La República Argentina cuenta con más de 45 millones de habitantes de los cuales el 42% se encuentran bajo la línea de la pobreza, tal como lo informó el INDEC el pasado mes de marzo. La comparación interanual es un dato que preocupa aún más cuando se observa el fuerte incremento en esos niveles que se registraron en el segundo semestre de 2020, con 6,5 puntos porcentuales por encima del 35,5% de igual período de 2019.
Cuando se realiza un análisis más segmentado sobre el informe que dio a conocer el INDEC, se puede vislumbrar que Gran Resistencia es el principal exponente de este crítico panorama, ya que registró un 53,6% su población sumergida en la pobreza, mientras que el Gran Buenos Aires, que tiene un 51% de sus habitantes en esas condiciones, está en segundo lugar. En ese triste ranking la tercera posición le corresponde al Gran Concordia (49,5%) y la cuarta al Gran Mendoza (44 %).
ANCCOM dialogó con referentes territoriales y académicos de esas zonas que no son el Conurbano bonaerense, que es el más conocido, para escuchar su interpretación acerca de las causas intrínsecas de la pobreza en las periferias de esas ciudades.
Gran Chaco: soja y pobreza
Johana Duarte es secretaria General del Movimiento Evita en Chaco y vicepresidenta del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular de Chaco (IAFEP). En su militancia, y ahora como funcionaria de un organismo del Estado provincial, ha trabajado de cerca con los sectores de la economía popular y de la agricultura familiar. Sostiene que en esta reconfiguración del mundo laboral de los últimos años, hay un sector muy grande de trabajadores de la economía popular que ha sabido organizarse por fuera de los márgenes del sistema formal. Afirma que desde el gobierno es importante generar derechos que amparen a este sector desplazado del empleo privado y público.
Duarte atribuye los altos niveles de pobreza al vaciamiento que se dio en materia de asistencia social y de políticas de reactivación económica durante el macrismo. Asegura que las medidas que inyectaban dinamismo dentro de la economía popular se fueron deteriorando y que la contracara de esto fue la concentración económica en pocas manos, destruyendo el poder de intervención estatal.
“A partir del 2017 hay un fuerte crecimiento del trabajo informal. Ese sostenimiento que dejó de hacer el Estado impactó fuertemente en nuestra provincia porque nosotros somos pobres estructurales”, sentenció la referente del Movimiento Evita. Y explicó que la pobreza en esta región de la Argentina es la que más va a costar desentramar y más tiempo va a llevar cambiar esa realidad. Argumenta que el desmantelamiento del Estado y de las políticas públicas provocó que gran parte de los sectores medios y medios bajos hoy en día no tengan acceso a servicios básicos como gas natural, agua y electricidad.
Otra de las causas que atañen a la pobreza la adjudica a las migraciones internas que se producen hace ya varios años. “Los chaqueños y chaqueñas que no encuentran un futuro u oportunidad de desarrollo laboral en sus distintas localidades, y que antes vivían de tener su propia chacra, se vinieron a la ciudad a engrosar los números de los grandes cordones urbanos”, señaló. Parte de la población que antes vivía del trabajo rural ahora se encuentra en barrios populares, asentamientos o villas, viviendo “en condiciones infrahumanas con la esperanza de encontrar un trabajo formal”, agregó.
La vicepresidenta del IAFEP marca un camino posible para salir de esta crítica situación: la economía popular. Las provincias del NEA, como el Chaco, muestran a través del registro del RenaTEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular) que la primera fuente de trabajo es la informal y en muchas familias, la única. “Este es un sector dinámico que ha generado trabajo donde el mercado dejó de generar”, precisa.
Duarte cuenta, como funcionaria de gobierno que si el propio Estado no posiciona a estos sectores como uno de los más activos de la economía será muy difícil una recomposición. Plantea tres eslabones para la recuperación: el fortalecimiento de la agricultura familiar, el impulso de las pequeñas obras de infraestructura social básica en los barrios populares y dar valor monetario a las tareas de cuidado.
En la misma ciudad hay varias organizaciones sin fines de lucro que buscan hacer frente a este escenario, una de ellas es la Fundación Amadeo Capital Humano. En diálogo con su presidenta y fundadora, Susana González, se ve una coincidencia en el argumento de que uno de los problemas estructurales de la pobreza en el Gran Resistencia, en particular, y en Chaco, en general, es la falta de fuentes laborales formales en el sector agrario, por un lado, y la ausencia de servicios básicos en los pueblos rurales, por el otro.
Su larga trayectoria con la Fundación le ha permitido observar que desde los gobiernos de turno hay una falta en la política territorial: “Si la gente tuviera un pedacito de tierra donde poder sembrar y, a su vez, volcar en el mercado su producción, no tendría que ir a la capital donde se amplía el cordón urbano”, ejemplificó. Otro factor que engrosa los números de pobreza, según González, es la sobrepoblación como consecuencia de una inexistente Educación Sexual Integral en los asentamientos urbanos. “Hoy las familias comienzan a gestarse de forma prematura”, indica.
Sobre las causas que motivan las migraciones populares del campo a la ciudad, explicó que se debe, entre otras razones, a la pérdida de las grandes plantaciones de algodón características de esta región del país. En ese entonces los productores podían tener su empleo sin necesidad de mudarse a la ciudad. “Ahora todo es verde de soja hasta la banquina de la ruta”, ilustra la presidenta de la Fundación.
Gran Concordia: salarios bajos y desempleo
Para una mirada local sobre los suburbios de Concordia, que junto con el Gran Buenos Aires es segundo conurbano más pobre del país, habla el responsable del comedor comunitario El Puentecito, Ramón Ernesto Sarmiento, que en su trabajo cotidiano observa un alto nivel de desempleo e inestabilidad laboral. “No hay contratos laborales por un periodo largo, son apenas por dos o tres meses”, apuntó. Por otra parte, hace referencia a las asignaciones sociales que perciben muchos entrerrianos por parte del Estado. “Los empresarios se encuentran que nadie quiere trabajar la tierra porque ganan más con las asignaciones que trabajando. La gente tiene miedo de perderlas si entra a trabajar en blanco”, dice. Y agrega que el salario de los jornaleros quedó totalmente desactualizado, cobran 1.500 pesos por día, por lo que la suma mensual no llega a cubrir la Canasta Básica Total para no quedar bajo la línea de la pobreza.
Gran Mendoza: tierra de desigualdades
Por su parte, Carmelo Cortese, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, hizo referencia a los dichos del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y su pretendida autonomía económica como provincia: “Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”, había manifestado el mandatario en una entrevista radial en junio del año pasado. Cortese aseguró que este discurso de independencia no se refleja en el preocupante aumento de la pobreza que registró la provincia en el último análisis interanual, con un 5.4% por encima del 38.6% del segundo semestre de 2019.
“Desde octubre del 2016 a octubre del 2017 hubo 7 puntos de aumento de la pobreza que coincide con la gobernación de Cornejo”, alertó el profesor universitario. También, en esos 4 años, la producción de Mendoza descendió, lo que derivó en una baja en la oferta laboral.
En esta región del país hay una desigualdad muy grande; “por un lado tenés a Valle de Uco, al norte de la provincia, que es el lugar donde están las mejores plantaciones de vino”, explica, y, “por el otro, se encuentra Gran Mendoza donde la pobreza y la desposesión es galopante”. Como investigador especializado en la composición social de este territorio, explica que los propios docentes de la provincia de Mendoza se encuentran bajo la línea de la pobreza: “Ganan alrededor de 29 mil pesos en mano con 10 años de antigüedad”, dice.
La desigualdad de género tiene impacto en distintas áreas del conocimiento y el sector tecnológico no es la excepción. La situación actual coloca a las mujeres y las disidencias en una posición de desventaja con respecto a los varones.
Existen distintos indicadores que señalan la inequidad en el sector CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, o STEM, según sus siglas en inglés). Uno de ellos es el fenómeno conocido como «techo de cristal», el cual implica que las mujeres tienen más obstáculos para acceder a los puestos jerárquicos. Según el diagnóstico sobre la situación de las mujeres en Ciencia y Tecnología publicado por el Ministerio de esa área en febrero de 2020, sólo el 14% de los puestos directivos de los organismos bajo su órbita mostró mujeres al frente, mientras que el 86% de los cargos directivos restantes estaban ocupados por varones.
Delfina García Hamilton, coordinadora del Programa Mujeres, Paz y Seguridad en ONU Mujeres, refuerza estas estadísticas: «Según ONU Mujeres y UNESCO, en América Latina y el Caribe, el 45% del total de las personas investigadoras son mujeres. Sin embargo, la segregación horizontal y vertical continúa siendo elevada: las mujeres investigadoras se encuentran aún subrepresentadas en los niveles más altos de las carreras profesionales y continúan siendo una minoría en diversos campos de las STEM».
Esta realidad se vincula con la denominada “segregación horizontal”. Las mujeres están sub-representadas en áreas tradicionalmente masculinas (Ingeniería, Tecnología, Ciencias Naturales y Exactas); mientras que, por lo contrario, están sobrerrepresentadas en otros campos como las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias Médicas y de la Salud, tradicionalmente femeninas y que refuerzan los estereotipos de roles de género.
Marta Maule, especialista TIC, docente y coordinadora en el Observatorio de Políticas Públicas en la Universidad de Avellaneda, enfatiza esta idea al expresar que “tendríamos que mirar cómo se involucra a les niñes en el conocimiento y la experiencia temprana de las CTIM. Allí tenemos el inicio de un proceso sostenido que, cuanto menos a las mujeres, nos excluye sistemáticamente de la posibilidad de siquiera soñar con ser matemática, programadora o científica en general”.
Maule es una de las fundadoras del espacio de estudio y análisis de Políticas TIC en la UNDAV, conformado íntegramente por mujeres profesionales que se interesan en el sector. «La iniciativa no se trata de retener un espacio sólo entre mujeres, se trata de demostrar una forma distinta de trabajar, pensar y analizar las tecnologías, haciéndolas propias y poniéndole nueva voz a la transmisión y generación de ideas y reflexiones sobre temas monopolizados por lo heteronormativo», explica.
Por su parte, García Hamilton coincide en el rol que cumple la integración de las mujeres para evitar los sesgos en el área. «Dar a las mujeres igualdad de oportunidades para desarrollarse y prosperar en carreras STEM -dice- ayuda a reducir la brecha salarial de género, mejora la seguridad económica de las mujeres, garantiza una fuerza de trabajo diversa y talentosa, y evita los sesgos en estos campos y en los productos y servicios elaborados».
Medidas estatales para acortar la brecha
El mes pasado el Gobierno nacional inauguró el Centro de Géneros en Tecnología (Centro G+T). Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Innovación Pública que articula al Estado con empresas privadas. Tiene como objetivo la inserción de las mujeres y disidencias en el sector CTIM. Desde el sector privado, participarán Google, Nokia, Huawei, Globant, Claro, Microsoft y Facebook, entre otras.
El acto de presentación en el Salón Norte de Casa Rosada, disponible en Youtube, fue encabezado por la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; la directora de ARSAT, Anabel Cisneros; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y, en representación del sector privado, Lilian Denicola, gerenta de Calidad para el Cono Sur de Nokia.
Según ONU Mujeres, en América Latina y el Caribe, el 45% del las personas investigadoras son mujeres.
El Centro maneja dos líneas estratégicas: por un lado, trabajará en la formación e inserción de mujeres y disidencias en el sector CTIM a través de capacitaciones y charlas; y, a la par, se encargará de generar espacios en donde se visibilice a referentes mujeres con el fin de motivar a más jóvenes a formar parte del sector.
La coordinadora en ONU Mujeres resalta la importancia de este tipo de políticas: “Para lograr la igualdad de género es clave la articulación público-privada, por lo que celebramos la creación del nuevo Centro de Géneros en Tecnología, lo que representa un avance para que el Estado y las empresas articulen para impulsar políticas con perspectiva de género en sectores profesionales muy masculinizados como STEM”.
En la misma línea, Maule entiende que “decir que todas las acciones positivas contribuyen a reducir esta brecha y a generar condiciones de equidad no sorprende a nadie, pero es cierto que acciones concretas como el nuevo Centro de Géneros en Tecnologías aporta significativamente en esta dura tarea de visibilizar y comprender las barreras y prejuicios propios de un sector muy masculinizado y, también, a poner en agenda la necesidad de motivar, inspirar y mentorear a futuros profesionales que hoy pertenecen a sectores tradicionalmente relegados en las tareas de estudiar y hacer ciencias ‘duras’ o ‘abstractas’”.
Acciones concretas
Este 22 de abril, con motivo del Día de las Niñas en las TIC, se realizó la primera mesa de trabajo. En la reunión, que fue virtual, se presentó el sitio web del Centro G+T. También se estableció la articulación con el programa Punto Digital, que suma más de 580 nodos de conectividad en el territorio nacional e implica una vinculación directa entre los ciudadanos y las tecnologías.
Con respecto al sector privado, la empresa Huawei anunció la entrega de 600 becas a mujeres y disidencias que sean docentes y/o tengan entre 18 y 35 años de edad para brindarles capacitaciones en Big Data e inteligencia artificial. Por su parte, Microsoft presentó una propuesta de trabajo de 12 meses para mujeres y disidencias.
“Creo que contar con un Ministerio que tiene por tarea transversalizar la perspectiva de género en todo el accionar del Estado es estratégico para avanzar en soluciones reales y sustentables”, opina Maule. “Va de suyo que no es suficiente este enorme trabajo, sino que debemos poner, cada uno desde el sector en el que se desarrolla, la lupa en acciones concretas para profundizar y afianzar esta tarea titánica que pudimos retomar, desde lo público, en diciembre de 2019”, agrega la especialista.
El Centro G+T apunta a constituir un factor determinante en las acciones del Estado para la reducción de la brecha de género en los sectores CTIM y, para ello, la participación del ámbito privado es fundamental en este proceso. Lograr una mayor diversidad de género en áreas tradicionalmente masculinas contribuirá a resultados con menores sesgos y a un desarrollo económico más equitativo.
Así las cosas, la coyuntura de la pandemia no ha impedido que las mujeres continuen con una agenda activa en el diseño de políticas públicas y acuerdos con el sector privado para romper ese “techo de cristal”, un eufemismo de la discriminación por género que se usa en el ámbtio letrado.
En 2015 dos niños perdieron la vida en un taller textil de Flores.
Presentado por Editorial Prometeo, ¿Quién hace tu ropa? es un libro que compila una serie de estudios pormenorizados de la difícil situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de la industria de indumentaria textil argentina. Los coordinadores de la investigación son Andrés Matta, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador, y Jerónimo Montero Bressan, geógrafo e investigador del CONICET en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, quienes junto a un equipo de investigadores abordaron las cuestiones estructurales, productivas, laborales, y migracionales que operan sobre los talleres de indumentaria desde una mirada necesaria. En diálogo con ANCCOM, Montero Bressán cuenta que “el libro surge de la necesidad de juntar todos los escritos de quienes trabajamos sobre el tema”. El resultado fue una serie de capítulos que abordan las problemáticas de los talleristas en un escenario repleto de presiones empresariales y carente de controles, donde la informalidad laboral representa el 70por ciento del sector productor.
El libro, que gira en torno a la situación de los talleres de indumentaria, pone de manifiesto el problema de la superexplotación y la tercerización laboral desarrollada a partir de una serie de consecuencias económicas ocurridas a nivel nacional y global que comenzaron a gestarse en la década del setenta, a partir de la inestabilidad económica del país y de un fuerte proceso de desindustrialización. Siguiendo el modelo de abaratamiento de costos liderado por megamarcas como Nike, los empresarios nacionales se lanzaron a la implementación de la tercerización laboral. Montero Bressan explica que “la subcontratación se vuelve masiva a finales de los años ochenta, cuando en vez de producir grandes cantidades de ropa estandarizada, las fábricas empiezan a cerrar y se empieza a importar ropa por poca plata. Entonces las empresas locales se dedicaron a diseñar ropa o a traer de afuera y comercializarla. En el caso del diseño, a los mismos trabajadores, sobre todo mujeres, los mandaban a la casa con la máquina de coser al cerrar la fábrica. Ahí seguían produciendo ya no como obreras industriales que tenían un salario fijo con derechos laborales y aguinaldo, sino que pasaron a cobrar a destajo y a su propio riesgo”.
En 2016 un incendio provocó la muerte de 5 niños y una mujer embarazada en un taller clandestino en la calle Luis Viale.
Ese modelo de subcontratación se extiende hasta nuestros días, representa al 70 por ciento del sector de trabajadores de indumentaria. Esta situación acarrea problemas causados por la falta de derechos laborales, que excluye a los talleristas informales de contar con obra social, seguro, aportes para una jubilación, aguinaldo, vacaciones, entre otras cuestiones. Montero Bressán señala que “la subcontratación es una responsabilidad principalmente de las marcas, y también hay una responsabilidad muy grande de los feriantes de La Salada y los empresarios de calle Avellaneda. Hoy, todas las empresas que se dedican a la comercialización no producen nada, o se dedican -aparte del diseño- al corte, como mucho”. Al ser consultado por la cantidad de talleres informales que operan para la feria de La Salada, explica que “durante el 2013, Matías Dewey (sociólogo y doctor en Ciencia Política) haciendo un estudio muy pormenorizado en La Salada, calculó que detrás de todos esos puestos tenía que haber por lo menos trece mil talleres, todos no registrados”.
¿Quiénes cuidan a los trabajadores?
El 30 de marzo de 2006, un incendio en el taller clandestino que operaba sobre la calle Luis Viale al 1269 en Caballito provocó la muerte de cinco niños y una mujer embarazada. El hecho se dio en un contexto donde sesenta y cuatro personas convivían y trabajaban en condiciones de hacinamiento, lo que produjo que el fuego iniciado a partir de un cortocircuito se extendiera rápidamente por todo el taller. Se supo que en este lugar se producían pantalones de jean que luego eran comercializados en un local del barrio de Flores, ubicado sobre Avenida Avellaneda. Luego del juicio en 2016, se condenó a Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, capataces del taller, a 13 años de prisión por reducción a la servidumbre y estrago culposo seguido de muerte. Una suerte distinta corrieron Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, los dueños del taller, que fueron sobreseídos en 2019 por prescripción de la causa debido a la falta de pruebas. Montero Bressán señala que “después del incendio de la Calle Luis Viale, el subsecretario de la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Lieutier, calculó junto a organizaciones de talleristas que había alrededor de cinco mil talleres en la Ciudad de Buenos Aires. Se puede decir que las más de 120 marcas denunciadas por subcontratar talleres -entre las que se encuentran, por ejemplo, Mimo y Cheeky– están dentro de esos cinco mil”.
En el año 2015, otro incendio similar ocurrió en un taller del barrio de Flores, donde dos niños -que se encontraban encerrados en el lugar- perdieron la vida por negligencia. La falta de controles y de legislación para preservar los derechos de los talleristas provocan un problema que dista de mejorar. Para Montero Bressán “estamos a cinco minutos de un nuevo incendio en un taller clandestino. En el momento en que haya una reactivación económica, va a influiar de manera muy fuerte a este sector. La gente va a salir a comprar ropa, porque es una de las primeras cosas que se recupera, pero esa recuperación del sector va a estar sobre la base del sector informal. Esto es lo que pasó en 2003, 2004 y en ese contexto fue que en 2006 ocurrió lo del taller clandestino de Luis Viale: la industria estaba produciendo a morir pero sobre la base del empleo informal. Tememos que esta vez pase lo mismo, que la recuperación del sector se sostenga sobre la superexplotación de migrantes en talleres. Si hay un nivel de falta de control como hoy en día, probablemente vuelva a suceder”.
Los capataces del taller incendiado en Luis Viale al 1200 recibieron 13 años de prisión, pero los dueños fueron absueltos.
La falta de controles gubernamentales y de organización sindical por parte de los talleristas es potenciada por la situación de precariedad laboral, donde un gran número de los trabajadores informales son migrantes no registrados en una situación de extrema indefensión, quienes además realizan jornadas, en promedio, de doce horas diarias, donde se busca producir la máxima cantidad de prendas por hora. La elevada intensidad laboral es acompañada por una paga muy por debajo de su valor real, malas condiciones ambientales y de higiene, exposición constante a partículas de tela que son inspiradas y acarrean problemas pulmonares, entre otras problemáticas. Esta serie de factores determina un conjunto de riesgos que arremeten fuertemente contra la salud y el bienestar de los trabajadores. En cuanto a las costureras, el libro también visibiliza las situaciones de abuso y acoso de género que repercuten en su salud tanto física como mental.
El futuro de los talleres
Para Montero Bressán “las perspectivas son malas, principalmente porque entre les costureros no hay organización, lo único que existen son cooperativas que en este sector están peleando muy fuertemente por sobrevivir todo el tiempo, porque están compitiendo en un sector en donde el precio de su contratación es muy bajo y comercializar es muy caro y difícil, necesitás otro capital al que las cooperativas no tienen acceso, entonces lo único que pueden hacer es producir a fasón”. Esto significa que los talleristas dependen del trabajo tercerizado que les brindan las marcas, al mismo tiempo que están ligados a los vaivenes económicos que repercuten directamente en su margen de ganancias, que ya de por sí es muy bajo. A falta de medidas concretas a favor de los talleristas, la organización se torna crucial en este punto. “El sindicato SOIVA (Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines), que es de costureros y costureras, no hace nada. Si vos no tenés un sindicato fuerte que reclame, es muy difícil que los gobiernos decidan empezar a controlar el sector, porque no hay quien demande que esto cambie. Las empresas tienen poder de llegada a los medios y tenés un sindicato que hace lo que dicen las empresas”. La fragmentación de los eslabones de la cadena productiva de la indumentaria y la falta de un sindicato fuerte produce un quiebre en la organización del colectivo de trabajadores, que no logra cohesionarse para hacer frente a la situación de precarización laboral.
“Hoy la Cámara de Indumentaria tiene mucho peso en el Ministerio de Producción, pero está pensando solamente en recortarle impuestos a las empresas. Me parece que no va por ahí la solución al sector, lo que hay que hacer es controlar”. De igual manera, y para generar algún tipo de mejora a la situación, Montero Bressán explica que a partir de la publicación del libro “armamos un grupo para impulsar el proyecto de establecer una trazabilidad, para que la ropa tenga una etiqueta más que muestre cuáles son los lugares donde se produjo. Entonces el inspector podría ir al local, escanear las etiquetas y ver dónde se fabricó, si no hay información o no coincide con el taller, es que se hizo en negro”.
Dentro de esta obra que relata las vivencias y abusos a los que los talleristas son sometidos, los autores proponen una serie de propuestas para el desarrollo del sector a partir del fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, basándose en la innovación, la sustentabilidad y los servicios de apoyo que garanticen un trabajo en condiciones dignas y alejado lo más posible de los peligros de la precariedad e informalidad laboral. La denuncia que lleva a cabo este libro fue coordinada y escrita por Andrés Matta y Jerónimo Montero Bressán, y también tiene como autores de los capítulos a los investigadores Cristina Etchegorry, Cecilia Magnano, Carolina Orchansky, Nahuel Aranda, Juan I. Staricco, Ariel Lieutier, Carla Degliantoni, Paula Salgado, Ayelén Arcos y Antonella Delmonte Allasia.
El 10 de marzo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 19/2021 donde se plantea la necesidad de planificar una estrategia para la migración de los organismos y entidades públicas a los servicios de cómputo en la nube localizada en servidores propios. Es parte del Plan Conectar 2020-2023 que sintetiza los objetivos del gobierno nacional en materia de telecomunicaciones. Entre algunas de las metas por cumplir se encuentra la federalización de las tecnologías de la información y la comunicación y el fortalecimiento del Centro Nacional de Datos operativo en Arsat.
En la resolución 19/2021 se destaca la propuesta de crear y desarrollar una Nube Híbrida de Gobierno y la realización de una consulta pública para analizar sus características. ¿Qué es una nube híbrida? Si bien no hay una definición precisa y clara de qué es “la nube”, puede describirse como una red mundial de servidores interconectados para funcionar como un ecosistema. Algunas de las funcionalidades de los servidores son almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenido. La nube puede implementarse en entornos privados, públicos o híbridos, una combinación de ambos entornos.
Actualmente todos los niveles de gestión estatal están tecnológicamente condicionados por no poseer una nube pública. Los servicios de cómputo en la nube, requeridos para almacenar los datos de los argentinos, se compran a empresas multinacionales que monopolizan el mercado de las TIC’s y terminan convirtiéndose en dólares que migran hacia afuera generando desajustes en nuestra balanza comercial externa.
¿Por qué deberíamos estar interesados en los debates sobre soberanía tecnológica? “No se puede dejar solamente en manos del mercado o de los grupos de expertos informáticos la dirección que toma la sociedad en cuestiones de tecnología, porque afectan cada vez más nuestras vidas, nuestras democracias y nuestros derechos”, explica a ANCCOM Susana Morales, licenciada en Comunicación y organizadora del panel de conversaciones “Soberanía tecnológica. ¿Que implica y cómo alcanzarla?”, auspiciado por la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y realizada a fines de marzo.
En el ciclo de charlas estuvieron presentes diversos especialistas en comunicación: ingenieros, físicos, el diputado Pablo Carro y Martín Olmos, Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Un grupo de los participantes elaboró un documento de análisis y propuestas para acercar como parte de la consulta pública.
La soberanía tecnológica no solo depende de contar con servidores propios. También resulta fundamental tener control sobre el software, algo que no ocurre cuando se lo compra a empresas que lo cierran como forma de proteger su desarrollo. Por eso no se lo puede modificar ni auditar para ver qué hacen realmente con la información que se carga. “Hoy para diseñar cualquier política pública es necesaria una herramienta informática. El Estado debe poder tener acceso a la propiedad intelectual. Para que las leyes de propiedad intelectual no se le impongan al Estado es necesario una herramienta de soberanía. Ahí es donde aparece el software libre”, propone Leandro Monk, síndico de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC) y fundador de GCOOP, empresa cooperativa que desarrolla software libre en el país.
“Hablamos de nube estatal porque el que tiene control de la nube es el Estado. Es el jugador que abre el juego para que jueguen todos. ¿Qué es lo que necesita el Estado? Soberanía tecnológica: los datos de los argentinos en manos de los argentinos”, concluye Monk.
Producción de netbooks en la provincia de Buenos Aires en el marco del Plan Federal Juana Manso.
Las empresas de mayor valor bursátil, conocidas como GAFA (por Google, Amazon, Facebook y Apple), en la actualidad producen, distribuyen y comercializan tecnología. El modelo de negocio exitoso de estas empresas se basa en la creciente capacidad técnica de producir grandes cantidades de datos que, apoyadas en la inteligencia artificial y, por intermedio de innumerables ensayos de prueba y error, permiten recopilar información sobre estímulos y respuestas de los usuarios de las plataformas. Con estos datos se crean perfiles detallados de cada uno de los usuarios que quedan en manos de las empresas privadas para su uso a discreción.
¿Cómo equilibrar la balanza frente a corporaciones con tantos recursos y datos? “La herramienta de soberanía e independencia es colaborativa. El software libre abre una ventana de posibilidades para que la herramienta sea colaborativa en un ámbito donde muchos más actores tienen este mismo problema”, opina Monk. Contar con una nube propia capaz de realizar las tareas sin enviar datos a otros países no solo permite protección de los ciudadanos, si no trabajo y desarrollo de conocimiento local.
La Municipalidad de Rosario y la Administración Nacional de Ingresos Públicos son ejemplos de utilización del software libre por parte de organismos o entidades públicas. Además, las notebooks que distribuirá el gobierno nacional en el marco del Plan Federal Juana Manso anunciado por el presidente Alberto Fernández el pasado 4 de mayo, funcionarán con el sistema operativo Huayra, liberado bajo licencia pública general o GNU, la misma licencia que utiliza el software libre. Es otro paso hacia una siempre difícil soberanía tecnológica que, en este caso, reduce el seguimiento de las actividades de los alumnos, sino que también les permite “abrir” la tecnología para ver qué hace.
La soberanía tecnológica es la capacidad que tiene un Estado de tomar decisiones en relación a la tecnología que usa. Debe ser el Estado quien responda a las preguntas sobre cómo, cuándo y por qué modificar ciertas tecnologías.
En medio de la incertidumbre que trae aparejada la pandemia, el físico argentino e integrante del CONICET, Enzo Tagliazucchi, y el psicólogo Federico Cavana realizaron una investigación sobre sus efectos en sectores sociales que realizan prácticas de meditación, religiosas o consumen algún tipo de estupefacientes. ¿Qué efectos tienen esas prácticas sobre su estado de ánimo respecto al resto de la población?
El estudio, que contó con el apoyo del sitio dedicado a la divulgación científica Elgatoylacaja, buscaba responder una pregunta muy particular: “¿Es posible que todas esas personas que estuvieron meditando y consumiendo psicodélicos sin tener ningún trastorno mental se encuentren ahora mejor preparadas para enfrentar la ansiedad, la incerteza, la pérdida de control, y la disrupción constante que representa la pandemia?”. Encontraron que hay una correlación que se sustenta también en investigaciones previas sobre temáticas similares.
Metodologia utilizada
La investigación se realizó en cooperación con el laboratorio de Conciencia, Cultura y Complejidad (COCUCO) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA), que tiene como uno de sus ejes, el estudio de la conciencia humana. El equipo de El gato y la caja colaboró en la construcción de las encuestas y en establecer la base de datos para el desarrollo del trabajo. Los investigadores aclaran desde el comienzo que la muestra obtenida no es representativa del conjunto de la sociedad en tanto quienes practican yoga o usan estupefacientes, por ejemplo, fueron los que más difundieron la encuesta en sus redes sociales.
“La encuesta tiene ramas. No a todos les llegan las mismas preguntas y bajo el mismo orden”, señaló Rocco Di Tella, investigador e integrante de El gato y la caja. Destaca, además, el carácter comunitario para el desarrollo de este informe: “Diseñamos la encuesta en el portal y lo distribuimos a la comunidad. En ocasiones llamamos a medios o gente afín al portal para que lo comparta en redes, lo cual sirve para que participen más personas”.
Los cuestionarios utilizados para la realización de este estudio utilizaron las categorías: ansiedad-riesgo o STAI (por State Trate Anxiety Inventory en inglés), utilizado para medir el nivel de inquietud del encuestado al participar en el informe; efecto positivo-negativo, empleado para observar la relevancia de los sentimientos y emociones de los participantes; escala de bienestar psicológico, indicado para conocer el nivel de la psique de los encuestados; nivel de resiliencia, utilizado para señalar la capacidad de adaptarse a las adversidades de los entrevistados.
Di Tella señala que para participar el encuestado debía tener un usuario en el portal, a fin de correlacionar sus respuestas, en caso de que haya participado anteriormente, con las otorgadas en antiguos cuestionarios de la página. “Nosotros no guardamos los mails; mantenemos el anonimato del encuestado, pero a través de la cuenta podemos observar ciertas variables obtenidas de encuestas anteriores”
Los objetos analizados
Para la realización del informe analizaron el consumo de distintas sustancias, tanto alucinógenos como bebidas alcohólicas, ejercicios de relajación como la meditación y también prácticas religiosas. Cada respuesta otorga un puntaje que permite la correlación de las variables. En relación al consumo de sustancia, los alucinógenos más usados por los encuestados fueron el LSD y los hongos alucinógenos. Los entrevistados, según el informe, han tenido una experiencia positiva con estos productos y en algunos casos, utilizaron en el pasado múltiples sustancias alucinógenas para experimentar el “viaje”.
El consumo de sustancias alucinógenas, según los resultados de la encuesta, muestra su correlación con la sociabilidad, en tanto gran parte de los entrevistados las consumieron en en compañía de otros amigos o para experimentar con los productos. En el informe destaca que los niveles de ansiedad, los niveles anímicos, como era de esperar, están por debajo de la etapa prepandemia, lo que significa que los encuestados se encuentran con mayor pena y dolor que en años anteriores.
¿Qué reveló la encuesta? Que quienes consumieron drogas psicodélicas tienden a tener “mejores indicadores en salud mental, mientras que lo opuesto ocurre para otras drogas no psicodélicas, legales o ilegales”. La investigación cita trabajos que, contrariamente a cierto prejuicio instalado, indican que no hay “evidencia que vincule el consumo de psicodélicos con el desarrollo de trastornos mentales” y que, por el contrario, “el uso de psilocibina (hongos psilocibes), mescalina (San Pedro o peyote) y LSD se asocia a menor malestar psicológico, menor consumo de psicofármacos y menos internaciones por problemas de salud mental”. Según los autores hay mucho por investigar en este campo que aún es tabú para buena parte del mundo científico.
El trabajo también indica que quienes practican distintas disciplinas de relajación poseen un bajo nivel de ansiedad. Y aquellos que profesan con regularidad alguna religión cuentan con niveles de ansiedad bajo en comparación a quienes realizan prácticas esporádicas.
En relación al consumo de sustancias, desde el informe encuentran correlaciones entre algunas drogas no psicodélicas, como la cafeína por ejemplo, con un nivel elevado de ansiedad y con el predominio de sentimientos negativos, al igual que un bajo nivel de bienestar y resiliencia.
Algunas conclusiones no definitivas
“Las preguntas no las hacemos porque sí. Siempre encontramos relación entre un tema con otro. Por ejemplo, hay relación entre los estados mentales entre una persona que medita o una persona que consume sustancias”, indicó Di Tella. Por último señaló el interés en el desarrollo de las variables para pensar al cerebro como un sistema. “Los efectos de la meditación o del consumo de psicodélicos tienen muchos puntos en común. En parte, los relacionamos con ciertos elementos de la entropía del cerebro, lo cual se ve en las personas cuando tienen sueños, experiencias psicodélicas, experiencias religiosas, experiencias fuera del cuerpo o medicación. Entonces es interesante poder relacionar cada parte”, indicó el investigador.
La República Argentina cuenta con más de 45 millones de habitantes de los cuales el 42% se encuentran bajo la línea de la pobreza, tal como lo informó el INDEC el pasado mes de marzo. La comparación interanual es un dato que preocupa aún más cuando se observa el fuerte incremento en esos niveles que se registraron en el segundo semestre de 2020, con 6,5 puntos porcentuales por encima del 35,5% de igual período de 2019.
