Un rechazo casi unánime al proyecto de privatización de Costanera Norte

Un rechazo casi unánime al proyecto de privatización de Costanera Norte

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El 28 de enero fue la última de las treinta jornadas de la audiencia pública sobre la rezonificación y venta de Costa Salguero y Punta Carrasco. Con más de 7.000 inscriptos y un total de 2.058 oradores, los participantes expresaron su opinión sobre el proyecto oficialista que privatiza los terrenos costeros y habilita la construcción de edificios de hasta 29 metros de altura, impulsado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

En la audiencia pública más larga de la historia de la ciudad, que inició el 27 de noviembre y que duró dos meses, 2.003 participantes se posicionaron en contra el proyecto frente a 55 favorables. Esto se traduce en más de un 97% de desaprobación ciudadana.

El inicio de la polémica se remonta al pasado octubre en la Legislatura porteña, cuando con 35 votos a favor y 22 en contra, el oficialismo porteño aprobó la rezonificación de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Además de los votos del oficialismo (PRO-Juntos por el Cambio), Rodríguez Larreta obtuvo el apoyo del espacio de Martín Lousteau (UCR-Evolución) y Roy Cortina (Partido Socialista) para autorizar la venta de los terrenos públicos. Ambos dirigentes habían manifestado críticas al modelo de privatización de tierras y la necesidad de más parques y espacios verdes durante las campañas electorales pasadas.

Con la finalización de la audiencia pública, que no tiene carácter vinculante, el proyecto pasa a segunda lectura en la Legislatura donde no se prevén cambios. “El Jefe de Gobierno ha mostrado una indiferencia alarmante en un sistema de gobierno que, según la Constitución, debe ser una democracia participativa”, señala el referente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC) Jonatan Baldiviezo. “El Ejecutivo ha decidido avanzar como si este debate no estuviera sucediendo, o supiera el resultado de antemano o, peor aún, sin importarle lo que la ciudadanía exprese en sus intervenciones”, remarcó.

A pesar de ir contra lo estipulado por la Constitución porteña, donde establece que los contornos ribereños son públicos y de libre circulación, el gobierno de Rodríguez Larreta insiste que la manera para hacer un espacio verde frente al río es a través de la venta de los terrenos de la Ciudad. Sin embargo, a pesar de la promesa de un porcentaje de terreno destinado a espacio verde, el Estado porteño perdería la propiedad de las tierras, un bien que escasea.

Con un índice de menos de 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante, la pérdida de terrenos públicos con potencial de ser convertidos en parques con acceso privilegiado al río resulta irreparable. Frente al proyecto de inmuebles de lujo impulsado por el PRO, organizaciones civiles junto a la oposición presentaron una alternativa para la creación del “Parque Público Nuestro Río” y la desprivatización de la Costanera Norte.

Desde la Coordinadora la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, un espacio integrado por más de 130 organizaciones sociales, ambientales y urbanas, presentaron en 2020 una propuesta para crear un parque con distintos usos. Entre ellos se encuentran áreas destinadas a recreación y actividad física, educación ambiental, agroecología y una estación de medición meteorología, además de delimitar un área de preservación de humedal costero.

Sin embargo, los proyectos del Gobierno de la Ciudad en otras áreas indican que no planean cambiar el proyecto de privatización de las tierras costeras. Según informa Baldiviezo, el Ejecutivo porteño realizó licitaciones para estudios de impacto ambiental del proyecto inmobiliario en Costa Salguero. En el presupuesto se puede observar que esperan la urbanización de los terrenos. “En el Plan Plurianual de Inversiones figura que se destinará $4.800 millones para Infraestructura en Costa Salguero y más de $812 millones para el proyecto ejecutivo del Colector”, detalla Baldiviezo.

“Costa Salguero interpela los límites de la tolerancia ciudadanía cuando la clase política que nos gobierna viola la Constitución, remata lo público, desvirtúa la democracia participativa y utiliza los recursos de la comunidad porteña para continuar enriqueciendo a un pequeño grupo de desarrolladoras inmobiliarias”, denuncia Baldiviezo.

Si la postura de la decisión de la ciudadanía expresada a lo largo de las 30 jornadas de audiencia pública tuvo algún impacto en los proyectos del oficialismo porteño, recién se sabrá en la segunda lectura del proyecto en marzo próximo. Sin embargo, no hay una perspectiva optimista ya que el oficialismo tiene facilidad para lograr mayoría en la Legislatura.

Periodistas multiuso

Periodistas multiuso

La pandemia demostró, una vez más, el rol esencial de los medios de comunicación a la hora de informar. Sin embargo, el trabajo de los periodistas se precarizó a medida que avanzó el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Los periodistas de medios digitales se multiplican para cubrir tareas como redacción en distintos formatos, correcciones, fotografía, edición de audios, videos, textos, subida de material, manejo de redes y demás funciones que antes se distribuían en equipos completos. 

El trabajo periodístico está enmarcado en la Ley 12.908, llamada Estatuto del Periodista Profesional. Debido a la precarización en aumento, la Unión de Trabajadores de los Medios Digitales solicitó la creación de una normativa que contemple las nuevas realidades y derechos ya que este tipo de tareas no se encuentra incluido ni representado en los contratos vigentes como Ley de Plataformas Digitales, la Ley de Medios o la Ley de Teletrabajo. En la actualidad, el gremio está conformado por más de 250 mil trabajadoras y trabajadores que hacen una gran cantidad de tareas en simultáneo. 

En representación del sindicato y para ampliar los detalles del reclamo, Pablo Ceccarelli, periodista y primer Secretario General del sindicato, explicó: “El exponencial crecimiento de los medios digitales conlleva también la precarización laboral de los trabajadores bajo formas encubiertas de relación laboral: colaboradores, independientes, monotributistas, becarios, pasantes, etc. que trabajan en medios de comunicación digitales de los cuales, algunos de ellos, ni siquiera tienen un editor responsable”.

Uno de los derechos que exigen se trata del derecho a la desconexión digital fuera de los horarios de trabajo que contempla la Ley de teletrabajo. “Los trabajadores de medios digitales –agrega el representante gremial- tienen el derecho a igual remuneración por igual tarea y no podemos ser el comodín de un medio de prensa digital”.

En un contexto en el que los medios tradicionales no saben cómo competir contra plataformas que utilizan contenidos de terceros para ubicar publicidad, los periodistas se vuelven un eslabón débil de la cadena, sobre el que presiona el sistema para sobrevivir. Por este motivo, son pocos los profesionales asalariados en los medios, mientras que la mayoría deber recurrir a otros emprendimientos comunicacionales, docencia, entre otras ocupaciones. A esto se le suma los desafíos laborales de cubrir eventos o noticias vinculadas al coronavirus con pésimas condiciones sanitarias.

De la Villa 20 a la Avenida Corrientes

De la Villa 20 a la Avenida Corrientes

“Es un gran paso para los artistas que son del barrio. Años atrás nadie se lo imaginaba. La gente ya no te mira raro, antes nosotros bailábamos de cabeza y para los demás limpiamos el piso”, expresa Angélica Villagómez, la joven de Villa 20, ideadora de la obra teatral El arrebato, y bailarina de breaking dance.

Entre protocolos, distanciamiento y capacidad reducida, el  pasado martes llegó al Teatro Metropolitan de la Avenida Corrientes El  arrebato, una obra de teatro musical que lleva la problemática de la marginalidad al corazón del centro porteño. La puesta nació a partir de una idea de Villagómez, que surgió en el contexto del taller Arte en Barrios, el programa del Gobierno de la Ciudad que promueve  la actividad cultural de barrios populares. “En el taller de gestión de proyectos que ellos daban surgió todo. Tenía varias ideas, pero esta me gustó mucho porque no solo era para el público sino que los chicos podían trabajar en el guión o en la obra. La idea original era hacer un musical contando la historia del breaking, después se modificó un poco pero quedó genial. La obra tiene de todo, te reís hasta incluso te emocionas y los chicos rapean y cantan genial”, cuenta la bailarina y agrega:  “La profesora que dictaba el Taller, comentó mi idea en La Usina del Arte y les gustó. Me llamaron con la propuesta y empezaron las reuniones para ver cómo podía ser posible la obra”. 

A partir de ahí El arrebato dejó de ser un sueño para  convertirse en realidad.  Se convocó  a productores, guionistas, directores, músicos y coreógrafos que incluso fueron a ver los talleres de rap que había en Villa 20 para conocer la vida del barrio de Lugano. “Un día nos juntamos todos los que íbamos a trabajar, fui a los ensayos y acompañé a los chicos, aporté consejos para las coreografías. Yo no soy del mundo del teatro, pero acompañé el proceso de la obra con todo el equipo que hizo un excelente laburo”, expresa la bailarina, quien además cuenta que desde el FIBA, El festival Internacional de Buenos Aires, también recibieron apoyo para el estreno. 

Villagómez  acompañó todo el proceso de creación de El arrebato, obra dirigida por el actor Juan Martin Delgado y escrita por Emiliano Dionisi, ambos artistas jóvenes con gran trayectoria en el escenario. Con diez nominaciones a los Premios Hugo al Teatro Musical, El arrebato se convirtió en una de las mejores opciones para este verano pero además invita a reflexionar y visibilizar  la vida de los jóvenes de los sectores populares, aquellos que muchas veces se enfrentan con distintas problemáticas y se los estigmatiza e incluso criminaliza por tan solo vivir en un barrio popular. “Está muy bueno que esté la obra en calle Corrientes. Hemos visto bastantes puestas que hablan de otra cosa, que son para divertir al público y esto es completamente diferente. Lleva una problemática de un barrio a un teatro para que lo vean otras personas que no son de este mundo, los lleva a meterse un poquito en lo que pasamos nosotros, en nuestro día a día”, expresa la joven.

En una sociedad donde  el discurso del mérito es cada vez más fuerte entre los jóvenes, Villagómez se posiciona y reflexiona “Nosotros estamos acostumbrados a lucharla para salir, sabemos que tenemos que levantarnos temprano, estudiar, trabajar y demás. Uno cuando baila se encuentra con distintos escenarios, los mismos bailarines son de distintas clases, los bailarines de breaking, los que rapean, no son todos del  barrio. Hay distintos sectores cuando hay un evento pero cuando nos juntamos, desaparece la clase social”, señala.

El arrebato tiene diez nominaciones para el premio Hugo al Teatro Musical.

Desde sus inicios, Villagómez estuvo rodeada de música pero los talleres que se daban en el el barrio de Villa 20 marcaron lo que es hoy: “En el 2010 fui a un club de jóvenes que era de mi propia escuela y empecé con unas amigas. Primero empezamos bailando coreografías de hip hop, después nos animamos a bailar breaking y bueno desde ahí pasaron un par de años. En el medio fui mamá, estuve estudiando mucho, pero igual seguí bailando. En 2016 empecé a dar clases en Villa 20, para los niños. Di clases en Villa Soldati también. Los chicos cuando vienen a las clases, la pasan bien, lo disfrutan. No solo son alumnos sino que se convierten en amigos” 

Además expresa que no fue todo  tan fácil, sobre todo el apoyo de sus padres “Cuando uno es adolescente y vos queres bailar, te dicen que elijas una carrera o que consigas un trabajo, y no hay mucho apoyo en eso. Si vos te queres dedicar a algo que no les gusta a tus padres, piensan que ´ya se te va a pasar´, que es un pasatiempo nomás pero después al final vieron que yo seguía, que insistía y obviamente terminaron aceptando”.

“Una trata de hacer un equilibrio con el trabajo, porque yo empecé cuando era chica. Estudié, trabajé, tuve a mi nena , a mi nene ahora y es buscarte un tiempo para hacer lo que te gusta. Si bien ahora una es menos constante bailar o ir a entrenar pero nunca lo dejo de hacer”, expresa, mientras de fondo se escucha el llanto de su bebé reclamando a Angélica mamá y continúa: “Me pasó a mi y les pasó a todos mis amigos que también empezaron cuando eran adolescentes que ya son papás y ya también trabajan, pero igual seguimos”.

Villagómez cuenta que el año pasado, con la pandemia, fue bastante complejo continuar con los encuentros, ya que solían reunirse  todos los veranos a ensayar y enseñar “Nos juntábamos los domingos afuera de una escuela del barrio, llevábamos la música, el piso y lo tirábamos ahí y nos poniamos a bailar y se acercaban chicos y chicas que querían aprender y nosotros no tenemos problema en que  venga  alguien y diga que quiere aprender. Obvio, le enseñabamos verticales o los pasos básicos de a poco”, agrega la bailarina.

A pesar del correr de los años, las distintas dificultades que pudo tener en el camino, los recursos que muchas veces se agotan en la Villa 20 y sus días hoy como madre, el sentimiento por la danza y el hip hop persiste: “Más que un baile es una cultura para mi. Muchos empiezan y después se alejan pero los que nos quedamos, lo hacemos parte de nuestra vida. Entrenamos todos los días, vamos a competencias, eventos  y compartimos con bailarines de otros barrios. Es muy bonito lo que disfrutamos en grupo con otras personas. Las competencias para un bailarín no es solo ir y compartir, es un  lugar de encuentro en donde compartis un espacio con el otro, compartis el baile. Las rondas donde uno entra a bailar son un momento de compartir y se hace muy grato para uno”

 

El Gobierno exige a Cablevisión que retrotraiga los aumentos indebidos

El Gobierno exige a Cablevisión que retrotraiga los aumentos indebidos

Contradiciendo la reglamentación del decreto 690/2020, que desde el 1 de enero comenzó a mostrar una política en comunicación orientada a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, la empresa  Cablevisión Holding S.A. intentó aplicar aumentos del 20 por ciento, violando el tope permitido por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Pero este lunes, el Gobierno nacional intimó a la firma del Grupo Clarín a que devuelva el incremento cobrado, le inició un sumario para determinar si de aplicar sanciones le exigió que se abstenga de cobrar el mes de febrero hasta tanto no realice una refacturación de acuerdo a la normativa vigente, que solo autoriza un cinco por ciento aumento.

La postura de Cablevisión constitytó una dura respuesta al gobierno, que  desde el año pasado  considera a las telecomunicaciones y la radiodifusión paga como  “servicios públicos esenciales en competencia”, y con esta reglamentación apunta a ampliar el universo de usuarios y garantizar el acceso a Internet, telefonía fija, móvil y televisión por suscripción instruyendo a las telcos a ofrecer un paquete de Prestación Básica Universal (PBU).

¿Cómo es la reglamentación? ¿Es beneficioso para la/os usuaria/os? ¿Qué dicen especialistas y empresas del sector? 

Un paquete antipandemia

El pasado 18 de diciembre el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, anunció la prestación básica, de carácter obligatoria para los servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Según el gobierno, el objetivo es garantizar el acceso de forma universal, especialmente, para los sectores de bajos ingresos que alcanzan a 10 millones de personas. Está destinada a jubilados y pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por embarazo y programas sociales, desempleados, bomberos voluntarios y clubes de barrio.

Para la telefonía fija, este plan cuesta 380 pesos por mes, en tanto la celular presenta una oferta  variable con  un valor que  será de 150 pesos por mes, con dos opciones para el uso de datos: uno de 200 pesos por 1 GB de consumo, y otra de 18 pesos por 50 MB por día. 

Para el acceso a Internet ofrece planes que varían según el poder de mercado de la prestadora y su estructura de costos.  Los proveedores que tienen más de 50.000 clientes deben brindar 10 mbps a 700 pesos en el AMBA y 5 mbps a 700 pesos en el resto del país; entre las pymes con 2.000 y 50.000, baja el volumen de datos a 5 mbps por 700 pesos, y las de menos de 2.000 a 2 mbps por 600 pesos. 

La televisión por suscripción presenta un esquema similar. Si el proveedor tiene más de 500.000 abonados, hay descuento del 30 por ciento; si tiene entre 100.000 y 500.000 el descuento es del 25 por ciento, y si tiene entre 30.000 y 100.000 abonados baja a 20 por ciento. 

Para el periodista y académico Fernando Krakowiak, esta prestación busca brindar accesibilidad a los sectores más postergados, pero observa algunas zonas no resueltas en su implementación. “Es un paquete a un precio económico. El tema está en tratar de precisar si ese valor extendido a amplias porciones de la sociedad requiere, por ejemplo, un subsidio del Estado, o puede ser brindado por las compañías privadas”, explica. 

Por su parte, Ariel Graizer, ingeniero electrónico y presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), tiene una mirada negativa sobre la Prestación Básica Universal porque “muchas de las empresas pymes dan servicio wireless (inalámbrico), y -según explica- hoy 5 megas es el mejor servicio que brindan por arriba de los 1200 pesos. Si dicen que ese servicio vale 700, de los cuales hay 210 que son impuestos directos, entonces le quedan 500. Así no se sostienen, se funden”, argumenta. 

Para Marta Maule, especialista en TIC, la Prestación Básica Universal es una medida sin precedentes pero que, viéndola en  detalle, se trata en realidad de “planes que ya ofrecían, incluso por menor precio, como política para retener clientes”. En relación con esto, la verdadera pérdida no es económica sino de poder y autonomía: “Creo que se pueden discutir los costos cuando realmente los muestren, porque si se trata de especular y dibujar números, al menos yo prefiero que se especule a favor del pueblo. Otra cuestión son los cientos de prestadores cooperativos y pymes, cada uno con su realidad propia, quienes muchas veces son monopólicos en su área de prestación y a la vez rehenes en el segmento mayorista, por ello debe apostarse fuertemente a una regulación asimétrica”. 

Cabe recordar que a mediados del pasado año, cuando los grupos concentrados decidieron aumentar los precios en medio de la crisis producto de la pandemia de Covid-19,  el gobierno declaró como “servicio público esencial” a la telefonía celular y fija, Internet y a la televisión por cable, suspendiendo “cualquier aumento hasta el 31 de diciembre”. 

Sobre esta definición, Krakowiak dice que no hay nada que objetar, pero subraya que “el Estado tiene que hacer un delicado equilibrio entre lo que es la garantía de acceso de amplios sectores de la población, que por problemas socioeconómicos no pueden por sus propios medios acceder a sus servicios; y, por otro lado, la rentabilidad razonable que hay que asegurar a las empresas para que presten este servicio y para que expandan las redes. Si la declaración de servicio público en competencia pone en riesgo esa rentabilidad razonable y termina afectando la calidad de servicio, tampoco es una solución”, explica. 

En este aspecto, Graizer cree que la definición es contradictoria, ya que “en el mundo y en la Argentina, los servicios públicos son concesionados. Y los servicios en competencia, como es Internet, son licenciados, es decir, para poder brindar Internet, tengo que pedir una licencia. Un servicio público que sea en competencia es muy complejo, porque no están definidas las reglas para eso. Es servicio público o es servicio en competencia”, insiste en línea con los planteos críticos a la norma. 

Por otro lado, Maule piensa que las medidas tomadas por el gobierno, tanto la  declaración de las TIC como servicios públicos como el congelamiento de tarifas, fueron “necesarias” y agrega que “es sumamente complejo romper con la inercia de un sector privado que actúa cuasi monopólicamente bajo el velo de la libre competencia”. Además, cree que comparar las medidas tomadas en Argentina con las decisiones en otros lugares del mundo no es prudente ya que “siempre se lo hace sobre la base de la libre competencia o el libre mercado, que caracteriza hace décadas a las telecomunicaciones, como si se tratara de un sector aislado de las variables políticas y sociales del país en el que se desarrollan”.

Ante la reglamentación del decreto, la resolución 1466 del ENACOM permite, a partir del 1 de enero, un aumento del 5 por ciento en estos servicios. Esto generó rechazo en el sector de las telecomunicaciones, que argumenta que el número es “insuficiente” teniendo en cuenta que la inflación anual está cerca del 30 por ciento. 

¿Qué hicieron los monopolios?

En un comunicado público, Telecom rechazó las medidas y afirmó que “la Argentina estrangula a uno de sus sectores más competitivos”, y que la reglamentación elimina “incentivos para la innovación y la competencia”. Asimismo, Cablevisión anunció un aumento del 20 por ciento durante el mes de enero. Dicho comunicado puede encontrarse en las factura del mes de diciembre 2020: “Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios, y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el mes de marzo del corriente, te informamos que el 1º de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%”.

Krakowiak sostiene que “obviamente las empresas se resisten siempre que se las regula a nivel de precios”. En ese sentido, para el periodista y académico hay un límite que “no se circunscribe sólo al tope que se le pone para garantizar el acceso a los sectores más postergados, sino también un tope de precio que se le pone para brindarle servicios a los sectores de mayor poder adquisitivo. Al topearle de alguna manera lo que le puede cobrar a ambos sectores, a los más postergados y a los más acomodados, hay que ver si efectivamente pone en riesgo esa `rentabilidad razonable´, que para mí es clave para garantizar la sustentabilidad del servicio en el mediano plazo”, continúa con su planteo en búsqueda de equilibrios. 

Para Graizer, con esta reglamentación las cooperativas y las pymes del sector TIC están en riesgo, porque “no tienen la espalda económica para aguantar el no haber aumentado en todo este año sus precios, y ante la nueva situación, con un 90 por ciento  de sus costos puestos en dólares, con el incremento del dólar (desde el congelamiento hasta ahora) de más de un 33 por ciento, y habiendo tenido que salir a comprar un 40 por ciento más de capacidad por el crecimiento del uso, es muy difícil poder sostener la ecuación. Entonces, muchas van a dejar de prestar servicio, y eso genera mayor concentración”. 

Maule no observa con tanto pesimismo la regulación que puso un tope al aumento de precios. “Es una realidad en nuestro país, las licenciatarias no pueden desconocerla sin consecuencias”, porque entiende que el Estado está apostando al diálogo, con atención a que se trata de hablar con jugadores de un mercado en el que “en simultáneo los prestadores cuasi monopólicos anuncian aumentos de precios en las facturas de sus ‘clientes’, con la regla de que si no te gusta o no podes pagarlo podes darte de baja”.  Sin ingenuidad, Maule asegura que “todos sabemos que somos rehenes que no podemos prescindir de estos servicios y que la ‘competencia’ no ofrece ni mejores precios ni mejor calidad”.

El futuro del sector de las telecomunicaciones es motivo de debate. El presidente de CABASE reclama: “Lo que corresponde y lo que sería ideal es que haya una ley, y que la ley se discuta y tenga su proceso. No se ha logrado escribir o construir una nueva norma que refleje lo que está pasando y lo que es un negocio que requiere mucha inversión, mucho capital intensivo, que es de riesgo, y que cambia velozmente”. 

En este aspecto, Krakowiak considera que la decisión de Alberto Fernández de regular este sector a través de un decreto es un error, ya que los DNU tienen “limitaciones en cuanto a la apertura de la discusión y del debate. Si bien después son ratificados por el Congreso, se termina discutiendo específicamente ese DNU, y no se abre a debate la cuestión para incorporar puntos de vista enriquecedores”. 

Maule, a su vez, cree que la determinación de aplicar un DNU debe ser contextualizada en que, a diferencia de la gestión macrista, ahora “es el Estado quien planifica el sector procurando que las TIC lleguen a todos los argentinos y que potencien el crecimiento productivo del país”. En el futuro a corto plazo, la especialista ve dos pasos siguientes a tomar: el primero es “profundizar en las regulaciones asimétricas y orientar los esfuerzos hacia las múltiples realidades de los actores privados”; y el segundo es “comenzar a incidir en el mercado mayorista, no solo mediante la presencia de ARSAT sino también con políticas positivas que se orienten a desarticular las conductas distorsivas que, fuera de los grandes centros urbanos, encarecen aún más los costos y obligan a sostener una política de servicios de calidad cuestionable”. 

¿Qué hacer si mi factura llega con aumentos?

El ENACOM,  aclaró en un comunicado del pasado 3 de enero que la empresa de telecomunicaciones que sin autorización aumente sus tarifas más de un 5 por ciento, deberá reintegrar el excedente. 

Informamos a los usuarios y usuarias que hayan recibido facturaciones con incrementos en el precio superiores al 5% que el procedimiento a realizar sería: abonar el importe facturado, debiendo la empresa prestadora reintegrar el dinero facturado de más a través de una nota de crédito en la inmediata factura posterior”. 

Héctor Polino, fundador y representante legal de la Asociación Consumidores Libres, sostiene que “la reglamentación apunta sin duda a beneficiar a los usuarios y de ninguna manera va a generar una desfinanciación a las empresas por su alto nivel de rentabilidad que han tenido y aún siguen teniendo. Es muy posible que se pueda implementar de forma efectiva”. 

Usuarios de distintas empresas como Cablevisión y Telecentro ya han recibido sus facturas con aumentos mayores a lo establecido por el decreto 690/20. “Como consumidores y usuarios de servicios tienen derecho a realizar el reclamo correspondiente. En caso que las empresas no cumplan deben hacer la denuncia al ENACOM, por la página web o por teléfono al 0800 333 3344”, agrega Polino. 

El tiempo dirá si la reglamentación del decreto puede regular de forma satisfactoria el mercado de las telecomunicaciones o si, por el contrario, necesitaremos una nueva ley convergente. Esa que quedó en el tintero y se transformó en un mito. Algo de eso conocemos con la historia precedente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 -reglamentada en 2010- y en 2014 con la Ley Argentina Digital

La democracia se tardó 30 años en cambiar las reglas del juego, con la contrarreforma en 2015 a fuerza de los decretos 267/2015 y 1340/2016, parches, resoluciones y acuerdos solapados para que nada cambie.

 

¿Puede convertirse una práctica cultural en un delito?

¿Puede convertirse una práctica cultural en un delito?

El 21 de octubre pasado la Cámara Federal de La Pampa recurrió al Ministerio Público por el matrimonio forzado de una joven de quince años integrante de la comunidad gitana. La causa se inició el 12 de mayo cuando una asistente social de Santa Rosa realizó una denuncia ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia a partir de la confesión de la joven. La profesional narró que se acercó al domicilio para continuar con su asistencia pero su madre le informó que ya no vivía allí porque se había casado con un miembro de la comunidad. El equipo conversó con la adolescente y remitió un informe que concluyó con indicios de maltrato familiar, estado de vulnerabilidad subjetiva y sociocultural en la entrevistada, factores de silenciamiento y condicionamiento en su relato y riesgo psicofísico, entre otras cuestiones.

Por ello, los camaristas Silvia Fariña y Roberto Amabile insistieron en investigar ciertos indicadores del testimonio de la niña, aunque por razones legales no pudieron conversar con ANCCOM. En su declaración, Amabile sostuvo que “cualquier forma de unión forzada, aun bajo rituales o costumbres culturales, importa el supuesto de la ley que implica obligar a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación; en especial, en el caso del matrimonio infantil dado que no se cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o de ninguna de ellas”.

Juan Carlos Domínguez Lostaló, representante argentino del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente afirmó, en diálogo con Infojus, que “hay fenómenos culturales que se pueden transformar en delito”. La llegada de los derechos humanos como eje transversal en toda práctica social y cultural, obliga a especialistas jurídicos a revisar las normas culturales. Domínguez Lostaló resalta la complejidad de rever las costumbres de las diversas comunidades y agrega que «esto no es un problema de género ni de cultura, son cosas que hay que hablarlas y en profundidad, porque estás contra siglos de costumbres. Las transformaciones son lentas, pero tenemos que por lo menos aumentar las condiciones de dignidad de las personas, de no discriminación de grupos o sectores vulnerables”.

Frente a esta situación, ¿cuál es el límite entre el derecho a la identidad cultural que tiene una comunidad y los derechos humanos? ¿En qué momento se deberían invocar los derechos humanos universales frente al respeto por la diversidad de tradiciones? Para analizar la situación, ANCCOM dialogó con Jorge Emilio Nedich, escritor, referente de la comunidad gitana en Argentina, quien también fue citado por las fiscalías de La Pampa: “Acá hay una realidad: si la chica no quiere casarse no la pueden obligar y la comunidad tiene que entender que no hay discusión, los derechos humanos están por encima de las personas, y por encima de las leyes argentinas están los derechos humanos”. En este sentido, en la actualidad, muchos países siguen permitiendo los matrimonios forzados con menores de edad. Según el informe Estado de la población mundial 2020 de la ONU: “De los 107 millones de niñas que viven en América Latina y el Caribe, 60 millones están casadas antes de cumplir los 18 años”.

El arreglo de los matrimonios y la compra de la novia en la comunidad gitana siguen existiendo, sobre todo en las familias más tradicionales. Con el consentimiento de sus padres y cumpliendo con el arreglo, el novio paga la dote. Nedich detalla que gradualmente la comunidad va entendiendo la ilegalidad de los matrimonios celebrados con menores de edad: “El gitano fue tomando ciertas normas culturales que han hecho revisar la edad de estos casamientos, pero es verdad que aún quedan familias conservadoras”. A su vez, el escritor  manifiesta que en la comunidad hay una fuerte violencia patriarcal vinculada a la falta de educación: “Hay 40 % de personas indocumentadas que no reciben ningún tipo de educación formal, el Estado los excluye del sistema educativo y es por eso que no tienen conocimiento de sus derechos ni los del otro”. Al no estar capacitados, no cuentan con un trabajo formal por lo cual tampoco tienen acceso a un sistema de salud, aportes, ni acceso a créditos.

Por su parte, la Voria Stefanovsky, gitana e integrante del Observatorio de Mujeres Gitanas y pareja de Nedich, organizó a finales de septiembre de este año, el Congreso Internacional “Educación, Derechos e Igualdad para el Pueblo Gitano”. Allí, explicó no solo la realidad de la comunidad sino también las desventajas de ser mujer en ella. Las mujeres, pero sobre todo las niñas, se ven mucho más perjudicadas y discriminadas en la educación formal, ya que suelen salir antes de la escuela por cuestiones vinculadas al género. Para la referente, las mujeres gitanas sufren una triple marginación: por etnia, por género y por cultura. Y agrega, “Hay una manera conservadora de ver, muy tradicionalista, porque no quieren que la mujer se aculture o se enamore de un joven que no pertenece a la comunidad. Por fuera de la comunidad, antes de ver una mujer la gente ve a una gitana. Por eso estas cuestiones son una lucha a atender”.

Sin embargo, ambos entrevistados manifiestan que el problema no está solo en la falta de educación y exclusión, sino también por los estereotipos que circulan: “Se nos ve como un pueblo que viene de lejos con tradiciones paganas, entregadas al vicio, descalificando a la mujer como esposa, mujer, amiga, donde el varón gitano es ladrón o estafador. La gente tiene que entender que no todos somos así”, dice Stefanovsky. Luego agrega que entre las mujeres “hay un fuerte contenido de antigitanismo de género como la bruja, hechicera, seductora, roba niños”. Para Nedich resulta fundamental considerar al gitano y la gitana como sujetos de derecho empezando por el reconocimiento de su cultura: “La mayoría de las cosas de las que se los acusa se solucionan con educación, pero parece que invertir en educación para el pueblo gitano políticamente no garpa”. 

La falta de políticas públicas y de reconocimiento cultural acompañado de estereotipos muestra la importancia de realizar cambios tanto a nivel institucional como en el imaginario de la comunidad; no solo para reconocer sujetos de derechos sino también para la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia y la equidad de género.