Jun 18, 2020 | Novedades, Trabajo
En medio de un sistema sanitario a punto de ser desbordado, enfermeros y enfermeras porteños reclaman un mayor reconocimiento del Estado, inclusión de la enfermería dentro de las carreras de salud de la Ciudad de Buenos Aires, denuncian falta de elementos de protección personal de calidad y exigen una disminución de la jornada laboral.
Walter Benítez, licenciado en Enfermería, sostiene que el reclamo de base es la inclusión de la enfermería dentro de las carreras de los profesionales de la salud. “En la Ciudad de Buenos Aires no está incorporada, lo cual es incoherente, arbitrario y discriminatorio”.
La Ley 6035 de la Ciudad de Buenos Aires contempla como profesionales de la Salud a los médicos, odontólogos, obstetras, bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, psicopedagogía, fonoaudiologos, kinesiologos, fisioterapistas, nutricinistas y terapias ocupacionales. También los musicoterapeutas, antropólogos, trabajadores sociales, veterinarios, sociologos y especialistas en sistemas de información, de estadísticas para la Salud y comunicadoares sociales. Pero no los enfermeros.
“El enfermero que está en terapia de 6 a 12 horas, e incluso más, cobra la mitad de sueldo que cualquier integrante de las carreras profesionales de la salud. Mientras que muchos de ellos no tienen relación directa con un paciente, los enfermeros nos exponemos a la Covid-19 y la muerte”, expone Benítez, quien trabaja en el Servicio de Neonatología del Hospital Pirovano desde hace 18 años. Además, denuncia que, mientras a los que están incluidos dentro de la ley profesional se les reconoce como tarea riesgosa e insalubre, a ellos no.
Benítez explica que es una decisión sin fundamentación y que a fines de noviembre de 2018, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó un amparo para que se revea esta situación.
Por otra parte, Daniela Scotto, licenciada en Enfermería que trabaja en el Área de Oncología del Hospital de Pediatría Garrahan reclama el reconocimiento de la profesión desde el ingreso al hospital -ya que para ingresar como Licenciada en Enfermería hay que concursar-, reconocimiento de área específica, reducción horaria y vacaciones profilácticas.
Elementos de protección personal
Benítez añade que, cuando comenzó la pandemia, al no contar con los elementos necesarios, los trabajadores de la salud le realizaron una presentación judial al Gobierno de la Ciudad y a la ART para que el Estado se los brinde. “Dan un poco sí y un poco no. Al que reclama dentro del hospital que le den las cosas como corresponde y tiene hecha la presentación judicial, le dan elementos de mejor calidad. En cambio, a los que no reclaman, si pasa, pasa. No es casual que haya tanto personal de salud contagiado. En un momento no había nada, después había de mala calidad y ahora, por orden judicial, se ordena al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a la ART que nos den materiales de calidad” ”, explica.
Diego Munilla, licenciado en Enfermería, quien también trabaja en el Área de Oncología del Hospital de Pediatría Garrahan, sostiene que los reclamos han sido muy fuertes en cuanto a los elementos de protección personal. Recuerda que en un primer momento hubo mucha controversia y que no se seguían ni siquiera los lineamientos ni de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de los ministerios de Salud. “Habitualmente usamos barbijos para la habilitación de catéteres y para pacientes respiratorios, porque los niños oncológicos están muy inmunocomprometidos y tienen infecciones virales del aparato respiratorio de forma habitual. Cuando comenzó la pandemia, a falta de material, nos llegaron a decir que no usáramos barbijo para hacer esas prácticas. Nosotros nos negamos y exigimos que se nos del material para trabajar”, detalle Munilla, quien también trabaja en el SAME Provincia y es Técnico Radiólogo en el Ministerio de Defensa de la Nación.
El alcohol en gel, que antes había uno en cada habitación, hoy también escasea. Y tanto los barbijos como los camisolines no son usados bajo un estricto protocolo. Cuenta que el camisón está mal empleado: atienden a todos los pacientes con el mismo y, cuando necesitan otro para algún paciente sospechoso, es muy engorroso que se lo entreguen en el momento. “Tenés que ir a pedírselo a una supervisora que tiene todo bajo llave”, detalla Munilla.
También comenta que han tenido antiparras, anteojos de seguridad, máscaras de impresoras 3D de distintos tipos de calidades pero, para su trabajo, donde necesitan mucha precisión, como por ejemplo, al poner un acceso venoso (que ya cuesta sin protección porque las venas de los niños están muy deterioradas) todos esos elementos se empañan, entorpecen la visión y dificultan el trabajo. Por eso, para estar más tranquilo, decidió adquirir una máscara full face con filtros para gases que son para el ámbito industrial y que cumplen con las características de los barbijos tipo 3M que son los más reconocidos en el mercado, destinados al personal de la salud.
Sobrecarga horaria
Mientras los médicos y cualquier otro profesional de la salud cuenta con una rotación de su jornada laboral, los enfermeros sufren una sobrecarga horaria. “Muchas veces, como falta personal, tenemos dos turnos en el día. No contamos con ese descanso sanitario para que nuestra jornada sea más reducida”, denuncia Benítez.
Por su parte, Munilla expone que bajó la cantidad de pacientes, pero aumentó la carga de trabajo a nivel enfermero-paciente por lo que implica la preparación de la protección. “Estamos trabajando el 30 o 50 % del personal de enfermería y hubo pocos ingresos, solo dos compañeras. Pero al no contar con experiencia en nuestro sector, además de la carga horaria y el estrés por la pandemia, uno tiene que ser pseudo- docente del compañero y eso complejiza la situación”, detalla.
Munilla añade que uno de los reclamos más fuertes que tenían y, que se resolvió hace un mes, fue separar el personal en dos grupos e ir trabajar semana por medio.
Hisopados
En relación a los hisopados, la enfermera Scotto señala que no se los realizan regularmente, a no ser que hayan tenido contacto con un paciente positivo. En conversación con ANCCOM, cuenta que un médico de su servicio dio positivo y que ni a ella, ni a los médicos que estuvieron en contacto estrecho, sin elementos de protección, los hisoparon. Solo los aislaron 15 días y volvieron a trabajar sin saber si se habían contagiado o no.
Munilla, aclara que hoy todos los pacientes son casos sospechosos. “El niño oncológico es muy lábil y puede ingresar sin ningún síntoma de alarma y, a los minuto, levantar fiebre o comenzar con tos”.
Salud mental
La Covid-19 tiene un gran impacto psicológico en el personal de la salud y, sobre todo, en los enfermeros. “Es trabajar ante a un nivel de estrés que no puedo explicar. Es agotador estar todo el tiempo pendiente de cumplir con todas las medidas. Con un paso que hiciste mal, podés contaminar la ropa o el material”, afirma Scotto.
En algunos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires hay reuniones organizadas por psicólogos y psiquiatras para darle apoyo al personal de la salud. “En la Ciudad hay 34 hospitales pero eso sucede en cuatro o cinco”, detalla Benítez.
Muchos enfermeros pidieron licencia psiquiátrica por la pandemia. “El personal de la salud es un ser humano que tiene sus miedos y temores, como cualquier otro”. El temor de muchas enfermeras que tienen hijos chicos es contagiarlos. Por eso, muchas de ellas optaron por dejarlos al cuidado de algún familiar.
“El tema no es la pandemia. El tema es cómo se comporta el Estado con el personal de la salud. A fin de cuentas, somos los enfermeros los que estamos en atención directa con el paciente y no estamos siendo reconocidos, no por la sociedad, sino por la Ciudad de Buenos Aires”, concluye Benítez.
Jun 18, 2020 | Comunidad, Novedades
«Con la nueva ley, un departamento que vale 15, el dueño te lo va a poner en 18, olvidate”, desafía Osvaldo, un agente inmobiliario de Caballito.
“Cuando entre en vigencia la ley, los alquileres van a subir. Este departamento que vale 15, el dueño te lo va a poner en 18, olvidate”, dice Osvaldo, un agente inmobiliario de Caballito. Más que una predicción, la suya es una manifestación de la resistencia que opone el sector a la regulación establecida por el Senado. “Esto de registrarse en la AFIP es para enganchar a gente, necesitan plata y la buscan donde sea”, agrega y, sin ruborizarse, tantea al potencial locatario: “Podemos firmarte ahora un contrato con la nueva ley, pero no sé hasta dónde te beneficia, porque te engancha con tres años en principio”. Y, según él, “el inquilino va a pagar un porcentaje de la comisión, como se pagaba en la ley anterior a esta”. Pero está equivocado. En la Ciudad de Buenos Aires al menos –ya que esto lo dispone cada distrito– seguirá correspondiendo al propietario.
Las opiniones off the record de un puñado de agentes de bienes raíces, recabadas por ANCCOM, permiten entender cómo fue recibida la noticia en el sector. El presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la ciudad (CUCICBA), Armando Pepe, sostiene: “Nos hace ruido el avance sobre la propiedad privada por parte del gobierno al determinar que los contratos sean por tres años en lugar de dos. Esto ya había sido regulado en 2015 cuando se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y venía funcionando perfectamente normal el mercado de alquileres”. Pepe asegura que le advirtieron al gobierno anterior y al actual que “si una cosa funciona, no hay que tocarla, porque va a crear es más incertidumbre”.
En base a las proyecciones de CUCICBA, si el índice se hubiera aplicado el año pasado, el valor de los alquileres se habría incrementado un 52%. Para el dirigente empresario, hubiese sido un aumento desmedido, puesto que “en Capital Federal no era nunca más de un 20% semestral, lo que da un 44% anual”. “En un año, estas pseudoasociaciones de inquilinos van a estar pidiendo que se modifique el índice porque les va a dar mucho más de lo que normalmente se venía aplicando”, vaticina.
Pese a que Pepe afirma que la ley “se ha sancionado anticonstitucionalmente porque el Senado estaba autorizado sólo a sesionar por zoom para temas de Covid 19”, desde CUCICBA no piensan apelarla. “Hay un empecinamiento en sacarla, y el resultado de judicializar algo contra el Estado Nacional a lo mejor lo verían mis bisnietos”, se lamenta. No obstante, reconoce aspectos positivos: “Es correcto haber aclarado el tema de las expensas. Ya estaba en el Código Civil, pero en la práctica hubo muchos abusos de propietarios haciéndoles pagar a los inquilinos el 100%, cuando les corresponden únicamente las comunes, no las extraordinarias. Sí esperamos que en la reglamentación se incluya a los administradores de consorcio para que hagan la liquidación como es debido, separando los conceptos”.
La ciudad de Berlín, donde el 85% de la población alquila, congeló el valor de estas transacciones hasta 2022.
Los atropellos de dueños e inmobiliarias ocurren, más allá de lo reglamentado en los códigos civiles. De acuerdo con Sofía Veliz, abogada e integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en las defensorías locales y demás instancias de negociación “hay una relación desigual de poder entre dueño e inquilino que hace muy difícil el litigio, y en las resoluciones de los conflictos suele prevalecer la voluntad del primero”. La ley sancionada plantea nuevas vías: “Se promueven otros mecanismos de resolución alternativos y gratuitos. Se establece que se va a avanzar en alguna institucionalidad específica, pero hay que esperar la reglamentación para ver cómo se traduce en una política pública”, destaca Veliz. Tal como se adelantó desde el oficialismo, la normativa crearía organismos de control bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
ACIJ fue una de las entidades que impulsó la ley y participó de los debates que le dieron forma. Uno de los elementos más controvertidos fue la indexación del precio, resultante de un promedio entre la inflación (del INDEC) y el salario promedio medido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). “Es la única forma en que se pudo consensuar ese articulado. Es un cálculo que, con el nivel de inflación que venimos manejando, por ahora es conveniente para los inquilinos, pero en un escenario de recomposición salarial e inflación alta, pueden salir perdiendo. Hay un doble filo que exige trabajar más y pensar otros mecanismos de protección frente a esas eventuales situaciones”, admite Veliz.
La regulación de alquileres, de alcance nacional, representa una base a partir de la cual seguir trabajando. “Siempre se puede mejorar y seguramente podríamos tener una ley todavía más ‘pro inquilinos’”, remarca Veliz, para quien hay problemáticas que deberían abordarse de forma más activa: “Desde ACIJ nos preocupan, sobre todo, las disposiciones sobre un programa nacional de alquiler social, la forma en que el Estado puede intervenir como una alternativa para regular el mercado y los precios. Eso es algo con lo que seguramente se pueda avanzar mucho más”.
En Nueva York existe un límite a los precios y a los incrementos de los alquileres.
¿Y en el primer mundo?
Para Osvaldo, el agente inmobiliario de Caballito, “no pueden poner un límite al alquiler”. “El que lo quiera pagar que venga y lo pague”, aduce. Igual que él, muchos de sus colegas pronostican que la obligatoriedad de registrar las propiedades en la AFIP o la extensión de los contratos, provocarán una suba en los valores iniciales. Y en la indexación establecida por un límite objetivo ven un avasallamiento de la libertad de las partes. Sin embargo, en muchos lugares del mundo se han impulsado regulaciones similares debido a los excesos del mercado.
En febrero, la ciudad de Berlín, donde el 85% de la población alquila, congeló el valor de estas transacciones hasta 2022, y en los dos años siguientes los incrementos no podrán superar el 1,3%. La razón principal que motivó la regulación fue que en los últimos 10 años el precio de los alquileres se duplicó en la capital alemana, un 103% más que en cualquier otra ciudad del país. Esta medida se suma a otras para garantizar, desde el Estado, una vivienda accesible. A fines de 2019, el gobierno berlinés compró seis mil viviendas a una de las grandes empresas inmobiliarias germanas y amplió así la disponibilidad de residencias sociales.
Países como Dinamarca, Canadá o Australia, cuentan desde hace tiempo con un marco normativo mixto, que contempla controles de precios iniciales, de aumentos y mercados desregulados, según las disposiciones regionales. Mientras en los Estados Unidos, a nivel nacional, no hay un control sobre los alquileres, en la ciudad de Nueva York sí existe un límite a los precios e incrementos de estas transacciones sobre las viviendas antiguas.
Un informe reciente del Banco de España acerca de la intervención pública en el mercado de vivienda indica que la experiencia internacional apunta en aquella dirección. Allí, el valor del alquiler se establece libremente entre locador y locatario, aunque está prohibida la indexación anual que supere la variación del índice general de precios. Aún así, la coalición gobernante enviará en los próximos días una propuesta de ley que facultaría a los ayuntamientos y administraciones locales a establecer precios máximos en zonas tensionadas. Cataluña ya cuenta con límites al valor de las rentas en estos sectores.
En el vecino Portugal, el Programa de Arrendamiento Accesible otorga beneficios fiscales a los propietarios que se adhieran voluntariamente y acuerden mantener los alquileres un 20% por debajo del valor de mercado. Si bien es más un incentivo que una restricción, expresa la voluntad de intervención del Estado. Y la lista de ejemplos podría seguir.
Falta de créditos
Además de un traslado a los precios, los opositores a la nueva ley aseguran que una mayor regulación del mercado desincentivará a los propietarios, lo cual generará una retracción de la oferta y la consecuente alza de los valores. Quizás éste sea el factor más importante y real en las críticas. Un congelamiento de precios como el decretado por el Ejecutivo nacional a raíz de la pandemia de covid-19, y una regulación de los aumentos a través de la flamante normativa, podrían ser insuficientes. La historia argentina demuestra que la falta de un abordaje integral, que contemple la oferta sostenida, ha derivado en un crecimiento exponencial de los barrios de emergencia.
Expertos en planificación urbana opinan que la inversión estatal en viviendas sociales y una regulación de los inmuebles ociosos serían medidas adecuadas para estimular una oferta amplia. En Hong Kong y los Países Bajos han optado por la primera. Recientemente, el Frente de Todos presentó un proyecto para implementar la segunda en la Ciudad de Buenos Aires.
Todavía la ley no entra en vigencia. Las previsiones de sus detractores son similares a las que formularon en debates anteriores. En 2017, tras la sanción de la ley porteña que determinó que la comisión inmobiliaria la pagara el locador, y no el locatario, la oferta de alquileres no cayó, sino todo lo contrario. La escasez de créditos de verdad para la compra de inmuebles –los UVA resultaron ser una bomba de tiempo para miles de familias– explica la tendencia creciente de la población a alquilar. Esa es la realidad. No las suposiciones de Osvaldo.
Jun 17, 2020 | Comunidad, Novedades
La cuarentena registrada por el foco de las egresadas del Centro Educativo PAEBYT El Galpón, Barrio Carlos Mujica, Villa 31.
“Si contás con dispositivos, tenés suerte de entrar a las clases virtuales. No hay señal ni conectividad en el barrio. Para las Olimpiadas (de la Juventud) habían instalado wifi pero lo sacaron todo. Esperemos que el Gobierno porteño actúe cuanto antes, no podemos seguir así”, se queja Julia, vecina de Villa Lugano y alumna del Programa de Alfabetización Básica Educación Y Trabajo (PAEByT).
La pandemia revela, una tras otras, las fragilidades preexistentes que padecen los sectores vulnerables. En 2016, la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano fundamental para garantizar el ejercicio de la educación, la libre expresión, el desarrollo social y económico, entre otras cuestiones. Laura Tamburrino, educadora del PAEByT, detalla las dificultades de la modalidad virtual en el barrio de Villa Soldati: “Casi no hay clases. Algunos alumnos disponen de dispositivos, pero la mayoría no tiene computadora ni Internet. Al no haber buena conectividad, sólo podemos trabajar con aquellos que tengan dispositivo e Internet propios”.
Mientras esperan soluciones para retomar las clases, los docentes del PAEByT trabajan en conjunto con comedores, parroquias, centros culturales y educativos para paliar el hambre en diversos asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. “Están todos con miedo. Los comedores, por ejemplo, están tratando de subsistir en la primera línea, hacen lo que pueden. Hemos elevado los reclamos al Gobierno porteño pero lo que llega no es suficiente en absoluto. Somos los educadores, talleristas, equipos sociocomunitarios, los que pensamos nuevas formas de ayudar”, cuenta Tamburrino. Una de las iniciativas que llevan adelante es una campaña de donación de alimentos, productos de higiene y de limpieza para sus estudiantes y las familias.
Pero toda esta solidaridad no puede resolver la falta de conectividad, una barrera para miles de niños, jóvenes y adultos que ven negado, así, su derecho a la educación. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) impulsa, junto a otras organizaciones y agrupaciones de vecinos, una acción de amparo para que el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta garantice la continuidad pedagógica de los estudiantes de barrios populares. Uno de los reclamos principales es que se faciliten dispositivos y herramientas y se ordene al GCBA garantizar el acceso gratuito a Internet mediante una conectividad adecuada en las viviendas de todos los habitantes de la Ciudad que no tengan la capacidad económica para costear su acceso a Internet.
Ante la exigencia de quedarse en casa para cuidarse del Covid-19, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió una resolución que busca dar respuestas a algunos de estos problemas. Esta semana, desde el organismo anunciaron un fondo de emergencia de 100 millones de pesos que servirá para ofrecer acceso a la red de Internet a las villas aisladas por la pandemia. Además, destacaron la importancia de la tecnología para cuestiones básicas, como la realización de trámites, y dieron detalles de la entrega de 250 tablets del Programa +Simple a los Curas Villeros.
“Este programa tiene como objetivo achicar la brecha digital y lograr el acceso a las tecnologías, de información y comunicación. En una primera etapa, estaba orientado a personas mayores, pero desde el mes pasado se amplió a movimientos sociales y organizaciones cooperativas para ampliar el universo de los destinatarios”, señala el director Nacional de Fomento y Desarrollo de ENACOM, Pablo Urquiza.
“Como Estado, tenemos la obligación de acompañar y ayudar. En los próximos días, vamos a estar en los distintos barrios con los sacerdotes en el Gran Buenos Aires, implementando proyectos para que se garantice la conectividad y para que todos puedan tener el acceso igualitario y en condiciones de calidad. Esto no es más que hacer cumplir la ley y el objetivo que tenemos como ente de comunicación”, agrega el funcionario.
Entretanto, el Gobierno de la Ciudad, en lugar de atender estos problemas y necesidades, está realizando “encuestas de seguimiento” telefónicas a las familias con hijos en escuelas públicas, cuyo propósito no pareciera tener que ver con lo pedagógico. Ante este hecho, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), denunció: “Resulta llamativo y hasta sospechoso que las preguntas, como relatan las familias que han sido encuestadas, están vinculadas a obtener información sobre el desempeño de los maestros: cantidad de días que envían actividades, cuántas por día, nombre y apellido de los docentes”.
El secretario general de UTE, Eduardo López, exigió al Gobierno porteño que cumpla con la cautelar dictada por el juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 –que ordena proveer Internet y computadoras a quienes estudian en las villas–, y desmintió lo dicho por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en una de sus últimas conferencias de prensa: “Es mentira que el 93 por ciento de los estudiantes tiene conectividad. En una escuela de Soldati, menos del 10 por ciento pudo acceder en el último mes”.
“Hace cinco años teníamos el programa Conectar Igualdad. Con Macri esto dejó de funcionar. Lo que estamos pidiendo son políticas públicas para garantizar la igualdad: la educación tiene que ser para todos, no solo para el que tenga plata”, concluyó López.
Jun 17, 2020 | Novedades, Trabajo
Antes de la pandemia, según un informe de CIPPEC, solo el 8% de los empleados realizaba teletrabajo.
El aislamiento, preventivo, social y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para prevenir la pandemia que azota al mundo tiene su contracara (contra y cara) en la paralización de la economía. Según el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la paralización afecta a 2.700 millones de trabajadores en el mundo (un 81% del total). En Argentina, según el Observatorio de Despidos, a cargo de sociólogos de las Universidades de Buenos Aires y La Plata, hacia junio casi cinco millones de trabajadores han sido afectados por reducciones salariales, suspensiones o despidos. En este sentido, la no esencialidad de ciertas actividades laborales obligó a muchos rubros a readaptar sus trabajos. De esta manera se impuso el teletrabajo o, mejor dicho, la tele-emergencia.
Si bien el teletrabajo está lejos de ser una novedad dentro del ámbito laboral, es cierto que uno de sus pilares básicos se dificulta debido a la irrupción de la pandemia: la planificación. «No ha habido posibilidad alguna de formarnos ni de organizarnos. El teletrabajo, en situaciones ideales pero también en las actuales, supone el establecimiento de objetivos y plazos así como también el tiempo destinado al él. El teletrabajo pre-pandemia tenía asignado solo un día a la semana, que es distinto a trabajar desde el lugar de aislamiento», asegura Lorena Díaz Quijano, consultora en transformación y negocios digitales.
Según un informe publicado por CIPPEC en abril de este año, antes de la pandemia solo el 8% de los argentinos trabajaba desde su casa, generalmente una o dos veces por semana. El mismo informe advierte que sólo el 28% de los oficios registrados están en condiciones de realizarse desde los hogares. Pero la pandemia no avisó y el teletrabajo se impuso con sus dificultades: problemas de conectividad, falta de infraestructura digital propia de cada trabajo, carencia de espacio o concentración, ausencia de horarios de trabajo y del pago de horas extras, entre otras cuestiones. «Parejas con hijos deben repartirse el tiempo de cada uno entre el trabajo y los cuidados; personas que reparten tiempo entre estudio y trabajo; docentes con más de un trabajo y obligaciones; tareas del hogar. En fin, debió repensarse todo el esquema horario, trabajar por bloques», agrega Díaz Quijano.
Según el informe de CIPPEC, el 28% de los oficios están en condiciones de realizarse desde los hogares.
De acuerdo a un estudio de la consultora internacional Adecco, en Argentina el 42% de las personas trabaja más horas en cuarentena. Otro aspecto a señalar es la disminución del caudal y la calidad de la comunicación entre colegas y el incremento de tiempo para acceder a información que permita alcanzar los objetivos laborales propuestos, como consecuencia del trabajo asincrónico y la necesidad de atender otras obligaciones en la casa.
Otra alarma que han encendido desde las asociaciones de trabajadores es la falta de legislación a nivel nacional para esta modalidad de trabajo. Agravada por el distanciamiento que el aislamiento social impone a los trabajadores y las dificultades que ello trae a la organización de demandas colectivas.
La Ley 20744 de Contrato de Trabajo (LCT) no fue diseñada para la labor a distancia. Fabio Boggino, abogado y consultor especializado en teletrabajo afirma: «La OIT regula las normativas laborales a nivel global y avala el teletrabajo. Aún así, hay países vecinos que sí regulan explícitamente el teletrabajo, como Colombia o Chile. En Argentina existen proyectos pero no ley. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT) recomienda proveer a los teletrabajadores de algunos insumos, aunque en esta actualidad trastornada esas recomendaciones han quedado, por lo general, sin efecto». En este sentido, Boggino insiste en denominar tele-emergencia a la situación actual.
Las recomendaciones de la SRT a las que hace mención Boggino, al igual que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, proponen entre otras cosas proveer al empleado de un botiquín, un matafuegos, una silla ergonómica y una computadora así como también cubrir gastos derivados del trabajo. En la actualidad, los costos del teletrabajo son generalmente cubiertos por los empleados en un contexto de recortes salariales donde los esfuerzos de la pandemia recaen sobre los trabajadores y trabajadoras.
En medio de la cuarentena, ingresaron al Congreso Nacional 14 proyectos para regular el teletrabajo.
Desde la Asociación de Abogados Laboralistas (AALL), Matías Cremonte asegura «que el gobierno prohíba los despidos es un avance importante pero permitir una reducción salarial luego de años de recesión económica es un grave avasallamiento sobre los mismos».
En sintonía con estas demandas, este mes, en el Congreso de la Nación se han ha presentado catorce proyectos sobre regulación del teletrabajo para abordar aspectos que las legislaciones vigentes ignoran: como el consentimiento del empleado a realizarlo, sin que por ello peligre su fuente laboral; el derecho a la desconexión; el establecimiento o control tanto de la carga horaria como de trabajo; la reversibilidad hacia la presencialidad post pandemia; la protección de datos -según IBM, crecieron exponencialmente los ciber ataques a nivel mundial, cuyas víctimas son, sobre todo, PyMEs- o la provisión de equipamiento y la compensación de gastos derivados. Es necesaria una nueva legislación que allane las dificultades que la tele emergencia impuso.
Jun 17, 2020 | Culturas, Novedades
«El sector cultural independiente generan un 11% del PBI de la Ciudad», afirma Emilio Buggiani.
La Ciudad de Buenos Aires es conocida por su gran oferta cultural en todo el mundo, pero actualmente este sector es uno de los más golpeados por la crisis económica y sanitaria. Según un informe de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, presentado a fines de 2019, existen 459 espacios culturales en Buenos Aires. “Se calcula que alrededor de 100 mil personas trabajan en el sector cultural independiente y generan un 11% del PBI de la Ciudad, y no le dan ni bola”, manifiesta Emilio Buggiani, director del Centro Cultural Vuela el Pez, del barrio porteño de Palermo..
Los Ministerios de Cultura de la ciudad y Nación, junto con entidades como el Fondo Nacional de Artes y el Instituto Nacional del Teatro, han lanzado una serie de subsidios para contener la situación. Sin embargo, diversas agrupaciones culturales se unieron para elevar un reclamo. “Lo que se está tratando de generar desde varias organizaciones es que empiecen a surgir ayudas extraordinarias. Porque al estar tanto tiempo parados, no estamos pudiendo generar ningún tipo de ingreso. Entonces, consideramos que es necesaria una ayuda del Estado”, dice Ana Laura López, integrante de Escena, una asociación civil que reúne espacios culturales autónomos de la Ciudad.
“Para el sentido común, las artes son superfluas y hoy hay cuestiones más importantes que atender”, agrega López. Y precisa que “estas ayudas extraordinarias que se están procesando son parte del presupuesto que ya tienen asignados los ministerios, tanto de Ciudad como Nación, sólo que se está reformulando esa asignación de recursos”. Un ejemplo podría ser el caso de las líneas de subsidios otorgados anualmente a financiar giras, viajes de estudios y becas. “Todas esas cosas sabemos que no van a suceder, entonces se están redireccionando esas partidas a sostener espacios y artistas”, aclara la integrante de la agrupación Escena.
“No hay ninguna `normalidad´ a la que debamos volver, porque es en esa ´normalidad´ que se funda nuestra precarización”, dice el documento de Escena.
Uno de los reclamos que hace el sector cultural al Estado es “que los subsidios no sean por concurso; porque ahí es donde quienes cuentan con más herramientas y experiencia tienen más posibilidades. Y es todo el sector el que está atravesando esto, no sólo ciertos espacios”, dice Emlio Buggiani. Y agrega: “Las primeras reuniones con el Ministerio de Cultura de Ciudad fueron apenas comenzada la pandemia; ya pasaron más de dos meses y no se entregó ningún fondo. Hasta que eso pase van a quedar muchos espacios en el camino”.
El sábado 30 de mayo, el Centro Cultural Freire, de Colegiales, anunció su cierre definitivo en redes sociales: “Ha llegado un momento en que no es posible seguir acumulando pérdidas y nos vemos obligados a cerrar”. Así reza la publicación en su Instagram, que resume la situación de gran cantidad de espacios culturales porteños. A medida que avanzan los días, los gastos se acumulan y los ingresos no llegan. “No pagamos servicios desde marzo, se nos está haciendo una deuda gigante. Pero la prioridad es pagarle a quienes construyen cultura junto a nosotros, no hay duda. Entre pagar la luz y pagarle a ellos, nunca se puso en duda”, dice por su parte el director de Vuela el Pez.
En esta misma línea, Agustín Clusellas, cooperativista del Espacio Cultural Archibrazo, de Almagro, dice: “Estuvimos planteándonos mucho cómo ayudar, más que nada a los trabajadores del lugar. Utilizamos subsidios que teníamos pensados para otras cosas para pagarles a los cooperativistas”. Y puntualiza: “Todo lo que es subsidios suele estar destinado a infraestructura, equipamiento, para arreglar el lugar; pocas veces son para pagar los sueldos. Lo ideal sería poder conseguir subsidios destinados a los trabajadores”, comenta Clusellas respecto a la ayuda del Estado.
La agrupación Escena lanzó un comunicado a fines de abril donde se expresa respecto a las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura independiente. “No hay ninguna `normalidad´ a la que debamos volver, porque es en esa ´normalidad´ que se funda nuestra precarización”, dice el texto presentado. Y al respecto, Ana Laura López aclara: “Nosotros tenemos una discusión de base, más allá de esta imagen del artista apasionado, que es que somos trabajadores y nos reivindicamos como tales. Es algo que viene desde antes, que hoy se potenció. Pero el problema ya estaba. No queremos que esta cuarentena pase sin haber podido poner sobre la mesa el tema de la precarización de nuestro sector.”
Una encuesta de la UNTREF, registró 459 espacios culturales en Buenos Aires.
El origen de los centros culturales se remonta a la crisis económica, política y social del 2001, donde la cultura se convirtió en un refugio. A partir de esa fecha en adelante, se fueron constituyendo como lugares independientes de la intervención del Estado y de la oferta cultural industrializada. “La Ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de tener una gran cantidad de espacios, que hacen a la identidad de la Ciudad y también de cada barrio. Hay una articulación con lo barrial que es importante tener en cuenta”, dice López.
Sin embargo, esto también obliga a pensar otras formas de regreso a la actividad. “Es importante pensar este retorno desde las particularidades de nuestro sector: estamos atentos a qué está pasando en el resto del mundo, cómo lo está resolviendo Europa. Y, en general, aparece esta imagen del teatro con butacas, un escenario a la italiana que nada tiene que ver con nuestros espacios no convencionales que funcionan en lo que eran casas, talleres y otro tipo de espacialidades”, aclara la representante de Escena.
Respecto a la situación del Archibrazo, Clusellas dice que la cuarentena “nos está afectando económicamente y también a nivel de vínculo con el público. Marzo y abril tuvo un boom en Instagram, estuvo bueno para ir convocando a distintos artistas para hacer vivos; pero con el tiempo se fue saturando. Ahora estamos encontrando otras maneras, viendo otros canales para poder conectar”.
“Hay una saturación de actividades en vivo y eso lleva a que de 22 mil seguidores que tenemos, hay 70 conectados”, dice Emilio Buggiani sobre las actividades que se están desarrollando online en Vuela el Pez. También comenta que “hay más de 450 espacios en la ciudad. Eso es una pluralidad de voces gigante y toda la gente que se expresa habitualmente en esos espacios, hace dos meses no tiene lugar. Muchos artistas quizás vivían de tocar o pintar y ahora están tratando de buscarle la vuelta porque no tienen forma de monetizar su arte”.
“Es angustiante la situación. Se nos mezclan un montón de sensaciones: la urgencia económica, las angustias artísticas, no poder desarrollar tu laburo, que además te apasiona, y no saber cuándo va a volver a suceder. Y, además, sabiendo que así empiecen a aparecer algunas posibilidades de retorno, van a ser limitadas, condicionadas. No nos quedamos llorando pero es difícil y doloroso”, confiesa Ana Laura López.
“Una de las cosas que más preocupan es no saber cuándo vas a volver. Fuimos los primeros en cerrar y vamos a ser los últimos en abrir”, agrega Buggiani. Pero concluye que “la salida es colectiva. Si vamos de a uno, morimos en el intento en tres días”.
Jun 17, 2020 | Novedades, Trabajo
Con la llegada de la pandemia a suelo argentino, el Gobierno nacional dispuso a la cuarentena como principal medida para combatir al coronavirus. Si bien tras correr los días esta medida fue cada vez más flexible, la situación económica de las familias y algunos sectores industriales, como el textil, se convirtió en dramática.
La sociedad se mostró a favor de la decisión de los gobernantes. Con el correr de los días, y posiblemente con el faltante de dinero producto de la imposibilidad de trabajar, el compromiso con la cuarentena se debilitó. “La medida la vi bien desde un principio hasta determinado momento donde parece que se convirtió en una encerrona. No saben cómo salir ni qué medidas tomar para no perjudicar la economía. Pero en su momento, la medida fue bien tomada. Ahora se está extendiendo y hay mucha incertidumbre y angustia”, expresa Brian Zaglul, dueño de los locales Bross en el Municipio de Merlo.
“La decisión es correcta –considera el economista Juan Alberto Enrique-. Claramente es algo inédito en términos globales. Si no se hace una cuarentena puede colapsar todo el sistema de salud, incluso en peores condiciones de lo que pasó en los países más desarrollados dónde los sistemas de salud estaban preparados. Y es salud y economía, como lo dice el Gobierno, porque si hoy no tenés cuarentena la economía tampoco se va a recuperar”.
Por su parte, Pablo Tavilla, Director General y Decano del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno, dice: “La Argentina venía de un proceso recesivo muy largo que tenía mucho que ver con las políticas del gobierno anterior. Ya veníamos mal, y esto lo profundiza sin dudas. Con el solo hecho de quedarse en casa de forma preventiva, la actividad económica se empieza a detener, no hay consumo y no hay gasto fundamentalmente. Acá hay un problema grave que es la falta de demanda. El Estado ha hecho un esfuerzo, con una orientación correcta tratando de minimizar daños. Algunos pensamos que se podría haber sido menos cuidadoso de lo fiscal y más osado poniendo más dinero en la calle”.
Diferentes sectores laborales, y fundamentalmente trabajadores informales, se vieron profundamente afectados por el estancamiento económico. Dentro del sector textil, los locales de indumentaria sufrieron más de 75 días sin poder abrir sus puertas al público. “Me parece una competencia desigual que pueda permanecer un hipermercado con filas de personas expuestas a todo. Y que en un comercio de indumentaria no te permitan atender ni desde la puerta”, expresa Melisa Faia, administrativa de la marca B-Side, en Merlo. Ante esta dificultad, diferentes tiendas de ropa comenzaron, o profundizaron, las ventas online y comenzaron a exhibir la mercadería en redes sociales para captar algunos clientes. “Se está vendiendo online pero las ventas son menores. Es solo una boca de ingreso, nosotros teníamos cinco locales al público. Y obviamente que la gente no está acostumbrada a comprar de esta manera”, cuenta Faia.
La nueva modalidad no significó un salvataje de las finanzas del sector. Simplemente actuó como publicidad autorregulada para mantener la marca activa en los dispositivos de los ciudadanos. En esta línea, Zaglul, de los locales Bross, manifiesta: “Prácticamente no vendía online y con ella puedo llegar a generar, con suerte, un 5% de lo que vendía normalmente en un mes. O sea, nada”.
La cuarentena también agudizó la dificultad de vestirse como uno quiere. Para muchas personas conseguir el talle o el color de la prenda siempre fue dificultoso. ¿Cómo comprar zapatillas del talle indicado sin la oportunidad de poder probarlas? Lucio Melián, quien tiene 25 años y reside en el partido de Ituzaingó, cuenta respecto de comprar a través de internet: “Me resultó cómodo porque el formato de compra es sencillo. Pero voy a seguir prefiriendo acercarme al local. Salgo con la tranquilidad de saber qué es lo que llevo y además porque creo que la venta en el local abre más oportunidades de empleo que la online”. Por otro lado, Florencia Suarez, de 23 años y que vive en Merlo, señala: “Si abren sus puertas los locales de ropa, seguiría comprando online sólo si el local está lejos”. En la era de lo digital sigue siendo una costumbre encontrarse con la ropa que se quiere adquirir, tocarla, mirarla y probarla en un vestidor.
Tampoco abrir las puertas del local será una solución inmediata. “Más allá de los cheques rechazados y las deudas, es también la angustia, lo anímico, la incertidumbre, el contexto diario de cada uno de nosotros. Otro problema es que cuando tengas que comprar ropa a los proveedores que no le pudiste pagar los cheques, ya no estarán en condiciones de fiarte nada, van a estar cobrando en efectivo. O sea ¿cómo llenar el local con mercadería teniéndola que pagar al contado? No tengo efectivo, me lo fui comiendo entre marzo, abril, mayo”, reflexiona Zaglul. Al mismo tiempo, Faia refleja su problemática: “Al abrir creo que proveedores, Municipalidad, servicios, bancos y todo lo que se adeude, va a ser un problema. Por otro lado, y más referido a nuestro rubro, vamos a empezar con la temporada primavera-verano sin mercadería, con proveedores que no nos van a querer vender por las deudas de la temporada anterior”.
Ante la incertidumbre sobre el futuro, Tavilla profundiza: “En estos periodos de crisis es la dinámica política la que define los términos de salida. Depende de las luchas políticas, del conflicto sociopolítico de las relaciones de fuerza para dar otro sentido del que veníamos. Es importante opinar e involucrarnos para aportar al debate y dar otro contenido a la vida económica y social que sea muy diferente a la que vivimos”. Al parecer, lejos están los días de tranquilidad social y monetaria. Juan Enrique, analiza: “Creo que va a venir prosperidad por necesidades de lo que tiene la Argentina para venderles al mundo. Soy optimista, pero no veo todavía los plazos. No tengo muy claro cuál puede ser el tiempo. Puede haber una solución para el Covid-19 recién entrado el año que viene, para marzo o abril del 2021 puedo empezar a ver una salida o un rebote de la economía. Espero estar equivocándome y que sea mucho antes”.
Pandemia y cuarentena fueron las variables troncales que llevaron a entender que no se puede hablar de salud y economía de forma disociable. Mover fichas en un tablero tan complejo siempre trajo consecuencias. Sin embargo, fue preferible perder en dinámica monetaria y ganar en vidas conservadas.
