Veto y palos a los jubilados

Veto y palos a los jubilados

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el aumento jubilatorio, la plaza del Congreso se inundó de gases lacrimógenos y, como en un loop de miércoles, los manifestantes fueron reprimidos. Hubo alrededor de 50 heridos y al menos dos detenidos.

La Plaza del Congreso fue una vez más testigo de la represión hacia los jubilados por parte de tres fuerzas federales durante la tarde del miércoles, luego de que en una sesión especial la Cámara de Diputados ratifique el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria. “El jubilado no se toca”, exclamaban a coro los miles de manifestantes frente al personal policial.

Mientras que por un lado se encontraba la policía motorizada junto a un camión hidrante, por el otro estaban los jubilados, incluso algunos sostenían un cartel en una mano y el bastón en la otra. “Genocidio silenciosos” y “Veto es hambre” eran algunas de las frases que se lograban leer en los carteles.

Agrupaciones de jubilados, Sindicatos (CGT, las dos CTA, UTEP, SIPREBA, entre muchos otros), el Polo Obrero y movimientos sociales, organismos de Derechos Humanos fueron algunos de los que dijeron presente para reclamar una mejora en los haberes de los adultos mayores.

La concentración inició desde el mediodía. Los manifestantes se encontraron con el Congreso vallado, camiones hidrantes, además del personal de Gendarmería y la Policía Federal. Tal parece que, si bien desde el Gobierno nacional afirman que realizar acciones como un aumento a jubilaciones pone en riesgo el equilibrio fiscal, para la ministra de seguridad Patricia Bullrich no parece ser inconveniente organizar mega operativos de seguridad a manos de tres fuerzas federales. El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdez denunció que tan solo diez de las balas de goma utilizadas ayer por la policía cuestan lo mismo una jubilación mínima.

“No nos van a doblegar porque el alma de doña Norma Plá me acompaña en la vida, y en la muerte también compañeros”, expresó un jubilado frente al cordón policial mientras sostenía en alto un cartel con la imagen de la emblemática dirigente de los años noventa, quien fue reconocida por luchar por los derechos de los jubilados contra el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem.

Si bien en la mañana del miércoles ya se sentía la tensión en las afueras del recinto –y dentro también–, la represión se inició luego de que los manifestantes tiren algunas de las vallas que rodeaban la zona en rechazo a la votación de Diputados. Palos, gas lacrimógeno y balas de goma fueron la ofrenda de las fuerzas de seguridad.

“Nosotros no somos la casta”, afirmó Julia, una jubilada que se encontraba en la movilización junto a sus dos amigas. “Un 8 por ciento de aumento nos negaron y ellos ganan siete palos, no se puede creer que sean tan desgraciados y ahora la policía también nos está dando ¿En dónde vivimos?”, exclamó con indignación una de las amigas de Julia, quién tuvo que salir corriendo sobre avenida Callao luego de oír un fuerte estruendo.

La policía motorizada avanzó sobre avenida Callao con impunidad, lanzando gas sobre los rostros de los manifestantes y generando estruendos con balas de goma. “¿Señor quiere limón?”, le ofreció una chica a un hombre que se encontraba con lágrimas y gas en la cara y con los ojos cerrados respondió con una afirmación, mientras extendía sus manos para luego frotar el jugo del cítrico en su rostro, intentando de alguna manera aliviar el ardor del gas.

La jornada, como un loop de miércoles, finalizó con alrededor de 50 personas heridas por gases lacrimógenos y balas de goma, entre ellas varios jubilados, trabajadores de prensa y hasta una niña de 11 años y un niño de 9, según el relevamiento que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El reporte de la Policía Federal informó dos detenidos.

La Ley de Reforma Jubilatoria que vetó el presidente Javier Milei consistía en mantener los aumentos por inflación para jubilados, pero además exigía tener en cuenta la evolución de los salarios y agregar una recomposición del 8,1%. Todo eso implicaba, en promedio, un aumento de 13,700 pesos a cada beneficiario, algo así como una docena de empanadas.

Liberan al último preso por manifestar contra la Ley Bases

Liberan al último preso por manifestar contra la Ley Bases

Luego de estar 85 días detenido en el penal de Ezeiza, la Cámara Federal ordenó la excarcelación de Roberto de la Cruz Gómez. El fiscal Stornelli sigue maniobrando para que no se cierre la causa.

Roberto de la Cruz Gómez llevaba detenido más de 80 días en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Esta mañana, los jueces Eduardo Guillermo Farah, Roberto José Bocio y Martin Iruzun ordenaron su excarcelación. Las condiciones para su salida serán la utilización de un dispositivo electrónico de rastreo, la retención de sus documentos de viaje junto con la imposibilidad de salir del país y la obligación de no ausentarse de su domicilio.

El pasado viernes, de la Cruz Gómez fue notificado de que permanecería detenido por poseer antecedentes penales, luego de que 

Daniela Calarco Arredondo, fuera liberada. De esta manera, de la Cruz Gómez era la última persona que quedaba en prisión por manifestarse contra la Ley Bases. 

En un comunicado dirigido a la jueza María Romilda Servini de Cubría que presentó el lunes, expresa que su detención es injusta y falta de méritos. Además, afirma sobre los videos que se presentaron como prueba de los delitos: “Solo se ve que nos estamos cubriendo de balazos de goma y gases lacrimógenos que arrojó la policía del lado de la valla en donde se nos permitía protestar constitucionalmente.” 

En ese mismo comunicado, de la Cruz informa su decisión de ponerse en huelga de hambre: “No como un hecho de rebeldía, sino como una forma de protesta ya que me dejan detenido por marchar constitucionalmente”,  expresó. 

La policía acusó a de la Cruz Gómez de prender fuego tachos de basura e incentivar a otras personas a intentar lo mismo, en el marco de las movilizaciones en contra de la aprobación de la Ley Bases. Sin embargo, un fotógrafo que estaba allí al momento de los hechos, mostró una fotografía donde se lo ve a de la Cruz Gómez  en el lugar de su detención, y en ella no figura ni un tacho en llamas, ni tumulto de personas. “Se ve sí a la PNA y la brutalidad policial al detenerme, como está en mí declaración”, aclara en el comunicado. 

En diálogo con lavaca contó que la policía comenzó a avanzar sobre los manifestantes tirando balas de gomas, por lo cual la multitud retrocedió:  “Seguimos retrocediendo, diciendo, ¿hasta dónde van a tirar balas? Llegamos hasta 9 de Julio. Ahí estaban las motos, la Policía Federal. Estaban deteniendo personas, había un grupo de chaleco azul que manoteaba gente” relata. Al intentar volver hacia Plaza de Mayo, los efectivos policiales le negaron el paso, dejando a los manifestantes atrapados entre las motos de la Policía Federal y el cordón que había hecho la propia fuerza.  “Al lado del cordón me agarran, no es que me corrió la policía ni nada”, cuenta. 

Desde la asunción de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y la implementación del «protocolo antipiquetes” avalado por un discurso oficial que pregona la criminalización de la protesta, son numerosas las movilizaciones ocurridas a lo largo de este año donde los manifestantes son reprimidos, resultando heridos, gaseados y golpeados.

De la Cruz fue detenido el 12 de junio, en el marco de las protestas contra la denominada Ley Bases. En aquella movilización la policía detuvo a 33 personas. Esa misma tarde, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich compartieron un comunicado publicado por la Oficina del Presidente donde felicitan a las Fuerzas de Seguridad por “su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que intentaron perpetrar un golpe de Estado”. 

A diez de las personas detenidas las imputaron por delitos federales, quedando a disposición de la jueza Servini de Cubría. El fiscal Carlos Stornelli  pidió prisión preventiva para todos los detenidos y los acusó de delitos contra el orden público, sedición y acciones terroristas, en sintonía con el planteo oficial. Servini de Cubría desestimó los expedientes presentados por el fiscal, dejó  en libertad a 28 de los detenidos por falta de mérito, y resolvió el procesamiento para cinco de ellos de los cuales tres fueron excarcelados en el mes de julio. Sólo quedaron dos detenidos: Daniela Calarco Arredondo -liberada hace unos días- y Roberto de la Cruz Gómez. 

Con la excarcelación de de la Cruz, ya no quedarían detenidos por manifestarse aquel 12 de junio. Sin embargo, Myriam Bregamn dirigenta del Frente de Izquierda, denunció vía X que Stornelli está tratando de involucrar más personas para mantener abierta la causa, llamando a prestar declaración a nuevos imputados. 

Criminalización de la protesta en Chubut

Criminalización de la protesta en Chubut

Seis personas que se manifestaban contra la aplicación del RIGI en la provincia fueron judicializados. También periodistas de medios sociales de comunicación.

Seis ambientalistas fueron denunciados por el vicegobernador de Chubut Gustavo Menna y otros dos diputados de Juntos por el Cambio por amenazas e incitación a la violencia en el marco de las protestas en contra de la adhesión al Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI).

 El pasado 15 de agosto se aprobó en la Legislatura chubutense la adhesión de la provincia al RIGI, un nuevo hecho que se suma a las razones de la histórica lucha de los grupos ambientalistas contra la megaminería y la explotación de los recursos naturales en la región.

En el transcurso de esa jornada, un pequeño grupo de manifestantes se acercó a las inmediaciones del lugar para expresar su descontento por esta decisión, y se encontró con un fuerte dispositivo policial que rodeaba la Legislatura. Fue durante el cuarto intermedio, alrededor de las 17, que se dio un acalorado intercambio entre los ambientalistas y los diputados Luis Juncos y María Andrea Aguilera, que en ese momento estaban comiendo en un bar en las cercanías.

Este hecho resultaría en la denuncia de ambos legisladores, más tarde ampliada por el vicegobernador Menna, hacia seis personas: Noelia Silva, Aníbal José Aguaisol, Vilma Beatriz Pérez, Iván Alejandro Marín, Bettina de Fátima Granillo y Luis Alejandro González. La mayoría de ellos son comunicadores sociales y activistas conocidos en la provincia.

Con un buen número de policías que lo rodeaba, y la grabación de una de las imputadas que se encontraba transmitiendo en vivo lo que sucedía, este grupo manifestante se acercó a la mesa de los diputados para comentar las implicancias del proyecto que acababa de ser votado. Y ante las respuestas negativas de los legisladores, y la creciente rispidez de la discusión, es que deciden dar por terminado el conflicto y retirarse tranquilamente del lugar por entre medio del cuerpo policial.

Entre los delitos que se les atribuyen se encuentra la incitación a la violencia, amenazas y la privación de la libertad y agresión a una menor de edad, hija de la diputada Aguilera. Esto fue repetido por muchos de los medios locales más importantes, que se empeñaron en señalarlos como culpables.

En diálogo con ANCCOM, Noelia Silva, una de las imputadas, comentó: “Obviamente lo que ellos denuncian no sucedió. Nosotros ingresamos estando la policía ya adentro del local y salimos completamente tranquilos, lo que demuestra a las claras que no hubo ningún delito en flagrancia, ni ninguna situación de violencia”.

Ante este hecho, se dictaminó una orden de prohibición de acercamiento a los acusados a 500 metros de la Legislatura, los diputados Aguilera y Juncos, y la menor involucrada. Esto, como mencionó Noelia, afecta directamente a la profesión de los imputados: “Entendemos que esto tiene que ver con acusar específicamente a los que somos comunicadores, como una especie de censura para que no podamos acceder a lugares estratégicos”.

Entre los ambientalistas acusados se encuentra el fotoperiodista y psicólogo Aníbal Aguaisol. “Soy licenciado en Psicología y trabajo en el Hospital de Rawson, que está a escasos 200 metros de la Legislatura. A mí me coartaba la posibilidad de poder ejercer mi trabajo”, dijo a esta agencia. De todas maneras, la orden fue posteriormente recurrida por los acusados, que consiguieron recortar el alejamiento a sólo 50 metros.

 

Modus operandi 

Este tipo de situaciones no forman parte de un hecho aislado sino que a lo largo de los últimos años en la provincia de Chubut los sucesivos gobiernos han realizado numerosas denuncias a grupos ambientalistas, que en su mayoría evolucionaron hacia la inocencia de los implicados.

En diciembre de 2021 hubo en toda la provincia durante una semana una sucesión de paros, manifestaciones y represiones en el marco de la aprobación de la Ley de Zonificación Minera, que permitía el extractivismo y la megaminería en la región, a pesar de la existencia de normativas previas que lo prohibía. Este suceso se saldó con numerosos vecinos imputados con delitos de obstrucción o de provocar incendios, entre otros.

Hoy son ocho los que aún quedan procesados. El pasado 22 de agosto, la jueza penal de Comodoro Rivadavia María Laura Martini resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba de los acusados. Este hecho provocó un ardid mediático dentro de la provincia y alrededores con el fin de desacreditar la figura de la misma jueza y repudiar su accionar.

“El Chubutazo”, como es denominado popularmente fue, en palabras del diputado por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Santiago Vasconcelos, “una de las máximas expresiones en materia de lucha en defensa del ambiente”, donde una enorme pueblada sin precedentes consiguió derrotar el intento de introducir ilegítimamente la megaminería en la provincia.

El diputado agregó que “hubo una represión salvaje, y ahora hay una persecución en términos judiciales a  los vecinos que participaron en las revueltas”. De eso se trata la estrategia que tomó el gobierno de Mariano Arcioni, y que continúa el actual gobernador Ignacio Torres. “Es vergonzoso cómo se alineó el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y el cuarto poder que es la prensa en contra de un grupo de vecinos para criminalizar la protesta y correr el eje”, apuntó.

Vasconcelos describió que “se hizo toda una campaña con todos los medios ligados al oficialismo y con el peso del Estado para criminalizar la protesta, porque además ni a los vecinos ni a mí nos llamaron para contar nuestras distintas versiones”.

Lo que se cuenta en los principales medios de Chubut es sólo una parte de la historia, mientras que sistemáticamente han ido silenciando la otra. Los mismos vecinos entrevistados comentaron que todo este “circo mediático” ha provocado una tendiente ola de descreimiento hacia estos medios por parte de la población general.

De todos los casos judiciales ninguno ha prosperado lo suficiente como para dar la razón al discurso del oficialismo. Sobre el caso de las protestas en contra del RIGI, Aguaisol expresó: “Estoy convencido de que esta denuncia no va a prosperar porque no hay elementos que permitan que esto se sostenga. Lo que preocupa es la utilización de la justicia para proscribir a comunicadores como es mi caso”.

Las continuas luchas por la protección del medioambiente en Chubut están lejos de cesar, la nueva adhesión al RIGI es prueba de ello. “Esto es la devastación total por treinta años, que la decide un gobierno que lo debate por una hora y que tiene un mandato por cuatro años”, explicó Silva. “Se entregan todo tipo de bienes, por mar, tierra y por subsuelo; mata a todas las industrias”, añadió.

Esta decisión implica dejar el ecosistema de la provincia a merced de las intenciones de la megaminería, y atenta contra las vigentes leyes medioambientales, que fueron en su momento importantes conquistas para los vecinos chubutenses. “La ley a la que se está adhiriendo establece que cualquier ley provincial que impida algún proyecto es nula y que cualquier litigio se resuelve en tribunales”, agregó el diputado Vasconcelos.

Y son muchas las consecuencias que ya ha provocado la megaminería en Chubut. El Lago Colhué Huapi, por ejemplo, al sur de la provincia fue secado casi en su totalidad por factores extractivistas. Grandes crisis hídricas azotan los campos de la provincia hace muchos años, y comprometen también el normal desarrollo de la vida de muchos vecinos que durante el verano tienen que sobrellevar épocas de duras sequías que los obligan a buscar nuevas formas de abastecerse de un recurso tan indispensable como es el agua.

 

Más respeto que soy tu abuelo

Más respeto que soy tu abuelo

La Policía Federal reprimió y lanzó gas pimienta a los jubilados que se manifestaban en contra del veto anunciado por Javier Milei a la ley sancionada por el Congreso que permite recuperar una parte del recorte que la motosierra del Gobierno aplicó a los haberes de la Tercera Edad.

Antes de llegar a la esquina de Rivadavia y Combate de los Pozos, ya podía escucharse el ruido típico de una multitud que reclamaba. Los autos y colectivos comenzaban a circular con cuidado mientras grupos y más grupos de personas  concentraban frente al anexo del Congreso. El piso está lleno de papeles en los que se puede leer ‘’no al veto’’ y ‘’aumento de la jubilación ya”.

 ‘’Yo vengo acá cada miércoles pero este es un miércoles especial’’,  le dijo una mujer de entre el grupo de jubilados a una joven. Cuando terminó de hablar con ella, siguió diciendo, pero esta vez para todos: ‘’¡No a la motosierra de Milei!’’, ‘’¡No al veto de Milei!’’.

 El pasado miércoles, 22 de agosto, el Senado aprobó la reforma que busca actualizar los haberes de los jubilados. Si la norma se aplicara, los ingresos mensuales de la mayoría, los que cobran la mínima, llegaría aproximadamente a 316 mil, es decir apenas un 35% de la canasta básica de un jubilado. No obstante, Javier Milei anunció que está dispuesto a vetar la ley. Ante esta posibilidad, Jubilados de Izquierda, MJL CONAT, la Confederación Jubilados de la República Argentina, entre otras organizaciones más, convocaron a una concentración para luego marchar a Plaza de Mayo en contra del veto del presidente de la Nación.  

A medida que va llegando la gente, el espacio empezó a quedar chico. En el centro de la calle, se empezó a armar el núcleo de la concentración. Se saludaban entre los presentes, conversaban, repartían volantes y escuchaban una radio abierta, la previa de una marcha. De a poco, los cantitos empezaron a tomar cuerpo:

‘’¡Milei, basura, vos sos la dictadura!’’, gritaba un puñado de canosos y cavos. Pero el canto se dejó de escuchar porque fue reemplazado por abucheos cuando salió la Policía Federal para formar un cordón delante de la concentración de jubilados. Resultado, los manifestantes se aglutinaron aún más.

-A ver, decime. Cuando pasó lo de la universidad salimos todos, ¿y ahora nadie tiene un jubilado en la familia? -dijo una de las señoras, apoyada sobre la pared, mientras dejaba salir un suspiro cansado.

En la esquina, un poco más alejado de la concentración, otro jubilado, entrevistado por un periodista, decía que ‘’yo pago los servicios, pago mi alquiler. Tengo que tomar siete remedios. No me queda para comer’’.

 

Los carteles y pancartas eran expresivos de la situación dramática por la que pasan los jubilados: ‘’Si hay veto, hay calle’’ se afirmaba en uno de los carteles. ‘’¡Con los viejos no van a joder más!’’, dijo alguien y alrededor suyo vitoreraron el grito. 

Sin embargo, el clima del lugar se transformó cuando la policía salió de su inercia y se lanzó a reprimir. Se empezaron a escuchar gritos a la vez que las bocinas de los colectivos sonaban cada vez más. Los uniformados empezaron a lanzar golpes y gases lacrimógenos y gas pimienta contra los manifestantes, que en su enorme mayoría pasaban los setenta años, y tuvieron que alejarse a la fuerza de la escena.

Una de las jubiladas se refregaba los ojos y le repetía a su compañero ‘’estoy bien, estoy bien’’, mientras a su lado, un chico, aturdido, estaba siendo atendido por cuatro personas al recibir de lleno el gas lacrimógeno en la cara. Las diferentes agrupaciones empezaron a los gritos para que de todas formas iniciara la marcha.

‘’Que tristeza, ya van a llegar a viejos ustedes’’ les gritaba, al pasar, una mujer a los policías que estaban a un lado. Su marido la llevó hacia él con el brazo, a modo de cuidado.

«Que tristeza, ya van a llegar a viejos ustedes’’ les gritaba, al pasar, una mujer a los policías que estaban a un lado. Su marido la llevó hacia él con el brazo, a modo de cuidado.

Aferrándose a sus conocidos, a las banderas o carteles que llevaban, la multitud de jubilados comenzó a cruzar la avenida Entre Ríos, desde donde estaba, frente al anexo de Diputados, hacia la Plaza Congreso. Acompañados del MST, el PTS, entre otros movimientos de izquierda y agrupaciones sociales, como el Polo Obrero, los jubilados dieron inicio a la marcha que terminaría frente a la Casa de Gobierno. 

 -Qué vergüenza, ¿a vos te parece que con la edad que tengo yo, tenga que venir acá? -le comentaba un señor que caminaba con dificultad a una mujer a su lado. Intercambiando opiniones, avanzaban por las mismas calles que meses antes estuvieron pobladas por manifestantes en contra de la Ley Bases, y que defendieron la educación pública.

Con carteles y al ritmo de las cacerolas, se escuchaba ‘’¡Jubilados, carajo! ¡Jubilados, carajo!’’. 

Mucha gente que circulaba por el lugar, en autos o por la vereda, se detenía para transformarse en testigos de esa multitud de mayores que marchaban hacia Plaza de Mayo. Algunos iban ayudados por bastones, por el brazo de su acompañante o incluso una señora en silla de ruedas participaba de la protesta. ‘’Trabajadora y, ahora, luchadora jubilada’’ comentó a ANCCOM.

Un grupo de turistas observaba mientras su guía les explicaba un poco del descenso al infierno que venía atravesando Argentina. 

La policía, después de reprimir y dejar varios heridos, siguió la marcha a un costado, cumpliendo con el protocolo de Patricia Bullrich. Los manifestantes, siempre cantando.

‘’¡Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, basura, vos sos la dictadura!’’

Atravesando Plaza de Mayo, los gritos se volvieron cada vez más fuertes. Aquellos que se encontraban sentados, esperando en el lugar, se pusieron de pie para caminar junto al resto hacia las rejas de la Casa Rosada. Aún acompañando la protesta con el ruido de las cacerolas, comenzaron a cantar ‘’por un paro general’’. 

 

Alrededor de las seis de la tarde, después de horas de cánticos y gritos, después de haber recibido golpes y gases lacrimógenos por parte de la policía, los jubilados y jubiladas empezaron a desconcentrarse lentamente y finalizaron otro miércoles más de reclamo.

Movilidad jubilatoria adentro, dietazo afuera

Movilidad jubilatoria adentro, dietazo afuera

Con una novedosa mayoría de dos tercios, compuesta por legisladores de Unión por la Patria, una parte del radicalismo y fuerzas provinciales, el Senado de la Nación aprobó la reforma que busca actualizar, al menos una parte, de los haberes de los jubilados. Dura derrota del gobierno de Javier Milei que amenaza con vetar la norma.

La reforma a la fórmula previsional que aprobó hoy la Cámara de Senadores establece una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incluye una compensación por única vez del 8,1 por ciento e incrementos anuales equivalentes a la mitad del aumento de los salarios, que supere la inflación. La sanción de esta norma implica una dura derrota política para el gobierno de Javier Milei.

El objetivo de la norma, según el senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria –quien luego debió retirarse del recinto por el fallecimiento de su madre–, es recuperar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados, quienes actualmente enfrentan serias dificultades para cubrir la canasta básica debido a un retraso en los ajustes desde diciembre de 2015. Recalde señaló que los recursos para solventar esta situación están disponibles, pero se destinan a otros fines, y consideró que aprobar esta ley es una cuestión de justicia social.

El debate duró casi cuatro horas y 22 senadores hicieron uso de la palabra. Hubo opiniones y posturas mixtas, pero en general favorables a la sanción. Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, expresó: “Este proyecto no debería tener más dilación, es una medida que únicamente busca ayudar a la población más vulnerable, los jubilados y jubiladas”. El oficialismo, minoritario en la Cámara, buscó modificar y eliminar artículos, entre ellos el número 3, que propone la compensación de 8,2% aplicado desde julio y no retroactivo a febrero.

Finalmente, el proyecto fue aprobado con 61 votos a favor y 8 en contra. Los dos tercios le condicionan la posibilidad del veto presidencial, anunciado en la previa por el propio Milei: “No entregaré el déficit cero. Una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva a la pérdida de valor de los bonos y con ello suba el riesgo país y la tasa de interés. Si cedemos a los delirios políticos volverá la inflación y continuaremos por el camino de la decadencia que iniciamos hace un siglo, lo cual nos ha empobrecido brutalmente”, había posteado días atrás en la red X.

Los dichos del mandatario fueron ratificados a su turno por el vocero, Manuel Adorni: “Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”. Pero al haber sobrepasado los dos tercios en Diputados y en el Senado, ambas cámaras podrían impugnar el veto presidencial.

El bloque libertario, en tanto, se propuso eliminar varios artículos para mitigar el impacto fiscal. Bartolomé Abdala calificó la flamante ley como un reclamo netamente político y pidió por una normativa que no sea susceptible de veto. No obstante, pese a las advertencias del Gobierno, el proyecto avanzó y se aprobó.

¿Aumento o congelamiento?

Tras la sanción de la movilidad jubilatoria, el debate continuó con el “dietazo” de los senadores –cuyo ingreso mensual alcanzaría los 9 millones de pesos–, un anuncio que provocó el amplio rechazo social.

Convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, la sesión especial se centró en la discusión de dos propuestas, una de ellas del senador formoseño José Mayans, que plantea un tope equivalente a 20 salarios mínimos, lo que reduciría significativamente el monto a un aproximado de 5 millones. La otra propuesta, impulsada por el cordobés Luis Juez y respaldada por el PRO y La Libertad Avanza, propone revertir los aumentos anteriores y fijar las dietas en menos de dos millones.

La decisión del cuerpo fue congelar los haberes de los senadores hasta diciembre. La resolución, aprobada por mayoría, establece que toda actualización sea suspendida. Así, los legisladores seguirán percibiendo un ingreso mensual de unos siete millones de pesos. Veinticinco veces más que un salario mínimo.

“Denunciar los crímenes de guerra de Israel no es antisemitismo”

“Denunciar los crímenes de guerra de Israel no es antisemitismo”

El exlegislador porteño del MST, Alejandro Bodart, fue absuelto en el juicio iniciado por la DAIA que lo acusaba de violar la Ley Antidiscriminatoria a partir de dos twitts donde opinaba sobre los ataques contra el pueblo palestino.

El exlegislador porteño Alejandro Bodart, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) que integra el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), fue absuelto ayer, 21 de agosto, en el juicio que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) llevó a cabo en su contra por opiniones que entendían como discriminatorias y antisemitas.

“Hemos triunfado”, lanzó Bodart al salir del juzgado. La frase disparó la ovación de los militantes y dirigentes de su partido, quienes lo recibieron bajo una leve lluvia fuera del recinto con un micrófono, parlantes, banderas partidarias y pancartas que rezaban: “Defender a Palestina no es delito”. Mientras tanto, entonaban “contra el silencio y el Apartheid, vamos a la calle, Palestina va a vencer”.

“Ha sido un juicio político, donde se ha podido, a través de los testigos y de la defensa excepcional que he tenido, contrarrestar este intento de bozal por parte de la DAIA para que los que defendemos la causa de Palestina nos callemos la boca”, prosiguió el ahora absuelto, para luego ceder el micrófono a sus abogados defensores, María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, ambos integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CoRRePI), a quienes agradeció por haber “defendido la causa con el corazón, además de con el derecho”.

Verdú señaló: “Para CoRRePI ha sido un honor y se trata de una cuestión de principios, es parte de nuestra práctica cotidiana en la militancia antirrepresiva la defensa de cualquier persona represaliada por lo que dice o hace en el ámbito de la militancia social. Pero se facilita mucho más cuando, además, compartís y estás convencido de lo que hay que defender en el caso concreto. Acá no tuvimos que hacer malabares porque no estábamos de acuerdo con algo que hubiese dicho Alejandro Bodart y que fuera motivo por el que llegó a juicio. Es nuestra propia convicción porque sabemos que defender Palestina no es delito”.

Jalil, visiblemente emocionado, agregó: “Desde esta sangre que corre por mis venas, por los ancestros míos, por su cultura, por su creencia, por su fe, por lo que fuere… traigo el agradecimiento de un pueblo que está siendo brutalmente exterminado por un enemigo de la humanidad que se llama sionismo. El Estado genocida de Israel se está comiendo a cada uno de mis hermanos. Tengo aquí la foto de la casa de mi prima bombardeada en el sur de Beirut ahora, hace escasos cuatro días, cuando estábamos sentados acá dentro”.

También aprovechó para saludar a la convocatoria: “Algunos dirán ‘¿pero qué hace esa gente ahí?’. Esa gente aquí está levantando la bandera más hermosa que nosotros conocemos que es la de la solidaridad internacionalista, porque creemos fervientemente en que si tocan a un ser humano con un acto de injusticia, están tocando a todos los seres humanos de la Tierra”. Para terminar, destacó: “Durante todos estos días, la parte acusadora miraba para atrás y tenía una pared. La otra parte, tenía compañeras y compañeros. No hay ninguna posibilidad que nos derroten mientras exista este compromiso.

Antes de la foto de rigor con todos juntos para cerrar el acto, Jalil retomó el micrófono y dedicó la victoria “en memoria de Norita Cortiñas”, integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quien estaba anotada como testigo por la defensa pero falleció el pasado 30 de mayo.”

La acusación

Los dichos que la DAIA apuntó contra Bodart para el litigio fueron “Sionistas=Nazis” y “74 años de la catástrofe que vive el pueblo palestino, a manos del Estado racista y genocida de Israel. La llave, símbolo de sus casas y tierras robadas, está presente en cada lucha. Por una Palestina laica y democrática, del río al mar”, ambos vertidos en la red social entonces llamada Twitter (ahora X) por el exlegislador porteño en mayo de 2022.

La acusación fue por discriminación, en el marco de la Ley N° 23592, y por antisemitismo, en los términos de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por su siglas en inglés), que, en su punto décimo, entiende como antisemita “establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”.

Consultada al respecto por este medio, Verdú aclaró: “Esa es una definición que ha sido votada en algunas legislaturas, pero que no tiene carácter vinculante ni mucho menos es una ley penal, entonces no puede modificar el Artículo 3º de la Ley Antidiscriminatoria, que era el delito aquí imputado. Pretender asimilar, como lo hace esa definición, la crítica a una política de Estado con el ataque a un pueblo sería lo mismo que decían los defensores del genocidio y la dictadura cívico militar eclesiástica argentina cuando hablaban de la campaña anti Argentina porque denunciábamos los campos de concentración, los chupaderos, los desaparecidos y desaparecidas y reclamábamos el fin de la dictadura”.

Comentó también sentir “una enorme alegría por haber logrado este resultado exculpatorio. Era evidente que tenía que ocurrir, si esto hubiese sido una simple cuestión jurídica nunca hubiéramos llegado a la instancia de debate porque la acusación era completamente infundada”. Y concluyó: “El anticipo que hizo la jueza Molina no nos deja dudas de que estuvo muy atenta y valoró como corresponde cada uno de los testimonios que explicaron cuál es la posición frente a la causa Palestina y porqué denunciar los crímenes de Estado, de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel no es, en modo alguno, un acto antijudio ni antisemita. Todo lo contrario, la propia colectividad judía defiende el derecho a la existencia del pueblo palestino tanto dentro del propio Estado de Israel como en el resto del mundo donde levantan la consigna ‘no un genocidio en nuestro nombre’”.

En cuanto a los testimonios, estos “incluyeron el del premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y de personalidades insignes en la defensa de la causa judía como Laura Alche, viuda de una de las víctimas de la masacre impune de la AMIA. Como dijo Myriam Bregman cuando declaró, quienes padecen en carne propia el antisemitismo y el antijudaismo se dan cuenta perfectamente cuando se trata de un agravio, de un demérito o de una discriminación y cuando se trata de cuestionar una posición política, como es el sionismo, que es una corriente política dentro de la colectividad judía pero que no es equivalente a la comunidad judía”.

Justamente, en mayo, el presidente de la AMIA también acusó de antisemita a Adolfo Pérez Esquivel por expresar que “la educación es para generar conciencia crítica, hombres y mujeres libres y no esclavos, no gente sometida a estos poderes que quieren hacer de nuestro país una colonia de Estados Unidos y de Israel” en su discurso en el acto de la marcha universitaria realizada en el mes de abril.

A mediados de julio, la DAIA también había acusado de “terrorista” al periodista Alejandro Bercovich, por cuestionar el discurso del titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) al señalar que “la dirigencia comunitaria está librando otra batalla, otra guerra, aunque decirle guerra a lo que pasa en la Franja de Gaza es una exageración imperdonable”.

Otro caso resonante se dio en 2023, cuando la DAIA intentó impedir la realización del show de Roger Waters en el Estadio Más Monumental, de River Plate, por acusarlo, otra vez, de antisemitismo, al criticar el accionar del Estado de Israel.

Al ser preguntado por estos casos desde ANCCOM, Jalil acotó: “Este fue el avance más osado que han tenido porque lo que intentan desesperadamente es frenarnos. Esto es la prueba de la derrota estratégica del sionismo, los pueblos del mundo no compran más el discurso de que ellos son los judíos”.

De paso, criticó a los medios de comunicación “que se callaron, ningunearon y ocultaron lo que es capaz de hacer el Estado de Israel y que también están colonizados en alguna medida. A ver si ahora se atreven a decir lo que aquí ha pasado.

Por su parte, Bodart comentó a ANCCOM: “El triunfo es importante porque querían sentar un precedente, el de que por criticar al sionismo y al Estado de Israel podrías ser motivo de una sanción judicial penal. Esta resolución permite que la causa Palestina se fortalezca y que la gente no tenga temor a hablar para que no le hagan una causa”.

No es el único dirigente político que defiende la causa Palestina. Consultado acerca de por qué entiende que lo judicializaron a él, respondió que “yo vengo insistiendo con que el Estado de Israel se creó sobre la base de hacer una limpieza étnica en un pueblo. Lo cual no quiere decir que tiene que desaparecer la gente que está dentro, porque los Estados son instituciones jurídicas, pero yo creo que hay que volver a antes de 1948 y que tiene que haber un Estado Palestino único y laico en la región”.

Sobre la DAIA, declare: “Acá han querido demostrar que cuando yo digo eso, quiero hacer desaparecer a la gente. Hicimos desaparecer el Estado nazi, no quiere decir que íbamos a matar a todos los alemanes. Aparte, los Estados nacen, crecen y desaparecen permanentemente. Ese Estado es un enclave colonial que se ha construido sobre la base de traer población extranjera y, por cada extranjero que viene, intentar echar a un palestino para que viva en condiciones inhumanas”.

Este conflicto legal se inscribe en medio del aumento de las incursiones israelitas en terreno palestino por las cuales la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se declaró “alarmada” recientemente debido a la cantidad de asentamientos ilegales que Israel ha ido instalando en Cisjordania y Jerusalén, denunciando que atentan contra el derecho internacional, como reseña El País.

Sobre el rol de la Fiscalía, criticó que “actuó completamente colonizada por la DAIA, incluso conociendo poco sobre medio oriente, porque se demostró que no conocían, fue más ofensiva que la propia DAIA. Se supone que la Fiscalía tiene que defender una cosa pero ser ecuánime, acá la ecuanimidad se fue al diablo a tal punto que pidió más pena que la DAIA”.

Al cierre de esta nota, ANCCOM quiso contactar a representantes de la DAIA pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, la insticuón publicó en X un comunicado en el que menciona que “el 28 de agosto se informarán los fundamentos y, posteriormente, la DAIA interpondrá su Recurso de Apelación”.

La sentencia se leyó en el Juzgado del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la jueza Natalia Marcela Molina, ubicado en Suipacha al 150, a tres cuadras del Obelisco.