¿Se viene el estallido?

¿Se viene el estallido?

La represión del miércoles pasado fue el punto cúlmine de una sucesión de acontecimientos inaugurados con el caso $Libra donde el gobierno perdió el manejo de la agenda. El sociólogo Pablo Semán, historiadora Dora Barrancos, la politóloga Gabriela Delamata y el diputado Daniel Arroyo analizan el escenario.

El miércoles pasado se vio el accionar de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullich en su faceta más cruda. La represión a la marcha semanal de los  jubilados, cuyos haberes han sido recortados en un 24% en términos reales, terminó con el fotoperiodista Pablo Grillo peleando por su vida tras el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza. Esto abre una serie de interrogantes: ¿Estamos al borde de un estallido social? ¿La tensión en las calles escalará? ¿Cuál es la naturaleza del accionar del gobierno en materia de seguridad?

A todas luces, la política de seguridad frente a la protesta social no parece un accidente ni un exceso, sino algo premeditado. “El gobierno tomó la decisión estratégica de avanzar un paso más en su propio modelo represivo, destinado a aniquilar la protesta. Es contra la actual y la futura, una respuesta política elaborada y meditada con el objetivo de decir ‘podemos ser los más malos del mundo’”, subraya Pablo Semán, sociólogo y antropólogo autor del libro  Está entre nosotros (Siglo XXI).

En su primer mes de gestión, el Ministerio de Seguridad instauró el protocolo antipiquetes, dando la posibilidad a las fuerzas policiales de aprehender a los manifestantes ante cualquier corte de calle. Incluso, la propia Bullrich declaró en febrero del año pasado que no dejará de actuar de esta manera “por miedo a un muerto”. El autor reflexiona que “este tipo de represión se empezó a pensar antes. Esta decisión se tomó cuando comenzó la corrida bancaria en Brasil, cuando el gobierno vio urgente acudir al FMI”.

Para la socióloga e historiadora Dora Barrancos, esto se explica también por la figura de la ministra de Seguridad: “Quien comanda la violencia del Estado es alguien que hace lo que quiere. Esta señora desquiciada no tiene ningún contrapeso porque el resto está en otra cosa”. En esa línea, observa en los miembros del Poder Ejecutivo “personalidades que tienen una composición personal grave, incluido el propio presidente. Son muy poco sofisticados en todos los rubros, incluso para la corrupción”, dice, en referencia al caso de la criptomoneda $Libra.

Ante esta situación, Gabriela Delamata, abogada y doctora en Ciencia Política y Sociología, especializada en protesta y movilización social, analiza los incidentes del miércoles pasado, destacando que “hubo una guerra de relatos acerca de lo que hicieron las fuerzas de seguridad. La ministra (Bullrich) fue una de esas voces, anclando los hechos a la idea de polarizar entre ellos y kirchneristas, lo que construye significados”.

Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmó que la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales, cuando en realidad sólo 25 de los 94 detenidos contaban con alguna causa en su contra, según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.  Por su parte, el Poder Ejecutivo, de la mano de su vocero Manuel Adorni, aseguró que se trató de un intento de golpe desestabilizante. Sobre esto, Barrancos recalca que “saben que esto es falso. Hay un aparato falsario funcionando, todo está producido sobre falsedades”.

Tensión social

Más allá del accionar represivo del Estado, la efervescencia en las manifestaciones está, sin pausa pero sin prisa, aumentando. El gobierno de Javier Milei observa cómo se multiplican las concentraciones en contra de sus políticas. ¿Estamos, entonces, ante una escalada social?

 Sobre esto, el diputado nacional Daniel Arroyo marca que “no hay condiciones en lo inmediato para un estallido porque hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente revienta para adentro, no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, está endeudada. Eso se traduce en tensión social, pero el fenómeno es hacia adentro”.

Por otro lado, destaca que hay un efecto de desmovilización: “Se rompió la idea de que si uno protesta, consigue algo. Hoy tenés riesgo de que te repriman y, además, tenés miedo de perder lo que ya tenés”. Para el diputado, “las puebladas no son un fenómeno del siglo XXI, en donde las formas de comunicación cambiaron. Antes de estallar, la sociedad marca. Un punto de inflexión fue la marcha universitaria, señaló un límite”.

Por su parte, Delamata, investigadora del CONICET y docente en grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), pone distancia entre la situación actual y el 2001, año en el cual el gobierno de la Alianza cayó producto de movilizaciones masivas en todo el país: “En aquel entonces tuvimos un escenario de fragmentación política muy fuerte, fruto de protestas en contra de todo el sistema de representación”. Dicho esto, señala que, a pesar de que puede haber condiciones materiales similares, “en este momento no está esa división, lo que prima hoy es la polarización”.

En esta misma línea, asevera que “el 2001 vino precedido de elecciones legislativas, en las que 10 millones de votantes se ausentaron o votaron en blanco. En el día de hoy, son dos espacios políticos que están enfrentados, que tienen valores y están apoyados en campos ideológicos existentes en la Argentina. Es otra dinámica, mientras no se desestabilice esa construcción del conflicto, no va a suceder (un estallido)”.

A su vez, Barrancos marca la importancia del apoyo con el que todavía cuenta el oficialismo, destacando que Milei “ganó el balotaje con la voluntad popular de mucha gente que podría haber sido indicada como saqueador en el pasado”.

En ciertos sectores de la opinión pública, sobrevuela la expectativa de una desestabilización del gobierno dada su presunta debilidad. Semán se distancia de esto, recordando que con el caso $Libra hubo gente que pensó que el gobierno iba a caer. “¿Cuántos escándalos tuvo Menem antes de que la convertibilidad tenga algo de éxito?”, se pregunta.

Crisis de representatividad

Uno de los factores que más dilata el aumento de la conflictividad social es la desconexión que existe entre el sistema político y la sociedad. Para Arroyo, “no se encuentran canales de representación. Está roto el vínculo con los actores de agregación de demandas”.

Delamata remarca que la praxis discursiva del oficialismo disipa la posibilidad de un desenlace similar al 2001: “Uno de los principales instrumentos del gobierno para mantener su popularidad es apelar todo el tiempo a que está combatiendo al kirchnerismo, a los zurdos, a la gente de mal. Del otro lado, al mismo tiempo, no se puede salir de ahí, ya que allí no hay ninguna construcción alternativa”.

En este contexto, la oposición no logra dar respuestas ni tampoco logra tener una postura cohesiva o convincente. Para Semán, “los mismos que alucinaban helicóptero el primer mes de mandato ahora dicen que va a durar mil años. No es un gobierno fuerte ni tambaleante, es uno que está construyendo su mandato como cualquier otro. En Argentina estos procesos son más revulsivos, con más posibilidades de traumatismos sociales”. En consecuencia, destaca que “este modelo represivo se beneficia en parte de la indigenidad de la oposición, que tiene expectativas de repetición histórica y una concepción muy mecánica de la vida social”.

En ese sentido, reflexionando sobre una postura de aquí en más, observa que “hay mucha gente que juega al ‘valentismo’ y a que esto es una dialéctica entre ‘cagones’ y ‘valientes’. Lo que hay que pensar es en cómo generar movilizaciones masivas, que son las que quebraron el protocolo antipiquetes. Pero estas se producen con tiempo, por lo que no se puede jugar a la desesperación”.

 

 

Hinchados de la represión y del ajuste a los jubilados

Hinchados de la represión y del ajuste a los jubilados

En un operativo conjunto, las fuerzas que responden a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentaron impedir la multitudinaria marcha que los hinchas de fútbol organizaron en solidaridad con los jubilados. Reprimieron con balas de gomas, gases y carros hidrantes. El fotógrafo Pablo Grillo fue herido en el cráneo y pelea por su vida. Hubo más de cien detenidos, la mayoría al voleo.

La represión a los jubilados en su marcha de reclamo de cada miércoles esta vez fue feroz. La multitud, que se concentró en Congreso y después se dirigió a Plaza de Mayo, fue atacada por un ejército de policías y gendarmes. Hubo más de un centenar de detenidos, y dos heridos de gravedad, uno de ellos Pablo Grillo, un reportero gráfico que recibió de lleno en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y esta noche era intervenido quirúrgicamente en el hospital Ramos Mejía y luchaba por su vida. 

La marcha parecía que iba a ser inmensa a medida que llegaban las hinchadas de varios clubes de fútbol a las que se sumaron movimientos sociales, organizaciones políticas y sindicatos. Pero tal como lo había advertido anteriormente Patricia Bullrich, se aplicó -de manera absolutamente ineficiente- el protocolo antipiquetes.

Estruendos por doquier desorientaban a la multitud, que arrinconada en  Plaza Congreso trataba de saber de qué dirección provenía la estampida ensordecedora.   Mientras en Avenida Entre Ríos y Rivadavia explotaban bombas de gas lacrimógeno que espesaban el aire, del lado de Hipólito Yrigoyen se escuchaban los escopetazos de balas de goma. Las explosiones generaban un aura que envolvía a las personas. Policía Federal,  Gendarmería y Prefectura, juntos reprimiendo nuevamente la marcha de los jubilados: varias personas mayores recibieron palazos en sus cabezas, una mujer cayó al piso golpeando seco su cabeza contra el piso.

Desde que asumió Javier Milei, los jubilados se movilizan al Congreso Nacional  todos los miércoles a las 17. Lo hacen porque no les alcanza la plata: cuatro millones y medio de adultos mayores cobran $234.540, algunos perciben un bono de $70.000 que está congelado desde marzo de 2024. La  canasta básica de un jubilado que es de $912.584, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad. A esto se le suma la quita de la cobertura del 100% de los medicamentos que antes ofrecía el PAMI mientras los remedios que aumentaron el último año más del 200%, muy por encima de la inflación. 

El pasado miércoles, la movilización había estado minada de camisetas del club Chacarita: sus hinchas hincharon por los abuelos. Ese día también hubo palo. Casi como contraofensiva a la represión, simpatizantes de más de quince clubes de fútbol anunciaron que participarían en la entonces próxima marcha.  Los de Boca, los de River, los de Racing y los de Independiente, los de All Boys y los de Chicago, los hinchas  de Atlanta, también los de San Lorenzo y los de Huracán, hinchas de Gimnasia e hinchas de Estudiantes, los de Vélez y los de Ferrocarril Oeste; hinchas de todos los clubes, de todo tamaño, clubes millonarios y clubes pequeños,cubrieron, junto a los jubilados, Plaza Congreso. “ Todos unidos triunfaremos” rezaba una bandera que tenía una imagen de Diego Maradona, bandera que en una punta era sujetada por uno de River y en la otra por uno de Independiente.

El camión hidrante también estuvo en esta cancha, de a poco iba avanzando por Avenida Yrigoyen y marcando con el chorro de agua colorida a los manifestantes. La masa retrocedía hacia Paraná: los que estaban recibiendo balas de goma corrían, los que huían del lacrimógeno lo hacían más lento y casi que desganados, pues el gas hacía que el aire queme la piel, los pulmones ardan y los ojos lloren. Con las camisetas de fútbol, algunos improvisaban barbijos para evitar respirar. Alguno que otro trataba, sin resultado, tranquilizar a la multitud y pedirle que no corrieran. Casi al compás de los estruendos se oía “Que se vayan todos/ que no quede/ ni uno solo”, el grito que surgió en el 2001 y terminó con el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa. Mientras tanto, las balas silbaban y las detonaciones resonaban como un martilleo martilleo que rebotaba entre el concreto de los edificios aledaños. 

La convocatoria era a las 17, pero a las 15 ya había movimiento. Incluso el despliegue de seguridad había empezado mucho antes, cerca del mediodía: cientos de efectivos se habían movilizado para bordear Solis e impedir el paso hacia Entre Ríos, con el objetivo de retener a la gente en la Plaza o en las veredas.Y, sobre todo, que la multitud no ganara la calle. Los efectivos impedían con vallas y cordones policiales que los manifestantes se acercaran a la zona.

Eran varios los jubilados que se dirigían a los policías: “¡No se dejen utilizar! ¿No les da vergüenza estar disfrazados? Díganme, ¿qué les podemos hacer nosotros? ¿Qué les podemos hacer?“, les preguntaba Mabel, de 68 años, mostrándoles las palmas de sus manos en un gesto vacío de grito y agresión. Los ojos de Mabel lagrimeaban y su rostro se ponía rojo de bronca. Algunas señoras más jóvenes, desconocidas para ella, la consolaban: “Yo trato de hablarles para que entiendan, para que conozcan la historia. Yo soy jubilada, cobro la minima, tomo cuatro medicamentos y mi marido ocho. ¿Cómo hacemos para vivir?”, deslizó Mabel. 

En la apertura de sesiones ordinarias de este año, el presidente Milei se jactó de haber hecho el ajuste “más grande de la historia” y que su ajuste fue a la “casta”. Nada más lejos que la realidad. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el gobierno sostuvo el superavit fiscal  a costa de las jubilaciones: el 19,2% del ajuste estuvo explicado por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Incluso se desprende de que con la fórmula previsional anterior, los haberes jubilatorios hubieran sido superadores a los actuales.  Pero el pronóstico es aún más desalentador para las mujeres, puesto que este mes de marzo vence la moratoria previsional y con ello 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse en el futuro próximo, siendo que más del 40% de la fuerza laboral se encuentra no registrada.

Sobre el lado de Rivadavia había un grupo de veteranos de Malvinas. Cinco vestidos con sus trajes de combate de color verde y  con la inscripción de Ejército Argentino: “Se le escapó la tortuga a Bullrich. ¿A quién le va a pegar primero hoy? ¿A los jubilados o a los hinchas de fútbol?”, preguntaba Miguel Ángel con un tono jocoso en complicidad con sus compañeros.  Petiso, de barba blanca y con anteojos de seguridad para evitar el gas, Miguel Angel, veterano continental de la Guerra de Malvinas, vino por primera vez a la marcha.  Con orgullo señaló que su hija es cirujana gracias a la universidad pública. Al mismo tiempo lo contrastó con el accionar del gobierno: “Ellos nos dan la espalda, se la pasan viajando a Europa y hoy tienen a todas estas hordas militares, en vez de estar, por ejemplo, en Bahía Blanca”, deslizó.

En la marcha también estuvieron presentes organizaciones políticas como el Polo Obrero, y el MST. La columna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también formó parte: “La política tiene que pensar qué está haciendo, porque si los clubes son los que tienen que asumir el protagonismo que tiene que tener la política es porque estamos haciendo las cosas mal, así que ojalá sea un despertar de la política para entender que el pueblo tiene urgencias que no esperan”, arrojó el secretario general, Daniel Catalano, que minutos después sería tacleado por la Polícia Federal, detenido y subido a carro policial.

“Que feo/ que feo/ que feo que hay que ser/ pegarle a los jubilados para poder comer”, agitaba la muchedumbre. “Trátame con cuidado, aún tengo sueños”, rezaba un cartel. “Venimos a cuidar a los que nos cuidaron”, decía otro. ”La protesta no se mancha”, un parafraseo al histórico discurso de Maradona.  

En contraste, un gendarme pateaba -¿plantando?- un arma. La imagen fue captada por un camarógrafo de C5N. Otros policías, que hacia el final de la tarde mostraban pecheras de la policía de la Ciudad, dejaban asomar por debajo camisetas de fútbol y lucían jeans y zapatillas: “¡Ese es infiltrado! Tené cuidado”, gritaba uno que advertía el truco. “Marcamelo que lo filmo”, respondió otro manifestante. “Hay algunos agitadores con cadenas de oro ¿dónde la viste?” 

Tras la represión, una gran parte de la multitud comenzó a marchar hacia Plaza de Mayo. La cacería continuó allí. La motorizada y el camión hidrante llegó hasta Avenida de Mayo y Piedras. Estruendos y más estruendos. Helicópteros que sobrevolaban 9 de Julio y con una gran linterna alumbraba hacia la calle al estilo ciudad gótica. 

Entrada la noche, el padre del fotógrafo herido detalló en la puerta del Hospital Ramos Mejía que Grillo, militante de Nuevo Encuentro, estaba trabajando en la movilización de forma independiente. Responsabilizó a Bullrich y Milei de lo que pudiera pasar con la salud de su hijo. A su vez, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) habla de «dos personas en estado de gravedad». 

Hacia el final del día, la respuesta popular a la feroz represión fueron cacerolazos en las intersecciones de diferentes barrios porteños: Dorrego y Corrientes, Montes de Oca y Suarez, San Juan y Boedo, Lacarra y Directorio, Caseros y Rioja, Acoyte y Rivadavia, y en otros puntos de San Cristobal, Monserrat y Constitución.

La violencia política avanza y el acuerdo con el FMI, también

La violencia política avanza y el acuerdo con el FMI, también

El diputado radical Facundo Manes denunció que el asesor presidencial Santiago Caputo lo amenazó y que uno de sus colaboradores le pegó tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones legislativas. Minutos antes, el mandatario anunció que en pocos días enviará al Congreso el nuevo acuerdo con el Fondo. También pidió aumentar las sanciones penales, romper con el Mercosur y abrir aún más las importaciones. En su discurso, hubo ataques a Kicillof, a Clarín y apenas aludió a la criptoestafa con $Libra. La mayoría de la oposición estuvo ausente.

Amenazas al diputado Facundo Manes, censura a la prensa, ausencia de bloques opositores y olvidos oportunos: el discurso de Javier Milei para la apertura del 143° período de sesiones ordinarias, frente a un Congreso casi vacío.

 —“Ahora me vas a escuchar y me vas a conocer”, me gritó Santiago Caputo, y me señalaba con los dedos haciendo como que me vigilaba— denunció el diputado radical Facundo Manes. Al salir del recinto, se encontró con empujones, golpes y amenazas de la patota de Javier Milei. Al “Mago del Kremlin” no le gustó nada su pregunta por el escándalo de la criptoestafa, mientras el presidente justificaba el nombramiento, por decreto, de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema.

El violento encontronazo entre Manes y Caputo fue una muestra más de la intolerancia que el Gobierno nacional demuestra contra cualquier tipo de oposición o desacuerdo con su proyecto. Pero en la calurosa jornada del primero de marzo, la apertura de sesiones legislativas ya estaba caliente no solo por el clima. Durante las últimas semanas, los integrantes del triángulo de hierro no pararon de tirar leña al fuego, escándalo tras escándalo: la vinculación de los Milei con la estafa de la memecoin $LIBRA; la intervención de Caputo en medio de la entrevista del Presidente con Jonatan Viale; las denuncias de supuestos cobros millonarios de Karina de los encuentros de funcionarios con su hermano. El Gobierno, a pesar de estar atravesando su peor crisis, sabe fingir la mejor demencia.

Adentro del Congreso, además de la emoción exorbitante de los fanáticos, rebosaban unas pulseritas verdes de papel, como las de los ingresos de los boliches o a los all inclusive, portadas por vestidos glamorosos, pelos planchados y platinados, camisas blancas, pantalones achupinados, braquets y pubertad. Granos y granos de pubertad. Uno de los jovencitos tenía un pin en su traje azul marino: “Ministerio de Trolls, República Argentina”, decía. La barra brava de Milei había ocupado la cancha.

Para hacer espacio, el presidente ordenó días antes restringir el uso del palco usado históricamente por los periodistas acreditados para que lo poblaran sus invitados. La censura también le cayó a los reporteros gráficos, con un apagón fotográfico por parte de Karina Milei inhabilitando la difusión de imágenes extraoficiales. La papada tiene miedo.

Pero debajo de los palcos, en los asientos del recinto, el espacio sobraba: más de la mitad de las 257 bancas estaban desocupadas por las ausencias de los bloques de Unión por la Patria, la izquierda, y sectores y personalidades del radicalismo, como Martín Lousteau.

Con este escenario tragicómico y su tras bambalinas, el Congreso de la Nación recibió una vez más a Javier Milei para la apertura del 143° período de sesiones ordinarias, expectante por la Argentina en transición a épocas doradas. El discurso basado en números, cálculos y porcentajes de éxito de dudosa comprobación mantuvo la misma fórmula: baja de la inflación, eliminación del Estado y de cualquier tipo de proteccionismo para imponer un libre mercado absoluto, sustentado en su autoconvenciminento de que, ahora, “los consumidores tienen más dinero en los bolsillos”. Pero los datos de la canasta básica total de enero de 2025 mostraron un aumento del 2,3%: una familia de cuatro integrantes necesitó ganar $1.033.716 para no quedar debajo de la línea de pobreza, y $453.384 para no pasar la línea de indigencia. El salario mínimo fijado por Casa Rosada para el mes de febrero fue de $292.446 para las personas que cobran el salario mensual y de $1.462 la hora para los trabajos jornalizados. El consumo no entró en la cuenta.

En materia de seguridad, además del galardón a Patricia Bullrich por su uso de las fuerzas represivas contra los jubilados todos los miércoles, fue el punto de diálogo con el gobernador Axel Kicillof, luego de haberle sugerido renunciar para intervenir la provincia de Buenos Aires tras el asesinato de la niña de 7 años en La Plata, Kim Gómez. Además, adelantó una poderosa reforma del Código Penal en camino, insistiendo agravar todas las penas y en la baja de la edad de imputabilidad: “Si quiere resolver el problema tiene dos alternativas: abandonar la misión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros, porque si hay algo que caracteriza a nuestro gobierno es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio”. El presidente, preocupado por la materia, no dio actualizaciones de los casos de Loan Peña y Lian Flores, de cinco y tres años. Lian fue visto por última vez el el 22 de febrero en la localidad de Ballesteros Sud, Córdoba;  mientras tanto, desde hace nueve meses que no se sabe el paradero de Loan. 

El presidente, que alabó la tarea de Patricia Bullrich en materia de Seguridad, no dio actualizaciones de los casos de Loan Peña y Lian Flores, dos chicos de cinco y tres años desaparecidos.

Luego de haber tratado a los legisladores ausentes como culpables de la pobreza por el “curro político” —olvidando que él está metido en uno de las más escandalosos estafas con criptomonedas, con denuncias hasta en Estados Unidos—, el presidente le pidió apoyo al Congreso frente al nuevo acuerdo con el FMI “para salir del cepo cambiario definitivamente durante este año”. Las cejas del Ministro de Economía, Luis Caputo, se levantaron sorprendidas con la promesa.

Sin embargo, Milei parece ignorar hábilmente la división de poderes del sistema democrático argentino. Luego de una hora y media de discurso rodeado de aplausos y arengas por palabras que disfrazaron el autoritarismo en intrepidez, el presidente se despidió con una declaración preocupante para lo que propone:

 —Si este Congreso no eligiese apoyar de manera mayoritaria esta propuesta, sepan que no detendremos este proceso de cambio. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer librando todas las batallas

 que haya que librar para lograrlo (…). Y aunque les cueste entenderlo y se resistan, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente. Caso contrario, habrán demostrado que el único camino para cambiar el país, es cambiar este Congreso.

 

Milei vs. Clarín

Milei vs. Clarín

El anuncio de la venta de Telefónica a Telecom, de la que el principal accionista es “el gran diario argentino”, puso al descubierto las tensiones y negociaciones del multimedio con el gobierno defensor de las desregulaciones y del reino del mercado. Los especialistas Martín Becerra, Damián Loreti y Diego Rossi hablan de las consecuencias de la compra y del impacto político.

Este lunes se hizo oficial la venta de Telefónica a Telecom, siendo el Grupo Clarín uno de los principales accionistas de este grupo. Y, consecuentemente, esta última compañía pasa a convertirse en un gigante sin precedentes dentro del sector comunicacional. Desde la Oficina del Presidente se informó – por medio de un comunicado en las redes sociales – que se investigará si esta operación no constituye la formación de un monopolio. Además, señalaron que la adquisición podría significar que el 70% de los servicios de telecomunicaciones quedarían en manos de un solo grupo económico “lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa”. Martín Becerra, docente e investigador del CONICET, en diálogo con ANCCOM señala: “Es una irónica contradicción entre el dogma de Milei, que ha defendido la concentración monopólica privada en foros de la ultraderecha, y su fuerte reacción con esta compra de Telefónica de Argentina por Telecom que, según el gobierno, crearía un monopolio en las comunicaciones”.

Con respecto al comunicado, Damián Loreti, abogado especialista en derecho a la información e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala que el Gobierno habla de versiones, cuando en realidad la investigación debería versar sobre si hubo una operación no declarada. “Lo ´novedoso’ sería actuar por versiones, no que el Estado intervenga para verificar las condiciones de absorción en un mercado que ya venía muy desregulado”, dice al respecto. En este sentido, Diego Rossi, asesor de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, agrega: “lo tenemos que ver como un comunicado del área de prensa. No fue una decisión administrativa, de hecho, si no tiene detectada la operación en términos formales, es decir, si no le es notificada, el gobierno no puede actuar, con lo cual claramente está en el plano político discursivo”.

¿El mercado se regula solo?
Meses antes de esta medida, el gobierno nacional había decretado una mayor relajación de las normas que autorizaban a controlar el sector de las telecomunicaciones alegando que la concentración excesiva produce “poder significativo de mercado”. Pero ahora, tras la consecuente reacción del presidente Javier Milei sobre la nueva adquisición de Telecom, viene a demostrar lo contrario al anunciar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para investigar esta compra.

Sin embargo, ambos organismos estatales fueron fuertemente desmantelados o intervenidos durante el primer año del gobierno libertario, “De modo tal que son, a estos efectos, organismos muy débiles para hacer frente al desafío de evaluar y definir esta compra acorde a las leyes”, dice Becerra sobre ambas instituciones. “Milei con tan pocas herramientas con las que cuenta el ENACOM -estando intervenido el organismo- solamente él sabe lo que va a generar como documento público y como herramienta de negociación y con una Comisión de Defensa de la Competencia que está en vías de extinción o que tiene muy pocas capacidades regulatorias, realmente resulta payasesco”, señala Rossi sobre este asunto. Y agrega: “Pretende usar recetas que él mismo rompió”.

Sobre la alteración que puede traer a futuro la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, Loreti señala: “Lo que va a haber es, como pasó con todos los procesos de fusión, un impacto brutal sobre la fuente de trabajo”. Al mismo tiempo, Rossi coincide con este pensamiento e indica que esta megacompra afecta directamente a los consumidores y a los ciudadanos: “Si su opción de conectividad en su ciudad era solamente Clarín o solamente Telefónica, la verdad que le cambia muy poco la compra porque sigue siendo el mismo prestador. Los que estamos en Buenos Aires, los que están en algunas zonas más pobladas y tienen dos o tres opciones, probablemente sientan un impacto porque no van a poder elegir”. Por su parte, Becerra observa las consecuencias que puede traer esto en los servicios: “la concentración excesiva tiende a abusar en los precios de los servicios, a disminuir la calidad, la cobertura y la asequibilidad de los mismos, y acumula poder en un actor corporativo que ya detenta posición dominante en medios de comunicación, telecomunicaciones y conectividad”.

Milei vs. Clarín

Desde hace ya varios años, el Grupo Clarín viene adquiriendo experiencia en materia de concentraciones dentro del mercado infocomunicacional. En 2007 se generó la fusión entre Multicanal y Cablevisión. Tiempo más tarde, durante el gobierno de Macri, se produjo la unión de Cablevisión con Telecom. Y hoy, con la compra de Telefónica, se posiciona como el principal grupo en la materia, siendo Claro su principal competencia, aunque más ligada al segmento móvil, mientras que Telecom ahora involucra los mercados de comunicaciones móviles, conectividad a Internet, telefonía fija y televisión de pago. Según un informe de Global Media and Internet Research Project, la participación conjunta de Telecom y Telefónica oscilaba, para el 2023, entre el 40% y el 80% de los mercados de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el país. “Estamos en una cosa que no se parece a nada de lo que pasó”, aclara Loreti al respecto.

Esta compra vuelve a profundizar la problemática relación entre Javier Milei y Clarín que incluso, para Loreti, se viene gestando desde antes que asumiera el nuevo gobierno y que en las últimas semanas se intensificó tras la filtración de la entrevista “en crudo” del presidente con Jonatan Viale. “Milei viene peleándose con el Grupo Clarín, a pesar de la amabilidad con la que varios de los animadores de los ciclos de política y opinión de TN y Radio Mitre, así como columnistas de Clarín, lo tratan. Creo que esa amabilidad se debe a que esta operación aún necesita la autorización estatal”, indica Becerra sobre el vínculo entre el gobierno y Grupo Clarín.

“Toda esta lectura Milei la resume en cuál tiene que ser su posición para no caer en una nueva extorsión de Clarín-Telecom. Entonces, entiendo que como forma de negociación sectorial dice, ´Lo vamos a estudiar´». Pero cualquiera que haya leído la historia de los años 90 en Argentina sobre las privatizaciones sabe que cuando se anuncian fusiones en el exterior es muy difícil que internamente a través de mecanismos legales se pueda bloquear esa fusión”, dice Rossi. Simultáneamente, el asesor reflexiona acerca de que estamos en un año electoral y que los medios de comunicación vienen a ocupar un rol central: “las elecciones pueden refrendar o no el rumbo actual del gobierno, donde uno de los componentes es disponer de un ecosistema de medios y el grupo Clarín sigue teniendo un poder de peso. Pero también es cierto que en el marco de esas negociaciones que no conocemos, puede variar el tono o puede tener más o menos condescendencia en alguna de las ramas audiovisuales o escritas de sus medios”.

Así, política y negocios vuelven a estar en el centro de la escena, aunque todavía el final de esta historia parece inconcluso. “Lo paradójico de este gobierno es que no se va a poder mostrar defensor del empleo, o defensor de las institucionalidades, o defensor del libre mercado o de la libre competencia cuando ha venido sistemáticamente destruyendo todo”, afirma Rossi.

Paro docente en trece jurisdicciones

Paro docente en trece jurisdicciones

Con salarios básicos por debajo de la línea de indigencia, los gremios nacionales enrolados en la CGT anunciaron que este lunes no comenzarán las clases. Después de siete meses sin diálogos, el gobierno convocó a los sindicatos ante la inminencia de la medida de fuerza.

Una nueva contienda se libró entre los gremios docentes nucleados dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional. Habrá un paro de 24 horas el próximo lunes 24 de febrero en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Lo que nos lleva a hacer el paro es la falta de convocatoria a paritaria entre el mes de julio de 2024 y el 20 de febrero”, dijo a ANCCOM Fabián Felman, el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). “Además, planteamos la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente e inversión en educación, porque desde el año pasado hay un desfinanciamiento en el rubro que es público y notorio”, agregó. 

En eso coincidió Norberto Cabanas, el secretario gremial de la Unión Docentes Argentinos (UDA), quien en una conversación con esta agencia dijo que “desde julio no nos reunimos con la Secretaría de Educación de la Nación ni nadie del Ejecutivo, simplemente porque no nos convocan”. 

No obstante, horas después de que los gremios docentes de la CGT anunciaron esta semana, por conferencia de prensa, que realizarían un paro en el que sería el primer día de clases para 13 jurisdicciones, el Ministerio de Capital Humano de la Nación publicó un comunicado para informar que ese mismo día, a las 15 horas, llevaría adelante la Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado, con la participación de los sindicatos docentes nacionales, representantes del Consejo Federal de Educación de todas las regiones del país y las secretarías de Educación y Trabajo de la Nación. 

¿Por qué el Gobierno esperó hasta el anuncio del paro para realizar la convocatoria y no la hizo antes? “Creemos —dijo Felman— que logramos una muy buena cobertura de los medios, el apoyo total de los sindicatos, no sólo docentes sino del mundo del trabajo. De alguna manera, la comunidad nos cree más a los docentes que lo que puede decir el Gobierno”. A su vez, el secretario gremial de UDA comentó que “hace 7 meses que venimos pidiendo reunirnos para modificar el salario. Hicieron la convocatoria después de que nosotros hicimos público el paro. Nos parece que tuvieron suficiente tiempo para pensar, juntar la plata, convocar, pero ni siquiera eso”. 

El problema de fondo, en palabras del secretario general de la CEA, es que “nosotros tenemos congelado el salario mínimo en 420 mil pesos desde julio de 2024, un salario que lo determinó el Gobierno nacional por decreto”. Por su parte, Cabanas dijo que “un salario de 420 mil pesos hoy ya no es que está por debajo de la línea de pobreza sino que está en la indigencia. La canasta básica alimentaria está en algo más de 450 mil pesos. Este es el principal motivo del paro”. 

Según relataron ambos gremialistas, esa situación hace que muchos docentes tengan que recurrir a otros trabajos, unos adicionales, para poder llegar a fin de mes. “Tenemos docentes que hoy están trabajando en aplicaciones móviles porque trasladan pasajeros —contó Felman—, porque tienen que buscar otro trabajo, ya que el salario no alcanza. Hay, también, docentes que tienen que dar clases particulares o que trabajan hasta en tres turnos. Hay jurisdicciones que tienen prohibido trabajar más de un turno, entonces tienen que hacer otras tareas”. 

Cabanas complejizó el panorama al comentar que “la primera medida que tomó el Gobierno al asumir fue discontinuar el pago del incentivo docente, o sea, aplicó una rebaja salarial que fue del 8 al 15% de acuerdo al salario de cada docente. Además, discontinuó programas que tenían que ver con la entrega de computadoras, como el Conectar Igualdad, y programas de formación docente. Hoy un educador que quiere capacitarse tiene que estar pagando un curso, un perfeccionamiento, una actualización o una maestría de su propio bolsillo. El Estado nacional no le brinda la posibilidad de capacitación. Realmente estamos en una crisis del sistema educativo muy aguda”. 

¿Qué pasará después de la reunión del próximo lunes? “Conseguir que el salario se transforme en uno acorde a lo que debería estar ganando un docente es difícil —opinó Cabanas—, en el sentido de que se debería aplicar un porcentaje bastante alto para ser algo asequible”. Por su lado, Felman dijo que “uno cuando pide el diálogo es porque tiene expectativa y esperanza. Nosotros tenemos la obligación, como dirigentes sindicales, de tener expectativas de que nos hagan una propuesta que sea trasladable a los docentes. Si la respuesta es irrisoria, nosotros directamente tenemos que rechazarla”. 

El secretario general de la CEA, además, manifestó que “a veces algunos periodistas nos critican y nos dicen ‘¿Por qué al Gobierno anterior no le hicieron paros?’. Nosotros les decimos que lo primero que hizo el Gobierno de Alberto Fernández fue restituir la paritaria que había anulado por decreto Mauricio Macri. Segundo, tuvimos paritaria inclusive en pandemia, para regular las condiciones de trabajo de ese período. Y terminamos el año 2023, es cierto que producto de la inflación, reuniéndonos casi mensualmente”. 

“El Gobierno profesa una ideología que desprecia el rol del Estado. Para nosotros el Estado, tanto nacional como provincial, tiene que garantizar la educación, la salud, el acceso a la vivienda. Para el Gobierno, no. El propio presidente se definió como un topo dentro del Estado”, concluyó, por su parte, Cabanas.