Sep 23, 2020 | Novedades, Vidas políticas
El arribo del Coronavirus a suelo argentino activó el sensor de distintas alarmas que preocupaban al Gobierno nacional y a los ciudadanos. El aislamiento, como única medida lógica y posible en el inminente contexto, llevó a los sujetos a resguardarse en sus hogares. Si bien, desde un principio, se estableció la división entre trabajadores esenciales y no esenciales, la dinámica de la economía diaria se frenó abruptamente para todos los escalones sociales. Entre distintas problemáticas que se profundizaron, y otras que se agudizaron, el Ingreso Familiar de Emergencia llegó con la idea de tapar algunos agujeros. Ante un entorno nuevo surgieron las inevitables preguntas: ¿Fue suficiente el monto del IFE? ¿Fue correcta la forma en que se decidió entregarlo? ¿Qué tan útil resultó ser? ¿Qué consecuencias económicas dejará la pandemia a nivel global y nacional?
Juan Alberto Enrique, economista y columnista televisivo, analizó la medida: “Es inédito el esfuerzo. Son 90 mil millones de pesos. Es admirable, sobre todo los sectores más bajos. Está bueno que el derrame arranque de abajo para arriba. Eso hizo que la economía no se haya derrumbado aún más. Creo que debería seguir un poco más la ayuda para todo el país. Cuando no hay actividad económica se frena la velocidad del dinero, y la tenés que recomponer con emisión monetaria. Creo que el monto debería ir a $15.000 por lo menos”.
En este sentido, Hugo Bedecarras, docente de la carrera Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno, opinó: “El IFE era una decisión indispensable para sostener y garantizar las necesidades mínimas y básicas de alimentación. Luego de cuatro años de un modelo de Estado empresarial, donde generó condiciones de extrema pobreza, se instaló un aislamiento social obligatorio, donde vastos sectores de la población (muchos de ellos invisibilizados), estuvieron postergados y sin acceso a condiciones mínimas de subsistencia, fue condición indispensable generar recursos para que puedan acceder los alimentos necesarios para sobrevivir”.
El gobierno estimaba en tres millones de personas los beneficiarios del IFE. Finalmente fueron casi nueve millones.
Ante la imposibilidad de poder ejercer la actividad laboral, o en el mejor de los casos cumplir con dicha obligación y no sufrir una quita considerable del salario, surgió una cuestión que giró más en torno del seno familiar que del núcleo político: ¿Hasta qué punto es suficiente un bono de 10.000 pesos para sostener los gastos de una familia? Juan Enrique consideró: “No, no es suficiente. Pero bueno, algo es algo. Creo que el Estado puede hacer mucho más. Recién estaba cruzando mensajes con gente del Gobierno y les estoy diciendo que los bancos que tienen colocados 2.4 billones de pesos en el Banco Central con una tasa del 38%, podrían obligarlos a prestar a tasa 0% a la gente que no cierre los comercios. Para que por lo menos en dos meses tomen ese crédito de 0% a pagar recién el año que viene y poder pagar alquileres, costos y así más o menos mantener la economía. Sería algo inédito para una situación inédita”.
El IFE se trató de una medida para ayudar o colaborar con una parte de los gastos familiares. Bedecarras, más empapado con los barrios carenciados del oeste del conurbano bonaerense, explicó: “Me parece muy escaso, es insuficiente ese importe, las familias tienen que complementarlo con la concurrencia a comedores barriales y comunitarios, con la entrega de mercadería a través de las escuelas, o violar la cuarentena para salir a conseguir un poco más de ingresos que permita una alimentación mínima y suficiente. Me parece un importe escaso. Pero absolutamente indispensable”.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo en su sitio web, la crisis económica que se generó con la pandemia trajo consigo la incapacidad de generar sustento a casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal del mundo. En esta línea, la OIT y la Comisión Económica Para América Latina y Caribe (CEPAL) en relación a los niños, niñas y adolescentes (comprendidos dentro de los 5 y 17 años) analizó la concreta posibilidad del incremento del trabajo infantil. Éste podría aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región, es decir, que entre 109.000 y 326.000 niños y niñas podrían entrar al mercado laboral infantil. Frente a esta dura realidad, el IFE recobra valor y es uno de los bastiones para dar pelea a la crisis económica en Argentina.
Pablo Tavilla, Director General del Departamento de Economía y Administración en la Universidad Nacional de Moreno y docente en la UBA se expresó en relación a lo que significa el IFE: “Estaría bueno que sea un monto mayor o se cobrara con mayor asiduidad. Porque ante un periodo de recisión y de insuficiencia de gasto yo lo hubiese pagado más veces. Esto responde a una idea de cómo veo yo las relaciones causales en la economía, de la importancia de la demanda para poner en marcha la rueda. Pero en general no tengo grandes críticas a la medida”.
El Estado lleva aportados 90.000 millones de pesos en el IFE.
El bono de 10.000 pesos, como ya se dijo, resultó ser para las autoridades una herramienta útil para evitar que la crisis se profundizara aún más. Pero, ¿cómo lo han tomado las personas que cobraron esta ayuda? Gastón Amestoy, de 27 años, quien vive en el Partido de Lezama, expresó: “La medida la tomé más que positiva. Somos muchísimos los que nos encontramos trabajando en la informalidad, con escasa cobertura médica y cobro de aguinaldos, por ejemplo. Entiendo que no es un plan social sino una ayuda por un tiempo determinado. Ojalá sirva para sentar bases de la realidad que vivimos los no reconocidos por el sistema”.
Rocío Parra, de 23 años, que vive a 216 km de distancia de Gastón, en General Rodríguez, consideró: “En un principio, cuando estábamos empezando la cuarentena, y se comenzó a hablar del IFE me pareció una idea genial. Incluso ahora, un poco más avanzada la cuarentena, es una ayuda muy importante la que estamos teniendo porque, por ejemplo, yo desde que empezó la cuarentena estoy desempleada, trabajo como fotógrafa y mi labor vinculada a lo social está 100 por ciento afectada y no tengo una fecha específica de retorno. Así que a mí, por lo menos, me sirvió muchísimo”.
Uno de los puntos que mayor repercusión y debate generó fue la disposición del cobro. Las casi nueve millones de personas que supieron cobrarlo, debieron cargar una cuenta de CBU (Clave Bancaria Uniforme) en la página de Anses para cruzar sus datos con los del organismo. Una vez realizado este paso, se les notificó mediante mensaje de texto el día del cobro para retirar en la sucursal bancaria más cercana a través de cajero automático. En este punto, Gonzalo Bouza, de 37 años, de Merlo, respondió: “Está un poco mal organizada. Tendría que tener un poco más de orden en las filas de los bancos”. Por último, Gastón detalló: “Tuvo sus baches. Es entendible por la cantidad de gente que lo solicitó. Calcularon que era mucho menor el número de personas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad laboral y pérdida de derechos. Las distintas formas de pago del primer IFE fueron buenas. La segunda es un poco más compleja. Por ejemplo, yo quedé sin posibilidad de hacer el cambio de domicilio del que figura en mi DNI, y para este nuevo pago presencial en banco estoy a 300 km (antiguamente residía en Ituzaingó). Tengo que ver cómo lo cobro. Aún no me han informado”.
La pandemia provocó la incapacidad de autosustentarse a 1.600 millones de trabajadores informales del mundo.
Hasta el mes de julio, los beneficiados, cobraron dos bonos referentes a los meses de abril y mayo. El tercer IFE (correspondiente al mes de junio) se cobró entre fines de agosto y principios de septiembre. ¿Qué tan importante sería que la ayuda económica se siga manteniendo para las familias compuestas por trabajadores no esenciales, o que han quedado desempleados, una vez que finalice la cuarentena? Rocío Parra reconoció: “Me parece importante que se siga sosteniendo de manera prolongada, ya que no es que se levanta la cuarentena y todos empezamos hacer vida normal. Hay trabajos que van a empezar después de otros y considero que hay mucha gente que perdió su trabajo lamentablemente por empresas que cerraron, otros que no pudieron sostener sus Pymes, y va a ser difícil retomar la rueda de la economía. Mucha gente va a estar buscando trabajo y el IFE es una buena manera de ayudar a la gente. Es necesario, primero, para que se active la economía y, segundo, es un incentivo para empezar de nuevo desde abajo para retomar el país que una vez tuvimos”.
Sin dudas, la problemática de reconstruir puestos laborales para tanta gente será de los desafíos más arduos para el Gobierno. Gastón, desde Lezama, respondió: “Sería bueno que siga hasta que se genere la posibilidad del trabajo formal. Va a ser muy difícil encontrar un mercado laboral bueno después de toda esta situación tan compleja”.
Sep 23, 2020 | Comunidad, Novedades
El movimiento Fridays for Future comenzó a tomar fuerza en Argentina en 2019.
El próximo 25 de septiembre jóvenes activistas climáticos de todo el mundo realizarán 2.500 acciones para reclamar medidas urgentes ante la crisis ambiental que sufre el planeta. Para anunciar la campaña, el viernes último seis jóvenes de distintas partes del mundo participaron de una conferencia virtual en la que expusieron sobre la situación de sus países y regiones y adelantaron algunas de las actividades que realizarán pasado mañana, cuando millones de personas se manifiesten de manera virtual y presencial para demandar acciones ecológicas urgentes.
Los participantes fueron ciudadanos de países pertenecientes a poblaciones y áreas más afectadas (MAPA, por sus siglas en inglés). Estuvieron representadas Kenia, a través de Kevin Mtai; India, por intermedio de Disha A Ravi; Colombia, con la participación de Laura Verónica Muñoz; Filipinas, con la exposición de Mitzi Jonelle Tan y Argentina, en la voz de Eyal Weintraub. Fue la primera vez que los integrantes de MAPA realizaron, en conjunto, su símbolo de solidaridad, que consiste en formar un puño juntando las dos manos.
Los cinco activistas estuvieron acompañados por Greta Thunberg, la adolescente sueca que inspiró a luchar a los jóvenes del mundo desde la organización Fridays For Future, y la moderación del evento estuvo a cargo de la argentina Nicole Beker, cofundadora de Jóvenes por el Clima.
Los asistentes virtuales alentaban a los oradores en la sección de comentarios de Youtube con mensajes como: “Fuerza Colombia”, “Ecología popular en todo el mundo”, “A construir patria sin fronteras”, “La regeneración ambiental empieza con justicia”, o “El 25 salimos a las calles”.
Inundaciones en África
El activista Kevin Mtai comenzó su discurso manifestando que la crisis climática está teniendo un gran impacto en su comunidad. “Todos los años nos enfrentamos a inundaciones. El continente que menos contamina es el que más sufre el impacto del cambio climático”.
Comentó que la semana pasada, en Sudán, las inundaciones causaron la muerte de más de cien personas obligando al gobierno a declarar el estado de emergencia. También comunicó que en una pequeña isla de Mauritania hubo un derrame de petróleo muy destructivo para los animales y la población. Dijo que un investigador de Greenpeace difundió que su país está siendo potencialmente sometido a más plástico a través de un acuerdo con Estados Unidos: “La empresa estadounidense American Chemistry Council quiere deshacerse del plástico en nuestro continente, especialmente en Kenia”.
Represión en India
Disha A. Ravi, cofundadora de Fridays for Future India,comenzó denunciado que mientras en muchas partes del mundo se celebra el activismo climático de los jóvenes, en su país sus voces están siendo reprimidas. Acto seguido, comentó que el gobierno indio modificó la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del 2016 por un nuevo borrador que quita el derecho democrático de las personas a oponerse a proyectos destructivos para el medio ambiente. “Esto les otorga el derecho a construir una infraestructura ambientalmente destructiva sin consulta ni objeciones públicas. Le quita el poder a la gente y empodera a las corporaciones”.
Desde Fridays for Future India lanzaron una campaña digital para enviar objeciones por correo electrónico y el sitio web fue retirado y se los calificó a través de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA) como terroristas y antinacionales. “La pandemia ya había limitado nuestra capacidad de protesta, pero el ataque del gobierno a nuestra plataforma digital nos quitó la poca voz que nos quedaba”, expresó. Finalmente, contó que trabajaron con los mejores abogados del país y lograron que les den la razón. “Nuestro sitio web fue restaurado y los cargos fueron retirados, pero ¿qué significa esto para los activistas en la India? La notificación afirmaba que el envío de objeciones por correo electrónico iba en contra de la paz y la soberanía de la India. ¿Es la paz de la India tan frágil que un montón de niños que piden aire y agua limpios la amenazarían?”, se preguntó.
Ravi expresó que en su país más de veinte ciudades han sufrido inundaciones en lo que va del año, afectando a más de siete millones de personas. “No estábamos preparados para lidiar con las inundaciones y la pandemia al mismo tiempo”, manifestó. Finalizó advirtiendo que están luchando por su supervivencia.
Masacres en Colombia
La activista Laura Verónica Muñoz comenzó su oratoria diciendo que la violencia en su país es noticia todos los días. “El pasado mes de julio la organización Global Weakness reportó que Colombia es el peor país en el mundo para defender la tierra y los recursos naturales”, describió. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que las masacres aumentaron desde hace dos años. Ocurrieron 29 en 2018, 36 en 2019 y 57 en lo que va del año. Muñoz confesó que lo más desesperanzador es que el gobierno no tiene voluntad política para frenar esta nueva ola de violencia.
La joven colombiana insistió en la importancia del acuerdo de Escazú, un convenio regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. “Si lo que nos imaginamos es un mundo sustentable en donde no haya lugar para la desigualdad, el primer paso en Latinoamérica y el Caribe es que todos los países adopten el acuerdo de Escazú. La sustentabilidad resulta de la armonía entre la economía, la sociedad y la naturaleza”.
Con respecto a la pandemia, señaló que lejos de que el gobierno colombiano le diera más atención a aquellas comunidades que han sufrido las consecuencias por falta de garantías sanitarias, alimentarias y económicas, exacerbó la violación de sus derechos.
Riesgo climático en Filipinas
Mitzi Jonelle Tan inició su discurso apuntando a Estados Unidos, China y específicamente a empresas como Exxon, Chevron y Shell. “Los estamos llamando. Ya es hora de que paguen reparaciones al pueblo filipino y a otros países afectados por las injusticias históricas”.
Comentó que su país ocupa el segundo lugar en el último índice de riesgo climático global a pesar de que su contribución a las emisiones de dióxido de carbono es muy escasa. “Los menos afectados son los que más han contribuido a la crisis climática y al negacionismo climático, y ¿qué están haciendo? nada. Solo palabras vacías y promesas”.
Contó que recientemente, el movimiento climático filipino obtuvo una pequeña victoria luego de que la Comisión Filipina de Derechos Humanos confirmara que los contaminadores climáticos pueden ser considerados legalmente responsables de las atrocidades a los derechos humanos que han causado. Pero al mismo tiempo, expresó que los activistas aún están siendo silenciados por la represión gubernamental. “Ahora tenemos la Ley Antiterrorista que amenaza con equiparar el activismo con el terrorismo. Cualquiera que se atreva a nombrar al gobierno por su inacción y opresión es llamado terrorista, incluso en la red social Facebook”, advirtió.
La joven activista dijo que necesitan acciones climáticas centradas en las personas y no en las ganancias. “Cualquier político que no pueda priorizar estas necesidades, que renuncie ahora”. 
Extractivismo en Argentina
Eyal Weintraub, cofundador de Jóvenes por el Clima, abrió su discurso con una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano. “El subdesarrollo de nuestra región no es una fase de desarrollo, sino su consecuencia”. Dijo que desde la conquista de América “nuestro rol” en la división internacional del trabajo ha sido siempre el mismo. Proveemos al resto del mundo de recursos naturales y luego compramos sus productos. “Exportamos litio y compramos baterías”.
El joven argentino denunció que este ha sido unos de los peores años y que Latinoamérica está en llamas porque constantemente se están profundizando y reforzando medidas de extractivismo para incrementar las exportaciones y obtener más dólares. “La razón principal por la que siempre necesitamos dólares es que estamos constantemente endeudados”, explicó.
En Argentina se quemaron 175.000 hectáreas en lo que va del año. En el Amazonas se detectaron más de 65.000 focos de incendios y en México los incendios forestales afectaron a una superficie mayor a 300.000 hectáreas.
Las palabras de Greta Thunberg
La joven sueca sostuvo que en su país dicen que deben actuar ahora por los niños y el futuro de las generaciones, pero olvidan que hay personas que están muriendo ahora mismo por el impacto de la crisis climática. “Algunas jóvenes y yo tenemos el privilegio de ser escuchados y de hablar, mientras que en otras partes del mundo es ilegal”, denunció.
Thunberg anunció que este viernes se van a manifestar por el clima de diferentes maneras, dependiendo de las restricciones de cada lugar. “Debemos mandar la señal de que esta crisis debe ser tratada como tal porque es una emergencia global y que hay que recordar que aquellos que son menos responsables de ella, son los que más la sufren”.
Termino señalando que hacer lo mejor que puedan en este momento no alcanza. “Tenemos que hacer lo imposible. Continuaremos luchando porque no hay otra opción. Es un problema de vida o muerte”.
Sep 21, 2020 | Culturas, Novedades
En el grupo de WhatsApp del secundario, una compañera manda un PDF de recomendaciones que emitió la Facultad de Psicología para afrontar la pandemia, un amigo me avisa que Drexler escribió una canción, mis hermanos quieren coordinar una videollamada para la tarde del domingo, mi mamá dispara un sinfín de audios de ya no sé qué médico extranjero que explica cómo se vive el coronavirus en el exterior, tengo el celular lleno de memes sobre la cuarentena y perdí la cuenta de la cantidad de mensajes de argentinos varados que llegan a mi teléfono pidiendo mediatizar su caso para ver si eso los trae de regreso a su tierra natal. El virus está en el noticiero, en las conversaciones con amigos, en la cola del supermercado. Pero donde ingresó con fuerza es en mi casa.
En estas primeras semanas de aislamiento social, el bicho entró y se metió en cada rincón de este PH, en nuestra pareja e intimidad. Afuera el mundo es incertidumbre y desconcierto, acá dentro no ocurre algo tan distinto. Mi compañero me parece un extraño, un posible foco de contagio, ¿tendrá él la enfermedad? Hace unos días, pegar mi cachete al suyo y frotarnos como esos perritos que aparecen en Internet era una de mis actividades favoritas, hoy nos saludamos de lejos como dos desconocidos que comparten una mesa en un bar. Tenemos diálogos operativos y por WhatsApp sobre cómo limpiar las superficies, qué falta comprar, cómo desinfectar las verduras. El amor entró en cuarentena.
Llegamos a esta casa hace seis meses y la fuimos moldeando a imagen y semejanza de nuestras expectativas con fotos de nuestros últimos viajes y una decena de potus. Acá leíamos libros maravillosos, veíamos Succession, cogíamos, nos emborrachábamos, peleábamos, inventábamos recetas de cocina con las verduras que llegaban del bolsón agroecológico, hablábamos con tono venezolano para jugar a ser latinos. Acá nacieron nuestros alter egos: Silvia y Sergio, un matrimonio de 50 años que vive haciéndose reclamos, y que nos sirvió como estrategia para que M. pudiera decirme que lavé los platos como el orto o marcarle que estaba cansada de levantar su ropa por toda la casa.
Este hogar que ha operado muchas veces como un refugio del afuera, de los vínculos familiares tóxicos, de todo aquello que duele y lastima, no está. Acá dentro siempre me sentí a salvo y hoy es un territorio frío y estéril que huele a lavandina por todos lados. El refugio se ha desvanecido como una remera vieja que va perdiendo su estampado. No reconozco este territorio. Las peleas se multiplican porque la casa es un infinito de actividades para hacer y cada uno lidia con el quilombo de adaptar el trabajo a la virtualidad. Dicen que convivir mata la pareja, la pandemia parece que va a acelerar el proceso.
M. dice que con el encierro ganó tiempo para escribir sus papers, editar un libro y hacer un curso virtual. Nada de eso ocurrió los primeros días. Se obsesionó con aprovechar la cuarentena para ponerse al día con los pendientes de la casa. El padre le trajo una pistola de calor para sacarle la pintura a la mesa del living. El ruido fue como tener un taladro funcionando adentro del oído, tardó tres días en hacerlo y eligió momentos en que yo desgrababa o dormía una pequeña siesta. Cuando terminó, arrancó a lijar y barnizar 67 varillas de madera que recubren el balcón. Tardó 21 días y fue de lo único que hablaba. De la pandemia, ni una palabra.
Yo estoy asustada con este virus. No tengo claro qué me da miedo, creo que todo: el encierro, las muertes, la idea de que el peligro está próximo, no poder ver a mis sobrinos y a mi mamá, mi psiquis. Yo sigo trabajando como si nada hubiese cambiado. “El periodismo no descansa”, repetían mis profesores de TEA todos los años.
Sigo trabajando y hago malabares con mi estado emocional porque hay que trabajar, trabajar, trabajar, somos un servicio esencial, la gente necesita informarse, no importa que siente uno con este tema, no frenamos, hay que enganchar a Ginés al teléfono. Cada mañana, Jorge, el muchacho tozudo de seguridad, me acerca una pistola termómetro a la cabeza y me dice: “Arriba las manos”. Simula un robo de lunes a viernes a las 5 AM. Así arranco el día. Odio esto que hace, pero todavía no me animo a decirlo.
Desde mediados de marzo, vuelvo caminando del trabajo a mi casa. Es la única nueva rutina que valoro de esta pandemia. Me gusta cruzarme con gente, pero ocurre muy poco. Estos días el barrio está como apagado, sin movimiento, nublado. Escucho Salad Days y me construyo por Lacroze un escenario optimista. Me gustaría chocarme con los pibes del camión de La Serenísima que bajan productos en el Carrefour o que el portero del edificio de Álvarez Thomas me deje pasar mientras limpia la vereda. ¿Dónde están todos?, ¿se habrán enfermado? Lloro sin esconderme: el barbijo me da anonimato.
M. silba cuando va del living a la cocina y pone un dj set de Cattaneo para cocinar un risotto. No sale hace cuatro semanas. Como yo voy a trabajar, me ocupo de hacer las compras del supermercado y tirar la basura. Estoy agotada de esta rutina doméstica. Él vive como si el sistema mundial no estuviese colapsando. Es un enigma lo que ocurre en su cabeza ante situaciones con las que cualquier civil se amargaría. Tiene la templanza de un maestro de yoga: nunca desborda.
Tenemos un cuarto que tiene un escritorio amplio de madera de pino y está al lado de una ventana que da a una calle con poco y nada de movimiento. Ese lugar se volvió el espacio más codiciado para encerrarse y trabajar aislado de afuera y de nosotros.
Empiezo a hacer lugar en el placard para todos los proyectos frustrados que voy a tener este 2020. Con M., siento que tenemos reinventarnos como dice cada tanto una famosa en una revista de chimentos para contar que se separó y adelgazó 90 kilos. No quiero ni una cosa, ni la otra, pero sí asumir que el virus todo lo toca y que hay que estar atentos.
Leo que en China subió la cantidad de divorcios. Me asusta, estoy permeable a todo, ¿quién está preparado para una convivencia de 24 horas por meses con alguien?, ¿puedo cambiar mi contacto estrecho?, ¿cómo continuaremos?, ¿qué quedará de nosotros después de que pase todo esto? Día 62 y sigo contando.
Sep 18, 2020 | Comunidad, Novedades
Toma de tierras en Guernica, provincia de Buenos Aires.
Cinco millones de personas, 4.400 barrios populares desde la vuelta a la democracia, un promedio de creación 130 asentamientos por año, unos diez creados por mes. La crisis habitacional no es nueva en la Argentina ni surgió de un día para el otro.
Desde Moreno hasta Guernica, las tomas de terrenos crecieron durante el aislamiento. “El hacinamiento, la precariedad y el costo de los alquileres en las barriadas son insostenibles; además, vino la pandemia y recrudeció toda esta problemática”, afirma el diputado nacional por el Frente de Todos, Federico Fagioli, quien comenzó su militancia en el Movimiento Popular La Dignidad, llegó a su banca por su labor en Patria Grande y vive en el barrio Pueblo Unido, creado a partir de la toma de un terreno baldío.
Año tras año, la falta de respuesta por parte de los estados municipales, provinciales y nacional afecta a los millones de argentinos y argentinas que viven en la precariedad. Sin agua, luz, gas ni cloacas, a merced de desalojos y alquileres informales, miles de familias acceden a un techo en los barrios populares. “Las organizaciones sociales estamos trabajando y luchando hace años por la regularización dominial, el acceso a servicios básicos, entre otras cosas. Producto de este inmenso laburo, se realizó un censo que dio origen al RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares)”, señala Fagioli.
Desde 2014, el diputado reside en Pueblo Unido, en el partido de Glew, que crearon junto a otras familias. “Éramos vecinos y vecinas, trabajadores de la economía popular y también formales, sin posibilidad de seguir sosteniendo el pago de alquileres o viviendo en condiciones realmente indignas. Decidimos de manera planificada y organizada limpiar un basural que era una zona liberada, usado por grupos de personas que delinquían, y empezamos a concretar nuestro sueño y derecho negado a tener una vivienda digna”, cuenta.
Con un claro perfil colectivo, las familias de Pueblo Unido acordaron una serie de reglas: “Nadie puede utilizar la tierra recuperada con fines especulativos o de venta; las decisiones sobre la vida en el barrio son tomadas de manera colectiva; construir nuestros propios espacios recreativos y culturales, nuestra sala de salud; la violencia hacia mujeres e identidades disidentes no es tolerada; bajo ningún pretexto se permitirá el uso de viviendas y el barrio para actividades ilegales que perjudiquen la salud de nuestros jóvenes, vecinos y vecinas”, enumera Fagioli.
Alba, de 41 años, con sus hijos Tiziano, Benjamin, Kiara y Zaira en una de las parcelas del asentamiento de Güernica.
La toma de tierras para la construcción de barrios organizados no solo resuelve en parte la problemática habitacional, sino que busca producir una transformación real en otros aspectos. “Se trata de construir la vida que querés para tu familia, para tus pibes, para tus vecinos y vecinas. Con mucho esfuerzo generamos esta respuesta colectiva a una necesidad urgente y dimos claro ejemplo de cómo es posible, con decisión política, empezar a solucionar algunos de los más importantes problemas de los sectores populares”, remarca el diputado.
Según un informe realizado en 2016 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “en la gran mayoría de las tomas de tierra confluyen dos lógicas que, según el contexto, pueden funcionar de forma tanto contradictoria como complementaria: la de la necesidad de acceder a un lugar donde vivir y la del negocio inmobiliario”. La falta de regulación de estos procesos, que se desarrollan desde hace años, coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a los sectores empobrecidos. Loteos ilegales, alquileres informales, desalojos violentos y estafas son moneda corriente.
Derecho a la vivienda o derecho a la propiedad privada. El debate público a partir de la visibilización de la toma de terrenos situó la discusión desde una mirada punitivista. “Hablar de la toma de tierras como delito es como pretender tapar el sol con un dedo”, apunta Fagioli.
“Cada toma es diferente. Aprendí mucho de involucrarme con las personas”, sostiene Fernanda Moyano, vecina de Haras Trujui, partido de Moreno, desde hace 15 años. Fue coordinadora de Comunidad de la Fundación TECHO y hoy lleva adelante su propia ONG “Athenea”, donde asiste los problemas del barrio siendo un nexo entre los vecinos y el Estado.
Marcha vecinos que ocuparon las tierras de Guernica.
“Lo fundamental es la observación”, destaca. Moyano trabaja junto a diferentes autoridades y organismos municipales como el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR), aportando datos y mapeos para comenzar cualquier acción. “Tratamos de sondear para ver si nos podemos meter a ayudar o no. Yo no estoy ni a favor ni en contra, lo que sí intento es que ningún derecho se vea vulnerado. Ayudo en lo que puedo, así sea alcanzar agua o trabajar junto con el municipio o IDUAR para encontrar una solución”, detalla.
Si bien los lazos que tejió durante estos años le fueron de utilidad, subraya que sus principales recursos son la observación y la escucha: “Sé lo que es tener que arreglársela para subsistir, entonces prestar atención a las historias, hablar y preguntar hace que vaya dándome cuenta también quienes son los que están tomando. Yo vivo acá, conozco a la gente, sé quiénes son del barrio y quiénes no”, afirma.
En este sentido, recuerda que, en 2016, en una de las tomas que se llevó a cabo en Moreno, había dos realidades marcadas: por un lado, familias que habían armado una casilla improvisada con lo que tenían, y por otro, personas que al inicio de la toma delimitaron diferentes porciones de tierra, pero no volvieron a aparecer después de varios días. Cuando llegó el momento de censar con IDUAR, asegura, muchos no podían demostrar una real falta de acceso a la vivienda. En este último caso, suele tratarse de lo que se denominan “loteadores” que localizan el terreno, lo dividen y lo comercializan. Para algunas familias esta es la única manera, aunque informal, de acceder a un lugar propio y dejar de alquilar.
Diputado nacional Federico Fagioli, residente del barrio popular Pueblo Unido, creado a partir de la toma de un baldío.
La informalidad de las tomas expone a las personas que necesitan un hogar a situaciones violentas. Moyano recuerda el primer desalojo que vivió tras la ocupación de un terreno al lado de su casa. “Fue brutal, vino Gendarmería y los sacó. Muchas veces se repitió la misma situación, porque la gente volvía a ocupar y los volvían a desalojar, cada vez era más violento. Llegaron a haber incendios y enfrentamientos armados. Cuando se tranquilizó todo, no los movieron más. En 2016 se hizo el censo y se quedaron”.
Como coordinadora de TECHO, rememora otras situaciones donde presenció violencia civil e institucional. “Fue en una propiedad privada. El dueño terminó haciendo un acuerdo con el Municipio y cediendo esa parte que le habían tomado. Pasó el tiempo y tomaron la otra porción que quedaba de ese terreno. Ahí no hubo acuerdo: los mismos hijos y conocidos del dueño empezaron a los tiros para desalojar”, relata.
Ante la presencia de civiles armados, la policía bonaerense decidió no hacer cumplir la ley. “En medio del desalojo, la policía arengaba contra los pibes que estaban ahí diciéndoles ‘Dale, negro de mierda, sacá esas chapas mugrosas’. Cuando uno de los chicos que estaba ahí les pidió que les muestren la orden judicial, le contestaron ‘dejá que la lea yo, que seguro vos no sabés leer’”, cuenta. Ya estaba vigente la Ley de Regularización Dominial y ese desalojo no estaba permitido. “La realidad es que nadie pudo ver siquiera si esa orden estaba firmada por un juez. Eran las cinco de la mañana, un día de lluvia”, señala.
Moyano lamenta la falta de propuestas gubernamentales para solucionar esta problemática. “Frente a mi casa, hay un predio que iba a estar destinado a un proyecto urbanístico que nunca se hizo. Estaba pensado que, una vez que hubiera luz y agua, cada familia iba a comprar su lote. Vamos por la cuarta intendencia y seguimos intentando que se haga. Ese fue un proyecto vecinal al que nunca le prestaron atención. Finalmente, la gente se cansó y tomó. Había intención y ganas de acceder a una casa pagando, pero nadie respondió”, se queja.
La histórica desidia estatal es patente en este caso que relata Moyano en el partido de Moreno. El proyecto vecinal de urbanización no fue activado. Sin embargo, ya hay quienes están loteando el terreno y vendiendolo. “Se dice que es la sobrina del dueño de ese lugar, pero eso no es cierto. La casualidad es que esta chica está trabajando con la intendenta de Moreno”, denuncia. “Estas cosas hacen que, cuando uno es transparente e intenta que la gente no haga tomas, se vaya todo por el caño. Hoy si viene la intendenta o IDUAR a decirme que van a reubicar o hacer algo, no les voy a creer porque nunca cumplen”, advierte.
Las personas quieren acceder a la vivienda digna pero las dificultades para acceder a la tierra son múltiples. “Todos los días recibo mensajes de gente que me pregunta si sé de terrenos que se vendan. La mayoría ahora cobraron el IFE y quieren, aunque sea, tener un lugar y montar una casilla. No hay un programa real que brinde una facilidad de pago”, se lamenta.
“Otra Argentina es posible”
“Si hay tomas de tierras, si hay gente dispuesta a pasar frío, a sufrir la represión policial, es porque hay una necesidad real y concreta de acceder a un espacio para construir su propia vivienda”, reflexiona el diputado Fagioli y agrega: “Entonces, ¿qué hacemos? ¿Reprimir y desalojar? ¿Y luego qué? Necesitamos que se avance con políticas públicas reales y concretas que den una respuesta efectiva, y te aseguro que nadie más va a querer ir a pasarla mal y exponer a su familia en una toma”.
Para Fagioli, las tierras fiscales ociosas se deberían poner a disposición de una política pública integral y realmente accesible para los sectores populares. “El derecho a la propiedad de las tierras ociosas es, al menos, cuestionable en un país donde hay millones de personas hacinadas o sin techo. Desde un punto de vista ético, no podemos permitir que haya tierras destinadas a la especulación mientras el pueblo vive de manera precaria e indigna. Esto es inaceptable”.
El gobierno del Frente de Todos reconoció la crisis habitacional y creó el Ministerio de Hábitat y Vivienda para cumplir con la Ley de Barrios Populares y la de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. “Vemos con mucha esperanza esto. Sin embargo, estamos pidiendo que el Estado y el Ministerio de Hábitat en este caso, activen respuestas efectivas y prontas. Se necesita ejecutar los recursos que ya están disponibles y planificados, pero se necesitan ya. No podemos permitir que nuestro pueblo siga padeciendo la miseria de un sistema excluyente”, sostiene Fagioli.
Además de las leyes vigentes –pero sin financiamiento–, los sectores populares cuentan con el Plan de Desarrollo Humano Integral, creado entre organizaciones sociales y sindicatos. “El plan traduce muchas de estas problemáticas estructurales en políticas concretas, reales e integrales. Es nuestro aporte hacia una estrategia nacional pospandemia”, sintetiza el diputado.
El Plan contempla un proyecto integral de urbanización, loteo, colocación de servicios básicos y finalización de viviendas sociales. “Los ejes son la promoción del trabajo como ordenador social y el repoblamiento de la Patria. Se complementa con una propuesta de salario universal para la inclusión de trabajadores y trabajadoras, y su financiamiento a través de una profunda reforma impositiva que grave las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas”, explica. El Plan prevé la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo.
“Conjuntamente, desde el Congreso, ya empezamos a trabajar en este sentido y conseguimos que la problemática de la vivienda se incluya en el proyecto de ley ‘Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas’, disponiendo que un 15 por ciento de lo recaudado sea destinado a urbanizar los barrios populares”, indica Fagioli. La suma recaudada sería de aproximadamente 45 mil millones de pesos, que servirían para asistir a más de 5 millones de personas en las barriadas.
“La organización, la unidad, la planificación de diferentes estrategias de lucha nos permitió avanzar en muchos sentidos demostrando que otra Argentina, además de ser necesaria, es posible”, se esperanza Fagioli.
Sep 17, 2020 | Comunidad, Novedades
“La propaganda es uno de los más poderosos instrumentos en el mundo moderno”, afirmó Harold Laswell en 1927, cuando proliferaron los estudios sociológicos sobre la eficacia de los medios de comunicación en la Primera Guerra Mundial. Hoy, el enorme desafío al que nos enfrenta la pandemia de la Covid-19 sigue trayendo la misma pregunta: ¿Cómo comunicar de manera eficiente, ahora la manera de enfrentar al virus?
Con la intención de responder al interrogante, el Ministerio de Salud de la Nación y el espacio de pensamiento Argentina Futura, dirigido por Alejandro Grimson, convocaron a la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo (REDCOM) para que estudiantes y docentes de las diferentes casas de estudios de la Argentina produzcan una serie de piezas comunicacionales para fortalecer los cuidados y la prevención del Coronavirus.
La carrera de Ciencias de la Comunicación (CCOM) de la Universidad de Buenos Aires, entre otras, fue pionera en convocar de manera masiva a docentes, estudiantes y graduados a producir contenidos. “Fueron aceptadas casi 150 piezas que ya las estamos empezando a compartir tanto en nuestras redes sociales como en Google Drive para que cualquiera las pueda difundir. Nos interesaba mucho interpelar a les más jóvenes porque también sabemos que hay una parte de los relajamientos de cuidado que tiene que ver con ellos, que empiezan a salir, a laburar y circular por los espacios”, subraya Larisa Kejval, directora de la Carrera.
Kejval señaló que la comunidad universitaria se propuso explorar nuevas formas creativas, descentralizar la producción y “dialogar con las prácticas y realidades concretas de cada territorio o grupo social”.
La Dirección de la Carrera de Ciencias de la Comunicación convocó a un grupo curatorial de docentes que tiene una formación específica o trayectoria especializada en comunicación y salud para que pudieran seleccionar las piezas. Uno de ellos es Roberto Montes. La consigna, señaló, fue privilegiar un enfoque social por sobre el individual. “Hubo muchísima creatividad y de excelente calidad. La experiencia significó una gran satisfacción. Hubo un gran laburo, realizado muy rápidamente y con un alto nivel de participación”.
Con canciones, memes, recursos sonoros y audiovisuales, la comunidad de Ciencias de la Comunicación tomó la iniciativa y creó piezas como “Seamos protagonistas” realizada por Agustina Ahide, Agustina Bracco, Alexia Halvorsen y Juan Lucas Guerschman, puramente gráfica, que juega con frases de películas emblemáticas y modifica el sentido hacia la prevención. Los y las docentes también se sumaron al trabajo de producción con la propuesta gráfica “La facu te quiere bien” con autoría de Lorena Steinberg, María Elena Bitonte, Mariel Bonino, Magalí Bucasich, Ariel Gurevich, Ines Mazzara, Daniela Praga, Agustina Sabich, Ezequiel Vasen y Sebastián Franco. Desde el marco audiovisual se destaca la canción “Al virus lo frenamos entre todxs”, de Micaela Romina García y Florencia Kierzkowski. Todas las piezas producidas están disponibles en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram de la Carrera de Comunicación.
A la iniciativa también se sumó desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, una egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Se trata de un trabajo interdisciplinario, junto a residentes en comunicación y otras disciplinas que trabajan en el área de Salud Mental de esa localidad. “Postales Sonoras” reúne una serie de piezas auditivas. Soledad Carranzza, la comunicadora y referente del grupo señaló: “La idea fue corrernos de los mensajes alarmistas, lo que hicimos fue una convocatoria abierta con la consigna sobre ‘La no rutina’ y que se rescatara la cotidianidad, poniendo sobre la mesa los malestares, pero también las estrategias que tuvieron las personas para sobrellevar este momento”. La joven especialista reflexiona: “Hay muchos aportes desde la comunicación para buscar la empatía y ser creativos para poder llegar a una mayor cantidad de personas, sin marcar lo que hay que hacer, sino construir una visión no hegemónica de la salud mental”.
A pesar de que todos los días el pico de casos de Covid 19 alcanza un nuevo récord, pareciera que existe un cierto acostumbramiento a la pandemia y el relajamiento en las prácticas de cuidado se hace evidente. Si bien la comunicación no resuelve todos los problemas que la pandemia trajo aparejados, sí puede fortalecer los mensajes sobre la necesidad del cuidado. “Abonamos la propuesta -reflexionó Kejval- de instalar la idea del cuidado mismo, de cuidar al otro, a la comunidad. Ideas opuestas a la predominante de una retórica neoliberal, que subraya al individuo por sobre lo común, y lo comunitario. Peleamos contra esa idea individualista: la de soy joven, sana y sano, no me va a pasar nada entonces relajo y esa idea no concibe al trabajador y trabajadora de salud desbordado en este momento, no concibe al otro o la otra que puede tener una condición más riesgosa ante la expansión del virus”.
Hoy más que nunca, resulta necesario apelar a la responsabilidad de aquellos que tienen el rol social de comunicar, quienes poseen voz y cara en los medios masivos y en este sentido Kevjal confiesa: “Algunos comunicadores, comunicadoras o medios no contribuyen mucho al cuidado al enfatizar el cansancio del aislamiento o distanciamiento o promover ciertas movilizaciones anti cuarentena.
Finalmente, la directora de Ciencias de la Comunicación celebró la trascendencia de la propuesta: “Estamos muy orgullosas y orgullosos de la respuesta. Nos parece que es salir de las paredes de las aulas, de las clases virtuales, para poder pensarnos como actoras y actores políticos y sociales capaces de hacer un aporte a una problemática social”.
Sep 16, 2020 | Comunidad, Novedades, Vidas políticas
El 21 de agosto, el presidente Alberto Fernández anunció el Decreto 690/2020. Por un lado, estableció la modificación de varios decretos precedentes y de la Ley 27.078, también conocida como Ley Argentina Digital. De esta forma incorporó la definición de servicio público esencial y estratégico en competencia para los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Por otro lado, el servicio de telefonía móvil pasó a considerarse un servicio público. Además, se suspendieron los aumentos de precios hasta el 31 de diciembre y, desde ahora, serán regulados por la autoridad de aplicación, es decir, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
“La consagración de servicio público es la máxima regulación posible que existe en derecho administrativo. Ahí hay tarifas (y no precios), que el Estado fija. Existe, inclusive, la posibilidad de que el Estado tome esa actividad a su cargo”, dice Ricardo Porto, abogado y actualmente secretario de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación.
En cambio, respecto a la definición de servicio público esencial estratégico en competencia, Porto advierte que “es todo un tema». Y agrega: «Algunos consideran que es casi un oxímoron, que es contradictorio. Consideran que un servicio público sólo tiene lugar cuando hay monopolio. Ese no es el caso de la Corte Suprema que aceptó que cuando la Constitución regula un servicio público no tiene que ser necesariamente monopólico, sino que es indistinto si es en competencia o no”.
El DNU 690 fue aprobado por el Senado el 4 de septiembre, con 41 votos a favor y 26 en contra.
Ariel Graizer es el presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), además de ingeniero electrónico especialista en comunicaciones. Esta organización, que reúne a las empresas proveedoras de servicios de acceso a internet y telefonía, lanzó un comunicado el 24 de agosto diciendo que el decreto 690 “pone en riesgo la subsistencia de más de 1200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales”.
Además, Graizer dijo: “Para nosotros es un problema que se hayan querido resolver los temas de precio y competencia con un decreto. La definición de servicio público en competencia es una definición rara que necesitamos que esté bien reglamentada, porque los servicios públicos normalmente no están en competencia”. Y agregó: “El tema de la fijación de los precios va a ser muy complejo. Más en un mercado que tiene el 80% de sus costos fijados en dólares y donde hay grandes asimetrías entre los tres prestadores dominantes y las distintas PyMEs y cooperativas que damos este servicio en el país”.
El DNU 690 repone lo que establecía la Ley Argentina Digital del año 2014, que fue derogada por el decreto 267 en el 2015. “Implicaba que el Estado podía intervenir para regular el precio por el cual los operadores mayoristas vendían el servicio a los minoristas, para que no lo hicieran a valores desproporcionados y se pudiese lograr precios equitativos, en particular en el acceso a Internet a lo largo y ancho del país. El DNU repone esta medida y la amplía un poco”, explica Bernadette Califano, investigadora CONICET, Doctora en Ciencias Sociales y especialista en políticas de comunicación, medios y TIC.
«Hay que distinguir y definir los alcances de la noción de servicio público, servicio público esencial estratégico en competencia y diferenciarlas de las nociones de servicio de interés público y servicio universal”, dice Califano.
Califano agrega: “El DNU 690 establece que la telefonía móvil va a ser considerada un servicio público. Me parece que la reglamentación del decreto debería avanzar en clarificar qué significan todos estos conceptos y qué implicancias tienen. Hay que distinguir y definir los alcances de la noción de servicio público, servicio público esencial estratégico en competencia y diferenciarlas de las nociones de servicio de interés público y servicio universal”.
Por otro lado, la investigadora CONICET plantea que es fundamental que se implementen regulaciones asimétricas. Es decir, “medidas que tengan en cuenta que en el mercado de servicios de TIC existen distintos tipos de prestadores. Tendría que haber medidas diferenciadas según tipo de actores, según su tamaño, si son prestadores monopólicos únicos en determinadas localidades o si son muchos prestadores. Solo así se podrán generar condiciones de mayor competencia en el mercado”, dice.
En este punto coincide Ariel Graizer y menciona la regulación que se implementó en Brasil durante el gobierno de Lula da Silva: “Hoy en Brasil hay 15 mil operadores que dan servicio y nadie tiene más del 1% del mercado. Y eso fue por una buena regulación que promovió el desarrollo de PyMEs tirando fibra óptica en las localidades más pequeñas. Cosas como esas estamos pidiendo que hagan en la Argentina”.
“Hoy en Brasil hay 15 mil operadores que dan servicio y nadie tiene más del 1% del mercado», ejemplica Graizer.
Para Ricardo Porto, lo más importante para llevar a cabo la reglamentación del decreto es una amplia participación de los distintos sectores. “Lo primero que debería hacer ENACOM es convocar a todos los actores. Y no me parece que esto sea un formalismo, sino que va a compensar lo que es un DNU, que tiene un menor grado de debate. Si bien es cierto que lo aprobó la Comisión Bicameral y lo ratificó el Senado, con lo cual le da una fuerza legislativa importante, de todas formas no es el debate que tiene una ley. Y la convocatoria también debería incluir a los usuarios”, reflexiona el secretario del Senado.
En la sanción de este decreto también se ve involucrada la televisión paga, porque pasó a ser considerada un servicio TIC a partir del año 2015. “El decreto 267 consideró que los cable operadores no eran más servicios de comunicación audiovisual, sino servicios de TIC; a mi modo de ver, equivocada e inconsultamente. Ahora la consecuencia es esta: al declarar los servicios de TIC como servicio público, los cable operadores están así considerados”, explica Porto.
Al respecto, Bernadette Califano considera que “hay que restablecer cierto tipo de regulación por servicio y no únicamente por soporte de transmisión. La TV por cable no es solamente un servicio de transmisión porque emite contenidos culturales, simbólicos, que influyen sobre la construcción de identidades y sobre la idiosincrasia de las personas, como todo servicio audiovisual. Creo que la reglamentación tiene que avanzar también en ese sentido”.
«La reglamentación debería definir lo que son las tarifas sociales para internet, telefonía móvil y TV paga”, dice Califano.
Y la investigadora también considera que la regulación del decreto debería “definir lo que son las tarifas sociales para internet, telefonía móvil y TV paga”. Por el contrario, el presidente de CABASE dice que el Estado ya tiene una herramienta para resolver esas cuestiones: la definición de servicio universal. “Es un servicio que presta el Estado para que se garantice a toda la población la universalidad del acceso. Aquellos que tengan algún tipo de desventaja o imposibilidad de acceder, el Estado se los garantiza con un fondo: subsidia al abonado para que pueda pagar o subsidia a la empresa para que dé el servicio de forma gratuita, o construyan infraestructura para llegar a esas regiones donde no es rentable llegar”, comenta Ariel Graizer.
“Esa herramienta está desde siempre, todos los países del mundo lo tienen. Todos los operadores de telecomunicaciones de este país aportan el 1% de su facturación para ese fondo y el Estado debería haber hecho primero eso. Después podemos acordar, que es el camino que planteamos nosotros, en hacer un abono social. Pero no a partir de un DNU de prepo, sino en una reglamentación que favorezca el desarrollo”, concluye Graizer.
El DNU 690 fue aprobado por el Senado el 4 de septiembre, con 41 votos a favor y 26 en contra. Queda ahora pendiente una adecuada reglamentación que permita discernir los términos presentados en el decreto y calmar las preocupaciones del sector privado y los usuarios.
