Jul 16, 2021 | Comunidad, Novedades
En la provincia de Buenos Aires, casi 45 mil personas no fueron vacunadas por encontrarse alojadas en cárceles e institutos de detención. Ahora, la justicia ordenó al gobierno bonaerense que brinde las medidas necesarias para vacunar a la totalidad de esas personas.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y dio un plazo de cinco días para que se inicie la gestión.
En el año 2020 en las cárceles bonaerenses murieron 29 personas por covid-19. Y esto ocurrió en un sistema de encierro colapsado, donde 65 establecimientos penitenciarios que tiene la provincia alojan a más de 45 mil personas, en lugares donde el cupo máximo es de 20 mil. La sobrepoblación excede el ciento por ciento lo que hace que el acceso a la vacuna sea de carácter urgente.
La CPM solicitó la medida cautelar porque se reclamó que aquellas personas detenidas en las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) o en dependencias del Ministerio de Seguridad están siendo discriminadas por el simple hecho de que tienen restringida su libertad. Están apartados del resto de los ciudadanos y se los priva de un derecho esencial como es el acceso a la salud. También se reconoce que hay impedimentos para las personas detenidas a la hora de inscribirse al plan de vacunación, no están las condiciones dadas. Hubo casos en los que se logró gestionar la preinscripción y la asignación del turno, pero la autorización y el traslado hacia la posta de vacunación no fueron aceptados. En ese punto, hubo coincidencia entre la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata y la CPM en que los obstáculos para poder inscribirse que tienen que sortear las personas en instalaciones de encierro son mayores a los que tienen los demás que habitan en la provincia.
El Estado provincial tiene un plazo de cinco días -contados a partir del 12 de julio- para que arbitre medidas que garanticen el acceso a la vacuna contra el covid-19 a las personas detenidas y bajo los grupos de riesgos, “el gobierno tiene hasta el lunes para apelar o presentar el plan de vacunación” aseguró a ANCCOM, Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Con los votos del juez Gustavo Scaparotel y el voto de la jueza Claudia Milanta, la Cámara hizo lugar a la medida cautelar presentada por la CPM. El juez Gustavo De Santis basándose en argumentos estrictamente procesales y sin llegar al asunto en sí, rechazó hacer lugar a la medida. En primera instancia y desatendiendo los derechos que se ven comprometidos, el reclamo también había sido rechazado por el juez de Garantía de La Plata, Nicolás Raele.
A fines de abril la CPM había hecho el reclamo denunciando la falta de medidas sanitarias en el SPB y exigiendo que se lleve a cabo la vacunación en los centros de encierro. Las instalaciones precarias y poco preparadas para los tiempos que corren y el hacinamiento que ha llevado a un colapso del sistema penitenciario, hacen que el riesgo de contagio sea mayor, la vulnerabilidad de las personas detenidas también aumenta en lugares donde ya había que cuidarse de otras enfermedades.
Si se compara el alcance del plan de vacunación provincial con el alcance que tuvo en las instalaciones de encierro, existe una distancia relevante, que también fue advertida por la Cámara de La Plata. El programa de inoculación en la provincia de Buenos Aires está en un punto en el cual las personas que forman parte de los grupos de riesgo tienen la posibilidad de acceder a la vacuna contra el covid-19 sin problemas, entonces que se replique esto en el SPB, es decir, la vacunación a personas bajo la disposición “grupo de riesgo”, no genera modificación, ni altera el plan provincial. “Si no hay respuesta la justicia puede intimar y si el gobierno apela tiene que resolver la Corte, pero esperemos que se cumpla pronto, no sabemos cuánto puede estirarse” explicó Cipriano.
Jul 15, 2021 | Culturas, Novedades
“La pandemia puso en evidencia que, al terminar los shows en vivo, no hubo ingresos para los músicos, se manifestaron problemas estructurales preexistentes como la divulgación y comercialización de la música de nuestro país”, explica Gabriel Lombardo, coordinador y uno de los impulsores de Música.ar. A raíz de esta situación, se fundó Músicxs Argentinxs en Red (M.A.R), “Entendimos que era necesario para llevar adelante el proyecto, fundar una asociación para que no sea un nombre propio el que esté convocando”, resume Lombardo.
Hay dos ejes que guían al proyecto: el comercial y el cultural. “Por un lado, la música digital nunca fue redituable para el músico independiente, al no venderse más discos, la música pasó a ser escuchada sólo a través del streaming y se construyó un modelo de negocios que beneficia a las plataformas y a las discográficas”, explica el coordinador del M.A.R. y agrega: “Por otro lado, hay un problema con la diversidad musical de nuestro país que está negada, no tenemos acceso a la música existente en Argentina, que es mucho más que el tango y el folclore”.
Frente a estas demandas y basándose en la experiencia de Cine.ar, se constituyó Música.ar, una plataforma que “logre visibilizar la heterogeneidad musical en el territorio argentino en la actualidad y en la historia, y donde cada músico y música pueda subir sus canciones desde su casa, sin un intermediario”, plantean desde M.A.R y continúan. “Queremos mostrar la diversidad a partir de un sistema clásico de categorías hecha por músicos y músicas argentinas y también ganar soberanía sobre la administración de nuestros contenidos”. A partir de eso, se formaron ocho comisiones que llevarán a cabo el proyecto, entre ellas: comisión para el relevamiento y la creación de categorías musicales, comisión para la creación del archivo sonoro y musical; comisión de extensión y desarrollo de políticas culturales, comisión de modelo de financiamiento y distribución, y comisión de género.
Un nuevo sistema
A diferencia de las plataformas como spotify, donde el consumidor tiene que buscar aquello que le interesa escuchar, el usuario de Música.ar entra al streaming para realizar su propia búsqueda y “se pone en contacto con contenido que potencialmente puede gustar y no conocía, es decir, va interactuando según sus intereses, no por gustos o estereotipos instalados”, explica Lombardo. De esta forma, se pondrá en relación estilos musicales con estéticas marginadas por el mercado. A su vez, se clasificará a las expresiones teniendo en cuenta diferentes criterios: geográficos, instrumentales, estilísticos, de género, por época, identidad, entre otros.
“¿Por qué uno conoce lo que conoce y por qué me gusta determinada música?”, se preguntan desde el M.A.R. Y se responden: «Las producciones que tienen más publicidad tendrán más visibilidad en el mercado, y encima están los algoritmos, que te encierran en terreno que ya conocés”.
Música.ar tendrá un mapa interactivo como sistema de búsqueda, es decir, a partir de localizaciones geográficas podrás encontrar nuevos músicos, ya sea de distintas provincias o en un barrio específico. “Es otra forma de descubrir música, de pensar como nos vinculamos con lo federal”, afirma Lombardo.
ANCCOM también dialogó con Victoria Polti, antropóloga, docente de música y parte de M.A.R: “El sistema vigente de música orienta las escuchas hacia aquello que es más comercial. Hay alta circulación de archivos, materiales y contenidos, hubo un crecimiento exponencial. Lo que nos falta es el criterio y herramienta de búsqueda del acceso”.
Otro de los puntos clave del proyecto es la formación de un archivo sonoro y musical: “Además de tener acceso a la diversidad, la comunidad tiene derecho de tener acceso a la historia sonora grabada, tenemos que poner en línea las grabaciones del territorio argentino”, explica Lombardo. Entonces, estará disponible música de los pueblos originarios, los inicios del tango y el folclore, también la afroascendiente; según el coordinador, “ee habla muy poco de la historia negra en argentina, son otros invisibilizados”.
Observatorio de género:
Polti forma parte de la comisión de género del proyecto, y cuenta que “la plataforma desde sus inicios tenía interés de ir hacia una perspectiva de género con un observatorio”. Desde ésta comisión aseguran que “se advierte una doble invisibilidad en algunos casos, donde a la condición de género se le suma una escasa o nula difusión de ciertos géneros o actividades sonoro-musicales a partir de su posición subalterna o de exclusión del circuito comercial”. Polti agrega: “Hay un montón de música no comercial hecha por mujeres, las cuales muchas veces pertenecen a una etnia, como por ejemplo mapuches, y no se visibiliza, entonces se complejiza la problemática de género”.
La plataforma contará con un lenguaje inclusivo, pero Polti explica que en las charlas surgió la necesidad de ir hacia un trabajo más exhaustivo que la utilización del lenguaje: “Desde ni una menos hasta la fecha estamos viviendo un momento de muchos cambios con respecto a la perspectiva de género: ley de cupo trans, ley de cupo en festivales, ley Micaela, el aborto legal… Queremos seguir en esa línea y disputar estas cuestiones que están relacionadas a la violencia, muchas veces simbólica, hacia las mujeres y disidencias”, resume Polti. Incluso, el observatorio de género se propone brindar atención y seguimiento a denuncias vinculadas a estas cuestiones.
La docente y antropóloga también pertenece a Tango Hembra, un colectivo transfeminista que se propone visibilizar a las mujeres en el tango. “Esta comunidad es un ejemplo de lo que sucede en la música, en el tango, por más que una quiera indagar en la historia de este género musical, no se menciona a las mujeres” concluye Polti.
La problemática se pone más compleja en el contexto pandémico, si ya de por sí la comunidad de músicos se vio golpeada por la imposibilidad de tocar en vivo, las mujeres lo sufren aún más. En este sentido, la antropóloga agrega: «Si frente a una situación no pandémica prevalecen los mejores contratos y espacios en los festivales para hombres, imagínate en esta situación de pandemia. Hay muchas mujeres que están solas y con hijos, que hacen un trabajo doble. Muchos musicxs tenemos otras actividades como docencias, pero quienes no, y solo viven de tocar, la están pasando mal”.
Modelo de financiamiento:
Música.ar se propone un modelo de financiamiento mixto: privado y público. Por un lado, el Estado se haría cargo de la parte administrativa (sueldos de los empleados) y de lo tecnológico. Por otro lado, el financiamiento privado constará de publicidad y abonos. Con respecto a la publicidad, Lombardo cuenta: “Hay una serie de ítems que tenemos pensados: qué tipo de publicidades vamos a poner, el Estado podrá hacerlo con publicidad oficial y también le vamos a dar prioridad a pymes y sectores de la industria argentina en desarrollo”. A su vez los sistemas de abonos serán diferenciados: “Habrá usuarios bonificados que quedan exentos del abono como los jubilados o estudiantes, también abono medio para aquellos que acrediten un sueldo menor a la media, y otro para quienes declaren un patrimonio mayor, por último habrá abonos internacionales que pagarán un monto mayor al argentino o latinoamericano” explican desde M.A.R.
La recaudación de Música.ar se va a distribuir por reproducciones, Lombardi comenta: “La posibilidad de que el Estado forme parte hace que el capital recaudado vaya hacia los músicos” y confirma que “la música argentina genera mucho dinero, y esto se va fuera del país, porque las plataformas son internacionales, nosotros proponemos un cambio en la ruta de dinero, porque lo recaudado se queda en el país”.
Además, se destaca el agregado de la ficha técnica en las canciones y los discos en la plataforma; todo va a estar nombrado y linkeado.“Vamos a visibilizar la cadena de valor detrás de la música”, plantea Lombardo y Polti adhiere y agrega: “Hay muchas deudas con el sector musical en cuanto a la regulación de la actividad y los derechos. Música.ar va a poner en valor lo que significa la producción musical, que no es solo el archivo sonoro, sino que hay un trabajo de diseño del disco, fotografías, videos, se mueven muchas actividades”.
El proyecto ya fue presentado al Ministerio de Cultura de la Nación, específicamente al departamento de nuevas tecnologías. Según M.A.R, la respuesta es buena: “Ahora estamos negociando medidas más concretas. Todavía falta una resolución”.
El slogan de Música.ar es “Si esto no es de todxs, no es de nadie”. “Tiene que ver con los intereses que se van a negociar, y se necesita no sólo el apoyo de la comunidad de músicos sino de toda la comunidad argentina, para que apoye el proyecto y tome consciencia de que, en la actualidad, hay una diversidad que se les está negando”, explica Lombardo. El uso de la plataforma para los coordinadores de M.A.R va a “modificar la forma de consumir la música, la gente va a empezar a escuchar música que no conocía, y eso va a destapar un montón de música que está oculta”.
Por último, Lombardo afirma que Música.ar se enmarca dentro de una política pública: “Estamos desarrollando una política cultural desde actores culturales, para eso necesitamos juntar fuerza para generar la voluntad política y negociar con quien tengamos que negociar, tenemos que estar todos del mismo lado”.
Jul 15, 2021 | Culturas, Novedades
Para acceder a artículos científicos, investigadores e investigadoras de todo el mundo utilizan sitios de descarga ilegal e impaga. Las cifras de las visitas a repositorios como Sci-Hub y los pedidos de descargas de sus artículos son enormes: por ejemplo, en 2017 se realizaron más de un millón de descargas desde Argentina, sólo el 1% de las registradas a nivel mundial. Este sitio web se autodefine como el primero en el mundo para proporcionar acceso masivo y público a los trabajos de investigación. En su página de inicio se ve un cuervo negro con su cuerpo pintado como un universo, sosteniendo con su pico una llave. Se trata de un logo que representa a una especie de ave paseriforme que se alimenta de carroña: algo podrido o incluso corrompido. Con esta metáfora Sci-Hub levanta la bandera del acceso libre al conocimiento enfrentando su privatización en manos de editoriales como Elsevier y alza su consigna: “… para eliminar todas las barreras en el camino de la ciencia”.
El uso de sitios “piratas”, latente en Argentina y en otras partes del mundo, se produce en el marco de un sistema de publicación científica oligopólico donde pocas editoriales controlan un mercado con influencia sobre la carrera de quienes investigan. Existen muchas formas de acceso ilegales, explica Carolina Monti, licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información: las llamadas bibliotecas en la sombra (Carolina Monti) como Sci-Hub que es la más popular, bibliotecas en la sombra más pequeñas o específicas de ciertas temáticas y las formas de acceso peer to peer como los pedidos por Twitter, grupos específicos de Facebook o Redit, Torrents, entre otros. Monti junto a Mariano Zukerfeld, Santiago Liaudat, María Sol Terlizzi y Carolina Unzurrunzaga indagaron las particularidades del acceso a la literatura científica en nuestro país y plasmaron los resultados preliminares de su estudio en el informe “Un fantasma recorre la ciencia, el fantasma de la piratería”. ¿En qué proporción y con qué frecuencia se recurre a las descargas llamadas ilegales? ¿Qué motiva el uso de las diferentes herramientas de acceso a los papers y qué representaciones tienen las científicas y científicos sobre ellas?
Para responder estos interrogantes, el equipo de investigación -que no contó con financiamiento ni respaldo institucional específico de sus ámbitos de trabajo- diseñó una encuesta que reunió las respuestas de 368 becarios y becarias e investigadores e investigadoras del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) en diciembre de 2020. Los resultados grafican las prácticas más comunes y presentan una evidencia relevante para pensar las políticas públicas del campo editorial científico así como las reglas del trabajo académico: un 90% de investigadores e investigadoras recurre al acceso ilegal e impago de esta literatura.
Alimentar al monstruo
Ana Sanllorenti, directora de la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, afirma que hay una multiplicidad de factores que explican el crecimiento de las consultas a los sitios que no cuentan con respaldo legal. “El principal es el costo de las suscripciones de las revistas y la situación oligopólica de la edición científica a nivel internacional. Combinados, los cinco principales editores (Reed-Elsevier; Taylor and Francis, Wiley-Blackwell, Springer y Sage) acumularon más del 50% de todos los artículos publicados en 2013. Además de aumentar anualmente el costo de las suscripciones, las editoriales ya no ofrecen títulos individuales sino “paquetes” de títulos, por lo que obligan a Bibliotecas y otras instituciones a suscribir títulos que no han elegido”.
No satisfechos con la obtención de ganancias comparables a compañías farmacéuticas como Pzifer, a costa del trabajo no remunerado de los y las trabajadoras del mundo académico, las editoriales establecieron el APC (Article Processing Charge) debido a las presiones del Movimiento de Acceso Abierto: esto implica que autores y autoras deben “pagar por liberar” su artículo aceptado, es decir para que sea publicado en modalidad abierta. Sanllorenti señala que se suman otros obstáculos para la publicación de los artículos en repositorios abiertos, como los embargos y el rechazo a que la última versión del artículo editada pueda ser incluida en los repositorios. “Lamentablemente, en los organismos científicos de la Comunidad Europea se está aceptando incluir en los presupuestos de investigación el pago del APC, con lo que se estará realimentando el círculo vicioso de que sólo los que tienen mayores recursos económicos serán más difundidos y consecuentemente, citados”, manifiesta Sanllorenti.
Para la experta en Bibliotecología, existe una contradicción entre el criterio principal de evaluación científica (publicar en revistas de alto impacto) y el requerimiento del acceso abierto a través de repositorios o revistas. “Es lógico que los investigadores recurran a estrategias que les permiten acceder en forma gratuita a los artículos que necesitan. La sanción de la Ley 26.899 de Repositorios en Argentina y la organización del Sistema Nacional de Repositorios Digitales produjo la creación de varios repositorios y consolidó los que existían. Sin embargo, conjeturo a partir de mi experiencia en una biblioteca universitaria, que el índice de depósito de artículos científicos -particularmente en Ciencias Exactas, Naturales, Ingenierías y Medicina- dista de ser satisfactorio en relación con la producción y publicación de artículos en revistas”.
Según Sanllorenti se necesitan análisis sobre el uso que se le da a los repositorios para conocer el número de consultas, su procedencia y las citaciones que tienen los trabajos difundidos en ellos. El caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA da cuenta de un aumento significativo de consultas y bajadas de tesis de posgrado luego de su inclusión en el repositorio: “En ese punto sí es posible afirmar que el acceso a ese conocimiento ha mejorado con el acceso abierto. Así como también la visibilidad de la producción de los autores y de la institución”.
Gratis y mejor
En el estudio de Zukerfeld y equipo la segunda modalidad más mencionada, detrás del uso de sitios de descarga “piratas”, es la utilización de páginas web que ofrecen artículos científicos de acceso abierto. Sólo el 24% de los encuestados afirmó usar de manera muy frecuente o frecuente vías legales pagas a través de recursos propios, de subsidios o de servicios bibliográficos pagados por instituciones como la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, el 75% de las investigadoras e investigadores que utilizan vías de acceso impagas e ilegales, afirmó hacerlo porque no puede acceder de otra forma y un 38% mencionó que le resulta más fácil y rápido de usar que otros servicios. Entre las motivaciones más nombradas, un 67% cree que el acceso a la información científica no debe tener barreras de pago. Además, de los 368 encuestados, 200 creen que estos medios llamados “ilegales” contribuyen al progreso de la ciencia y 139 manifestaron su oposición al lucro que obtienen las editoriales comerciales aprovechándose del trabajo de autores y evaluadores. Entonces ¿por qué la comunidad científica publica en estas revistas?
Sanllorenti explica que cuando un investigador publica un artículo, cede los derechos patrimoniales -los aspectos de explotación de la obra, tal como la comunicación, difusión, reproducción y publicación- en forma exclusiva a la editorial. “Esa es la exigencia de las revistas, sobre todo las de carácter comercial. No debe olvidarse que esas editoriales, además de no retribuir dinerariamente a los autores, se han erigido en árbitros de la calidad científica a nivel global, por cuanto el sistema de evaluación de la ciencia se basa fundamentalmente en el cálculo del índice de impacto de los títulos de revistas, sostenido en la cantidad de citas que reciben”.
Monti, diplomada superior en Comunicación Pública de la Ciencia, agrega que el problema es complejo y las editoriales no ofrecen una remuneración económica ni a los autores ni a los revisores, que son también investigadores. “Incluso a veces son los autores quienes tienen que pagar para publicar allí y, paradójicamente, muchas veces deben hacerlo luego para acceder, ya sea con pagos particulares o a través de suscripciones institucionales que pueden ser millonarias. Existe un sistema de “reputación” en el que los investigadores se encuentran inmersos, con el que son evaluados por sus superiores o las instituciones que les financian sus trabajos, dan becas, subsidios, equipamiento, etc. Es un círculo vicioso del cual, por el momento, parece muy difícil salir”, señala Monti. La maestranda en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes y su colega Carolina Unzurrunzaga, magíster en Sistemas de información digital, explicaron los pormenores del estudio.
¿Cómo surgió la idea de hacer esta encuesta?
CM: El tema de la comunicación y sobre todo el uso de herramientas para el acceso a la información científica es algo en lo que vengo trabajando con proyectos de investigación sobre el Movimiento de Acceso Abierto a los que me acerqué a partir de estudiar la carrera de Bibliotecología. En los últimos años surgieron muchos trabajos de investigación que hablaban acerca del uso de herramientas y sitios de descarga ilegal para acceder a la información científica. La piratería sucede en ámbitos culturales y también en el científico. La realidad es que el uso de estas herramientas es bastante común en todas partes del mundo. Muchos estudios indican que no tiene que ver sólo con la falta de acceso ya que también pasa en regiones donde hay más recursos para el pago de suscripciones. Pocos estudios ahondan sobre el tema en Latinoamérica y ninguno en Argentina. Y nos preguntamos ¿qué estará pasando con los y las científicas argentinas? ¿Cómo acceden a la información que necesitan para sus investigaciones? Para aproximarnos al tema, empezamos estudiando un universo del que teníamos certezas de su dimensión para poder hacer una muestra que nos permita analizar los usos y las representaciones de todo el grupo, por eso tomamos en primer lugar a investigadores/as de CONICET. Más adelante nos gustaría analizar las prácticas y representaciones en otros organismos científicos, tecnológicos y educativos.
¿Qué piensan de las formas de acceso a la literatura científica llamadas ilegales?
CM: En principio es algo de lo que tenemos que hablar más. Ya encontramos evidencia de que existe aquí y en todo el mundo, y sabemos que hacen algo concreto frente a una necesidad de información importante. Tengamos en cuenta que sin poder acceder a la lectura de otras investigaciones, los y las investigadoras no podrían llevar adelante su trabajo. Respecto a las representaciones de legalidad y moralidad sobre el acceso y la difusión de información científica, la mayoría consideró correcto o parcialmente correcto, descargar y circular la literatura científica de la forma que sea (Sci-Hub, redes académicas, redes sociales, etc.). Esto quiere decir que para muchos investigadores, la representación de una acción como ilegal no impide considerarla moralmente correcta. Ahora bien, deberíamos preguntarnos ¿por qué estas herramientas son consideradas ilegales?
¿Cuáles son sus prácticas cotidianas cuando investigan?
CU: Realizando actividades de investigación y de docencia se requiere con mucha frecuencia consultar bibliografía para actualizarse en la temática, para conocer los resultados de estudios recientes, armar el andamiaje teórico y definir la metodología de cada investigación, entre otras cuestiones. Por nuestra formación bibliotecaria estamos al tanto de distintos servicios gratuitos y pagos para descubrir información y nos pasa con frecuencia encontrar el changuito del supermercado con precios en dólares o euros para obtener una copia y poder leer el trabajo. Conocemos -y usamos- botones que se pueden agregar al navegador para localizar la versión libre de los trabajos en repositorios de acceso abierto de todo el mundo, de las suscripciones pagas que tenemos a través de la biblioteca electrónica que financia el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la cual se nos facilita el acceso desde las bibliotecas de nuestras instituciones, de otros servicios que en estas nos ofrecen para localizar el documento que necesitamos y, sin embargo, en muchas ocasiones el paper solo está disponible si pagamos un precio que suele rondar los 25-30 dólares ¿Caro o barato?, ustedes dirán. Lo cierto es que esto es así porque, en general, les investigadores cedieron sus derechos de explotación a los grandes grupos editoriales comerciales, que acumulan ganancias exorbitantes año a año y a veces hasta les sale regalado editar el trabajo porque el grupo de investigación paga tasas de publicación. Un negocio redondo para los de siempre, mientras hacer ciencia en nuestros contextos sigue siendo cada vez más difícil.
¿Cómo podría disputarse el poder de estas grandes editoriales para garantizar el derecho de acceso a la información científica?
CM: Me parece que la solución solo se podría lograr con una reflexión y debate más profundo. ¿Por qué son ilegales estas herramientas? ¿Por qué hay limitaciones al acceso? ¿Quiénes ponen esas limitaciones? ¿No quieren los investigadores dar a conocer libremente sus investigaciones? La solución creo que viene con un cambio más profundo donde no haya barreras legales, económicas o institucionales a la circulación del conocimiento científico. Esperemos que este tipo de trabajos ayude a generar reflexiones y debates que apunten hacia esos objetivos.
CU: Una de las formas es la que se propicia desde nuestra región con diversas iniciativas que brindan infraestructuras para la edición científica en acceso abierto sin fines de lucro, como es el caso de AmeliCA. Que los propios científicos y las instituciones del sistema científico autogestionen y financien revistas de acceso abierto es hacerle frente al oligopolio editorial comercial. Para esto, es necesario que las agencias de financiamiento apoyen la edición científica nacional a través de programas y se reconozca la calidad científica de las mismas en los sistemas de evaluación. También se requiere que se reconozcan y recompensen las tareas de los equipos editoriales y, a su vez, que se acompañen procesos, se creen capacidades y se formen recursos humanos especializados en las universidades y otras instituciones de enseñanza.
¿Qué pasó desde la Ley de Repositorios digitales institucionales de acceso abierto? ¿Notaron cambios luego de que fuera reglamentada en 2016?
CU: En otra investigación que realizamos con el proyecto de nuestra universidad, el cual dirigió Marcela Fushimi, indagamos las repercusiones de la ley en el desarrollo de los repositorios y evidenciamos que las políticas públicas han impulsado a estas infraestructuras en las universidades nacionales de gestión pública. Sin embargo, actualmente no todas las instituciones del sistema científico nacional las tienen disponibles y la cantidad de producción que disponen depende de múltiples factores, entre ellos que las y los investigadores preserven los derechos de explotación de sus obras al publicar para que pueda difundirse allí. Hoy en día, hay muchas de las revistas que son importantes para los distintos campos disciplinares que cobran precios exorbitantes por publicar y/o para asignar una licencia abierta a fin de poder cumplir con el mandato de depósito que impone la ley, lo que termina haciendo que las y los investigadores pidan excepciones o bien que ese dinero salga de los financiamientos que obtienen.
¿Creés que la comunidad científica es reconocida socialmente?
CM: En la actualidad por todo el tema covid, la ciencia se ha vuelto una de las protagonistas de las noticias, hasta discutimos sobre artículos de The Lancet. Sin embargo, creo que los temas son tomados de forma muy superficial y eso tienta a la proliferación de las llamadas fake news. Yo creo que es necesario una comunicación pública de la ciencia en donde participen tanto periodistas/comunicadores como científicos. Creo que es importante comunicar y conocer sobre el quehacer de nuestrxs investigadores, porque si queda invisibilizado, se hace muy difícil el reconocimiento. Esta pregunta me hace acordar a los resultados de la última Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia, que fue justamente realizada para conocer cómo perciben la ciencia la población general. Lo sorprendente es que la mayor parte de la población destaca la importancia de la ciencia para el país y considera que el Estado debe invertir más en ella, sin embargo, los resultados muestran que se informan o interesan poco y que la mayoría de las personas no puede mencionar más de una (y muchos ninguna) instituciones científicas argentinas, siendo tantas y de temáticas tan variadas las que existen en nuestro país.
Jul 15, 2021 | Novedades, Trabajo
La actividad del turismo estuvo suspendida desde marzo hasta diciembre del 2020 y, desde su apertura hasta hoy, continuó con restricciones y momentos de confinamiento. Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) comenta que “el sector está muy complicado, el turismo fue de las actividades más castigadas desde el principio de la pandemia. Luego de la apertura en diciembre, vinieron medidas restrictivas que fueron tomadas a último momento, sin ningún tipo de aviso o trabajo en conjunto para minimizar los impactos negativos”.
La información que tiene la CAT es que el sector cuenta con alrededor de 60 mil empresas y genera más de un millón de puestos de trabajo. En pandemia cerraron 11 mil empresas y se perdieron 150 mil puestos de trabajo.
Fabián Tommarello, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (AGUITBA), cuenta que “el sector nunca terminó de reactivarse” y agrega: “En CABA el 98% de los guías no han vuelto a trabajar desde marzo del 2020, es decir, hace 16 meses que la mayoría está sin trabajar”. Además, Tommarello explica que la Ciudad es un destino particular para los guías de turismo: “Buenos Aires no es como en otros lugares del país, donde el turista necesita un guía. La ciudad ofrece muchas opciones al alcance de cualquiera, nosotros vivíamos mayormente del turismo extranjero o educativo”.
La circulación de nuevas variantes del covid-19 hizo que una de las medidas tomadas por el gobierno nacional fuera el cierre de las fronteras para el turismo internacional. “Nosotros estamos trabajando para que la apertura de fronteras sea a mediados de agosto”, subraya Elías.
Otro destino que espera la llegada del turista extranjero es el Parque Nacional Perito Moreno. Catalina Martínez, guardaparque e intendente del Parque, comenta: “En la última temporada tuvimos 270 visitantes, cuando antes estábamos acostumbrados a tener 1200”. El Parque Nacional Perito Moreno se encuentra en la provincia de Santa Cruz, a 220 kilómetros de la ciudad Gobernador Gregores. Martínez explica que es un destino particular para visitar, por su accesibilidad y clima: “Cuando abrimos en diciembre, nos adaptamos a los protocolos dispuestos por la provincia: distanciamiento social, uso de barbijo, ingreso de vehículos de hasta cinco personas, limpieza de baños, etc. Sin embargo, al no poder garantizar la desinfección, lo que todavía no pudimos abrir son los refugios, aquellos lugares donde los turistas podían descansar en un lugar cerrado y caliente, donde a veces podían pasar la noche”. En cuanto a los guías, Martínez comenta que “de los 19 guías habilitados, ninguno ha podido trabajar aún”.
ANCCOM también dialogó con Ángel Palma, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Iguazú (AGUIATY): “Puerto Iguazú vive exclusivamente del turismo, para nosotros significa el 90% de la economía local. Nos vimos en una situación muy particular, de un día para el otro dejamos de trabajar, no estábamos preparados para eso. Tuvimos que ayudar a colegas en lo psicológico; nuestra salud mental se vio perjudicada”. En cuanto a lo económico, Palma cuenta que el Ministerio de Turismo de la Provincia escuchó sus demandas y brindó subsidios y módulos de alimentos. “Fueron algunas asistencias económicas que ayudaron a los colegas” resume Palma.
En cambio, Tommarello, considera que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no escuchó sus necesidades: “Cuando pedimos ayuda económica nos la negaron, también pedimos la quita de impuestos y tampoco tuvimos respuestas. Desde Nación se nos incluyó en distintos programas, pero no todos los guías pudimos recibir la ayuda. No estamos conformes con las medidas que están tomando”. También hubo entregas de módulos de alimentos, Tommarello relata que al principio los guías no estaban en esa necesidad, pero hoy la situación se complicó más: “Hay muchos guías que la están pasando mal, no pueden pagar el alquiler ni los servicios”.
Ante la difícil situación económica, “muchos guías se tuvieron que reinventar”, comenta Palma y agrega: “Nosotros organizamos cuatro ferias, aparecieron guías que hacían artesanías, repostería, panadería, herrería. Por suerte, las ferias al aire libre tuvieron circulación constante y con los protocolos funcionaron muy bien”. Por su parte, Tommarello explica que los guías de CABA tuvieron que vivir de ahorros, y muchos intentaron trabajar en otros rubros: “Lo que pasa es que los guías sabemos de historia, arte, geografía, idiomas, pero muchos no sabemos de sistemas informáticos como para insertarnos en una oficina”.
La esperanza en la campaña de vacunación
Desde hace varios meses la campaña de vacunación en todo el país avanza a buen ritmo. “Nosotros, al tener a la mayoría del sector vacunado, podemos decir que estamos viendo una pequeña lucecita en el fondo del túnel”, confiesa Palma. Elías adhiere y agrega: “Depende todo de la vacunación, si logramos vacunar a todos los argentinos, la recuperación del sector va a ser mucho más rápida”.
En Puerto Iguazú, hubo una lucha desde la Asociación de Guías de Turismo para vacunar al sector. “Nosotros tuvimos una iniciativa de pedir que vacunen al sector turístico, pero no sólo guías, sino también hoteleros, gastronómicos, transportistas, y se está cumpliendo, por supuesto que sin afectar al ritmo de vacunación de la provincia”, explica Palma. Además, lo que apuntan es que Puerto Iguazú sea considerado un destino seguro: “Sabemos que no es el fin de la pandemia, pero según los especialistas, con la mayoría de la población vacunada, el riesgo de contagiar al turista es bajo”, resumen desde AGUIATY.
Expectativas para las vacaciones de invierno
Tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno están programadas entre el 19 y el 31 de julio. “A esta altura, el año pasado estuvimos prohibidos, con lo cual, cualquier movimiento en este momento va a ser mucho mejor que lo que tuvimos el invierno pasado. Igualmente, creemos que no va a superar el 40% de la ocupación en relación a años anteriores”, sintetizan desde la CAT.
Durante la temporada de verano, Puerto Iguazú abrió sus puertas y aunque hubo un 10% de movimiento en relación a años anteriores, pudieron comenzar a trabajar: “Antes de la pandemia teníamos alrededor de 6 mil visitantes por día, el verano pasado tuvimos un promedio de 1800 visitantes por día, y trabajamos más los fines de semana de carnaval y semana santa, donde llegamos a 3 mil visitantes”, comenta Palma, y confiesa que las vacaciones de invierno va a ser un buen momento para comenzar a reactivar al sector: “Ya tenemos entradas compradas para la temporada de invierno, creemos que vamos a trabajar bien”.
Sin embargo, en CABA no tienen las mismas expectativas: “No tenemos ningún tipo de esperanza en las vacaciones de invierno. Cada vez hay más restricciones entre vuelos internos, cumplimiento de cuarentena y demás medidas”, se queja Tommarello. Además, explica que la mayoría de los guías de la Ciudad de Buenos Aires son contratados por agencias de viajes y no hay ninguna que los haya llamado para las vacaciones: “Tenemos esperanzas para los últimos meses del año, pero todo cambia cada día” resumen desde AGUITBA.
El Parque Nacional Perito Moreno abre sus puertas desde octubre hasta mayo, es decir que, durante las vacaciones de invierno, está cerrado. “Pretendemos para la próxima temporada –2021/2022- tener el parque totalmente abierto, incluido los refugios”, comenta Martínez, pero a la vez, coincide con Tommarello en que “ante la situación de emergencia sanitaria, todo puede cambiar”.
“Nosotros creemos que hay una cantidad de gente que pudo mantener sus empleos e incluso, se vieron beneficiados y pudieron ahorrar, entonces muchos van a querer invertir en viajes”, consideran desde la AGUITBA y esperan: “Ojalá sea así, por todos, por los que necesitamos trabajo y por la gente que tiene ganas de viajar”.
“Contamos con medidas excelentes para convivir con el covid-19”, subraya Elías y piensa que una parte importante es la “responsabilidad individual y social. Podes tener los mejores protocolos, pero si la persona no quiere cuidarse y no respetarlos, no hay mucho que podamos hacer, depende de cada uno”.
Jul 14, 2021 | Novedades, Trabajo
El lunes 12 y martes 13 de julio se realizó un paro general de hospitales públicos junto con movilizaciones frente a la Jefatura de Gobierno porteña integradas por médicos residentes, concurrentes, y enfermeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas jornadas fueron una continuación de las medidas de fuerza que este sector viene llevando a cabo desde principio de mes: el 1 de julio comenzó con jornadas de lucha en la Provincia de Buenos Aires, el 7 y 8 la lucha fue nacional, extendiéndose a 20 provincias. El 9 de julio, 3.000 trabajadores de la salud protestaron en Mendoza.
Las negociaciones paritarias del Estado con el gremio de sanidad del ámbito público son las de mayor conflictividad. María Fernanda Boriotti, presidenta de Fesprosa -el sindicato que agrupa gremios de la salud de distintas provincias y demás jurisdicciones-, en diálogo con ANCCOM expresó: “Con la excusa de la pandemia se han avasallado más derechos de los trabajadores de la salud y, a la vez, se ha puesto de manifiesto la urgencia de mejoras en el sector. Muchos aplausos y loas para el personal de salud, pero la cruel realidad es que no hay ningún tipo de reconocimiento para quienes cuidamos. No hubo mejoras en las condiciones de trabajo, ni tampoco en nuestros salarios; ni siquiera hay perspectivas de cambio por parte de los gobiernos, tanto de Nación como los provinciales y los municipales”.
El principal reclamo de los trabajadores de la sanidad es la reapertura de las paritarias y un aumento en sus salarios. La proyección inflacionaria oficial anunciada por el ministro de Economía Martin Guzmán a comienzos del año fue del 29%, pero ya en los primeros cinco meses se acumuló un aumento del 21,5% según el INDEC. Este mes, los gremios de todos los sectores de la economía han buscado adelantar las negociaciones con un piso de aumento de alrededor del 45% pero no todos lo han conseguido. Mientras que el gremio de camioneros, el de los bancarios y el de los trabajadores del Congreso firmaron paritarias del 45% en cuotas para fin de año, los trabajadores de la sanidad apenas percibieron un aumento del 30%. Jorge Yabkowski, el secretario general de Fesprosa, indicó que buena parte de las paritarias en todo el país cerró con una pauta a diciembre de entre 29 y 35% en promedio, en función de las expectativas que había a principios de año. “Si no hay renegociación habremos perdido un 20% del salario real en comparación a cuando inició la pandemia”, sostuvo cuando fue consultado por ANCCOM. En lo que refiere a la Ciudad de Buenos Aires, desde la última paritaria se acordó un aumento en cuotas del 5% y del 10% hasta llegar al 30% para fines de año. Hector Ortiz, el secretario general de ATE en el Hospital Durand, explicó: “Nos pagaron el 10% en mayo y con eso tenemos que llegar hasta octubre. Después hay que esperar hasta casi fin de año para otro aumento. No alcanza. Los precios se están comiendo los salarios. Hoy mismo ¿cómo hace un empleado con $40.000 para vivir?”.
“El piso de derechos no está y hay una anarquía de regímenes de trabajo y de remuneraciones en nuestro país muy grande. Las paritarias que rondan el 45% de aumento se dan en el ámbito privado, que por un lado, no está alcanzado por el ajuste, y por otro lado, es un convenio colectivo unificado. En cambio, las paritarias en la salud pública se dan de manera fragmentada: hay 24 negociaciones provinciales, y a la vez, se negocia en los municipios que tienen salud a cargo, como en Buenos Aires que hay 130 paritarias independientes. Es por ello que también pedimos que haya una paritaria nacional de salud para el medio millón de trabajadores que somos. El reclamo es que los gremios nacionales puedan discutir con el Ministerio de Salud y las provincias, dentro de un mismo régimen de trabajo”, cuenta Yabkowski.
A los trabajadores de la salud porteños que se toman los cinco días de licencia extra por su labor intensiva en la pandemia, no les permiten cobrar el bono salarial otorgado por Nación.
El sector público es el que tiene menor piso salarial en una economía nacional acotada por el endeudamiento externo y las políticas de reducción del déficit fiscal. Al subsector sanitario se le añade como desventaja el hecho de que las paritarias tengan lugar en cada jurisdicción de forma independiente. Esto conlleva a un panorama diversificado con regiones con menor capacidad de negociación con el gobierno, debido al número de afiliados, siendo en algunas regiones menos flexible que otras. Boriotti sostuvo: “El objetivo es que haya condiciones contractuales similares en todo el país”.
A pesar del trabajo sin respiro que tuvo buena parte del personal de salud en el sector público durante una pandemia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (G.C.B.A.) ofrece sólo cinco días de vacaciones. Sin embargo, también por directivas del mismo G.C.B.A. el goce de esta pausa exime a los trabajadores de la sanidad de cobrar el bono de $6.500 otorgado por el Gobierno de la Nación por cumplimiento efectivo. “En los hospitales te dicen que si te tomas esos días no te pagan el bono que da el Gobierno nacional. Con la necesidad de un buen sueldo que tenemos, no nos podemos dar el lujo de perder ese extra, entonces, el descanso no está”, comentó Hector Ortiz.
Otro punto de reclamo es la Resolución N°4 promulgada por el Gobierno de la Nación. “Se obliga a volver a trabajar a aquellos que ya están vacunados, por más que padezcan ciertas enfermedades preexistentes, como diabetes, asma u obesidad mórbida. Esto constituye un incumplimiento de la Ley Silvio porque se ejerce violencia sobre los trabajadores de la salud con comorbilidades al exponerlos a una alta carga viral. No es lo mismo atender en un hospital que ser bancario. Es un acto criminal que las patologías que llevaron a la muerte a 600 trabajadores de la salud no sean consideradas válidas para continuar de licencia”, dijo la presidenta de Fesprosa.
Según Ortiz, miembro de ATE Capital, los trabajadores de la sanidad buscan unificar las medidas de lucha y ampliar la convocatoria para la semana que viene. A su vez, Fesprosa reclama por una paritaria unificada y justa para todas las jurisdicciones. Yabkowski, secretario general, aseguró: “Hay conflictos todos los días. El miércoles 14 de julio vamos a estar en La Matanza y vamos a salir con los municipales a exigir paritarias ahí. Planteamos el apoyo a cada una de las jurisdicciones y a su vez pedimos por la paritaria nacional.”
Jul 14, 2021 | Novedades, Vidas políticas
La apertura democrática de la década de los ochenta en América Latina posibilitó la participación de nuevos actores en el escenario político. Para los evangélicos, un sector en crecimiento, fue la oportunidad para igualar los beneficios que recibía la Iglesia católica por parte de los Estados, representar los intereses de sus parroquias y posteriormente servir como defensores de valores ultraconservadores.
En América Latina, y especialmente en Colombia, este tipo de discursos cobraron fuerza en los últimos años. La derecha ha encontrado un apoyo especial en los feligreses quienes durante las recientes movilizaciones han utilizado sus preceptos religiosos para estigmatizar y deslegitimar las protestas contra el gobierno de Iván Duque.
Harold Segura, pastor evangélico bautista, teólogo y administrador de empresas, miembro de la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL) y de la Junta Internacional del Movimiento Juntos con la Niñez y la Juventud (MJNJ), explica que estos sectores se han mostrado en contra de las movilizaciones debido a ciertos referentes teológicos característicos de la religiosidad evangélica popular latinoamericana: Dios es un Dios del orden, por lo tanto la protesta en el marco del desorden, no es de Dios. En segundo lugar, la creencia de que toda autoridad ha sido puesta por Dios por lo que solo él puede quitarla, como menciona una parte de la Biblia; y tercero, la mirada dualista que explica la realidad a partir de lo bueno y lo malo. A partir de estos preceptos, muchos pastores y feligreses han deslegitimado las movilizaciones.
“Esos referentes construyen una filosofía política que surge también de esas lecturas populares de las Escrituras, una lectura muy simple y muy plana que funciona muy bien para los evangélicos pero que arruinan el testimonio evangélico porque desconocen realidades y procesos sociales”, agrega Segura.
Durante las negociaciones del Acuerdo de Paz en el año 2016, fueron los sectores evangélicos quienes más se opusieron. El triunfo del No en el plebiscito para su implementación se debió en gran parte al disciplinado voto de esa congregación, el cual en medio de la discusión por la paz en Colombia logró hacer foco en el aspecto de la “ideología de género”, supuestamente presente en 315 partes del texto de los acuerdos. Luego de este triunfo, este sector vio con buenos ojos la posibilidad de crear un partido político como plataforma para promover sus ideales en contra de la legalización del aborto y de la libertad sexo-genérica, principalmente. A finales de 2017 se creó el partido Colombia Justa Libres y, en menos de un año de su fundación, logró llegar al Congreso con tres senadores y a la Cámara con un representante gracias a los casi 500 mil votos que obtuvo en las elecciones legislativas del 2018. Muchos de los votantes fueron feligreses de las mega iglesias evangélicas pastoreadas por los fundadores del partido. Incluso el senador y presidente del partido evangélico, John Milton Rodríguez, es pastor de una de las congregaciones más grandes de la ciudad de Cali llamada Misión Paz a las Naciones, la cual cuenta con 25.000 miembros. En los púlpitos de estas iglesias no solo se declama la Biblia, también se habla de política; en época electoral parece ser ese el sermón de todos los domingos.
Precisamente el senador John Milton Rodríguez y toda la bancada del partido evangélico votó en contra de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, impulsada desde la oposición por la sistemática violación de derechos humanos durante las movilizaciones en Colombia. Esa decisión confirmó el apoyo de dicho partido al gobierno de Iván Duque durante las elecciones presidenciales del 2018, en esa ocasión los preceptos religiosos en línea con la defensa por la vida y la familia funcionaron muy bien entre los evangélicos para restar apoyos al candidato de izquierda Gustavo Petro.
No obstante, en diálogo con ANCCOM, el senador y pastor evangélico John Milton Rodríguez reconoce su intención personal de separarse de la coalición de gobierno debido a que como partido no tienen ninguna participación en las decisiones, posición que contrasta con la de su agrupación. Por eso, el legislador ya da como un hecho su candidatura a la presidencia, incluso señala que en unos días tendrá una sesión fotográfica para su campaña.
Y aunque parece contradictorio, Rodríguez justifica su votación en apoyo para evitarle el juicio político al ministro de Defensa: “Yo fui elegido para ejecutar y aplicar la Constitución y la ley en mi entorno como legislador. No puedo, simplemente basado en el malestar de las personas o en las ideas de la gente, tomar decisiones constitucionales”. Niega, además, que haya una sistemática violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública y aunque considera legítima la protesta, responsabiliza a la extrema izquierda por exacerbar los odios entre ricos y pobres y del Estado contra la ciudadanía. Asimismo, denuncia la presencia de grupos terroristas y narcotraficantes en las movilizaciones.
Durante los primeros días de las restricciones impuestas por la pandemia en 2020, a través de sus redes sociales, Rodríguez hizo un pedido de auxilio al presidente Iván Duque para que ayude a las iglesias evangélicas que se vieron obligadas a cerrar sus templos. Un par de meses después, a través del Decreto 639 del 8 de mayo de 2020, el Ejecutivo de Colombia creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) con el objetivo de proteger los puestos laborales y ayudar a las empresas que vieron una reducción de su facturación facilitando el 40% de un salario mínimo por cada trabajador que estuviera contratado formalmente. Según un documento oficial del Ministerio de Hacienda, el apoyo estatal no solo estuvo destinado para empresas de los sectores que dinamizan la economía del país, sino también para las iglesias evangélicas que en Colombia no pagan impuestos y cuentan con colaboradores sin contratos de trabajo formalmente establecidos. Decenas de iglesias fueron priorizadas por encima de PyMES que no obtuvieron ningún tipo de ayuda y muchas de ellas tuvieron que cerrar.
Consultado por los subsidios, el senador destaca que las iglesias, sus fundaciones, colegios y universidades generan alrededor de un millón de empleos formales. Además, es enfático en afirmar que sí pagan impuestos de IVA sobre productos y asumen los costos de seguridad social de sus empleados sin ningún tipo de beneficios como sí los reciben otras empresas. “Si las iglesias no existieran, los impuestos para los colombianos deberían crecer entre unos 20 o 30 puntos más debido a que la ayuda social que brindan las iglesias tendría que ser acogida por el Estado”, añade.
Según explica, el comunismo y el progresismo quieren acabar con las iglesias: “El comunismo quiere estatismo para que el Estado sea el dueño de la ciudadanía y así perpetuarse en el poder. En el cristianismo en cambio, el ciudadano depende de Dios, la familia es responsable de sí misma. El cristianismo lo que le enseña la gente es a ser autónoma e independiente y no estar dependiendo de los subsidios del Estado”.
Curiosamente, la iglesia Misión Paz a las Naciones de la ciudad de Cali, pastoreada por el senador John Milton Rodríguez, recibió la ayuda estatal que duró casi un año. Pero no solamente se benefició del auxilio estatal, sino también las mega iglesias de Bogotá cofundadoras del partido evangélico como Manantial de Vida eterna y Casa sobre la Roca. Asimismo, se favorecieron otras iglesias con sedes en todo el país que aportaron los votos de sus feligreses como Cruzada Cristiana, Asambleas de Dios y Centro Misionero Bethesda. De la misma manera, el Gobierno benefició con el PAEF a la iglesia Carismática Internacional fundadora del primer movimiento político evangélico a finales de los ochenta, ahora extinto Partido Nacional Cristiano, capital político que se trasladó al partido Cambio Radical, actualmente aliado de Duque.
En total, fueron más de 230 iglesias evangélicas en todo el país que recibieron el subsidio, muchas de ellas aliadas de varios de los partidos de derecha que apoyaron la candidatura y facilitaron la elección de Duque como presidente. Y es que más del 20% de la población en Colombia se afilia a alguna religión protestante, por lo que la derecha encuentra en ellos un gran caudal de votos digno de ser bendecido.
Pablo Moreno, investigador, rector de la Unibautista, licenciado en historia y candidato a doctor en Teología e Historia por la Universidad Libre de Amsterdam, señala que los evangélicos en Colombia fueron históricamente una minoría perseguida que logró participar en la redacción de la última Constitución de 1991 a través de la cual ganaron ciertos derechos. Sin embargo, con esto no fue suficiente, por eso “durante los noventa y las dos primeras décadas de este siglo hicieron alianzas con diferentes partidos para tratar de sobrevivir y flotar en el ámbito político”, agrega el investigador.
Está alianza entre evangélicos y los partidos de derecha –según Moreno– se da gracias a que los partidos de derecha tienen un reconocimiento de que el factor religioso es muy importante, a diferencia de los sectores de izquierda que tienden a ser muy laicistas y lo subvaloran. “Ellos (los políticos de derecha) no tienen ningún problema en ser profundamente católicos y al mismo tiempo ir a un templo evangélico a hacer todo lo que les digan con tal de que esa población pueda ser una un electorado cautivo para ellos”, concluye Moreno.
