La red social X bloqueó la cuenta de ANCCOM

La red social X bloqueó la cuenta de ANCCOM

Jun 25, 2024 | DDHH, Destacado 1, Vidas políticas

Luego de informar sobre la aprobación de la Ley Bases y la consecuente represión a los manifestantes que se oponían, la empresa de Elon Musk «restringió temporalmente» la cuenta que gestiona esta agencia sin explicar los motivos ni sostener canales de diálogo para solucionar problema. De esta manera, queda restringido el derecho a la libertad de expresión y cercenado el derecho a informarse de nuestros lectores.¿Qué pasa cuando es el sector privado quien regula la esfera pública por donde circulan las noticias?

Desde el jueves 13 de junio, inmediatamente después de informar sobre la aprobación de la Ley Bases y la consecuente represión a los manifestantes que se concentraban en la Plaza Congreso para rechazarla, la cuenta que la Agencia de Noticias de Ciencia de la Comunicación (ANCCOM) gestiona en la red social X fue “temporalmente restringida”.

En ningún momento ANCCOM fue notificada de la razón por la cual la red social tomó esta medida arbitraria que restringe el derecho a libertad de expresión y cercena el derecho a informarse de nuestros lectores.

ANCCOM realizó los reclamos pertinentes a través de las vías institucionales correspondientes y obtuvo un “número de caso” como toda respuesta. Ante el silencio de la empresa, nuestra agencia se comunicó con el Departamento de Relaciones Gubernamentales de Hispanoamérica de X, donde luego de pedirnos que informemos el “número de caso” dejaron de responder nuestros sucesivos mensajes, razón por la cual la comunicación se encuentra interrumpida hasta el día de hoy.

La Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación es un medio de información nacido y gestionado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en marzo pasado cumplió nueve años de vida. Fue distinguida como “Medio de Interés Educativo” por la Cámara de Diputados de la Nación y como “Medio de Interés para la Comunicación Social” por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El parlamento porteño también reconoció de “Interés Cultural” al ciclo audiovisual “Estuve ahí” realizado por ANCCOM en ocasión de cumplirse los 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina.

La restricción de la cuenta de X trae aparejado graves problemas en la circulación de noticias, habida cuenta que hoy el flujo de lectores de los medios digitales llega, en una importante proporción, a través de las redes sociales asociadas.

Además de constituirse como medio de comunicación, ANCCOM es un espacio de práctica preprofesional de los estudiantes avanzados de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, por lo que la decisión de la empresa de Elon Musk también impacta negativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Medidas intempestivas como la que tomó X ponen en evidencia la necesidad de debatir qué sucede cuando la esfera pública por la que circulan las noticias queda en manos exclusivas del empresariado comercial. ¿Por qué es el sector privado quien regula la conversación pública? ¿Quién resguarda el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión  de los ciudadanos y ciudadanas en las plataformas digitales? El problema que enfrenta nuestra agencia de noticias es apenas una muestra de las dificultades que presenta el ecosistema mediático regido por el mercado sin ningún tipo de regulación.

En este sentido, exigimos a @x y @elonmusk que arbitren los medios necesarios para restituir nuestra cuenta y para transparentar sus políticas de gestión en la plataforma X. A su vez, pedimos a nuestros lectores que nos ayuden a visibilizar este problema para poder seguir ejerciendo nuestra tarea periodística y académica.

Marcha y liberación

Marcha y liberación

Jun 19, 2024 | Destacado 1, Vidas políticas

Otros once detenidos en la manifestación contra la Ley de Bases fueron liberados luego de que miles de personas se manifestaran en la Plaza de Mayo para exigir el cese de la criminalización a la protesta social. A todos ellos -y a los otros 16 que ya habían sido puestos en libertad- la jueza María Romilda Servini les dictó la falta de mérito. Aún quedan cinco manifestantes apresados.

Ayer en Plaza de Mayo se realizó un acto para exigir la libertad inmediata de las 16 personas que, hasta el momento del evento, aún seguían detenidas luego de la represión policial a la protesta durante el debate por la Ley Bases. Horas después del acto, la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la excarcelación de 11 de ellos, que anoche empezaron a salir de las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza. Son cinco los procesados con prisión preventiva que aún continúan detenidos, acusados de delitos graves como tirar piedras o saltar vallas.
“Nuestra vida se detuvo y la tuya también, las noches son largas y las esperas eternas, pero estamos fuertes, éramos un montón de desconocidos y ahora somos una familia grande, el abrazo pronto va a llegar”. Con estas palabras resumidas en una carta a sus familiares presos se expresaron –sobre el improvisado escenario montado frente al Cabildo– hermanas y hermanos, madres y padres, novias y novios de los detenidos en la causa iniciada por el fiscal Carlos Stornelli, quien acudió a doce delitos del Código Penal para acusarlos de haber incitado a la violencia colectiva con el objetivo de entorpecer una sesión legislativa. En su escrito había copiado el comunicado del gobierno que los calificaba de “terroristas” que buscaban “perpetrar un golpe de Estado”.
La convocatoria estuvo a cargo de organismos de derechos humanos y familiares de los detenidos y comenzó cerca de las 17 cuando la plaza comenzó a llenarse de agrupaciones políticas, sindicatos, organizaciones estudiantiles y autoconvocados. Efectivos de la Policía Federal aparecieron decididos a hacer respetar el protocolo “antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así, un cordón policial rodeó parte de la plaza y comenzó a llevar a las pocas personas que se encontraban sobre la calzada a la vereda. Los presentes criticaron la decisión, a través de cánticos e insultos, pero no hubo mayores incidentes y el acto pudo continuar.

Familiares, amigos y parejas de los 16 detenidos tomaron la palabra y en primer lugar leyeron un comunicado que acompañaron Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, distintos organismos de derechos humanos, diputados y senadores de Unión por la Patria -incluidos los que fueron lastimados durante la represión en el Congreso-, del Frente de Izquierda, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y numerosos intendentes de la Provincia de Buenos Aires. El texto hizo hincapié en el derecho democrático y constitucional de protestar que cada uno de los arrestados ejercía al momento de la detención, y destacó que la gran mayoría fueron apresados a más de 10 cuadras de la Plaza Congreso, mientras se producía la desconcentración. Luego vino la lectura de la conmovedora carta a los presos, interrumpida varias veces por la emoción de quienes leían, y acompañada tanto por aplausos de aliento como insultos hacia el presidente Javier Milei.

“Esta manifestación es para pedir la libertad de los 16 que aún están detenidos y el cierre de todas las causas injustas porque ellos estaban manifestándose pacíficamente”, declaró en el cierre del acto Alan Juárez Oliva, hermano de Camila Juárez, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y madre de dos hijos.

Al igual que Camila, otros cuatro detenidos eran estudiantes universitarios: Lucía Puglia de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Gabriel Famulari de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y Nicolás Mayorga y Sasha Lyardet de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Al final de la convocatoria, una columna compuesta por alumnos y docentes de las universidades del conurbano recorrieron la plaza mientras reclamaban la liberación de sus compañeros. «Mi hermana, como tantos otros, es estudiante universitaria. No son terroristas», agregó Juárez Oliva. 

María Colombo, hermana de Juan Pablo Colombo, relató cómo fue el calvario que vivió su hermano desde la detención hasta las primeras horas en la comisaría. «Lo detuvieron yéndose de la manifestación. Fue solo, a manifestar por sus derechos, no fue a hacer quilombo ni a romper nada. Pero lo agarraron, yéndose de la plaza, y le pegaron con una manopla», narró María. Y continuó: “La primera noche, en Tacuarí, lo maltrataron, lo insultaron y hostigaron. Lo dejaron atado, no le daban de comer ni lo dejaban ir al baño. Pasó esa primera noche esposado». Hasta el momento del acto Colombo aguardaba su liberación en la cárcel de Devoto.

«La causa judicial es difícil de explicar como abogada, pero la puedo explicar con una interpretación política. Como abogada, pareciera que alguien abrió un Código Penal y dijo ´todos estos delitos me gustan´ y los metió. No tiene coherencia», dijo la diputada del FIT-U Myriam Bregman a ANCCOM. «Estamos ante una causa armada, que se decidió en el escritorio de Patricia Bullrich y que luego fue entregada al fiscal Stornelli. Ahora la jueza (María Romilda Servini de Cubría) tiene que decidir de qué lado está de esta operación política diseñada para agarrar a cualquier persona e involucrarla en estos graves delitos y decir si hubo un intento de golpe de Estado, o escuchar el enorme arco político que se está expresando acá. Quieren derogar el derecho a manifestar en la Argentina», agregó.

El acto fue breve pero emotivo y contundente, finalizó cerca de las 18 cuando los familiares de los arrestados, muchos entre lágrimas, agradecieron el apoyo y rogaron que los siguieran acompañando. Luego, moderadores del evento tomaron la palabra y advirtieron sobre la desconcentración, recomendando ciertas avenidas, intentando no volver a sufrir lo sucedido el pasado miércoles. Por su parte, los uniformados que aguardaban alrededor de la plaza, comenzaron lentamente a desagruparse, pero sin sacar sus miradas sobre los rezagados que aún cantaban frente al escenario que, ante la partida de familiares, se vació rápidamente.

Quedan cinco

Tras la manifestación del miércoles pasado contra la Ley Bases, 33 personas habían sido detenidas. En una primera instancia habían sido liberados 17 y al cierre de esta edición, otros 11. A todos se les dictó la falta de mérito y en las redes empezaban a circular videos de esos primeros largos abrazos tras la salida de sus lugares de detención. 

En tanto, la jueza Servini de Cubría procesó con prisión preventiva a Patricia Daniela Calarco Arredondo, Facundo Ezequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez, David Sica y Cristian Fernando Valiente. Según pudo verificar ANCCOM, les endilgó los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad, salvo a Calarco Arredondo, a quien procesó por incendio y daño agravado.

«No son terroristas, son ciudadanos con conciencia social»

«No son terroristas, son ciudadanos con conciencia social»

Jun 17, 2024 | Destacado 4, Vidas políticas

Tras una nueva convocatoria en la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), familiares de las personas detenidas por manifestarse contra la Ley de Bases impulsan una campaña en reclamo de la libertad de sus seres queridos. Mañana martes llaman a concentrarse a las 16.30 en Plaza de Mayo.

La autoconvocatoria en el Serpaj reunió a legisladores de la Ciudad, exdetenidos, familiares de quienes continúan detenidos y a diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Desde allí, se convocó a una concentración para mañana martes 18 de junio a las 16:30 en Plaza de Mayo. Las 16 personas que siguen detenidas tras la represión del miércoles pasado en el Congreso, permanecerán en dependencias del Servicio Penitenciario Nacional en Devoto, Marcos Paz y Ezeiza.

El fiscal Carlos Stornelli los acusa por trece delitos, incluyendo lesiones, daños agravados, incendio o estrago, acciones contra la seguridad pública, entre otros. Las 17 personas excarceladas por la jueza a cargo de la causa, María Servini de Cubría, lo han sido por falta de material fílmico incriminatorio, mientras que las restantes continúan bajo investigación.

«Hay delitos que nunca podrían ir uno junto con el otro –afirmó la dirigente de la izquierda Myriam Bregman–. ¿Cómo puede una persona a la vez prender fuego e intimidar a un policía que tiene al lado? Los detenidos serían súperhumanos si hicieran todo eso al mismo tiempo, en 15 minutos”. Para Bregman, esto demuestra un profundo desconocimiento jurídico.

Entre los detenidos se encuentra Nicolás Mayorga, arrestado junto a Sasha Lyardet y Camila Juárez, estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Margarita, madre de Nicolás, relató que su hijo fue arrestado mientras se manifestaba pacíficamente. «No se resistieron a la autoridad, no tiraron piedras. No son terroristas, son ciudadanos con conciencia social que fueron a manifestarse en contra de la Ley de Bases”.

Grisel Lyardet denunció las precarias condiciones de detención de su hermana Sasha, que estuvo esposada en un pasillo, hasta que a la una de la madrugada se les permitió ingresar frazadas. A las 7 fueron trasladadas a Comodoro Py, donde les negaron la excarcelación y luego fueron llevadas a Ezeiza. “Le quiero decir a las autoridades, que las familias tenemos fuerza y amor, los vamos a liberar. Necesitamos a todos los detenidos libres y luego vamos a ir por la absolución, porque es completamente injusto”, remarcó.

Silvia, madre de Camila Juárez, destacó el trato vejatorio que recibió su hija al ser arrestada: «Le dijeron ‘negra de mierda, quedate tranquila porque te vamos a pegar un tiro en la cara’”. Y convocó a la unidad de todos, sin distinciones políticas. Jorge, padre de María de la Paz, afirmó que las pruebas contra su hija carecen de sustento legal. «Lo que está viviendo María de la Paz nos hace revivir los trágicos acontecimientos que como familia atravesamos durante la última dictadura militar, que este Gobierno niega y desprecia rotundamente». La familia también denunció que fue golpeada por los efectivos de seguridad durante su arresto.

Melina, amiga del docente Juan Spinetto, exigió en su representación la inmediata liberación de todos los detenidos. “Juan estaba retirándose con una pareja de jubilados que tenían dificultades para caminar, cuando empezó la represión de la policía, y ahí lo agarran las motos de los policías de la Ciudad, lo detuvieron y lo golpearon brutalmente”.

Grisel Lyardet denunció las precarias condiciones de detención de su hermana Sasha.

Paola, en tanto, denunció la injusta detención de su madre Ramona Tolaba, una trabajadora de casas particulares de 56 años. «Ella se autoconvocó, fue sola, no estaba con ninguna organización. Mi madre no es terrorista, estaba manifestándose pacíficamente”. Ramona fue detenida sin ofrecer resistencia mientras hablaba con un jubilado en la Avenida de Mayo. Actualmente se encuentra en el penal de Ezeiza, “asustada” pero en buen estado según su hija.

Sofía Ottogalli, una de las excarceladas, destacó que estuvo con las mujeres detenidas en Ezeiza hasta las 3 del viernes. “La detención fue ilegal. Estábamos corriendo para que la Policía no nos pegue. A mí me cagaron a palos, me rompieron el pantalón”, narró y agregó que estuvieron esposadas todo el tiempo, sin agua ni comida, en condiciones inhumanas. “Quiero decirle al Gobierno –expresó– que acá vamos a estar y no tenemos miedo”.

Todo disca es político

Todo disca es político

Jun 17, 2024 | Destacado 3, Vidas políticas

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, aliados y prestadores precarizados convocaron a la Asamblea Discas en Lucha en la Plaza Congreso para denunciar el abandono y estigmatización del Gobierno y la necesidad de que la militancia los incluya en sus organizaciones.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, aliados y prestadores precarizados participaron de la asamblea convocada por la Red en Discapacidad, Orgullo Disca, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el INADI,el sábado 15 de junio. También se acercaron personas autoconvocadas y una representante jubilada de Insurgentes.

Durante la tarde, entre rondas de mates, fueron pasándose uno a uno el megáfono para hacer sus intervenciones. Entre las temáticas más mencionadas se conversó sobre la necesidad de reforzar la seguridad ante la represión desplegada por el gobierno de Javier Milei. Se debatió sobre la decisión de la CGT de no convocar al paro nacional y de las columnas que se retiraron una vez conseguido el quórum para el tratamiento de la Ley Bases, el pasado miércoles, lo que dejó expuestas a las personas que se encontraban manifestando. Los debates giraron en torno a los interrogantes: “¿Qué sindicatos nos protegen?”, “¿Qué sindicatos nos apoyan?” y “¿Quién nos garantiza ese apoyo en las movilizaciones?”.

Uno de los manifestantes sostenía un cartel que decía “Libertad a lxs presxs por luchar”. Se mencionó en varias ocasiones a las personas detenidas por ir a marchar o encontrarse en las inmediaciones del congreso, 16 de ellas aún esperando la excarcelación. Natalia Rodríguez, militante de la Red en Discapacidad, señaló que el gobierno busca el disciplinamiento, por eso ella cree imprescindible fortalecer la presencia en las calles y la seguridad de las personas que se manifiestan: “Nos están matando en nuestras casas. Nos dejan sin trabajo, nos dejan sin comida”, aseguró.

Otro elemento presente en las exposiciones fue la intersección con otros sectores especialmente afectados por las medidas del gobierno libertario como la población travesti trans, la comunidad LGBTQIA+, los jubilados agrupados en la organización de Insurgentes, los trabajadores de organismos estatales y las organizaciones sociales. Señalaron la necesidad de realizar acciones conjuntas con esos espacios y con sectores estratégicos. La militante de la Red denunció que durante una de las asambleas realizadas en Congreso tres autos de la policía llegaron para amedrentarlos y correrlos. “Como si no nos pudiéramos juntar más de tres personas como durante la dictadura”, manifestó.

Las principales medidas del gobierno que preocupan al colectivo son los faltantes de alimentos, los recortes en prestaciones por discapacidad, la eliminación del monotributo social, las 50 personas que han fallecido por recortes de medicación, el acceso al cupo laboral en discapacidad del 4% que hasta hoy no se cumplió, la desregulación de las pensiones, la falta de acceso a una vivienda digna que se adapte a las necesidades de cada uno, la estigmatización y la criminalización de la protesta.

 

Retroceder a un modelo medicalista y eugenésico

“Vemos ese modus operandi que primero empieza con un desprestigio, como lo hicieron con la comida en donde criminalizan a los comedores. Empiezan denunciando corrupción, lo hicieron con las pensiones también. Entonces empiezan a atacar con una línea discursiva pero después rápidamente llega a un plano concreto en el recorte de prestaciones, de alimentos, y después la represión directa.”, explicó Rodríguez en referencia a la estigmatización que cada vez pesa más sobre los sectores vulnerables para avanzar sobre los derechos adquiridos. Un ejemplo concreto de esta reestigmatización es “El ataque discursivo a los sectores con discapacidad, usando como insulto los diagnósticos”. Al mismo tiempo, se relaciona con el cierre del INADI. Desde el organismo se denuncia que la mayoría de los despidos por discriminación durante el periodo 2008-2019 fue por motivo de discapacidad. En este sentido, la Ley Bases elimina la obligación de reincorporar a personas despedidas por motivo de discriminación y lo reemplaza por una multa al empleador.

Las facultades extraordinarias en materia de administración que le otorga la Ley Bases al Poder Ejecutivo de Javier Milei, amenaza la continuidad del organismo así como la permanencia de los trabajadores en planta permanente. En referencia a esto, Rodríguez expresó: “En nuestro Código Penal no existe un lugar donde puedas denunciar por discriminación, por eso existe el INADI. Ahora nos quedamos sin posibilidad siquiera de denunciar”. En sintonía con lo expresado, Laura Alcaide integrante de Orgullo Disca contó: “Hoy lo que vemos es que hay un nivel de persecución para con nuestro colectivo, una intención de aniquilación de nuestros cuerpos y de nuestros derechos”.

Desde Discapacidad en Red y Orgullo Disca denunciaron que empezó a circular un Decreto que busca desregular el nomenclador de prestaciones. Esto implica que las obbras sociales o prepagas que no puedan pagar las tarifas a los trabajadores que se desempeñan en el área de discapacidad y los tratamientos, no podrán garantizarles la salud y calidad de vida a aquellas personas que acceden a sus prestaciones. Esto deja a los usuarios en la obligación de pagarlas de manera privada o quedarse sin el servicio. Alcaide manifiesta que es “la muerte rotunda o la disautonomía” y agrega “atenta contra los derechos adquiridos de más de 20 años”.

Rodríguez concluyó: “Quedarían los trabajadores negociando solos con las obras sociales, las persona con discapacidad exigiendo solas, tratamiento y accesibilidad. A los electrodependientes les están queriendo cortar la luz. No vemos posibilidad de que podamos negociar solos mejores condiciones”.

En consonancia con Alcaide y Rodríguez, Maive Carone Fernández integrante de las asambleas Discas en Lucha, Unidxs por la Cultura y Unidxs por los despidos, Ex-trabajadora de la Agencia Nacional por Discapacidad, denunció que se está llevando a cabo un modelo eugenésico en donde “Todas las poblaciones vulnerabilizadas van a encontrar mayor dificultad de acceso a todos sus derechos básicos fundamentales, la salud entre ellos. Esto va a terminar necesariamente en la muerte de esas personas. Si uno no accede a la salud, no accede al trabajo, no accede a sus derechos básicos fundamentales, a una vivienda, a la alimentación, termina muriendo. Y eso es lo que nosotros venimos denunciando en discapacidad y en otros sectores también vulnerados”.

Además, agregó que el Gobierno está volviendo a un modelo médico-rehabilitador, que entiende a las personas con discapacidad como “menos productoras de valor”, lo que las fuerza a alcanzar estándares capacitistas y a sufrir el estigma social. “Es un modelo paternalista y asistencialista”, explicó Carone Fernández.

Según el INDEC, el 87,4% de las personas con discapacidad es desempleada.

Desempleados

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el porcentaje de personas con discapacidad y desempleadas es del 87,4%. La falta de acceso a los trabajos, fomenta la precarización del empleo y una reducción sustancial de la autonomía del 10,2% de la población argentina que cuenta con alguna discapacidad.

Maive Carone Fernández era parte de la Dirección de Accesibilidad con nueve años de antigüedad. Fue desvinculada durante los despidos masivos en los meses de febrero y marzo, junto con 340 trabajadores. Debido a la precariedad de las contrataciones fueron desvinculados sin seguro de desempleo ni indemnización. Contó que entre los trabajadores despedidos hay personas con 28 años de antigüedad, embarazadas, con discapacidad, con licencias médicas y psiquiátricas, con hijos, personas con discapacidad o personas mayores a cargo, dirigentes gremiales y personas travestis y trans. Esto deja al organismo inmovilizado y funcionando con tareas mínimas. En diálogo con ANCCOM, Carone explicó: “Se rompe la cadena de trabajo. El hecho de que haya un cuarto de las personas hace que un organismo no pueda funcionar, y no es que estaban sobrando personas. En muchos aspectos faltaban manos. La mayoría de nosotros no nos tomábamos vacaciones hace un montón porque trabajábamos incansablemente”. Se le suma el alcance nacional de los despidos que deja a algunas provincias sin representantes del organismo trabajando en el territorio, dejándolos sin acceso a sus servicios. Se ha dificultado la accesibilidad a las pensiones por discapacidad a través de una mayor burocratización y algunas se han empezado a dar de baja. En este momento, el valor de una pensión es el 70% de una jubilación mínima.

Otra medida de la Ley Bases que afecta directamente al sector con discapacidad es la quita del monotributo social: “Al no tener el monotributo social nos desguaza nuestra independencia como personas, nuestra independencia económica”.

 

El potencial

Laura Alcaide denunció que “no es accesible la participación política para nosotres. La participación política es completamente capacitista y necesitamos romper con eso para poder participar en igualdad de condiciones”. Expresó que la falta de accesibilidad de las personas con discapacidad es una deuda de la política y agregó: “La idea sería poder masificar estas luchas y poder invitar a gente de otros sectores. Nosotres mismes estuvimos recorriendo muchas otras asambleas, llevando a otros espacios nuestras luchas para lograr articular distintos espacios con otras personas. Para que comprendan qué es la accesibilidad en la participación política y también lograr la adhesión, para seguir participando de distintas luchas como los trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad y, por otro lado, la participación política en las calles que nos va a necesitar unidos y en pie de lucha”.

En sintonía con su mirada, Guadalupe Bargiela de Orgullo Disca, expresó que de la misma manera que participan de asambleas de otros espacios es importante que esos sectores participen de sus asambleas. Por esta razón, destaca la participación de Nancy Yulan jubilada e integrante de Insurgentes quien ante el interrogante por los puntos en que ambas luchas convergen dijo: “Se ve en la parte de salud, como se cortaron todos los planes terapéuticos, los medicamentos, la asistencia a la salud tanto del adulto mayor como la persona con algún tipo de discapacidad. Lo estamos padeciendo, en casos concretos de familiares, conocidos. Esto nos unifica y nos hermana para una lucha común”.

Cacería y criminalización

Cacería y criminalización

Jun 13, 2024 | Destacado 1, Vidas políticas

Treinta y tres detenidos quedaron luego de la movilización al Congreso contra la Ley Bases. Muchos de ellos ya desconcentraban. Los acusan de delitos gravísimos, como sedición, para no liberarlos.

La aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Senado tuvo lugar en una jornada signada por la violencia, los gases lacrimógenos y la represión policial afuera del Palacio Legislativo. Luego de 24 horas ninguna de las 33 personas detenidas recuperó su libertad a instancias del fiscal federal Carlos Stornelli, quien las acusó de una docena de delitos graves no excarcelables. Se trata del correlato judicial de las declaraciones del gobierno que calificó a los manifestantes de “terroristas” que intentaron realizar un “golpe de Estado”. Los abogados de los arrestados denunciaron que las condiciones de detención violaron sus derechos humanos.

Cerca de las 11 de la mañana, luego de que el senador Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, decidiera bajar al recinto y dar quórum, las fuerzas policiales y de seguridad comenzaron su despliegue, delante de un Congreso totalmente vallado y militarizado. La presencia de manifestantes se esperaba desde temprano, ya que la convocatoria fue para estar allí desde la mañana y durante todo el tratamiento de la ley. «Tiene total sentido que la única manera de hacer pasar una ley como esta, con el nivel de gravedad y daño que ejecuta sobre el país y sobre el pueblo, sea reprimiendo con esas características porque en la calle estaba el pueblo intentando presionar pacíficamente para que eso no se apruebe”, declaró a ANCCOM Facundo Merlán Rey, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y miembro de la Red Federal en Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.

Cerca del mediodía la policía intentó evitar el paso de algunas columnas que estaban sobre la Avenida Callao. Con el correr de la tarde la tensión fue aumentando y los uniformados ya se mostraban exacerbados. Alrededor de las 14, a la altura de Callao, entre Rivadavia y Mitre, lanzaron gases a un grupo de diputados de Unión por la Patria. Comenzaron las corridas y fueron lanzados los primeros gases lacrimógenos. Ya había un detenido. 

Cerca de las 16, aún en la plaza de Congreso, se desató el operativo represivo. Hubo más de 200 personas heridas por los gases y balas de goma. Entre ellos, trabajadores de prensa, identificados con sus pecheras, jubilados, totalmente indefensos, y los cinco diputados de Unión por la Patria que habían intentado ingresar al recinto: Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés. Algunos de ellos fueron atendidos en la enfermería del Congreso, otros debieron ser asistidos en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía. Los camiones hidrantes lograron hacer retroceder a los manifestantes, que se vieron obligados, por lo menos en su mayoría, a comenzar a desconcentrar, debido a la violencia ejercida por Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria actuando en conjunto. 

 

Caza mayor

Tras el incendio del vehículo de Cadena 3, un medio de Córdoba, se desató la cacería indiscriminada de manifestantes. «Hubo una avanzada absolutamente desmedida, desproporcionada e injustificada dentro de lo que era la Plaza de Congreso hacia la zona de Avenida de Mayo. Allí se avanzó con gases lacrimógenos, que dicho sea de paso, algunos de ellos son gases nuevos, que no conocíamos, y que son bastante más agresivos que los que conocemos”, sostuvo el miembro de Correpi. Cerca de las 18 se produjeron la mayoría de las detenciones, a varias cuadras de distancia, entre las Avenidas de Mayo y 9 de Julio. Más de 20 personas fueron arrestadas por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal. «Las detenciones se dieron en distintos lugares, fue una verdadera cacería. Pero podríamos marcar dos momentos clave: uno cerca de las 17:30 en la zona de Congreso y otro momento cerca de las 21 en la 9 de Julio”, agregó Merlán Rey.

Caída la noche, la represión continuó y las detenciones también. Rápidamente organizaciones sociales y de derechos humanos que habían estado monitoreando la situación en la calle comenzaron a circular por redes las listas con los nombres de las personas arrestadas. Con el correr de las horas la cifra fue aumentando. En total, y hasta el momento, son 35, 22 bajo la custodia de las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires y 13 en la órbita de la justicia federal. Los varones quedaron alojados en la Alcaldía 4, en el barrio de Parque Patricios, mientras que las mujeres fueron trasladadas a la Alcaldía 15, en Chacarita. En cuanto a las detenciones llevadas a cabo por la Policía Federal, los detenidos se encuentran en la Superintendencia ubicada en Madariaga y General Paz, en Lugano.

Campaña sucia

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. Desde su cuenta en X, la Oficina del Presidente felicitó a las fuerzas de seguridad por su accionar represivo y acusó a los manifestantes de intentar perpetrar un golpe de Estado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue aún más lejos, calificando el accionar de los manifestantes como un «golpe de estado moderno”. Además, exigió a la Justicia que los detenidos sean acusados por sedición. Según un comunicado de ese Ministerio, los detenidos podrían ser más en la medida en que sean identificados a través de grabaciones, y también afirmaron que exigirán que quienes se manifestaron paguen los costos del operativo. Por su parte, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, se refirió a los manifestantes que ayer llenaron la plaza de Congreso como «delincuentes» y adelantó que el Senado denunciará a todos aquellos “que atentaron contra las instituciones de la democracia”. 

”El gobierno está señalando que hubo un intento de golpe de Estado y en ese contexto aparece la figura de sedición del Código Penal, pero esto no fue un golpe de Estado, hubo golpes de Estado modernos en Bolivia en 2019, la situación del Planalto en Brasil, del Capitolio en Estados Unidos”, dijo Diego Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Esto fue el ejercicio del derecho a la manifestación social y pública, el uso de esta figura sin ningún elemento que caracterice la interrupción del funcionamiento de una instancia como el Congreso nos llama mucho a la preocupación porque recarga la imputación a las organizaciones sociales que se movilizaron, y en particular a las personas que hoy están detenidas, (el fiscal Carlos) Stornelli está pidiendo su prisión preventiva, el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional ahora está reflejado en una imputación fiscal”, agregó. Morales describió que el escrito de Stornelli apenas transcribe tres notas periodísticas que reiteran lo que dijo el Poder Ejecutivo, pero no explica la relación entre cada detención y esos hechos tan graves que se les pretende imputar. El fiscal acusó a los manifestantes de los delitos de lesiones, daños agravados, incendio y estrago, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan como objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza, atentado al orden constitucional y los poderes públicos, atentado y resistencia contra la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.

Cerca de las 20 de ayer, la justicia porteña delegó en la federal todo el caso y así todos los arrestados quedaron a disposición de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien ya había comenzado a indagar a algunos durante la tarde. Será ella quien deberá emitir avalar o no el pedido del fiscal. «Fueron detenciones totalmente irrisorias, comparándolas especialmente con las declaraciones posteriores del Gobierno en sus distintos comunicados en redes sociales donde hablaban de terrorismo y golpe de Estado”, afirmó Merán Rey. Y agregó: “Lo que sí significa es la configuración de un relato que se crea para este momento y de acá en adelante. Lo que está haciendo el Gobierno es presentar un discurso que ya lo traía desde la campaña, que le sirve a ellos para justificar las medidas que toman en términos económicos y sociales”.

Sin medicación

“Les dijeron ‘tirate al piso sino te agarramos de los pelos’, la detención fue ilegal, ellas estaban desconcentrando por 9 de Julio y Chile, la Policía de la Ciudad venía cazando gente, se llevaron a personas en situación de calle, tiraron gas vencido y tiros a mansalva”, dijo la abogada Candela Ramírez, del CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos) en representación de algunas de las mujeres arrestadas en la Comisaría vecinal 15 de Chacarita, quienes estuvieron horas en el camión policial estacionado en la Villa Zavaleta luego de haber sido paseadas por toda la Ciudad. “No nos dicen nada a los letrados, no dejaron pasar al Defensor del Pueblo, las siete chicas están en un pasillo, con las manos precintadas y se turnan para sentarse en una silla, están incomunicadas y no dejaron que les alcancemos a una su medicación”, agregó Ramírez, mientras un grupo del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) cantaba “libertad, libertad a las presas por luchar”. La detenida Sasha Lyardet es militante de la agrupación. Para Ramírez, “esto es un intento de aleccionar a la gente para que no salga a la calle, protestar no es delito, porque por ahora el estado de sitio no nos llegó”.

Al cierre de esta edición, todas las personas detenidas continuaban privadas de su libertad mientras organizaciones de derechos humanos, instituciones educativas y gremios, entre otros, exigían su inmediata liberación. 

 

Dentro de los 35 arrestados se encuentra un docente, Juan Spinetto, delegado y afiliado a Ademys. Desde la gremial docente, denunciaron que los detenidos que fueron alojados en la Alcaldía 4 permanecieron incomunicados durante más de seis horas, sin saber el destino de su traslado, sin recibir alimentos y con la imposibilidad de ir al baño. Recién a las dos de la mañana los ingresaron a la comisaría. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue otro de los sindicatos que exigió la liberación de una de sus compañeras, María de la Paz Cerruti, trabajadora del Ministerio de Economía y afiliada de ATE. También forman parte de la lista estudiantes de distintas universidades nacionales; Ricardo Sharif Sleme de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Mateo Dettore de la Facultad de Derecho (UBA), y Camila Juárez y Nicolás Mayorga, estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín.

La situación de los varones, arrestados en la Alcaldía 4 de Parque Patricios, no dista mucho. Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda, denunció que fueron golpeados y hacinados. Absolutamente ajenos a estas palmarias violaciones a los derechos humanos de las personas arrestadas, los funcionarios del Gobierno festejaban ayer la represión ordenada durante la jornada del miércoles 12, envalentonados por su primera gran victoria política. 

«La oposición quedó aún más desdibujada»

«La oposición quedó aún más desdibujada»

Jun 13, 2024 | Destacado 5, Vidas políticas

Luego de la extensa jornada que le dio al Gobierno en triunfo en el Senado, ANCCOM conversó con el abogado laboralista, Matías Cremonte  y la politóloga, Paola Zuban sobre las implicancias de la nueva ley y su impacto en el escenario político.

 

El proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» finalmente se aprobó ayer en el Senado, con varios cambios, luego de que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, diera el voto positivo ante el empate entre los senadores. A pesar de la aprobación, aún sigue siendo una ley controvertida. Por eso, mientras dentro del Congreso se decidía el futuro del país, afuera, una multitud, a pesar de la represión y las vallas, se expresó en contra de la normativa. Según Matías Cremonte, abogado laboralista, la Ley Bases “afecta muchísimo a los trabajadores y trabajadoras, es una reforma laboral muy regresiva, tal vez la más profunda desde la última dictadura militar”.

A pesar de lo que los grandes medios comentaban sobre la agresividad de los manifestantes, durante la jornada del miércoles las balas de goma y gases lacrimógenos apuntaban a jóvenes, jubilados y demás personas que protestaban contra la ley. Por los disturbios ocasionados el presidente Javier Milei denunció que había intenciones de hacerle un “Golpe de Estado”. Paola Zuban, politóloga e investigadora expresa: “Constantemente (el presidente) corre los límites de lo políticamente correcto, incluso afectando la institucionalidad. Sigue en modo electoral con golpes de efecto permanentes en su narrativa combativa contra todo el que se le opone”. Además, agrega: “El peligro de esto es que avala la violencia. Pero ese estilo tiene un límite: la repetición y la rutinización se agotan demasiado rápido. La pregunta es si logrará cubrir las expectativas ciudadanas de mejora en la calidad de vida antes de ese agotamiento”.

Cremonte analiza puntualmente las modificaciones que trae la ley para los trabajadores: “Agrava muchos aspectos para el trabajo de los argentinos y argentinas como la extensión del periodo de prueba, la eliminación de las multas para el empleo no registrado, que va a generar una mayor informalidad laboral. Y la creación de la figura del trabajador autónomo que es básicamente una deslaboralización del contrato de trabajo. Esto último es un fraude laboral ante la ley”. A ello se suma el agravante de las sanciones que pueden tener los empleados por participar en huelgas o por ser activistas sindicales. “Es todo un retroceso limitar la posibilidad de ejercer libertades a los trabajadores ya que por llevarlas a cabo podría ser despedido con ´justa causa´, siendo el empleador quién toma esa decisión”, describe.

Sobre el escenario político que deja la votación de la ley, la politóloga Paola Zuban analiza: “Es el primer escalón de construcción de poder político de Milei, con un trabajo que se debería haber hecho antes. La oposición, sin una conducción clara ni consenso, quedó aún más desdibujada que antes”.