Dic 17, 2020 | Comunidad, Novedades
En 2009 fue noticia un llamado a licitación para una obra que favorecería a millones de argentinos: la construcción de la Autopista Presidente Perón. El trazado, que empezó a desarrollarse recién en 2011 y actualmente se está reactivando, tenía como objetivo expandir el Camino del Buen Ayre uniéndolo con Ruta 2. Según Vialidad Nacional, los beneficios serían varios: por un lado se optimizaría la circulación entre las zonas norte y sur del Gran Buenos Aires (GBA) al no tener que pasar por la Capital del país, mejorando las condiciones de circulación para más de 50.000 usuarios por día. Por otro lado, permitiría ahorrar una hora de viaje a las personas que viajan desde La Plata hasta Pilar o Morón, así como también el acceso al puerto de La Plata, por dar algunos ejemplos.
De la vereda de enfrente, donde se encuentran los barrios afectados por el mega proyecto, la situación es diferente: para ellos esto es una amenaza directa a su vivienda.
Solamente en el barrio de La Pradera, en Merlo, hay alrededor de 1300 viviendas afectadas por la traza. En muchas de ellas hay más de una familia. Ángel Insfrán se mudó a esta zona hace siete años y desde ese entonces escucha rumores acerca de la obra, pero entre los vecinos hay quienes afirman que hace más de veinte años que la situación es igual.
La realidad es que los estudios para llevar a cabo el proyecto comenzaron en 1990 y era mucho más ambicioso de lo que es hoy, ya que se pretendía construir un puente entre Buenos Aires y Colonia, Uruguay. Entre numerosos gobiernos y acuerdos que no prosperaron, la iniciativa se modificó dando como resultado esta obra que lleva 11 años de desarrollo.
El comedor Copa de Leche es una de las edificaciones afectadas por la ampliación del Camino del Buen Ayre.
El miedo de los vecinos se hizo realidad cuando un día les llegó una nota de Vialidad Nacional que les ofrecía un resarcimiento económico para abandonar sus viviendas: el problema estaba en que esa tasación no les alcanzaba para comprar otra casa. “Nosotros somos conscientes que no tenemos papeles pero con lo que nos dan conseguimos poco y nada, y si queremos algo mejor tenemos que volver a caer en el boleto de compra venta.” afirma Ángel, fundador del merendero «Copa de leche». Tanto él como las demás familias coinciden en algo: esta es la oportunidad para que el Estado les dé una respuesta que les permita, a ellos también, progresar. Con seguridad, Insfrán insiste en que aceptar lo que “ellos nos dan significa terminar en una toma o en otro boleto. No tenemos muchas maneras de conseguir una vivienda. Este es un negocio que existe y lo saben. Saben que están promoviendo esta inmobiliaria de los pobres”. Un panorama similar se presentó en Ezeiza donde desde julio los vecinos, también perjudicados, vienen realizando protestas por las expropiaciones.
Las historias que atraviesan al barrio de Merlo son muchas y variadas, algunas casas tuvieron dueños en algún momento pero con las diferentes generaciones se fueron perdiendo los papeles, otras pasaron de ocupación en ocupación. En la mayoría de los casos, el temor a la reactivación de la obra impidió que los ocupantes apostaran a invertir en las viviendas, y aquellos que se animaron, hoy intentan que se reconozcan las mejoras en la nueva tasación. Silvana Gutiérrez, una de las referentes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por Autopista del Oeste y afectada por la traza, explica que desde la agrupación se ha intentado mantener una postura de negociación con Vialidad Nacional, ya que en definitiva lo que buscan no es obstruir la obra sino que cada vecino pueda llegar a un acuerdo justo.
Sin embargo, “al ser una obra que hace tanto tiempo que está en desarrollo, los gobiernos van cambiando y también la gente de allí trabaja, entonces es difícil mantener acuerdos o negociaciones. Es un empezar de nuevo cada vez”, afirma Gutiérrez. Con la valoración de los inmuebles como principal problema, se abren dos cuestiones: por un lado, que la suma que se ofrece es en pesos y se percibe luego de 90 días aceptada la oferta de Vialidad Nacional, por lo que a la hora de adquirir una nueva propiedad no sólo la moneda argentina se desvaloriza sino que las cotizaciones se encuentran en dólares. Y por otro lado, si bien la situación dentro del barrio es dispar, en muchos casos las tasaciones que recibieron los vecinos se encuentran desactualizadas. Al respecto, Silvana cuenta que desde la Asamblea ya se comunicaron con el Tribunal de Tasaciones de la Nación para regularizar los números, pero aún no han recibido respuesta.
Desde Vialidad Nacional afirman que “cada proceso de expropiación es distinto dependiendo de cómo éste se desarrolle”, y que en el caso de que las personas expropiadas no acepten el convenio propuesto, “se inicia un proceso judicial a través del juzgado federal correspondiente a la jurisdicción del terreno a expropiar dado que, al ser declarada la propiedad de utilidad pública, no puede rechazar ser expropiado. En este caso, los tiempos pasan a estar en manos del sistema judicial”.
El proyecto, que tiene como fecha estimada de finalización 2021, ya tiene varios adeptos principalmente del sector inmobiliario que ve en él una gran oportunidad comercial. Tal como lo explica Esteban Edelsterin Pernice, director de Castex Propiedades para La Nación, “las áreas que más se van a valorizar son, seguramente, los puntos de unión con otras autopistas, como Merlo, Ezeiza y Presidente Perón.” Dado que pueden generarse polos de logística muy importantes. “De la misma manera, se generarán posibles conexiones entre residencias y zonas de trabajo, lo que puede fomentar un mejor desarrollo de diversas zonas” afirma.
Frente a la creciente especulación alrededor de la obra, los vecinos del barrio de Merlo se preguntan si alguna vez también les tocará a ellos hablar de progreso. Al contexto de crisis económica y emergencia sanitaria se suma un problema estructural para la argentina, una crisis habitacional donde los perjudicados son los mismos de siempre: los sectores más vulnerables.
Dic 16, 2020 | Novedades, Vidas políticas
En los últimos años las redes sociales han modificado aspectos de sus “políticas de uso” que suscitaron distintas controversias, como el rol editorial, la relación con Trump y el uso de algoritmos para fines no informados a los usuarios de las mismas. La autora de Trolls S. A, Mariana Moyano, analiza el impacto del uso de plataformas y aplicaciones en nuestra vida cotidiana. “Don’t be evil” (no seas malo), era el eslogan de Google hasta 2018, cuando lo borró de su historial.
El lunes 14 de diciembre el Colegio Electoral de Estados Unidos convalidó las elecciones y reafirmó la victoria de Joe Biden, a pesar de que el actual presidente Donald Trump insiste en calificar la votación como “fraudulenta” desde su cuenta de Twitter. Justamente esta plataforma viene marcando como “engañosos” varios de los tuits del mandatario estadounidense. En ese sentido, el debate sobre el rol editorial de las redes gana terreno.
En ese sentido, la controversia en torno a la conducta del mundo corporativo tuvo como telón de fondo las elecciones en ese país y el escándalo de Cambridge Analytica, que reveló el uso inadecuado de los grupos de afinidad en Facebook para la campaña que llevó a la presidencia a Donald Trump en 2017.
Con la irrupción de la pandemia, las redes sociales se volvieron espacios esenciales de interacción, y de acción social e intervención política. Coincidentemente, las empresas de la Net tomaron distintas decisiones ejecutivas para gestionar su funcionamiento. A fines de mayo, Twitter presentó su “Política de Integridad Cívica”, prohibiendo ciertas “prácticas manipuladoras”. Esto les permitió aplicar etiquetas que advierten sobre información engañosa en los tuits publicados.
De esa manera comenzó una disputa entre Trump y Twitter, red en la que el todavía presidente estadounidense tiene más de 88 millones de seguidores. Pero no siempre fue así.
“Yo pongo 2013 como una fecha clave, es cuando me parece que hubo un cambio en el mundo. Se consolidó lo que se llamó la Primavera Árabe y se vio el rol de las redes sociales en ese movimiento. Es un año de una profunda crisis económica y además están las revelaciones de [Edward] Snowden. Trump es un poco hijo de eso, es un tipo que nace contra los establishment”, dice Mariana Moyano, periodista, docente y autora del libro Trolls SA (Planeta, 2019), mientras advierte que la confrontación entre Twitter y Trump es bastante reciente.
“Lo que ha pasado en el mundo es que los establishment son, como dice Nancy Fraser, una especie de encadenamiento, entre el capitalismo simbólico-cultural y el financiero. Está Hollywood, que siempre fue anti-Trump y está Silicon Valley, con un juego zigzageante entre los medios de comunicación, el liberalismo político y demás, pero con un poder tan impresionante, tan brutal, que podían hacer lo que querían. En esa cosa medio desenfrenada tanto de la lógica de Trump como de las redes sociales, es que hacen ese maridaje, lo que yo llamaba el verdadero TT, que no es trending topic sino el matrimonio Twitter-Trump”, ironiza Moyano.
Previo a las elecciones presidenciales, Twitter volvió a señalar como engañosos varios tuits de Donald Trump, lo que se reforzó con sus continuas denuncias de fraude y su pedido de que se detenga el conteo de votos. A pesar de la derrota, para Mariana Moyano la figura de Trump va a seguir presente.
“Más allá de que puedan salirle mal las elecciones, creo que esta disputa lo reafirma en su lugar. Es de estos outsiders que pueden ser multimillonarios pero que juegan, le hacen partido a las redes sociales y se enfrentan a los medios de comunicación. Y ahí juega no la comunicación política, sino la política y la comunicación del nuevo tiempo”, sostiene Moyano, con atención a que las figuras sin formación política ya son una realidad en las carreras presidenciales.
En la discusión por las redes sociales, el algoritmo es central: “Silicon Valley empieza también a jugar un poco en el rol de establishment del capitalismo cultural (…). La línea editorial de las redes sociales es la conformación del algoritmo”, analiza la también influencer en su lugar periodista, quien cuenta con casi 130 mil seguidores en Twitter.
Metadatos
En el último tiempo se empezó a cuestionar si los algoritmos reproducen sesgos humanos, que llevan luego a errores sistemáticos en su codificación. Un ejemplo reciente lo mostró Twitter, con su red neuronal, una herramienta muy utilizada en Inteligencia Artificial que procesa información y elabora patrones, para mostrar lo que considera más importante de la foto en la vista previa. Sin embargo, algunos usuarios descubrieron que cuando se presenta una foto de una persona negra y otra blanca al mismo tiempo, la red social elige por defecto mostrar la de la persona blanca.
Otro caso es el de Amazon, que en 2014 puso en marcha un proyecto de inteligencia artificial supuestamente neutral a la hora de contratar personal. Luego lo eliminó porque el algoritmo penalizaba los curriculum con la palabra mujer, es decir, tenía un sesgo machista al momento de seleccionar los candidatos.
“Tengamos en cuenta que lo de Cambridge Analytica, si bien no es la madre del borrego, está presente. Porque el problema no está en el escándalo del uso de ochenta millones de perfiles, sino en cómo conforman los otros miles de millones de perfiles y los modos en que uno al otro nos vinculamos con esa tecnología”, explica Moyano.
El mencionado caso Cambridge Analytica multiplicó a esos 80 millones de usuarios 
estableciendo redes de afinidad con otros integrantes de la red, en donde se violaron los datos personales de todos los integrantes de esa red de eventuales electores. Para la periodista, “lo de Cambridge Analytica a Silicon Valley le sacó un poco de credibilidad. Entonces ellos hicieron esto [en referencia a sus políticas para prevenir las fake news] más en una forma para acomodar un poquito los tantos y no quedar tan pegado a los populismos”.
En abril de 2018, Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook, declaró ante el Congreso de Estados Unidos por el caso de Cambridge Analytica, admitió que había cometido un “error” y que “no hicieron lo suficiente para resguardar la privacidad de los usuarios”. Por esto, en 2019 la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) multó a Facebook por 5 mil millones de dólares y lo obligó a crear un comité independiente para temas de privacidad, fuera del control de Zuckerberg.
Este año, el creador de Facebook volvió a comparecer en el Congreso dos veces, una por una investigación sobre posición monopólica junto con las otras tres grandes empresas tecnológicas: Google, Apple y Amazon; la otra fue el pasado 17 de noviembre, acompañado de Jack Dorsey, CEO de Twitter, para explicar las medidas tomadas desde sus plataformas durante la campaña electoral en relación a la llamada “desinformación” y los mensajes de odio y a la aplicación de las leyes antimonopolios (Sherman y Clayton), orientadas a la defensa de la competencia.
“También está el enfrentamiento de los medios de comunicación con Silicon Valley que este año tocó la cima”, añade Moyano. El mundo cambió su manera de interactuar socialmente, y el rol de los medios tradicionales quedó en el centro del debate.
El mercado de la información
“Los medios tradicionales, tal como los conocíamos, no existen más, se siguen consumiendo en un lugar mediano. Los diarios son leídos por un grupo, que puede ser amplio, pero en términos de masividad es reducido, sólo nosotros los hiper-politizados nos preocupamos por la tapa de Clarín. Eso en términos de consumo de audiencias. Después, en términos de publicidad, no hay una cifra exacta, pero los que tienen números con algo de precisión dan cuenta de que entre 75% y 85% de la publicidad mundial se las llevan Facebook y Google”, analiza Moyano.
En ese sentido, un estudio realizado este año por el Instituto Reuters para la Universidad de Oxford analiza los consumos y las audiencias de diferentes países. Del continente americano, tomaron los mercados de Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina. En este último, muestra que el mayor crecimiento se da en los medios digitales, como Infobae. Según el informe, hay una gran predominancia de las redes sociales y la Internet.
“Hay una idea de que el mundo virtual de las redes sociales es una especie de etapa superior del universo mediático, y no tienen nada que ver. El problema es que los medios que pueden subsistir son pocos, salvo que seas el New York Times, que igual les va mal en términos de plata pero juegan con el prestigio internacional y a la obligación de lectura. O sos Infobae, que va metiendo una pata en el territorio virtual, que no es el mediático, porque los modos de emisión son diferentes”, explica Moyano.
La propaganda detrás de las noticias
En el estudio citado presenta otros resultados. En Argentina más del 70% de los encuestados cree que las empresas tecnológicas deberían bloquear propaganda política que contenga información falsa, o que a nivel global el 50% de los entrevistados usaron WhatsApp para compartir información.
En relación con esto, la cuestión de la veracidad de la información a la que acceden los usuarios es de mucha complejidad. “Hay que entender cómo funciona ese mundo, porque mientras no lo entendamos… después nos sorprendemos cuando un medio da a conocer algo falso o nos llegan cadenas de WhatsApp. Pero antes de eso, ¿qué pasó? ¿quién reenvió? ¿quién escuchó? ¿quién pensó eso como posible información veraz? El problema no es sólo chequear si es verdadero o falso, es que no sabés quién te lo dijo, porque no tenés modo de chequear el emisor. WhatsApp ya es una red social”, añade desde su lugar como profesora universitaria.
Durante esta pandemia, Twitter anunció una serie de cambios en la forma de retwittear. Uno de ellos se relaciona con la regulación de la información: si el usuario no abrió el link de un artículo y lo retuitea, aparece un aviso donde pregunta si no desea leerlo antes, para fomentar que los usuarios sepan qué es lo que comparten con sus seguidores.
Para llegar a un horizonte de mayor veracidad de la información sin restringir los derechos de libertad de expresión y libertad de prensa, para Moyano el camino es conformar audiencias que sepan qué es lo que están recibiendo en sus redes.
“Lo que yo encuentro posible y cercano es la adquisición de ciudadanía digital y que los seres humanos del mundo sepamos qué es lo que hay ahí para poder convertirnos en ciudadanos con capacidad de decisión. Me parece que todavía no lo somos, no nos damos cuenta cómo nos han modificado la vida las redes sociales”, concluye.
Desarrollar las capacidades de los ciudadanos puede ser una solución a corto plazo para definir consensos alrededor del uso de la tecnología. Un debate que cada vez está más presente y que está cambiando los marcos regulatorios en todo el mundo, como ocurre con el Reglamento General de Protección de Datos Personales (RGPD), que parece ser la solución europea a los problemas argentinos -como ironiza la revista Barcelona- y sirve de modelo para redes y plataformas como Netflix, Facebook, Amazon Prime Video, o la suite de Google, entre otras, que ofrecen servicios en línea en todas las regiones.
Mientras tanto “Un nuevo amanecer comienza” en la saga de Star Wars, o tal vez sea “El despertar de la fuerza”. Aún resta esperar al 20 de enero, la fecha esperada para la transición presidencial.
Dic 16, 2020 | Comunidad, Novedades
El pasado 18 de noviembre la Suprema Corte de Justicia mendocina emitió una sentencia que habilita el desarrollo de prácticas religiosas en escuelas públicas de gestión estatal de la provincia, dando por nulas las dos resoluciones de la Dirección General de Escuelas (DGE), publicadas en 2018, que prohibían dichas actividades dentro de ese ámbito.
El fallo de la Corte, firmado por María Teresa Day y el Julio Ramón Gómez, da lugar a la acción procesal administrativa presentada por el obispado de San Rafael. En consecuencia, el máximo tribunal provincial declaró la nulidad de las resoluciones N° 2719 y 3283, dictadas por el Director General de Escuelas, en las cuales se disponía “la prohibición de toda actividad, ocupación, acción y/o uso de establecimientos educativos públicos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal” que implique cualquier tipo de práctica religiosa, se trate de la Iglesia Católica o de cualquier otra confesión reconocida oficialmente, durante los días escolares hábiles.
“La resolución recurrida produce un gravamen irreparable a los alumnos católicos de los establecimientos de gestión estatal y a la comunidad educativa toda, como así también viola los derechos de la Iglesia católica”, afirma la demanda del obispado de San Rafael y, agrega, que no sólo “saca a Dios del horario escolar, sino que ahora se lo expulsa definitivamente de la escuela”. Por su parte, la DGE es el organismo garante social del servicio educativo público que debe “asegurar la obligatoriedad y establecer los niveles y regímenes del sistema de gestión estatal, los que revisten la calidad de públicos, obligatorios, laicos y gratuitos”.
¿Quién enseña?
Uno de los ejes que atraviesa el fallo es la discusión acerca de la libertad de culto y el vínculo con el derecho a la educación. El Obispado mendocino señala que, por derecho natural, son los padres los que tienen que decidir qué tipo de enseñanza quieren para sus hijos y que, de no respetarse esto, se atenta contra los derechos de la familia y de la Iglesia, obrando contra la libertad de culto.
Sin embargo, desde la DGE sostienen que esta libertad no se ve cercenada, sino todo lo contrario, porque al respetar “la laicidad de las instituciones públicas, conforme lo determina la Constitución”, se posibilita “la convivencia de quienes no tienen el mismo credo”. De esta forma, aseguran que todas las personas serían acogidas en igualdad de condiciones, sin privilegios ni discriminaciones.
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, se establece la educación como un bien público, como derecho personal y social, garantizado por el Estado. El Artículo 6 agrega que también son responsables de las acciones educativas las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y la familia, como agente natural y primario, entre otros actores.
“La ley del 2006 avanza mucho en la centralidad de la escuela para la educación formal. Al mismo tiempo, el hecho de respetar los derechos de las familias no me parece erróneo. Otra cosa es postular a la familia como el único agente educativo, pero son funciones distintas las que cumple la familia y las que cumple el sistema escolar”, explica Adriana Puiggrós, docente, pedadoga y asesora de Presidencia de la Nación.
El laicismo como garantía de igualdad
“La legislación argentina se queda corta en el sentido de que no establece taxativamente la laicidad y creo que hay que establecerla. Ese es un problema serio. Si lo comparamos con Uruguay, por ejemplo, que establece la educación laica muy tempranamente, o México que la establece en el siglo XIX. Realmente significa un atraso respecto a la modernización de las sociedades y de la construcción del Estado”, analiza Puiggrós.
“El establecimiento legal de la educación laica es una deuda que tienen los diversos gobiernos con la sociedad argentina”, continúa. “La importancia del laicismo es la garantía de un espacio democrático. El laicismo no significa para nada estar contra ninguna religión, sino que al contrario, el respeto por las diferencias y la construcción de un ámbito educativo en donde se respeten los derechos de todos”, concluye Puiggrós.
Washington Uranga, docente universitario y periodista especializado en temas de religión, detecta el nudo de la cuestión en el Artículo 2 de la Constitución de la Nación Argentina, en donde se afirma que: “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Desde su perspectiva, Uranga considera que de ninguna manera la prohibición de prácticas religiosas en las escuelas atenta contra los derechos de la Iglesia católica. Para él también profesor de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA), los estudiantes “tienen todo el derecho de la libertad religiosa, y de elegir ellos y sus familias la educación religiosa que consideren más pertinente, pero eso no debe ser en el marco de la educación pública”.
“El laicismo es un tanto complejo en Argentina. Es algo muy especial, porque la Constitución reconoce a la Iglesia católica como aquella que tiene prevalencia”, explica Uranga.
En este sentido, la personería jurídica pública de la Iglesia católica romana, también reconocida en el nuevo Código Civil, no cambia el sentido de la Constitución Nacional que de ninguna manera convierte a nuestro país en un Estado confesional. La carta magna no la “adopta” sino que “sostiene” el culto católico en términos financieros.
Los antecedentes
La posición de la DGE cita el caso Castillo, ocurrido en Salta. En 2017, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad, “por violación a los derechos a ejercer libremente el culto, de aprender y de privacidad”, de toda enseñanza religiosa en las escuelas públicas salteñas que implique la prevalencia conceptual de un culto por sobre los demás. Y aclara, “la enseñanza religiosa debe evitar el ritualismo obligatorio y la catequesis durante la jornada escolar, pues esta actividad no es propia de la escuela pública sino del templo”.
“En el ámbito de lo público no pueden imponerse prácticas religiosas unilaterales. Esto choca frontalmente con el estándar constitucional y convencional establecido por la Corte Suprema de Justicia en el caso Castillo”, opina Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor y posdoctorado en Derecho. “La Dirección General de Escuelas o, en este caso, el Estado provincial tendría que recurrir a la Corte Suprema de Justicia. De esa forma, se aplicaría el estándar Castillo”, agrega.
Más allá de lo citado en el Artículo 2 de la Constitución Nacional, Gil Domínguez indica el caso Castillo como un antecedente relevante en nuestro país, porque define cuál es el paradigma argentino en términos del vínculo entre libertad religiosa, Iglesia Católica Apostólica Romana y Estado. A su vez, entiende a este fallo como paradigmático respecto al derecho de enseñar y aprender en los colegios públicos.
Microclima mendocino
El caso de San Rafael exige preguntarse acerca de los alcances que puede tener este debate entre religión y educación pública, porque más allá de los antecedentes nacionales, la Justicia mendocina avaló las exigencias del obispado sanrafaelino.
“En Mendoza hay enquistado un grupo muy ultraconservador que incluso le está trayendo muchos problemas internos a la institución eclesiástica católica. Cuando se hable de la Iglesia, hay que hablar en particular de la Iglesia de San Rafael y contextualizar esa situación”, manifiesta Uranga.
En San Rafael se encuentra la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Iglesia del Seminario Mayor María Madre del Verbo Encarnado, una congregación que nació en esta localidad y hoy tiene presencia en todo el mundo. “El Verbo Encarnado expresa en la Argentina el sector más ultra conservador de la Iglesia católica universal. Está relacionado con la fracción internacional que se opone a los principios del Concilio Vaticano II, llevado adelante por el Papa Juan XXIII, que produce una conversión radical al plantear el diálogo entre Iglesia y sociedad. Juan Pablo II le deja espacio en la Iglesia a estos sectores conservadores, pero hoy ya no tienen lugar”, explica Uranga.
Y entiende que la situación de la provincia es compleja porque dentro de la Iglesia siempre hay transversalidades. Uranga aclara que el arzobispo de Mendoza y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, está formado en la tradición de Jorge Novak, que defendió los derechos humanos durante la dictadura. También señala que en la provincia hay una tradición de estructuras muy ortodoxas: “La sociedad de San Rafael es conservadora, por lo tanto hay también sectores de la Iglesia católica que son muy conservadores. A las iglesias hay que mirarlas como sociedades dentro de otras sociedades. Eso se alimenta mutuamente. Las Iglesias, los credos, las confesiones religiosas no son ajenas a la historia de los pueblos. Son parte integral”, agrega.
En su análisis afirma que un hecho de este tipo debe entenderse contextualmente y a nivel nacional, no puede marcar ningún antecedente para la relación entre religión y educación porque la sociedad argentina en sí no está dispuesta a aceptar ese tipo de posturas.
“No hay ninguna posibilidad de que esto se replique en otro lugar del país. Si se eleva a la justicia nacional, no pasa. Tengo la impresión de que es un microclima. No significa que no haya grupos conservadores con esa mirada, atravesados, en el conjunto de la Iglesia y en cualquier Diócesis de otros lugares del país”, completa Uranga.
En la misma línea, Puiggrós considera que en la sociedad argentina está muy avanzada la convicción de que la escuela pública debe ser laica. “Me parece que actitudes como la del obispado de San Rafael son realmente muy retrógradas y no representan para nada a los grandes sectores de la Argentina. A partir de la restauración de la democracia, el laicismo es parte de convicciones profundas, muy vinculadas a la defensa de los derechos humanos”, sostiene. Sin embargo, alerta sobre el peligro que representan estos sectores. “No hay que restarles importancia, pero me parece que de ninguna manera esto se puede generalizar o impactar en la legislación nacional, para nada”, concluye Puiggrós.
Se podría considerar el caso mendocino como un hecho aislado dentro de una localidad que puja por intereses religiosos. No obstante, no deja de encender alarmas y de poner en debate el lugar que deben ocupar las religiones en los estados modernos.
Dic 16, 2020 | Comunidad, Novedades
La pandemia y el aislamiento devenido con ella desestabilizaron la rutina diaria de las familias argentinas. Hubo que adaptarse y trasladar todas las actividades al seno del hogar, entre ellas la educación. El aula se transformó en virtual y la mayoría de los padres hicieron las veces de docentes. Si bien no fue fácil, el acceso a un dispositivo y al servicio de internet fue y es fundamental para que la escuela llegue al hogar. Pero, ¿qué sucede en las zonas rurales?
“Acá en la región, el acceso a internet es un problema. No llega a todos lados y además es muy caro”, explica Marina Cáceres, docente de la localidad de El Hoyo en Chubut, y agrega: “Además no todas las familias tienen la posibilidad de comprar una computadora o un teléfono celular”.
Por su parte, también en la Patagonia, Mónica Tubio, docente y supervisora en la ciudad neuquina de Junín de los Andes, cuenta: “En las comunidades que no hay señal se trabaja mucho con la radio. Cada escuela tiene un horario en la radio de la comunidad, y por allí les dan tarea adicional a los chicos”. Otra experiencia, a 60 kilómetros de esa misma ciudad, es la que relata Clara Radeljak, directora de un establecimiento educativo en la comunidad mapuche San Ignacio: “Durante el aislamiento logramos que nos conectaran internet, pero llega solo a la escuela. Les propusimos a los chicos que se acerquen al establecimiento y usen el wifi libre. Así, a través de WhatsApp, podíamos complementar con otros recursos digitales las tareas que ya les mandábamos en papel. Esa estrategia no tuvo mucho éxito, solo algunos chicos hicieron uso de esta posibilidad”
En el centro del país, en el Paraje Los Espinillos, a 20 kilómetros de Mina Clavero, en Córdoba, Zulma Curtet, directora y docente, comenta: “En la cuarentena trabajé con grupo de WhatsApp, aunque tengo tres familias que no tienen luz, y a veces me llegaban los trabajos a las doce de la noche. Esto ocurría cuando tenían la posibilidad de cargar el celular en la casa de algún familiar. Ahora el WhatsApp solo lo usamos para estar comunicados y que los chicos vean los mensajes cuando tengan señal. Tuvimos que empezar a trabajar de manera impresa. Esa metodología fue la que dio resultado”.
Por su parte y desde el norte, Cristian Paz, profesor de Educación Física en un grupo de escuelas de la comunidad ichiI en Salta, cuenta que “los parajes están retirados de los pueblos, a unos 50 o 60 kilómetros. Para llegar, los docentes tenemos que ir en auto o moto y ahí no hay señal, ni de teléfono y menos de internet. Trabajamos todo por medio de cartillas, se las damos a la directora y ella se encarga de entregarlas a los papás casa por casa”.
Con la emergencia sanitaria, los gobiernos debieron implementar medidas para que la escuela llegue a los hogares, pero no en todos los casos fueron efectivas. “Desde un principio nos enviaron cuadernillos y pusieron programas de televisión, no voy a negar que eso es importante, pero la realidad es que yo pude usar solo el primer cuadernillo, los demás no. Cada región tiene una realidad diferente en torno a la educación. No todos los alumnos están parados en los mismos saberes y aprendizajes. Eso es triste, entiendo la urgencia, pero homogenizan y no se detienen en las diferencias.”, reflexiona Cáceres, la docente de Chubut.
“Los cuadernillos con los que trabajé tuve que modificarlos. Había cosas que estaban bien, pero había otras que estaban muy contextualizadas a la zona del AMBA o las ciudades. Lo que me llama la atención es que cuando nos dan capacitaciones docentes, nos dicen que tengamos en cuenta las diferentes realidades, contextos y situaciones de los alumnos. Y cuando hacen una bajada de línea, como en los cuadernillos, eso no se respeta”, agrega Curtet, desde Córdoba.
También se presenta una gran diferencia en relación al periodo lectivo, ya que se define por las condiciones climáticas de la zona en la que se encuentra cada escuela. “En las zonas urbanas las clases son de marzo a diciembre y en las rurales de agosto a mayo, entonces ahí ya tenes una diferenciación obvia en el nivel que tienen los chicos”, explica Tubio.
“Está todo muy centralizado en el periodo marzo-diciembre. Están preocupados por saber si los chicos que terminan ahora van a recibir su certificado y nosotros, en mayo pasado, estuvimos en la misma situación y nadie nos dio una respuesta. Los certificados de séptimo grado de los chicos que egresaron en mayo, se los pude entregar recién este mes ¿Y por qué? Porque ahora están terminando los del periodo marzo-diciembre”, sentencia Radeljak.
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En algunas zonas rurales, las necesidades son múltiples e influyen en el desarrollo educativo. Francisco Vigo, presidente de la Fundación Manos Misioneras, recuerda que “cuando comenzamos a trabajar en 2001, en la zona del monte misionero, había una gran deserción escolar por la falta de calzado. Una familia con cinco hijos mandaba un día a uno, al otro día al otro, es decir, se iban pasando el único par de zapatillas que tenían para poder ir a la escuela. Esto sigue sucediendo pero cada vez son menos los casos”.
Pero subsisten otros problemas: “Muchos papás en la ciudad mandan a los chicos porque ven a la escuela como una guardería, acá principalmente los mandan por hambre. Con el establecimiento cerrado es muy duro, porque los alumnos desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Hay mucha desnutrición entre los chicos de la comunidad”, se lamenta Paz.
En este sentido, Tubio explica que durante el aislamiento “afloraron cosas que el docente muchas veces suplía y no se visibilizaban. Las falencias del Estado se cubren por la vocación del docente. Si el chico no tiene zapatillas, el docente se las consigue. Si no tiene dinero para cargar crédito, el docente le carga, y esto muchas veces no se tiene en cuenta”.
“En esta pandemia hice trabajo pedagógico y también social. Estuve atenta a que la comuna le entregue a las familias los bolsones de comida, y me mantuve en contacto para asegurarme que estén bien”, afirma Curtet.
En esta misma línea, Vigo asegura que “el rol del docente es importantísimo en estos lugares, no solo para enseñar sino también para contener”, y agrega que durante el aislamiento “armamos bolsones de alimentos y los docentes, una vez por semana, iban casa por casa y los entregaban a las familias junto al cuadernillo con las tareas. Fue una labor en conjunto”
Finalizando el 2020 y haciendo un balance general de lo que significó la pandemia para la educación rural en particular, la ausencia de la escuela como espacio físico de aprendizaje tiene sus consecuencias. “Hay contenidos que requieren la presencialidad. No todo se puede enseñar virtualmente y los docentes tuvimos que hacer una selección muy fina de los contenidos y de nuestras estrategias pedagógicas. La herramienta fundamental en la enseñanza es la observación, es el contacto directo con los alumnos, y analizar el proceso de aprendizaje de cada uno. En este contexto, este proceso lo veo en diferido y a través de la interpretación de las padres”, explica Cáceres.
Para Radeljak “los contenidos no se pudieron enseñar de manera ideal. Nos piden que prioricemos el vínculo con las familias, que por supuesto es importante, pero cuando tengamos que evaluar a los chicos y ver lo que saben o no. Eso es lo que me genera preocupación”.
“Yo creo que con la cuarentena hubo un retroceso grande en la educación de los alumnos de mi comunidad. Además, los padres de estos chicos no tienen el tiempo ni la capacidad para ayudarlos con las tareas, ya que la mayoría son analfabetos”, reflexiona Paz.
Por su parte, Curtet afirma que se está “preparando para el año que viene. Vamos a tener muchísimo trabajo para acompañar a los alumnos. Seguramente se van a ver contenidos de primero en segundo y así en todos los grados. Los chicos que ingresen a primer grado estarán muy poco alfabetizados. En sala de cinco ya se empieza con ese proceso y este año no se pudo llevar adelante correctamente ese aprendizaje”. Y agrega: “Una de las cosas que me pareció injusta es que no se dejó volver a la presencialidad a las escuelas rurales. No se analizó la situación epidemiológica de cada localidad. Acá el primer caso se dio en octubre y no dejaron que los chicos asistan al menos dos veces por semana una hora. Yo creo que se podría haber hecho tranquilamente y no se hizo”.
Dic 11, 2020 | Géneros, Novedades
Tras veinte horas de debate ininterrumpido, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Fueron 248 votos en total, de los cuales 131 fueron positivos, 117 negativos y 6 abstenciones.
Mientras en el recinto los legisladores argumentaban a favor y en contra de la legalización del aborto, afuera del Congreso había una concentración multitudinaria a la espera del resultado. Los 37 grados de calor no impidieron que, como en 2018, se llenaran las calles de personas acompañando el debate. El color que se destacó fue el Verde; la consigna ¡Que sea Ley! El calor descendía a medida que avanzaban las horas, no así la cantidad de personas que se encontraban rodeando el Congreso. Bombos y platillos sonaban de fondo mientras la pantalla de la intersección de las avenidas Callao y Rivadavia transmitía lo que sucedía dentro del recinto.
Las personas allí reunidas seguían atentas lo que ocurría en el escenario montado frente al Congreso por la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Otras bailaban al ritmo de les artistas que sonaban en el escenario montado en la esquina de Callao y Mitre. En los momentos de pausa o donde no llegaba tan fuerte el sonido, nuevos ritmos afloraban de los gazebos de las agrupaciones. La cumbia feminista y el reggaeton acompañaban la ansiosa espera, que se seguía extendiendo como las sonrisas de les participantes. Carolina, joven trabajadora social, formaba parte de esta multitud: “Estoy feliz, tanto tiempo esperando este momento histórico me genera alegría, veo la potencia de estar en la calle todes juntes nuevamente, conquistando nuestros derechos y poniendo el cuerpo donde hay que ponerlo que me emociona”, señaló.
Baile y atención: cuando en la pantalla se llenaba de discursos en contra de los derechos de las mujeres, en las calles sonaban silbidos y repudios al diputado de turno. Cuando la pantalla transmitía la importancia del derecho a decidir, aparecían los aplausos y cánticos para ese diputade que representaba la ampliación de derechos que se exige con el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Lara, militante feminista y del aborto legal, estaba atenta a escuchar los argumentos que se exponían en la pantalla. “Estar acá, en la calle nuevamente por el aborto legal me genera varias emociones. Por un lado es un pesar, como algo que quedó en el tiempo, como un reclamo del pasado, parece un chiste que tengamos que seguir explicando por qué es fundamental la legalización de un derecho tan necesario. Por otro lado, me llena de emoción, orgullo y alegría sentirme parte de un colectivo enorme que no bajó los brazos nunca, que peleó y peleará por nuestros derechos, deseos y sueños todos los días con respeto, con escucha al otre, siempre ampliando, siempre hacia adelante”, refexionó.
Fue una alegría contenida que toda junta se encontraba, hacía muchos meses la ola feminista no inundaba las calles de la ciudad. Desde el confinamiento por la pandemia del virus COVID-19, donde hubo que mantener distancia social, el movimiento se vio directamente afectado. Es en la calle, entre todes y a los gritos, que esta marea supo construir una voz fuerte para que los políticos y los gobiernos atiendan las problemáticas que hacen que haya una muerta, por su sola condición de mujer, cada 31 horas.
Este intervalo, durante el período de distanciamiento, no implicó una desarticulación, sino más bien, una vista en perspectiva de la fuerza de las feminidades en la calle que conforman la lucha. Fuerza que pudo trasladarse a la virtualidad, a través de redes sociales, la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, agrupaciones y colectivos feministas, inundaron las redes sociales con la consigna “Alberto tenés un atraso”, ejerciendo presión para que el Presidente incluyera en la agenda del Congreso, el debate de la ley para este año.
Sin olvidar la importancia del cuidado de la salud en contexto de pandemia, tampoco hay que olvidar que esta ley atiende un problema de salud pública. Un aborto legal en vez de clandestino, será una práctica segura que evitará miles de muertes de mujeres y cuerpos gestantes que buscan interrumpir de manera voluntaria sus embarazos.
La presión tuvo sus frutos y se presentó el proyecto junto con el “Plan Mil Días” de acompañamiento a las madres y niñes hasta los tres primeros años de sus hijes.
El proyecto que ayer obtuvo media sanción, autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Una vez solicitado deberá ser efectuado en el plazo máximo de diez días corridos. Asimismo, se establece que la práctica deberá ser incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para garantizar la cobertura integral y gratuita tanto del sector público como de las obras sociales y prepagas.
El proyecto del oficialismo tiene algunos puntos salientes en relación con el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Los diputados que promueven el aborto legal, introdujeron cambios al proyecto de la Campaña en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas para facilitar su sanción en el Senado.
Se establece que los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la prestación. Se aclara que «en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica» y que «las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado quedarán a cargo del efector que realice la derivación».
También se incorporó que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que «la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales». Para las menores de 13 años, se exige la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
El debate estuvo dividido no tanto por colores políticos de los representantes sino por sus convicciones individuales. Afuera estaba la multitud, separada en dos bandos separados, que reflejaba esta división. Con un vallado en el medio de la plaza, desde Rivadavia hacia Corrientes, se ubicaron quienes apoyan la ley, representades con el pañuelo verde de la Campaña, el glitter y el baile de la multitud. Del otro lado, de avenida Entre Ríos hacia la avenida Belgrano, quienes se posicionan en contra, con pañuelo celeste, rosarios y crucifijos de la Iglesia católica.
A las 7.23 de la mañana se realizó la votación y estalló la ovación de la multitud que se encontraba del lado verde del Congreso. Fue un canto de alegría por la ampliación de derechos que plantea el avance en esta media sanción. “Estamos en un momento importantísimo de la historia, un antes y un después. Diputados dió la media sanción y esta vez esperemos que el Senado esté a la altura de las demandas del pueblo”, expresó Lara.
Una de las últimas oradoras fue la diputada del Frente de Todos Gabriela Cerruti: “Cuando una ley se construye sobre los reclamos de las organizaciones y los colectivos, cambian los paradigmas”. La voz de un megáfono confirmaba esta reflexión: “¡Estamos haciendo historia compañeras!”
El tratamiento del Senado se estima que será el 29 de diciembre. Aun si se aprobara, la lucha no terminará en esa votación, como aseguró la joven militante: “Una vez que sea ley, este poderoso colectivo se tendrá que sentar a seguir debatiendo, a ampliar el horizonte, porque esto recién empieza”.
Dic 10, 2020 | Géneros, Novedades
Las investigaciones más recientes estiman que en Argentina se producen entre 372.000 y 522.000 abortos anuales en la Argentina, números amplios que dan cuenta de la dificultad de registrar con precisión un fenómeno clandestino. Entre 2010 y 2017, en el sistema público hubo, por año, 45.604 egresos por abortos incompletos solo en hospitales públicos. El 0,5% de estas personas fallece por las complicaciones. El costo estimado de tratar estos casos es de 2.586 millones de pesos para el sistema de salud por año, suficientes para tratar prácticamente todos los abortos que se realizan en nuestro país. Estos datos, provenientes de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, dan cuenta del impacto de los abortos clandestinos sobre las mujeres y sobre el sistema de salud.
Ayer, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre “Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto. Modificaciones al Código Penal” obtuvo dictamen de las Comisiones de la Cámara de Diputados. El mismo establece entre otros derechos, información sobre el procedimiento y los cuidados posteriores, atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso y acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como su provisión.
El aborto en la actualidad es la causa del 13,6% de las muertes maternas pero la clandestinidad y la criminalización de la práctica producen un sub-registro de los casos. Se estima que el número de personas gestantes que mueren al año por abortos clandestinos, es mayor. El caso de Uruguay reveló una reducción desde el 37% al 8,1% de muertes maternas por abortos una vez implementada la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el año 2012.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aborda una perspectiva económica para analizar los costos fiscales que asume el sector público hoy con el aborto en la clandestinidad y los que dejaría de afrontar legalizando la práctica. Cuanto mayor es el nivel de gravedad debido a un aborto provocado en situaciones de riesgo, mayores son los costos de los tratamientos hospitalarios. En base a un estudio del año 2018, se estableció una probabilidad de ocurrencia de cada tipo de complicación por año: el 67% de los egresos hospitalarios requerirán una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.
Médicas, farmacéuticas y economistas, definieron interdisciplinariamente los motivos de hospitalizaciones y una matriz de costos de atención a complicaciones por abortos incompletos, de acuerdo a los valores del sistema de salud público a diciembre del año 2020. Un aborto incompleto leve requiere de un tratamiento ambulatorio con intervención para completar la práctica, como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o el Legrado Instrumental y tiene un costo unitario de 42.915 pesos. Si es de gravedad media, a estas intervenciones se sumará un tratamiento para infecciones y hemorragias de baja y media gravedad que arrojan un costo de 81.788 pesos. Por último, si el aborto incompleto es de alta gravedad puede requerir tratamientos por lesiones graves intra-abdominales, o por shocks sépticos así como internaciones en terapia intensiva y/o intervenciones quirúrgicas de alta complejidad como la histerectomía. Con este nivel de complicación, el costo unitario asociado al tipo de intervención médica se eleva a 132.425 pesos.
El análisis de los datos relevados permite inferir que el aborto en la clandestinidad – tomando en cuenta solamente los 45.604 egresos hospitalarios– implica un costo de 2.586 millones pesos para el sistema de salud por año. Por el contrario, una práctica segura de aborto puede llevarse a cabo con el uso de fármacos con Misoprostol o mediante procedimientos ambulatorios simples como la AMEU, e incluso el Legrado Uterino Instrumental (LUI) o el Raspado Uterino Evacuador (RUE), dos prácticas menos recomendadas pero necesarias ante un embarazo que supere las 12 semanas. Un aborto medicamentoso puede tener un costo de $6.082 que equivale a una caja de Misoprostol de 12 comprimidos, e incluyendo alguno de los otros procedimientos los costos se elevarían a $15.620.
Julieta – Aborto Primera Persona – Fotos Lucia Barrera Oro / Daniela Moran
Si el total de los abortos clandestinos, 447 mil estimados al año, se realizaran a través de un método medicamentoso –considerando que el 10% de esos abortos no serían exitosos y requerirían una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completarlo- el costo fiscal anual sería de $3.325 millones. El informe del CEPA concluye que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres, es decir el 95% del total anual estimado. Con el aborto legal, seguro y gratuito, los egresos hospitalarios atendidos a tiempo habrían costado un 88% menos, el equivalente a $314 millones frente a los más de $2.500 millones (costo total ponderado por atención de complicaciones por abortos clandestinos).
En esta última reunión previa a la sesión especial –que se estima puede extenderse hasta el viernes- y a este día de vigilia y movilización, los integrantes de las cuatro comisiones, Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, y Acción Social y Salud Pública, adhirieron por mayoría al dictamen del Poder Ejecutivo con 77 votos a favor, 30 por el rechazo y 4 abstenciones. Desconociendo la problemática de salud pública que implica el aborto clandestino, la Diputada Carmen Polledo (Bloque PRO – CABA) manifestó un dictamen de rechazo al tratamiento de este proyecto de ley, argumentando que resulta extremadamente inoportuno, no sólo por el contexto sanitario sino también por la situación de crisis económica. Sin embargo, reconoció que para quienes están en contra de la legalización del aborto, nunca es oportuno su tratamiento.
