Jun 16, 2021 | Comunidad, Novedades
En la Ciudad de Buenos Aires, el patrimonio histórico se vende al mejor postor. Edificios coloniales, neocoloniales y neoclásicos, art decó y art nouveau, con figuras ornamentales, monumentos y farolas, empedrados y árboles añosos que favorecen la absorción de agua, todo el eclecticismo arquitectónico que combina elementos de épocas diversas e identifica a los distintos barrios porteños, son intervenidos, mutilados y destruidos. Para “la inmobiliaria de Larreta”, el negocio es prioridad.
«La calidad del aire está empeorando», afirma María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la especialista, «los niveles de contaminación del aire suelen ser bajos en las ciudades bien planificadas que cuentan con buenos sistemas de transporte, calles transitables por peatones y amplios espacios verdes que lo purifican». El hormigón y el asfalto no ayudan.
Recursos no renovables y un patrimonio irrecuperable pasan del deterioro a la destrucción bajo el impulso de una gestión centrada en el desarrollo inmobiliario, un mercado multimillonario que confirma, negocio tras negocio, el vínculo entre el oficialismo porteño y los grupos de inversión. Prueba de ello es el proyecto de privatización de Costanera Norte para la construcción de inmuebles de lujo, por ahora frenado por un fallo judicial luego del rechazo unánime y las movilizaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales.
Basta de Demoler, asociación que defiende el patrimonio arquitectónico, solicitó a la Jefatura de Gabinete y a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el listado de inmuebles resguardados en el marco de la Ley N° 3056 así como los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo porteño y su vigencia, para la efectiva protección patrimonial de 18.195 edificios históricos. Los pedidos de información fueron dirigidos al vicepresidente primero de la Legislatura, Agustín Forchieri, a Victoria Roldán Méndez, María Cecilia Ferrero y Roy Cortina, que encabezan las comisiones de Planeamiento Urbano, de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico y de Cultura respectivamente. El principal responsable de garantizar la normativa es el bloque oficialista de Vamos Juntos, que cuenta con mayoría y aprueba los proyectos pro mercado inmobiliario que presenta Rodríguez Larreta. Por caso, la construcción de hasta 11 torres en el pulmón verde conocido como La Isla de La Paternal, votado en 2019 y resistido desde entonces por la comunidad vecinal.
Carlos Gardel 3157. Ciudad de Buenos Aires
Frente a la petición, la Comisión de Planeamiento giró datos sobre los expedientes ingresados entre 2009 y 2017 para la catalogación de inmuebles. De 30 legajos, 12 de ellos han caducado y 17 sí fueron sancionados para catalogar como inmuebles pasibles de protección cautelar y estructural, pero también para descatalogar otros de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano vigente. Su última reforma, realizada en 2020, habilita diversos grados de intervención en los edificios según el tipo de protección y establece que no se podrán catalogar los ubicados en vías sujetas a ensanche o apertura.
Cuando se demuele y se planifica una nueva construcción, ¿se contempla la infraestructura disponible, las necesidades del lugar de emplazamiento, los espacios verdes de los que dispone la población? Los y las legisladoras no dan respuestas. Roldán Méndez en un principio aceptó contestar las preguntas de ANCCOM, pero más tarde se desdijo. La comisión que preside dictamina sobre todo asunto o proyecto vinculado con el Código de Planeamiento, la zonificación urbana, la preservación del patrimonio, el planeamiento participativo, la fiscalización de obras particulares, el catastro, el Código de Edificación y el Plan Urbano Ambiental.
La Comisión de Patrimonio respondió a Basta de Demoler que sólo se han catalogado de forma definitiva los inmuebles de las Comunas 1 y 2, en tanto que de la 3 a la 15 únicamente el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha realizado una evaluación. La Jefatura de Gabinete detalló los proyectos aprobados entre 2008 y 2014, empero, de los casos elevados catalogaron menos inmuebles. Por ejemplo, de un proyecto que incluía 507 edificios, la Ciudad catalogó sólo 395 con la justificación de que algunos ya lo estaban, aunque admiten que otros se desestimaron.
De los más de 140 mil inmuebles relevados por un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y el Ministerio de Desarrollo Urbano, de los cuales la DGIUR seleccionó 18.195, sólo catalogaron por ley los de las Comunas 1 y 2, tal como informó la comisión que preside la legisladora Ferrero. Sobre el resto, aducen que fueron incorporados al catálogo “mediante varias resoluciones”, pero aclaran: “El estado de tramitación administrativa de dichos inmuebles es variable y dinámico, ya que pueden estar catalogados ‘en firme’ mediante la sanción de una ley, o bien, encontrarse en alguna de las distintas instancias administrativas previas, en cuyo caso aún la protección patrimonial está en trámite”.
Desde la Jefatura de Gabinete afirmaron que en su base de datos ya no cuentan con la cifra original a ser protegida. Hoy tienen registrados 16.831 inmuebles tanto de Áreas de Protección Histórica como singulares. Es decir que 1.364 edificios de valor patrimonial anteriores a 1941 ya no figuran siquiera para ser conservados.
Como consecuencia de la defensa activa que vecinos y vecinas hacen de su entorno, la Comisión de Patrimonio produjo un resumen del universo de inmuebles protegidos a partir del análisis del sitio web “Base Área de Protección Histórica”. Allí aparecen 151.512 edificaciones, desde parroquias hasta estaciones de tren, de las cuales 134.175 categorizan su protección como desestimada. Es decir que casi el 90 por ciento no cuentan con ninguna protección y de las 17.337 restantes que sí tienen, 4.171 figuran en el Catálogo Preventivo. Sobre esos edificios quedan permitidas las obras e intervenciones y si el proyecto de ley pierde estado parlamentario, la catalogación queda sin efecto.
Millones de dólares
Pero, ¿cuánto valen estos inmuebles vendidos como lotes vacíos? ¿Cuánto se gana demoliendo? Recientemente, la diputada nacional Paula Penacca, la legisladora porteña Lorena Pokoik, el miembro de la Junta Comunal 15 Leonardo Lucchese y la Asociación Civil Abogados para el Desarrollo Comunitario (ADEC), denunciaron judicialmente el remate de un edificio público en Villa Crespo, que fue frenado por una medida cautelar. Construido antes de 1941, formó parte del inventario patrimonial pero fue desestimado y hoy cualquiera puede observar cómo arrasaron con su estructura. Declarado ocioso, aunque allí funciona una base operativa del Ministerio de Seguridad porteño, el Gobierno de la Ciudad pretendía rematarlo, pese a que la comunidad del barrio había propuesto la construcción en ese espacio de un jardín maternal. Ignorando este reclamo que viene de 2012 e incluyó la presentación de proyectos de ley al respecto, el Ejecutivo de Rodríguez Larreta insiste en subastarlo a un precio base de 2,8 millones de dólares, una cifra que para un emprendimiento inmobiliario podría ascender a 29 millones como resultado de la inversión, según afirmaron en la denuncia.
El destino de la Casa Pantano ilustra la deriva del patrimonio porteño. A metros del histórico Mercado de Abasto, desde los 90 un centro comercial, figura en la base de datos del GCBA con “Protección Cautelar en Catálogo Preventivo”. En una foto del registro oficial tomada en 2005 se lo ve con su fachada aparentemente original, pero en estado de deterioro y con unos puntales improvisados sobre los balcones a punto de caerse. Una captura de imágenes posterior de Google Maps, de febrero de 2019, muestra algunas transformaciones que parecieron recuperarlo, pero ya aparece el cartel del desarrollo que se avecinaba. Hoy el emprendimiento está publicado en ZonaProp bajo el nombre Palacio Carlos Gardel, en etapa de construcción, con altura en siete pisos, igualando la de los edificios vecinos. Se trata de 22 unidades que pueden llegar a costar desde 80 mil hasta 165 mil dólares.
En una reunión con legisladoras de la oposición, el colaborador de Basta de Demoler Mauro Sbarbati remarcó la necesidad de revisar y auditar los documentos en respuesta al pedido de información por las incongruencias que presentan. En 2014, el GCBA demandó a la organización por 24 millones de pesos luego de que presentara un amparo que detuvo las obras de la Plaza Alvear relacionadas con el trazado de una nueva estación del subte. Con este antecedente, Basta de Demoler busca hacerse oír sin amedrentamientos y apoya una campaña para expropiar dos lotes del centro para hacer plazas. “En ambos casos la justicia nos dio la razón. Como el ‘Plan Ciudad Verde’ que firman para comprometerse a luchar contra el cambio climático tiene contemplada la construcción de 78 nuevas plazas para enfrentar el déficit de espacios verdes, pedimos que esos dos lotes, el de al lado de Santa Catalina de Siena y el de la Casa Benoit, sean protegidos”, afirma Sbarbati.
La Casa Benoit comprendía dos edificios, uno de ellos demolido en 1978 y el otro ilegalmente en 2008, ya que tenía protección cautelar, situación que dejó ese lote privado inhabilitado por diez años y donde, junto a otro lindero de uso público, ha funcionado un estacionamiento. En 2018, vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat integrantes de Casco Histórico Protege presentaron el proyecto de ley para que sea una realidad la plaza Benoit en la esquina de Avenida Independencia y Bolívar. Aunque perdió estado parlamentario en 2020, volvió a presentarse con la solicitud de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los lotes y con la propuesta de conformar una mesa de trabajo para el diseño y gestión del futuro espacio. El objetivo es restaurar simbólicamente el patrimonio tangible irrecuperable que significó la Casa de los arquitectos Benoit y convertirlo en un sitio de esparcimiento público en una zona con uno de los peores índices de la ciudad en cobertura vegetal y arbolado, según sostienen desde Basta de Demoler.
En el barrio de Retiro, con una arquitectura de la época colonial, se encuentra el Monasterio de Santa Catalina de Siena, fundado en 1745, cuya manzana fue declarada Área de Protección Histórica al mismo tiempo que el GCBA autorizaba la construcción de una torre de 18 pisos en el terreno lindante, lo cual ponía en riesgo el conjunto y su entorno. Basta de Demoler presentó un amparo y, en 2016, luego de cinco años de disputa legal, el Poder Judicial declaró nulo el permiso de edificación por considerar que se omitieron las instancias de consulta previstas y destacando el daño irreversible que la obra produciría en el Monasterio, proclamado Monumento Histórico Nacional a mediados del siglo pasado. En ese lote, Basta de Demoler propone crear una plaza forestada que brinde un pulmón verde en los alrededores del corredor histórico, donde el porcentaje de espacios verdes es muy bajo.
“No se recupera más”
En la intersección de Defensa y Avenida Brasil, el adoquinado característico y las vías del tranvía fueron extraídos y reemplazados por asfalto en 2018. Esta práctica se observa año tras año. A fines de abril, miembros de la Junta Comunal N° 6 denunciaron la extracción del granito original en zonas aledañas a instituciones educativas y hogares de adultos mayores. Solicitaron al secretario general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, Ricardo Pinal Villanueva, y al director del Ente de Mantenimiento Urbano, Gastón Celerier, cuidar el patrimonio de la ciudad y participar como Comuna en la definición del catálogo de calles con adoquinado granítico, consideradas Patrimonio Cultural de los espacios públicos, de acuerdo a la Ley 4806.
Casco Histórico Protege denuncia la reciente nivelación de la calle Defensa entre Plaza de Mayo y Moreno, con la consecuente pérdida del adoquinado característico en un Área de Protección Histórica. Paradójicamente, esta obra de 39 millones de pesos se realiza en el marco del Plan Integral de Puesta en Valor del Casco Histórico y del Plan 50 Destinos que tiene a cargo la renovación del Museo de la Ciudad con fondos de Nación. Integrantes de la organización de vecinos comentan que la última obra en la zona fue en 2008, donde se levantaron los adoquinados y se hizo a nuevo la losa de hormigón y el sistema de drenaje. ¿Cómo se explica la poca duración del readoquinado? Según ellos, no hay criterios de sustentabilidad y se impermeabiliza por completo la superficie, así como tampoco se respetan los lineamientos del Plan de Manejo del Casco Histórico.
Esta asociación, que trabajan desde hace tiempo, se consolidó en 2018 con el reclamo por la construcción del edificio Astor San Telmo que violaba la normativa vigente del Casco Histórico con respecto a las alturas. Luego del amparo que presentó, junto con Basta de Demoler y el Observatorio del Derecho a la Ciudad para detener la obra, obtuvieron un fallo positivo que les dio la razón, dispuso la paralización y ordenó reformular el proyecto edilicio. “Continuamente hay una flexibilización de los controles y un cambio en la normativa que va favoreciendo las construcciones, demoliendo o quitándole el carácter patrimonial a los edificios”, explican desde el colectivo. Y sobre los adoquines, señalan: “La problemática en los barrios y en el Casco Histórico es diferente, la lucha en los barrios es para que no los tapen con asfalto. Acá están haciendo un proceso de readoquinado o, en el caso de la nivelación, el reemplazo de adoquinado por granitullo. Lo que sucede es que todos los trabajos son defectuosos y al poco tiempo se terminan rompiendo. Hay adoquinados centenarios que, si bien gastados, están perfectos”.
Para Casco Histórico Protege, el desconocimiento de lo que implica el patrimonio y las decisiones arbitrarias que niegan la historia de los barrios sólo se explican por la especulación inmobiliaria y resultan en hechos irreversibles. El Plan de Manejo del Casco Histórico, cuyo propósito es revalorizar el patrimonio construido, tiene una actualización de 2015 –que sigue vigente– en la que se explican con claridad estas cuestiones. Sin embargo, desde la agrupación denuncian que ese documento ha sido borrado de todo registro oficial. “Llegan funcionarios nuevos y a criterio de cada uno van modificando, haciendo y deshaciendo. Ellos pasan, pero el Casco Histórico queda. El patrimonio que se pierde no se recupera más. Le damos la bienvenida a los cambios, porque todo es dinámico, no queremos que el barrio quede como un museo congelado, hay muchas cosas por hacer, pero que vayan con su carácter y su esencia”, reclaman.
Jun 16, 2021 | Comunidad, Novedades
El crecimiento de la bioconstrucción se asienta en una base no solo ecológica, sino también económica.
Lo que hoy en día se conoce como bioconstrucción ya existía hace miles de años y forma parte de la historia de la humanidad misma. Después de la Revolución Industrial, el cemento pasó a ocupar el lugar del adobe y se asentó como el único modo de construcción permitido en la mayoría de las zonas urbanas. Actualmente, lo que se vive como un revival del barro puede ser una solución para la crisis habitacional que le impide a muchas personas tener una casa propia y, no por menos importante, en un ambiente saludable.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el déficit habitacional afecta a un tercio de la población argentina. Sumado a que los precios de los materiales convencionales para la construcción están atados a la inflación y los vaivenes económicos, muchas veces el resultado final son casillas o construcciones precarias con muchos riesgos para la salud. Según Alejandro Dominguez, del Programa de Tecnologías Sustentables del INTI, “la industria de la construcción genera el 40 por ciento de los gases del efecto invernadero”. Por este motivo, el boom y los avances de la bioconstrucción que se vienen dando se asientan en una base no solo ecológica, sino también económica: se pueden reemplazar los costosos materiales convencionales por elementos naturales, que, de paso, ayudan a descontaminar el ambiente.
La bioconstrucción, o bioarquitectura -su versión académica-, implica un tipo de relación especial de la vivienda con el medio ambiente, la cultura local y lo social. En contraste con los elementos tradicionales de construcción como puede ser el cemento o los ladrillos, se emplean materiales naturales de fácil acceso en todos lados: madera, piedra, fibras vegetales, barro y mezclas como la tierra cruda, compuesta por arcilla y arena; y el adobe, probablemente el material más antiguo utilizado en la historia. Pero a pesar de sus beneficios, no son pocos los prejuicios que rodean al tema. Uno de ellos es el Chagas, enfermedad que se transmite a través de la vinchuca, insecto que suele asociarse a este tipo de construcciones. Sin embargo, investigaciones del CONICET demuestran que el problema no son los materiales, ya que las probabilidades de adquirir Chagas son las mismas tanto en viviendas convencionales como en bioconstrucciones, siempre y cuando estén mal construidas o presenten grietas en la estructura. Por este motivo, la importancia del entorno saludable es fundamental para cualquier tipo de vivienda, y en cuanto a las bioconstrucciones tampoco hay que olvidar que en esta búsqueda de volver a las fuentes, la seguridad y el mantenimiento son fundamentales, como en cualquier otro caso.
La cooperativa Greda, en Miramar, construye viviendas con los materiales que se encuentran en la naturaleza.
Adobe y agenda pública
Un obstáculo se presenta a nivel gubernamental: en nuestro país existen alrededor de 2.300 municipios y cada uno tiene la potestad de permitir o prohibir la bioconstrucción como alternativa de vivienda. A nivel nacional, recién en el año 2016 se permitió la construcción de estructuras de madera. ¿Cómo se logra poner a la bioarquitectura en la agenda pública? ANCCOM dialogó con una serie de expertos que componen el Programa de Tecnologías Sustentables llevado a cabo por el INTI. Uno de ellos es Ricardo Muir, quien cuenta que “con este equipo empezamos a explorar las formas de la bioconstrucción, que se reveló inmediatamente como un tema de participación de muchos actores, donde aparece de manera muy fuerte lo local, la cultura, la identidad, la demanda, y sobre todo, la estructura económica”. Además, sostiene que el desconocimiento provoca un “enorme desaprovechamiento de los recursos, capacidades y saberes de quienes están en eso, hay un enorme abuso también de los proveedores de materiales que controlan el mercado y en este momento lo desabastecen, por ejemplo; y hay mala calidad de vida en las viviendas que se terminan produciendo”. Con este panorama trabaja el programa, tratando de arrojar luz con el fin de aprovechar los recursos locales y naturales de cada zona del país. “El INTI investiga, desarrolla y certifica, para que esa calidad de vida esté realmente producida en un paradigma de desarrollo endógeno a través de materiales locales. No hay una receta única, cada lugar tendrá sus recursos y sus capacidades y su cultura, buscamos articular todo eso con las normativas que permitan esta construcción y con los actores económicos, con el fin de construir confianza” concluye.
Por su parte, Gabriel Vaccaro, periodista y parte del equipo del INTI, señala que dentro de los objetivos del programa, se busca la “reincorporación permanente de actores a un modo de trabajo que intenta ser colaborativo y de código abierto. El futuro es seguir ensayando estos modelos y que puedan replicarse”. Ya se elaboró un proyecto de bioarquitectura aplicado a un edificio público sustentable que se realizará en Córdoba. También diseñaron el Manual del Baño Seco, un sanitario que no utiliza agua y composta los desechos humanos.
“En un país donde los sistemas de saneamiento están colapsados o no existen, el surgimiento de una tecnología tan sencilla de saneamiento descentralizado es una opción posible que ahora está homologada”, explica Mónica Tedesco, parte del proyecto de bioarquitectura del INTI.
En definitiva, lo que se busca es combinar lo ancestral y lo contemporáneo. “La palabra quechua quincha, que tiene su equivalente en casi todos los idiomas del mundo, tiene que ver con el cobijo humano que utilizó los materiales que tenía más a mano: la madera, la tierra, las fibras vegetales. Hay muchas cosas no dichas y muchos fantasmas que no promueven y no construyen estos saberes. Hay que incrementar la posibilidad de pensar los materiales que de algún modo enfrían el planeta, por ejemplo la madera que está captando carbono, que es lo que queremos quitar de la atmósfera”, concluyó Tedesco.
La naturaleza provee
La bioconstrucción cuenta con la nobleza de los materiales que se encuentran en la naturaleza, permitiendo construir con costos más baratos, de manera que muchas más personas puedan acceder a una vivienda propia.
Adrián Mancuso, parte de la organización civil Otromodo que participa de la construcción colectiva de viviendas ecológicas, conversó con ANCCOM y contó el origen de su organización: “Nuestra línea fue trabajar en igualdad de condiciones y considerar a la vivienda como algo más abarcativo que la mera construcción física. Había un entorno social, cultural y ecológico; y todo eso tenía que estar de alguna manera incorporado en lo constructivo. Otromodo surge en la construcción de mi casa con la gente que vino a poner el hombro, como algo orientado a la autoconstrucción o a la construcción autónoma”. Según Mancuso, esta idea de autonomía es fundamental para entender el resurgimiento de la bioconstrucción, donde lo social cumple un rol muy importante y se ve a través del trabajo en equipo que se hace en las mingas, donde niños, mujeres y hombres colaboran juntos en la construcción de las viviendas. “La problemática de la vivienda no es particular, es un problema social y como sociedad nos involucra a todos. Es un derecho a recuperar y a sostener”.
Existen diferentes técnicas de bioconstrucción en relación a las necesidades climáticas de los entornos.
En las bioconstrucciones de los humedales del Delta, en Tigre, se utiliza tierra cruda como reemplazo del cemento. Según Mancuso, el problema del cemento radica en que tiene “un impacto bastante fuerte en lo que respecta a concentración de capitales, consumo energético y dependencia económica, y también tiene gran desperdicio”. Además, sostiene que si bien no es un fundamentalista del barro, el material es “un recurso super valioso, porque permite construir más allá de la capacidad de esfuerzo de cada uno, acceder a un material de bajísimo impacto ambiental y de saludable impacto en la salud. Sobre todo para la zona que nosotros habitamos, ya que también lleva a cabo la regulación de la humedad ambiente.” ¿Cuáles son los beneficios de habitar una vivienda hecha de manera sustentable? Este es uno de ellos: según el clima de la zona, se puede adaptar la vivienda para que controle la humedad, previniendo el síndrome del edificio enfermo. También es posible aislar acústicamente, refrigerar o calefaccionar a través de distintas técnicas, según la necesidad de cada zona y estación del año. Otra gran aplicación es el método del techo vivo, que actúa en las tormentas habituales donde todo suele inundarse rápidamente, logrando regular la velocidad del agua, lo cual reduce bastante el impacto de las inundaciones. En climas más secos o con menos lluvias, permite el mejor aprovechamiento del agua. Además, como señala Mancuso, “es una manera de revertir el intercambio de gases de oxígeno con la atmósfera, que uno retira cuando construye una casa. No es un detalle menor, sobre todo en ciudades o en lugares que proyectan un crecimiento rápido”. En cuanto al efecto ambiental, no hay comparación: los materiales naturales tienen bajo impacto ecológico, bajo costo energético en su fabricación, no producen escombros ni desechos que no sean biodegradables, y los elementos de construcción no son peligrosos ni tóxicos para la salud. Además, la bioconstrucción permite ganar autonomía: “Es una cuestión emancipativa. El derecho de existir implica un dónde e implica un cómo”.
El horizonte de la bioconstrucción se extiende cada vez más como una alternativa para combatir un mercado de la construcción sumamente costoso y una huella de carbono que día a día se hace más grande en la atmósfera. ¿Qué es lo que se necesita para que todos puedan optar por una vivienda bioconstruida? Fundamentalmente, la expansión del marco normativo a nivel nacional y de los conocimientos de manera formal, para que haya más profesionales especializados. Y con el tiempo, la revolución del barro llegará para quedarse.
Jun 11, 2021 | Géneros, Novedades
El juez Alfredo Eugenio Lopez, del Juzgado Federal N°4 de Mar Del Plata, hizo lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo declarándola inconstitucional por violar la protección integral de la vida desde la concepción. Ante este movimiento por parte de los grupos opositores a la norma, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció que el Estado nacional apelará el fallo por su inconsistencia y, más precisamente, porque es una ley profundamente debatida bajo todas las instancias democráticas.
Los grupos que se oponen a la efectiva implementación del derecho que garantiza esta ley siguen haciendo mella en el debate público con una línea de acción basada en mecanismos judiciales que buscan retrasar o anular el acceso al aborto en el territorio nacional.
Los recursos jurídicos utilizados se repiten a lo largo y ancho del país. Desde que la ley entró en vigencia el 24 de enero, se presentaron 31 acciones judiciales en su contra. Soledad Deza, presidenta de la organización Mujeres x Mujeres y abogada del caso Belén, en diálogo con ANCCOM explicó: “Apelan a la acción de amparo y a la acción declarativa de certeza. Hay un fundamento jurídico que se expresa en todas las demandas de forma uniforme porque surge de un laboratorio conservador judicial en todo el país.” Este sector busca someter al árbitro judicial la primacía del derecho a la vida intrauterina, por sobre el derecho a la autonomía, a la salud, a la dignidad, a la libertad sexual, a una vida libre de violencias y a la igualdad. “Todos estos derechos están comprendidos en el derecho a decidir abortar”, agregó Deza.
En San Luis, representantes del Partido NOS promovieron una acción declarativa apelando a la inconstitucionalidad de la ley. Lo mismo sucedió en Santa Fe: la Municipalidad de Roldán también apeló a este recurso. En Chaco, el 28 de enero la jueza Marta Aucar de Trotti logró suspender la vigencia de la ley de IVE hasta que el 18 de marzo las juezas Eloisa Barreto y Wilma Martínez revocaron la sentencia. En Salta, María Cristina Fiore Viñuales, una ex senadora del Partido Renovador de Salta y en Córdoba la asociación Portal de Belen en Río Cuarto, también presentaron medidas cautelares. En Corrientes, el recurso fue presentado por el partido Ciudadanos a Gobernar. El último caso fue el de San Juan, en donde un hombre presentó una medida cautelar ante el Primer Juzgado de Familia para impedir que su ex pareja realizara una interrupción de su embarazo. El 24 de abril, la titular de este juzgado se declaró incompetente. Sin embargo, la cautelar consiguió su lugar en la Sala III de la Cámara Civil. Como consecuencia, el sábado 1º de mayo, dos jueces ordenaron que la mujer se abstenga de realizarse un aborto. De todas formas, la medida quedó sin efecto y la mujer pudo acceder al aborto. Todas las cautelares presentadas son intentos para volver atrás sobre un derecho ya conquistado.
“El caso de San Juan me parece que es fundamental porque incluso quedó en abstracto el fallo. Es decir, esta mujer se había aplicado la IVE, hizo uso de su derecho y cualquier judicialización o intento de frenar u obstaculizar de la justicia quedó totalmente por fuera. Abstracto, sin un fondo de la cuestión, sin un motor”, sostuvo Melisa García, abogada y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas. “Entonces, se pone de manifiesto en el Poder Judicial, a través de sus diferentes resoluciones, un tinte muy adoctrinador y disciplinador sobre estas mujeres o personas gestantes que deciden hacer uso de un derecho adquirido: la interrupción voluntaria del embarazo”, concluyó García.
Uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso al aborto es la falta de difusión de la ley por parte de los gobiernos provinciales.” En San Juan, las autoridades se niegan a hablar del tema, mientras que sus funcionarios se pasean por las marchas y convocatorias anti- aborto y financian la publicidad de estos grupos”, detalló Luciana Manzuelos, de la mesa provincial de la Campaña por el Aborto Legal en San Juan, en diálogo con ANCCOM. “Nuestro trabajo desde la Mesa de la Campaña es la promoción de derechos, en las redes y en los medios. El acompañamiento que hacemos es muy de cerca, cuerpo a cuerpo, con la persona que va a interrumpir su embarazo. El debate para nosotres está agotado porque ya tenemos una ley”, enfatizó Manzuelos.
El panorama cambió. Ya no se trata de un Congreso dividido en dos colores, encendido por la chispa de un debate que parece no terminar hasta la madrugada. A cinco meses de la legalización, el escenario indica: por un lado, un debate ya saldado con una ley de aplicabilidad en todas las provincias y, por el otro, una resistencia que sigue buscando incidir en los espacios públicos con intentos que fracasan. Una resistencia que reacciona y que persiste. “Los tribunales se usan como un trampolín desde el cual reabrir debates que están clausurados democráticamente en el Poder Legislativo y eso es un obstáculo», sostuvo Deza, y agregó: “Porque más allá del efecto posible en los casos reales, no es menos cierto que generan discursos confusos en la opinión pública acerca de la aplicabilidad de ley”. La garantía del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra dentro de un escenario de avance, retroceso, avance. El discurso anti-aborto sigue buscando permanecer en los hospitales y en los tribunales con un fuerte componente prohibitivo y punitivista. Ahora, lo que le queda a estos grupos opositores es movilizarse para prohibir un derecho, para negarlo, para revertirlo. Estos procesos judiciales tienen motivos y tienen consecuencias. Para Melisa García: “Con el intento de judicializar estos procesos buscan un efecto desestabilizador”.
A pesar del esfuerzo de estos grupos conservadores y su modus operandi a través del Poder Judicial, la ley se mantiene vigente y operativa. Sin embargo, todavía hay un desafío. “Necesitamos que el derecho a decidir abortar, por fuera de las causales y sin dar explicaciones, hasta la semana catorce, sea conocido por todas las mujeres y personas gestantes del país. Y no solamente por aquellas que tenemos acceso directo. Me parece que hay una deuda en términos de comunicación y de llegada de la ley a todas las personas”, evaluó Deza y concluyó: “Hay que hacer campañas fuertes de forma transversal, a nivel nacional y a nivel provincial”.
Jun 10, 2021 | Novedades, Vidas políticas
Alberto Samid en su casa en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires.
A través de la Resolución 75/2021, publicada en el Boletín Oficial del 20 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió la suspensión de las exportaciones de carne bovina por 30 días. Allí se aclara que la medida podrá darse por concluida una vez que se verifique el normal abastecimiento de la carne en el mercado interno, a “precios justos” y que esté amparada en los acuerdos alcanzados.
En relación con esto, ANCCOM se comunicó con Alberto Samid, reconocido empresario del sector frigorífico, ex vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires entre 2014 y 2016 y autodenominado como el “Rey de la carne”, para analizar las medidas tomadas por el gobierno nacional.
“Está muy bien lo que hizo el gobierno. Había que cerrar y había que investigar todas las irregularidades que han hecho. Exportamos cuatro veces más y recibimos la misma cantidad de guita que cuando exportamos una sola vez”, explica Samid.
Entre los argumentos esgrimidos, el gobierno entiende que en las actuales condiciones hay un mercado con muchas distorsiones y una crítica situación social, que puede llevar a impedir el acceso de este producto esencial para la alimentación a un sector mayoritario de la población.
Además, otro factor que llevó a esta decisión es la continuidad de la pandemia, que ha profundizado la crisis económica y, particularmente, la inflación. Esta situación no permite garantizar el derecho a una alimentación con nutrientes importantes. Respecto a estos argumentos, Samid añade con su estilo característico que “para que cuatro vivos se llenaran las arcas en Suiza, el pueblo argentino no puede comprar carne y los que pueden lo tienen que pagar mil mangos”.
Los reyes de la carne
Esta medida trajo como consecuencia un nuevo conflicto del gobierno nacional con el sector del campo, que hizo un paro por 13 días, bloqueando la comercialización del ganado. Esto adquiere importancia dado que afecta el circuito de producción de la carne que, según explica Samid, inicia con “el ganadero que manda la hacienda al Mercado de Liniers, del Mercado de Liniers la recibe el consignatario, la vende al frigorífico, del frigorífico la mitad exporta y la otra mitad lo vende para consumo interno”. Por lo tanto, si se rompe la actividad de comercialización de hacienda, podía haber riesgos de desabastecimiento. Finalmente, el 2 de junio se levantó el lock-out patronal.
¿En dónde está el problema del aumento de la carne? Según Samid: “la responsable de que aumenten los precios es la demanda. El problema está en que hay mucha demanda de carne vacuna y por eso pagamos mil pesos un kilo. Cada vez consumimos menos carne. Todos los meses baja. Ya estamos en 40 kilos anuales por persona, que es algo que nunca pasó en la historia argentina. Entonces, cuando menos se consume algo, baja el precio. Acá es al revés. Nosotros cada vez consumimos menos y cada vez la carne vale más. Eso es por la presión que ejercen los chinos, que se quieren llevar todo. Todo lo que les das es poco para ellos. Les decis tengo diez contenedores y te dicen no, quiero ochenta contenedores”.
Argentina fue el cuarto exportador mundial de carne vacuna en 2020, con 819 mil toneladas. El lugar de China es muy relevante: las exportaciones de carne al país asiático representan alrededor del 75% del total. Además es el segundo mayor proveedor de China, detrás de Brasil.
Samid insiste en que “China se lleva todo, tiene un poder de compra extraordinario, un consumo fabuloso. Les ha ido muy bien desde la pandemia, venden de todo, laburan como una locomotora. Incorporan todos los años cinco millones de habitantes a la clase media. Es bueno tener un cliente así, pero vos le tenés que vender lo que te sobra, no le podés vender lo tuyo también. Hoy el mundo primero son ellos, y después están los demás”.
La expansión de la la frontera agrícola
Otro tema que surge es el debate sobre la importancia de este mercado para la gestión comercial argentina. Samid asegura que “es insignificante la guita de la carne. Son 2.500 millones de dólares por año. Le tenemos que vender la mitad. Si solamente con la soja nosotros, si la controlamos, 4 mil millones de dólares podemos juntar. Y con la soja solamente, después tenemos el maíz, el trigo, el sorgo, y muchos más productos. No hay guita, es insignificante lo que son los dólares de la carne. Es poco para sacar la carne de la mesa de los argentinos”, según las cuentas del empresario.
La problemática que agrega Samid hace hincapié sobre el precio internacional que tiene la carne. “En el mundo, e vale tres veces más que acá. Vale 3000 pesos un kilo de carne afuera. Entonces, tiene margen para seguir subiendo. Si sigue subiendo acá antes de fin de año, estamos en problemas”, explica.
El matarife retirado nos recibió en Zoom desde su casa en Ramos Mejía, La Matanza, lugar del no puede salir por orden de la Justicia que dictó su arresto domiciliario en un proceso que aún no cuenta con sentencia firme por evasión fiscal y asociación ilícita. Antes de eso llegó a tener 400 carnicerías abiertas al público.
Olor a podrido
El 31 de mayo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió y dió de baja la operación de 12 empresas exportadoras de carne por no liquidar divisas o consignar domicilios falsos, entre otras cuestiones que se les imputan, y también procedió a interdictar más de 220.000 kilos de carne vacuna.
Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA), dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne, declarando mercadería en forma incorrecta con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas.
Samid le da mucha importancia a estas imputaciones: “Algunos frigoríficos inventaron matrículas truchas que no ingresaron absolutamente un mango, dibujaron todo. Y hay otros que exportaban a 3 mil dólares pero las vendían a 7 mil. Se llevaron 4 mil dólares afuera”.
¿Qué va a pasar cuando termine la medida? Para Samid, “si el gobierno a los 30 días pone cupo de exportación, y reparte el 7% con los frigoríficos que hicieron las cosas bien, no hay problema. Ahora, si se terminan los 30 días y se llevan todo de vuelta, no sirvió para nada”.
El empresario matancero dice que “no tenemos más carne para exportar, sino vamos a seguir teniendo el mismo problema”, ya que “tenemos el mismo rodeo de hace veinte años, la población aumentó, y siempre exportamos al 7%. Después, de repente, con la llegada de Macri, exportamos al 30%. Por eso pasa lo que está pasando. Si exportamos más, vamos a tener problemas en las mesas de los argentinos. Más del 7% no se puede. Si queremos exportar más, hay que producir más, tenemos un país para producir diez veces más”, concluye Samid.
Habrá que esperar al 20 de junio, cuando se cumplan los 30 días del cierre, para saber si esta medida forma parte de una política continua de ordenamiento y control del mercado de exportación de carnes o si, por el contrario, pasa a ser una decisión aislada y sin perspectiva hacia el futuro.
Jun 10, 2021 | Novedades, Trabajo
Juan Manuel Insfran, presidente de la Cámara Argentina de Cerveceros Artesanales (CCAA), cuenta que “aproximadamente el 95% del producto producido por las cervecerías artesanales del país es consumido en bares, restaurantes, cervecerías; es decir: necesitamos a los gastronómicos para nuestro sector”. Las medidas de restricción por la emergencia sanitaria a causa del covid-19 han perjudicado, entonces, al sector durante 2020 y ahora nuevamente, con el confinamiento total de los últimos fines de semana y con la reducción horaria de 10 a 19 durante los días de semana. “La pandemia afectó fuerte y negativamente a las cervecerías artesanales, porque una buena proporción tiene enfocado el negocio a bares y restaurantes”, señala Leonardo Ferrari, uno de los socios fundadores de la cerveza artesanal Antares. A la vez, Mariano Prieto, cofundador de la cervecería Sandoval en la Ciudad de Buenos Aires, explica que “lo que más complica de las medidas del gobierno es no trabajar con un turno de cena”. Las estadísticas de las cervecerías artesanales son preocupantes: “Un 60% tiene deudas con proveedores, más del 40% tiene deudas de más de un mes de alquiler, y un 70% debe más de un servicio” comenta el presidente de la CCAA y confiesa: «Estamos en un momento crítico, y no creemos que se vuelva a reactivar en los próximos meses”. Incluso, hay lugares de la Argentina, como Villa General Belgrano, que vive exclusivamente del turismo en fechas festivas, como la Fiesta de la Cerveza, conocida como October Fest. “El mes pasado, sólo un 10% de las empresas cocinó cerveza. Jamás en toda nuestra historia había pasado eso, están sufriendo mucho”, resume Insfran.
“En la provincia de Buenos Aires el consumo de cerveza artesanal durante la pandemia bajó un 80%”, dice Pepe.
“Las comisiones que cobran las plataformas de delivery son increíbles, van desde un 25% al 30% más IVA», dice Sandoval.
“A fin del 2019, cuando nos anunciaron la Ley de Góndolas, muchos salieron a endeudarse en dólares para comprar maquinaria, pero tras la pandemia no creo que muchos resistan”, dice Insfrán.
“La ayuda que da el gobierno no alcanza”, coinciden tanto la Cámara nacional como la bonaerense.
“El sector cervecero está muy enojado con el gobierno”, sintetiza Pepe
Jun 10, 2021 | Novedades, Vidas políticas
Perú ha sido sin dudas uno de los países latinoamericanos más convulsionados a nivel político en los últimos años. Desde el gobierno de Alberto Fujimori, electo en 1992, devenido en autogolpe de Estado, y hoy condenado y preso por crímenes de lesa humanidad, pasando por Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), las figuras de corrupción y de impeachment -vacancia, como le dicen allá-, imperan con fuerza en el país andino. El pasado 6 de junio los peruanos eligieron a quien será su nuevo presidente a partir del 28 de julio de este año. En medio de un clima de gran apatía política, inmerso en una profunda crisis sanitaria y económica, sumado a importantes tumultos en las calles en noviembre último y a la inestabilidad política que llevó a tener tres presidentes en una semana; el pueblo peruano tuvo que decidir el pasado domingo en un ballotage entre los dos candidatos antagónicos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
Los menos esperados
El 11 de abril se llamó a elecciones generales, de la que participaron un total de 18 candidatos. Se esperaba que pasaran a segunda vuelta la ya anteriormente candidata Verónika Mendoza del partido de izquierda Juntos por el Perú, el derechista Hernando de Soto y Yohny Lescano, de Acción Popular. Keiko Fujimori se posicionaba en el último lugar junto al único contrincante de Mendoza, Pedro Castillo, con menos de un 8% de intención de voto cada uno. Sin dudas, los resultados que llevaron a un ballotage entre estos dos últimos candidatos fueron una sorpresa para todos, incluso para ellos mismos. Castillo pasó con apenas el 19% de los votos, mientras que la ultraderechista Fujimori llegó a segunda vuelta con tan solo el 13% de los votos.
Keiko Fujimori, de 46 años y miembro del partido Fuerza Popular, no es sólo la hija mayor de Alberto Fujimori y hermana de Kenji, congresista del mismo partido y que detenta gran influencia en el recinto, sino que también fue tres veces candidata a presidenta y tres veces perdedora en el ballotage: en 2011 con Ollanta Humala, en 2016 con PPK, y hoy -con más del 99% de los votos escrutados- con Pedro Castillo, quien sería el nuevo presidente de Perú. Imputada por corrupción en el caso Odebrecht por recibir una importante suma de dinero de parte de la constructora para financiar su campaña en 2011, Fujimori pasó más de un año en prisión preventiva, y más de cinco meses encerrada en 2020 antes de ser liberada a causa de la pandemia. Durante su campaña propuso el reinicio de obras de infraestructura que habían sido interrumpidas, y un modelo neoliberal de libre mercado para el país.
Pedro Castillo Terrones, de 51 años, es docente y sindicalista. Proveniente del campesinado, lideró la resistencia campesina en los 90 contra Fujimori, y formó parte de la huelga de maestros de 2017. Izquierdista, el candidato de Perú Libre se erige hoy como el nuevo presidente del Perú. Sin embargo, su figura es controvertida en algunos sentidos: si bien aboga por una mayor estatización, por una Asamblea Constituyente que responda a las demandas de una nueva Constitución por parte de la sociedad, como así también por los derechos de los siempre postergados durante los gobiernos derechistas, Castillo es también conservador en cuestiones de índole social como el matrimonio igualitario, la igualdad de género o el aborto. Durante su campaña se lo ha visto dando polémicas declaraciones en torno a estos temas, que los colectivos feministas y LGBTIQ+ no recibieron con agrado. Algunos de sus detractores lo vinculan con el brazo político de Sendero Luminoso, la organización armada de extrema izquierda, a la cual se le atribuyó el pasado 23 de mayo, la masacre y asesinato de 16 personas en la zona del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), y que dejó un supuesto mensaje a la población a votar en blanco o a anularlo en las elecciones de junio. Tiempo antes, Castillo había pedido la liberación de los líderes de Sendero Luminoso. “Yo creí que ese hecho podría haber significado el fin de la candidatura de Castillo”, dice Jois Mantilla, periodista y comunicador peruano y agrega: “Sin embargo, ha habido algún interés, no solamente del sector de la prensa sino de autoridades del gobierno mismo, en tratar de no agitar ese tema y tratar de contenerlo para que no afecte. Incluso la misma presidenta del Consejo de Ministros dijo, a los pocos días de esa masacre, que no tenía que utilizarse con fines políticos”.
Mantilla opina que ambos candidatos no han ganado las elecciones por sus propios méritos o por su popularidad -en lugar de Castillo, de hecho, se veía en primera vuelta a la única candidata con potencial para derrotar a la derecha, a Verónika Mendoza-, sino que llegaron más bien por la polarización y revanchismo extremo que hay en el país, que se tradujo como antivotos en estas elecciones:” Los dos candidatos han recogido antivoto. La propia Fujimori tiene un tremendo antivoto que hasta hace algunos meses llegaba hasta el 70 y tanto por ciento, como consecuencia de los últimos años en que gobernó en el Poder Legislativo a través de 73 congresistas en el parlamento. Nunca en la historia de Perú había tenido ningún político con esa cantidad de representantes”, sigue Mantilla. “Ese poder que tuvo lo despilfarró, lo utilizó pésimamente, para proteger a personajes corruptos, jueces corruptos, magistrados de todo tipo, fiscales, y para protegerse de alguna manera a ella también de las acusaciones que tiene sobre la nuca por lavado de activos, y por lo cual ha sido condenada: Están pidiendo 30 años de prisión para ella”, detalla, y agrega: “Y el señor Castillo, recibió el antivoto también de los sectores de derecha, de los sectores que ven en él la amenaza comunista, muy similar a la que se implantó en Venezuela y en Cuba”.
El sufragio en las regiones rurales y campesinas tuvieron un peso significativo a favor de Castillo.
Esperas, fraude y empate técnico
Con tres candidaturas presidenciales sobre su espalda, Keiko Fujimori se manejó durante esta campaña con mucha más prolijidad y organización que la improvisación vista en los actos y discursos del representante de Perú Libre: “A pesar de esto nadie se esperaba, ni Vladimir Cerrón ni el mismo Castillo, que pudiera llegar a la segunda vuelta y menos aún a la presidencia”, agrega Mantilla. “Es una agrupación inorgánica, que no tiene bases, todo se ha creado en el camino, muy informal. Por eso, hay esos pleitos al interior. Por eso, durante esta segunda vuelta, Castillo ha presentado casi tres equipos técnicos, y varios miembros han desertado”.
La tendencia entre ambos candidatos fue durante casi todas las elecciones tan parejas, que incluso se llegó a hablar de empate técnico. Esto generó grandes incertidumbres en la sociedad, que ya había tenido que esperar cerca de cinco semanas para conocer oficialmente a los candidatos que irían a ballotage. Desde este lunes, se vieron en las calles algunas manifestaciones en pedido por los resultados del escrutinio por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de uno de los comicios más polarizados en décadas. “Las normas electorales dictan que el ONPE solamente pueda contabilizar las actas físicamente. El ONPE tiene que tener el acta física, y se envía desde el extranjero por valija diplomática”, explica Jois Mantilla, como una de las causas de esta espera. “Y a nivel nacional tienen que llegar las actas desde las regiones más lejanas, en algunos casos tiene que recorrer alguna ciudad y llevarla a otra donde haya aeropuerto, y de ahí tienen que llevarla en avión. No basta ya con un escaneo o foto del acta. Lo que tarda más son las actas que se impugnan, que son más o menos 1.100 o 1.200”, explica.
Rondando siempre de uno a dos puntos de diferencia entre ambos candidatos, los votos del extranjero fueron otro factor que lograron acercar cada vez más entre sí a estas fuerzas políticas antagónicas: en el resto del mundo, Fujimori recibió el 66.48% de los votos, y Castillo el 33.51%. Esto hizo que la poca diferencia entre ellos, se achicara aún más. Hoy, con el 99.82% de las actas procesadas, Pedro Castillo recibe el 50.19% de los votos, y Keiko Fujimori, el 49.80%. En las regiones de Lima, Lambayeque, Piura y Tumbes, Fujimori encabezó los resultados, mientras que, en la región del Amazonas, Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno, Castillo fue el más votado. El sufragio en las regiones rurales y campesinas tuvieron un peso significativo.
Veinticuatro horas después de haber pedido prudencia a la población en espera de los resultados, Fujimori organizó una rueda de prensa en la que denunció fraude e irregularidades en el escrutinio. Sin embargo, no presentó prueba alguna para sostener esta teoría. Mientras tanto, pudo conocerse pública y explícitamente la postura de distintos personajes. Los ex presidentes José “Pepe” Mujica y Evo Morales, prestaron inmediato apoyo al candidato de Perú Libre, mientras que el nobel de Literatura Mario Vargas Llosa expresó sus “deseos ardientes de que Keiko Fujimori gane la elección”. La población, por su parte, vivió estas elecciones en muchos casos de una manera mucho más apática. De los 32 millones de peruanos, sólo concurrieron a votar el 52.56%. Los números de la primera vuelta mostraron cifras similares. Esto se traduce en la gran división que sufre el país por parte de una triple crisis: sanitaria, económica y política. “Ha habido mucha apatía en las elecciones pasadas, ha sido muy notoria. Tanto por el tema de la pandemia, y porque la oferta de los 18 candidatos no satisfacía sus expectativas, es que hay muchos que decidieron no ir. Sobre todo los sectores más acomodados del país, preferían pagar su multa que perder el tiempo votando”, continúa el periodista peruano. “Otra razón es que esta campaña ha sido en condiciones de pandemia, donde hay temores de contagio”, señala. Perú es hoy el país del mundo con más muertes por cantidad de habitantes a causa del Covid-19. “En lo económico ya ha habido alzas, problemas, aumento de precios, se ha caído la bolsa -completa-, no sólo por la inestabilidad que genera la elección, sino también por la desidia, por la avaricia y también por la pandemia. La gente está preocupada por conseguir oxígeno, camas y cuidarse de no contagiarse”.
Si no hay contratiempos, la ceremonia de asunción será el 28 de julio.
Hoy la República del Perú tiene un nuevo presidente que reemplazará este 28 de julio al gobierno de transición de Francisco Sagasti. Siempre y cuando no haya ninguna maniobra desestabilizadora de la fuerza de Fujimori. Pedro Castillo tendrá que enfrentarse no sólo a una crisis sanitaria y económica, sumado a una crisis de representatividad y desconfianza por parte de la sociedad, sino también a problemas de fondo que azotan en términos de desigualdad y distribución al país vecino. “Se necesitan mejoras para que los beneficios del crecimiento económico que ha tenido Perú, llegue a más personas que han estado mucho tiempo postergadas y de alguna manera forman el grueso de los votantes de Castillo. Porque desde hace muchos años están postergados, y los beneficios macroeconómicos que recibe el Perú, que es visto desde afuera como una de las joyas de Latinoamérica, por su crecimiento económico, por sus avances, libertades y todo lo demás, a algunas personas no les llega”, continúa Mantilla. “Sin ir muy lejos, avanzas 100 kilómetros y encuentras otro Perú: donde falta agua, donde faltan colegios, donde no hay servicios, donde no hay Internet. A una hora de Lima. Esta población es el grueso que han votado por Castillo, y que están hartos de la desigualdad, de ser postergados, de que siempre son los mismos los que están en las elecciones, siempre los mismos participantes. Y de que siempre hay corrupción. Ellos creen que Castillo borrará estas desigualdades porque es uno de ellos”.
Al interior del Congreso, hay una fragmentación que no garantiza la mayoría efectiva de ninguna bancada, pero que puede derivar en una contienda entre la oposición y el nuevo presidente. Pedro Castillo tendrá que gobernar con sólo 37 diputados en un recinto de 130. “Veo días todavía más complicados. Porque el gobierno de Perú Libre no va a ser sencillo, tiene a la gran mayoría de las otras fuerzas en su contra y la mayoría de los otros sectores del parlamento se van a aliar, como ya lo han expresado durante esta segunda vuelta, a Keiko Fujimori. Y sumados van a tener un número importante. Los aliados de Perú Libre van a ser bancadas pequeñas, de tres, cuatro o cinco, que no van a significar mucho”, analiza el periodista. “Así que veo la revancha de Fujimori. Creo que va a haber bloqueo. La resaca de la campaña electoral se va a llevar durante varios meses, sino años. Con lo polarizado que ha quedado el país desde la vez pasada en las elecciones de 2016, y en estas, yo veo todavía conflictos, rencillas, rivalidades y venganzas. Muy probablemente van a obstaculizar y hacerle difícil al gobierno de Castillo”, finaliza.
A partir de mañana aparecen nuevos desafíos para la sociedad peruana, que lejos está de haber resuelto los problemas que estallaron en noviembre del año pasado como consecuencia de la vacancia de Martín Vizcarra. El nuevo presidente tendrá que hacer frente a todas estas cuestiones para poder garantizar por fin la estabilidad democrática, tanto en el período de transición como en los cinco años de gobierno que tiene por delante.
