May 17, 2021 | Comunidad, Novedades
A un año del fallecimiento de Ramona Medina, referente popular de La Poderosa en la Villa 31, la desidia de las políticas públicas en CABA mantienen como una postal las mismas problemáticas por las que ella “gritó y zapateó” hasta el último día.
“Esta sociedad, políticamente hablando, pretende que uno sea más débil de lo que ya es”, aseguraba en un video Ramona Medina, referente popular de La Poderosa en la Villa 31, y continuaba: “Yo no estoy pidiendo más de lo que corresponde. A veces no me gusta ponerme mal, gritar o zapatear por un derecho pero siento que no está de más hacerlo cuando el derecho lo requiere”.
Un año atrás, tras exigir durante 12 días -o más bien durante años- el acceso al agua en el barrio y en su casa, la referente popular perdió la batalla contra el covid 19 y, fundamentalmente, contra la desidia. Mujer de autóctona sabiduría y arraigadas convicciones, a pesar de que poco y nada ha cambiado, sus luchas siguen resonando en las gargantas de los que hoy continúan peleando.
En una de las callecitas de la villa, el rostro de “Ramo” aparece imponente sobre un paredón recientemente pintado, a metros de donde supo estar su casa, pero donde ahora sólo queda un cúmulo de escombros. Y como su casa, cientos de hogares más, que tras la relocalización fueron tirados abajo y cuyos restos el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó a la buena voluntad de quien lo quiera juntar.
“La verdad, mucha urbanización no hay. La manzana donde vivía Ramona está totalmente llena de escombros, destruida, con ratas, llenas de cosas y basura. Eso hace que se estanque mucho el agua cuando llueve”, relató Pamela Andrade, referente en La Casa de las Mujeres y las Disidencias ‘Ramona Medina’, espacio en el que Medina atendía una posta de salud. “En esa manzana siguen viviendo familias que tienen que convivir con la preocupación por no contagiarse del covid ni de ninguna otra enfermedad ocasionada por esas condiciones”, añadió la joven referente.
«La manzana donde vivía Ramona está totalmente llena de escombros, con ratas y basura», dice Andrade.
Así como la pintoresca fachada de la Villa 31 intenta maquillar, para turistas y recién llegados, la miseria planificada que hay detrás, el marketing que infla a un proyecto de urbanización irrisorio, oculta las condiciones en que quedaron quienes ahí aún residen. “Todavía el Gobierno no se ocupó de limpiar todo ese sector que derrumbaron. Alrededor hay muchos chicos, mucha gente mayor y esto, en pandemia y con el dengue, es un problema que perjudica la salud. Necesitamos que eso se limpie”, manifestó Alicia Casimiro, referente del comedor ‘Gustavo Cortiñas’, del cual era parte Medina.
Un vasito de agua, por favor
“El agua es indispensable para cualquier la familia y muy claro lo dejó Ramona que vivió 12 días sin ella y por eso falleció, porque el gobierno y los representantes que tendrían que haberla garantizado en plena pandemia no lo hicieron”, narró Andrade y, con mezcla de enojo y desazón, añadió: “Ramona murió luchando para que le devuelvan el agua, para poder mudarse a una vivienda digna, y no lo logró. Sus hijas sí, ya que mientras ella estaba por morir estaban mudando a su familia. Tuvieron que esperar a que ella esté intubada para que hicieran algo”.
Sin embargo, emparchar no es lo mismo que arreglar: actualmente, el barrio continúa con irregularidades y sin agua potable, entre otras tantísimas problemáticas por la inaccesibilidad a los servicios básicos. “A veces simplemente querés sacar un vaso de agua para tomar, en cualquier parte de Buenos Aires se puede hacer, pero en la Villa 31 y en el resto de las villas de Capital, no”, aseguró la joven referente.
“Todavía el Gobierno no se ocupó de limpiar todo ese sector que derrumbaron para la relocalización», dice Casimiro.
“Si querés comer, bañarte, desinfectar tu hogar, ¿cómo lo haces si no tenes agua? La verdad que da bronca e impotencia, te sentís abandonada por el Estado, haces reclamos para que vengan a arreglar la luz, el agua, a ver las cloacas y no hay respuestas”, manifestó Casimiro y Andrade agregó: “La única respuesta es que sigamos esperando. ¿Tenemos que esperar a que se nos vaya el agua 15 días de nuevo y que fallezcan más compañeros y compañeras para que al fin nos pongan agua potable? No queremos ver más compañeros muertos exigiendo un derecho. No exigimos muchas cosas, exigimos agua, agua potable”.
Cuidar a quienes cuidan
Ramona Medina formaba parte del comedor ‘Gustavo Cortiñas’, del cual Casimiro es actualmente referente. “Estos espacios son necesarios porque como vecinas nos organizamos para ayudar a quienes necesitan llevar un plato de comida a sus casas, a quienes necesitan tener un apoyo”, afirmó Casimiro.
En los años previos a la pandemia, en el comedor se repartían aproximadamente 130 raciones, número que se triplicó a partir de 2020. A pesar de la incertidumbre de cada día de si alcanzarán los insumos para todas las personas que concurren, el espacio mantuvo sus puertas siempre abiertas. “Fue un año muy difícil, de mucho miedo. Trabajamos de lunes a lunes y muchas horas de más”, comentó la referente y añadió: “Se nos reconocieron 100 raciones más desde el gobierno, que es un logro, pero falta que nos reconozcan las vacunas para nosotras que somos esenciales, que estamos todos los días expuestas al virus para garantizar la comida a los vecinos que lo necesitan”.
En el comedor Gustavo Cortiñas, los comensales pasaron de 100 a 300 durante la pandemia.
Durante todo el 2020, sin salarios ni descanso, las cocineras comunitarias -como así también las promotoras de salud, de género y tantas más- son las que sostuvieron a barrios, descaradamente empobrecidos, como la Villa 31. La situación de vulnerabilidad que visibilizó la muerte de Ramona Medina es la misma en que se encuentran tantas otras trabajadoras comunitarias en la Ciudad de Buenos Aires, ya que pese a ser las primeras en salir a cuidar, son sin embargo las últimas en las filas del Estado.
“Nosotras garantizamos un montón de cosas que el gobierno no hace y tejemos redes entre las vecinas para que entre todas podamos seguir adelante”, sostuvo Andrade. Si bien esas redes comunitarias atinan a tambalear cuando uno de sus pilares se cae, más temprano que tarde, recobran la fuerza entre todos tejida y redoblan las ilusiones de un mundo mejor. Recordando a su compañera “Ramo”, Casimiro concluyó: “Era una gran mujer y una referente para mí. Acá la recordamos con mucho amor, mucho cariño y mucha lucha”.
“Yo creo que no tenés mucho tiempo para soñar, porque todos los días hay un sueño diferente”, decía Ramona Medina en el mismo video grabado desde La Garganta Poderosa. En el primer aniversario de su fallecimiento, sus vecinos y compañeros seguirán exigiendo, gritando y zapateando para que todo sea un poco más parecido a lo que Ramona, cada día, hubiera soñado. Porque el derecho, sea el que fuere, sí que lo requiere.
May 17, 2021 | Géneros, Novedades
Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y dio origen así al “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, que se conmemora cada 17 de mayo.
Si bien está instalada la palabra fobia –que hace referencia al miedo, aversión o rechazo–, es necesario ponerla en debate: los crímenes cometidos hacia personas LGBTIQ+ son producidos por odio, no por miedo.
Gustavo Pecoraro (56), escritor y comunicador marica, adhiere a esta idea y rememora el caso de Matthew Shepard, un estudiante estadounidense asesinado en 1998 por dos hombres, quienes, en el juicio, confesaron haber cometido el crimen porque él se les había insinuado, es decir, usaron la fobia como argumento.
Pecoraro prefiere utilizar los conceptos de lesboodio, transodio, biodio y homoodio. Tampoco se siente representado por el término “varón”, afirma que está ligado a una cuestión heterosexual. Y cuando se empezó a hablar de la deconstrucción de las masculinidades, se dio cuenta de que a él no le correspondía esa tarea, sino que debía construir su propia identidad. Así fue que decidió reivindicarse como marica.
Consultado por ANCCOM si cree que en algunos ámbitos sigue habiendo más discriminación que en otros, sostiene: “Se siente, está siempre, es como el aire, por eso existe el armario”. Y agrega que por su militancia es probable que si le gritan “puto” lo reciba como “un bocinazo”.
El activista advierte que el avance no es mundial, es desparejo. “En Argentina tenemos un montón de leyes para defendernos, hay abogades y hay gente que está trabajando en la defensa, por más que sea una lucha constante. Hay lugares donde es mucho peor. Hace poco, en un pueblo en Irán, fue asesinado un joven veinteañero por sus primos y hermanos, por su propia familia”, cuenta.
Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Esto es grave porque significa que un tercio de los estados miembros de la ONU (sobre un total de 193) siguen criminalizando la homosexualidad. Y aunque en América latina la legislación acompaña muchos avances, hoy siguen dándose crímenes de odio. En Brasil, cada 25 horas una persona de la comunidad LGBTIQ+ es asesinada. En Argentina, Tehuel está desaparecido hace más de dos meses.
Más de 60 países aún no han reconocido la decisión de la OMS de quitar a la homosexualidad de la lista de enfermedades.
Discriminación cotidiana
La discriminación también se manifiesta en las dificultades de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda. Este último, un derecho básico, es obstaculizado cotidianamente por las inmobiliarias, que suelen rechazar potenciales inquilinos trans y travestis por asociar su identidad a lo promiscuo, al consumo de drogas y a la prostitución.
Ayelén Beker es una cantante y activista trans. A través del arte tuvo la oportunidad de independizarse y de acceder a un alquiler. Sin embargo, la pandemia la obligó a buscar opciones para subsistir y confiesa haber sacado “el traje de puta que las travas siempre llevan en la cartera”.
Hace dos años que vive en el mismo edificio y desde el primer momento sufrió discriminación de una vecina que jamás reconoció su identidad de género. Durante la cuarentena, Beker le abrió las puertas a compañeras que se habían quedado en la calle y repartió viandas, todas acciones que fueron motivos de conflicto.
“Hace unos dos meses, me llamó la inmobiliaria para decirme que mi departamento estaba denunciado como ‘privado’ por el consorcio de vecinos porque recibía muchas visitas. Les dije que nada que ver, que yo vivo en mi casa, y que en todo caso si ella (por la vecina) quería saber si soy puta, me lo preguntara”, relata.
Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género.
Un día llegó al edificio y encontró la entrada empapelada con carteles que anunciaban la prohibición del trabajo sexual. Como justificación afirmaba que el uso de los departamentos sólo podía estar destinado a viviendas familiares. Al mismo tiempo, amenazaban con hacer uso legal de las filmaciones que registran las cámaras del edificio. En otras palabras, amenazaba a todo aquel que fuera invitado por ella. “Que asuman que soy prostituta solo por ser trava, también es discriminación”, subraya.
Indignada, arrancó los carteles y eligió el camino legal. “Quieren sacar nuestro lado más feo: la trava, puta, quilombera. Pero yo no entré en su juego”, explica. Les mandó una intimación, pero el consorcio no cedió. Así, el acoso fue cobrando todas las formas posibles: la acusaron de trata de personas, le bloquearon la llave de entrada, le cortaron los servicios. El hostigamiento persistió y todavía continúa.
“Estoy esperando los tiempos de la justicia, que además no está hecha para nosotras. Espero que se resuelva. Quiero vivir tranquila en mi casa, como cualquier persona que paga su alquiler. No molesto a nadie”, declara.
El suyo no es un caso aislado. Para la comunidad trans, la dificultad para acceder a una vivienda es un problema diario. Son constantemente echados y excluidos. “En la pandemia han venido a dormir amigas que no tenían adónde ir. Es así siempre. Terminás volviendo a la casa de tus padres sintiéndote una vividora, un parásito, porque la sociedad no te deja llevar una vida normal. Siempre estuvimos marginadas”, remarca.
Pese a que el alquiler de su departamento está a su nombre, los trámites previos a firmar el contrato los tuvo que hacer su mamá: “Me pasó dos o tres veces de ir a las inmobiliarias y que me digan que sí por compromiso, pero cuando quise señar ‘el departamento ya se había alquilado’. Por eso le tuve que pedir ayuda”, cuenta. En ocasiones, incluso, le han querido cobrar el doble en pensiones.
“Necesitamos una ley, un amparo para las personas travestis, para que podamos alquilar tranquilas. Nos excluyen de todos lados. Una lo naturaliza y termina creyendo que es normal. Te acostumbrás a irte de todos lados porque sos puta o travesti. La vivienda es lo primordial para las personas. No puede ser que vivamos así, estamos en el 2021 con un gobierno que supuestamente es diverso. Hay que aprovechar las herramientas que tenemos”, opina.
En septiembre del año pasado se anunció el Decreto 721/2020, que establece un cupo laboral trans del 1% en el Estado Nacional. “No debería ser necesario un cupo laboral trans –según Beker–, pero es un avance. A nosotras, las travestis, nos cambia la vida tener acceso a un trabajo. Pero las personas no están capacitadas. Yo estuve trabajando en un camión de vacunación, que entré por un cupo, pero me tuve que ir porque mi coordinadora me hostigaba. Son personas que no entienden que vos entraste sin estudiar por un cupo. Formarte en una sociedad que no está preparada para que una travesti esté en una universidad o en un banco atendiéndote es muy difícil”.
Recientemente, se presentó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género. Mientras tanto, en Argentina, como en el resto del mundo, la comunidad LGBTIQ+ sigue siendo violentada e imposibilitada a acceder a sus derechos fundamentales. Pero en los últimos años la fuerza del activismo logró instalar en la agenda política sus reclamos y el Estado está empezando a saldar la deuda histórica con los derechos humanos.
En 2010, se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, cuyo debate en el parlamento copó los medios y tras la sanción se modificó la mirada de la sociedad. “Lo importante es el derecho, representa un cambio cualitativo. No solo de los que veníamos peleando, empoderó a las nuevas generaciones y a partir de ahí se formaron decenas de organizaciones en todo el país y todos los partidos empezaron a tener un área de diversidad sexual. Y después llegó la Ley de Identidad de Género, referente mundial para el activismo”, concluye Pecoraro.
May 17, 2021 | Comunidad, Novedades
El último informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte releva que durante 2020 se registraron 2.784 siniestros fatales en los que 3.138 personas perdieron la vida. Menos que en periodos anteriores pero con números siempre elevados, en un gran número producto de “picadas” automovilísticas.
Carteles, pinturas en el asfalto, en una ruta. Bicicletas colgadas en el tronco de un árbol, nombres de personas y fechas son señales de que algo pasó y ahí se quedó. El lema: “No queremos una estrella más en el cielo” es la campaña de concientización que la Asociación Madres del Dolor lleva adelante para prevenir hechos viales.
Si vas caminando por la calle y elevas la vista, probablemente te encuentres con una estrella amarilla o una bicicleta, con un nombre y una fecha. Seguro no sepas quién es esa persona, qué hacía o cómo era. Tampoco quién era su familia, sus amigos y qué pasó ahí.
Madres del Dolor fue creada el 10 de diciembre de 2004 con la finalidad de promover y consolidar la prestación de la justicia, brindar servicios de asistencia y constituir un foro de defensa de los derechos y la seguridad ciudadana. Las fundadoras han perdido a sus hijos en diferentes hechos de violencia que lejos están de calificarse como simples accidentes de tránsito. Una de las integrantes es Viviam Perrone, mamá de Kevin Sedano.
Kevin, de 14 años, fue atropellado, abandonado y muerto por Eduardo Sukiassian el 1 de mayo del 2002. A partir de ese trágico momento, Viviam comenzó una larga lucha para pedir justicia por su hijo.
La labor de Viviam está enfocada en visibilizar violaciones a las reglas de tránsito que provocan muertes evitables, algo que se ha incrementado en forma excesiva. Teresa Mellano, mamá de Paolo Mellano, atropellado en una picada el 21 de septiembre de 2003, vio que en Colombia para recordar a las víctimas de tránsito pintaron y colocaron carteles con cruces negras.
“A nosotras nos pareció mejor la estrella amarilla con el lema «No queremos más una estrella en el cielo» y con el color amarillo, que es el que se usa en la prevención de tragedias viales”, explica Viviam.
“Nosotras no utilizamos la palabra accidente porque la mayoría de los casos son totalmente prevenibles. Un accidente es algo que vos no podés evitar. En cambio, la mayoría de estos hechos son totalmente evitables. Entonces, colocamos el cartel estrella amarilla para prevenir otros casos”, agrega Viviam.
Cinco puntas
“La Estrella tiene en cada punta una palabra: Memoria, Prevención, Ley, Justicia y Educación”, cuenta Viviam. En cada hecho vial se repetían, por eso las madres fundadoras las eligieron para comunicarse. La representante de Madres de Dolor lo sintetiza en cinco puntos:
1) “Memoria para nuestros seres queridos, muchos de ellos tenían muchos sueños por delante.”
2) “Justicia porque no queremos venganza, sino que la justicia sirva para levantar los pedazos que quedaron de nuestras familias y volver a armarla en una nueva vida, nueva familia, porque todo hay que construirlo desde cero. Lamentablemente casi nunca se hace presente.”
3) “Prevención, que sea llamativa y llame la atención.”
4) “La Ley estaría emparentada con la justicia”
5) “Educación porque sentimos que todavía hay mucha gente que no sabe lo que significa la estrella”.
“En la bici va una vida” hay gente que pone la bicicleta y la estrella porque también es un hecho vial. La verdad es que no queremos llenar las ciudades y el país con estrellas, bicicletas, lo que queremos es que no existan”, concluye la referente de Madres del Dolor.
Señales
La muerte de Kevin Sedano fue un caso que ningún medio cubrió. Viviam necesitaba saber quién había atropellado a su hijo, qué pasó, por qué se escapó y encontrar al responsable.
Hoy, cuando alguien se escapa rápidamente, la prensa cubre la noticia. “En ese entonces no había tanta cámara. Nos acompañan los medios, la gente comprende que realmente son evitables; y, la gente sabe que no hay que correr picadas, que no hay que estar conduciendo en estado de ebriedad”, analiza Viviam sobre las dificultades iniciales y los cambios propios de entornos urbanos con muchas cámaras de seguridad..
Las estrellas amarillas empezaron en 2006. En Vicente López se colocó la primera, fue la de Paolo Mellano, a dos cuadras de donde mataron a Kevin (Corrientes y Libertador). La segunda estrella fue la de Kevin, recuerda Viviam.
Penar el “homicidio vial”
En la Cámara de Diputados hay dos proyectos legislativos importantes: La Ley Tahiel recupera el nombre de Tahiel Contreras, un niño de 6 años atropellado por un automóvil que corría una picada en la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere. Este proyecto crea las figuras penales de “homicidio vial” y “lesiones viales” y determina que quien cause la muerte haciendo picadas ilegales, tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión. Según la norma, el delincuente vial quedaría preso desde el momento cero de la investigación, además de fijar la pena de inhabilitación absoluta para volver a conducir.
La Ley Kevin, otra iniciativa elaborada por la diputada María Luján Rey, aplica no sólo para los que participan de las picadas, sino también para aquellos que las promocionan o las organizan.
Viviam Perrone también está trabajando en el proyecto de Ley Alcohol Cero. “Nosotras queremos, que si el test de alcoholemia le da a un conductor un gramo de alcohol en sangre, se considere un delito aunque no haya chocado o matado a nadie. Si te dio más de uno, que es una barbaridad, además de eso te queda un antecedente penal y si lo volvés hacer tenés que quedar preso seis meses”, propone Viviam.
Picadas en pandemia
Durante las medidas de aislamiento preventivo los hechos viales se frenaron a partir del 20 de marzo. La primera semana la Asociación Madres del Dolor no recibió ningún llamado, pero en la segunda comenzaron a sonar los teléfonos.
“Fue impresionante la cantidad de picadas que había en diferentes municipios, no pararon. Al contrario, cuando se liberó un poco fue increíble la cantidad de casos que hubo”, señala Viviam, y agrega: “A partir de junio ya estuve en el Congreso. Dije: “¡Basta, la gente se está muriendo, algo tenemos que hacer!” Siempre con los cuidados, manteniendo la distancia, estuve en marchas y cuando murió Tahiel me fui a La Matanza”.
Con las calles vacías y pocos autos circulando, las picadas callejeras durante la cuarentena cambiaron la metodología: se citaban por whatsapp y se encontraban al costado de alguna ruta. Hoy en día ocurren en cualquier horario. La Agencia Nacional de Seguridad (ANSV) está tomando medidas jurídicas de fiscalización para erradicarlas. También, solicita a quienes detecten estas competencias prohibidas las graben y las compartan con el organismo para que actúe de inmediato.
Siniestros viales en Argentina
Comparando los datos del año 2020 con los anteriores disponibles se observa una contundente baja en la siniestralidad vial como un impacto directo de las primeras fases de la cuarentena.
De acuerdo con el análisis realizado por el Observatorio Vial, la tasa de mortalidad del año 2020 resultó ser de un 44% menor al último dato registrado. Un 6,9% durante 2020 contra 12,3% de 2018, último registro disponible.
En abril del 2020 se registró una circulación 80% menor que la observada en el mes de febrero. No obstante, ese porcentaje se reduce a medida que avanza el año y aumenta la movilidad, en concordancia con los cambios de fases. Así, alcanza a una cantidad de víctimas fatales para el mes de diciembre similar a los de comienzo de este 2021 (369 para diciembre, 407 para enero y 340 para febrero).
Viviam Perrone hace 19 años inició una nueva etapa en su vida. Una historia que, lamentablemente, la cambiaría para siempre. Desde que su hijo murió en un hecho vial evitable, impulsó una lucha tenaz que Madres del Dolor sostuvo de manera continua. Sin embargo, hasta ahora sólo logró promover tres proyectos de ley que aún se encuentran en la mesa de entradas del Congreso de la Nación.
Desde el 2007, Madres del Dolor participa en la campaña global Calles para la vida o Streets for Life con el hashtag #Love30 para la Seguridad Vial que defiende el establecimiento del límite de velocidad de 30 km/h en todo el mundo, con el objetivo de lograr ciudades más seguras, saludables, ecológicas y adecuadas para vivir.
May 14, 2021 | Comunidad, Novedades
“Cuando me llega la noticia yo me indigno pero pensando que estaban todos los papeles en regla. Pensaba que la planificación era cualquier cosa, pero si cumplía las reglas, ¿Qué le íbamos a hacer?”, dijo en conversación con ANCCOM, Ana Fernández Borsot, abogada y coordinadora del Observatorio del Derecho a la Ciudad de la Patagonia, en relación a la venta irregular de lotes en El Chaltén, municipio ubicado al oeste de la provincia de Santa Cruz. Por su parte, Ricardo Sánchez, concejal de El Chaltén, contó a ANCCOM que luego de enterarse, se entrevistó con Oscar Bellini, dueño de la inmobiliaria que estaba ofreciendo los lotes vendidos por Hostería Patagónica El Chaltén S.A. “Empecé a ver cosas que a mí no me cerraban, entre lo que me decían los posibles compradores y lo que me decía Bellini. Investigando un poco más, me doy cuenta que existe una ley que regula estos loteos fuera del ejido municipal, y que no se estaba cumpliendo”, dijo.
Las parcelas, propiedad de Hostería Patagonia El Chaltén S.A., están ubicadas en el Valle del Río de las Vueltas y conforman un total de 15 hectáreas. Estas tierras se encuentran en las afueras de la Reserva Provincial Lago del Desierto y su administración está protegida y reglamentada por una serie de leyes provinciales.
Cuando la información sobre este loteo irregular escaló y llegó a la Secretaría de Obras, el ente público no tenía conocimiento del tema. “Ahí se me dispara la alarma, porque entonces no solo es un delirio, sino que es ilegal”, dijo Borsot. Por medio de pedidos de información del mismo Observatorio y del Concejo Deliberante, esto culminó ante la Secretaría de Ambiente de la provincia, que creó un sumario administrativo y activó una inspección al lugar.
Según la Ley N° 3.213 de urbanización de tierras en Santa Cruz, “los interesados en llevar adelante proyectos de loteos (…) deberán tramitar ante la Subsecretaría de Planeamiento de la Provincia la correspondiente autorización”, quien conformará una comisión ad hoc para el estudio del proyecto. Además, para tramitar la habilitación se deberá contar con un estudio de impacto ambiental previo, enmarcado dentro de la Ley N° 2.658.
La información a la que accedieron las personas entrevistadas es que ni el proyecto fue presentado ni el estudio de impacto ambiental fue elaborado, lo que es corroborado por el sumario administrativo que se creó desde la Secretaría de Ambiente, al cual ANCCOM tuvo acceso. “Ninguno de estos mecanismos de evaluación han sido articulados por los proponentes de la actividad”, se estableció en el sumario. El loteo “se ha llevado a cabo sin tramitar ante esta Secretaría de Estado de Ambiente, la obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental, único documento que habilitaría el proyecto en los términos previstos por la Ley Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental N° 2.658”.
Cuando la inspección llegó al lugar se encontró con que ya se habían abierto caminos que dividían los lotes y hasta se identificó que se había avanzado con la construcción de una vivienda de tipo unifamiliar en una de las parcelas del loteo. “Estaban diciendo que se vendía (el terreno) en régimen de condominio pero circulaba un reglamento de uso interno que hablaba de que los condominos acordaban que iban a poder hacer hoteles o casas individuales”, explicó Borsot. En esta instancia es en donde empiezan a verse otras aristas más allá del posible delito ambiental porque, comentó Sánchez, “hubo acciones por parte del vendedor que lo comprometen, como la traza de caminos internos. Ellos lo difundían como la venta de un lote indivisible pero en el momento en que se abren caminos internos para que las personas puedan ver el lote, ahí está habiendo un engaño”.
Quedó establecido en el sumario que “pudo constatarse la existencia de una red de caminos los cuales se proyectan sobre la superficie que presuntamente será subdividida abriéndose paso sobre un denso bosque nativo de ñire”. Además se observó que los caminos fueron construidos con material foráneo, que por sus características, se presume que fue extraído del lecho de algún río cercano. “En tales sitios se observó vegetación muerta, árboles dañados y otros indicios del accionar de la maquinaria utilizada para el desmonte”. Concluyó determinando que “su trazado se proyectó indiscriminadamente sobre sectores de elevada sensibilidad ambiental como lo son áreas de mallín y líneas activas de drenaje. Ello sin considerar el impacto provocado indirectamente sobre la fauna que habita el lugar, con todas las implicancias sobre el equilibrio ecológico que eso conlleva”.
“Son humedales y bosques; y el tamaño de esos lotes llevaría a la extinción del lugar. Tendrían que ser lotes bastantes más grandes para poder mantener el cuidado”, agregó Sánchez. El daño ambiental es grave y se espera un dictamen que constate o no el delito, en los términos previstos por la normativa vigente.
Sin embargo, existe algo más. “No estamos acostumbrados a esto en estas dimensiones pero son patrones que se repiten y se repiten”, nos dijo quien de ahora en adelante será “Ángeles”, ya que prefirió no revelar su identidad ni profesión porque “es un lugar chico, nos conocemos todos”.
El vínculo entre la empresa vendedora, Hostería Patagónica El Chaltén S.A., y la inmobiliaria Bellini es más compleja de lo que parece. “Según las normas del Código Civil y Comercial respecto del corretaje, un propietario no puede tener ningún tipo de vínculo de dependencia o representación con ninguna de las dos partes (comprador e inmobiliaria)”, explicó Borsot. La realidad parece no ajustarse a las normas. El presidente de la empresa vendedora, Martin Murazábal, aportó un acta -que figura en el sumario administrativo- donde Oscar Bellini aparece como accionista de Hostería Patagónica El Chaltén. “Hay una vulneración clara y un desconocimiento total de los requisitos para hacer el corretaje”, agregó Borsot. Esto fue comunicado al Departamento de Legales de Defensa del Consumidor de la provincia, Ministerio de Comercio, porque además “hay muchas inmobiliarias que se presentan como tal pero que no lo son legalmente sino que sólo tienen un nombre de fantasía y una simple habilitación comercial”. Un dato no menor es que cuando ANCCOM intentó acceder a la página web de la inmobiliaria Bellini, la misma fue redireccionada a otra distinta, con un aviso que expresaba que “Inmobiliaria Bellini es ahora Metro2 Patagonia”. Ante esto Borsot expresó: “No me sorprende, porque yo vengo diciendo que estaban ejerciendo mal el corretaje. No me extrañaría que Inmobiliaria Bellini ni siquiera tuviera un corredor inmobiliario porque en ninguno de los contratos figuraba. Bellini no volvió al pueblo desde que pasó esto. Es muy probable que estén haciendo un intento de lavado del nombre para desvincularse, por lo que sigue implicando este caso”.
Sánchez aclaró que, desde su punto de vista, Bellini (Oscar), “estaba seguro de que se estaba haciendo todo como correspondía. No puedo hablar por él pero la impresión que me dio es que desde su lado había buena fe. Me parece que fue la familia la que no manejó del todo bien las cosas”.
Sin embargo, sumado al daño ambiental, al dudoso proceso inmobiliario y engañosa planificación interna, aparecen los silencios. “El que parecería que no dio la información correcta es el Consejo Agrario Provincial. Entonces ahí lo enlazo con Bellini que en su momento ocupó cargos en el Consejo. Estas vinculaciones entre lo público y lo privado son oscuras”, sentenció Borsot. Sánchez dijo, en la misma dirección, que “en el momento en que el Consejo Agrario ve que se están sacando áridos y se está ingresando a un lote camiones para hacer un relleno, tendría que haber ingresado, haber pedido autorizaciones y al no tenerlas, haber paralizado la obra. Eso no lo hizo”.
Ángeles coincide en que El Chaltén está acostumbrado “al manoseo constante del Consejo Agrario, que hace cosas corruptas todo el tiempo” y además, trae un poco de historia a esta cuestión: “Esto viene de antaño, de cuando se creó la Reserva. Ya se sabía que esto estaba proyectado. Todos calladitos pero ya se sabía”.
Lo que cuenta a ANCCOM es que la creación de la Reserva Provincial Lago del Desierto en 2005, estuvo moldeada por una misma lógica que impera en la zona. Esta Reserva había sido pensada con ciertos límites, que la separaban del Parque Nacional Los Glaciares. A lo largo de la ruta 23, que es la que llega a Lago del Desierto, no había partes privadas. Sin embargo, antes de que se creara definitivamente, un lobby entre privados pausó su creación. Ese tiempo fue aprovechado para activar loteos a lo largo de esa ruta, como fue el caso de Cielos Patagónicos -administrador de la Reserva privada Los Huemules- y de la Estancia Bonanza. “Ellos piden quedar fuera de la reserva y se lo conceden”, cerro Ángeles.
Cuando se vuelve a crear el área protegida, los límites quedaron cambiados de manera caprichosa. Los actuales loteos son posibles en esa zona porque dejaron de formar parte del área protegida, lo que no quita que deban cumplir las normas y pedir las autorizaciones correspondientes. Es claro como este caso particular se inserta dentro de un contexto más amplio. Tal vez, lo que le dio más visibilidad a lo que está sucediendo, es el obvio e indiscriminado daño ambiental. Borsot dice que por esto es importante la participación ciudadana, “porque está instalada la ley del silencio y hay una inercia de que si pasa, pasa”.
“Estos temas siempre tienen muchas más aristas de las que de verdad se destapan. Hay siempre algo más que no se sabe. Y es algo sistémico que ocurre en la provincia. De repente parece que uno se mete en ciertos temas, pensás que estás entendiendo todo, pero hay otras capas de información que nunca se destapan. Y en este caso, está pasando eso”, concluyó Ángeles.
May 13, 2021 | DDHH, Novedades
La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal otorgó una cautelar a Telecom Argentina. Por medio de este recurso judicial se suspende la vigencia de los artículos 1,2,3,4,5 y 6 del DNU 690, del 22 de agosto del año pasado.
El decreto establece, en su Artículo 1º que, “los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC (telefonía móvil, Internet y TV por cable) son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.
La parte del decreto que más conflicto ha generado es la que otorga al ENACOM -la autoridad de aplicación- la potestad de fijar tarifas. En su Artículo 4 dicha norma dispuso suspender “en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades”.
No obstante esa fecha límite en contexto de emergencia, la nueva política extendió a la autoridad de aplicación la potestad de regular las tarifas para los servicios TIC, con atención a que en Argentina existen al menos 10 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad, para quienes diseñó también un paquete de servicios como Prestación Básica Universal (PBU) que obliga a las prestadoras a ofrecer planes asequibles.
En ese sentido, esta cautelar desautoriza la resolución del ENACOM que impidió la aplicación de aumentos del más del 5% en febrero pasado para los grandes operadores. Telecom decidió aplicar incrementos del 20% y judicializó el decreto aprovechando otra medida cautelar que el juez Ricardo Bustos Fierro concedió a una pequeña cablera cordobesa de unos 500 clientes. Esa acción estaba limitada inicialmente a la compañía TV Cable Color S. A., pero ahora la justicia cautelar metió la cola.
De esta manera, la empresa que integra Cablevisión Holding S. A. (Telecom, Personal y Fibertel) quedó habilitada para mantener aumentos de tarifas sin el permiso del Estado, por un plazo de seis meses en tanto avanza el proceso en el Poder Judicial.
Cada uno con sus matices, Colombia, Brasil y Chile declararon Internet como un servicio público esencial.
¿Cautelar mata DNU?
Sobre esta situación, Guillermo Mastrini, investigador y docente argentino especializado en políticas de medios masivos y en derecho a la comunicación, advierte que “no es un fallo definitivo” y que todavía Telecom “debe demostrar en qué medida se afecta sus intereses” con la aplicación del decreto. Según argumenta la empresa, se tratan de derechos adquiridos -en la gestión de Mauricio Macri- que afectan su ecuación económico-financiera y les modifica las reglas del juego.
El fallo mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis Márquez le da la razón a Telecom argumentando que el decreto afecta el derecho de propiedad de la empresa, que cambia la definición del servicio permanentemente y que no se usó de forma adecuada el Fondo de Servicio Universal, un canon del 1% de la facturación neta de las telcos para dar servicio allá en donde no les interesa invertir.
En contraste a esos argumentos, Mastrini se interesa particularmente en la disidencia de la jueza María Claudia Caputi, “que señala que no logra acreditarse lo suficiente el daño, es decir, que no se cuantifica objetivamente cuál puede ser el daño que este tipo de medidas genera para las empresas que solicitan la demanda”.
Tras la política de desregulación a favor de los grupos más concentrados del sector en 2015 a través de los decretos presidenciales de Macri, un interrogante que surge es la dificultad del Estado para poder regular nuevamente y de forma satisfactoria las telecomunicaciones. Para Mastrini, el Estado “tiene una enorme capacidad para regular el sector, lo que pasa es que lo tiene que regular bien”, aunque también reconoce que “no es fácil afectar intereses del mercado mediante procedimientos como el DNU. Está claro que se pueden cambiar cosas por DNU a favor del mercado, pero en contra es mucho más complicado”, explica.
Así, la mencionada sociedad escindida del Grupo Clarín, repite la práctica de manual tal cual lo hizo con la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009, y busca ganarle al gobierno en el ámbito judicial. En ese marco, para Mastrini hay dos cuestiones importantes: primero, “la capacidad enorme de resistencia que tienen las empresas en la vía judicial, ya lo han demostrado en muchos casos”; segundo, lo que él define como “cierto nivel de improvisación del gobierno”, ya que “si esta era una política tan importante, debería haberla sostenido de una manera más rigurosa, me parece que quedó endeble su presentación. No es porque no lo pueda hacer, sino porque me parece que fue en este caso realizada de manera un poco improvisada”, agrega.
Mastrini subraya la crítica sobre el problema de regular aspectos cruciales de las políticas públicas, como las telecomunicaciones, por decreto, porque “una opción que se planteaba al regular por decreto era precisamente la judicialización, que es lo que ha enfrentado el gobierno y en este caso ha hecho que tuviera un revés importante en la justicia”.
«Hay una capacidad enorme de resistencia que tienen las empresas en la vía judicial», describe Mastrini.
Unión sudamericana
Hay varios países de Latinoamérica que han declarado a las telecomunicaciones como servicios esenciales, especialmente durante la pandemia. Pero cada caso tiene sus particularidades.
En Brasil, el Poder Ejecutivo firmó un decreto en marzo de 2020 que otorga la calidad de esencial a los servicios de telecomunicaciones en el marco de la pandemia por el covid-19. La medida no tuvo mucho impacto en el mercado y sólo se pudo garantizar su funcionamiento durante el confinamiento.
En Chile, el Senado aprobó a mediados de abril el texto que confiere la calidad de servicio público al acceso a Internet, con el objetivo de garantizar la universalidad del servicio. Particularmente, se establece la obligación para los proveedores de conectar a los nuevos usuarios en un plazo no mayor a seis meses. Además, reconoce la facultad del gobierno para crear un subsidio, financiado a través de un fondo de desarrollo, y así pagar las cuentas de servicios de Internet de los usuarios más vulnerables. El proyecto fue aceptado por unanimidad.
Por su parte, Colombia no se queda atrás. En el marco de una crisis social, el pasado 28 de abril, el Senado de ese país aprobó el proyecto de ley presentado por Rodrigo Rojas, dirigente del Partido Liberal, para declarar a los servicios de telefonía e Internet como servicios públicos y esenciales de forma permanente. Dicho proyecto había sido discutido y aprobado por la Cámara de Representantes en octubre de 2020. Como en los casos anteriores, los operadores no podrán suspender la provisión del servicio. Asimismo, en momentos de emergencia sanitaria, se deberá ofrecer de forma gratuita hasta 200 SMS y navegación por 30 direcciones de internet sobre servicios de salud, atención de emergencias, gobierno y educación.
Sobre esta norma, Juan Pablo Madrid, abogado recibido en la Universidad de Los Andes y coordinador del Centro de Estudios de la Libertad de Expresión en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), sostiene que “es una buena iniciativa para que haya más operadores pequeños regionales que tengan exenciones de ciertos pagos y que se garantice en todo momento la conectividad continua y constante en todo el territorio colombiano”.
Esta ley también contempla promover un paquete de medidas para incentivar el acceso a Internet y facilitar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Pese a la importancia de estos avances, Madrid mantiene la cautela respecto al futuro y afirma que “la cuestión es cómo se va implementar, para que no cuente como que está conectado un municipio alejado porque tiene en el centro o en la plaza una zona de wifi gratis, sino que de verdad se otorgue acceso constante a la gente. Ese es el principal reto que tiene el gobierno de parte de los medios de comunicación y de las empresas de prestadores de servicios”.
La discusión por cerrar la brecha digital en Colombia arrastra mucho tiempo y la aprobación, por unanimidad de este proyecto de ley pretende ser el inicio de un buen augurio. A pesar de tratarse de un mercado signado por la concentración y con grandes empresas monopólicas (Claro, Movistar y Tigo), Madrid no observa mucha oposición y plantea que si bien la iniciativa puede implicar algunas cargas a los grandes operadores “es lógico que así ocurra”.
En la actualidad, sólo poco más de siete millones de hogares en Colombia tienen acceso al servicio de Internet fija, y representa menos del 15% de su población.
PBU en peligro
Volviendo a la situación argentina, hay otro tema importante es la implementación de la Prestación Básica Universal (PBU). El decreto obliga a los proveedores a ofrecer el PBU para los usuarios. Pero según los proveedores de servicios, los precios establecidos son bajos y ponen en riesgo su estructura financiera.
Para Guillermo Mastrini, la judicialización del decreto trajo como consecuencia que “la Prestación Básica Universal prácticamente no se usó en este período. La gente que utilizó la prestación básica es prácticamente ínfima”. En relación con esto, ante la cautelar que favoreció a Telecom, Mastrini agrega que “habrá que ver si mantiene esa prestación o directamente la quita”.
Pero quizás lo más relevante de esto es que el mercado de la telefonía queda en desequilibrio, ya que, remarca Mastrini, “Claro y Movistar están ofreciendo la prestación básica”. Los dos competidores de Telecom cumplieron con el decreto y las resoluciones del ente regulador, y fueron arreglando sus aumentos en base a la dirección del Estado.
Un dato curioso sobre la Prestación Básica Universal lo experimentamos desde ANCCOM. Llamamos al canal comercial para solicitarlo y en no pocas ocasiones la comunicación quedó en una espera eterna lo cual no es otra cosa que una denegatoria en la respuesta velada. En otros intentos la empresa respondió que estaban preparando los sistemas para su implementación pero nunca indicaron la fecha y el procedimiento para concretar la solicitud.
Así las cosas, las autoridades del ENACOM bailan un eterno minué mientras la operadoras saben que en tanto no les apliquen sanciones podrán seguir diseñando de facto las políticas públicas en comunicaciones.
Lo próximo a saber es qué pasará con la apelación del Estado sobre la cautelar, y esto marcará seguramente un nuevo capítulo de esta “batalla judicial”.
Continuará…
May 13, 2021 | Comunidad, Novedades
Paula Qualina, médica cirujana especialista en patologías mamarias y miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología, explica: “Cuando el implante es colocado en el cuerpo, en principio nunca lo va a tomar como algo propio, y genera una cápsula alrededor para protegerse y aislar al implante. Si bien eso se sabe, no se habla de las distintas complicaciones que pueden sufrir los pacientes”. Esa resistencia a un cuerpo extraño puede generar distintos tipos de patologías muy variadas, poco estudiadas y con una baja incidencia relativa, pero sobre un universo numeroso: según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Eestética (ISAPS por su sigla en inglés), en 2019 se realizaron 33.275 cirugías para aumentar las mamas en Argentina y 1.795.551 en todo el mundo.
Una de las complicaciones es la reacción inflamatoria que conlleva una contractura capsular. Qualina explica que “esto produce un aumento de tamaño de la mama y mucho dolor”. Otra complicación que puede aparecer, detalla, es un “linfoma anaplásico asociado a prótesis, un cáncer de tipo inmunológico”. Si bien se trata de un riesgo infrecuente entre las personas implantadas, es una enfermedad seria que requiere extraer las prótesis y, a veces, tratamiento con quimioterapia.
“Seis años después de implantarme -Valeria Olveira- me levanté con un pecho que tenía el doble del tamaño. Me dolía y me ardía mucho”. Luego de hacerse una ecografía le dijeron que debían extraerle líquido y mandarlo a analizar. Allí comenzó una pesadilla para su vida, con una seguidilla de estudios, interconsultas de médicos, falta de información sobre el tema y también miedo de contarle a sus padres. “La verdad es que la pasé mal. Yo era una persona sana y de un día para el otro tenía el diagnóstico de cáncer de linfoma asociado a prótesis mamarias”, señala. Su lucha contra esta enfermedad duró un año, le quitaron los implantes y tuvo que hacer quimioterapia y rayos porque el linfoma había migrado al ganglio. Hoy, luego de cuatro años desde su diagnóstico, se podría decir que está curada, aunque explica: “Nunca estás curado de cáncer, estás en un estado de remisión donde no hay alteraciones cancerígenas en el cuerpo”.
Según un estudio del centro de detección de cáncer Md Anderson Center de los EE.UU., realizado en noviembre del 2020, existen 1.136 casos y 36 muertes comprobadas en el mundo a causa de este linfoma producido por los implantes mamarios. Este mismo estudio, informa que en Argentina hay 13 casos detectados y una muerte.
Olveira se interiorizó del tema y ante la falta de información creó un grupo de Facebook llamado “Mis implantes mamarios me dieron cáncer”, allí comenzó a dialogar con muchas mujeres desesperadas por los tratamientos, los costos, y descubrió un montón de enfermedades asociadas a esa intervención. “Yo no quiero asustar, pero pasé un cáncer y me parece que hay que saber los riesgos cuando te implantás. No quiero que nadie más pase por esto”, declara.
Otro de los posibles riesgos de tener implantes es el Síndrome de Asia (Auntoimmune Síndrome Induced by Adjuvants, es decir, Síndrome Autoinmune Inducido por Coadjuvantes), conocido vulgarmente como la “enfermedad por implantes mamarios”. La doctora Qualina considera que éste riesgo es el menos conocido por la comunidad científica, pero existe y altera distintos sistemas del cuerpo. “En algunos casos, el síndrome aparece rápido y lo asociás a las prótesis porque en cuestión de días el paciente se siente mal, pero esto es lo menos frecuente. Lo habitual es que los síntomas aparezcan paulatinamente”, explica la especialista en patologías mamarias.
Los síntomas de este síndrome son variados. Por ejemplo, puede afectar al sistema nervioso y generar un déficit cognitivo; a nivel de salud mental provoca depresión, ansiedad, ataques de pánico. “Muchos pacientes vienen con medicación psiquiátrica”, reconoce la doctora. También afecta a nivel reumatológico y desarrolla enfermedades como tipos de artritis, debilidad muscular, fatiga crónica. Otras alteraciones que están asociadas son enfermedades autoinmunes como hipo e hipertiroidismo, diabetes, alergias, alteraciones cutáneas, caída del cabello e infecciones resistentes a los tratamientos como hongos vaginales. Qualina insiste: “No todas las personas implantadas pueden tener complicaciones, lo que es cierto es que potencialmente todas están expuestas”. El problema es que no se trata de una afección suficientemente estudiada por lo que no se cuenta con datos claros sobre porcentajes y causas.
Muchas diversidad, pocos datos
¿Por qué hay tantos y diversos síntomas del Síndrome ASIA? Qualina aclara: “Hay una teoría que dice que son reacciones autoinmunes que provocan síndromes generalizados, no localizados en una parte del cuerpo. Otra teoría dice que la prótesis puede provocar una migración microscópica en la cual iría perdiendo metales pesados, en donde partículas de siliconas migran a los ganglios y al torrente sanguíneo”. Muchos de los implantes tienen metales pasados como mercurio, plomo o arsénico que, en principio, no debería salir de la prótesis. Los fabricantes no suelen informar sobre esas características de sus productos.
A la hora de hacer el diagnóstico, la doctora subraya que lo importante es indagar sobre el antecedente de haberse colocado las prótesis. El trabajo posterior es fundamentalmente clínico. “Si bien cada paciente es único, todas relatan lo mismo. Hay patrones de síntomas muy similares y por eso es que se habla del síndrome de ASIA”, remarca Qualina. Lo primero que se realiza en estos casos es la quita de las prótesis. Luego de la cirugía de explantación los síntomas de las pacientes mejoran en un 80%.
ANCCOM también conversó con Angie Monasterio, quien a los dieciocho años se implantó y tuvo las prótesis quince años hasta que confirmó que sus problemas de salud estaban relacionados con los implantes mamarios. “Yo lo transité sola sin tener respuesta de los médicos, como le pasa a la mayoría de las mujeres, es una enfermedad de mucha invisibilidad, a pesar de que está en la documentación científica y tenemos varios cirujanos que hablan del tema”, aclara Monasterio.
La cirujana Qualino, considera que es importante aclarar que los riesgos posibles de contraer tanto el Síndrome de ASIA, como la contracción capsular o el linfoma mamario, no tienen que ver con la marca de las prótesis. Incluso, Monasterio comenta que ella tenía una “primera marca” y se enfermó igual.
La doctora explica: “Al ser síntomas insidiosos que van apareciendo de a poco, la paciente los va naturalizando y piensa que es por estrés, cansancio o la edad”. Eso mismo le sucedió a Angie, quien padeció muchos de los síntomas del Síndrome de ASIA como infecciones de garganta, disnea y apnea respiratoria, inflamación de las articulaciones, entre otras, y también psíquicos. “Estaba en un estado de ansiedad y con ataque de pánico constantes. Viví un infierno y hasta llegué a tener pensamientos suicidas. No entendía por qué me estaba enfermando tanto”, confiesa. La confirmación de que eran los implantes los que dañaban su salud fue cuando se los quitó y los síntomas mejoraron notablemente: “Volví a vivir” declara.
Monasterio, al igual que Olveira, creó un grupo de Facebook cerrado denominado “Enfermedad por Implantes Mamarios” que tiene catorce mil miembros y un promedio de veinte mensajes por día. “Son mujeres que están enfermas por culpa de sus implantes y buscan una respuesta; son mujeres que replican mi historia”, señala Monasterio y agrega: “En el grupo brindamos información y contenemos a las mujeres, porque esta es una enfermedad huérfana de la que nadie se hace cargo”. En Instagram, Angie tiene cincuenta mil seguidores. Allí difunde publicaciones sobre el tema y conversa con especialistas.
“No es una locura de las redes sociales”, subraya la doctora y cuenta que, aunque ella sí hace explantanción de prótesis no todos los médicos cirujanos la realizan. Tanto Monasteiro como Olveira coinciden en que los médicos las tildan de “locas” cuando plantean el tema: “Nos quieren derivar al psicólogo o al psiquiatra”, exponen. Algunas de las frases que escuchan de los consultorios médicos son: “Si estás divinas”, “vas a quedar chata”, “desfigurada como un varón”.
Estudios de la comunidad científica
Aunque hay miles de estudios realizados en revistas científicas, la enfermedad por implantes mamarios no está reconocida oficialmente: “Es una falencia médica”, considera Qualina. “Negar la enfermedad de entrada es permitir seguir en la ignorancia a costa del sufrimiento de mujeres por las prótesis –agrega-. Y no son sólo mujeres, hay mujeres cis y mujeres trans. Yo empecé a aprender hace cinco años, de a poco, cuando empezaron a venir pacientes a mi consultorio a contarme qué les pasaba y empecé a buscar información. La clave del diagnóstico está en aprender, investigar trabajos científicos, ir a congresos o centros de investigación”.
Otra de los problemas de no ser una enfermedad reconocida oficialmente es la falta de porcentajes y estadísticas certeras de cuántas mujeres implantadas sufren algún efecto adverso. “No se puede decir el porcentaje porque está subdiagnosticada. Primero tiene que ser reconocida, después se tienen que empezar a hacer estudios más grandes de investigación para dar cuenta de todos los casos”, explica.
Las prótesis que llegan a la Argentina son importadas y la ANMAT es el organismo que las acepta. La FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos es el regulador de todos los medicamentos y dispositivos de ese país y desde el año pasado, subraya la médica Qualina, advierte sobre el potencial de las enfermedades asociadas a implantes, y reconoce el linfoma anaplásico a causa del implante.
¿Qué información hay que considerar antes de implantarse?
Qualina explica: “Primero hay que averiguar, consultar con otras personas que se implantaron si tuvieron complicaciones. Segundo: saber si la persona que se va a implantar tiene enfermedades autoinmunes o reumatológicas, porque es mucho más probable que tenga este síndrome. En ese caso, yo desaconsejo la colocación de prótesis. Tercero, cuando vas al cirujano plástico hay que averiguar bien, preguntarle sobre este síndrome, es fundamental la búsqueda de información y erradicar el concepto de que son para siempre”.
Para aquellas mujeres que están implantadas y se topan con la información de los riegos posibles de las prótesis, la doctora sugiere “no entrar en pánico”, porque, no todas van a sufrir este síndrome ni ninguna otra complicación. “Si todas tuvieran sintomatología, sería dramático. Pero sí hay un porcentaje de personas que son más susceptibles a tener alguna patología luego”. Aconseja además que “si vos con las prótesis colocadas, estás contentas y te sentís bien: adelante, seguí con tu vida porque estás dentro del grupo que no desarrolló el síndrome de ASIA. Como todas las mujeres debes hacer todos los controles mamarios. En cambio, si con prótesis no te sentís bien, y comenzás a sentir síntomas, es necesario hacer una consulta a un especialista”.
Lo que se busca, entonces, es la divulgación de la información antes y después de la implantación. “Estamos en una lucha de información”, resume Olveira. Monasterio coincide y plantea que “lejos de querer ir en contra del cuerpo médico, queremos que se nos una y que escuche lo que nos está pasando”.
