Desregulación de la información
Según De Charras, una de las características del gobierno de Milei ha sido favorecer la concentración de medios, la privatización y sobre todo el ataque a los medios públicos. “Hemos visto un ensañamiento con la agencia de noticias Télam, con Canal 7 y con Radio Nacional”, señala.
“Milei reconfirmó la política de retiro absoluto del Estado de la regulación de la comunicación y de la información, lo que obviamente profundiza el dominio de quien ya ocupaba una posición hegemónica y que había sido prácticamente liberado de todas las ataduras por el Ejecutivo de Mauricio Macri”, señala Lacunza.
Para Becerra, “el desguace de los medios estatales reduce el federalismo y la circulación de contenidos fuera de las grandes ciudades. Se impone una lógica de lucro que marginaliza funciones sociales de los medios, tanto estatales como comunitarios, afectando la producción de contenidos federales, la experimentación con nuevos formatos y el mantenimiento de expresiones culturales como la música folclórica o clásica.”
“Hay un proceso de ataque y desmerecimiento a la producción pública de información, dejando a una parte importante de la ciudadanía sin medios clave y sin una perspectiva fundamental para la diversidad informativa. Si bien la información no debe limitarse a los medios públicos, su ausencia vulnera esa diversidad. Cuando la producción informativa queda exclusivamente en manos de medios comerciales, se ve sesgada por la búsqueda de intereses y ganancias, lo que representa una pérdida significativa para la sociedad democrática”, denuncia De Charras.
En este contexto, el gobierno ha instalado su «batalla cultural» como una confrontación abierta en la que el periodismo, en un sentido amplio, se ha convertido en uno de sus blancos. “Esto ha determinado que se atacara prácticamente sin distinción a periodistas de líneas más o menos progresistas, de centro-derecha o de derecha, casi sin distingo. Y eso ha hecho que muchos periodistas o muchos líderes de opinión le hayan reclamado que ese tipo de agravios llegara incluso a los periodistas o a las periodistas que pensaban de un modo similar al del Presidente de la Nación”, explica De Charras. “La represión y la criminalización de periodistas, como ataques constantes incluso a oficialistas, es verdaderamente novedoso y afecta gravemente la libertad de expresión”, concluye Becerra.