Después de la represión a los manifestantes frente al Congreso y mientras se votaba positivamente la Ley Bases, las esquinas de los barrios porteños se llenaron de personas que batieron cacerolas para manifestar su desacuerdo. Mirá las fotos de ANCCOM.
Tras una jornada de más de 16 horas, la Cámara Alta aprobó el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el apoyo de senadores del radicalismo, el PRO, algunos provenientes del peronismo y el voto de desempate de Villarruel. Hasta último momento el Gobierno siguió haciendo concesiones para obtener su primer triunfo legislativo en seis meses de gestión.
La sesión inició a las 10.15 cuando el oficialismo consiguió el quórum con la presencia de 37 senadores. “Somos optimistas de que la ley va ser acompañada”, remarcó el primer orador y miembro informante de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, quien además anunció que el Gobierno quitó de la lista de empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, y que la norma tampoco suprimiría la moratoria previsional ni las pensiones por invalidez.
El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, segundo orador, adelantó su voto negativo al proyecto y cuestionó el artículo que le otorga facultades delegadas al Presidente de la Nación: “¿En serio le vamos a dar facultades delegadas? Yo no le daría poder a un director de escuela que diga que viene a destruir la educación pública”, afirmó, en referencia a los dichos del mandatario que se definió como “un topo” que pretende destruir el Estado desde adentro.
La noche anterior al debate, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano habían llamado a no dar quórum, lo que hizo temblar por un momento el tratamiento de la ley, dado que sus votos eran fundamentales para el oficialismo. El foco, entonces, se puso sobre Lousteau, que, finalmente, se convirtió en uno de los responsables de garantizar el quórum para abrir la discusión en el recinto.
En diálogo con ANCCOM, la referente de la izquierda Myriam Bregman señaló precisamente que Lousteau “tuvo una oportunidad histórica de jugar a favor de las mujeres, de los jubilados, de los trabajadores y las trabajadoras, pero eligió congraciarse con el poder”. Además, sostuvo que la sesión “ni tendría que haber empezado con la cantidad de hechos de corrupción que la rodean” y que la ley es “nefasta para el pueblo y que para votarla tuvieron que comprar voluntades y reprimir en la calle”.
Cerca de las 14.30, el senador de LLA, Francisco Paoltroni, expresó que el Gobierno ya contaba “con los votos en afirmativo” y que el beneficio de esta ley es “la recuperación de la economía, que va seguir cayendo la inflación, que un montón de trabajadores que están fuera del sistema van a poder encontrarse con un recibo de sueldo y que van a poder acceder a créditos sin interés”.
Pasadas las 16, los senadores de Unión por la Patria (UP) Anabel Fernández Sagasti y Eduardo “Wado” de Pedro pidieron una moción de orden para crear una comisión y hablar con los responsables de la represión que acontecía afuera del palacio legislativo. A esa altura, la multitud que se había congregado en la calle –que al mediodía se extendía desde el Congreso a la Avenida 9 de Julio- comenzó a dispersarse luego que la policía comenzara a reprimir con gases y balas de goma luego de que un grupito de personas que sospechosamente no pertenecían a ninguna columna comenzaran a tirar piedras e incendiar un auto.
El pedido de De Pedro y Fernández Sagasti generó una discusión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y De Pedro. “Expresé la moción, discúlpeme. Yo sé que usted reivindica un régimen distinto, pero esto es un sistema republicano y democrático”, dijo De Pedro. “No me haga entrar en su historia personal”, le respondió Villarruel. Mientras tanto, al interior del recinto se podían escuchar los disparos de la represión a los manifestantes.
Acto seguido, senadores de UP y del PRO salieron para mirar lo que estaba sucediendo y apenas lo hicieron quedaron envueltos en una nube de gas pimienta: “No se puede tratar una ley en un marco donde la gente no se puede expresar. Necesitamos hablar con el jefe del operativo para que nos garantice que el pueblo argentino se va a poder manifestar en paz sin que se lo violente”, reclamó la senadora Juliana Di Tullio. Sin embargo, la sesión continuó y la represión también.
A las 18, algunos senadores se acercaron al sector de prensa para brindar sus valoraciones del debate en proceso. El cordobés Eduardo Vischi (UCR) manifestó su preocupación frente a la intención, según él, de frenar la sesión para golpear al Gobierno. “No voy a avalar ningún tipo de violencia, ni de las fuerzas de seguridad ni de los manifestantes, por esto mandamos gente a verificar qué era lo que estaba pasando”, señaló. “Es una ley posible, es lo que necesita el Gobierno para llevar adelante su gestión y función, y fundamentalmente lo que hemos hecho fue tratar de darle modificaciones. propuestas e ideas que permitan que salga. En lo personal, voy a votar a favor en general”, agregó Vischi antes de retornar a su banca.
El senador por La Rioja Fernando Rejal (UP), entrevistado por ANCCOM, aclaró que la ley ya está impactando fuertemente en las provincias porque varias normas incluidas en ella, también están en el DNU 70/2023 que aún tiene vigencia, pese a haber sido rechazado en el Senado, porque no lo ha sido en Diputados, y por lo tanto las facultades delegadas le han permitido a Milei liberar la economía, el precio de los combustibles y de los medicamentos y el arancel de las prepagas. “La situación se ha hecho prácticamente insostenible para cientos de miles de familias, el salario de cada uno de los de los trabajadores se ha depreciado, las medidas recesivas que se han tomado han causado el aumento de la importación, por lo que muchas fábricas que producen en la Argentina comienzan a irse”, precisó.
“Estamos debatiendo los distintos aspectos de la Ley Bases, nosotros en general vamos a votar en contra porque no beneficia al conjunto de los argentinos, por el contrario, los perjudica. Escuchamos todas las opiniones, no obstante, hemos hecho evaluaciones a partir de los aportes de las fuerzas y sectores que conforman la sociedad argentina, y que han manifestado en sus respectivas actividades y realidades que no es una ley que resuelve los problemas de los ciudadanos”, añadió.
Respecto a la cacería de manifestantes que se desató fuera del Congreso, Rejal opinó que “lamentablemente tuvieron como protagonistas a quienes deben cuidarnos y que realmente usan la represión como un método para acallar a la sociedad. Somos parte de la comisión que ha sido conformada para ir a verificar cuáles son los hechos, así que hemos pedido un informe a quienes están a cargo de la seguridad para que podamos acercar la cuestión al pleno o al recinto. Este no es el camino”.
La provincia de La Rioja, a la que Rejal representa, tiene entre sus principales actividades a la industria textil, donde se han perdido más de 600 puestos de trabajo, y la construcción, que atraviesa un parate por el desfinanciamiento de la obra pública. “Rechazamos esta ley porque no se le puede delegar facultades a una persona que piensa o que sostiene que el Estado es una organización criminal, y que hay que destruirlo. Todas las decisiones que va a tomar en su gestión tienen que ver con el objetivo que él propone: destruir al Estado y cada una de sus reparticiones”.
A minutos de la medianoche, tras la intervención del formoseño José Mayans (UP), fue el turno del último orador, Ezequiel Atauche, jefe de bloque de LLA. En una primera votación, la ley se aprobó con dos votos de diferencia. Pero el festejo duró poco, porque la santacruceña Natalia Gadano –quien había denunciado amenazas contra ella y su familia para que vote a favor– dijo que le habían registrado mal su voto negativo, por lo cual el tablero, en una segunda votación, quedó empatado en 36.
Así entró en escena, nuevamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien antes de volcar el resultado a favor del Gobierno, destacó que lo que se debatía no era una simple ley. “Hoy vimos dos Argentinas, una violenta, que incendia autos y arroja piedras poniendo en juego el ejercicio de la democracia, y una Argentina de los trabajadores que esperan que se respete la votación que en noviembre pasado eligió un cambio”.
A continuación comenzó la votación por capítulos de la ley, que fueron todos aprobados. En el caso de RIGI, el gobierno tuvo que presentar una nueva corrección en el mismo instante de la votación de manera que no sea rechazado. Esta vez, incorporó la obligación para las empresas inversoras de utilizar por lo menos un 20 por ciento de insumos a través de la compra a empresas nacionales.
Ahora bien, ¿cuál será el verdadero país que se viene para los casi 50 millones de argentinos y argentinas? ¿Qué libertades hemos ganado, cuáles hemos perdido? Ahora la ley deberá volver a Diputados para su sanción definitiva.
Organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos políticos y autoconvocados se acercaron a la Plaza del Congreso para repudiar la Ley Bases. Pero todo terminó con represión, autos quemados y detenidos. El Gobierno logró su objetivo de aprobar la norma con las calles despejadas de manifestantes.
Sindicatos, organizaciones sociales, sindicales, organismos de Derechos Humanos y personas autoconvocadas llamaron a una movilización en la Plaza del Congreso con el objetivo de manifestarse contra la Ley Bases, aprobada en general esta medianoche por el Senado de la Nación. La congregación finalizó con disturbios, una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, heridos y más de 30 detenidos por la policía Federal y de la Ciudad. El Gobierno logró su objetivo de votar la Ley de Bases ya sin grandes manifestaciones en la calle.
Luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, la Ley Bases, promulgada por el gobierno de Javier Milei, inició su debate en el Senado de la Nación el miércoles 12 de junio, con el acompañamiento de manifestaciones fuera del recinto. El proyecto oficialista, denominado «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», cuenta con 232 artículos que pretenden una “reforma del Estado” según los lineamientos ideológicos del presidente de ultraderecha. Entre los puntos más destacables se encuentran la declaración de estado de emergencia del país y la concesión de facultades delegadas al Presidente; la implementación del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) que incluye transformaciones sobre los estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios; y todo un paquete de reformas laborales. Con las negociaciones para conseguir los votos necesarios, quedó en el camino la anulación de la moratoria jubilatoria y las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo, Radio Nacional y la TV Pública.
La columna de manifestantes ocupaba toda la Plaza Congreso y se extendía por avenida de Mayo hasta la 9 de Julio. Cada vez llegaban más manifestantes hasta que cerca de las 16 comenzaron los incidentes. El operativo policial parecía desproporcionado y provocador. Sin embargo, los propios organizadores utilizaban el micrófono para llamar a los asistentes en no caer en provocaciones y evitar confrontar con los uniformados. Pero el clima se fue caldeando. La Policía tiró gas pimienta a un grupo de diputados de Unión por la Patria y al rato un pequeño grupo que sospechosamente no se identificaba con ninguna columna comenzó a dar vuelta el auto de la radio cordobesa Cadena 3 e incendiarlo. A partir de ese momento, todo fue caos: gases, balas de goma, palazos, piedrazos, tachos incendiados y por lo menos tres decenas de detenidos al azar. Aparentemente ninguno vinculado con el incidente del auto.
Antes del caos.
Nicolás del Caño, diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas, en diálogo con ANCCOM, en la Plaza del Congreso reclamó: “No hay un un paro general como el que debería darse para estar a la altura de estas circunstancias y, a pesar de eso, miles de trabajadoras y trabajadores, jóvenes, y jubiladas y jubilados, se han organizado para venir hoy”. La movilización, convocada desde las nueve de la mañana por un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores de Economía Popular (UTEP), y las dos CTA, entre otros, congregó a miles de asistentes con sus pecheras de colores, carteles con inscripciones como “la patria no se vende, el futuro se defiende”, “no a la Ley Bases”, y bombos para acompañar los cánticos.
Por su parte, Florencia Franco, militante del Nuevo MAS y de la agrupación Ya Basta de la Universidad Nacional de La Plata, reflexionó: “La convocatoria por parte de los sindicatos, que era urgente y necesaria, no estuvo para la sesión en Diputados. Hoy faltó un paro para que realmente sea contundente, pero estamos viendo que la movilización es masiva y da cuenta de que los trabajadores no quieren que pase esta ley ni este nivel de ataque por parte del gobierno”.
Dentro de la Ley
“Respecto de las condiciones de los trabajadores, esta ley implica modificaciones y pérdida de derechos históricos que en nuestro país tienen más de 100 años. Hay que defender la legislación laboral y sobre todo los derechos de las mujeres y hombres trabajadores”, afirmó Ernesto Darío Orsi, docente de escuela secundaria de la Provincia de Buenos Aires e integrante del Movimiento de Derechos Humanos.
“Estamos acá en defensa de la democracia como vida”, continuó Orsi, entre estallidos de pirotecnia y compañeros a su alrededor entonando las estrofas del Himno Nacional, y agregó: “Rechazamos esta supuesta ley que tiene como proyecto la enajenación de la soberanía de nuestro país en todas las áreas que son estratégicas y que nos permiten mantenernos como una nación independiente”.
Florencia, con la bandera roja del MÁS ondeando detrás suyo y frente una hilera de gendarmes, reflexionó: “el RIGI es una entrega de los recursos naturales. Toda la ley se trata de una serie de ataques concretos de este gobierno para avanzar de golpe con todo un programa de reformas estructurales gravísimo y que hay que enfrentar en las calles”.
Otra arista importante dentro de la ley refiere a la implementación de reformas laborales, que significarían menos protecciones para los trabajadores, como periodos de prueba que podrían extenderse hasta un año y una indemnización pagada por el sueldo del propio trabajador.
Atenas Angel es trabajadora del Estado de la administración pública nacional y pertenece al colectivo travesti-trans. Ella describió cómo se ve afectada junto con otras compañeras del colectivo por las políticas que viene implementando este gobierno: “Son políticas de recorte y no tienen en cuenta que hay otras realidades que viven mucho más la violencia del hambre y la prostitución en el caso de las chicas trans”.
Frente al interrogante de cómo impactaría la Ley Bases sobre la población travesti, trans, respondió: “Si no tenemos la posibilidad de mantener nuestra empleabilidad y que se garantice la accesibilidad y la permanencia, seguimos siendo doble o triplemente agredidas por el sistema. La Ley Bases va a impactar sobre nosotras en las futuras contrataciones. El colectivo trans no es tomado como parte de la clase obrera trabajadora, entonces necesitamos ese reconocimiento”.
En consonancia con la denuncia de Atenas Ángel sobre la situación del trabajo en poblaciones vulnerables, Merla de Act Up Argentina, contó sobre el impacto de las políticas de Milei en la población con VIH: ”Nos están matando lentamente en general, y a las personas con VIH en particular. La medicación está peligrada, las obras sociales no están dando la medicación, las prepagas están echando personas. Las pensiones y jubilaciones de las personas con VIH están trabadas porque no hay personal dentro del Anses para aprobarlas”, describió.
Sobre el impacto que tendría la Ley Bases en la vida de las personas con VIH, Merla detalló: “Para empezar la precarización laboral. Aunque no se pueda hacer examen preocupacional lo hacen y no conseguimos trabajo. Ahí ahonda más porque permite el despido por discriminación. Solo tienen que pagar una multa”. Por otra parte recordó: “Nos quedamos muchas veces afuera del espacio laboral, porque si sos de una ciudad chica, como exponen tu diagnóstico todos lo saben y no te contratan. No va a haber más pesquisas ni medicaciones públicas nacionales, que sean más baratas para el Estado y para nosotros”.
Un Congreso militarizado
Coronas de gendarmes rodeaban las inmediaciones del Congreso, conforme las indicaciones del protocolo antipiquetes determinado por la ministra Patricia Bullrich. Del Caño dijo al respecto “me parece que con este operativo, lo que intentó Bullrich es generar miedo”.
Desde las 16, la policía empezó a reprimir a aquellas personas y movimientos sociales que se encontraban reunidas en Plaza Congreso. Sobre el protocolo antipiquete, el diputado de izquierda afirmó que las autoridades “gastan una fortuna. A pesar de sostener que no tienen plata para los jubilados, tienen plata para reprimir, para los gases, para los palos y para coordinar un operativo con miles de gendarmes”.
Un smog de gas lacrimógeno llenó de humo todas las inmediaciones. La calle Hipólito Yrigoyen se encontraba completamente cortada por decenas de policías a pie, motorizados y con camiones hidrantes, mientras se adelantaban por las paralelas e intersecciones del Congreso. Desde un balcón alguien gritó “Viva la libertad, carajo”, mientras los policías motorizados disparaban balas de goma y avanzaban sobre las personas movilizadas que se habían resguardado en las veredas de la Avenida de Mayo, entre Sáenz Peña y San José.
“Soy vecina del barrio y antes de las cuatro ya estaban reprimiendo. Había muchas personas que fueron rociadas con gas pimienta y hubo corridas por parte de la policía”, atestiguó Atenas Angel.
Quedaron containers prendidos fuego en medio de la calle y algunos tachos de los que salía una gran cantidad de humo. Quedaron algunos carteles abandonados en la calle y las veredas con las consignas “La patria no se vende” y “La ley bases va contra el medio ambiente, derechos humanos, constitución. ¡Fuera Milei!”. Algunas personas se resguardaron en los negocios y las tiendas cercanas, al tiempo que se cubrían la boca y nariz con pañuelos y telas. Los disparos y motores de las motos eran tapados por las sirenas de los policías, bomberos y ambulancias.
Sandra Lizza es trabajadora en Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Llevaba un pañuelo que le cubría la nariz y la boca. Contó que la policía cortó el tránsito de la Avenida Callao desde temprano. Se encontraba sobre la calle Rivadavia cuando empezaron a avanzar sobre las personas, tirando gas pimienta y balas de goma: “A mi amigo le rebotó una bala en un puesto de diario y le dio en el brazo”, detalló. Lizza manifestó que lo que más le preocupa de la Ley Bases es “La soberanía. Perdés la soberanía, perdés todo”.
En relación a otros momentos históricos Lizza considera que lo que es peor en relación al 2001 no es la represión sino el sadismo: “Esta maldad hacia los pobres, no querer darles la comida. Ahora hay mucha maldad” Y finalizó: “Si no te matan de hambre, te matan con el discurso”.
Marina Vega se encontraba encolumnada en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) del Frente de Izquierda cuando la policía les lanzó bombas con gases al interior de la columna: “Yo los vi con unas máscaras naranjas, pero no con ropa de policía”. Vega es madre soltera de tres hijos. Trabaja por hora y estudia. Participa de ferias populares para poder llegar a fin de mes. Ella manifiesta encontrarse en la movilización “por los derechos que se pierden con esta ley.”. Asegura que en general toda la ley perjudica a los que menos tienen y beneficia a los más ricos, pero que lo que más le preocupa es “lo que no podemos recuperar, que son nuestros recursos naturales. Lo que se está poniendo en juego con esa ley es el futuro de nuestras generaciones y nuestras propiedades. Es como que entren a mi casa, me usen el piso, el agua, todo; y yo pague la luz”.
Con más de treinta detenidos y contando, autos quemados, nubes de gas, jubilados golpeados, cientos de heridos y hasta diputados afectados, en un Congreso rodeado no solo por la Policía de la Ciudad sino también la Prefectura Naval, alrededor de las 20 empezaron a escucharse cacerolazos. La concentración se realizó en la Avenida Juan Domingo Perón y Callao donde los autoconvocados de asambleas interbarriales y vecinos que se iban acercando se escontraron obstaculizados por un cordón policial que se expandía a lo ancho de la Avenida. Mientras se escuchaba el sonido metálico de decenas de cacerolas sonando al mismo tiempo, los manifestantes comenzaron a cantar “La patria no se vende”. El cartel de un manifestante decía: “Milei gobierna para el 1% más rico”. Los cacerolazos se fueron replicando en los diferentes barrios porteños.
Franco del Nuevo Más, concluyó: “Vivimos en un país con unas calles conquistadas por la lucha de los trabajadores. Esto da cuenta de que hoy el Gobierno tiene miedo a esta movilización y la permanencia en la vía pública. Por eso reivindicamos seguir acá, continuar resistiendo el protocolo y derrotarlo”.
Un día antes de que se trate en el Senado la Ley Bases, distintos gremios de trabajadores de empresas estatales y organizaciones sociales entregaron miles de firmas para exigirles a los legisladores que voten en contra de la normativa.
Este martes, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) organizó una conferencia de prensa en contra de la privatización de empresas del Estado, planteada dentro de la Ley Bases, y posteriormente entregó a senadores y diputados en la puerta del Congreso de la Nación las firmas recolectadas en rechazo al desguace del Correo Argentino y la Radio y Televisión.
Si bien el proyecto de ley había sido inicialmente rechazado a principios de febrero en la Cámara de Diputados, el martes 30 de abril una nueva versión de la norma obtuvo una votación afirmativa. Dividida en 10 títulos, la Ley Bases cuenta con tópicos dirigidos a la declaración de emergencia, la reforma del Estado, la promoción del empleo registrado, el avasallamiento de derechos laborales bajo el eufemismo de “modernización laboral”, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y cambios previsionales que incluyen el final de moratoria. Ademá,s contiene un anexo con las empresas públicas sujetas a privatización o a concesión.
Este miércoles 12 de junio la Cámara de Senadores debatirá la Ley Bases desde las 10 de la mañana, a lo que horas previas al acontecimiento, distintas organizaciones y trabajadores de empresas del Estado se manifestaron frente al Congreso.
A las 14 ya se podían identificar distintos gremios de las empresas estales como Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, sindicatos de medios públicos como Radio Nacional, Televisión Pública y Télam.
Al cántico de La patria no se vende, el acompañamiento de bombos, aplausos y al ritmo de bocinas de autos que pasaban por el Congreso, la presencia de más personas comenzó a notarse, mientras distintos carteles y banderas en movimiento de cada gremio ocuparon la vereda.
El secretario general de SiPreBa Agustín Lecchi tomó el micrófono para dar inicio a la conferencia. Expresó su satisfacción por estar representados en unidad a pesar del contexto adverso y mencionó un total agradecimiento a todos los gremios que pudieron venir. “No sólo venimos peleando en contra de la privatización de nuestras empresas públicas que cumplen un rol fundamental sino en contra de la Ley Bases, en contra de la Reforma Laboral, en contra de la quita de derechos, en contra del RIGI y en contra de toda esta política económica y social que promueve el gobierno de Javier Milei”, expresó Lecchi.
Luego tomó la palabra Natalia González, secretaria general de AATRAC (Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones), quien manifestó la necesidad de llenar las calles y hacerse oír frente a medidas que son socialmente perjudiciales. “Estamos para defender nuestras empresas, nuestros salarios, nuestros trabajos, nuestras familias pero por sobre todo para defender la soberanía y el federalismo”. Expresó el esfuerzo colectivo de sus compañeros y compañeras en juntar firmas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional; ya sea con los usuarios del correo, con los oyentes de la radio, con los vecinos y con los trabajadores. “Y nadie mejor que el interior del país para entender la necesidad de las empresas de Radio Nacional y del Correo para el desarrollo de las economías y de los pueblos” dijo González.
En tanto, Alejandro Kogan, secretario de prensa de Aeronavegantes por Aerolíneas Argentinas, manifestó el profundo rechazo a toda intención de privatizar y promover un modelo de país que le entregue al sector privado lo que le corresponde al sector público: un modelo de país basado en el individualismo. “Entendemos y vivenciamos todos los días quienes ponemos nuestra fuerza de trabajo que Aerolíneas Argentinas es estratégica para el desarrollo de la producción en todo sentido. Llegamos a lugares de la patria donde el sector privado no querría ir, porque lógicamente el sector privado se nutre de adquirir ganancias”, dijo Kogan. Además, expresó la importancia de reconocer que Aerolíneas generó ganancias millonarias no solo de forma directa sino indirecta. “Donde va Aerolíneas Argentinas se desarrolla el turismo, la cultura, la gastronomía y todas las esferas de la industria nacional”. Finalmente, expresó la notoria diferenciación de Aerolíneas a cualquier otra empresa que solamente se encarga del turismo. “Aerolíneas transporta órganos para ser trasplantados, transportamos permanentemente pasajeros con requerimientos especiales y principalmente lo que buscamos es que con nuestra estrategia la interconectividad de los pueblos esté garantizada”.
Amanda Alma, miembro de AATRAC y en representación de Radio Nacional, también expresó su preocupación por la dramática situación del país y puso el foco sobre la presencia y apoyo que se viene demostrando desde la radio. “Nuestra lucha, nuestra participación, la presencia del pueblo en estos momentos hace posible que todo pueda organizarse. A los senadores les decimos que rechacen la Ley Bases que no hace más que hacerle daño a la Argentina. Nosotros venimos a mostrarles cómo las audiencias de todo el país quieren a su radio pública, quieren a su televisión pública y necesitan de estos medios”.
En el cierre de la conferencia, la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), secretaria adjunta de SiPreBa y trabajadora de Télam, Carla Gaudensi, acentuó su discurso en la necesidad de no privatizar la soberanía y en no privar a los ciudadanos y ciudadanas al acceso de todos los puntos del país. “Cualquiera de las empresas públicas que estamos representadas acá son parte de nuestra patria, parte de lo que nosotros definimos como esa extensión territorial que tiene nuestro país y que las garantizamos entre distintas acciones. Ya sea desde la comunicación o garantizando la trazabilidad y la operatividad que tiene el correo y lo mismo en el ámbito de la línea de bandera”, dijo Gaudensi. Añadió que permitir que la ley se sancione sería ir en contra de las mayorías populares. Por último, brindó un mensaje de aliento diciendo que es importante no bajar los brazos, llenar las calles y mostrarles a los senadores que deben votar a favor de lo que el pueblo necesita.
Finalizada la conferencia, distintos miembros de cada gremio fueron poniéndose en fila para doblar por Hipólito Yrigoyen hacia la entrada de la Cámara alta para entregar a los senadores las firmas que fueron recolectadas en todo el país con el fin de defender a Radio Nacional y al Correo Argentino diciéndole no a las privatizaciones, no a la venta de empresas e incitando un rechazo colectivo a la Ley Bases.
A las 15, se volvieron a presenciar los aplausos y bocinas al ritmo de “La patria, el correo y la radio no se venden”. Luego de un prolongado pasamanos, 16 urnas fueron acumuladas en la puerta del Congreso de donde saldrían los senadores. Unos minutos más tarde, los gremios dieron un prolongado aplauso a diputados del Frente de Izquierda, entre ellos Vanina Biasi, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Myriam Bregman, quien acaba de finalizar su mandato. También se hicieron presentes veinte senadores, en su mayoría de Unión por la Patria: Alicia Kirchner, José Mayan, Carolina Moisés, Carlos Linares, Oscar Parrilli, Sandra Mendoza y Fernando Rejal, entre otros. Con una sonrisa y al grito de ¡La patria no se vende!, los senadores fueron tomando cada urna y alzando carteles que rezaban “Sin medios no hay democracia” y otros que decían “Los cielos no se venden”.
Finalmente, la exdiputada Bregman prendió un megáfono y dijo: “Es nuestra obligación mencionar que extrañamos a la TV Pública en cada una de las actividades. Sabemos lo que significa la Radio Nacional en todo el país. Los necesitamos, mañana vamos a ser miles y miles en la plaza para defender el Correo Argentino, las Aerolíneas Argentinas y los medios públicos”.
Al cierre de esta edición, mientras las fuerzas de seguridad se instalaban frente al Palacio Legislativo al mismo ritmo de un enorme vallado, dirigentes y organizaciones opositoras desplegaron una vigilia, con una radio abierta y números artísticos. Cerca de las 21 se habían acercado los dirigentes de Unión por la Patria, Agustín Rossi y Gabriel Katopodis.
Los votantes de Javier Milei evalúan los primeros seis meses de su gobierno.A pesar de admitir que padecen el impactante ajuste, siguen primando en ellos la paciencia y la apuesta por «lo nuevo». Asumen la necesidad de un sacrificio para llegar a la Tierra Prometida, aunque ya se escucha algún reclamo para que los recortes se den en los sectores de mayores ingresos.
Según distintas encuestas la imagen del presidente Javier Milei cayó levemente durante los primeros seis meses de gestión, aunque mucho más que la de presidentes anteriores en un período similar. El mandatario logró sostener el núcleo duro y gran parte de los votantes blandos lo siguen apoyando a pesar del impactante ajuste económico. Su principal bálsamo hasta ahora es la paciencia de sus electores que, aún disconformes, no le han retirado el apoyo. Esa lealtad está en muchos casos condicionada al devenir de los bolsillos de acá a los próximos meses según pudo hablar ANCCOM con algunos de ellos.
Juan Alejandro, jubilado de Vicente López y votante de Milei que prefiere no decir su apellido, hizo un balance de los primeros meses de gobierno: “Yo a Milei lo veía bien, era el cambio, no queríamos saber más nada con el peronismo. El gobierno está haciendo cosas bien y está haciendo cosas mal. Lo bueno es que está sacando a relucir cosas tapadas del gobierno anterior, pero por otro lado castiga a todo el mundo”.
Alejandro, dedicó gran parte de su vida a trabajar como técnico de audio y TV realizando services. Su actividad, asegura, le permitió una buena vida y hasta comprar una vivienda. Sin embargo, hoy no se reconoce como parte de esa clase media a la que en algún momento perteneció: “Yo antes arreglaba un control remoto cualquiera y con esa plata me iba a la casa de miel que está acá en la esquina y me compraba cuatro kilos. Ahora no podría hacer eso ni por casualidad”.
Consultado acerca de cuáles son sus principales preocupaciones, Juan sentenció: “Lo más preocupante son los aumentos desmedidos para la gente de abajo: los servicios, la luz, el gas, el agua… Tendrían que hacer un cuadro de consumo en cada servicio y cobrarle más al que se excede, no a todos; deberían castigar al que gasta de más para que no derroche y mantener el subsidio para el que está economizando”.
Su molestia no se agota en el aumento de los servicios: “El alimento primordial es el pan. Lo come desde el más pobre hasta el más rico. No puede salir lo que sale. En todo lo básico, que es lo que más se consume es donde más te castigan; no hay un tiro que haya salido para la gente laburadora, la gente de abajo. No puede ser que el pan aumente un 300% y a un jubilado le aumenten el 18%”.
Juan, al igual que otros votantes de Milei, se siente decepcionado con los primeros meses de gestión. “Esperaba de este gobierno cumpliera con lo que prometió con respecto a lo de la casta, dijo que iba a meter presos a todos y no está preso nadie. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la limpieza? Sigue todo igual, entre bomberos no se pisan la manguera.” Y afirma: “Yo no veo la luz, me están diciendo cosas que no veo, lo que dicen no se cumple”.
Ellos, los que la ven
“La expectativa es que cambie, que mejore. Esto no se arregla en seis meses, porque está todo hecho mierda, es muy difícil cambiar de un día para el otro”, afirma Daniel, trabajador de Pedidos Ya. Enfundado en su traje rojo y con el casco de moto en la mano se toma un minuto en la vorágine de la avenida 9 de Julio para hablar con ANCCOM y respaldar la gestión del presidente. “Si tuvimos paciencia en otros años cómo no vamos a tenerla ahora”.
Daniel asegura no tener interés en la política y no prestar atención a lo que diga el presidente, pero tiene sus argumentos para apoyarlo: “Yo quería un cambio, estaba cansado de los anteriores gobiernos”. Para él, la situación no ha empeorado desde la asunción de Milei: “Desde el bolsillo estoy bien, no noto demasiadas diferencias en relación a los precios con respecto al gobierno anterior”.
Así como Daniel reconoce no estar interesado en la política, otros votantes de Milei sí se interesan y se informan. Brian, que trabaja en un puesto de Flores en la calle Lima, en pleno centro de la ciudad, cree que el presidente está bien encaminado: “Los objetivos del gobierno se tienen que cumplir, el equilibrio fiscal va a llegar en algún momento. No creo que vaya a subir la inflación, porque no va a haber tanta emisión monetaria”. Además, señala la importancia de eliminar impuestos para favorecer la situación económica de los habitantes: “Hay que sacar impuestos, así la gente deja de pagar de más. Eso va a hacer que mejore el bolsillo”
Consultado acerca de la Ley de Bases, Brian respondió: “Es fundamental para que se efectúen los cambios y se estabilice la economía. Se están cambiando las reglas del juego. Sería un cambio a favor si se logra aprobar en el Congreso.”
Sobre la posibilidad de una reforma laboral Daniel asegura: “El trabajador a veces tiene mucho poder, con un juicio laboral se puede fundir una pyme. Aunque creo que el periodo de prueba tiene que seguir siendo de tres meses, porque si no se especula con el trabajo de la gente. Hay que conseguir un equilibrio que favorezca al empleador y al trabajador”.
A pesar de estar conforme con la gestión del presidente, Brian reconoce algunos errores que podrían complicar al Gobierno: “Milei se postuló a las elecciones con gente supuestamente nueva, pero cuando se alió con Macri le pusieron dirigentes que estuvieron antes, en otros gobiernos, eso es algo que hay que cambiar. Por ejemplo, Pablo De la Torre (ex secretario de Niñez y Familia), era un funcionario macrista y tenía ñoquis trabajando para él, eso se comprobó”. En este sentido, Brian intuye la posibilidad de fuego amigo relacionado a la problemática de los alimentos acopiados en depósitos: “Con respecto al problema de la comida vencida alguien del gobierno informó por afuera, ¿si no cómo se enteró Grabois? Igualmente creo que los alimentos tendrían que haberse repartido, eso no le hace daño al Estado”.
Otra crítica que le hace al Gobierno se vincula al ajuste que se está efectuando: “Fue muy apresurado, debió ser mucho más gradual, pero hasta este punto creo que lo hemos soportado por la esperanza que de aquí a un año podamos estar mejor y haciendo las cosas bien, es el sacrificio que se está bancando todo el mundo, aunque muchos están disconformes la gente está aguantando. Muchos dijeron que Milei se iba al tercer mes, pero sigue ahí”.
Las palabras de Brian describen muy bien el sentimiento de gran parte de la población, que a pesar de la desmejora económica, sigue sosteniéndose en la esperanza de un futuro mejor. Algo de lo que se ha jactado el Gobierno, enorgulleciéndose de cómo el ajuste se ha piloteado con éxito en términos sociales.
Otras personas no enfocan su discurso en la posibilidad de un futuro mejor, si no en la molestia sobre un pasado con el que están disconformes. Uno de ellos es Fernando Enrique, quien tiene un local de indumentaria deportiva en Vicente López. Apoyado sobre su mostrador, con el mate a un costado de la mesa y la televisión siempre encendida en algún canal de noticias. Aprovecha el escaso flujo de clientes, para dialogar con ANCCOM sobre los primeros meses de gestión del presidente Milei. “No vivíamos en una realidad, estaban subvencionadas las cosas” dice, haciendo referencia a la situación en la que se vivía durante el gobierno anterior, con el cual se muestra muy disconforme. Si bien reconoce la dificultad de la situación y el bajo nivel de consumo, responsabiliza de la situación a los anteriores gobiernos “Veníamos de una irrealidad”, afirma molesto. Además de dejar entrever que Milei no le parece un presidente ideal, aunque de todas formas lo prefiere por sobre lo que está del otro lado: “Ves tipos que toda su vida hicieron negocio con los pobres y ya no hace falta decir ni explicar nada, son tipos que nunca trabajaron”.
Los números
Todo indica que la imagen del presidente está atada en gran medida a los logros económicos. Con el inicio del 2024 y la disparada de precios, la imagen de Milei –según algunas encuestas- cayó aproximadamente 10 puntos en relación a su pico de popularidad poselectoral, aunque en este último mes logró recuperarse a caballo de la baja del porcentaje de inflación, esa sensación de haber domado al monstruo pudo haber ayudado a recuperar un poco del terreno perdido.
El Gobierno, mientras tanto, intentará extender lo máximo posible la luna de miel presidencial haciendo intervenciones desmesuradas aquí y en el mundo. Por ahora esta táctica da frutos, entre tarifazos, aumentos e inflación, Milei ha logrado salir relativamente indemne –por lo menos hasta el escándalo de los alimentos-, además de crear la sensación, al menos en un sector de la sociedad, de que la inflación está bajando y que su gestión trajo un saneamiento.
Desde el gobierno se golpean el pecho con los índices de popularidad del presidente, aunque estos, puestos bajo la lupa, pueden tener lecturas variables. De cualquier manera esto es Argentina y todos los supuestos pueden volar en el aire tras el soplido de cualquier acontecimiento.
Uno de los capítulos más controvertidos de la Ley de Bases es minuciosamente analizado por críticos y defensores. El modelo de desarrollo económico, la soberanía jurídica, el cuidado ambiental, la calidad del empleo y la equidad impositiva, entre otros temas que se ponen en juego con la nueva normativa. ¿Saldrá airoso o será rechazado en el Senado?
Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente para recordar a los gobiernos de todo el planeta la importancia de llevar adelante políticas que promuevan la preservación y mejora del ambiente. Son 52 los años que pasaron desde que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció la efeméride. Lo hizo en homenaje a la Conferencia de Estocolmo, que fue la primera gran disertación sobre temáticas socioambientales que hubo a nivel internacional y cuya apertura tuvo lugar el 5 de junio de 1972 en Suecia.
No obstante, en estos días el Senado de la Nación ha estado muy lejos de debatir qué acciones se podrían realizar en Argentina para proteger el ambiente y, en consecuencia, promover el bienestar de la población y fomentar un desarrollo económico sustentable y equitativo. Por el contrario, los senadores han estado discutiendo en comisiones los detalles del “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), uno de los capítulos del proyecto “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que busca profundizar el modelo de desarrollo extractivista con el objetivo de promover una mayor industrialización en el país y su consecuente generación de empleo.
Según el texto del proyecto de ley, que está disponible para su lectura exhaustiva en www.infoleg.gob.ar, el RIGI pretende “dar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” a empresas nacionales y extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares en proyectos vinculados a infraestructura, agroindustria, minería, gas, petróleo, el ámbito forestal, energía y tecnología “a fin de garantizar la prosperidad del país, promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior, favorecer la creación de empleo, generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones previstas en el RIGI y desarrollar coordinadamente las competencias entre el Estado nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales”.
Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), dijo al respecto: “Se trata de una faceta mucho más agresiva del extractivismo, porque no sólo promueve inversiones de gran tamaño para profundizar nuestra matriz productiva sino que ni siquiera tiene en consideración el desarrollo de los lugares en los que se produce. Lo que siempre discutimos de la matriz extractivista es que muchas veces puede ser valorada por los actores de la comunidad en donde se da porque genera trabajo, pero en este caso ni siquiera está eso porque pueden traer personal de afuera directamente, sin necesidad de formar al personal de acá para que en el futuro pueda conducirlo. El régimen no fomenta ni obliga a la compra nacional, que podría favorecer a las empresas más pequeñas que podrían proveer algún material necesario para la explotación. Ese es el más crudo de los extractivismos porque es venir, explotar y ni siquiera dejarle algo a la gente que está ahí. Además de profundizar el extractivismo, genera un colonialismo”.
“Eso no es así —se opuso Lisandro Almirón, abogado y diputado nacional por La Libertad Avanza, en diálogo con ANCCOM—. Para cualquier inversión de gran envergadura necesitás motorizar todos los sectores de la economía que hoy pueden estar en recesión. Una es la construcción de caminos, edificios, viviendas. Puede venir mano de obra de otro lado, que no sea de Argentina, pero generalmente se da en cuestiones muy técnicas, cuando otros países tienen recursos humanos que por su formación y capacidad hacen indispensable su presencia en la industria local. Pero el que invierte busca precio, calidad y que su producto pueda ser vendido, exportado, competitivo en el mercado. En la Argentina de principios del siglo pasado las grandes obras no se hicieron solamente con mano de obra local. Los ferrocarriles eran capitales extranjeros y se han fundado pueblos gracias a esa industria, lo mismo con las exploraciones petroleras. No tener en cuenta eso es desconocer la historia. Pero hay que confiar en los recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las universidades que tiene el país, hay gente formada para cualquier desarrollo industrial. No podés pensar que la inversión no va a venir acompañada de absorción de mano de obra local calificada. No nos desarrollamos porque tenemos una mentalidad mezquina y conservadora de decir: ‘Dejemos a todos como estamos, inmersos en la pobreza, no generemos inversiones y veamos cómo seguimos arreglándonos con lo que tenemos, sin desarrollo, sin producción y sin tener valor agregado’. Esa visión de pensar que todo lo que viene hará un daño me parece arcaica y mezquina”.
Por su parte, Facundo Ríos, abogado especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente, señaló a esta agencia que “al no tener definiciones concretas en un marco jurídico argentino sobre cuáles van a ser para nosotros las evaluaciones de impacto ambiental y cómo vamos a demostrar que las empresas que vienen a invertir desde el extranjero no contaminan el ambiente, vamos a seguir viviendo en un híbrido donde las provincias pueden determinar sin grandes consecuencias cuáles son para ellas esas evaluaciones. Si no tenemos una Ley de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional —advirtió Ríos—, es muy difícil que podamos determinar parámetros estándares para que un empresario que quiera venir a invertir no tenga un conflicto legal permanentemente en este país. El RIGI es contrario al orden jurídico actual. Si vos hacés una diferencia ante la ley entre una empresa grande y una chica, lo más probable es que yo te declare inconstitucional esa parte de la norma. Lo que más me preocupa es que a las empresas extranjeras les dejen llevarse los recursos naturales como quieran, les den exenciones impositivas y les permitan no tener sus inversiones integradas a los mecanismos productivos del país”.
En cambio, Almirón dijo que “eso de que no hay mediciones de las consecuencias de la explotación de los recursos naturales es una interpretación muy subjetiva. Con ese criterio los países desarrollados no podrían haber llegado a los estándares de competitividad a los que han llegado en los últimos años. Quedaríamos muy atrás con un razonamiento muy rígido respecto al ambiente. En Argentina los bonos verdes tienen cada vez mayor aceptación porque otros países valoran que este país no produzca y siga pudiendo ser la reserva ecológica mundial. Pero mientras nosotros somos eso, el resto de los países sigue generando valor agregado a su materia prima y sigue mejorando su calidad de vida. Entonces si vas a medir en función de no aumentar tu PBI con argumentos que son muy radicales respecto al cuidado del ambiente y no hay inversiones por las consecuencias en el impacto ambiental, y si a eso le agregás la falta de credibilidad y seguridad jurídica, estamos muy lejos de sacar el país adelante. Yo no comparto la Agenda 2030, no creo que ese sea el camino para los países que quieran desarrollarse”.
La agenda a la que se refirió el diputado también se conoce como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se estableció en septiembre de 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En aquella oportunidad 193 jefes de Estado aprobaron un documento que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas que se deben aplicar de forma universal. El Gobierno nacional argentino que asumió en diciembre de 2015 en ese momento tomó el compromiso de implementar esa agenda mundial a nivel local. Entre sus objetivos se encuentran el de garantizar el acceso a una energía asequible y no contaminante así como a modalidades de consumo y producción sostenibles, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la biodiversidad, entre otros.
Hay que recordar que el extractivismo implica arrancar los recursos naturales y materias primas de la tierra, tales como diamante, oro, plata, cobre, madera y petróleo, entre otros, para venderlos en el mercado mundial. “El principal destinatario del RIGI son las grandes empresas mineras, cuyo principal insumo es el agua. Argentina es el cuarto país del mundo con más conflictos ambientales en torno a la minería, y estamos hablando de un régimen que no tiene precedentes en el mundo. A las inversiones que lleguen se les dan unos beneficios que son absurdos para la explotación en el país”, afirmó Micaela Oroz, referente de la organización ambientalista “Ahora qué?”.
Oroz contó que existen diferentes líneas de pensamiento en el ambientalismo respecto de actividades como la minería y el fracking, una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo de los subsuelos que promueve la fractura de las montañas para extraer minerales e hidrocarburos. Dijo que existe una postura “más dialoguista” que si bien reconoce que esas actividades extractivistas son las principales emisoras de gases de efecto invernadero y generan consecuencias ecológicas como el cambio climático y la crisis de biodiversidad y de gestión de los plásticos, sostiene que la mayoría de los países que hoy impulsan las restricciones a las actividades de impacto ambiental pudieron desarrollarse por la explotación de los recursos en los países subdesarrollados. “Esta línea sostiene que el extractivismo está mal, pero pone en entredicho una oposición tajante a todo, pensando en el desarrollo estratégico a largo plazo para que pueda realizarse una transición ecológica, energética, económica y social, porque a fin de cuentas no se trata sólo de la preservación del ambiente sino también de mejorar la calidad de vida humana”, puntualizó Oroz, y aclaró que esa es la corriente de pensamiento que ella sostiene. Por otra parte, dijo que existe una postura “más purista”, que propone frenar todo tipo de actividad extractivista. “Es una línea súper respetable y valorable, porque sólo del pragmatismo no puede vivir un movimiento y está bueno que haya posicionamientos más puros también”, opinó Oroz.
Por su parte, Monkes dejó entrever una mirada similar a la de Oroz al afirmar que “no discutimos tanto el proceso productivo en sí sino la postura política que tomás a la hora de encarar esa matriz productiva. Yo no estoy en contra de que explotemos gas; quiero una matriz energética verde pero eso en el corto plazo es irreal. El problema que tenemos hoy es que nadie planifica hasta dónde explotar el gas, simplemente mientras sea rentable se va a hacer. Ese es el pensamiento extractivista, que sólo mide una variable económica y mercantil a la hora de pensar la matriz productiva”. Y ahí viene el RIGI para instalar ese criterio. “El RIGI fomenta esa posición política y filosófica, que hace que no podamos mantener producciones que capaz no son rentables desde lo económico pero que son enormemente productivas desde lo ambiental, como las agroecológicas, que buscan no modificar el paisaje para producir alimentos sino adaptar los alimentos al paisaje. Esto es: tratar de aprovechar los bichos naturales que haya en la zona y que se pueden comer plagas, asociar cultivos porque se benefician mutuamente y alejar cultivos que compiten y, llegado el caso, reducir insumos de síntesis química, como pesticidas y fertilizantes. Yo no tengo una postura tan puritana con la agroecología, porque si hay una plaga que se desmadró en un año determinado por equis motivo ecológico azaroso, no me parece mal que se aplique un fungicida o un insecticida para matar esa plaga porque estás perdiendo la producción. Otros tienen una mirada más purista, para mí se trata de aplicar principios ecológicos a la producción agropecuaria tendiendo a reducir insumos químicos”.
En cuanto a cómo podría afectar el RIGI a las economías regionales y a los pueblos que habitan las tierras en las que se encuentran los recursos naturales más codiciados, Oroz aseguró que “el RIGI va en contra del Artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que están en sus territorios. También va en contra del Artículo 75, Inciso 17 que afirma que los pueblos indígenas preceden al Estado nacional en esos territorios, y reconoce sus derechos sobre esas tierras. Además está el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula la consulta previa, pública, libre e informada y la autonomía de las comunidades respecto a sus formas de desarrollo”.
“Las provincias petroleras patagónicas o las provincias del norte con la industria energética cobran regalías que les permiten recibir ingresos por el solo hecho de que determinadas cosas estén o pasen por ahí sin la más mínima inversión ni proyección. En ese sentido, las provincias tienen un sistema que garantiza que todo tipo de industria tenga efectos directos e indirectos que mejoran sustancialmente las economías provinciales y regionales —objetó Almirón—. Tenemos que ser conscientes de que si bien tenemos recursos naturales, también existen otros países que son altamente competitivos con nosotros. En la reunión que tuvo el presidente de la Nación con Elon Musk, este empresario reconocido a nivel mundial no le ponía tanto el ojo al litio sino más bien al cobre. Y de lo que lleva explotado Chile, Argentina explotó solamente el 10% en el mercado de cobre, nos queda todo para crecer. Si se nos va la posibilidad de atrapar grandes inversiones, se van a ir a otros países”.
“No comparto esa interpretación de que los pueblos preceden a nada, eso no es así —siguió Almirón—. El concepto de Estado-Nación aparece a mediados del siglo diecinueve y el Estado argentino se funda en cumplimiento de pactos preexistentes. Esa discusión es de tinte separatista, es una interpretación muy maliciosa respecto de la identidad de Argentina y tiende a generar desorden. Una cosa son los derechos de los pueblos originarios respecto a su identidad y otra cosa son los derechos sobre el territorio. Nadie desconoce su identidad, pero el derecho a la propiedad acá tiene un sistema de registración, que lo pone la Constitución y el Estado argentino que gobierna a través de sus representantes, no a través de abstracciones jurídicas o filosóficas. Los derechos subjetivos de los pueblos originarios no tienen nada que ver con los derechos del Estado-Nación argentino”.
Para Ríos “hemos avanzado, por suerte, con el Acuerdo de Escazú, pero al margen de eso creo que estamos todos de acuerdo con que cada pueblo pueda tomar decisiones sobre lo que se haga con su territorio. Con el RIGI hay que estar alertas de que cuando lleguen las inversiones hay que ver qué pasa al final del camino: qué hicimos con el recurso explotado, cómo lo explotamos y qué fue lo que quedó. Existen muy buenos modelos, como Noruega o Suecia, que con las inversiones crean fondos que hoy les sirven para solventar las jubilaciones y pensiones. En Noruega cerraron una empresa de explotación de carbón súper importante, con un ingreso que era multimillonario, por conciencia ambiental”.
Quienes defienden la aprobación del RIGI sostienen que esta política va a generar empleo y que se trata de un instrumento para que Argentina deje de ser un país subdesarrollado. “Eso es absurdo. Los mecanismos del RIGI apuntan a que Argentina se condene a ser un exportador de commodities porque no tiene ningún incentivo para el desarrollo local. Yo no veo cómo puede potenciarnos una política que va en detrimento de la industria nacional”, opinó Oroz.
“Yo creo que la relación entre países desarrollados y subdesarrollados —señaló Monkes— no se rompe con este tipo de inversiones sino con posturas más soberanas a la hora de pensar un país. Naciones que supuestamente van a venir a invertir, pueden dar media vuelta e irse porque no hay ninguna restricción a que vengan, hagan negocios y se lleven esos dólares”.
En cambio, Ríos apuntó que “el RIGI va a generar un empleo temporal y no va a llevar al desarrollo. Esta política viene a decir a las empresas: ‘Argentina está de oferta, quién es el mejor postor, vengan que nosotros les garantizamos que no les vamos a tocar la plata’”.
En caso de aprobarse la ejecución del RIGI, las empresas que queden englobadas dentro de él tendrán beneficios económicos y jurídicos por 30 años, entre los que se destacan la importación de máquinas e insumos sin pagar aranceles ni priorizar a los proveedores locales y la reducción del impuesto a la ganancias del 35% al 25%. “El RIGI es ilógico por donde lo mires. Si se ejecuta, podría ser la cosa más dañina que nos ha pasado en los últimos cuarenta años. Estados Unidos, que es el país que Milei más admira, tiene un plan antiinflacionario que es extremadamente proteccionista y que tiene consenso entre demócratas y republicanos”, comentó Oroz. A su vez, Ríos aseguró: “Las excepciones impositivas que propone el RIGI son ilógicas, no tienen antecedentes en el mundo. No generan ningún valor agregado en el país, el único valor es que ingresó el dólar. Lo importante es que con esa plata que vos estás girando pagues impuestos, me ayudes con el desarrollo productivo de mi país, me garantices que no me dejás contaminado el ambiente. Si vos me dejás estructuralmente la situación en mejores condiciones de las que llegaste, por supuesto que girala, si yo necesito que lleguen inversiones extranjeras al país y necesito explotar el litio para hacer la transición energética. Pero yo no estoy a favor de que lo hagas con excepciones impositivas, sin un mecanismo de control y sin mejorar los procesos, porque si vos usás el agua y la dejás evaporarse a la atmósfera, se me termina secando el río, entonces te llevaste el litio y me dejaste un río seco, sin desarrollo y sin pagar impuestos. Eso no le sirve a nadie”.
Por otro lado, el texto del proyecto de ley indica que si surgiera alguna controversia entre el Estado nacional y las empresas adheridas al régimen en cuanto a la ejecución, aplicación, alcance o interpretación del RIGI, “se resolverá, en primer lugar, mediante consultas y negociaciones amistosas”. Si esto no fuera posible, la disputa se resolverá según el reglamento de arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) o el de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) o el del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). “El CIADI es una corte norteamericana que siempre falla en contra nuestro, lógicamente”, advirtió Oroz. Por su parte, Ríos opinó al respecto: “Les estás cediendo la soberanía de poder litigar en otro tribunal, porque vos como Estado tenés la potestad, en determinadas cuestiones, de decidir en qué jurisdicción vas a litigar y eso te da garantías. Por ejemplo, los Estados que te prestan plata, lo hacen con la jurisdicción de Estados Unidos, es decir, vas a litigar en ese país porque es el que se elige cuando se pacta el acuerdo internacional”.
Ahora bien, es válido preguntarse qué otro modelo de desarrollo se podría proponer en contraposición al que pretende establecer el RIGI. “Depende de la ideología. El modelo que a mí más me gusta es uno que sepa que si vas a extraer los recursos naturales, al final del camino vos tengas las inversiones que trajiste integradas al modelo productivo, que los impuestos que cobres a esas megainversiones te garanticen que vas a tener un desarrollo en tu país, fondos para la educación, para el desarrollo de industrias competitivas de tu Estado, como la del conocimiento”, expresó Ríos.
“Pienso que podemos crear economías de escala a nivel regional, si es a nivel internacional todavía mejor, en las que se generen incentivos para el desarrollo de la transición energética, que me parece que es el punto principal para impulsar el desarrollo sostenible. Esto significa dejar de consumir una energía basada en combustibles fósiles, como petróleo, gas y carbón, y pasar a basarnos en energías renovables y limpias, como la eólica y la solar, incluyendo la hidroeléctrica y nuclear, porque tienen menores o nulas emisiones de gases de efecto invernadero”, enfatizó Oroz. “Yo creo que la agroecología es una herramienta para construir soberanía alimentaria”, opinó Monkes.
Ya pasaron muchos años desde aquella Conferencia de Estocolmo que inspiró a la ONU a crear el Día Mundial del Medio Ambiente, pero en Argentina y en el mundo se insiste con la ejecución de políticas que parecen ir en contra de la preservación y mejora del ambiente, un hecho que invita a preguntarse entonces qué es lo que motiva ese accionar en los diferentes países. “Acá hay que hacer un diagnóstico —subrayó Ríos—. La discusión del nivel de preocupación por los temas ambientales es muy reciente, empezó a subir en intensidad a partir de la década del ‘90, con mucha retórica pero con poca acción. Naciones Unidas determinó que el ambiente es un derecho humano recién en 2022. Yo creo que en Argentina tenemos muchas inconsistencias en nuestro sistema ambiental porque no tenemos diálogo político. Hace veinte años que no podemos tener un acuerdo político entre los partidos. Si no podemos acordar en cuestiones mucho más básicas como la educación, es muy difícil que acordemos un modelo productivo o cuáles son los límites de explotación de nuestros recursos naturales. La falta de instituciones sólidas en nuestro país lleva a tener una falta de desarrollo normativo”.
A Oroz la desvela, y mucho, que se baje el tono de advertencia sobre el cambio climático. “Uno creería que una amenaza tal como la extinción masiva de especies lograría trascender a los colores políticos. Afortunadamente, en nuestros diálogos con la política más tradicional encontramos mucha más receptividad en torno a estas temáticas, pero el peligro de los discursos de ultraderecha, que tiene el actual Gobierno, es que pretenden desandar debates que ya tenemos saldados hace décadas y eso me preocupa mucho. Que se relativice el consenso que hay sobre el cambio climático es muy peligroso”.
“Creo que se insiste en políticas como el RIGI porque no tenemos clara la salida, no sabemos entretejer los reclamos ambientales con un mundo cada vez más globalizado, complejo e interrelacionado y a la vez tan fluido, porque el capital va doblegando a cada país por separado. Yo creo que hay que avanzar en una gobernanza mundial que controle esos capitales que se mueven tan fluidamente entre los países”, concluyó Monkes.