Mar 1, 2020 | Novedades, Vidas políticas
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La escena parecía casi un déjà vu: el auto gris avanzando lentamente, primero por Avenida de Mayo y luego por Rivadavia, hasta llegar al Congreso; la militancia en la plaza, aclamando bajo un sol fulminante, aunque ya no de diciembre, sino de marzo; el gesto peronista de los dedos en “V” de Alberto Fernández a través de la ventanilla del auto, esta vez desde el asiento trasero. Casi tres meses -81días, precisaría después el Presidente- pasaron desde aquel 10 de diciembre y del discurso de asunción del, entonces, nuevo mandatario de la República Argentina. En este 1° de marzo, el motivo de la reunión en el Parlamento -y en la Plaza de los Dos Congresos- fue otro: conocer el camino a seguir en materia política y económica durante el año en curso.
La Asamblea Legislativa comenzó a las 11:15, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de conformar las comisiones que recibirían al presidente de la Nación a su llegada al recinto. Luego de ello, pasó a un cuarto intermedio hasta que Alberto Fernández arribó junto con Fabiola Yáñez, su pareja.
En el mientras tanto, algunos diputados hablaron sobre las expectativas respecto del discurso del presidente. José Luis Ramón, diputado por Mendoza, dijo esperar anuncios relacionados con el desarrollo productivo y en beneficio del pueblo, en contraposición del camino transitado por el gobierno anterior, en el que “se sancionaron 36 leyes que sólo favorecieron a un pequeño grupo de empresarios.” Se mostró optimista, a diferencia de los representantes del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes sostuvieron que el gobierno ratificaría su rumbo de “estructurar toda su política en función de los pagos de la deuda a los acreedores privados y al FMI, lo que ya ha implicado ajustes al pueblo trabajador.”
Por su parte, Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete, habló minutos antes de que comenzara la sesión y expresó que “hoy, esas cuestiones que son más instrumentales y de gestión quedan subsumidas al mensaje esperanzador que el presidente les va a dar a los argentinos y las argentinas.”
“Nunca más endeudamiento insostenible», pidió el Presidente.
Fue a las 12 en punto cuando Fernández comenzó su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias Legislativas 2020. Con Cristina sentada a su izquierda y Sergio Massa, a su derecha; fue directo desde el principio: “Vengo a darle a mis palabras el valor del compromiso”, porque “gobernar no es mentir”.
Con un tono calmo, muy distinto al que usara Mauricio Macri un año atrás, dio un diagnóstico de la “pesada herencia” producto de los últimos cuatro años. Luego detalló, punto por punto, las medidas adoptadas en los primeros 81 días de gobierno del Frente de Todos. “Comencemos por los últimos para llegar a los primeros”, expresó el presidente en línea con la campaña, llevándose el primer aplauso de la jornada. Sin embargo, el momento más celebrado fue la mención a los jubilados y el relanzamiento del Plan Remediar.
El discurso duró apenas poco menos de una hora y veinte minutos e incluyó citas al expresidente Raúl Alfonsín -como pareciera ser una costumbre ya-, Manuel Belgrano, Juan Domingo Perón y Max Weber, e incluso, un agradecimiento al Papa Francisco. A pesar de la extensión, el Presidente fue conciso y concreto -si bien algunos diputados de la oposición, como Waldo Wolff, dijeron luego que el presidente había dado a conocer generalidades-, sin caer en metáforas y eufemismos. Tuvo varios puntos fuertes que resultaron acompañados por los aplausos de toda la Cámara. Uno de ellos fue la mención a las negociaciones de reestructuración de la deuda pública y a la investigación de la misma por parte del Banco Central: “Debemos saber qué es lo que pasó, quiénes permitieron que eso suceda, y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”, sostuvo con firmeza Alberto: “Nunca más endeudamiento insostenible.”
Sobre el campo, uno de los temas “calientes” del debate actual -como lo fue en 2008, cuando se alejó del kirchnerismo-, no hubo anuncios concretos. Sin embargo, el mensaje fue premonitorio, casi una advertencia: “Deben hacer el esfuerzo los que producen y exportan”. También habló sobre analizar la estructura de costos en todos los eslabones de la producción: “Vamos a terminar con la viveza de los que se enriquecen a costa de los pobres bobos que están condenados a pagar por lo que consumen”, sostuvo Fernández.
El presidente también hizo hincapié en la necesidad de “derrotar al hambre que azota a nuestros compatriotas”.
El presidente también hizo hincapié en la necesidad de “derrotar al hambre que azota a nuestros compatriotas”, con un fallido -primero dijo “derrotar al hombre…”- que hizo recordar a su desliz durante el discurso de asunción, cuando sostuvo que habían vuelto “mujeres”, en lugar de “mejores”.
Otro punto importante y esperado del discurso fue la reforma de la Justicia Federal, con el objetivo de terminar con “el oligopolio de los jueces” que actúan con “la manipulación de sorteos y la concentración de procesos”. A esto se le sumó la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificará la Ley de Inteligencia para “impedir a los miembros de organismos de inteligencia realizar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”. Varios legisladores de Juntos por el Cambio – Brenda Austin, Silvia Lospennato, Pablo Tonelli y Martín Lousteau- aplaudieron estos anuncios, tal vez los mejores recibidos por la oposición.
Al respecto, el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri expresó luego de la sesión: “Me parece bien lo de los jueces amigos, yo lo aplaudí porque desde el ‘83, la mayoría en el Senado la han tenido ellos y han nombrado a los jueces. Pero lo que me llamó la atención es que nunca hizo referencia a que los jueces deben investigar los hechos de corrupción, sin importar el color político. Es un discurso que en el tono de voz parece conciliador, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace.”
El Primer Mandatario describió a su proyecto como de equilibrio social, ecológico y fiscal.
Los pañuelos verdes atados a la bancada del Frente de Todos ya insinuaba cierto rumbo del discurso. Y cuando Fernández habló sobre derechos de la ciudadanía, miles de corazones verdes se agitaron de emoción. “En el siglo XXI toda sociedad necesita respetar el derecho individual de cada uno de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”, comenzó el presidente, y los aplausos ya amenazaban con tapar su voz: “Por eso, en los próximos 10 días presentaré un proyecto de interrupción legal del embarazo.” Muchas de las presentes se pusieron de pie, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una de las primeras. “Todos saben de lo que estoy hablando. El aborto sucede, el aborto es un hecho.”
El anuncio sobre la presentación del proyecto también fue acompañado por otras medidas de protección y acompañamiento a las mujeres, como el Plan de los Mil Días (para garantizar apoyo a personas gestantes embarazadas y a sus hijos, hasta los 2 años) y el Plan de Acción Contra la Violencia, en un contexto en el que muere una mujer cada 35 horas en el país. “Me pareció esperanzador”, expresó Malena Galmarini, presidenta de AySA. “Me da una profunda admiración escuchar prioridades tan claras de la boca del presidente. Me voy contenta”
«El aborto sucede, el aborto es un hecho”, argumentó Fernández al anunciar el envío del proyecto de IVE.
Alberto Fernández también subrayó la importancia de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo del país. E hizo hincapié en el sistema educativo y en la necesidad de “educar para que haya futuro”. Así mismo, anunció una nueva Ley de Educación Superior, con el objetivo de fortalecer el sistema universitario. “Queremos construir con todas las universidades nacionales una nueva ley que surja de los consensos, que recorra todas las universidades y pueda tener la perspectiva de todos los claustros -docentes, egresados y estudiantes”, explicó Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, y agregó: “Y a partir de eso, lograr que el sistema universitario argentino se consolide, siga siendo un sistema pujante pero que también sea una universidad muy comprometida con el desarrollo de nuestro país.”
El Presidente también se refirió a la centralidad de los Derechos Humanos y al rol activo que tomará el Estado en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en un recinto con la presencia de las madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Taty Almeida y de la presidenta de Abuelas, Nora Cortiñas. En su discurso también hubo espacio para una fuerte mención a Malvinas; a los nuevos lineamientos de la seguridad nacional -con ciertas críticas implícitas a la gestión de Patricia Bullrich- y a los 44 submarinistas del ARA San Juan, a quiénes se ascenderá post mortem, según anunció. También anunció la desclasificación de los archivos del atentado a la AMIA y la creación del Consejo Social y Económico para el Desarrollo de la Argentina, y la reactivación del sistema productivo con perspectiva de género, federal y ambiental.
El discurso presidencial tocó todos los temas de una agenda política y económica de un país que quiere comenzar a ponerse de pie. El peso que Alberto Fernández le dio a la importancia de alcanzar un “equilibrio social, económico, ecológico y federal”, desde la “integración social, justicia y democracia”, dejó en claro el rumbo que empieza a transitar el país. Y dejó en evidencia, también, que el 2020 será un año de intenso trabajo en la Asamblea Legislativa.
Feb 27, 2020 | DDHH, Novedades
Gloria Bustamante perdió a su marido, José Alfredo Zelaya Mass, durante la última dictadura cívico militar. Lo desaparecieron por su militancia peronista el 6 de octubre de 1978. Unos días antes, mientras ella estaba de visita en la casa de una amiga, recibió un llamado. “Primero me sorprendió que me llamaran a la casa de una amiga a la que había llegado hacía quince minutos. Después sentí que me estaban vigilando”, relató. La llamada era de una cochería. Y agregó: “Me dijeron que yo había dejado mi número para contactarme, pero no era verdad. Pensé que me estaban persiguiendo”.
Su marido le dijo que era mejor separarse por su seguridad, así no la asociaban a él, que tenía reuniones con sus compañeros de militancia. Luego de su desaparición, los amigos le aconsejaron a ella que se fuera del país y decidió radicarse un tiempo en Paraguay. A sus ochenta y tres años, Bustamante aún recuerda el día preciso del secuestro aunque no otros datos y fechas, producto del paso del tiempo y la edad.
Yamila Tejerina de la Rosa tuvo una historia diferente, teñida por el mismo miedo e incertidumbre, pero además, ligado al desconocimiento sobre su propio origen. Sabe que es adoptada, pero su madre, Aurelia Tejerina, nunca le dijo la verdad y, en cambio, le dio varias versiones diferentes sobre quienes podrían ser sus padres biológicos. “Me escondía de todos, no me dejaba ver a amigos, vecinos ni a nadie”, reveló. Además le prohibió tocar unos papeles que tenía guardados. “Una vez los vi, cuando ella no estaba. Eran recibos de sueldo de un tal Jesús de la Rosa, su marido”, le contó a la abogada Valeria Moneta de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Jesús de la Rosa había sido desaparecido y era militante en el sindicato de la fábrica donde trabajaba. Aurelia Tejerina le había dicho, en una de sus muchas versiones, que él era su padre, pero ella nunca lo conoció. En busca de respuestas, y ya en un período democrático, Yamila Tejerina insistió a su madre para saber sobre su padre. Le preguntó si era cierto que era hija de su hermana, como se decía en el barrio. “Me dijo que la verdad era demasiado cruel y que nunca me la iba a decir”, recordó. La historia de la familia Tejerina de la Rosa estuvo signada por la persecución y las desapariciones. Primero el hermano de Jesús de la Rosa, luego él mismo; casos de los que Yamila Tejerina se enteró de grande, cuando comenzó a investigar. Más tarde, secuestraron al hermano de Aurelia Tejerina. “La última fue mi mamá. Lo hicieron para que hable y como lo hizo, la soltaron”, teorizó. Cree que la llevaron a Campo de Mayo, pero su madre nunca le contó qué pasó durante los días que estuvo desaparecida. Se llevó la verdad a la tumba.
Yamila Tejerina.
La última en dar testimonio fue Olga Murillo, secuestrada durante tres días en Campo de Mayo. Fue durante enero de 1978, dos años después de la desaparición de su marido. “Me agarraron en la calle, caminando con mi mamá. Me dijeron que iba a declarar y cuando me subí al auto, sentí que me ponían una capucha en la cabeza”, recordó. Cree que la llevaron a Campo de Mayo, donde estuvo con otros secuestrados a los que no pudo ver. Les ponían un número y los llamaban de a uno. “Cuando llegué, escuchaba gritos, llantos, fusilamientos”, explicó. La llevaron a un cuartito donde había fotocopias de fotos en una mesa y le pedían que reconocieran los rostros. “No conocía a ninguna de esas personas”, afirmó.
Durante los tres días que duró su secuestro, sufrió diferentes vejaciones. La insultaron, la golpearon con bolsones de arena y casi la violan. Un militar con acento paraguayo, recuerda Murillo. Cuando le estaba por bajar el pantalón lo llamaron y se tuvo que ir. “El último día escuché una conversación entre ellos que se preguntaban qué hacer conmigo”, contó. La violencia física se detenía a veces, pero la psicológica era constante, sucedía todo el tiempo. Le decían que la iban a matar, que la iban a tirar al río, que de ahí no iba a salir. “El último día que estuve, me metieron en el piso de un auto y me encañonaron. A la mitad del camino pararon en una estación de servicio y uno me dijo: ‘Si llegás a gritar, te meto un tiro’”, recordó. La dejaron en una ruta entre las 10 y las 11 de la noche, encapuchada. Tenía que esperar que no se escucharan más el auto, pero ella se la sacó mucho tiempo después.
Volver a la vida normal no fue fácil para ninguna de las tres mujeres. “No tuve contención, ni ningún lugar a dónde ir. Tenía que hacerme cargo de mis cuatro hijos que tenían miedo y querían estar conmigo todo el tiempo”, reflexionó Murillo. Yamila Tejerina de la Rosa aún sigue buscando saber quién es su padre. Gloria Bustamante ya no recuerda muchas de las situaciones y personas que estuvieron involucrados en los fatídicos días del secuestro de su marido y no quiere volver a hacerlo. A todas les faltó la contención y el acompañamiento que, luego de años, pudieron encontrar en los organismos de derechos humanos; pero que en un principio, tuvieron que resignificar solas. “Hice una obra de arte con mi vida porque no recibí contención de nadie”, finalizó Murillo.
Olga Murillo.
Feb 27, 2020 | DDHH, Novedades
La Fiscalía ya contabilizó 2.248 casos. Los familiares de las víctimas dicen que la cifra puede llegar a 10.000.
“Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a ‘recoger café’, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, afirmó Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, el 7 de octubre de 2008 en Bogotá. Dos meses antes, también en la capital del país, Jaime Castillo Peña se comunicó con su familia. “La última vez que se supo de él fue el domingo 10 de agosto: llamó a mi hermana, le dijo que iba a almorzar, pero nunca llegó”, comenta Jacqueline Castillo, representante de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), una organización de mujeres que desde hace 12 años busca encontrar la verdad sobre los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato de Uribe Vélez.
Jaime Castillo, trabajador ambulante de 42 años, fue visto por última vez subiéndose a un auto rojo. Dos días después apareció acribillado a 600 kilómetros de Bogotá. La Brigada Móvil número 15, perteneciente al Ejército Nacional de Colombia, lo reportó como baja en combate. Iba a almorzar con su familia, pero un grupo organizado de “reclutadores” (encabezado por Alexander Carretero), personas que “pescaban” civiles en situaciones vulnerables, lo sacó de la ciudad y lo llevó hasta Ocaña, una población del nororiente de Colombia, a más de seis horas de viaje, para entregarlo a militares, quienes posteriormente lo fusilaron, lo reportaron como guerrillero y lo enterraron en una fosa común junto a otros civiles.
“Los ‘reclutadores’ estuvieron haciendo seguimiento porque ellos visitaban los barrios, los parques, y detectaban a las personas para escogerlas”, explica Jaqueline. El exsenador Alirio Uribe sostuvo en el Congreso de la República que fueron más de 450 los “reclutadores” en todo el territorio nacional. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en 2010, resalta que ese era uno de los patrones detectados: los civiles eran engañados con falsas promesas de trabajo para ser sacados de sus regiones; eran llevados a sitios alejados y allí eran asesinados.
Jacqueline Castillo buscó a su hermano durante dos meses hasta que una investigadora le aconsejó que buscara en Ocaña. “La última vez que me vi con Jaime, me dijo que algún día me iba a pagar el doble de todo lo que yo hacía por él”, rememora. Lo que no sabía Jaime, es que ella entregaría el resto de sus días en la búsqueda de esclarecer los hechos que cegaron su vida. “Tristemente, en el caso de Jaime, ni siquiera pudimos tener audiencia de imputación de cargos. No hay nadie que esté detenido por el crimen de él”, se lamenta.
Según la ONU, las fuerzas de seguridad “han perpetrado un elevado número de asesinatos premeditados de civiles y han presentado fraudulentamente a esos civiles como ‘bajas en combate’”. Jaime, quien cometió el ‘delito’ de ser pobre, es uno de esos casos. Diferentes organizaciones no gubernamentales destacan que estos actos perpetrados por el Estado colombiano se presentaron desde la década de los 80, pero que se agravaron desde 2004 cuando Uribe Vélez implementó la doctrina de ‘seguridad democrática’.
Carmenza Gómez es una de las madres de Soacha, una población al sur de Bogotá, a quien el Estado colombiano le arrebató a dos de sus hijos. El 23 de agosto de 2008, Víctor, un joven que había prestado el servicio militar obligatorio, fue sacado del centro del país para ser llevado, como Jaime, a Ocaña. Carmenza y su hijo John, fueron de los primeros familiares en reconocer a uno de los suyos en las fosas comunes en las que eran sepultados los jóvenes como NN. En 2009, John fue asesinado por buscar la verdad en el caso de su hermano.
La muerte de Jaime Castillo sigue en la impunidad, pero no es la única, “hay varios de los casos de Soacha que nunca se esclarecieron”, comenta Jacqueline. El informe de la ONU resalta que la injusticia es una de las causantes de estas prácticas estatales: “La tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad se estima actualmente en la alarmante cifra del 98,5%”. Un informe entregado por la Fiscalía señala que fueron 2.248 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014, pero hasta el momento ningún militar de alto rango ha sido condenado.
En febrero de 2019, Human Rights Watch había denunciado que los militares implicados en ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “falsos positivos”) habían sido ascendidos por el presidente uribista Iván Duque. Por ejemplo, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, fue designado como Comandante del Ejército Nacional de Colombia aún cuando sobre sus espaldas cae la responsabilidad de 23 ejecuciones perpetradas por soldados de la Décima Brigada Blindada en 2005 en donde era segundo al mando.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) [la justicia creada luego de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y la guerrilla de las FARC y a la cual se acogieron muchos militares] resalta que el fenómeno de los ‘falsos positivos’ se presentó en todo el territorio nacional. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la época, Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa para ese entonces, y Mario Montoya Uribe, General del Ejército entre 2006 y 2008, nunca han reconocido esa práctica como una política de Estado, pero hay datos que contradicen sus versiones.
En 2008, cuando las Madres de Soacha hicieron visible la problemática, el Ejército de Colombia estaba dividido en siete brigadas y en todas se presentaron casos de ejecuciones extrajudiciales. Colombia tiene 33 divisiones territoriales (32 departamentos y un distrito capital, Bogotá) y en 32 de ellas se presentaron reportes de ‘falsos positivos’. “Hemos encontrado patrones a nivel nacional: buscaban personas que no tenían trabajo, personas de bajos recursos sin posibilidades de solventar su vida y los engañaron con falsas propuestas”, ilustra Jacqueline.
“Recibimos mensajes a través del Twitter y del Facebook, de personas de la Guajira, Ibagué, Pereira, de los Llanos Orientales, de Medellín y de varias regiones en donde nos dicen: “A mi hijo le sucedió lo mismo”. Hace poco hemos tenido contacto con otras personas en Bogotá, en el barrio Juan Rey, en la salida a Villavicencio, comentándonos que para el 2008 hubo desapariciones masivas”, afirman desde MAFAPO y complementan que muchos casos permanecen en la oscuridad por el miedo de las familias a denunciar (estiman que puedan ser alrededor de 10.000 asesinados).
La condición socio económica era determinante a la hora de seleccionar sistemáticamente las personas para ser ejecutadas. No hay otro rasgo de carácter ideológico, racial y/o religioso que tengan en común los ejecutados. Soraida Muñoz, madre de Jony Duvían Soto Muñoz, otro de los jóvenes de Soacha acribillado en Ocaña, señaló en audiencia pública ante la JEP que su hijo prestó el servicio militar y que soñaba con seguir una carrera en el Ejército de Colombia. Su testimonio concuerda con el de otras víctimas, que enuncian que los jóvenes asesinados pertenecieron a la institución en el pasado.
Otro factor que determinó el asesinato de civiles fue la presión impuesta por el General del Ejército, Mario Montoya Uribe, durante el periodo 2006–2008. “Existen vínculos entre los militares y los narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada. Como las unidades militares locales no quieren entrar en combate con los grupos ilegales con los que cooperan, el asesinato de civiles presentándolos falsamente como miembros de esos grupos hace parecer que las unidades militares están tomando medidas contra ellos”, señala el informe de la ONU.
Mario Montoya Uribe fue vinculado al Macro-proceso número 003 que se adelanta en la JEP y que cobija a las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” ya que fue mencionado por más de once de exmilitares. En un documento firmado por el General cuando era el hombre más importante del Ejército se puede leer: “Las bajas es la mejor acción integral, porque potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su Ejército.Las bajas no es lo más importante, es lo único”.
Ante la JEP el militar de más alto rango que ha sido llamado para rendir su versión libre no quiso aceptar su responsabilidad y culpabilizó de lo sucedido a sus subalternos: “Eran soldados muy pobres, ignorantes, no entendían la diferencia entre resultados y bajas, por eso cometieron los falsos positivos». Desde MAFAPO creen en “el proceso que está haciendo la JEP porque ha sido bastante importante, y pueden tener la oportunidad de saber la verdad”, pero reconocen que tristemente “hay varios de los militares, que no están aportando verdad”.
Las víctimas han criticado constantemente el sistema judicial colombiano porque dicen que beneficia a los verdugos. “En la justicia ordinaria nunca se avanzó porque los abogados de los militares siempre obtenían disculpas y se aplazaban las audiencias”, recuerdan desde MAFAPO y cuestionan que cuando ellas han pedido permisos o aplazamiento de algunas diligencias estos no han sido concedidos. Además, reconocen que las siguen amenazando: “A través de las redes sociales hemos recibido mensajes bastante incómodos”.
Los familiares de los asesinados admiten que lo más difícil de todo este proceso es que ya cumplieron 12 años de larga lucha y los militares, que se acogieron a la JEP, están todos en libertad. “Sentimos que estamos otra vez en cero”, cierra Jacqueline, pero no pierde la esperanza de que sean llamados a declarar Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez para ver si por fin cuentan la verdad de la desaparición de los pobres a los que mató el Estado para engordar las cifras del Ejército.
Feb 20, 2020 | Géneros, Novedades
Uno de los debates que atravesó la plaza fue si conformarse con el proyecto de Alberto Fernández o exigir que se apruebe el redactado por la Campaña Nacional.
En pañuelos, en remeras, en accesorios, en carteles, , en banderas, en glitter y hasta en medias. En todos lados el verde, esa marea que ya se considera imparable-, volvió a hacerse presente frente al Congreso de la Nación en un nuevo #19F, por tercer año consecutivo. En el “Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito” y bajo el lema “El proyecto está en las calles”, miles de mujeres y disidencias alzaron sus pañuelos al viento y exigieron que el Parlamento trate y apruebe la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), de cara a la apertura de sesiones legislativas del 1° de marzo.
A partir de las 17 comenzaron los talleres en las carpas ubicadas sobre las avenidas Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, los picaditos de fútbol y diversas actividades entre las que se incluyó la proyección del documental El camino a la ley, que recorre la historia del aborto en América del Sur. Las calles de los alrededores parecían peatonales ya que, desde temprano, agrupaciones, organizaciones y personas que se manifestaban de manera independiente iban llegando a la Plaza de los Dos Congresos.
La radio abierta comenzó a las 18 como antesala del acto oficial y del pañuelazo, momento central de la convocatoria que se replicó en más de cien ciudades de todo el país y del mundo.
«Siento la piel de gallina» fue una frase repetida por las manifestantes.
La primera demostración verde del año tuvo como protagonista a una multitud diversa en género y edad, e incluso se vieron muchas familias enteras. Con Maite, de apenas un año, en brazos, Catalina dijo: “Estoy acá por ella, para que crezca en un mundo más justo.” Fue la segunda marcha de la niña que, con el pañuelo atado al cuello, señalaba con fascinación cada mancha de color verde que encontraba.
“Nos une un pañuelo, nos une un color, nos une una consigna: aborto legal en toda América Latina”, se escuchaba desde el escenario ubicado de espaldas al Palacio Legislativo, sobre la avenida Entre Ríos, el telón blanco -ya fondo habitual de las marchas y movilizaciones- actuando de pantalla gigante en la que se proyectó el pañuelo, símbolo de la lucha. La gente, que fue llegando paulatinamente a medida que avanzaba la tarde, ocupaba la calle, la plaza, y más allá también.
Las fotos tomadas por algunos de los múltiples drones que sobrevolaban la plaza durante el final de la tarde y el comienzo de la noche, le ponían la piel de gallina a más de una. Dan cuenta los cientos de miles de pañuelos verdes que se alzaron pasadas las 20, interpelando a la Asamblea Legislativa, ausente en ese momento, para que no olvide la responsabilidad que tiene durante el 2020 para con las mujeres y disidencias. “Las mujeres abortamos”, le gritaron al Congreso: “Toda nuestra lucha nos trajo hasta acá.”
Miembros del grupo chileno Las Tesis coordinaron una coreografía multitudinaria.
Estar en medio de esa marea, ser parte de ella, era emocionante, tal como así lo expresó Martina, recién egresada del colegio secundario: “Es mi primera vez en una marcha. Tenía ganas de venir pero a mi vieja no le gustaba mucho. Yo no quería tener ese prejuicio, quería venir y decidir por mí misma si me gustaba o no me gustaba, y no paro de tener piel de gallina. Me encanta.”
A su lado, y pasándole un tereré, su amiga Delfina también recuerda la primera vez que participó de una marcha feminista: “Fue hermoso, me acuerdo que me trajo una amiga y había un montón de gente, entré y la energía que sentí… la cantidad de mujeres, grandes también, gritando y cantando… Se me ponía la piel de gallina, fue hermoso. Ya desde el bondi vas sintiendo la energía al ver a las mujeres con los pañuelos, viniendo para acá.”
La novedad y uno de los momentos más fuertes fue cuando comenzó la performance El violador eres tú. Dirigida por tres miembros del colectivo chileno Las Tesis -creadoras y pioneras de la iniciativa que se replicó por todo el mundo y hasta en el Parlamento turco- y siguiendo la letra en una pantalla sobre el escenario que dejó leer “El violador sos vos” en su adaptación al castellano rioplatense, las voces se alzaron por toda la plaza, casi en sincronía total. El momento que más se escuchó fue cuando la canción decía “es el Congreso / adonde votan el aborto clandestino”, el ímpetu haciendo memoria al debate parlamentario de la ley en el 2018, y reprochando a esos senadores que impidieron la legalización de la IVE. “El Estado opresor es un macho violador / el Congreso opresor es un macho violador.”
Mujeres y disidencias de todas las edades participaron de la convocatoria masiva.
Frente a la posibilidad de que Alberto Fernández envíe su propio proyecto al Congreso, muchas manifestaron su deseo de que el proyecto de ley que se trate en el Parlamento sea el redactado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal -que este año cumple 15 años-, “el de las mujeres”, ya que “consolida la democracia y coopera con organismos internacionales para los derechos humanos”, según la ONG Economía Femini(s)ta.
“El proyecto que tiene que salir es el de la Campaña: es el que se viene debatiendo, armando y construyendo a partir de la lucha de las mujeres”, expresó Cristina, docente y agremiada del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). “Me parece que el proyecto más lógico es el que se construye desde las bases, el que debatimos desde hace ya muchos años las que peinamos canas, aunque ya no nos corresponda ese derecho porque no podemos concebir más.”
Otras, como Agustina, estudiante de Psicología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), consideran como algo negativo la presentación de un proyecto paralelo: “Si llega a salir el proyecto de legalización, no va a ser el proyecto de las mujeres sino el de Alberto, cediendo a ciertas presiones, como la objeción de conciencia institucional, para mantener tranquilos a ciertos sectores de la Iglesia y la sociedad. Que de todas formas no se van a contentar porque no quieren que tengamos un derecho como debería ser en su totalidad, sino que nos quieren maternando y calladas. Siempre van a buscar trabas para las mujeres, personas gestantes y ciertas minorías no tengamos nuestros derechos como corresponde.”
Sin embargo, la mayoría reconoció como algo positivo el hecho de que el presidente se manifestara públicamente en favor de la legalización del aborto, y que esto fuera acompañado por políticas públicas tales como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. “Hay muchas mujeres que están en esos puestos también porque estuvieron en las bases y batallando para que salga la ley”, sostuvo Cristina, y agregó: “Creo que está bien que los políticos se expidan. Lo que no puede pasar es que entre jugar la cuestión moral y personal en los legisladores y mandatarios. Lo que tiene que jugar es la política, es una decisión política y de ampliación de derechos.”
La noche siguió luego del pañuelazo con un festival musical del que participaron artistas tales como Paula Maffía, Eruca Sativa, Femigangsta, Ignacia, y Masqueun3, entre otras.
Pero el mensaje que se sostuvo de principio a fin de la convocatoria, quedó resonando a través del micrófono y los parlantes en los oídos de todas, de todes: “Este es el año, en 2020 será ley.”
El proyecto está en las calles una vez más.
Feb 19, 2020 | Comunidad, Novedades
Los usuarios de las villas se quejan de que deben acudir a servicios más caros ante las deficiencias de Telefónica.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó a Telefónica por no brindar información sobre el servicio de telefonía e internet que brinda en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. El pedido de la organización está motivado en la queja constante de los usuarios que no tienen un servicio de calidad en sus hogares.
“A partir de los reiterados reclamos de los habitantes que pudimos conocer por nuestro trabajo territorial en villas, en febrero de 2019 decidimos solicitar a la empresa Telefónica que brinde información sobre la forma en que presta servicios de telefonía y de internet en las villas”, dijo el abogado Marcelo Giullitti Oliva. Al no recibir una respuesta por parte de la empresa, ACIJ formuló un reclamo ante la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (ANAIP). La institución avaló el reclamo y el 16 de septiembre se pronunció, exigiendo a Telefónica que en el plazo de diez días presente la información completa solicitada. Para este pedido, la Agencia se apoyó en la Ley de Acceso a la Información Pública y en la Ley Argentina Digital N° 27078.
Giullitti Oliva argumentó que si bien existe actualmente un debate sobre si la prestación del servicio de internet es de carácter público o no, lo cierto es que la información que presenta la empresa es de interés público. El abogado dijo a ANCCOM que “el carácter público de la información se sostiene en dos cuestiones distintas. Por un lado, la Ley de Acceso a la Información Pública (27275) reconoce en su artículo 7°, inciso “i” como sujetos obligados a brindar información pública por un lado a los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos y también a los concesionarios y permisionarios de uso del dominio público”. El letrado agregó: “Telefónica, por lo tanto, es sujeto obligado porque por un lado es concesionaria de servicios públicos -que es el servicio de telefonía básica- y por otro, es licenciataria de tecnología de la información. Por otro lado, la propia información del servicio reviste carácter público en tanto la Ley Argentina Digital declara de interés público el desarrollo de estas tecnologías de la información”.
La empresa respondió con información incompleta e imprecisa ante la exigencia de la ANAIP, según informaron desde ACIJ. Consecuentemente, la organización presentó el 3 de febrero una demanda a Telefónica S.A., que recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12, a cargo de la jueza Macarena Marra.
ACIJ sostiene que Telefónica incumple con las leyes de Acceso a la Información Pública y Argentina Digital.
Mariela Baladrón, docente y graduada de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA y Magister en Industrias Culturales, Políticas y Gestión por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), expresó su interés por el caso: “Es un hecho que no tiene precedentes en la Argentina. Lo interesante son los motivos legales que permitieron a ACIJ hacer una demanda a Telefónica para que brinde información de relevancia social”. Baladrón realizó varios trabajos sobre el acceso a internet en Argentina. Sobre este punto, dijo que la desigualdad en acceder a la Red se encuentra vinculada también a otras inequidades preexistentes: sociales, etarias, de género. En un trabajo previo, la investigadora estudió el acceso a internet en Villa 20 y observó, al igual que ACIJ, que las quejas sobre el servicio eran una constante. La razón, según los usuarios, era que las empresas no poseían infraestructura en las zonas de sus hogares. Por esta razón, explica Baladrón, muchos terminan contratando planes a empresas independientes o microemprendimientos que son notoriamente más caros que los provistos por las firmas más grandes, aumentando de esta manera la desigualdad social.
La falta de acceso a telefonía e internet de calidad por parte de los habitantes de las villas habla de una discriminación social, aseguran tanto Baladrón como Giullitti Oliva. “Hay una negativa de las empresas a prestar el servicio en las mismas condiciones de igualdad que en el resto de la ciudad”, formuló la investigadora. A su vez añadió: “Considerando que existen más de 4 mil barrios populares en Argentina -según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP)- esto es de gran relevancia social y es necesario un tratamiento adecuado sobre la problemática”.
Feb 19, 2020 | Géneros, Novedades
Cacofónico. Exagerado. Ideológico. Forzado. Innecesario. Palabras y más palabras que evidencian la hipocresía y, en ocasiones, el desconocimiento de una masa que reproduce con ignorancia la discriminación sexista. Ignorancia que en algunos casos carece de intención, pero que en otros refleja los ideales de un patriarcado que sale a la defensiva ante el miedo de caer.
Según datos de la Fundación Todo Mejora, la población LGBTI tiene una tasa de suicidio hasta cuatro veces mayor que las personas heterosexuales. El bullying sufrido en las escuelas y en las propias familias patriarcales termina llevando muchas veces a niñes y jóvenes a atentar contra sus vidas. En 2018, se produjeron 147 crímenes de odio (basados en la identidad sexual) contra personas LGBT y 67 de elles murieron según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el 59% de les argentines no está de acuerdo con que el uso del lenguaje inclusivo, un lenguaje que viene a luchar por la igualdad de género. Así lo reveló una encuesta sobre diversidad en el mundo laboral realizada por Adecco. La inclusión debe ser uno de los focos importantes en un país que muchas veces fue vanguardia, como con las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. Pese a esto, la contradicción aflora cuando aparece la resistencia a la diversidad.
La RAE, el caballito de batalla patriarcal
“A lo largo de los milenios, las lenguas fueron decodificando un masculino genérico por el rol que tenían los hombres en el ordenamiento social: el macho acaparó todos los espacios y mantuvo un monopolio en la sociedad. Este masculino genérico era el correlato de ese ordenamiento social”, explicó Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas y de la Academia Argentina de Letras.
La Real Academia de la Lengua Española reproduce ese status quo del que habla Kalinowski. Sólo hay que remontarse al año 2018, donde no le quedó otra opción que eliminar esta definición de su diccionario:
«Fácil: Dicho especialmente de una mujer. Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales.»
Pero aún en noviembre de 2019 mantiene otras:
«Sexo débil: Conjunto de mujeres. U. con intención despect. o discriminatoria.»
«Sexo fuerte: Conjunto de mujeres. U. con intención irón».
«Marica: adj. despect. malson. afeminado (que se parece a las mujeres).
adj. despect. malson. Dicho de un hombre, apocado, falto de coraje, pusilánime».
En definitiva, la postura de la RAE es clara. No hay que buscar respuestas de inclusión en un organismo que mantiene definiciones sexistas en su glosario. Para la RAE, además, «no es admisible utilizar x como marca de género. Es, además, innecesario, pues el masculino gramatical funciona en nuestro sistema, con en el de otras lenguas, como femenino inclusivo para aludir a colectivos mixtos, o en contextos genéricos o inespecíficos.»
La posición de la Academia Argentina de Letras
“Los cambios lingüísticos no se pueden inducir, son cosas que se dan solas, los decidimos todos y no las decide nadie -sostuvo Kalinowski en referencia al uso del inclusivo-. No hay antecedentes de un cambio gramatical que se haya dado por decisión de una institución, es una decisión de los hablantes y no hay una oficialización. El voseo en su comienzo no era aceptado por las instituciones: los manuales de la escuela venían editados sin el vos, por ejemplo. Incluso en las ficciones argentinas protagonizadas por actores argentinos se hablaba con el tú. A los hablantes, sin embargo, no nos importó”.
A su vez, el lingüista y lexicógrafo avisó: “Si el día de mañana, el Ministerio de Educación obliga a usar la ‘e” no va a lograr un cambio en la estructura sintáctica del español, el voseo lo demuestra. El objetivo que perseguía la prohibición del voseo era algo gramatical. El inclusivo persigue objetivos sociales y políticos y es muy poco probable que pueda cambiar la gramática, aunque tiene más ventaja que el voseo porque busca la igualdad. Para cambiar la sociedad, uno utiliza la lengua y el lenguaje inclusivo busca generar conciencia para que el otro reflexione”.
Les especialistes argumentan que la respuesta para la inclusión no es institucionalizar el lenguaje inclusivo porque no funcionaría, sino que debe haber un cambio social. Y estos cambios, paso a paso, están comenzando a aflorar.
La inclusión llegó a las universidades
Las instituciones de educación pública encargadas de formar profesionales parecen ser el ejemplo. Es que una entidad no puede prohibir que un estudiante se manifieste. Y en estas universidades se aclaró que su empleo no remite obligatoriedad, sino justamente la libertad de poder utilizarlo.
“La deconstrucción de las estructuras patriarcales en nuestras relaciones supone cuestionar la utilización del masculino. Para comprender mejor un texto, en la mayoría de los casos, es más relevante el uso correcto de la coma o el punto, antes que la ‘e’ del nosotres, que tanto mortifica a algunes”, resolvieron en la sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) fue la que dio el primer paso allá por 2017 con un lenguaje no sexista (aún no era inclusivo) en sus comunicaciones institucionales. Poco después se comenzaron a sumar la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) de Chubut, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), entre otras tantas. Es decir, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Rio Negro y Mendoza son algunas de las provincias que se proclamaron a favor de la libertad del lenguaje en sus principales universidades públicas.
Silvia Ramírez Gelbes, doctora en Lingüística y profesora y licenciada en Letras por la UBA, argumentó: “No me parece mal que las facultades se sumen al movimiento y acepten el inclusivo, incluso otorgo esas libertades dentro del aula. En algunos momentos lo uso porque siento esta carencia de inclusión que advertimos con el masculino. Este cambio puede ser exitoso, llevará tiempo, pero no lo creo imposible como lo dicen algunos lingüistas. Estamos en una primera fase de ese cambio”.
Las editoriales y la búsqueda de sumarse
Desde la versión de El Principito en lenguaje inclusivo hasta otra opción adaptada a La principesa, muestran que son cada vez más las editoriales que lanzan libros con en línea con la inclusión.
Gonzalo Miranda es parte de la cooperativa editorial que publicó Teen Trans, un manga con personajes inclusivos y que, a su vez, utiliza la ‘x’ como marca de género. “Nosotrxs pensamos que es importante el lenguaje como intervención en el discurso público para dejar expuesta la desigualdad, y seguir luchando por avances en la lucha del feminismo y las disidencias. Está bueno no dar por sentado en género del otrx o que un libro le dé al lector la oportunidad de elegir cómo nombrar, sin usar el masculino genérico”, reconoció.
Por otra parte, en referencia a la competencia con las grandes editoriales y la repercusión de las ventas en cuanto a la utilización del inclusivo, sostuvo: “Creemos, por ejemplo, que hoy Planeta analizando costos, mercado, demanda, no dudaría en publicar una obra como Teen Trans. Ahora eso no implicará desde la empresa ningún compromiso con la lucha y las reivindicaciones de la comunidad trans, no implicará una diferencia sustancial de ingresos al autor que lo que puede pagarle una editorial independiente… Solo implica un poco más de circulación (hoy en día según el libro blanco de la industria editorial argentina no hay gran diferencia en la tirada media de editoriales pequeñas y monopolios, salvo títulos específicos)”.
La justicia y un fallo único
La jueza Elena Liberatori fue la primera en utilizar hace unos meses el lenguaje inclusivo para redactar el fallo de un recurso de amparo. En él se leían las palabras “niñes”, “todes” y “representantes”. Enseguida, Liberatori fue denunciada por atacar la identidad cultural de Argentina por el abogado Elías Natanael Badalassi y un grupo de defensores pertenecientes a los colectivos de abogados “pro vida”.
El caso fue derivado al Comité de disciplina del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para que se tratara el accionar que tuvo la jueza. Diana Maffia, Directora del Observatorio de Género del Poder Judicial de la CABA, respondió en el fallo: “La utilización del lenguaje inclusivo no socava la lengua como bien colectivo ni pone en peligro la administración de justicia sino que se encuentra en línea con diversas iniciativas que responden a una estrategia de inclusión que busca cumplir las promesas constitucionales sobre igualdad y no discriminación”.
Con esto, el Poder Judicial sentó jurisprudencia para la libertad de expresión en cuanto al lenguaje en futuros casos. Respecto a la determinación de la Magistratura, el juez Penal Contravencional y de Faltas, Pablo Casas, explicó: “Es positiva y auspiciosa la resolución de la Magistratura ya que se hace cargo de una discusión que nació en la comunidad y es importante que forme parte de la agenda en los ámbitos institucionales de decisión de política pública por el movimiento y convencimiento que se va dando en términos sociales”.
Casas, titular del Juzgado N° 10, desarrolló en conjunto con referentes en justicia abierta y de especialistas en letras y comunicación, una ‘Guía de Lenguaje Claro y Estilo’ con el fin de eliminar tecnicismos, clarificar la redacción y sobre todo buscar la igualdad de género en los fallos. “Algunos de nuestros objetivos al decidir intentar modificar el lenguaje en lo que hacemos son incluir y visibilizar la diversidad a través del lenguaje –explicó-. Empezamos de forma concreta eliminado el androcentrismo, creo que pesa más el respeto de una persona que la formalidad”. Y sobre la posibilidad de incorporar el inclusivo, agregó: “Lo debatimos y tratamos de pensar, aprender y decidir acerca de la forma y en qué contexto utilizarlo. Por ahora estamos centrados en el esfuerzo de hablar y escribir con palabras que incluyan a las personas y no, por ejemplo, utilizar genérico masculino”.
Netlix, otro paso en busca del cambio social
Luego de dos temporadas exitosas en Fox, se estrenó en Netflix la serie Pose, que cuenta con 50 actrices trans y ocho imperdibles capítulos con la historia de un club nocturno que es refugio de la diversidad en pleno capitalismo sexista de los ’80. Y como apuesta más fuerte aún, la plataforma sumó subtítulos en castellano inclusivo.
“Me pareció una apuesta osada, que aplaudo y quizás un poco inclinada al marketing. No nos olvidemos de que Pose es una serie con una historia muy vinculada con la cultura queer y creo que intuyeron que nadie les iba a hacer problema por elegir este tipo de español. Igualmente, aplaudo la iniciativa. Debe haber sido todo un desafío para les traductores que trabajaron haciendo los subtítulos de esa serie. Ojalá se convierta en una tendencia en películas y series, a mí me encantaría ser parte de un proyecto así”, manifestó Aldana Michelino, traductora audiovisual de inglés-español que se desempeña para Netflix.
Por otro lado, Michelino contó que el inglés, idioma oficial en 67 países, comenzó a adquirir tintes inclusivos: “Es un idioma que ha ido buscando la neutralidad con las herramientas que tiene. Hay un artista, Sam Smith, que hace poco decidió que quiere que se refieran a él con los pronombres ‘they/them’, que en inglés es el plural de la tercera persona y no tiene marca de género. Se usa tanto para hombres como para mujeres. Incluso, el diccionario Merriam Webster ya acoge una entrada que explica que ‘they’ se usa para referirse a una sola persona que no se siente representada por el binario femenino-masculino. De esta manera, el inglés también le encontró una vuelta de tuerca a la neutralidad de género”.
Educación, cultura, justicia, entretenimiento y hasta el nuevo presidente, Alberto Fernández, que utiliza el lenguaje inclusivo en su cuenta de Twitter frente a una institución como la RAE que lo niega, configuran una disputa en el lenguaje. El patriarcado versus la inclusión.
