Dic 2, 2020 | Culturas, Novedades
El tango, en pleno siglo XXI, está más vivo que nunca. Desde hace 25 años, la movida tanguera argentina es un espacio en permanente expansión, repleto de nuevos músicos, intérpretes y compositores. Cantores y cantoras que revitalizan al género con sus voces e instrumentaciones. Orquestas que no le temen a la experimentación, tanto en la música como en las letras de sus nuevas canciones. Es marcada la incorporación de una lírica referida a la ciudad y un lenguaje completamente nuevos pero sin llegar a desvincularse del tango tradicional, con raíz lunfarda, con capacidad para decir cosas de la actualidad pero sin forzar ni la contemporaneidad ni lo histórico.
La lírica clásica del tango, bastante más nítida, hoy es actualizada en un registro más oscuro y con problemáticas abiertas que pueden hablar incluso de derechos humanos o de lo urbano como algo alienante.
Según el filósofo, ensayista y músico Gustavo Varela, “el tango actual tiene idas y vueltas. Tiene una vocación de salir hacia adelante que viene de los años 90, marcados por el cosmopolitismo. En ese universo de reunión, aparece como una novedad y a partir de ahí empieza a desplegarse un tango que es nuevo y un tango viejo pero está interpretado por los nuevos. Así se abrió una buena puerta para el género que posibilitó la aparición de figuras importantes, como Lidia Borda, el Chino Laborde o el Negro Falótico, y después hay orquestas muy buenas que traen una novedad musical inédita”.
Diego De Charras, guitarrista de La Trifulca, profesor y exdirector de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA) plantea: “No hay tantos relatos de historias que empiezan y terminan en una canción como había en el tango clásico. Hoy, las letras son un poco más oníricas y cercanas a las letras de rock, más compuestas sobre la base de imágenes y puesta en escena que, necesariamente, de relatos de una narrativa lineal de acciones”.
¿Qué es lo que atrae a tantos jóvenes al tango desde los 2000 hasta acá? De acuerdo a Julián Peralta, pianista y compositor y uno de los principales referentes del tango contemporáneo, ex Orquesta Fernández Fierro y actual director de Astillero, “lo que sucedió es que en los 90 aquello que se suponía que era lo que teníamos que escuchar, el rock, fue perdiendo su rol contestatario y parte de mi generación lo notó y optó por otras alternativas musicales como manera de plantarse ante la vida. En mi caso particular se dio con el tango”.
Por supuesto, hay experimentaciones. tangos de ruptura, orquestas con búsquedas musicales que se distancian del tango tradicional, no solo porque no tocan tangos clásicos sino, también, porque su composición se distancia de ellos en lo que respecta a estructura musical y rítmica. En este punto se puede ubicar a Astillero, La Orquesta Julián Peralta o a Alto Bondi. También distintas formaciones de voces, letras y composiciones que pueden ser con guitarras o con otros tipos de instrumentos en donde se plasma una nueva búsqueda de la canción tanguera, letras humorísticas o políticas que juegan con temáticas que no son clásicas del tango.
Por ejemplo, el Quinteto Negro La Boca elabora las letras de aguda crítica social, intencionadamente, política y metafórica pero siempre girando en lo social, llegando incluso a musicalizar textos de Osvaldo Bayer o mixturando su música con la de grupos y solistas de otros géneros. También, en artistas como China Cruel o Marisa Vázquez, se puede oír una disposición feminista en sus letras. En este sentido, en los últimos años, también tuvo lugar una impugnación a tangos clásicos. “Hay muchos tangos que se han dejado de cantar, por ejemplo ´Tortazos´ o ´Cuando me entrés a fallar´. Podríamos hacer una larga lista de tangos clásicos que ya, prácticamente, no se cantan más por su fuerte contenido machista”, cuenta De Charras.
En cuanto al acceso efectivo de las mujeres en el ámbito del tango, la cantora y compositora Vicky Di Raimondo considera que “el ambiente del tango no es más machista que una oficina o que un grupo de rock. Pero creo que eso ya cambió y no hay vuelta atrás. Yo no quisiera que hubiera que sacar una ley para que las mujeres tuvieran participación equitativa en festivales pero entiendo que esas discusiones son necesarias. La Ley de Cupo Femenino en los festivales vino a equilibrar”. La cantora agrega: “No creo que el creciente acercamiento de las chicas al tango tenga que ver con que ha dejado de ser machista sino con que, desde unos años a esta parte, hay un acercamiento a la música popular en general. Hoy podés ver orquestas que tienen igual cantidad de hombres que de mujeres. Incluso, Altertango que es un proyecto en el que estuve muchos años, estaba liderado por dos mujeres. Hace unos años no era tan común”.
A pesar de todo lo que se señala, aún existe un imaginario social que relaciona al tango con un género representativo de épocas pasadas. Eso genera que a muchos de los protagonistas de hoy no se los aprecie en su justa medida. Como reflexiona el cantor y compositor Alfredo Tape Rubín: “Todo depende de dónde te pares: si para vos el tango terminó en 1950, todo lo demás te va a parecer de baja calidad. Pero, aunque hay oportunistas, hay gente que trabaja muy bien, con mucha honestidad. Al tanguero tradicional el oportunismo y lo que no suena bien no le gusta porque en el tango tradicional, hasta 1950 o 60, hubo una alta calidad interpretativa”. El artista explica: “Las condiciones de trabajo actuales nos hacen más difícil mantener en ese nivel la calidad interpretativa. Esto se debe a que se han naturalizado ciertas maneras de trabajar, en las cuales los músicos, aunque hagan bien lo suyo, no ganen guita”.
¿Y cuál es el público del tango de hoy? Según De Charras “hay un público joven que viene siguiendo a las orquestas y ese es uno de los rasgos más interesantes, porque es un público que no consume exclusivamente tango, es un público que generalmente consume rock y tango.”
En este punto, Pablo Bernaba, bandoneonista, director y compositor del Quinteto Negro La Boca, detalla: “El público es muy heterogéneo. Lamentablemente, la cantidad de público no es acorde a la cantidad de producción que hay. A veces hay más músicos que gente. Romper con el estigma de que ‘el tango es cosa de viejos’, es una batalla que esta nueva generación del tango viene dando hace 20 años. Algo que se está dando pero que en la sociedad no se leyó mayoritariamente.”
En ese sentido, el músico señala: “El tango en la actualidad es un género under, por eso, marco la similitud con el punk. Tenemos que ver más con eso que con la estética de los locales de tango for export o lo que propone Tinelli”.
Otro de los problemas que se evidencia es el de la falta de difusión en medios masivos, como señala Julián Peralta: “Hay páginas en Internet que tienen sus programas de radio pero todo es muy under en estos momentos. A mí me gustaría que hubiera formas de comunicación masiva pero en los medios no hay esa búsqueda de difundir cultura”. Ni siquiera en la principal FM del tango, La 2×4 (92.7 MHz), el tango actual puede romper el cerco para alcanzar la masividad. Al respecto, el cantor y compositor Juan Pablo Serén cuenta que en este contexto de pandemia: “[A la 2×4] le acercamos la propuesta de cubrir material de tango nuevo porque eso implicaba un ingreso para los artistas por SADAIC, y nos dijeron que la línea artística de la radio tiene que ver con el tango clásico y lo nuevo va recién en la trasnoche. En nuestro caso, el material está disponible en todas las redes sociales para quien está en la búsqueda”.
Como sea, el tango sigue siendo esa música que nos define como ninguna otra y es, al decir de Peralta, “una música sincera y profunda, un lenguaje que nos puede representar como ninguno. De la primera a la última nota habla, claramente, de nosotros. Me parece una música súper potente e interesante para indagarnos. Es increíble que un género popular tenga esa profundidad”.
Y, se puede agregar, que esté tan vivo, latiendo en cada compás del bandoneón o el tañido de las guitarras y en las gargantas de sus cantores y cantoras. A pesar de los siglos, nos sigue esperando en los arrabales oscuros de los paisajes urbanos. Estemos atentos para redescubrirlo.
Dic 2, 2020 | Novedades, Trabajo
Trabajadores de la Pizzería 1893.
Delivery, mesas en la calle, terrazas y salones a un cuarto de su capacidad. Desde el 20 de marzo hasta hoy, la Ciudad de Buenos Aires fue variando los protocolos de aislamiento y los restaurantes debieron adaptarse. También aquellos autogestionados por sus trabajadores, organizados en forma de cooperativa. Algunos pudieron sacar provecho de la situación, expandieron sus horizontes de reparto y hasta modificaron la carta. En otros casos, todavía no volvieron siquiera a un ritmo mínimo de facturación que les garantice las subsistencia.
De acuerdo con el último registro nacional de empresas recuperadas que se realizó este año, hay 13 locales gastronómicos en CABA que se encuentran bajo la gestión de sus trabajadores. Representan el 17% de las cooperativas de la ciudad. Una de ellas fue incorporada hace pocos meses al informe: la pizzería 1893, ubicada en Villa Crespo, que fue la primera (y única) empresa del rubro gastronómico que se recuperó durante la cuarentena.
Como si comenzar un proceso de rescate del lugar de trabajo no fuera lo suficientemente difícil, quienes solían ser empleados de 1893 tuvieron que sumarle un contexto de pandemia y aislamiento. “No es solo la rareza de vivir en cuarentena, sino también cambió toda nuestra forma de trabajo y todos los problemas que trajo el vínculo con el ex empleador”, comenta Ernesto De Arco, que solía ser camarero pero tuvo que incorporar tareas de reparto a domicilio durante algunos meses.
Actualmente trabajan con envíos, mesas en la vereda y algunas adentro. “Por suerte teníamos una buena clientela, la pizzería siempre trabajo bien. Lo que hicimos fue reforzar el delivery: antes hacíamos un radio de diez cuadras y ahora nos extendimos muchísimo, como 50. Vamos en auto, en moto, en bicicleta, lo que sea”, agrega De Arco.
Pero una vez que el Gobierno de la Ciudad habilitó el 25% de ocupación de los salones para comer, aparecieron algunos problemas: “Nos dimos cuenta de que la gente no tiene una buena costumbre. Tuvimos que poner carteles por todos lados porque se levantan y van al baño sin barbijo, nos hablan en la cara sin tapabocas y nos ponen en riesgo constantemente. Sentimos que no les importa la gente que está trabajando. Queremos tener cuidado porque si nos contagiamos vamos a tener que dejar de trabajar y sería bastante difícil en este momento”, comenta el trabajador de 1893.
Lalo de Buenos Aires, la cooperativa gastronómica que funciona en el complejo del Paseo la Plaza.
No todas las cooperativas de gastronómicos tienen la misma suerte. Lalo de Buenos Aires funciona administrado por sus trabajadores desde el año 2014 pero desde el 20 de marzo no pudo abrir sus puertas hasta fines de noviembre: «Con la pandemia tuvimos que cerrar. Estuvimos en el local arreglando cosas, pintando, remodelando. Tenemos un patio pero no pudimos ni hacer delivery porque si lo hacíamos teníamos que pagar el alquiler al complejo La Plaza. Lo mismo si habilitábamos la vereda. Así que recién hace 11 días, que se pudo usar el salón también, abrimos”, explica Rafael Heredia, secretario de la cooperativa.
¿Cómo resistieron durante la etapa en la que estaba prohibido abrir el salón? «Éramos 18 en la cooperativa y quedamos ocho. Muchos se bajaron porque esto es a pulmón, hay que poner mucha voluntad. La mano viene mal, muy lento. La noche está muerta, no hay gente. Al mediodía se ve un poco más de gente. Estamos en zona de Tribunales, que atienden sólo por turno, igual que los bancos. Eso quitó mucho movimiento. Bajó mucho, no sé si llegamos a hacer un 30% de lo que trabajábamos antes. Está complicado pero lo importante es que se logró abrir y de a poquito vamos a salir adelante», confía Heredia.
Lalo de Buenos Aires está localizado en Montevideo al 300, dentro del complejo teatral Paseo La Plaza. El reciente regreso de algunas funciones del teatro en vivo, con protocolos autorizados, fue lo que permitió que los trabajadores volvieran a reabrir el local. Claro que la situación es muy complicada. «Los teatros abrieron con el 30% de capacidad y una sola función, se achicó un montón. La noche es mortal, no hay nadie. A las diez ya no queda nada. Los fines de semana hay algo más de movimiento”, dice Heredia.
La pizza a la parrilla de 1893 se hizo famosa en Buenos Aires.
Otra empresa autogestionada es Los Cabritos, una parrilla de la zona de Mataderos. Lleva cinco años funcionando con esta modalidad y en el año 2018 apareció en el top ten de mejores parrillas porteñas. Su fuerte es el asador criollo pero en este contexto tuvieron que prescindir de él. “El delivery tiene una particularidad: el trabajo se comprime en un par de horas, no es como el salón que es más largo en el tiempo”, explica Jorge Jaian, que se ocupaba de la atención en el frente pero ahora se convirtió en telefonista tomando pedidos. “Tuvimos que reducir la carta para evitar desperdicios. Hicimos platos del día, económicos. Se volvió necesario porque todos estamos más complicados con los ingresos entonces tiene que ser una oferta tentadora”, agrega.
Aunque no parezca, destinar la mayor parte del servicio al envío a domicilio puede ser una tarea difícil. En el caso de Los Cabritos, su diferencial estaba en la atención en el salón, la calidez del contacto con los mozos de siempre, el ambiente tradicional y el asador a la vista. “Un montón de negocios se dedican al delivery y la competencia se hace difícil”, señala Jaian. Y en cuanto a los protocolos para atender en el lugar, explica: “Iniciamos el trámite de habilitación para sacar las mesas a la calle pero no está siendo tan rápido. En la semana está medio tranquilo, la gente todavía no esta tan dispuesta a salir. Tenemos un público de una edad media para arriba, no es juvenil. Y eso también influye porque son personas de riesgo. No es una cervecería que se maneja con jóvenes”.
Alé Alé es un caso paradigmático de las cooperativas gastronómicas en el país. Formaba parte de un grupo de restaurantes que pertenecían a OJA, junto a cinco locales más. Todos fueron vaciados por los empresarios a cargo y algunos encontraron su propio camino hacia la autogestión, a lo largo del 2012. Hoy, con pandemia incluida, se mantienen en pie.
“Desde el momento en que arrancó todo, en marzo, la decisión fue no atrasarnos con lo que respecta a servicios, impuestos y alquileres. Nos pusimos renovar la pintura, arreglamos baños, cambiamos la cerámica; compramos los materiales y lo hicimos nosotros. Hay cosas que no podemos hacer cuando el local está funcionando, entonces aprovechamos y usamos el dinero que teníamos guardado. Somos de ahorrar por cualquier cosa que pueda pasar y fue de mucha ayuda”, explica Andrés Toledo, presidente de la cooperativa Alé Alé.
Actualmente funcionan con mesas en la calle, en la terraza y el salón interno con distanciamiento, lo que da un total de casi 300 cubiertos (sin contar el delivery). “Ya se está acomodando todo y es otro aire, no es lo mismo que tres meses atrás”, dice Toledo. Y respecto a las normativas para poder funcionar, comenta: “Siempre respetamos bien los protocolos. Todas las personas que vienen se van muy contentos porque ven una responsabilidad nuestra en cuanto al distanciamiento de mesas. Nos terminan felicitando por cómo nos estamos manejando. De parte de la clientela hemos notado un comportamiento muy bueno. Fueron bastante fundamentales, sin ellos no hubiéramos resistido”.
Lalo de Buenos Aires pudo reabrir recién cuando finalizó el aislamiento obligatorio.
Andrés Toledo se mantiene en contacto con otros locales que funcionan con la misma modalidad: “Tengo contacto con todos, no le fue bien a nadie. Tendrían que haber priorizado no atrasarse con los pagos y no lo hicieron. Creo que cometieron un error. Dejaron caer el motor de todos que es la cooperativa. A algunos ya les pidieron el local y les dijeron que no renuevan el contrato”.
“Ahora estoy participando en el conflicto de Rodizio de Costanera, a ver si lo podemos transformar en cooperativa, si quieren los trabajadores”, agrega. Muchas veces recurren a él y sus compañeros cuando detectan un conflicto latente con los dueños. Así fue el caso de la pizzería 1893 a comienzos de la cuarentena. Y de la misma forma, cuando Alé Alé necesitó ayuda en el año 2012, recurrió a los trabajadores del Bauen, otro hito de las empresas recuperadas en el país que a principios de octubre anunció que ya no seguirían adelante con sus actividades en el tradicional edificio de la Avenida Callao. La pandemia y una larga lucha por adquirir la propiedad desembocaron en un final triste, tanto para el hotel como para el restaurant que manejaba la cooperativa.
Dic 1, 2020 | Comunidad, Novedades
Intervención en el Congreso de la Nación en la víspera del Día Mundial del VIH.
El Covid-19 pone en jaque el sistema de salud a nivel mundial. Las recomendaciones de los expertos y del Estado señalan la importancia de quedarse en casa para evitar la propagación del virus y el posterior colapso de las guardias médicas. En este contexto, evitar concurrir a establecimientos de salud es visto por algunos como una medida de prevención frente al temor al contagio. Ante ese panorama, ¿qué sucedió con el VIH en Argentina y con quienes lo atraviesan?
Natalia Haag, Directora Nacional en Prevención y Testeo de la ONG AHF Argentina, comenta: “Las personas con VIH redujeron las visitas, tanto por el miedo a la Covid-19 como también por la suspensión o reprogramación de turnos o consultas y por la falta de transporte público para acercarse a los establecimientos”. En este sentido, Romina Cavallo, abogada y coordinadora del Área de Atención Directa de Fundación Huésped señala: “Si es para hacer el seguimiento de tratamiento crónico hay que tener en cuenta que en general las personas con VIH tienen que ir al médico cada 6 meses para hacerse los análisis de rutina y saber si está todo bien. Si tienen la posibilidad de que le den las recetas por tres meses no hace falta que vaya con frecuencia al médico”.
Según la investigación elaborada por la Asociación Ciclo Positivo, el 75% de las personas con VIH encuestadas dijo haber necesitado realizar una consulta médica relativa a esta afección durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. De ese número, el 18% señaló que le cancelaron el turno (en su mayoría, personas con cobertura pública o por obra social) y el 8% acudió a una consulta programada previamente sin que finalmente fueran atendidos. “Es fundamental para las personas con VIH que puedan tener el seguimiento adecuado y una buena adherencia al tratamiento antirretroviral (TARV). Por esto hay que buscar los mecanismos para que la atención sea constante y de calidad”, advierte Haag.
Desde Ciclo Positivo resaltan la importancia de la disponibilidad del TARV, para que los pacientes de VIH conserven las defensas altas y la carga viral indetectable, ya que esto es indispensable para no tener mayores probabilidades de tener complicaciones de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el mayor uso de este tratamiento ha dado lugar a un claro descenso en la mortalidad por el virus. Desde que se alcanzó en 2004, el máximo número de fallecimientos por la enfermedad se ha reducido en un 42% y se han salvado cerca de 7,8 millones de vidas en los últimos 15 años. Además, desde el cambio de siglo ha disminuido en un 35% el número de nuevos infectados.
Según la mirada de Romina Cavallo, de Fundación Huésped, los tratamientos “en general” se pudieron llevar con normalidad y que las consultas que reciben en la ONG en relación con el retraso de las entregas de medicación no son mayores a las que venían sucediendo los años anteriores.
Por su parte, las distintas organizaciones de todo el país que conforman el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH desde agosto de 2019 vienen denunciando la falta de reactivos para el análisis de seguimiento CD4 y la carga viral. “Siguen faltando los testeos, todavía sigue habiendo faltante de tratamientos, aunque no a los niveles que hemos llegado en años anteriores”, señala Lucas Gutiérrez, activista parte de Ciclo Positivo.
José Maria Di Bello, Presidente de Gep, Asociación Ciclo Positivo, Claudio Mariani y María Sanchez de Positivos La Matanza.
Por su lado, Haag profundiza: “También hay faltante generalizada de preservativos. Con respecto a los test de VIH, muchos centros de testeo estuvieron cerrados o abocándose a la Covid-19, por lo que no hubo un ofrecimiento constante o se dificultaba acceder a los laboratorios para realizarse el mismo.”
Romina Cavallo cuenta que debido a la pandemia muchos de los centros de testeos estaban cerrados o disponibles en horarios específicos y que recién ahora se está regularizando la atención. Además, señala que cuando hay escasez de reactivos ya sea para detectar VIH o para hacer análisis de carga viral se le da prioridad a las personas que estaban iniciando tratamiento, con cambio de esquema o a personas embarazadas. Si bien hubo restricciones en cuanto a carga viral y CD4, que son los análisis de rutina que se hacen, no las hubo en cuanto a la medicación.
“Los preservativos, teniendo en cuenta que muchos lugares estaban cerrados o no disponibles para ir en cualquier momento también presentaron faltantes. La verdad es que venimos con muchísimos casos de diagnósticos positivos recientes y muchos pedidos de profilaxis post exposición, esto se da cuando tuviste una situación de riesgo y necesitas la medicación antirretroviral que se la toma durante 28 días para no adquirir el virus. Está habiendo bastantes problemas con esto también”, suma Romina.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina actualmente 122 mil personas viven con VIH y el 30% de ellas no lo sabe.
Es importante mencionar que la provisión de estos insumos es responsabilidad del Estado nacional conforme a la Ley de Sida y al fallo Asociación Benghalensis de la Corte Suprema de Justicia del año 2000.
“Lo que valoro es la predisposición desde el Estado siempre al diálogo. Se presentó el proyecto de Ley VIH, que fue ignorado por la gestión anterior hasta perder el estado parlamentario. Hoy, mi postura frente a como está respondiendo el Estado es de espera y de demanda, sobre todo porque nos han recibido y hemos tenido charlas. Imagínate que antes teníamos que cortar la Avenida 9 de Julio para que nos reciban, ahora directamente nos llaman, tenemos comunicación. Todo esto lo analizo en medio de una pandemia, pero nuestra salud no puede esperar”, señala Gutiérrez.
“Argentina es uno de los países con mayores derechos para las personas con VIH. Es importante no mermar los esfuerzos para seguir manteniéndolos garantizados. Mucho hablamos de la sindemia, es decir, la convivencia de dos pandemias al mismo tiempo, por lo que no deben abandonarse las políticas públicas con relación al VIH por la Covid-19”, finaliza Haag.
Del proyecto de ley mencionado por Gutiérrez, que se presentó el 26 de octubre, cabe destacar que a diferencia de la ley vigente sancionada en 1990 que tenía una perspectiva biomédica, esta tiene un enfoque de género y de derechos humanos. Tiene como propósitos prohibir los test de VIH en el preocupacional, impulsar la producción pública de medicamentos, dar una protección especial a quienes nacieron con VIH y la cero discriminación a las personas con VIH, Hepattis, TBC e ITS con la creación del Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación en la órbita del INADI, entre otros puntos importantes.
Nov 25, 2020 | Comunidad, Novedades
Hace 10 años la Cámara de Senadores aprobó una norma que prometía un gran avance en la salud mental argentina. Con 47 votos a favor, una abstención y ninguno en contra, la Ley Nacional de Salud Mental se sancionó luego de una insistente y larga lucha por los derechos de las personas que se encuentran internadas en hospitales neuropsiquiátricos. Aun así, celebrada por profesionales, la Ley 26.657 sigue sin cumplir algunos de sus puntos más importantes una década después de entrada en vigencia.
“Nos encontramos a mitad de camino entre lo que la ley proponía y lo que se ha logrado”, comenta Silvia Raggi, Secretaria General de la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM). “Parecía que 10 años era un lapso más que suficiente para alcanzar los objetivos de la legislación pero el camino no fue ni es fácil”. Uno de los puntos conflictivos es el cierre total y prohibición de nuevas aperturas de hospitales monovalentes, aquellos utilizados con el único fin de internar a personas con padecimiento mental.
Según el Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018, el 2020 debería ser el año límite para ponerle fin a estas instituciones y generar otro tipo de integración de los pacientes. Si bien es un logro que no se abrieran nuevos hospitales psiquiátricos, a un mes de la fecha tope para terminar con el sistema manicomial, su eliminación total parece no ser algo posible a corto plazo.
“Nos encontramos a mitad de camino entre lo que la ley proponía y lo que se ha logrado”, comenta Silvia Raggi.
Al respecto, Celeste Fernández, Coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostiene que “hoy la única respuesta que el Estado le da a las personas con discapacidad psicosocial es el encierro en el psiquiátrico, porque los hospitales generales rechazan las internaciones, no dan servicio, algunos no tienen ni siquiera salas de internación, y por otro lado los dispositivos comunitarios no están creados”. Si bien la ley promueve la externación, es posible tomarla como última medida cuando el paciente o terceros corren riesgo inminente. “Una vez que cesa este estado de crisis, la persona tiene que salir, y siempre esas internaciones deben ser en hospitales generales”, dice Fernández.
Según el Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental realizado en 2019 por la entonces Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, son 12.035 las personas internadas actualmente en 162 instituciones monovalentes, de las cuales 41 de ellas son públicas. Por otro lado, el censo informó que solo 34,1% de las personas internadas no recibe visitas y que solo el 41,6% puede hacer llamadas telefónicas.
Silva Maltz es psicóloga clínica y profesional de planta del Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Afirma que con la exigencia de los protocolos sanitarios de la cuarentena se reforzó el doble encierro debido a la imposibilidad de que las mujeres internadas se conecten con sus allegados y reciban visitas: “Tuvimos muchos problemas para que ellas puedan comunicarse con sus familiares, no todas las mujeres tienen celular”. Para prevenir contagios por coronavirus, el equipo de profesionales del hospital es testeado cada 15 días, pero en el caso de las pacientes se les impide hacer salidas al exterior y pasar mucho tiempo en el patio de la institución.
“Hoy la única respuesta que el Estado le da a las personas con discapacidad psicosocial es el encierro», dice Fernández.
Otro de los puntos importantes que manifiesta la ley es la integración de los pacientes internados a través de casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, y emprendimientos sociales. “Radio Desate” es un ciclo de microprogramas radiales, mediante el cual las mujeres que se encuentran internadas en el Hospital Moyano pueden participar de una actividad grupal. “Es un espacio que hemos creado con un sentido que es poder, por un lado, mitigar tantos prejuicios en relación a la salud mental, y por el otro que se conozca esta problemática a partir de mujeres que piensan, que sienten, que crean, que tienen criterio, con sensibilidad social, preocupadas por las cuestiones cotidianas, la problemática de género, los derechos humanos y la salud mental”, explica Maltz, creadora del proyecto.
Pero sin duda, la falta más grave de la ley se da en relación a la vulneración de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Abusos sexuales, maltrato físico y psicológico, falta de higiene y hacinamiento, salas de aislamiento, el uso de terapias de electroshock que aún se da en algunas instituciones y el sometimiento a la medicación como castigo son algunos de los agravios que los pacientes viven en el encierro. A esto se le suma la desconexión con el mundo exterior, la falta de comunicación e integración social de un sistema que no protege completamente a la gente que asiste. “La violación de derechos está en que una persona viva aislada de la comunidad”, asegura Fernández.
Aun así, la Ley Nacional de Salud Mental ha avanzado en la implementación de algunos de sus artículos. Uno de estos progresos fue la creación de la Unidad de Letrados, un grupo de abogados que trabaja en los hospitales psiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene como objetivo proporcionar defensa y asistencia gratuita a mayores de edad internados sin su consentimiento. Asimismo, se formó el Órgano de Revisión, encargado de monitorear el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental. Actualmente, 12 provincias cuentan con órganos similares. Pero sobre todo, hacer de la salud mental y los derechos humanos de las personas internadas un tema de agenda fue uno de los avances más importantes de la ley.
«Entre otras cosas, falta la aplicación del 10% del presupuesto de Salud en Salud Mental», subraya Raggi.
“Aún queda mucho por hacer -explica Raggi-, falta la reconversión de muchos hospitales monovalentes, la aplicación del 10% del presupuesto de Salud en Salud Mental, falta la creación de mayores dispositivos de medio camino, la creación de salas de internación de salud mental en los hospitales generales, todo lo que para este año 2020 ya tendría que haber existido”. Entre las propuestas que exigen las diferentes asociaciones civiles se encuentra la necesidad de producir información transparente sobre las personas internadas, el fortalecimiento del primer nivel de atención, la garantía de tratamientos ambulatorios y el acceso a la medicación. Por ello, la inclusión de las personas con discapacidad psicosocial significa generar mayor inversión en políticas de salud y de vivienda. Además, se busca permitir su participación en la política pública para terminar con las estigmatizaciones y permitir su integración a la comunidad como sujetos de derecho que opinan y necesitan ser escuchados.
Nov 25, 2020 | Comunidad, Novedades
Como dijo recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tiene un sistema bimonetario: en él es el dólar y no el peso el que funciona como reserva de valor. Para evitar la licuación de las reservas nacionales en esa moneda, el gobierno restringió su acceso. Por eso, algunos ciudadanos se preguntan maneras simples de preservar o aumentar el valor de sus ahorros. Es entonces que surge con más fuerza una alternativa que algunos ven como revolucionaria: las criptomonedas. ¿Qué tiene este medio digital que es considerado como una reserva de valor? ¿Qué debemos saber de este sistema antes de usarlo?
Las restricciones en medio de la pandemia precipitaron a los ciudadanos a la digitalización de todo tipo de actividades. Entre estas, se cuentan nuevas formas de transacción, inversión y reserva. En este contexto, la ONG Bitcoin Argentina, una Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados, organiza habitualmente charlas de información para fomentar el conocimiento y adopción asociadas a las criptomonedas y blockchain.
Si bien son muchas las criptomonedas que existen, el bitcoin es la más reconocida por ser la primera. Su modelo surgió en 2008 a partir de un personaje mítico, Satoshi Nakamoto, quien firmó el mail que echó a rodar esta moneda; pero hasta el momento se desconoce si se trata de una persona o grupo de personas. Luego de un inicio restringido a especialistas, su funcionamiento descentralizado fue mejorado por programadores para optimizar su funcionamiento. Esta moneda, que no consta de soportes físicos, es aceptada como medio de transacción en muchos países. Sin embargo, la particularidad de bitcoin es que no le pertenece a ningún país o gobierno, utiliza una licencia libre sostenida y es sostenida por los propios usuarios.
Según explica el presidente de la ONG, Rodolfo Andragnes: «Es la moneda más descentralizada de todas las criptomonedas que existen y la que más ha demostrado mantenerse fiel a su propuesta inicial sobre el modelo de emisión». Por ello, las bitcoin se basan principalmente en la confianza que genera un control distribuido entre pares. Otra de sus características es que cualquiera puede utilizarla sin necesidad de registrarse. Para utilizarla alcanza con una billetera virtual que se instala en algún dispositivo. Desde allí se realizan y registran las transacciones; una de las ventajas es el poco tiempo que lleva la acreditación de transferencias.
El referente de la comunidad asegura que en este sistema: «Sos realmente dueño de tu dinero”. Nadie puede tocar ese dinero ya que no hay ningún banco como intermediario de las operaciones; esta misma descentralización impide revertir una transacción realizada.
Andragnes resalta: «La mejor inversión es entender cómo funciona y saber cuidar el dinero; ya que no existe forma de revertir la compraventa».
Aunque este sistema virtual ofrece respuestas a determinadas situaciones, para muchos especialistas su aplicación es realmente limitada y no genera confianza. Este año, economistas argentinos debatieron en el evento DescentralizAR 2020 sobre sus características y su funcionamiento. Una de las especialistas que participó y conversó con ANCCOM es Diana Montino, economista y profesora de la Universidad del CEMA. Respecto al bitcoin como moneda virtual, la profesional explica: «Una cosa es que sea billete o moneda y otra dinero, que tiene que ver con poder realizar transacciones. Desde mi punto de vista puede tener ciertas características similares a las monedas pero en realidad es un instrumento financiero”.
El principal problema de bitcoin radica en la altísima volatilidad de su cotización, algo que la vincula a movimientos especulativos. El economista Agustín Etchebarne coincide con Montino: “Yo también lo considero como un activo especulativo. Que suba y baje el precio no permite que haya estabilidad, por lo tanto, no se puede usar como unidad de cuenta y no se usa como medio de cambio”.
Respecto a la privacidad, bitcoin permite un seudoanonimato para los usuarios. La blockchain o cadena de bloques, es el sistema que registra todas las transacciones en diversos puntos de la red y las valida. Es decir que funciona como libro contable donde queda la dirección de envío y de recepción, el monto transferido, la comisión pagada, la fecha y hora en que se realizó la transacción y el bloque en el que fue incluida la transacción: lo que no queda es el nombre de la persona, su teléfono o correo electrónico. Esta característica para algunos especialistas tiene una contradicción: al ser una blockchain pública y transparente, si un usuario publica por otro medio que es dueño de una dirección en particular, todas sus transacciones se pueden rastrear en la cadena de bloques. Si nadie revela su identidad, bitcoin sirve, para muchos economistas, como herramienta para el lavado de dinero y transacciones ilegales.
A su vez, Mondino describe que la regulación por parte del Estado de esta criptomoneda es vista por la comunidad como invasiva: “El ente regulador funciona como un competidor de bitcoin ya que el objetivo del mismo es transformarse en una nueva moneda, en algo diferente”. Por ello, esta criptomoneda se muestra como una revolución de los sistemas económicos tradicionales.
Al mismo tiempo han surgido numerosas criptomonedas que compiten entre sí, por eso “la única forma de considerar al bitcoin moneda, además de su estabilidad, es que se conforme en un único patrón, sin la existencia de miles de criptomonedas», sostiene Mondino.
Esto nos lleva a pensar por qué las personas aceptan y creen que esta moneda electrónica tiene valor. “En el caso de los bitcoin, éstos son valiosos porque la gente está dispuesta a cambiarlos por bienes y servicios reales, e incluso por dinero real», explica la docente. Si bien no hay un valor de referencia (por su volatilidad), es un acuerdo de confianza entre personas que consideran y confían en el valor de cambio en una transacción.
Como vemos, tanto el funcionamiento de las bitcoin, como el rol del Estado en este sistema son tema de debate. Mientras unos ven al bitcoin como una gran innovación tecnológica y económica liberadora de las restricciones, otros lo consideran una inversión arriesgada, especulativa e inestable, además de una herramienta para actividades ilegales.
Nov 24, 2020 | Comunidad, Novedades
La gestión de la pandemia no pudo, en lo que va del año, amortiguar el aumento de la pobreza en nuestro país. Según el último informe del INDEC, correspondiente al primer semestre del 2020, aquella se ubicó en torno al 40, 9%, por lo que subió 5,5 puntos porcentuales respecto de igual período de 2019. La indigencia fue del 10,5%, así que se incrementó 2,6 puntos respecto del año anterior. Distintos especialistas explican debe y haber de las políticas públicas para contrarrestar la caída de los ingresos de la población, en particular de los sectores más vulnerables.
El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) en un análisis muy exhaustivo sobre los indicadores de pobreza y del mercado laboral, sostuvo que “el principal factor de evolución de la pobreza no es la caída del ingreso real de las personas ocupadas sino la pérdida de ingresos producto de la pérdida de empleo”.
En este sentido, Martín Hourest, economista e investigador, explica que el primer condicionamiento al que está atada la economía argentina es que el mercado de trabajo no tiene capacidad para incorporar a nuevos trabajadores. El segundo es la pobreza intergeneracional, los hijos que nacen y se crían en un contexto familiar muy vulnerable. “Hay una continuación y sostenimiento de la privación al ascenso social”, agrega. Una de las conclusiones que sugiere Hourest es que estos dos elementos mencionados no permiten perforar el piso de la pobreza estructural que arrastra nuestro país desde hace décadas.
Sergio De Piero, politólogo y director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), incorpora una visión socioeconómica sobre la pobreza estructural de la Argentina: “La instauración de un modelo pro mercado y basado la valoración financiera desde la dictadura militar, generó una sociedad donde inevitablemente un número importantes de sus habitantes vivirán en la pobreza”.
De Piero hace referencia a dos modelos de políticas públicas que trataron de hacer frente a la denominada “lucha contra la pobreza”. El primero es el que pone el foco en el “fortalecimiento individual” o el “emprendedurismo” y está basado en programas de asistencia que no atacan al problema de raíz y que, en paralelo, favorecen la concentración económica y el libre mercado.
El otro modelo al que De Piero apunta es el que implementó el kirchnerismo y el que está incorporando el actual gobierno: “Se plantea un escenario de articulación entre organizaciones territoriales, los tres niveles de gobierno, pero no pensando en una salida individual sino apoyando la dimensión comunitaria”. Los planes Trabajar, Jefes y Jefas de Hogar, la AUH, la Tarjeta Alimentar y el IFE de los últimos meses tienen el objetivo darle a las personas más vulnerables una herramienta para que puedan enfrentar las situaciones críticas de pobreza y asegurarles el acceso a los alimentos. Este modelo requiere, para su desarrollo, la suba de impuestos a los que más tienen y el fortalecimiento del mercado interno.
Por otra parte, el politólogo señala que deben abordarse los programas de ayuda social de manera unitaria y no segmentando al sujeto, a la familia y al barrio por separado. Por último, sugiere que es necesario seguir avanzando en una legislación y políticas que ayuden a la consolidación de una economía social, solidaria y popular que dé respuestas reales al problema de la pobreza.
Para Lorena Putero, economista especializada en economía social de la Universidad de General Sarmiento, las políticas sociales que otorga el Estado no deben transformarse en subsidios a la concentración económica porque el esfuerzo del Ejecutivo, y de todos los argentinos por ayudar a los que más lo necesitan, queda en ese caso en manos de los formadores de precios. “El control de los precios y la apertura de nuevas cadenas de comercialización – encuentro entre productores y consumidores- es una medida clave”, sentencia Putero en referencia a las estrategias que debe llevar adelante el gobierno para ralentizar el aumento de la pobreza.
Una de las cuestiones que faltaron reforzar, según Putero, para lograr una mayor redistribución de los ingresos, fue la compra de insumos hospitalarios a las cooperativas o pequeñas empresas textiles que fabrican barbijos u otro tipo de productos sanitario, en lugar de hacerlo a las grandes industrias que terminaban terciarizando ese servicio. Putero asegura que los sectores más vulnerables trabajan en ese tipo de emprendimientos y es ahí donde debe impulsarse la inversión estatal.
La economista muestra preocupación por las medidas como la quita del IFE a las personas que no perciben un ingreso fijo mensual. “La pandemia no terminó. Hoy no se puede salir a vender sándwiches de milanesa como se salía hace un año porque la gente no está en la calle como lo estaba hace un año”, explica. Para ella la clave para aminorar la evolución de la pobreza está en los programas de asistencia alimentaria que se ejecutan fruto de la articulación interministerial entre el Ministerio de Desarrollo Social y el de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Las políticas de subsidio social pueden darse con dos fines diferentes, se explaya, por su parte, Adriana Clemente, trabajadora social. El primer caso es para la subsistencia de las personas y el segundo es para la movilidad social ascendente. El gobierno actual no heredó un país en condiciones para afrontar una crisis sanitaria de tal envergadura, comenta Clemente, y por eso los programas de asistencia social fueron con el fin de garantizar el acceso a la alimentación.
Volviendo a la reflexión inicial, el aumento de la pobreza es consecuencia de la pérdida de empleo producto de una paralización económica en varios sectores de la economía popular, como lo son los informales y los cuentapropistas. OCEPP desglosa cuáles fueron las ramas más golpeadas por la pérdida de los puestos de trabajo: Hoteles y restaurantes, Comercio y Servicio Doméstico. Todas ramas de actividades caracterizadas por la elevada informalidad y precariedad laboral.
Pareciera que la pandemia desnudó los altos niveles de informalidad laboral que padece nuestro país desde el advenimiento del neoliberalismo. Los sectores de la economía popular son los que más padecieron los efectos del coronavirus al no tener ingresos estables.
A pesar de todos estos condicionantes, el sistema de salud estuvo a la altura y las coberturas monetarias pudieron dar respuesta a los requerimientos sociales que trajo la pandemia, sintetiza Clemente. Para ella, en comparación con otros países latinoamericanos, Argentina tuvo un buen manejo de sus recursos lo que la dejó mejor parada sanitariamente. “No hay ningún país que no haya aumentado la pobreza», finaliza.
