Abr 23, 2020 | Comunidad, Novedades
Ya pasó más de un mes desde que el Gobierno nacional dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y si bien aún no hay fechas confirmadas, es de público conocimiento que la “cuarentena administrada” continuará durante mayo. Frente a esta situación, se empiezan a oír las voces de distintos grupos sociales que reclaman medidas específicas para sus necesidades reales. Uno de ellos es el de las personas con discapacidad.
“Acordamos con la medida excepcional del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pues entendemos que es la única manera de evitar que las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia se agraven. En tal contexto, el presente documento busca acercar preocupaciones y propuestas respecto de la situación de las personas con discapacidad en esta emergencia pública en materia sanitaria.”
Así comienza el documento que explicita la situación de las personas con discapacidad frente a la pandemia de Covid-19, firmado por diecisiete organizaciones de todo el país, entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comisión de Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPeD) de la Universidad de Salta.
“Nos propusimos hacer el documento para mostrar la situación de las personas con discapacidad, de manera federal”, explica Andrea Grassi, militante de REDI, y comenta que, “en líneas generales, los problemas planteados por organizaciones de las distintas provincias son muy similares”.
El texto pone en el centro de la discusión las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad ante diversas situaciones propias del contexto de aislamiento, haciendo hincapié en la heterogeneidad del colectivo, con diferentes vivencias y necesidades. Y en el respeto del derecho de autonomía; sobre todo a partir de la decisión administrativa 490/20 que permite salidas transitorias para personas con discapacidad, debido a que no todas ellas necesitan acompañantes y los apoyos no deben “ser interpretados como obligatorios”. “Es necesario que exista un lineamiento claro al respecto tanto para las fuerzas de seguridad como para la población en general.”
Al respecto, Grassi agrega: “Enviamos una nota al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad para hacerles llegar la confusión que eso generó en el colectivo, y nos respondió al día siguiente. Con respecto a la falta de claridad sobre las salidas breves, nos comentó que se trata de las personas con discapacidad con dificultades conductuales tales que necesitan salir para evitar la sobremedicación en sus domicilios. Pero esa especificación no está plasmada en ninguna publicación oficial, por lo que la decisión sigue resultando confusa.”
La cuestión de la autonomía es un punto sensible para las personas con discapacidad, debido a las dificultades que han tenido por lograr este derecho, y en tanto entienden que las restricciones propias del aislamiento suponen un retroceso en esta conquista. Lucas Romero, miembro de la Fundación Por Igual Más de Córdoba, sostiene que “si bien es comprensible que la emergencia exige del poder público respuestas rápidas y contundentes, la política de los ‘permisos’, si bien puede ayudar a algunos colectivos específicos, opera una objetivación de las personas con discapacidad que responde a lógicas de registro estadístico y a un prejuicio extendido sobre la no autonomía de las personas con discapacidad; y no a un abordaje integral y respetuoso de las diferencias al interior del colectivo”. Romero tiene un diagnóstico de hipertonía muscular que afecta su motricidad fina en los miembros inferior y superior derechos; y recientemente ha retomado su tratamiento de fisioterapia ya que en lo que va del aislamiento, su condición se vio resentida.
Lourdes Siman es directora de la Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser, de la localidad bonaerense de San Martín y también vio afectada su autonomía y movilidad a partir de la cuarentena, tanto desde lo emocional como de psicológico. Cuenta que, luego de muchos días de confinamiento, salió a realizar un mandado, pero que vivió la situación con angustia y miedo, sin entender por qué. Su teoría es que, con una discapacidad visual severa de base, otros sentidos se vieron limitados: el olfato y el gusto, debido a la utilización del barbijo; y la audición, ya que los sonidos de la calle eran muy distintos a los que estaba acostumbrada. “Me retrotrajo a cuando empecé a perder la vista, que uno no quiere salir afuera, que quiere quedarse adentro, que el afuera te asusta enormemente”, explica, y agrega que varios conocidos también sufrieron episodios similares. E insiste en que, si bien las medidas de seguridad e higiene son necesarias e inevitables, hay que repensar algunas aristas en lo que respecta su modo de implementación para con las personas con discapacidad.
Otros temas que trata el documento son el acceso a tratamientos, prestaciones de apoyo y medicación, advirtiendo sobre irregularidades en la atención por parte de algunas obras sociales y en el pago de salarios para los prestadores y acompañantes terapéuticos.
Por otra parte, el aislamiento y la disminución de la actividad productiva también afecta a las personas con discapacidad igual que al resto de los trabajadores, sobre todo a los informales que ven recortada su fuente de ingreso y que, debido a cobrar un pensión no contributiva, no califican para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia. Si bien recibieron un bono de tres mil pesos, la extensión del aislamiento impacta directamente en sus economías.
Sin embargo, un punto comúnmente pasado por alto pero que las organizaciones insisten en traer al centro de la discusión es el acceso a la información, a la educación y a las tecnologías. Cuestiones que, durante la cuarentena, se volvieron aún más fundamentales. “No todas las personas con discapacidad tienen acceso a conectividad, ni a un teléfono celular de alta gama, ni tampoco a una computadora”, explica Andrea Grassi. Por eso, es muy difícil que puedan acceder a las terapias y a los asistentes de apoyo de manera remota.”
Por otro lado, la mayoría de las páginas web, plataformas de comercio e, incluso, plataformas educativas, no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad. Según Grassi, “en cuanto a la educación, también es complejo el acceso a las plataformas que se utilizan y también a los materiales que brinda el Ministerio de Educación. Hay plataformas cuya navegación es inaccesible para personas con discapacidad visual, y lo mismo ocurre con algunos materiales, que tienen imágenes no descriptas.” Los trámites también se dificultan en gran medida para estas personas.
El futuro es incierto para todos y es difícil imaginar el retorno a una “normalidad” que quizás ya no sea tal. Pero para las personas con discapacidad se asoman nuevas preocupaciones ante dificultades existentes: “La pandemia pone a las personas con discapacidad en una particular situación de riesgo”, sostiene Grassi. En el caso de las que poseen discapacidad motriz y las que tienen baja talla, les es difícil higienizarse adecuadamente las manos porque los lavabos son inaccesibles. En el caso de quienes usan elementos de apoyo para desplazarse -bastones, muletas, sillas de ruedas-, éstos están en contacto permanente con el piso, por lo que tienen que desinfectarlos constantemente. “En cuanto a las personas ciegas y las que tienen baja visión, además de que tenemos que tocar el bastón blanco para caminar, debemos usar el tacto para obtener información sobre las cosas (por ejemplo, en un lugar cerrado muchas veces tocamos la pared para usar como referencia para encontrar puertas, ascensores, escaleras, etcétera), y en este sentido, el uso de guantes nos quita sensibilidad para reconocer los objetos, por ejemplo, la botonera del ascensor. Además, las personas ciegas no podemos mantener la distancia social recomendada, porque para cruzar una calle necesitamos tomarnos del codo o del hombro de otra persona,” explica Grassi en primera persona, relatando situaciones que a la mayoría se le escapan.
Mucho queda aún por decirse respecto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y las decisiones se toman casi día a día. El documento firmado por las diferentes organizaciones que nuclean personas con discapacidad y tratan cuestiones referidas a sus derechos pone en escena reclamos y necesidades específicas de un colectivo erróneamente homogeneizado. Y da la oportunidad de un debate profundo en torno a ello.
Abr 22, 2020 | Novedades, Trabajo
“La segunda quincena de marzo cobré $4.300 pesos. Es la mitad de lo que suelo cobrar”, explica Nicolás.
#BoicotALosMiserables es el hashtag que usaron las y los trabajadores de las cadenas de comida rápida en las redes para visibilizar su lucha ante suspensiones y rebajas salariales. Para el miércoles 22 organizan un boicot para sus empleadores: Wendy’s, McDonald’s, Burger King, Mostaza, entre otros, y proponen que no se les compre en todo el día, a lo que se le suma un paro de repartidores de apps de delivery.
El decreto 329/2020, del 31 de marzo, prohibió los despidos por 60 días. El contexto de una pandemia, en el que reina una incertidumbre general, no parece ser el mejor momento para quedarse sin trabajo. Ninguna de las dos cosas impidió que hubiesen desvinculaciones en numerosos rubros. Uno de los afectados es el de la gastronomía, que entró en la lista de los exceptuados a la cuarentena a partir del 20 de marzo, únicamente para entregas por delivery. A raíz de esta situación, gran parte de los trabajadores del sector atraviesa dificultades en cuanto al cobro de sus salarios.
Nicolás no se llama Nicolás. Como todos los entrevistados de esta nota, sus identidad fue cambiada por temor a sanciones laborales. Trabaja en la cadena Green Eat de Belgrano, contó a ANCCOM que estas empresas se respaldan en una cláusula que dice que ante una catástrofe o situación extraordinaria, pueden pagar a sus empleados un mínimo de 48 horas mensuales. En promedio, él suele trabajar 70 horas al mes en su puesto de atención al público. “La segunda quincena de marzo cobré $4.300 pesos. Es la mitad de lo que suelo cobrar”, explicó. Tampoco le pagaron el presentismo, que representa casi un 10% de su sueldo. Estas empresas aprovechan las lagunas que deja el decreto del Poder Ejecutivo acerca de las rebajas salariales y de las sanciones para quienes incumplan las medidas. En este caso, los obligaron a tomar una licencia sin goce de sueldo, prometiéndoles que eventualmente podrían trabajar si así lo desearan, ya que el local continúa abierto para el delivery. Pero, cuando lo hicieron, los empleadores les dijeron que preferían no exponerlos. “En realidad, ninguno se quiere arriesgar a contagiarse, pero es una necesidad”, señaló Nicolás.
Ante esta situación, la respuesta que encontraron muchos trabajadores fue organizarse. Una de las acciones que tomaron fue enviar telegramas de forma masiva, aunque no resultó fácil convencer a todos de hacerlo. “Es difícil porque muches tienen miedo a perder su trabajo o a quedar marcados”, afirmó Nicolás y explicó que en Green Eat no son tantos empleados y que mandar telegramas de a uno sería más riesgoso. En otras cadenas, como McDonald’s, esta iniciativa funcionó mejor porque son un colectivo más numeroso. Otra de las estrategias fue crear redes sociales propias para poder mantenerse anónimos y confluir todas las luchas en un solo lugar. En Instagram figuran como @trabajadoresrapidosenlucha y en Twitter como @LuchaRapidosEn.
“A medida que pasan los días la bronca crece, la indignación también, y eso hace que se avance con la organización. Hay gente que nos dice que tenemos que agradecer que no nos están echando. Es una locura”, afirmó Nicolás.
«Es difñicil organizarse, muches tienen miedo a perder su trabajo o a quedar marcados”, afirmó Nicolás
Una situación similar se vive en la pizzería La Continental. “En marzo nos pagaron la mitad del sueldo con la excusa de que no hay plata”, afirmó Javier, empleado de la cadena para realizar el delivery. Estuvo sin trabajar 10 días desde que se decretó la cuarentena obligatoria, hasta que se habilitó su sector. “A la empresa le reclamamos las medidas de higiene y ni siquiera quisieron cumplir con eso. Entonces no fuimos. Tuvieron que comprarnos todas las cosas, barbijo alcohol en gel, guantes”, dijo y aseguró que tuvieron que organizarse entre ellos para que le dieran la licencia a sus compañeros que son parte del grupo de riesgo.
“Hacer el escrache por redes funcionó, porque el sindicato tuvo que actuar y hablar con la patronal, aunque tardaron en hacerlo”, reconoció Javier en relación a la organización a través de Twitter en Trabajadorxs de La Continental. El viernes pasado el Sindicato de Pasteleros pudo llegar a un acuerdo con las empresas de comida rápida. El dictamen prevé que se realice “la reliquidación de las remuneraciones correspondientes a la segunda quincena de marzo, computando como base de cálculo el promedio de horas trabajadas en el semestre previo”. Además, a quienes trabajen durante la cuarentena se les asegura el 100% del sueldo, mientras que a los que no lo hagan, solo el 70%. Al respecto, Nicolás expresó: “Entendemos que esto es un avance que logramos al presionar al sindicato para que actúe. Pero igualmente, exigimos que se nos pague el presentismo y el 100% de nuestro sueldo para abril y mayo. La lucha continúa, nosotros vamos a seguir organizándonos”. Afirmó también que el paro del 22 sigue en pie y que lo acompañarán en las redes e invitan a la población a sumarse a la medida.
Otro caso es el de Diana, camarera fulltime en una cafetería de San Isidro. Su sueldo es proporcional a las horas trabajadas. El jueves 19 de marzo fue la última vez que se presentó en el local, justo antes de que empezara el aislamiento obligatorio. A fin de ese mes, se enteró que no iba a cobrar lo trabajado en marzo y tampoco el tiempo que dure la cuarentena. “Me avisó una compañera, mis jefas no se contactaron conmigo. No hay un mensaje claro ni directo”, contó. El lunes pasado le pidieron que tramitara el permiso de circulación, por si se abre la cafetería para delivery, pero tampoco de eso tuvo mayores certezas. “En algún momento tuve expectativas de que tuvieran otro manejo, pero ahora no espero nada”, reconoció. Por el momento no están pensando en tomar una medida de fuerza porque quieren ver cómo sigue la situación en los próximos días. “Nos da miedo cómo puede quedar la relación laboral y a la vez queremos cobrar. Es un momento de incertidumbre total”, afirmó.
Abr 21, 2020 | Comunidad, Novedades
«Cuando se dice quedate en tu casa, lavate las manos, ¿que hacés cuando no hay casa?”, se pregunta Reyes.
El Centro Educativo Isauro Arancibia, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, tiene más de trescientos alumnos, de los cuales un gran porcentaje se encuentra en situación de calle y que, aislamiento de por medio, no puede concurrir a la escuela y se encuentran a la deriva. Con la imposición de la cuarentena obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires “El Isauro”, como le dicen sus estudiantes, está cerrado, solo una vez cada 15 días abre sus puertas para entregar bolsones de comida a sus alumnos, a los vecinos del barrio y a todos aquellos que lo necesiten.
Susana Reyes, directora del Isauro y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio El Vesubio, es una mujer que de sólo escucharla se puede entrever su carácter fuerte y dedicación infinita por sus alumnos. No deja lugar a dudas de la precariedad de la situación de sus estudiantes. “Hay cuadras y cuadras de cola porque no solo vienen los alumnos, sino que también viene la gente del barrio. El Isauro es una referencia en la zona y la comida no alcanza. La gente acostumbrada a cartonear, a hacer changas, ahora no tiene ninguna de estas posibilidades y no tienen qué comer”, describe Reyes
El Isauro es para sus alumnos en situación de calle una conexión con el barrio, “Ahí es donde se ve el Estado ausente en esta ciudad. Cuando se dice quedate en tu casa, lavate las manos, ¿que hacés cuando no hay casa?”, se pregunta Reyes. Los alumnos del Isauro no pueden mantener las medidas mínimas de higiene debido a que todos los lugares a los que concurrían para hacerlo se encuentran cerrados: la Shell de Independencia y Paseo Colón o el Mcdonald’s que se encuentra a un lado.
Con respecto a los bolsones, Susana indica que no están entregando nada para higienizarse, recién la semana pasada les dieron barbijos para los maestros. “Nosotros tenemos que sostenerlo, usar lavandina”, señala Reyes.
«Los que viven en la calle perdieron todo lazo social, la escuela es la que los liga a otras posibilidades», dice Reyes.
Distintas organizaciones sociales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), entre otros, denunciaron ya en marzo como poco efectivas las medidas tomadas por el Gobierno porteño de Rodriguez Larreta, que habilitó polideportivos a disposición de las personas en situación de calle en Parque Chacabuco, Pereira y Avellaneda. Susana agrega: “No sé si es que no dan abasto, pero tampoco levantan a la gente que está en la calle. La persona que vive en esta situación ha perdido todo lazo social, la escuela es la que lo liga a otras posibilidades, es ahí donde se arma el lazo, al no estar la escuela quedan en banda, sin información sin posibilidad. Es una situación de soledad absoluta.”
Reyes denuncia también la situación de los estudiantes del Isauro que viven en hoteles, hacinados y compartiendo un baño entre varias familias. “El hacinamiento evidencia que la falta de vivienda en la Ciudad es algo que se viene arrastrando y que no hay solución porque no tienen sensibilidad ni interés en resolver esta situación. Niegan la cantidad de gente en situación de calle, nosotros con diferentes organizaciones hicimos otro censo con diferentes resultados a los oficiales y lo siguen negando. Cuando se niega una realidad es imposible revertirla.”
El Isauro impulsa, además, distintos emprendimientos que se hacen en el Centro Educativo y emplean a sus mismos alumnos, cuenta con una panadería, un taller de arreglo de bicicletas, un taller de costura y la revista La Realidad Sin Chamuyo, todos actualmente se encuentran cerrados lo que hace que los estudiantes que allí trabajaban se queden sin ese ingreso.
Veinte de los 300 alumnos del Isauro viven en el CIS, una asociación civil creada por docentes del colegio.
Veinte de los trescientos alumnos del Isauro se encuentran viviendo en el CIS (Centro de Integración Social), una asociación civil creada por los maestros y maestras del colegio. Se trata de un hogar de tránsito para mujeres y hombres mayores de edad, con el sueño de acompañar y fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes. “Ellos están bien, tienen talleres, acompañantes pedagógicos y la idea es que ahí puedan pensar un proyecto de vida. La posibilidad de hacer pie, de pibes que antes estaban en la calle, puede estar ahí, donde piensan y hurgan en sus deseos, alago muy difícil para la gente que está en situación de calle, saber no lo que pueden sino lo que desean y a partir de ahí construir un futuro.”
Los posibles riesgos que puede conllevar la expansión de la covid-19 son muy reales para Susana, e indican la imposibilidad para la población que vive en la calle de acudir a los hospitales. “Los pibes están acostumbrados a sufrir fiebre y no ir al médico, no van a ir al hospital porque nunca han ido. Siempre han pasado sus gripes y sus fiebres en la calle. Ese es el peligro para estos pibes que, además, no han sido bien alimentados, que han jalado poxi, que tienen los pulmones ya bastante deteriorados, que siempre tienen enfermedades respiratorias. Hay toda una población que es subterránea en la ciudad, es la población más dañada como siempre, la más castigada”.
“Los pibes se acostumbraron a tener fiebre y no ir al médico, no irán al hospital porque nunca fueron», dice Reyes.
La pandemia ha desnudado la indiferencia estatal hacia los alumnos del Isauro que se encuentran a la intemperie, así como también hacia aquellos en situaciones precarias de vivienda. Según estimaciones oficiales hay poco más de mil personas en situación de calle, en contraposición a los datos obtenidos por los censos de las organizaciones sociales dedicadas a asistir a las personas sin techo, que elevan las cifras a más de siete mil personas.
Reyes subraya: “No creemos que una asociación civil resuelva estas cuestiones, pensamos que es el Estado el que debería encargarse, pero la armamos ante esta carencia. A veces es muy difícil tratar de suplir ese rol, nunca lo vamos a poder hacer, por eso la asociación nuestra se dedica a los pibes del Isauro. Abarcar todo no se puede.”
Abr 16, 2020 | Comunidad, Novedades
Brasil transmite desesperanza. Es el país más grande de la región y también el más afectado. Lula Da Silva manifestó hoy en twitter lo que debería decirse en las calles: “Bolsonaro se parece al capitán del Titanic. El barco se estaba hundiendo y continuó fingiendo que no estaba pasando nada. El país está a la deriva. Un barco sin rumbo”.
Desde que se confirmó el primer caso a fines de febrero, el número de infectados creció exponencialmente. En las últimas 24 horas murieron más de 200 personas. Oficialmente tiene 28.320 contagiados de coronavirus y 1.736 muertes. Mientras tanto, Jair Bolsonaro se tomó muy en serio su slogan electoral de “dios por encima de todo”, porque no asumió ninguna responsabilidad de los efectos de la pandemia en su país.
Aunque el total de víctimas represente número escalofriante, estas cifras podrían ser optimistas. “Hay una discrepancia escandalosa entre los datos oficiales y lo que sería el verdadero número que, acorde a instituciones de investigación de salud y a hospitales de primera línea, sería de quince veces más. De ser así habría alrededor de 400 mil contaminados y más de 24 mil muertos. En la comunidad científica está la certeza de que esto será una catástrofe de dimensiones inéditas.” Esta es parte de la visión de Eric Nepomuceno, autor, periodista y traductor brasileño, que gentilmente habló con ANCCOM.
Estas palabras difieren considerablemente con las del gobierno de turno. “En mi caso particular, en el caso de ser contaminado por el virus, no necesitaría preocuparme. No sentiría nada, o a lo sumo sería una gripecita o un resfriadito”. El presidente brasilero se manifestó públicamente y en repetidas ocasiones en contra de las recomendaciones de la OMS. “El brasileño no se contagia. Se lo puede ver saltar a una alcantarilla, bucear y nunca le pasa nada”, decía. Estas declaraciones muestran su ferviente negacionismo. Rafael Dias, psicólogo, profesor de la Universidad Federal de Fluminense y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Sur de Fluminense, colaboró con este medio para dar más luz a esta situación. Él considera que el primer mandatario está exponiendo a toda la población. “Sus declaraciones y actos son un enfrentamiento permanente con los derechos humanos y la salud mental de los brasileños. Lo que está sucediendo en Brasil es el proyecto de necropolítica. En este contexto, mantener el aislamiento social es un acto de desobediencia civil”.
La falta de un liderazgo sensato desde Brasilia provocó intensas batallas políticas en el contexto menos indicado, y ahora el poder presidencial pende de un hilo. “Fueron los gobernadores los que llenaron el vacío político. Ellos comenzaron a tomar medidas sanitarias de acuerdo con la situación e incluso coordinaron acciones para tener respiradores y equipos de protección para profesionales de la salud. Gracias a su accionar se logró evitar el colapso de los sistemas de salud”, agregó Dias. Ante la inacción federal, los jefes de cada estado brasilero tuvieron que determinar medidas preventivas y cuarentenas por su cuenta.
La crisis no tardó en llegar al seno del gabinete. La imbecilidad del primer mandatario lo llevó a distanciarse de su propio ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, quien hasta hace unas horas seguía en el cargo porque así lo quiso la cúpula militar que rodea al presidente, tras varios días de especulaciones sobre su continuidad; el propio Mandetta, según trascendió, consideraba que era imposible trabajar con Bolsonaro, porque acordaban una cosa y luego el presidente hacía otra, opuesta. Al cierre de esta nota, el presidente despidió al ministro. El general del Ejército Walter Braga Netto, Jefe de la Casa Civil, ganó influencia y está poniendo “orden en la casa”. “Los militares tratan de contener las iniciativas absurdas y demenciales de Bolsonaro -explicó Nepomuceno-. Más allá de esto, no debe olvidarse que los generales de los que hablamos son reaccionarios de la peor especie, y temen un giro hacia el autogolpe. Pese a esto, por ahora no hay clima ni espacio para un juicio político”.
En el medio de la politiquería está el pueblo, confundido por los múltiples discursos que plantean la falsa dicotomía entre morir enfermo o morir de hambre. Eloa Lemos, estudiante que vive en Río de Janeiro donde cumple con su cuarentena, sufre en carne propia la locura que se está viviendo y teme por las futuras consecuencias. “Bolsonaro es el mayor responsable de la crisis que estamos atravesando, pero por suerte, mucha gente que antes lo apoyaba dejó de hacerlo”, dijo.
Nepomuceno advirtió que “Bolsonaro camina velozmente rumbo a un aislamiento que lo dejará con el respaldo resumido a sus seguidores más fanáticos. Pero ojo: en este momento, eso significa un 20 a 30 por ciento de la opinión pública”.
Esa porción del electorado parecería ser suficiente como para marchar y generar disturbios, mientras el presidente rompe su cuarentena para sacarse fotos. Del otro lado responden desde las casas, caceroleando.
Mientras tanto, los médicos arriesgan su vida para salvar las de otros. ANCCOM se contactó con un médico residente del Hospital de Pronto Atendimiento Da Gloria, que prefirió no identificarse y denuncia la falta de protección del personal. “A pesar de que se han construido hospitales de campaña, todavía no hay insumos suficientes para la seguridad de los profesionales de la salud. Solo los pacientes hospitalizados y los profesionales de la salud son testeados, debido a la cantidad escasa de pruebas disponibles.”
Sin embargo, los recursos están siendo destinados a la producción de cloroquina e hidroxicloroquina, drogas que no fueron autorizadas por la OMS. Éstas fueron utilizadas para pruebas piloto, que dejaron un saldo de 11 pacientes muertos. “Que el laboratorio del Ejército produzca dos millones de comprimidos de inmediato es algo demencial. Si Bolsonaro antes seguía paso a paso los movimientos de su ídolo Donald Trump, ahora logró superarlo en términos de estupidez suprema”, aclaró Nepomuceno.
El presidente está muy alejado de la realidad. Por más que manifieste que impulsará la economía, los pronósticos no son nada favorables. El FMI prevé una caída de más del 5% para este año. Por más que envíe a la gente a trabajar, el número de desempleados es cada vez mayor. Menos mal que por lo menos el Congreso se preocupó por brindar una ayuda con el bono de 600 reales (115 dólares) a trabajadores informales y autónomos.
Es imposible determinar cuál será el futuro del país, como tampoco el del resto de los países del mundo. Lo que sí es evidente, es que en Brasil el impacto de la pandemia derribó la primera ficha del efecto dominó que poco a poco está volteando todo a su paso. El tiempo dirá si también se voltea el tablero.
Abr 15, 2020 | Novedades, Trabajo
La televisión y la radio siguen transmitiendo. Los diarios continúan imprimiéndose. Los medios digitales y portales web mantienen actualizada su información. En épocas de incertidumbre como las que se viven desde -al menos- el 20 de marzo con el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, los medios de comunicación se establecieron como servicios esenciales, según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20. Llevan tranquilidad -o no- a millones de personas que transitan el encierro de la mejor manera que pueden. Incluso miles se volcaron nuevamente a los medios tradicionales, tratando de evitar las ya tan conocidas fake news.
De distintas maneras -teletrabajo, protocolos de seguridad e higiene, licencias para personal que forme parte de grupos de riesgo, etc.-, los trabajadores de los medios cumplen con sus funciones. Sin embargo, afrontan nuevas dificultades en el período de aislamiento. “En general las medidas de seguridad se están cumpliendo en casi todas las empresas”, explica Agustín Lecchi, secretario de Organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Pero “no así otras obligaciones, particularmente las salariales, y esto representa un gran problema.”
El sector de prensa está muy golpeado. Publiexpress, Diario Popular, Perfil, Infobae, Noticias Argentinas. Las lista de medios que atraviesan momentos críticos o conflictos con los trabajadores por motivos de incumplimientos salariales crece constantemente. E incluso comienza a comprender a otros sectores, como en el caso de Radio Metro, en el que, luego de un paro, los trabajadores lograron llegar a un acuerdo para que se les paguen los sueldos atrasados.
El periodismo, aunque se lo considere un servicio esencial, es una de las actividades que más ha sido golpeada por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos cuatro años, con un recorte del 50% respecto del 2015. A esta situación de base se le agrega el impacto del Covid-19. “Las empresas argumentan crisis producto de los cambios tecnológicos en nuestra actividad y el consumo de las sociedades de la información, y a eso ahora se suma la situación que produce la pandemia”, sostiene el delegado. “Pero es falso: esta crisis demostró la importancia de los medios tradicionales, que ante la necesidad de contar con información confiable una mayor cantidad de gente se volcó nuevamente a estos medios.”
Según Lecchi, estos conflictos -que incluyen cierres, despidos, sueldos atrasados y en cuotas- son “previos a la situación actual vinculada a la pandemia, pero en este contexto tienden a agravarse; y las empresas también aprovechan la situación de crisis para avanzar sobre derechos laborales y para sacarle plata al Estado a través de pauta o planes de ayuda.”
La precarización también es visible en estos tiempos, ya que los trabajadores freelance o “colaboradores” son los que están en peores condiciones. “Por las características de su trabajo no tienen ningún tipo de seguridad social y son los primeros que se ven perjudicados ante cualquier crisis y ajuste”, sostiene Lecchi. Desde SiPreBA estiman que un 20% de las notas publicadas en los grandes medios son realizadas por estos trabajadores, por lo que exigen medidas concretas en el marco de la pandemia -como la eximición de impuestos al monotributo- y otras más generales, como el reconocimiento de un tarifario que estandarice un valor mínimo por nota.
Despedidos y en cuarentena
El 30 de marzo, la empresa Publiexpress -editora de Pronto, entre otras publicaciones- se comunicó con la Comisión Interna Gremial de la revista para informarles a los trabajadores que no volvería a abrir sus puertas. Ningún telegrama había llegado, pero casi cien empleados se habían quedado sin trabajo. “A partir de ese momento empezamos algunas medidas de fuerza porque solo la última semana de marzo la revista no salió a la calle”, explica Mariano Caruso, trabajador y ex delegado de Publiexpress. “Queríamos cobrar nuestro salario de marzo e iniciamos distintas medidas, por lo que la empresa terminó cediendo y pagando, pero siguen en su política de cierre.”
Los dueños de la empresa, Eduardo Lerner y Abel Nahon, alegan problemas económicos a pesar de no haber realizado ninguno de los procedimientos previos al cierre; y, según un comunicado de SiPreBA, haber ganado recientemente una licitación del Ministerio de Educación de casi 24 millones de pesos para imprimir cuadernillos educativos sobre el Covid-19.
“Es un cierre fraudulento, lo que quieren hacer es sacarse a los trabajadores de encima y, cuando pase la pandemia, volver a abrir con personal tercerizado”, sostiene Caruso, también integrante de la Comisión Directiva de SiPreBA. Y continúa: “Es una política que ya viene haciendo la empresa hace unos años con otras revistas: despedía y tomaba personal tercerizado para que no estuviera en convenio, y de esa manera bajaba los costos y seguía con las publicaciones.”
Según el delegado gremial, “la empresa quiso aprovechar la medida de Techint: tratar de despedir por causa de fuerza mayor, pagando el 50% de las indemnizaciones sin haber hecho concurso preventivo de crisis ni haber presentado ningún papel.” Todo esto, ignorando el DNU 329/2020 que suspendió los despidos por 60 días, y sin acatar la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, los telegramas siguen llegando -debido a las demoras en el correo-, y los trabajadores continúan luchando como pueden, desde sus casas. “Queremos que se respete la conciliación obligatoria, que nos devuelvan nuestros trabajos y que se nos pague el salario de abril y volver a trabajar normalmente cuando esto pase.”
A cuentagotas
La situación que atraviesan los trabajadores de Diario Popular no es mejor: el 1° de abril finalmente cobraron la última de las cinco cuotas en las que se pagó el sueldo de febrero, y la empresa, Manpress S.A., volvió a anunciar que continuarán con esta modalidad de pagos que ya funciona desde hace seis meses. Lo único asegurado fue una suma de cinco mil pesos para la primera quincena de abril.
Frente a esta situación, los trabajadores del diario se encuentran realizando un paro en busca de algún canal de diálogo con las autoridades. Sumada a la irregularidad de pagos, denuncian también que no se pagan los aportes patronales que corresponden, a la vez que se incumplen con las medidas de seguridad e higiene necesarias para continuar las actividades.
“Nuestros pedidos siguen siendo cobrar el sueldo en tiempo y forma, ni más ni menos. Poder cobrar y organizar nuestra vida de acuerdo al trabajo que realizamos mes a mes”, explica Juan Manuel Lazzarino, delegado de prensa de Diario Popular. Sin embargo, la respuesta de Francisco Fascetto, dueño de la empresa, fue no pagarle los cinco mil pesos a aquellos que hubiesen adherido a la medida de fuerza.
“Esto no tiene que ver directamente con el contexto de la pandemia, nos viene pasando desde mediados del 2018, cuando comienzan las primeras deudas de la empresa para con nosotros, recortes salariales, quita de ítems. Nuestro caso viene desde hace rato”, puntualiza Lazzarino. Desde la empresa argumentan que la caída de la pauta oficial durante el gobierno de Mauricio Macri perjudicó en demasía a las finanzas del diario. Pero la postura de los trabajadores que quieren cobrar por las actividades que realizan, como corresponde, se sintetiza en las palabras de su delegado de prensa: “Si nosotros nunca fuimos socios en la ganancia, no veo por qué socializar la pérdida.”
La deuda es con los trabajadores
Como explica Matías Cardone, delegado de Perfil, la situación salarial en la empresa de Jorge Fontevecchia “no es muy diferente de la que vive el resto del gremio en lo que se trata de prensa escrita”.
Los trabajadores freelance de la editorial se ven más perjudicados aún: Perfil les difiere los pagos y en su mayoría están atrasados entre cinco y seis meses. “Hay productos de la editorial que se hacen en más de un 50% con freelance, lo que genera una precarización que vuelve al trabajo insostenible,” sostiene Cardone. “La pandemia lo único que hizo fue agudizar el problema para los compañeres colaboradores que necesitan más que nunca percibir sus salarios.”
La empresa alega -como tantas otras- problemas económicos y responsabiliza a la crisis del coronavirus, manteniendo en la incertidumbre a sus trabajadores. Sin embargo, Cardone hace hincapié en que “están recibiendo pauta oficial, la web de Perfil tiene record de visitas y la empresa sigue facturando, por ejemplo, con la impresión de cuadernillos para el Ministerio de Educación”. Por otra parte, en los últimos cuatro años Perfil se expandió con una radio y una canal de televisión nuevos.
Hasta el momento de la cuarentena, los trabajadores de prensa realizaron asambleas y distintas medidas gremiales. Hoy, desde el aislamiento, tienen que limitarse a otras acciones. Pero el reclamo es el mismo: “Le pedimos a la empresa que pague la deuda a los freelance y, a su vez, que dé un aumento de emergencia ya que tenemos la negociación paritaria vencida desde noviembre”, sostiene Cardone, en representación de sus compañeros. Y agrega, como si no fuera suficiente: “A su vez Perfil tiene una deuda con nosotros que data de mayo 2019 y que aún no canceló por la que también estamos reclamando.”
Abr 15, 2020 | Géneros, Novedades
En lo que va del año, el 62% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima.
“A Cristina la maté porque empezamos a discutir porque yo no quería tener relaciones”, le confesó Abel Romero al fiscal de Lanús Jorge Grieco. Los cuerpos de Cristina Iglesias (40) y su hija Ada (7) fueron encontrados el 28 de marzo, enterrados en el patio de la casa en la que vivían en Monte Chingolo. “A la nena la maté porque se despertó y comenzó a gritar al ver a su madre tirada en el piso”, reveló Romero, aunque los peritos que realizaron la autopsia consideran que la niña fue apuñalada mientras dormía.
Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el 20 de marzo, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” registró 18 femicidios confirmados, lo que implica uno cada 32 horas. Susana (51), Lorena (32), Solange (2), Cristina (40), Ada (7), Florencia (39), Yoana (30), Romina (39), Alejandra (22), Estella (40), María (45), Anacarla (2 meses)… la lista sigue y no para.
“Hubo polémicas con los números, tiene que ver con cómo se consigna”, explicó a ANCCOM Laura Rothberg, integrante del Observatorio. “Nosotras hacemos el registro a nivel mensual porque se necesita un tiempo de análisis, sobre todo en temas como estos, que a veces parece que son femicidios y no lo son. Pero, entendiendo el contexto y lo que es para una mujer que sufre violencia de género estar encerrada con su agresor, decidimos sacar una cifra el 13 de abril, cuando se suponía que terminaba la cuarentena”. Y añadió: “Las cifras que nosotras tenemos son representativas, ya que hacemos un monitoreo minucioso de más de 160 medios gráficos y digitales de todo el país. Hay muchas variables y es muy difícil. Un registro único cruzaría distintos tipos de métodos y fuentes como las denuncias, los medios y las causas judiciales”, concluyó Rothberg. Si bien el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene la propuesta de un registro único de femicidios a nivel nacional, aún no está operativo.
Según el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2020, hubo 86 femicidios. Frente al contexto de aislamiento social hay un dato que cobra especial relevancia: en lo que va del año, el 72% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima. En cuanto al vínculo con el agresor, el 56% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas. Los resultados no dan lugar a dudas: en los hogares está el mayor peligro para las mujeres y los femicidas son los hombres que alguna vez dijeron amarlas.
El 65% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o ex parejas de las víctimas.
Según las Naciones Unidas (ONU), al menos una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja. Esto convierte a la violencia contra las mujeres y las niñas en una pandemia. Ahora, frente a la emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, la ONU advierte que la tendencia indica que habrá un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y un incremento de la violencia doméstica cuando los hogares están bajo tensión.
En nuestro país, han aumentado tanto los llamados a la línea 144 de violencia de género como las consultas por redes sociales. En la provincia de Buenos Aires, la línea 144 recibió un 56 por ciento más de llamadas desde que se inició la cuarentena, según informó el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.
“Es algo que preveíamos por el contexto de aislamiento social obligatorio. Pero, por otro lado, hay una baja de las denuncias en los ámbitos que son presenciales justamente por las medidas de restricción de circulación”, explicó a ANCCOM la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz. “Vivimos esta doble preocupación: cómo una consulta después puede traducirse efectivamente en una denuncia, y cómo hacer para que las medidas de protección, de ser necesarias, se lleguen a tomar- agregó Díaz-. Estamos trabajando en esa línea porque son parte de las nuevas problemáticas que aparecen en este contexto”.
¿La línea 144 se encuentra saturada?
No, se está trabajando mucho. El Ministerio de la Nación incorporó una línea de WhatsApp. Es una vía por la cual el mensaje de texto es otra opción y la verdad que es bueno porque a veces no se puede hacer una llamada, pero sí mandar un mensaje. Nosotras también incorporamos en la Provincia un WhatsApp y sumamos nuevas operadoras a la línea telefónica.
Una vez que la víctima se contacta con la línea 144 o a través de las redes sociales, ¿cómo es la articulación con la Justicia?
Normalmente se nos da un teléfono de contacto y se ve con la persona en qué momento puede hablar. Entonces, el equipo de seguimiento se pone a trabajar dependiendo del grado de urgencia que tenga el caso. Si es un caso extremadamente urgente se articula directamente con Seguridad, con el 911. En los casos en los que se puede hacer una denuncia, se le explicita por las vías en que puede hacerlo. Hoy el Ministerio de Seguridad tiene una página por la que se puede hacer la denuncia y después ver qué disposiciones se llevarán a cabo. Por ejemplo, las medidas cautelares se prorrogaron por resolución de la Corte hasta que dure el aislamiento sin necesidad de ningún trámite. El tema es cómo se van a tomar medidas en los casos que se están denunciando ahora. Por eso, tuvimos una reunión con el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, y con el procurador, Julio Conte Grand, para trabajar en esto. Estamos buscando algún tipo de aplicación simplificada con un formulario único y también hacer alguna campaña de comunicación común. Estamos aprendiendo todos.
Según la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia física o sexual.
Entre las nuevas medidas destinadas a reforzar la atención a las personas en situación de violencia de género, el Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) lanzaron el primero de abril la campaña solidaria “barbijo rojo”.
“Una siempre tiene una farmacia más o menos cerca de su domicilio y, si no puede salir, puede ir un conocido o un familiar que sepa de la situación. Hay que ir a la farmacia y decir: ‘Quiero un barbijo rojo’. Al recibir el pedido, el personal farmacéutico activará el protocolo que es un secreto profesional para no poner en peligro a la víctima”, dijo a ANCCOM la pro-secretaria de COFA, Alicia Merlo. Y añadió: “Hemos sido elegidos por el Ministerio dado que COFA abarca 18 de las 24 provincias y, en las seis restantes, siempre tenemos farmacias amigas”. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la campaña se ha implementado “parcialmente en algunos municipios”, declaró la ministra Díaz.
También, se sumaron a la medida la Federación Nacional de Empleados de Farmacia (FENAEMFA) y la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF). “Cuando tomé conocimiento de la campaña, a través de los medios, pensé que teníamos que sumarnos porque, en realidad, los que tienen contacto permanente con el que entra a la farmacia son nuestros afiliados”, expresó a ANCCOM el Secretario General de FENAEMFA, Víctor Carricarte.
Otra de las disposiciones fue la Resolución 15/2020, que aclara que las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género pueden salir de sus domicilios, solas o con sus hijos e hijas, si necesitan protección, realizar denuncias o pedir ayuda.
Estas nuevas medidas son fundamentales para responder ante la emergencia, pero para evitar nuevas víctimas es necesario desarrollar un proyecto a largo plazo. Para la socióloga e investigadora Dora Barrancos se trata de “repensarlo todo. Hay que tener institutos en los barrios que exclusivamente se dediquen a una sistemática acción de prevención y generen debate de las violencias, instruir más a las mujeres e implementar un tratamiento de los violentos. Son cuestiones que hay que encararlas en una circunstancia de base, que es modificar completamente la pauta vincular y curricular en el sistema educativo.” Y agregó: “Por un lado, estamos fatigándonos por los espantosos números que arroja la violencia y los femicidios, pero por el otro, estamos postergando muchísimo la reforma curricular, la readaptación de las mentalidades de la docencia en nuestro país. Mientras tengamos un fortalecimiento del patriarcado con índoles categoriales en el sistema educativo existirán experiencias vehiculizadoras de violencia. Si tenés tareas de niños y tareas de niñas; qué hacen las mamás y qué hacen los papás exclusivamente, ¡estamos en el horno! Ahí hay una autorización patriarcal porque alguien tiene mejor disposición que otros. Henos aquí en el cuadro del círculo vicioso de la violencia patriarcal. Hay que cortar eso desde abajo.”
Con respecto a los cambios que puede generar el coronavirus en nuestra sociedad, Barrancos comentó a ANCCOM: “Ahora vemos cómo está en riesgo la vida humana, cuando volvamos a la normalidad se verá que hay otros males evitables y, sin embargo, siguen matando a las mujeres. No estoy muy entusiasmada sobre la modificación completa que se pueda realizar. No es tan fácil el bien social, no es tan fácil inhibir las formas brutales capitalistas. Pero, vamos a apostar de todos modos.” Y reparó en una situación paradójica que produce el confinamiento: “Como todo el mundo está en su casa, han disminuido los ruidos habituales, hay mucha audición. Por ejemplo, yo estoy en un barrio en el que puedo escuchar ruidos, voces, alaridos. Y antes, eso en el ruido general no se percibía. En ese punto podemos llegar a intervenir como vecinas y vecinos.”
El desafío está en cómo erradicar la violencia que, según la ONU, provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos. Hoy, incluir la perspectiva de género en la respuesta frente al COVID- 19 resulta más urgente que nunca para evitar que el “quedate en casa” se convierta en una trampa mortal.
Por situaciones de violencia de género llamá al 144. Podés escribir por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048. O mandar un mail a: linea144@mingeneros.gob.ar. Si la situación es de emergencia, comunicate al 911.
