A pesar del consenso sobre el carácter necesario del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) implementado en nuestro país frente a la pandemia, muchos profesionales de la salud muestran preocupación y alerta acerca de la drástica disminución en las consultas médicas y las demoras o suspensiones en los tratamientos.
La inquietud está justificada, sobre todo si se trata de patologías que no pueden postergar su atención. Valeria Cáceres, jefa del Departamento de Oncología del Instituto Roffo, afirma: “Si bien intentamos por todos los medios que los pacientes cumplan con sus tratamientos en tiempo y forma, nos encontramos con que hay mucho temor de concurrir a los centros de salud. Varios han planteado esperar a que termine la pandemia para comenzar a tratarse”, y agrega: “Los hospitales están sobrecargados y no pueden hacer nuevos ingresos. Entonces, hasta que esto ocurra, se está demorando el inicio de numerosos tratamientos”.
Efectivamente, en muchas instituciones se dificulta poder dar respuesta a la demanda. Guillermo Lerzo, jefe de Oncología del Hospital Municipal María Curie, expresa con preocupación: “El hospital tomó la decisión de disminuir la apertura de historias clínicas a pacientes nuevos porque no hay capacidad operativa para recibirlos a todos. Estamos absorbiendo derivaciones de la provincia de Buenos Aires porque hay un montón de servicios que no atienden. Además, los hospitales que dependen del Gobierno de la Ciudad tienen limitada la capacidad de trabajo en oncología, así que también realizan derivaciones hacia nuestro hospital”.
Las demoras en la entrega de medicamentos oncológicos es otra de las dificultades a la que se enfrentan muchos pacientes. “Tenemos retrasos con los diferentes bancos de drogas. Incluso las medicinas prepagas tardan el doble de tiempo en las entregas en relación a la época de la prepandemia”, alerta Cáceres. Por su parte, Lerzo asegura que “los pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura están con serios problemas para conseguir la medicación, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires”.
«Vimos disminuido el número de consultas en pediatría justamente porque los chicos están aislados», dice Girgenti.
No toda disminución en la afluencia de pacientes es negativa. Liliana Girgenti, directora del Hospital Municipal Eva Perón de Merlo, destaca: “Normalmente esta es la época de infecciones respiratorias bajas ya que hay mucho virus circulante que se contagia principalmente en las escuelas. Vimos disminuido el número de consultas en pediatría justamente porque los chicos están aislados. También se redujeron los traumatismos en niños. En los consultorios externos implementamos consultas de atención inmediata, a través de las cuales los diferentes especialistas evalúan la urgencia de cada caso”. Respecto a la concurrencia a la guardia, cuenta que “el número de consultas disminuyó, los pacientes que se acercan lo hacen por emergencias y no por dolencias menores”.
Sobre el nivel de vacunación durante el ASPO, Alejandra Calvaresi, epidemióloga de Merlo, explica: “Aprovechamos los operativos DetectAR para promover la aplicación de la vacuna antigripal en adultos mayores de 65 años, grupos de riesgo y embarazadas. También lo hicimos en aquel polémico cobro de los jubilados en abril, instalando unas mesitas con vacunas en la puerta del Banco Piano. Creo que es la primera vez que se llega a casi toda la población objetivo y se superan las expectativas. En cuanto al resto de las vacunas, quedaron pendientes absolutamente todos los proyectos que habíamos pactado, teníamos todo organizado para salir a las escuelas. La cantidad de personas que se acerca espontáneamente a vacunarse es muy poca. Estamos muy preocupados porque esto va a impactar negativamente”.
En Merlo, aprovecharon el operativo DetectAr para vacunar a los adultos mayores, embarazadas y otros grupos de riesgo.
Aunque las salidas médicas estén autorizadas desde el 20 de abril, muchas personas no concurren por temor al contagio. Calvaresi considera que, además, hay otros factores que influyen a esta retracción: “Para obtener el permiso necesitás la habilidad de poder tramitarlo, tener celular, internet, no es tan fácil. Entonces, muchas personas se encuentran muy restringidas para ejercer estas salidas. A pesar de todo esto, como epidemióloga sigo pensando que el ASPO era necesario, sino la situación hubiera sido insostenible”
Las consultas cardiológicas también se vieron afectadas. Alberto Lorenzatti, presidente de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), señala: “En los primeros 60 días de la cuarentena hubo una reducción muy importante, no solo en las consultas sino también en procedimientos terapéuticos e inclusive urgentes. Si comparamos interanualmente, la cantidad de intervenciones realizadas a consecuencia de infarto de miocardio, en los primeros 30 días del aislamiento disminuyó un 40%. Estos son datos del Registro Nacional de Infarto ARGEN IAM-ST, que lo llevamos adelante la FAC y la Sociedad Argentina de Cardiología”. Sobre los factores que influyeron en la disminución de consultas cardiológicas, el presidente de la FAC identifica dos: “Por un lado, el temor de la gente a concurrir a los consultorios, por el otro, en los primeros sesenta días solamente se hacían las urgencias. Actualmente ya se están realizando cirugías y controles regulares. De todos modos, la gente concurre menos porque tiene miedo a exponerse”. Consultado sobre la efectividad de la cuarentena, Lorenzatti, que también está a cargo del Departamento de Cardiología en el Hospital Córdoba, responde: “Creo que fue una decisión acertada y que dio sus frutos. Esta medida nos permitió ralentizar los contagios por coronavirus, dándonos tiempo para prepararnos”
La reducción en las consultas médicas para esta especialidad ha tenido un lamentable correlato: según un relevamiento de Stent-Save a Life, en la Argentina la mortalidad intrahospitalaria por infarto —entre el 20 de marzo y el 31 de mayo— aumentó del 5.4% al 10.9%, con respecto al año pasado. Lógicamente, estos resultados están basados en un número de internaciones mucho menor a las de 2019.
Para Ricardo Allegri, jefe de Neurología Cognitiva del Instituto FLENI, el aislamiento social ha tenido un fuerte impacto en sus pacientes: “La mayor parte son adultos mayores, que tienen más riesgos de complicaciones en el contexto de la pandemia, así que la reducción en la cantidad de consultas es significativa. En el primer mes de la cuarentena atendimos solo cien pacientes ambulatorios, de los 12.000 que habitualmente recibimos”. Si bien en el instituto se implementó la telemedicina para las consultas, las evaluaciones cognitivas y la estimulación, Allegri advierte “este nuevo sistema implica muchas dificultades para las personas de edad avanzada, algunas de las cuales están solas en sus casas”. Y concluye: “Uno no puede olvidarse de las personas mayores, por supuesto que hay que protegerlas del Covid-19, pero también del deterioro y del resto de las patologías”.
Una de las investigaciones que ha estudiado los resultados de las medidas para combatir la pandemia —liderada por un equipo del Imperial College de Londres, que a su vez colabora con la Organización Mundial de la Salud en estudio de epidemias— calculó cuántas vidas se habían salvado a partir de las medidas de aislamiento, en once países de Europa hasta el 4 de mayo. El estudio, publicado el pasado 8 de junio en la revista Nature, estimó que de no haberse tomado medida alguna, los países analizados habrían registrado 3,1 millones de muertes más.
Recién en pospandemia se podrá contar con análisis cuantitativos concluyentes que permitan evaluar los daños colaterales versus las vidas salvadas. Por ahora solo hay estudios parciales. Aunque, claro está, no hay ninguna estadística que logre mitigar el pesar por los fallecimientos, tanto por coronavirus como por cualquier otra enfermedad.
La ausencia de personal sanitario en las residencias, junto con la falta de insumos de protección y pruebas diagnósticas para residentes y trabajadores han provocado un aumento significativo de contagios en diversos hogares de adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, son 1947 los infectados y 201 los fallecidos que residían en esas instituciones.
Una oleada de casos en AMBA a principios de la pandemia, impuso a los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires la elaboración de protocolos específicos para residencias de adultos mayores. El del Ejecutivo porteño fue lanzado a mediados de abril, pero la persistente propagación al interior de los geriátricos exigió una actualización a fines de junio.
Uno de los establecimientos afectados fue la Residencia Del Arce, ubicada en Roosevelt 5570, en el barrio de Villa Urquiza. Durante mayo, se registraron 45 casos de coronavirus, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores, según informó el Ministerio de Salud de la Ciudad.
En diálogo con ANCCOM, el titular del establecimiento, Flavio Asch, explica: “En un primer momento, el Gobierno de la Ciudad no sabía cuál era la mejor manera de trabajar junto con los geriátricos. El protocolo no era claro y en muchos casos no se cumplía, más allá de las restricciones de ingreso que se establecieron inicialmente. Hoy, a la residencia viene una médica que revisa los lugares comunes y controla el protocolo de ingreso del personal permanentemente. Se ha mejorado el trabajo gracias a que los protocolos se han ido adecuando”.
Con el aumento de casos, los geriátricos se ven obligados a adquirir recursos sanitarios, lo cual no estaba previsto: “Cuando surge un problema, tenemos teléfonos para llamar, mails con consultas e información, pero le hemos pedido al Gobierno ayuda para la compra de insumos”, afirma Asch.
“Mandamos mucho personal a hisopar. Al principio funcionó, pero hay mucha demora en la atención de las ART», dice Asch.
El protocolo actualizado al 24 de junio establece que se deberá efectuar un control de temperatura y síntomas sugestivos de infección por covid‐19 a cada persona que ingrese al establecimiento. A su vez, la institución debe disponer de un área de vestuario para el personal, donde se realizará el cambio de ropa y calzado de calle por la de trabajo. Además, está previsto que frente a un caso sospechoso se proceda a su aislamiento, para luego dar aviso a la cobertura de salud a la que pertenezca el residente o al SAME si depende del sistema público.
En relación al hogar de Villa Urquiza, Asch asegura que se notificó al Gobierno porteño y se siguió el protocolo correspondiente. La situación mostró, también, la saturación de las aseguradoras de riesgo laboral: “Mandamos mucho a hisopar al personal. En un primer momento funcionó bien, pero hay mucha demora en la atención de las ART, y también en los tiempos que requieren las altas médicas. Incluso hay muchos a quienes todavía no les hicieron el hisopado”. Para el titular de la residencia, esto implicó contratar personal nuevo y capacitarlo, ya que, a pesar de que los empleados no prestan servicio en otros hogares, se han contagiado en sus casas y en el transporte.
De todas formas, las medidas de prevención en el establecimiento se han intensificado. “Todas las personas que tienen contacto con los residentes tienen que usar barbijos, máscaras, y, en algunos casos, guantes y camisolín”, subraya Asch. Los exámenes médicos ahora implican dos controles diarios de temperatura y saturación en sangre, dado que “muestran los síntomas más claros de existencia de covid-19”. Si aparecen, se activa el protocolo y se llama a la obra social del residente, para la derivación al centro de salud y la realización del hisopado.
Las preocupaciones exceden lo referente a gastos económicos y de organización. Durante este tiempo, los mayores solo han podido ver a sus familias por videollamadas. El efecto del aislamiento social o tener que mantenerse alejados de sus familias, sin ninguna actividad, también ha impactado en su calidad de vida.
“La pandemia modificó todo –señala Asch–. Primero, el ingreso de los familiares. Desde el 19 de marzo está prohibido, lo cual afecta emocionalmente a todos los residentes. Intentamos reemplazar esto con zoom y colocamos un intercomunicador en la puerta de vidrio para que puedan verse y conversar. Ese fue el primer cambio fuerte que tuvimos”.
“Tenemos muchos recuperados de covid que vuelven en una situación clínica crítica. En los hospitales están aislados, no tienen contacto con familiares, solo con médicos, quienes tampoco tienen tiempo para acompañarlos. En cambio, en la residencia se los incita a comer y a levantarse. Sabemos que el hospital no tiene los suficientes recursos, pero cuando regresan, algunos que caminaban ya no caminan, por lo tanto, tenemos que empezar de cero con ellos”.
En mayo, en la Residencia del Arce se registraron 45 casos de Covid 19, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores.
Hogares porteños
El Gobierno porteño cuenta con un servicio para adultos mayores que funciona bajo la supervisión del funcionario Mauricio Damiano, director General de Dependencias y Atención Primaria. “Nuestros hogares son de puertas abiertas y sus residentes son autoválidos. Es decir que no necesitan asistencia para alimentarse, asearse, o moverse. Hay atención geriátrica, pero principalmente ofrecemos respuesta a la vulnerabilidad de aquellas personas que tienen problemas habitacionales. Estos hogares, además, son gratuitos y poseen todas las prestaciones de recreación, alimentación y atención de la salud”. Del cien por ciento de las personas que viven en estos lugares, el 78 es autoválido y el 22 restante es dependiente y necesita una asistencia o más.
Junto al programa de hogares permanentes, Damiano también es el encargado de la Asistencia Gerontológica y los Centros de Día. La importancia del primero, asegura, radica en ser “la mano del Estado asistiendo en el domicilio”. Este programa constituye una de las instancias previas de atención, para que el adulto mayor no necesite acudir a una institución geriátrica. El funcionario también remarcó el apoyo económico a estas personas: “Se les otorga una ayuda a través del programa ‘Vivir en casa’, mientras cumplan con ciertos requisitos, que en algunos casos sirve para que puedan pagar el alquiler, servicios e impuestos”.
Los Centros de Día son lugares donde los adultos mayores pueden concurrir durante el día, y se les brinda alimentación, recreación, talleres y actividades culturales y de cuidado de la salud. No obstante, a causa de la pandemia están cerrados: “La primera acción que tomamos, una semana antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue cerrar estos centros, porque son lugares vinculantes, es decir, adonde los adultos mayores concurren y comparten actividades en un mismo espacio. Mantuvimos esos centros para otorgar otras prestaciones de emergencia, como el retiro de viandas. Además, realizamos un seguimiento telefónico a los participantes del programa”, asegura Damiano.
Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno de la Ciudad.
Al igual que en las instituciones privadas, en los hogares de residencia permanente se establecieron protocolos sanitarios, en base a disposiciones del Ministerio de Salud, para que el adulto mayor pudiese salir a cobrar y concurrir al médico. “Implementamos áreas de aislamiento para llevar a cabo las salidas y el sistema de cobro; y tuvimos que establecer un sistema de compras para que algún encargado del hogar vaya y compre. Además, como muchos residentes se valen por sí mismos, algunos salían a trabajar antes del aislamiento”, afirma Damiano. La restricción absoluta de visitas también se aplica desde el primer día, aunque para el director del programa “la pandemia nos obliga a un aprendizaje constante, por lo que estamos en un proceso de mejora continua”. Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno.
En los programas también trabajan personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad preexistente. Damiano asegura: “A quienes les correspondía tramitar la licencia lo hicieron y están prestando servicio desde su casa. El trabajo que se realiza en todos los programas de asistencia a la tercera edad es de máxima esencialidad, y es una de las actividades contempladas dentro de las excepciones al aislamiento, pero se logró llegar a ese consenso”. En cuanto al vector económico, el funcionario aclara que “debemos remarcar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorgó un bono de 5.000 pesos a quienes están en los hogares de residencia permanente”.
En los hogares del Gobierno porteño, cada área de enfermería toma la fiebre regularmente al ingresar al edificio y lleva un registro de historias clínicas. En caso de detectar síntomas, se llama al sistema de salud y este determina los pasos a seguir. Todos los elementos de protección personal son exigidos y proporcionados por el Gobierno. “Fomentamos un uso racional de los insumos y que se usen adecuadamente”, aclara Damiano.
Los positivos de covid-19 en estas residencias han incluido a trabajadores y residentes. “Hace dos semanas estamos testeando al personal con tests rápidos en hogares –informa Damiano–. Esto nos permite seguir semana a semana la situación. Son tests serológicos, es decir, permiten determinar si la persona testeada tiene anticuerpos, en caso de haber tenido la enfermedad. Si da positivo para esta prueba, se hace el PCR y Salud se hace cargo de allí en adelante, como en los casos sintomáticos”.
El testeo periódico es una diferencia fundamental entre los hogares públicos y las
instituciones privadas. Sólo las instituciones estatales están obligadas a realizar las pruebas PCR ante la existencia de síntomas compatibles con Covid 19.
El caso sueco
A principios de mayo, cuando Alberto Fernández anunció la flexibilización de la cuarentena en casi todo el territorio argentino (con excepción del AMBA), describió dos ejemplos de países que adoptaron medidas contrapuestas frente a las crisis sanitaria y económica. En Noruega, la cuarentena se aplicó de forma rígida desde el principio de la pandemia. El gobierno sueco, en cambio, optó por un confinamiento voluntario, apuntó a la cooperación de los ciudadanos y mantuvo bares, gimnasios y centros comerciales abiertos.
Muchos “anticuarentena” se apuraron en exaltar la estrategia de Suecia, con el argumento de que era posible atravesar la pandemia sin una caída significativa de la actividad económica. Semanas más tarde, sin embargo, Anders Tegnell, el epidemiólogo que dirige la estrategia sanitaria del país, reconoció haber equivocado el enfoque. La elevada tasa de mortalidad, especialmente en la población de tercera edad, llevó al especialista a esta conclusión. La mitad de las muertes por covid-19 se han producido allí en residencias de adultos mayores, y un 25 por ciento entre ancianos que reciben atención domiciliaria, según datos de la Agencia EFE. Annika Linde, quien antecedió a Tegnell en el puesto hasta 2013, criticó duramente la medida oficial y señaló que la idea del gobierno sueco de proteger a los ancianos en las residencias se trataba de “un sueño con poca base de realidad”. Esto se debió, según la infectóloga, a que se dejó en manos de empresas privadas la regulación de esos establecimientos.
A pesar de las deficiencias previas en el sistema de salud y en la atención de la tercera edad, Argentina fue uno de los países que afrontó con mayor celeridad el problema en la región. No obstante, alrededor del 80 por ciento de los fallecimientos fueron de ancianos. En Brasil, el segundo país en cantidad de muertes a nivel mundial, se estima que más de un 70 por ciento. Chile, el país con más muertos cada cien mil habitantes de América (37 cada 100.000), reporta un 80 por ciento. Lo concreto es que la salud de los adultos mayores depende de la protección que pueda brindar el Estado, aún la de aquellos que viven en establecimientos privados.
Cada 15 días, en la Escuela Nº 51 de Berazategui, los maestros entregan cuadernillos y reciben las tares de los estudiantes.
A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por el Gobierno nacional desde el 20 de marzo, la educación debió desarrollarse en un plan de emergencia y mutó hacia a una práctica a distancia. Con esta nueva modalidad, los docentes han tenido que desarrollar nuevas estrategias para llevar a cabo la enseñanza, lo que implicó una gran versatilidad y temple ante una situación inesperada.
“A nosotros nos agarró de imprevisto una pandemia y tuvimos que resolver sobre la marcha un montón de cuestiones a las que estábamos ajenos, sin contar con la capacitación o las herramientas necesarias”, comenta Cintia Ferrier, 28 años, docente de tercer grado de primaria en la Escuela Nº20 de la localidad de Villa Elisa.
Luego del decreto del aislamiento, la suspensión de las clases tradicionales era un hecho, y con ello apareció un nuevo abanico de incertidumbre. Lo que comenzó solo como una medida paliativa para sobrellevar lo que se pensó como transitorio terminó siendo más prolongado. Esto conllevó a la toma de acción por parte de muchos docentes que se vieron obligados a la autocapacitación en aplicaciones y herramientas digitales como Zoom, WhatsApp, Padlet, Edmodo, Classroom, Blended, Google Drive, entre otras.
Ferrier cuenta que “a medida que se iba alargando el tema de la cuarentena nos dieron diferentes instrucciones y sugerencias, tanto desde la institución, como también desde la Dirección Departamental de Escuelas y el Gobierno de la provincia.”
Sandra Herrera, 49 años, profesora a cargo de materias de Proyecto Organizacional y Elementos de Micro y Macroeconomía, quien desempeña su labor como docente en la instituto Seminario Franciscano, en Moreno, menciona cuál fue la manera que implementó para desarrollar el contenido pensado para sus alumnos: “Se trata de tomar del programa habitual lo más central y presentarlo de manera accesible para que los chicos puedan entender los temas más importantes dentro de esta realidad fuera del aula.”
Por su parte, Alejandra Maffone, de 53 años, es docente de Literatura en tres establecimientos privados, también ubicados en la localidad de Moreno, narra cómo fue el comienzo con esta nueva modalidad: “Las sugerencias de cómo planificar las clases aparecieron con el tiempo. En un primer momento fue todo intuitivo y se trató de implementar de modo virtual lo que se hacía en las aulas. Así pasó en las primeras semanas, después nos fuimos dando cuenta que eso no alcanzaba, que no era suficiente y tampoco era la manera de llegar a los chicos; así que había que pensar de otra forma”.
Cuando reciben las tareas, los docentes entregan un bolsón de alimentos para reemplazar el servicio del comedor escolar.
Reiterados son los casos de docentes que intentaron consensuar horarios para las clases virtuales con sus estudiantes, pero esto por la imposibildad de coordinación se pasó a los propios tiempos de la cursada regular. Un claro ejemplo es el de Ferrier: “Las clases virtuales, en un primer momento las organizamos para el horario de la tarde, a pesar de que mi turno sea de mañana.”. Esta forma en donde los docentes tenían en cuenta la organización de cada hogar para lograr un intercambio mejor, fue algo común entre todos los testimonios sobre las primeras semanas del aislamiento. “Las clases con mis alumnos las pautamos para las 19 horas, fue un acuerdo dado que la mayoría de los chicos, disponía de acceso a internet en ese horario y en otros se les resultaba más dificultoso”, expresa en tanto Herrera. Con una situación similar se encontró Maffone, que por la alteración de la rutina y horarios de los alumnos, “en un principio las clases que daba eran pautadas por los preceptores y los directivos. Después tuvimos que empezar a reprogramar las clases por Zoom, ya que notamos que a la mañana no se podía llevar a cabo eficazmente porque todos los chicos duermen hasta tarde y se conectan muy pocos.”
La distribución de roles entre docentes y directivos es también una de las actividades que se vio modificada con la educación virtual, los preceptores comenzaron a ejercer su rol de mediadores entre docentes y alumnos, directivos y padres. El vehículo más común para desarrollar esta labor es el WhatsApp. Rita Acosta, de 56 años, preceptora de la ESB Nº 6 de Ituzaingó, explica que le tocó hacer un relevamiento para saber si los alumnos realizaban los trabajos prácticos y si tenían acceso a internet y agregó que “hay casas que no tienen computadora, hay un solo celular, y se colapsa al descargar tantos archivos, o a veces es difícil poder bajar las tareas.”
Maffone cuenta que en su caso también ocurría algo similar, ya que algunos padres se contactaron con el cuerpo docente para informales que contaban con un solo teléfono para varios hijos, entonces tenían que hacer todas las actividades de los alumnos en un mismo dispositivo. A partir de esta situación dice: “Ahí nos dimos cuenta que tampoco se puede planificar tanto la clase, porque no se puede pensar actividades para algunos alumnos sin tener en cuenta a los que no se pueden comunicar y que también son parte de la escuela”.
Los maestros de Berazategui también hacen docencia sobre las medidas de prevención para enfrentar el coronavirus.
El desempeño y la evolución de los chicos es un tema no menor, y en este aspecto diferentes realidades emergen. Cómo han retratado varias docentes, las imposibilidades materiales afloran y se evidencian grandes asimetrías en un contexto como este.
Respecto de la posible implementación efectiva y a largo plazo de la educación virtual en nuestro país Maffone considera que “la única manera en donde me parece en que podría ser una práctica más satisfactoria, sería si al volver a las aulas esto pase a ser un acompañamiento que no sea obligatorio; porque está demostrado que los chicos no pueden acceder siempre a estas tecnologías o la conexión”. Lo mismo señala Ferrier, quien expresa, que esta problemática atraviesa a un tercio de sus alumnos, los cuales pertenecen a una ciudad pequeña rodeada por mucho campo y con muchas escuelas en zonas rurales y en el cual el internet no es bueno o tampoco llega.
Por otra parte, tenemos perspectivas como las de Yésica Andino, 28 años, psicóloga y docente del Colegio San Carlos Diálogos, de Olivos, quien ve en la educación virtual un modo de acercamiento para alumnos que viven a muchos kilómetros de una escuela y considera que “es necesario empezar a utilizar este tipo de desarrollo, de actividades y planificaciones que incluyan la virtualidad”.
En todos estos testimonios encontramos un firme punto en común, todas las entrevistadas opinan que todavía no se podría adoptar eficazmente la educación virtual en nuestro país, ya que primero hay muchos factores de fondo por resolver, tanto económicos, geográficos y sociales. Solo de esa manera existiría una aplicación homogénea.
“Necesito que me entreguen a mi hijo”, repite Cristina Castro ante un puñado de periodistas que reposan sobre una de las ventosas veredas del centro de Bahía Blanca. A un costado, su abogado Leandro Aparicio no para de contestar mensajes: su teléfono explotó durante las últimas semanas. Grabado en el barbijo de Cristina se ve la foto de su hijo Facundo, acompañado de una leyenda que dice “Aparición con vida ya”. Hace tres meses, esa madre jamás imaginó tener que atravesar esta situación.
La mañana del 30 de abril Facundo Astudillo Castro salió de su casa, en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su expareja. Facundo decidió recorrer los 125 kilómetros que separan las dos localidades del sur bonaerense “a dedo”, a pesar de los controles dispuestos por el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Durante su viaje por la Ruta 3, un retén policial lo detuvo a la altura de Mayor Buratovich, a 30 kilómetros de Bahía Blanca. Desde ese momento no se conoce su paradero. Según la versión policial, Astudillo continuó su camino, pero el joven de 22 años nunca arribó a destino.
“Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, dice Cristina, la madre de Facundo Astudillo Castro.
El 5 de junio, Cristina Castro presentó la denuncia ante las autoridades del municipio, quedando asentada una causa por “averiguación de paradero”. Pero las contradicciones policiales y la falta de actividad procesal por parte del Poder Judicial bonaerense provocaron que, 20 días más tarde, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, abogados de la familia de Facundo, logren que la causa pase al fuero Federal. De esta manera, el 25 de junio, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de la Nación fue notificado de la desaparición y dispuso los recursos federales para la investigación.
Además, hubo un cambio en la carátula de la causa, la cual se catalogó como “desaparición forzada”. Una de las claves para que eso suceda fueron las declaraciones de tres testigos de identidad reservada, quienes vieron cómo dos efectivos de la Policía Bonaerense subían a Facundo a una camioneta Toyota Hilux blanca y negra en la Ruta 3. De esta manera, las sospechas recayeron exclusivamente sobre las fuerzas de seguridad del lugar, por lo que el 13 de julio el jefe de la Policía Bonaerense, el comisario Daniel García, determinó la intervención de tres comisarías del Departamento de Villarino. En las últimas horas, se conoció la aparición de los libros de guardia de la comisaría de Mayor Buratovich: esta documentación debería ser clave para identificar a los policías que subieron a Astudillo Castro a la camioneta.
Leandro Aparicio, el abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro, cuestionó los dichos del ministro Sergio Berni.
Durante los últimos días, se han intensificado los rastrillajes en el tramo de la Ruta 3 que une Pedro Luro con Bahía Blanca. Para el operativo fueron dispuestos más de 200 efectivos provenientes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval, que también contó con unidades de bomberos, perros y drones. Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), informa que los rastrillajes todavía “no dieron cuenta de ningún resultado relevante”. Jarque añade: “Estamos en el proceso de recolectar y analizar las pruebas para trazar una hipótesis más fina. Seguimos esperando los informes de los análisis de los patrulleros secuestrados y el cruce telefónico”.
El traspaso a la justicia federal fue decisivo para la intervención de la Comisión Provincial de la Memoria, que se presentó como querellante institucional en la causa. “Buscamos hacer una intervención integral, aportar una apoyatura jurídica y darle difusión al caso. Y sobre todo darle la importancia política correspondiente”, explicó Jarque, directora del programa de Litigio Estratégico de la CPM.
La Comisión Provincial de la Memoria fue importante a la hora de difundir la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Como respuesta, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó al Estado Argentino “una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma que tome en cuenta todas las hipótesis disponibles”; mientras que la CIDH solicitó informes sobre “las acciones que el Estado estaría llevando a cabo para dar con el paradero del joven”.
En un principio, la reacción de las autoridades bonaerenses no fue positiva para la familia: “En algunos casos la comunicación fue desafortunada con declaraciones que no guardan relación con cuestiones que están en el expediente y mal informaron”, explicó Leandro Aparicio, representante legal de la familia Castro Astudillo, haciendo referencia a declaraciones emitidas hace dos semanas por el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. Con el correr de los días, algunas posturas del gobierno provincial cambiaron ya que Aparicio manifestó que “el gobernador Kicillof se puso a disposición de la familia”.
Jarque advierte que el comportamiento negligente de las fuerzas de seguridad no es un caso aislado en el sur de la Provincia de Buenos Aires: “Ha habido casos en la zona hace bastante tiempo ya. Sucedió el caso de Daniel Solano, también de desaparición forzada”. Otro caso paradigmático sucedido en el sudoeste bonaerense fue el femicidio de Katherine Moscoso, en el que hubo muchas irregularidades en la investigación. “En el caso de Katherine 300 policías plantaron un cuerpo ¿Por qué no puedo suponer que ahora 300 policías hagan lo mismo?”, cuestiona o Aparicio, quien también ejerció la defensa judicial de la familia de Moscoso.
«Estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Margarita Jarque.
La localidad de Pedro Luro tiene aproximadamente 10 mil habitantes, abarcando un área de 9 km2. “Acá es imposible perderse. Somos un pueblo y nos conocemos todos”, afirma la mamá de Facundo. La rutina del último fin de semana se vio completamente modificada ya que amigos y familiares del joven de 22 años convocaron a una manifestación exigiendo por su aparición con vida.
“Vimos en la movilización del pasado fin de semana en Pedro Luro que estas violaciones de derechos también afectan al conjunto social”, analiza Jarque. La directora del Programa Litigio Estratégico de la CPM está preocupada sobre los casos de violencia institucional ocurridos durante la cuarentena: “Representan una alerta que tienen que ver con las fuerzas de seguridad. La Argentina tiene una historia muy triste, muy densa, respecto de la desaparición forzada de personas. Son delitos muy graves que no pueden permitirse en democracia. Hay una deuda pendiente en la Argentina, que es el control del comportamiento de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad no deben sentir que pueden actuar de este modo y garantizar su impunidad”.
Cristina Castro da un paso atrás y decide dar por terminada la improvisada conferencia de prensa en la vereda de la calle Alsina, ubicada en el corazón de la ciudad de Bahía Blanca. Antes de retirarse, dice unas palabras: “Siento mucho su apoyo desde las redes sociales. Escucho sus audios y leo todos sus mensajes. Quiero que ya se acabe esto para poder llevarme a mi niño a Luro”.
Samanta Alonso prefiere hablar de gordoodio y no de gordofobia. “Decir que es una fobia es patologizarlo”, explica.
Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio comenzó una nueva normalidad limitada al interior del hogar. Esto hizo que tome fuerza la idea de que otra pandemia está al acecho: la obesidad. Así lo evidencian los memes que inundaron las redes sociales anunciando que de la cuarentena “vamos a salir rodando”.
Jesica Lavia, nutricionista y coautora del libro Pese lo que pese, explica: “A mí me molesta mucho cuando se habla de obesidad como pandemia porque la obesidad no es una enfermedad contagiosa, así que es imposible que sea una pandemia”. Lavia plantea que la obesidad no es una enfermedad “sino que es un factor de riesgo para otras enfermedades”. Y remarca: “Es importante correr el foco puesto en el peso. Tenemos tanto el ojo puesto en el peso que nos olvidamos de todo lo demás. Lo único de lo que hablamos es de hacer dietas para adelgazar y no para tener una alimentación saludable. Me interesa hablar de una alimentación saludable más allá del tamaño de nuestros cuerpos, porque una alimentación saludable en la diversidad corporal es posible”.
Para Lux Moreno, profesora en Filosofía y activista gorda, es interesante que en una situación de emergencia sanitaria aparezca como una preocupación central la posibilidad de engordar. “Lo que pasó con el aislamiento fue un refuerzo de las normas sociales sobre los cuerpos que implican que no sólo tenés que cumplir con la cuarentena, sino que también tenés que cuidar tu cuerpo y no subir de peso. Porque lo primero que te puede llegar a pasar es subir de peso. Entonces, ¿por qué le tenemos más miedo a engordar? El miedo a engordar tiene que ver con ser visible socialmente, con el éxito social. Y un cuerpo fuera de la norma es un cuerpo que no es productivo ni cumple con las expectativas de mercado”, afirma Moreno.
“No solo hay que cumplir con la cuarentena, sino que hay no subir de peso en ella», dice Moreno.
El miedo a engordar se conoce con el nombre de gordofobia. Aunque la Real Academia Española no reconozca el término, se lo entiende como el rechazo hacia las personas que no tienen un cuerpo hegemónico. Sin embargo, desde el activismo gordo prefieren hablar de gordoodio. “Decir que es una fobia es una manera de patologizarlo”, explica Samanta Alonso, activista gorda y directora de la agencia de modelos de talles grandes Plus Dolls. “La discriminación y las violencias que se ejercen tienen que ver con una construcción social de lo que implica ser gordo o gorda en un mundo pensado solamente para personas flacas. Se asocia la gordura con algo negativo y con una persona enferma, quedada, que no es atractiva. Y llevar todo eso a un contexto de cuarentena, trae esta cuestión de ‘si no podemos hacer nada, comemos. Y si comemos vamos a terminar gordos’. Eso habla del vínculo que tenemos con la comida, hay mucha gente que le tiene miedo. ¿Cómo hay gente que no pueda disfrutar de tomar mates con medialunas?”, se pregunta Alonso.
Lo que hizo la cuarentena fue poner en relieve problemáticas sociales ya existentes. “Aumentó la intensidad de la discriminación -indica Alonso-. Quedó en claro que el miedo a la gordura es real, no queremos ser gordos. Y haríamos cualquier cosa por no serlo”. Desde la ONG Anybody, una de las impulsoras de la Ley Nacional de Talles, advierten que los cuerpos que no encajan con los estándares de belleza son cuerpos en peligro de extinción. Por eso, plantean la necesidad de visibilizar la diversidad corporal. “No tenemos por qué normalizar nuestros cuerpos en pos de alimentar una industria que se llena de dinero con nuestras inseguridades y que trae problemas alimenticios en muchas personas, sobre todo en la adolescencia. Cada vez son más jóvenes las personas que registran que su cuerpo no está bien, que no es el deseado”, expresa Mercedes Estruch, integrante de Anybody. Argentina es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de casos de trastornos de la conducta alimentaria, según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA).
«Muchos hablan en nombre de la salud, pero en verdad no les importa. Porque la salud también es mental», dice Alonso.
Frente a la viralización de discursos discriminatorios durante la pandemia, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha publicado un informe sobre gordofobia, en el que se invita a reflexionar sobre “los resultados violentos y excluyentes que generan los discursos gordofóbicos”. También, se indica que la obesidad y el sobrepeso se ubican en el segundo lugar dentro de los tipos de discriminación más mencionados. Sin embargo, la discriminación por el aspecto físico suele ser minimizada. Alonso explica que muchas veces se tilda a los activistas de exagerados: “Nos dicen que ya no se puede hacer chistes con nada, pero cuando un chiste hace daño deja de ser un chiste”. En línea con esto, Moreno plantea que “los memes gordofóbicos son replicantes culturales. Esto quiere decir que de forma masiva expanden sistemas discursivos gordofóbicos. Con los memes expandemos situaciones de violencia y la reproducción de esa violencia es sostenida como algo que está bien. Burlarse de una corporalidad específica tiene que ver con señalar que esa corporalidad no es normal, y no sólo que no es normal, sino que no es deseada. Eso permite el gordoodio, la violencia sobre los cuerpos diferentes”.
A su vez, la expansión de los memes tuvo su correlato con el aumento de la opinión sobre el cuerpo de los otros. “Hay un recrudecimiento de los dispositivos de vigilancia, de los policías de los cuerpos en las redes sociales- advierte Moreno-. Pero no nos ponemos a pensar sobre algunos privilegios, como el espacio físico para hacer ejercicios o el privilegio de la alimentación. No todo el mundo tiene acceso a los alimentos y eso lo vemos con el creciente trabajo en los barrios vulnerados con los operativos de bolsones de alimentos”.
“Los memes gordofóbicos son replicantes culturales», señala Lux Moreno.
Para ponerle un freno a la gordofobia, tanto Moreno como Alonso coinciden en que se puede empezar cambiando conductas en lo cotidiano, como dejar de naturalizar los memes. “Creemos que tenemos el derecho de opinar sobre el cuerpo de otra persona y la realidad es que no. Con la opinión uno puede hacer un daño. Muchos hablan en nombre de la salud, pero en verdad no les importa nuestra salud. Porque hablar de salud también es hablar de nuestra salud mental. Entonces, la opinión en el bolsillo”, concluye Alonso.
Una de las tantas desigualdades que emergieron con la pandemia fue la enorme brecha digital que existe en el país. Durante los últimos meses, diferentes ámbitos de la vida cotidiana se vieron afectados por no contar con los recursos o dispositivos adecuados, la deficiente o nula conectividad y la falta de educación para la correcta usabilidad. Cuestiones que establecieron interrogantes sobre qué fue lo que se hizo durante los últimos años desde el Estado para solucionar este problema, qué medidas se están tomando en la inmediatez y qué aspectos deberían revisarse para afrontar la pospandemia.
Lo que conocemos como brecha digital ya no significa lo mismo que aquel término que logró instalarse en la agenda pública hace casi veinte años durante la cumbre mundial de la Sociedad de la Información, y remitía a una idea de división entre aquellas personas que tenían conectividad y las que no. O, incluso contando con ella, mostraran limitaciones para su uso. Entender la brecha hoy implica rever los aspectos que lo determinan. No sólo porque el escenario actual no es el mismo, sino también por la complejización de las estructuras sociales, cuyas irregularidades se dejaron ver con la llegada de la pandemia.
La investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mariela Baladrón, sostiene que habría que discutir el concepto de brecha digital para entender la problemática de forma más profunda y abordarla como una idea interseccional: “En general se trata de analizar la desconexión en conjunto con la desigualdad y la diferencia, que son aspectos que están interrelacionados. Las desigualdades no son simplemente cuestiones de acceso a infraestructura. Hay que tener en cuenta la apropiación de tecnología por parte de las personas, sus capacidades, sus circunstancias de vida”.
Algunas de las iniciativas para reducir la brecha en el país fueron el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, basado en la inversión pública para el despliegue de infraestructura y el Programa Conectar Igualdad para la entrega de computadoras en instituciones escolares públicas, que contemplaba, además, software con contenidos educativos. Ambos creados en 2010 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
«Habría que producir información que permita conocer el costo de una canasta básica de telecomunicaciones», dice Monje.
El primero proponía el desarrollo de una Red Federal de Fibra Óptica, compuesta por una red troncal nacional y redes provinciales a la que se interconectarían operadores más pequeños, ya sean pymes, cooperativas u otro tipo de prestadores. También consideraba los Núcleos de Acceso al Conocimiento, lugares equipados donde las personas podían ir a realizar talleres. Contemplaba la inclusión digital, optimización del uso del espectro radioeléctrico y fomentaba la competencia en el sector, entre otras cuestiones.
En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, Conectar Igualdad fue suspendido y reemplazado por el plan Aprender Conectados, modificando la entrega de netbooks por tablets que no estaban orientadas a fines educativos. En cuanto al Plan Argentina Conectada fue reemplazado por el Plan Federal de Internet y continuaron las inversiones principalmente con recursos del Fondo de Servicio Universal a través de ENACOM. El manejo de los fondos durante los últimos cuatro años se caracterizó por la discrecionalidad. Los mayores porcentajes se repartieron entre ARSAT y EDUCAR, ambas empresas del Estado, dejando afuera de este beneficio a pymes y cooperativas que operaban en los lugares más postergados del país.
Durante el actual aislamiento social, preventivo y obligatorio, las autoridades políticas intentan poner el foco en resolver problemas de conectividad. ENACOM ordenó congelar precios y suspender los aumentos de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga hasta el mes de agosto. Además del desarrollo y ampliación del programa +Simple, con la entrega de tablets a organizaciones educativas, beneficiarios de diferentes planes sociales y jubilados.
En Brasil, internet es considerado un servicio esencial y en Chile se discute en el Parlamento para declararlo servicio público.
En esa misma línea, el diputado nacional Pablo Carro presentó un proyecto de ley para que el acceso a internet sea considerado un derecho humano. Esta iniciativa retoma los lineamientos de Argentina Conectada y toma como base la garantía de universalidad establecida en la ley Argentina Digital, cuyos aspectos fundamentales fueron modificados por decreto en 2015 por Mauricio Macri, desregulando la competencia y dejando a pequeños operadores sin resguardos ante criterios del libre mercado.
En relación a esta iniciativa, Ana Bizberge, especialista en regulación de medios y telecomunicaciones, comenta que no es una medida aislada en la región: “En el caso de Chile, se debate en el Congreso un proyecto para reconocer el acceso a Internet como servicio público de telecomunicaciones. Eso significa que, si prospera, las operadoras tendrían que cumplir con las obligaciones de continuidad y calidad de servicio de acceso. A su vez, en Brasil, el Marco Civil de Internet, sancionado en 2014, define Internet como servicio esencial, aunque existen ciertas tensiones que en la práctica dificultan la universalidad del acceso a la banda ancha”.
De cara a la pospandemia, Daniela Monje, doctora en Comunicación (UNLP) e investigadora, afirma que en materia de políticas públicas, la discusión es amplia y debe tocar diferentes aspectos: “Para empezar, el tema de la desigualdad de acceso en Argentina, ya que no se presta cómo un servicio universal. El proyecto de ley que se discute actualmente en sede parlamentaria sería una dirección importante. Luego una regulación inteligente que permita fijar tarifas y precios justos y razonables. Además habría que producir información socialmente relevante que permita conocer el costo de una canasta básica de telecomunicaciones a fin de fijar políticas al respecto”, comentó.
Queda claro que para minimizar la brecha, la regulación estatal es una herramienta imprescindible e involucra tanto al sector público como al privado. Dado que la inclusión digital no podrá prosperar sin cuestionar los modelos de negocios de las grandes empresas de telecomunicaciones que hoy dominan el sector.
