Jun 11, 2020 | Culturas, Novedades
Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes.
La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) emitió un comunicado en el mes pasado en cual expresaba que se comenzaría a cobrar un arancel del 12% de lo recaudado en transmisiones de streaming (que no fueran contenidos disponibles para descarga), más cargos adicionales, de entre 250 y 400 pesos, si empresas o instituciones patrocinantes estuvieran involucradas y se utilizara otros medios de emisión además de internet. La noticia tomó por sorpresa al mundo musical argentino y las quejas no tardaron en surgir, ya que el anuncio era poco claro y las cifras mencionadas resultaban preocupantes, tanto para artistas independientes como para quienes recién comienzan en la industria.
“Son muy pocos lxs artistxs que tienen mucha ganancia -expresó la baterista Andrea Álvarez en su cuenta de Twitter-. Hay que tener canciones en alta rotación para recaudar bastante dinero y la mayoría no la tenemos”. Si bien días después el organismo emitió un nuevo comunicado aclarando que solo se le aplicaría el arancel a las empresas que organicen conciertos que cobren una entrada o reciban sponsoreo y que “no se trata de impedir, obstaculizar ni perjudicar la actividad musical de la que somos parte, sino de dar una solución armoniosa de los diversos intereses en juego”, el debate quedó instalado.
El constante avance tecnológico y las posibilidades que crea para los artistas, tanto los establecidos como los emergentes, además de la particular situación que la sociedad está experimentado a causa de la pandemia y la cuarentena hacen que el alcance legal de SADAIC pueda quedar desactualizado o que se formen zonas grises. El músico salteño Guillermo Alavila, cuyo proyecto solista lleva el nombre de Le Cúspide, le comenta a ANCCOM: “Esta situación deja en total evidencia que había una parte de la música, de los derechos de autor, que estaba muy desatendida y esta podría ser una oportunidad para que mejoren la manera en que los manejan y que nos beneficien a todes”. Sobre la sorpresiva decisión del organismo, Alavila opinó: “Es algo que no puede decidirse tan de golpe porque es ridículo. Creo que hay que sentarse a hablar entre SADAIC, managers, productores (grandes, medianos y chiquitos) y artistas, tanto independientes como comerciales”.
Guillermo Alavila, músico salteño.
Los gremios no reniegan en la existencia de SADAIC y defienden su labor como organismo que defiende los derechos de los autores, ya que constituyen el salario del compositor. Sin embargo, coinciden en que el anuncio estuvo mal comunicado, generando pánico a un momento ya de por sí estresante. Además, deja muchos aspectos sin aclarar. Los músicos insisten en que se abran instancias de discusión para llegar a un acuerdo, especialmente en el porcentaje, a quiénes se les aplicará y de qué manera. Lo que se intenta evitar, principalmente, es que esta decisión del organismo termine siendo contraproducente y perjudique a aquellos que, en un principio, se busca proteger.
“En este momento estamos en negociación con SADAIC, expresándole que los montos que ellos están pidiendo para el pago de los derechos de autor a las marcas son no aplicables a lo que pasa en el mundo físico. Nosotros respetamos el derecho, representamos autores, pero no nos quieras cobrar por sobre el sponsoreo porque lo que estás haciendo es desincentivar la inversión de empresas en nuestro sector y esa es una de las pocas posibilidades de ingresos” detalló a ANCCOM Ana Poluyan, vicepresidenta de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (ACMMA).
Reclamo de los independientes
Por su parte, la Unión de Músicos Independientes (UMI) también expresó sus reclamos hacia el organismo pero sin éxito. Juan Ignacio Vázquez, presidente de UMI, expresa: “Le solicitamos por medio de un comunicado a las entidades de gestión colectiva que hagan un adelanto de 5.000 pesos en el pago de derechos pero no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de SADAIC, ni de AADI (Asociación Argentina de Interpretes), ni de CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas). Creemos que sería importante que se dé una respuesta dado que a muchísimas personas esto les ayudaría en el día a día”.
Juan Ignacio Vazquez, presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI)
En esta época tan particular que estamos atravesando como sociedad, los músicos independientes son uno de los sectores más afectados. “Nuestra fuente de ingreso mas fuerte son los shows en vivo, pero sabiendo que vamos a ser la última actividad que vuelva, por el conglomerado de gente, no vemos un buen futuro cercano”, señala Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), y agrega:: “La subsistencia esta complicada. Muchos músicos se han anotado en la IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). También hay muchos músicos que se anotaron en las ayudas sociales que da el Instituto Nacional de la Música. Celebramos la existencia de SADAIC pero necesitamos que se manejen con responsabilidad frente la situación que estamos enfrentando”.
Jun 10, 2020 | Comunidad, Novedades
México ya registra un número de muertes por coronavirus que triplica a las registradas en China.
México registra 120.102 casos confirmados de Covid-19 y 14.053 muertes. A comienzos de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la gravedad del asunto: “Hay quien dice que, por lo del coronavirus, no hay que abrazarse –dijo-. Pero no pasa nada”. Y continuó, en los eventos públicos, abrazando a funcionarios y a demás ciudadanos. En la actualidad, la curva de contagios y de defunciones sigue en fuerte ascenso.
El protocolo que se difundió en aquel momento incluía medidas de precaución básicas de higiene y la cancelación de eventos públicos. Aunque fueron implementados controles médicos de pasajeros que llegaban desde el exterior, los aeropuertos internacionales y pasos fronterizos del país continuaron abiertos. De pronto, el escenario cambió rotundamente: en un documento con fecha del 23 de marzo, la OMS señaló que el país contaba con 251 infectados y dos muertes. Ese día coincidió con el inicio de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia en la que se llamó a la sociedad a contribuir con el objetivo de “aplanar la curva epidémica”. De esta manera, se suspendieron las clases y actividades no esenciales y se pidió a la población aislarse en sus casas.
Con el avance del conflicto, la posición del presidente mexicano frente a este nuevo panorama cambió drásticamente. En un video publicado en su canal de Youtube el 28 de marzo, enfatizó la importancia de que la población se mantuviera aislada. Y llamó a cuidar a los adultos mayores y embarazadas especialmente.
México es el tercer país del continente americano en cuanto a víctimas fatales, detrás de Estados Unidos y Brasil.
México registra un número de muertes por coronavirus que triplica a las registradas en China, es ya el tercer país del continente americano en cuanto a víctimas fatales y los contagios siguen en aumento. En diversos medios de comunicación de la región aparecieron denuncias de funerarias de Nezahualcóyotl que manifestaron estar sobrepasadas: ocho de cada 10 servicios para los que son requeridas se refieren a pacientes fallecidos a causa de Covid-19. Esto tiene como consecuencia que los tiempos de espera se alarguen y los hospitales guarden los cuerpos por más de 48 horas. A este contexto aterrador se añade que del total de defunciones, 271 pertenecen a médicos y enfermeras.
El sistema de salud, que previo a la pandemia se encontraba desabastecido, intenta en este nuevo escenario sobrellevar las faltas. Desde el Gobierno de México se pusieron en marcha estrategias de equipamiento hospitalario para distribuir camas y conseguir respiradores. A su vez, las autoridades incentivan a la población a informarse de fuentes oficiales ya que hay mucha desinformación en las redes sociales. En contrapartida se publicó en el New York Times un artículo que cuestionaba la veracidad de las cifras de contagios y muertes en el país: “Los expertos dicen que México sólo tiene un panorama mínimo de la escala real de la epidemia porque está haciendo pruebas a muy pocas personas”. Frente a estas denuncias, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, aclaró que México no oculta información sobre los contagios. Y añadió: “Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total”.
La situación en el centro de la batalla contra el Covid-19 es preocupante. Zara Cruz Gachuz, enfermera en el hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, explica cómo la pandemia cambió drásticamente las formas de trabajar y relacionarse. “Seguimos atendiendo desde la humanidad, al estar al pie del cañón con los pacientes. Aun así, tenemos cierto tiempo establecido para estar en el cubículo con ellos”, cuenta Cruz Gachuz.
El hospital donde trabaja reestructuró su disposición para afrontar la problemática. De las tres torres que lo conforman, hay una dedicada especialmente a trabajar con pacientes infectados. Durante la jornada laboral (que puede ser de ocho a doce horas), el personal de salud no puede ni ir al baño. “Te pones el equipo y no puedes salir de ahí. Al no poder tomar agua, muchos empezamos a tener problemas urinarios y deshidratación”, detalla la enfermera. El clima de trabajo es pesado y el mayor desafío está en mantener la salud mental: “Hay veces que mis compañeras llegan a tener crisis emocionales. No siempre soportamos estar completamente dentro del área de atención y aunque tratamos de apoyarnos entre todos, hay días que no damos abasto”, confiesa Cruz Gachuf.
Zara-Itzel-Cruz-Gachuz, enfermera.
En el sistema de salud de México el desabastecimiento es la norma: cuando antes faltaban insumos básicos como gasas y guantes, ahora escasean medicamentos y monitores. “Estamos trabajando con lo que se tiene, tratando de hacer lo mejor que se pueda. Coordinarnos para que los medicamentos nos lleguen lo más rápido posible pero desgraciadamente, muchas veces la cantidad que nos mandan no es suficiente para el número de pacientes que tenemos”, detalla la enfermera. Zara Cruz trabaja en el ojo de la tormenta y desde ese lugar, ve cómo de cincuenta camas, treinta necesitan respirador. “No estamos cubriendo la cantidad necesaria y necesitamos estrategias para que el paciente sobreviva”, denuncia. Para contrarrestar el desabastecimiento, la situación de emergencia obliga a tomar nuevo personal que recién egresa de las universidades para así disminuir el trabajo de los médicos.
El médico Felipe Ortega considera que la cuarentena debería haber empezado mucho antes pero celebra cómo la sociedad se aisló por su cuenta antes de que fuera obligatorio. Cruz Gachuz ve la otra cara de la moneda y, para ella, la gente no se ha adaptado completamente al aislamiento: “Muchas personas siguen trabajando y muchas otras no la respetan porque dicen que el virus no existe, creen que es un invento político internacional que intenta desabastecer la economía”, cuenta.
La antropóloga y docente en la Universidad de Guanajuato, Cristina Mazariegos Herrera, hace hincapié en cómo el temor invadió a la población: “Hay miedo al virus y miedo al otro porque aquel que está ahí, contamina”, dice. Así es como el personal médico sufre agresiones camino a su trabajo y de vuelta a su hogar: se han registrado 182 casos específicos de ataques a trabajadores de la salud. A la enfermera de Centro Médico le tocó recibir una agresión cuando estaba por subirse al metro. “No me dejaron subir al metro porque era enfermera”, dice angustiada. Estaba con una compañera, a la cual le abrieron el pómulo de un golpe. A ella la jalaron hacia afuera del metro justo cuando se estaban por cerrar las puertas. Terminó apretada entre ellas y tuvo un desgarre muscular en el hombro izquierdo. Al llegar al hospital, las mandaron a casa para que descansaran. Su compañera sufrió una crisis de ansiedad. “Las personas se han vuelto muy agresivas: si nos ven, nos gritan o avientan cloro a nuestras casas. No tenemos seguridad para salir como si nada. Es un desgaste emocional porque sales cansado del trabajo y hay días que no encuentras los medios de transporte para regresar. O tienes miedo”, dice.
Mazariegos Herrera explica los desafíos que impone el confinamiento a la sociabilidad. “Asimilar la distancia con el otro es lo que más nos está costando porque sin dudas nos estamos dando cuenta de que la salud física es tan importante como lo emocional y los vínculos afectivos del día a día”, dice. Los retos de hacer cuarentena son muchos. “El primero fue traer a casa nuestras actividades laborales y lo que implicó luego: redistribuir el espacio doméstico y reacomodar las actividades que estaban ligadas al ámbito profesional y luego aquellas que realizamos en casa como el descanso”, explica la antropóloga.
Sin ánimos de hacer futurología, el cirujano Ortega se permite hablar del panorama a partir de lo que sucede en el día a día: “Ya no sabemos qué creer”, dice preocupado. “Después de un trabajo periodístico, sabremos cómo se actuó en México. Siento que no se tomaron las medidas a tiempo y sobre todo no se quiso invertir en algo que me parece básico, que es la toma de pruebas, el gobierno prefirió esperar porque en México hay mucho trabajo en comercio informal, personas que no podían darse el lujo de aislarse, seguro esto generó más contagios y muertes de las que están registradas. Esto se ve lejos de que mejore”.
Jun 10, 2020 | Comunidad, Novedades
La bajante extraordinaria impacta en la navegabilidad, en el comercio, en la toma de agua y en la presencia de peces.
Bancos de arena que se asemejan a un desierto; botes encallados; barro; muelles de madera que lucen absurdos, pues se levantan sobre la nada y hacia la nada se adentran. En el Paraná falta el agua, y las postales de la cuenca semivacía son impactantes. Un río caracterizado por su gran caudal que empezó a replegarse sobre sí mismo. Quedan al descubierto en el lecho diferentes objetos que estaban ocultos bajo el agua; el más llamativo sea tal vez un barco –el Parténope- que naufragó en Corrientes hace más de cien años y fue localizado hace seis, a cinco metros de profundidad, y quedó ahora a la vista. Hay tramos en los que incluso se puede atravesar el río caminando. Es la peor bajante en varias décadas.
La problemática afecta a toda la Cuenca del Plata, la segunda más extensa de Sudamérica, pero en el Paraná -el río más importante de esta cuenca-, la bajante alcanza dimensiones extraordinarias. Según los informes del Instituto Nacional del Agua, los niveles del río en territorio argentino están en el mínimo de los últimos 50 años: desde diciembre de 1971 no se observaba una situación similar. Pero más alarmante aún es que, teniendo en cuenta únicamente el mes de abril, una bajante como la actual no se registra desde 1884, hace más de 130 años. La bajante es también extraordinaria en el Río Iguazú, donde el caudal es el menor en por lo menos 40 años; para marzo el río ocupaba una séptima parte de su caudal normal.
Sin lluvia no hay agua
“El escenario que tenemos por ahora es que en el Río Paraná va a persistir en la condición de estiaje (nivel de caudal mínimo), tal vez con oscilaciones poco significativas -señaló Leandro Giordano, investigador de la Subgerencia de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del INA-. Suponemos que esto se extenderá también durante la primavera”. La respuesta a la falta de agua en los ríos está en la falta de lluvias. Para que el caudal se recupere, debería llover por encima del promedio durante algunos meses consecutivos, es decir, todo lo contrario a lo que viene ocurriendo hace tiempo. Para colmo el invierno, que está por empezar, es época seca.
Las consecuencias de esta escasez abundan de manera inversamente proporcional al agua. La bajante extraordinaria impacta en la navegabilidad, y por ende también en el comercio, así como en la toma de agua, en la fauna ictícola (los peces) y en el nivel de agua del acuífero. “Nuestra población urbana ha ido creciendo, así como la actividad económica agroexportadora, y por ese desarrollo del sistema territorial es que esto representa un mayor riesgo”, observa Giordano. El agua para consumo humano se ve afectada en cantidad pero también calidad, lo cual pasa por una cuestión de concentración: a menor volumen de agua, mayor concentración de nutrientes, algas, sedimentos.
El caudal promedio anual del Paraná, en Corrientes, es de 16.000 metros cúbicos por segundo. Este mayo fue de la mitad.
Para tener un mapa de situación más completo, Giordano, hidrólogo dedicado a investigar sistemas fluviales, explica qué sucede aguas arriba. El flujo del tramo argentino del Paraná responde al del Alto Paraná –que nace en Brasil-, al río Paraguay, cuyo principal aporte a su vez es el Pantanal, y al Iguazú, también desde Brasil. ¿Qué está ocurriendo en esos ríos? Que tienen también mucha menos agua de la que deberían.
Para ponerlo en números: el caudal promedio anual del Paraná en Corrientes es de 16.000 metros cúbicos por segundo, promedio que en mayo es mayor, de 18.000, pero que en mayo de 2020 fue de apenas 9.900: casi la mitad. “Es muy poca agua para lo que es el Paraná, uno de los ríos más caudalosos del mundo”, sostiene Giordano. En cuanto al Paraguay, continúa, en Puerto Pilcomayo la tasa media anual es de 3.600 metros cúbicos sobre segundo, elevándose a 4.500 en promedio durante el mes de mayo, pero que en mayo 2020 fue de tan sólo 1.900; aquí también, cerca de la mitad de lo habitual. Finalmente, para el río Iguazú, la tasa anual medida en Andresito es de 1.700 metros cúbicos por segundo, promedio que en mayo es de 1.500, y en mayo 2020 fue de 373, ¡la cuarta parte!
En el Iguazú hay déficit de precipitaciones desde junio de 2019, pese a ser una zona que generalmente recibe lluvias todo el año (es, de hecho, el área más lluviosa del país, con alrededor de 2.000 mm por año). En tanto, en el Alto Paraná y en el Paraguay, el invierno corresponde a la estación seca. Es decir que el excedente hídrico que alimenta al Paraná se suele generar en verano, pero en os últimos tres, la lluvia escaseó. “La última crecida fuerte fue en el 2016, y a partir de ahí las precipitaciones se empezaron a situar por debajo de lo normal”, afirmó Giordano, que es también doctor en Ciencias Aplicadas, docente de la UNGS y geógrafo. El déficit de lluvia fue especialmente fuerte a principios de 2019, y volvió a sentirse en marzo de este año.
El agua para consumo humano está afectada en cantidad pero también en calidad: hay más nutrientes, algas y sedimentos.
Proyecto regional
Se trata de una problemática que excede únicamente a la Argentina, los ríos no conocen de fronteras (si bien muchas veces las delimitan), y fue en el Parlasur que se presentó un proyecto de emergencia hídrica y ambiental. “Nuestros ríos están en una situación casi desesperante. La bajante es terrible, donde antes había un río muy profundo hoy la gente lo atraviesa tranquilamente”, señala Julia Perié, una de las autoras del proyecto, que atiende a Anccom desde su Posadas natal. “Hay que tomar medidas urgentes para que esto no acarree males mayores”, sostiene.
El proyecto, que lleva la firma de los argentinos Perié, Cecilia Britto y Nelson Nicoletti, insta a los Legislativos de los Estados parte del Mercosur a declarar la emergencia hídrica y ambiental en los ríos Paraná, Iguazú, Uruguay y Paraguay. También insta a Brasil a cesar con la deforestación del Amazonas. Por otro lado, solicita la creación de un Instituto Internacional del Medioambiente, el Agua y el Desarrollo Urbano, para trazar un plan estratégico ante esta crisis. “La preservación de un recurso natural esencial como el agua es un deber irrenunciable de los estados y de la sociedad en pleno”, considera el proyecto.
Perié, que además de parlamentaria del Mercosur es vicepresidenta nacional del Partido Solidario, apunta que “el agua debe ser considerada un derecho humano y esencial”, y por lo tanto “los gobiernos deben tomar las determinaciones que hacen falta”. Desde su bloque celebraron las negociaciones que lograron que en mayo el embalse Itaipú, en Brasil, erogue temporalmente una mayor cantidad de agua al Paraná, “tras varias reuniones y promesas”, comenta. También presentaron otro proyecto para recomendar la veda de pesca en Entre Ríos y Santa Fe (que rige en otras provincias, como Misiones, Corrientes y Chaco), y proteger así la fauna ictícola.
Al proyecto de emergencia esperan tratarlo virtualmente. En caso de aprobarse, debería ser tratado en los legislativos de cada Estado parte. “Podemos proponer cosas pero después las tienen que llevar adelante los ejecutivos, y ahí a veces hay trabas, pero no perdemos las esperanzas de que estas cosas se modifiquen, hay que poner estos temas en debate”, señala la parlamentaria.
Tal vez el punto más ambicioso del proyecto sea el concerniente a la deforestación del Amazonas, que pese a los incendios de 2019, pese a la pandemia, no ha hecho más que aumentar, registrándose un 50% más de tala en los primeros cuatro meses del año, en comparación a 2019. “Hace años venimos pidiendo el cese de la deforestación, esa es una de las causas de este problema (en alusión a la bajante de los ríos)”. La relación está en el denominado proceso de evapotranspiración, por el cual la vegetación emite vapor de agua a la atmósfera. “En algunos casos los intereses políticos que hay detrás de todo esto son más poderosos que las necesidades de los ciudadanos”, expone Perié, al tiempo que apunta contra la “actitud de desidia del gobierno de Brasil”. “El tiempo pasa, la deforestación sigue, la sequía también, y los pueblos son los que tienen estos problemas y necesidades”, añade.
En el Parlasur que se presentó un proyecto de emergencia hídrica y ambiental.
Mirada ambiental
Las problemáticas ambientales, pese a su complejidad e importancia, no suelen recibir la atención necesaria hasta que su impacto es ya ineludible. Anccom consultó a dos ambientólogas que participaron el año pasado del proyecto de extensión del Núcleo de Estudios Amazónicos de la Universidad de Brasilia, experiencia que las llevó a vivir varios meses en la región amazónica. Al llegar, les sorprendió que allí donde suponían que habría selva, había en realidad campos de soja y pastura para ganado. Catalina Fixman y Karin Pereira Jakobowicz señalan que “las nacientes de varios ríos del litoral argentino están en territorio brasileño. Las aguas del Paraná y el Paraguay nacen en la región biogeográfica del Cerrado, ubicado en el centro de Brasil. Entonces, los cambios ambientales en esa región podrían afectar los cursos de agua conectados a la red hidrográfica. Como la sequía se dio en toda la región, abarcando ambos países, la bajante se agrava. Por esto es muy necesario dejar de lado las fronteras políticas a la hora de gestionar los recursos naturales”.
Ahora bien, la raíz de la cuestión, los motivos de la falta de lluvias y la sequía no son aún del todo claras: “Suele llevar varios años de investigación entender el proceso en su complejidad”, observan Fixman y Pereira. “La naturaleza es dinámica y presenta ciclos con fluctuaciones, independientemente de la actividad humana”, aclaran, pero advierten que “el aumento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos es una consecuencia clara y conocida del cambio climático motorizado por las actividades humanas”.
En ese sentido, las ambientólogas de la UBA apuntan que “la devastación de la Amazonía Brasileña aumentó de forma muy alarmante el último año, siendo promovida por las políticas del gobierno electo en 2018. Esto está trayendo indudablemente consecuencias gravísimas y en muchos casos irreversibles”. Y señalan que “las consecuencias globales, en su mayoría ligadas al cambio climático, aún están siendo estudiadas, por lo que actualmente es difícil definir hasta dónde pueden llegar. Esta incertidumbre debería alarmarnos aún más, porque significa que puede tener un montón de impactos socioambientales que aún no conocemos”.
Lo cierto es que mientras se investigan las causas de fondo de estas problemáticas o la posible incidencia de unas sobre otras, la sequía continúa y los ríos siguen discurriendo cada vez más exiguos en su cauce. Hasta cuando se extenderá y con qué consecuencias, aún se desconoce.
Jun 9, 2020 | Comunidad, Novedades
La app CuidAR ya tiene más de cinco millones de usuarios.
La pandemia provocada por el Covid-19 y las medidas de distanciamiento físico propuestas por la Organización Mundial de la Salud para contener su difusión, han repercutido en todas las esferas de la vida social. El aislamiento preventivo ha sido una de las medidas más eficaces para combatir al virus, pero impide innumerables actividades productivas que necesitan de la circulación. Para peor, en países donde la cuarentena no es obligatoria la economía también se ha visto profundamente afectada. En una situación en la que parece imposible salir ganando, ¿cómo se hace reducción de daños?
Para reducir el impacto de esta crisis, los Estados buscan alternativas. En tiempos digitales resulta natural echar un ojo sobre el potencial de la tecnología. Países como China, Japón, EE.UU. España, Corea, Reino Unido y otros han implementado distintas herramientas digitales con variados mecanismos de prevención y seguimiento del virus que permiten mejorar la “sintonía fina” de un distanciamiento social imprescindible. Pero, ¿cuál es el precio por el uso de aplicaciones que afectan la circulación de datos sensibles como la salud de los ciudadanos? ¿El impacto de las aplicaciones es mayor que el daño al derecho a la privacidad?
Esta discusión también tiene lugar en la Argentina donde el Estado nacional lanzó la aplicación CuidAR que permite identificar potenciales afectados y advertir al sistema de salud para que lo contenga rápidamente. Fernando Schapachnik, Doctor en Ciencias de la Computación y uno de los desarrolladores de la app, dialogó con ANCCOM: “El objetivo es proteger la salud pública. Si te sitúas en esta época del año pero en 2019, cuando te agarrabas un resfrío o tenías fiebre, seguramente te tomabas una aspirina y te ibas al trabajo. Era la gripe de todos los años. Ahora los mismos síntomas generan miedo y sobrecarga en las líneas de atención. Lo primero que busca la aplicación entonces es ordenar el autodiagnóstico que todos hacemos. Lo que busca la app es objetivar ese autodiagnóstico en función de la definición de caso sospechoso para reducir la demanda”. La aplicación, además, obliga a repetir el procedimiento cada 48 horas para reconocer síntomas leves, brindando a cada persona una alarma más rápida.
Cuando se habló de una posible obligatoriedad del uso de CuidAR, no quedó claro cómo harían quienes no tienen celular o carecen de espacio para descargar la app. “Desconozco si puede hacerse obligatoria la aplicación. Eso posiblemente lo pueda contestar un abogado”, contesta el informático. “Pero más allá de las cuestiones de accesibilidad y de la brecha digital, lo que me parece importante es pensar cuál sería el motivo para no usar la aplicación. El certificado de papel es problemático porque no se invalida ante la existencia de síntomas. Uno pensaría que un enfermo se queda en la casa, pero vimos que está lleno de irresponsables”. En un contexto en que la prioridad es que las personas infectadas no circulen, Schapachnik sostiene que “el camino es hacia una mayor integración de los sistemas informáticos”.
Algunos cuestionan que el almacenamiento de los datos se realice en servidores de Amazon.
Los reportes que hace cada usuario de la app tienen carácter de declaración jurada, algo que preocupa a algunos sectores. “Este es un desarrollo conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública, la Cámara de la Industria Argentina de Software, investigadores del CONICET y Fundación Sadosky”, responde Schapachnik frente a quiénes hablan de una necesidad de mayores consultas para desarrollar una herramientas como esta. “No sé qué otra app en el mundo tiene un abanico tan amplio de involucrados. Las personas que desconfían de cada sector pueden ver que hay participación de otro: aquellos que piensan que el Estado no debe gestionarlo por su cuenta, pueden ver que hay participación del sector privado, y viceversa. Los que recelan de ambos, pueden confiar en la participación del CONICET y de la fundación”.
El especialista está satisfecho con los resultados obtenidos: “Esta app tiene hasta ahora más de cinco millones de usuarios y por ende millones de autodiagnósticos. A muchos les ha permitido salir de la duda. Un porcentaje pequeño ha tenido síntomas compatibles y se han tomado las medidas de derivación correspondientes”.
Como explica Schapachnik, la aplicación necesita saber dónde está el afectado en ese momento para indicarle a qué número debe llamar, algo que varía en cada región. El GPS simplifica esta tarea pero el usuario puede elegir no instalarla: “Si no le das el permiso de localización a la aplicación, cuando te reportás como positivo te toma la dirección declarada previamente. Una cosa son los permisos que pide la app y otra es cuándo los utiliza. CuidAR solo usa el GPS ante la detección de un caso con síntomas compatibles con Covid 19, y eso es para agilizar la derivación al sistema de salud. Si a alguien le aparece que CuidAR está usando el GPS en otro momento, que me mande una captura de pantalla, porque eso no pasa”, declaró.
Para algunos especialistas de la sociedad civil la emergencia amerita la toma de medidas inusuales, pero dudan que se haya evaluado debidamente la seguridad de datos tan sensibles como la salud o la ubicación de las personas. En particular, muchos señalaron con preocupación que el almacenamiento de los datos se realice en servidores extranjeros, más precisamente en los de Amazon. Según Schapachnik, la normativa argentina permite que los datos estén alojados en servidores de países con una regulación igual o más estricta que la propia, otorgando “un marco de absoluta legalidad” a este procedimiento. No obstante, el especialista remarcó la importancia de una política que acompañe el desarrollo nacional en estas cuestiones: “El sistema científico argentino no cuenta con la estructura informática todavía, porque son capacidades que no se desarrollaron en los últimos años. ARSAT, con todo el potencial que posee, aún no puede brindar lo que se conoce como servicios de infraestructura elástica. Pasa algo parecido en otros ámbitos de desarrollo científico. Nadie dice que los test que se utilizaron al principio eran importados. Lo primero es que haya test y medicamentos, lo segundo es que se produzcan en el país. Hay que entender la diferencia entre las posibilidades de innovación científica y las prioridades del sistema de salud”.
Desde una mirada más crítica, algunos especialistas consideran que el riesgo de entregar tantos datos es excesivo para resultados que todavía consideran inciertos. Al ser consultada por ANCCOM, la Doctora en Derecho en Protección de Datos Personales y Especialista en Derecho Informático, Johanna Caterina Faliero, declaró: “La protección de datos también es un tema de soberanía nacional. Debemos velar como país para que estas transferencias internacionales siempre se hagan con adecuados niveles protectorios en materia de datos personales y, por otra parte, tener mucho cuidado respecto a si esas transferencias no han sido consentidas por los titulares de esa información”.
Por otro lado, Faliero remarcó la importancia del Estado como garante de derechos ante la creciente informatización de los procesos, ya que la protección de datos personales “es un derecho humano fundamental en una era en la que dejamos huellas a partir de datos y metadatos que son almacenados y procesados”. Para la especialista, estas cuestiones constituyen una demanda creciente de la población: “La ciudadanía está cada vez más consciente de la importancia de la preservación de la privacidad de los datos; decidiendo cómo, cuándo y en qué situaciones se puede trabajar con ellos y revocar ese consentimiento de manera absoluta y sin expresión de causa”. Además, afirma que esto ha incrementado el estado de participación y el debate público abierto.
El avance de los Estados en materia de acaparamiento y procesamiento de la información personal es una tendencia que preocupa a la consultora. Se trata de gobiernos que han adoptado “soluciones tecnológicas como videovigilancia y entrecruzamientos masivos de base de datos que han sido poco debatidas o no han contado con el debido estudio de los impactos en materia de datos personales”. Por lo tanto, para la especialista es necesario tomar un rol activo desde la ciudadanía, ya que “el Estado es responsable de estas acciones en contra de las libertades individuales”.
Uno de las dudas que sobrevuela las implementaciones es el riesgo de caer en lo que el investigador Evgeny Morozov llama «solucionismo tecnológico», es decir la creencia de que una app puede resolver cualquier problema. Sobre esto, Faliero detalla: “Lo primero que estamos dando por hecho es el acceso a esas tecnologías, eso es algo que nos lleva al concepto de brecha digital. Cuando una app se lanza a un público masivo debemos tener en cuenta la inmensa heterogeneidad de dispositivos o su disponibilidad”. También advierte que es probable que los sectores más necesitados de estas medidas sean aquellos que tienen la peor calidad de dispositivos y conectividad, por lo que “deben tenerse en cuenta estos factores socioambientales y socioculturales antes de poner en marcha estas iniciativas”.
Respecto al uso de aplicaciones por parte del Estado, existe un deber de los organismos públicos en demostrar la proporcionalidad de la medida, en este caso la necesidad de avanzar sobre la privacidad para alcanzar un fin superior como sería la contención de la epidemia. La abogada asegura que toda implementación de tecnología debe ser llevada a cabo con “transparencia, sin prisas y asegurando la participación de la sociedad en su control”. Al mismo tiempo, afirma que no debe permitirse un avance sobre derechos y principios que en tiempos de normalidad estaría prohibido, porque sería muy difícil recuperar ese terreno perdido.
Leandro Ucciferri, abogado, investigador y representante de la Asociación de Derechos Civiles afirma que la herramienta tiene algunas fallas básicas respecto de cómo se usará: «Hay un fuerte incentivo para no brindar información precisa sobre los síntomas que puede estar atravesando una persona, sobre todo para obtener el permiso de circulación». Además están los casos asintomáticos: en su opinión, una app nunca va a poder determinar si esa persona y su entorno se encuentran en riesgo de salud. «En el caso de CuidAR hay que volver a plantear la discusión sobre cuál es el problema que realmente se quiere resolver con esa app, y de qué manera ciertas funcionalidades pueden ser útiles para ese fin, sin poner en riesgo otros derechos, sobre todo cuando el Estado ya tiene un historial largo por no cumplir con medidas de seguridad elementales». Justamente, ADC fue una de las organizaciones que cuestionó fuertemente los sistemas de reconocimiento facial implementados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años que con la excusa de encontrar a unos pocos miles de prófugos monitoreaban a millones de ciudadanos cotidianamente. Para el abogado, “los funcionarios públicos tienen que darse cuenta de que el rol social de la tecnología es difícil y no hay una fórmula infalible que ayude a resolver todos nuestros problemas, al menos no sin crear nuevos“.
Hasta la fecha, no se desarrolló una vacuna para el Covid 19 y tampoco está claro si quien lo tuvo queda inmune al virus, pero este tipo de dudas puede extenderse a casi todas las medidas que se tomaron. En ese contexto, los especialistas insisten con la necesidad de utilizar medidas de prevención comprobadas tales como el refuerzo de las medidas de higiene, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo y la utilización de sustancia químicas para la desinfección de superficies. Faliero resume: “Nuestra naturaleza humana es ser reacios a la inseguridad, cualquier cosa que nos brinde un salvavidas en medio de ese océano en el cual estamos perdidos, es vista como una buena solución”. Desde el otro lado consideran que la emergencia no es un buen momento para discutir sino para probar con todas las herramientas que ayuden a controlar la pandemia. Tal vez del diálogo entre ambas posturas pueda surgir una respuesta capaz de encontrar el delicado equilibrio entre los derechos a la salud y a la privacidad.
Jun 9, 2020 | Novedades, Trabajo
“Despidos”, “suspensiones” y “rebajas salariales” son tres conceptos que desentonan en la retórica de ciencia ficción imperante. Sin embargo, son las categorías esenciales para comprender gran parte de lo que sucede tras las bambalinas de la pandemia. A la amenaza biológica contra la vida se le suma la amenaza social contra el trabajo.
Es en busca de esa realidad que surgió el Observatorio de Despidos Durante la Pandemia, una iniciativa de sociólogos y estudiantes de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata agrupados en La Izquierda Diario. “La idea del Observatorio surge a partir de dos dimensiones: por un lado, cuando inicia la cuarentena aparecieron, en forma de aluvión, datos, gráficos, curvas y demás sobre los aspectos sanitarios, que desde ya son imprescindibles. Pero no se publicaba, ni en las esferas de gobierno ni en los espacios mediáticos, información respecto a la situación de los trabajadores. Esa ausencia empezó a volverse sintomática y, de hecho, se prolonga hasta hoy”, explica Mariano González, estudiante de Sociología de la UBA, y continúa: “Por otro lado, teníamos una prédica del oficialismo de protección a los trabajadores tanto a través de conferencias de prensa como a partir de varios decretos de necesidad y urgencia. Incluso Alberto Fernández llamó ‘miserable’ a Paolo Rocca por los 1.450 despidos de Techint. Sin embargo, esas cesantías se concretaron y los ataques al salario, despidos y suspensiones comenzaron a aparecer de manera muy fuerte. Por eso decidimos poner en pie el Observatorio, para brindar esos dato”.
El relevamiento se realiza semanalmente a partir de publicaciones en más de 40 medios periodísticos nacionales y regionales, a los que se agregan las cifras publicadas esporádicamente por distintos organismos y los resultados de los acuerdos a los que llega cada sindicato en particular. A partir de esa información, se realizan informes y análisis bajo la supervisión de Paula Varela, investigadora del Conicet y docente en la UBA.
El conteo comienza desde el 20 de marzo –el día en que se inició el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- y, al 30 de mayo, se relevó el impactante número de 3.890.639 trabajadores afectados. El Observatorio desagrega esa cifra en tres categorías: “despidos”, unos 139.634; “suspensiones” (incluye a trabajadores que hayan sufrido el doble ataque de suspensión más rebaja salarial), que alcanza 1.786.987; y “ataques al salario”, que suben a 1.965.018.
De todas formas, este número es tan sólo una base, un indicio, más que una afirmación acabada. Los datos dependen de aquello que es considerado noticia por alguno de los medios relevados y, sobre todo, se impone la opacidad absoluta a la hora de registrar la situación del sector informal. “El porcentaje de precarización laboral en Argentina es del 40%”, analiza Clara Posse, socióloga. “Entonces, sabemos que hay muchos trabajadores informales, precarizados, contratados o con distintas relaciones laborales que no están pudiendo ser relevadas. Ese es un límite importante. Nosotros remarcamos que ésta es la cifra que pudimos abarcar, pero que en realidad es muchísimo más”. El llamado del Observatorio, en consecuencia, es que sean los y las propias trabajadoras quienes hagan su denuncia tanto al mail mapadedespidos@gmail.com como a La Izquierda Diario.
Según el informe del Observatorio, el sector más afectado es el del comercio.
El gobierno nacional -con el apoyo de todos los estratos gubernamentales- optó por una cuarentena estricta, con excepción de ciertos sectores denominados como esenciales. Para disipar incertidumbres sobre la situación a la que se verían expuestos las y los trabajadores, en el Artículo 8° del DNU 297/20 se dispone que “durante la vigencia del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”. Más tarde, el 31 de marzo, tras el escandaloso episodio en Techint, se firmó el DNU 329/20. El Artículo 2° dispone: “prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución del trabajo y fuerza mayor por el plazo de sesenta (60) días” -se prorrogó por otros 60 días más desde su vencimiento-. Y el Artículo 3°: “prohíbense las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de sesenta (60) días” -también prorrogado-. En resumen: se prohíben las rebajas salariales, los despidos y las suspensiones durante el aislamiento obligatorio. El devenir de los días terminó dictaminando algo totalmente diferente.
¿Qué sucedió entonces? El primer indicio puede encontrarse en un pequeño apartado del Artículo 3° del DNU 329/20. El mismo dice: “quedan exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo”. ¿Qué dice el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Establece la posibilidad de realizar suspensiones de tareas al trabajador en caso de fuerza mayor, abonándole una suma no remunerativa que es tan sólo un porcentaje de su salario habitual y teniendo que tributar únicamente aportes y contribuciones a la obra social y ART. Pero, antes este mecanismo debe ser pactado con el empleado de manera individual o colectiva -sindicatos-.
El 27 de abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) pactaron un acuerdo que sirve de marco para el resto de las negociaciones gremiales: el tope de descuento al salario de trabajadores suspendidos no puede superar el 25%. Aunque en realidad esto debe leerse con mayor detenimiento: la CGT y la UIA habilitaron que aquellas empresas que suspendan empleados tienen la posibilidad de reducir sus remuneraciones hasta un 25% en sus respectivas negociaciones con los sindicatos.
Muchas de las rebajas salariales y suspensiones fueron acordadas con los gremios.
El último informe del Observatorio muestra que el 76,1% (2.962.346 trabajadores) de los “ataques laborales” -despidos, suspensiones y ataques al salario- tienen como origen los acuerdos sectoriales. “El sector más afectado es el de Comercio, ya que allí trabajan alrededor de 1.200.000 personas. El que le sigue es Construcción: la Cámara Argentina de la Construcción anunció a principios de mayo que se habían perdido 100 mil puestos de trabajo entre marzo y abril. En conjunto con el resto de las modalidades de ataque al trabajo suman casi 500.000 casos y hay que tener en cuenta además que es un sector con una gran proporción de empleo informal, que no puede ser contemplado en el estudio. También representa el 25% de los despidos a nivel nacional. Tercero está el sector del Personal de Casas Particulares, las empleadas domésticas, que en un informe publicado por el sindicato se reveló que se vieron afectados 500.000 puestos. Y, en cuarto lugar, pelean cabeza a cabeza el sector estatal y el gastronómico”, explica Posse.
Efectivamente, el estatal se encuentra en el podio de los sectores que más ataques sufrieron con 438.927 afectados. Algunos casos se extienden desde mucho antes de la cuarentena, como las deudas salariales y paritarias a la baja en la provincia de Chubut.
“El ataque al salario es el principal mecanismo utilizado para transferir los costos de la crisis a los trabajadores”, se lee en el último informe del Observatorio. El total de trabajadores afectados por ataques al salario es de 3.685.515. Dentro de esta categoría se despliegan tres mecanismos: reducción salarial (2.880.626), postergación de paritarias (720.546) y adeudamiento salarial (84.343). González enfatiza: “Ante esto, el gobierno nacional no solamente no ve esos ataques sino que los convalida. Los acuerdos firmados por sector entre las direcciones sindicales y las cámaras empresarias son homologados por el Ministerio de Trabajo. Los decretos son papel mojado. Hay un gran consenso en todo el arco político y sindical en hacer de cuenta como que sigue en verdad la ficción de que éstos decretos tienen algún tipo de utilidad”.
El derrumbe de la economía tanto nacional como mundial, no obstante, es insoslayable. Las grandes potencias han impreso y desembolsado millones en papel moneda para rescatar a sus sistemas financieros y económicos. Menos grandilocuente, más lúgubre, es la realidad de los negocios barriales, de las empresas modestas que caen sin estruendo y dejan en la completa incertidumbre a miles de trabajadores y trabajadoras. Con ese argumento se firmó el DNU 332/20 del 1° de abril, que establecía las bases del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Se trata de una serie de medidas que abarcan exenciones impositivas y, en especial, el pago por parte del Estado -Anses mediante- de una porción del salario de los trabajadores. Con las semanas comenzaron a aparecer situaciones completamente irregulares: aparecieron en la lista de beneficiarios grandes empresas, sin problemas financieros, y entre los salarios beneficiados con fondos públicos se encontraban sus propios CEOS.
“A partir del acuerdo de la CGT con la UIA se redujo un 25% el salario, el 50% es pagado por la Anses y empezamos a notar que ese 25% restante que queda a cargo de la empresa muchas veces es pagado en cuotas o directamente no se paga”, recalca Posee.
“Todo esto no es un simple desconocimiento. Lo mismo respecto al decreto que prohíbe despidos y suspensiones. Estas situaciones son públicas, se denuncian en las carteras del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Gobierno nacional decide hacer la vista gorda. Enfatizamos el episodio de Techint, un caso emblemático. Sobre eso no hubo ningún tipo de represalia, sino que incluso fue premiado con el ATP. Incluso, al momento de recibir ese beneficio, despidió a otros 30 trabajadores de una contratista de Siderca, en Campana. Lo mismo sucede con Blaquier, que también accede al ATP y de todas formas suspende y recorta salarios. Al igual que otras empresas como Granja Tres Arroyos, que luego de recibir el ATP despidió a 50 trabajadores. Con todo este panorama, nosotros vemos que el ATP y otros tipos de programas en realidad son un gran subsidio millonario a las empresas para mantener el margen de rentabilidad a costa del ajuste y el recorte a los trabajadores”, denuncia Mariano González.
Jun 7, 2020 | Novedades, Trabajo
A 210 años de la fundación de La Gaceta de Buenos Aires –en cuyo recuerdo se conmemora cada 7 de junio el Día del Periodista–, no parece haber muchos motivos para celebrar: el coronavirus, la cuarentena y la consecuente profundización de la crisis económica, determinan el estado actual de la profesión.
Las empresas mediáticas se escudan en la pandemia para seguir precarizando aún más a sus empleados. Al atraso salarial de años, se suman despidos, recortes y demoras en pagos de sueldos que han motivado diversas acciones como respuesta. Desde el cese de media jornada en Página/12 hasta la publicación sin firmas en Clarín. Según una encuesta del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), dos de cada tres trabajadores de prensa en la Ciudad cobran salarios por debajo de la Canasta Básica Total (de acuerdo a estimaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA).
En diálogo con ANCCOM, Silvina Molina, editora de Género y Diversidades de la agencia Télam, asegura: “Tenemos que pensar quién se hace cargo de los medios para que se deje de precarizar, de echar y de pagar miserias o en cuotas. No se puede ejercer el derecho a la comunicación desde el periodismo sin las condiciones adecuadas de trabajo, que incluyen un salario digno”.
El citado informe de SIPREBA subraya la inequidad en materia de género al interior de los medios. El último mes, la mitad de las mujeres y disidencias encuestadas (49,3%) recibió una remuneración por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, entre los salarios más altos la mayoría de los trabajadores son hombres.
Para Molina, estamos ante una feminización de la precariedad que tiene su raíz en la ausencia de mujeres y disidencias en los puestos de mayor jerarquía: “El periodismo es una profesión feminizada porque en la mayor parte de las escuelas de comunicación y las redacciones hay mayoría de mujeres. El problema es cuántas son las que ocupan cargos de decisión, quiénes firman las notas, quiénes tienen programas en horario central de la radio y la televisión, o quiénes dirigen medios autogestivos”. Molina señala que “salvo excepciones, tanto en medios cooperativos, estatales, privados y públicos, la mayoría de esos cargos son ocupados por hombres”.
La reciente conformación del Directorio de Télam, íntegramente a cargo de mujeres, permite advertir el signo de los tiempos. Según Molina, este fenómeno es parte de un proceso que está en marcha, pero al que aún le falta camino por recorrer para una paridad real: “Estamos transitando los cambios. Con la existencia de movimientos a nivel mundial como Ni una menos, el #MeToo, o el Paro Internacional de Mujeres, estamos demostrando que la sociedad debe respetar los derechos de la mitad del mundo, que somos nosotras. Y eso aplica también dentro del periodismo. Es una transformación que está en marcha sin necesidad de una mayor explicación”.
La desproporción en las secciones de los medios refleja construcciones arraigadas en la sociedad. “Todavía llama la atención que haya una periodista haciendo la cobertura desde el campo en un partido de fútbol, a pesar del enorme esfuerzo que han hecho muchas colegas y deportistas por visibilizar esta problemática. En general, somos muchas más las comunicadoras en aéreas que tienen que ver con Salud, Sociedad, en fin, con temas relacionados con los cuidados. Y es mucho más complicado encontrarlas en Política, Economía, Deportes, en áreas que se han considerado un terreno exclusivamente masculino. Como periodistas, tenemos que reflejar la realidad, y eso implica, por ejemplo, contemplar paridad de fuentes masculinas y femeninas al momento de elaborar una nota. Cuando hablamos de un periodismo inclusivo, nos referimos simplemente a hacer buen periodismo”.
Sobre el proyecto presentado en el Senado de la Nación, que propone un cupo equitativo en los medios públicos, Molina considera “que es muy positivo como impulso inicial, para ayudar a cambiar las estructuras que todavía persisten y las resistencias que hay en los medios”. Pero agrega: “También me parece que los medios tienen que tomar la responsabilidad de revisar sus prácticas internas, es una conjunción de factores”.
Las trabajadoras de prensa organizadas en la última marcha del Paro internacional Feminista.
Periodismo en cuarentena
En la semana en que se cumplen cinco años de la primera marcha de Ni una menos, es importante evaluar el rol del periodismo en el tratamiento de problemáticas como violencia contra las mujeres, reconocimiento de las disidencias o derecho al aborto. Un cambio visible en los últimos años fue la incorporación, en algunas redacciones, de una editora de género. Incluso ciertos medios tradicionales han comenzado a construir sus noticias con un enfoque que cruza transversalmente a todas las secciones.
“El periodismo de género ha sido esencial en este contexto de cuarentena para mostrar algunos ejes de la agenda del feminismo. Ahora queda muy claro que las mujeres hacemos doble o triple tarea. Trabajamos fuera y dentro de la casa. Y la mayoría de los cuidados de los niños, niñas, niñes, adolescentes y de las personas adultas mayores, recae fundamentalmente en las mujeres. Eso es un tema de agenda feminista del que veníamos hablando y que queda totalmente patente en la pandemia”, afirma Molina.
El aislamiento preventivo ha incidido notoriamente en el aumento de casos de violencia de género. La editora de Télam sostiene que, cuando se anunció la medida, “la preocupación del periodismo feminista por la convivencia de las mujeres con sus maltratadores fue inmediata. Esto hizo que se tomaran distintas decisiones a nivel de políticas públicas para adecuar la medida y acompañar ese proceso especial de mujeres que están en situación de violencia”, precisa.
Molina, quien además es la coordinadora argentina de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. considera que el rol del periodismo es fundamental en este momento, pero advierte sobre la falta de lugar para profesionales especializados en los medios: “Hay periodistas que hacen una excelente cobertura, y creo que hay una reivindicación del periodismo científico, con muy buenos profesionales en el país. Pero también hay un sector que no toma dimensión de la gravedad de la situación, porque para hablar de salud en general y sobre todo de coronavirus y una enfermedad como la Covid-19, es necesario informarse, prepararse, capacitarse”.
En efecto, existe un periodismo especializado en ciencia que es demandado en el escenario de pandemia. La exclusión de periodistas idóneos para tratar temas específicos es otra forma de precarización del oficio. En menos de seis meses, los grandes medios han reestructurado y abocado toda su agenda en función del coronavirus. Y este continuo provoca que la pantalla, el éter, la red y las páginas de los diarios sean ocupados por comunicadores que no siempre están capacitados.
Ricardo Goldberger, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, opina que el tratamiento actual no es el adecuado, ya que la comunicación especializada “ocupa un rol bastante secundario y lateral, porque la mayor parte de los medios están dejándole la cobertura de la pandemia a periodistas generales, o de Economía o Política”. Y destaca: “Los fundamentos por los cuales se están tomando decisiones políticas y económicas son predominantemente científicos, por lo tanto, el periodista científico es el que está en mejores condiciones de explicarle al público el sentido que tienen estas decisiones”.
Según Goldberger, quien también dirige el medio online Tecnozona, “el aporte que realiza el periodista científico es a partir del conocimiento y el entendimiento de lo que sucede en el ámbito, que es más amplio y concreto. Sabe cómo funciona la ciencia en la Argentina, la ciencia en general, los recursos que utiliza, qué significa trabajar en un laboratorio, en un consultorio, en una industria tecnológica, conoce cuáles son las tendencias, quiénes son los principales protagonistas, conoce quiénes son las fuentes más confiables y creíbles, o cómo funciona el método científico”.
La exclusión de los periodistas especializados en ciencia tiene sus inicios, de acuerdo a Goldberger, en la década del 90: “Todos los grandes diarios y los canales tenían programas dedicados a la ciencia y la tecnología. No solo desde el punto de vista educativo, sino desde la divulgación. En 1992, Clarín rediseñó el suplemento Ciencia y Nación, y progresivamente lo convirtió en un suplemento de tecnología y finalmente de informática. En última instancia, se convirtió en un catalogo de productos”. Las secciones de Tecnología, junto a las de Salud, fueron las únicas que subsistieron, mientras que el resto pasó a formar parte del cuerpo central del diario sólo de las versiones online. La posibilidad de conseguir anunciantes fue determinante para la continuidad de estas secciones, ya que “la industria de la tecnología y la farmacéutica son dos que todavía están en condiciones de poner publicidad”. Y los especialistas en ciencia fueron desplazados hacia aéreas tan disímiles como Sociedad o Policiales.
La agenda de los medios parece tener un correlato con la voluntad política de cada época. Al respecto, Goldberger subraya: “Durante el último gobierno (de Macri), no solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología disminuyó abruptamente su importancia, sino que se hicieron campañas específicamente para denostar a la ciencia. Y eso tiene un componente ideológico importante. La ciencia y la tecnología obligan a la gente a pensar, a averiguar, a investigar, a generar pensamiento crítico. En la medida en que el pensamiento crítico se vuelve peligroso para una ideología, más se va a rebajar la importancia de la CyT. Hay una incidencia bastante clara en el sistema público imperante en el momento”.
Ante la advertencia de la OMS acerca de la “infodemia” –la epidemia informativa que da lugar a la propagación de noticias falsas–, Goldberger expresa: “En la medida en que la población no tenga desarrollado el pensamiento crítico, no va a ser capaz de dudar si lo que está leyendo es verificable o no. En la medida en que no haya comunicadores que lo estimulen, el campo va a estar disponible para la presencia de fake news, campañas de desinformación que obedecen a intereses económicos, corporativos, de la industria farmacéutica, que ven en los límites a la circulación de personas, a la capacidad de compra y consumo, a la capacidad de trabajo, una situación adversa”. Estos intereses, agrega, son los que promueven las movilizaciones anticuarentena.
Mirada federal
Desde Tucumán, Claudia Nicolini, periodista especializada en ciencia del diario La Gaceta, comparte su impresión sobre la cobertura de estos acontecimientos: “Negar la realidad no es una posibilidad. Debemos contar nuestra versión de lo que pasa y entender que no hay un abordaje objetivo. Aunque se junten cinco personas en la plaza, no podemos no decir qué está pasando. Ya sabemos lo que pasa cuando los medios silencian cosas. Ahora, es claro que hay quienes los están conduciendo, el 85 por ciento de la gente reconoce que la cuarentena está bien, pero este grupo pequeño se lleva la atención mediática”.
Nicolini manifiesta que, “si bien hay maneras de contar, hay una diferencia entre cubrir el acontecimiento y hacer una transmisión de seis horas”, por lo que los periodistas científicos son claves para preguntarse qué es lo que no está llegando del mensaje que pueda compensar la mala intención de los grupos beneficiados. “Quizás tendríamos que preguntarnos si no deberíamos bajar los niveles de alarma y elevar los de conciencia”, reflexiona.
La periodista, quien también es miembro de la RADPC, enfatiza la importancia de la capacitación a través de compañeros pertenecientes a la Red. Psicóloga de formación, ingresó al medio como correctora, para luego tomar el puesto vacante de periodista de ciencia. “El camino no fue fácil, porque hay que traducir cuestiones que son muy complejas. En la primera nota que hice tuve que entrevistar a especialistas en física cuántica. En esos casos, la tarea es procesar definiciones muy abstractas para que el público pueda saber qué hace un científico y por qué”, cuenta. Y asegura que en los medios hay personas que “no están preparadas para preguntar, entender la respuesta recibida, ni repreguntar en caso de ser necesario”.
Para ella, la creciente necesidad de comunicadores especializados puede generar espacios de reflexión en la sociedad: “Recién ahora, a partir de la difusión de que encontramos soluciones biotecnológicas en tiempo récord en un país de la periferia, la gente se está enterando de qué es lo que está haciendo un científico. Si no, el lugar que tienen estas noticias es en un pedazo del diario que leen pocas personas. A lo mejor, a partir de esto sí podamos contarles a los chicos de la escuela lo que hacen los científicos, a lo mejor los medios podamos acercar la ciencia a todos y así dejen de decir que son ñoquis que se llevan nuestros impuestos. Espero que sirva para modificar esa creencia de que la ciencia es para unos pocos”. Nicolini sugiere que “las redacciones de todos los medios deberían tener un especialista en ciencia”.
En el clima de incertidumbre que la pandemia produce en los trabajadores, el periodismo se ve interpelado particularmente. La reivindicación del trabajo especializado y la lucha por la equidad al interior de los medios son solo algunos de los desafíos de la profesión, pero que reflejan el estado de situación de la sociedad en su conjunto. Como dice Molina, “el periodismo tiene que ser de las audiencias y de quien lo ejerce, ya que estamos trabajando en base al derecho a la comunicación”.
