cumplir la ley. Martínez Elebi concluye: “El Estado tiene que garantizar la protección de nuestro derechos de privacidad y generar una concientización colectiva para realizar reclamos concretos que hagan respetar nuestros derechos de privacidad”.
