Ago 24, 2021 | Novedades, Trabajo
“La Universidad de Buenos Aires nos obligó a convertir todas nuestras clases presenciales en virtuales, de un día para el otro”, afirma Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGDUBA) y agrega: “El desgaste físico, laboral y psicológico al que hemos estado sometidos los docentes, estudiantes y las familias, ha sido enorme”.
ANCCOM también dialogó con Daniel Ricci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA): “Los docentes nos vimos atravesados por una situación de emergencia, pero entendimos que mutar a las clases virtuales era una opción para que los estudiantes no perdieran años de cursada. Nosotros siempre defendimos que primero está la salud antes que la educación”.
“Todo el año pasado hemos trabajado nosotros, los estudiantes, los no docentes y las familias en mantener la vinculación pedagógica. Los docentes trabajan en las peores condiciones, con conectividad y equipamiento que pagan de sus propios bolsillos, lo que niega la supuesta gratuidad de la universidad pública”, se queja Celotto.
AGDUBA realizó una encuesta en mayo de 2020, que respondieron 1890 docentes, para relevar la situación. Con respecto a la modalidad virtual, un 77,2% contestó que se siente más precarizado, contra un 22.8% que respondió que no. La carga horaria laboral se vio afectada: pasan horas detrás de la pantalla para dar clases, corregir parciales y trabajos prácticos, y atender consultas de los estudiantes. “Se produjeron situaciones de agotamiento, de estrés y depresión muy marcadas. No tuvimos feriado ni derecho a la desconexión –reflexiona Celotto–. Hubo un montón de docentes que comenzaron sus trámites jubilatorios, porque no querían dar más clases de esta forma”.
Según Ricci, “la profesión docente es elevadamente flexible, donde no hay ni hubo nunca límites de horarios. El docente universitario no sabe cuántas horas trabaja, porque más allá del aula, hay un tiempo de corrección, preparación de clase, reuniones de cátedra”. Sin embargo, la pandemia “agudizó esta situación, se observó una ansiedad por parte de los alumnos porque mandaban un mail a las doce de la noche de un domingo”.
“Entre ADUBA y la Secretaría Académica de la UBA hicimos un curso sobre especialización en docencia virtual para brindar herramientas y capacitación a los docentes, participaron cerca de ochocientos”, destaca Ricci. No obstante, desde AGDUBA sostienen que no hubo tal capacitación y “muchos docentes tuvieron que adecuarse a usar programas nuevos a la fuerza o viendo tutoriales por Internet”.
“Lo que pasó ya pasó, habría que haber actuado de otra manera antes del comienzo del cuatrimestre”, expresan desde AGDUBA, pero hacia adelante reclaman que “la UBA o el Ministerio de Educación tome la responsabilidad del equipamiento tecnológico, que se reglamente el derecho a la desconexión y se cumpla con la carga horaria de trabajo”. Desde ADUBA coinciden y plantean que “el Estado, a través de las universidades, es el que tiene que darle las herramientas tecnológicas a los docentes para que puedan cumplir adecuadamente su trabajo”.
Ricci cuenta que desde la Asociación pidieron que se reactive el plan Conectar Igualdad pero que se incluya a los docentes y estudiantes universitarios: “Es una opción para poder dictar las clases virtuales. Por eso, debe ser trasladado a todos los niveles educativos”.
Ambas entidades gremiales defienden la presencialidad en las aulas. “No creemos que se pueda reemplazar lo presencial con lo virtual: lo que se genera en el aula, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, el vínculo entre docente y alumno”, opina Celotto y se pregunta: “¿Cómo se genera eso cuando muchos alumnos tienen problemas de conexión y el docente habla con cuadraditos negros?”.
Ricci cita a Paulo Freire, el pedagogo brasileño del que se cumplen en septiembre cien años de su nacimiento: “Todos aprendemos en el aula y eso es irremplazable”. Pero con respecto a lo virtual, considera que “las plataformas tienen que ser una herramienta que debe estar a disposición para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un cambio tecnológico, como en su momento fue la imprenta, pero hay que utilizarla desde lo pedagógico”, y rescata que lo virtual puede ser beneficioso en algunas circunstancias: “Pienso en una clase de exposición que dicta un docente en la presencialidad, con doscientos alumnos, allí se pierden las voces, no se escucha bien, no cabe lugar para todos los oyentes. En cambio, en ese caso, la plataforma virtual permite mejores condiciones”.
Las clases virtuales no son posibles para todas las facultades de la UBA, hay muchas que por sus características requieren sí o sí una presencia en las aulas. “Hicimos un acuerdo con las autoridades de la Universidad, siempre protegiendo la salud tanto de docentes como los no docentes y estudiantes, para construir protocolos para aquellas materias que tengan que cursarse en laboratorios o referidas a la salud”, afirman desde ADUBA y añaden: “¿Qué pasaría si uno va a atenderse con un médico u odontólogo que se recibió de manera virtual?”. AGDUBA confirma esta situación y destacan que “ya hay clases presenciales en carreras como Farmacia, Medicina, Agronomía, Veterinaria, Odontología, Ingeniería, sobre todo en materias que tienen mucho trabajo de campo”. Allí se dictan tanto clases virtuales y presenciales, con un aforo estricto y cumplimiento de protocolos.
La vuelta a las clases presenciales durante los próximos cuatrimestres puede ser una opción. La Facultad de Derecho comenzó este cuatrimestre con la iniciativa y pueden sumarse otras el próximo año. “Queremos una presencialidad con condiciones sanitarias, epidemiológicas y de infraestructura –enfatiza Celotto–. Ojalá podamos tener contralada la pandemia, estar vacunados tanto docentes como estudiantes y que las variantes del covid-19 se hayan esfumado”. Desde ADUBA, Ricci piensa que “el año que viene se va a comenzar a recuperar la presencialidad, pero las clases virtuales no van a desaparecer”.
Otra de las luchas del sector son los salarios: “Tuvimos una paritaria baja, nos castigaron con los sueldos. Un mes antes de comenzar la pandemia, el Gobierno nos anuló la cláusula gatillo que habíamos conquistado el año anterior, y que nos iba a equiparar el salario con la inflación hasta febrero 2020, y recién nos dieron un reconocimiento de gastos en abril del 2021, pero fue sólo mil pesos por mes de abril hasta diciembre”, subraya Celotto.
“En este momento, hay una reapertura de nuestra paritaria, teniendo en cuenta que el acuerdo salarial que firmamos por este año es de un 35% pero producto del proceso inflacionario ha quedado atrasado, y lo que nosotros estamos pidiendo ahora es incorporar 10% más entre septiembre y octubre, así por lo menos empatar a la inflación”, sintetiza Ricci.
Ago 24, 2021 | Novedades, Trabajo
El espacio es enorme. Pasillos y senderos enmarcados en mármol, piedras y vidrio decoran el lugar turístico de la calle Junín al 1700 que hoy está poco habitado. El sol de las tres y diez envuelve a Recoleta con una calidez amena mientras una leve brisa revuelve las hojas de una tarde de otoño.
A pesar de ser día de semana son pocas las personas que esperan el colectivo, hay puestos vacíos en las ferias y es poca la gente que circula. Los turistas de todo el mundo que solían visitar el cementerio ya no preguntan ni sacan fotos; de hecho, solo el personal recorre los largos pasillos. Los colores blanco, gris y negro dominan el laberinto de historias que urbanizan el lugar. La inmensidad de pasillos y las estructuras particulares le dan al cementerio un estilo tradicional que ha permanecido generación tras generación. Se distinguen numerosos estilos arquitectónicos, desde el gótico, con sus sillares de piedra bien labrados, hasta el movimiento Art Deco con sus bases geométricas imperantes: el cubo, la esfera y la línea recta.
Un hombre, vestido de uniforme azul añejo, extrae de su cinturón un manojo de decenas de llaves, diferentes en colores y tamaños: una sola es colocada en la ranura de la cripta. La llave gira, una palanca de metal es colocada debajo de la puerta pero la sacudida de una patada es lo que logra abrirla. Con los pétalos marchitos en mano, el hombre de limpieza parte el tallo a la mitad y, retirándose de la cripta por un momento, lanza las flores en un contenedor de basura colocado estratégicamente al lado del mausoleo. Limpia la puerta a baldazos y cepilla mientras el agua baja y escapa por los escalones, llevándose suciedad, hojas y huellas de pisadas a su paso. De repente, los cepillados cesan y el señor levanta la vista: los llantos de una señora roban su atención y lo lleva a acercarse inmediatamente:
– Madre: un solo familiar puede pasar, el resto tiene que quedarse afuera – dice, con su mano en el pecho.
El 20 de marzo de 2020 se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. De este modo, con el Decreto 297/2020 quedan exceptuadas ciertas actividades y servicios declarados como esenciales. En este marco se vieron afectados los servicios funerarios, entierros y cremaciones, quedando prohibidas las reuniones en las salas de velatorios mientras que los crematorios y cocherías solo realizan el traslado, tratamiento y entierro (o cremación) de un cadáver.
El acceso al cementerio estaba cerrado salvo para los empleados fúnebres, incluso la suspensión de ceremonias supuso una nueva logística para las cocherías: el coche fúnebre debe entrar a un sector designado y solamente una persona puede acompañar el traslado. Los casos confirmados y sospechosos de covid 19 no permiten las despedidas familiares. Sin embargo, los allegados pueden optar por inhumar el cuerpo en tierra, bóveda o mismo realizar la cremación del cuerpo. Todos deben usar barbijos y guantes de látex como protección, desde familiares que ingresan hasta el personal administrativo y del crematorio.
A mediados del 2020, la Dirección General Cementerios junto con el Ministerio de Salud modificaron el protocolo permitiendo ingresar visitas de seres queridos: el ingreso en grupos no debía superar las dos personas, se permitía el uso de vehículos en áreas asignadas y existía un máximo de permanencia de una hora. Además, estaban prohibidas visitas de carácter turístico o recreativo.
Sobre este tema dialogó ANCCOM con Miguel Angel Prieto, tanatopráctico y tanatoesteticista sobre las dificultades que conlleva en este contexto trabajar con personas fallecidas: “En principio, la tanatopraxia es el tratamiento que se realiza a la persona que falleció para que sus familiares puedan despedirse dignamente: combatimos las secuencias mortuoria, golpes, hematomas, deformaciones faciales a través de la desinfección, conservación, restauración y estética final. Se trata de un trabajo invasivo sobre el sistema circulatorio que permite la conservación del cuerpo por meses“. En este sentido, la tanatoestética se diferencia por ser una conservación reducida a, como máximo, sesenta horas.
Tal como explica el profesional, se trata de un trabajo en equipo y por etapas ya que el cuerpo pasa por múltiples especialistas. La causa de muerte es el principal punto de partida: “Lo primero que se realiza en el cuerpo es la autopsia, en este sentido nuestro trabajo se ve afectado no solo por el accidente o muerte traumática sino también por las incisiones o suturas que implica el determinar la causa de muerte. Tras ese procedimiento, restauramos el cuerpo para que las familias puedan despedirse”.
Este tratamiento en particular demuestra que existe una cultura funeraria que está fuertemente burocratizada: existe un asesor funerario que indica la documentación necesaria, se trabaja con salas velatorias acompañada de azafatas pero también se trata de un trabajo cercano y personalizado: “En todo momento acompañamos a las familias en sus decisiones: hay gente que nos pide la reconstrucción de alguna parte del cuerpo, traen ropa o elementos de aquella persona y aparecen las costumbres culturales como las comidas y bailes que hasta el momento están suspendidas”.
Este tipo de ceremonias se vio modificada por los protocolos impuestos por el Ministerio de Salud de la Nación. En este sentido, Prieto afirma que se trata de protocolos específicos para cada etapa del cadáver: la primera tiene que ver con el traslado del cuerpo desde la sala de internación: “El cuerpo es transferido al depósito y debe permitirse el acceso de un familiar para una despedida, sin establecer contacto físico”. Tal como se detalla en el protocolo, las personas que entren y el personal que participe del traslado deben tener una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica. A su vez, el cadáver debe introducirse en una bolsa plástica impermeable y con cierre hermético, identificándose como “material infectocontagioso”.
En el procedimiento de la autopsia, se recomienda no realizar ninguna intervención en personas fallecidas por covid-19: “Esto se debe a que todavía el cuerpo puede contener virus vivos en los pulmones u otros órganos. En este sentido, se deben tomar medidas de protección respiratoria complementarias”. También se encuentra prohibido realizar actuaciones de limpieza, intervención de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver.
Durante el transporte al tanatorio, el personal deberá ser notificado en caso de tratarse de un paciente con coronavirus. Prieto comenta que actualmente “las empresas funerarias ofrecen cuatro destinos para dichos cuerpos: conservación, inhumación, cremación. y traslado al extranjero”.
Tal como se evidencia, los trabajadores fúnebres se encuentran permanentemente expuestos por el contacto diario. Muchas veces no solo retiran los cuerpos sino que interactúan con profesionales de la salud que estuvieron expuestos o con familiares del fallecido.
“Desde el comienzo de la pandemia, el servicio fúnebre se encuentra en constante peligro de contagio. De hecho los sectores fúnebres de los cementerios fueron los que pidieron protocolos para trabajar”, detalla el entrevistado. Por este motivo, a principios del 2021 los trabajadores de Cementerios, Cocherías y Crematorios (SOECRA) exigieron ser reconocidos como personal esencial. Salvador Valente, referente del sindicato, expresó las condiciones límites de sus tareas: “Se hizo un pedido formal para vacunar al personal porque algunas morgues son de una insalubridad terrible, el contacto con los familiares que fallecen y el traslado desde las clínicas nos pone en un lugar de riesgo importante».
Mientras algunas bóvedas son limpiadas por el personal con frecuencia, otras se encuentran relegadas entre escombros, polvo y vegetación descontrolada. Muchas tumbas son olvidadas y solo reciben miradas al pasar, quedando como únicos compañeros el tiempo y el viento. Las nubes comienzan a tapar los rayos del sol y la brisa incrementa, los trabajadores caminan en dirección a la salida donde la vida del día a día los espera. Pasos resuenan entre los pasillos repletos de historias, y en el mausoleo blanco de la esquina inferior izquierda, los escalones siguen mojados.
Ago 23, 2021 | Comunidad, Novedades
Verónica Garri junto a su familia.
El próximo martes 24 de agosto a las 19.30, el Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz votará la modificación de la Ordenanza 101/12 que regula la aplicación y uso de agrotóxicos.El colectivo ecologista local, integrado por vecinos y vecinas de la zona, que lucha contra el avance del agronegocio y el uso irrestricto de los agrotóxicos, ha organizado movilizaciones y diferentes apariciones públicas para dar visibilidad a su reclamo y lograr que los ediles voten a favor de la incorporación de los 1.000 metros de exclusión terrestre, a modo de protección, frente a la ordenanza municipal actual que sólo establece una prohibición de pulverizar a tan solo 150 metros de las viviendas .
En el año 2019, dos vecinas de Exaltación de la Cruz, una localidad ubicada a 75 kilómetros de la Capital Federal, realizaron un censo en los barrios de San José y Esperanza, yendo casa por casa. En esas visitas encontraron que había 50 casos de cáncer y que en 94 de esos hogares las personas presentaban otras enfermedades relacionadas a las fumigaciones con glifosato: problemas en la piel, dificultades respiratorias, diabetes, etc. Si bien estos datos no son oficiales, porque son las vecinas y vecinos quienes documentan y denuncian, existen estudios científicos que comprueban la correlación entre el uso de glifosato y las afecciones a la salud que sufren las comunidades que viven en zonas expuestas directamente a las pulverizaciones.
Verónica Garri, vecina del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz e integrante del colectivo ecologista, cuenta cómo se están organizando desde la comunidad para lograr ésta modificación en la ordenanza que permitirá mayor protección para la comunidad ante las pulverizaciones. “En el Municipio si está prohibido la pulverización aérea desde marzo del 2019 pero lo que se pide ahora es que las pulverizaciones terrestres con pesticidas altamente peligrosos se deben terminar, entonces lo que exigimos es que los y las representantes del Poder Legislativo den señal clara de que en este municipio se prioriza y se cuida la vida y de que ya no se puede esperar más”.
Verónica es la mamá de Corina, una niña que padece alopecia producto de la intoxicación por las fumigaciones. Cuando Corina tenía apenas 10 meses se le empezó a caer el pelo, y luego de estudios y análisis médicos Veronica y su compañero concluyeron en que ambos tienen un alto porcentaje de glifosato en sangre: 2,5 microgramos él y 1,5 ella, mientras que un cuerpo puede contemplar sólo 0,03. Ahí fue cuando descubrieron que Corina posee una enfermedad autoinmune, de origen genético, que hace que su propio organismo rechace el pelo en todas las partes de su cuerpo. Para sumar al reclamo colectivo, Verónica hizo diferentes remeras con el lema “¡Basta de agrotóxicos!” y “Un futuro mejor” con el fin de dar mayor visibilidad a la problemática en la que viven.
En las últimas dos décadas, el 80% del territorio cultivable de Exaltación de la Cruz fue ocupado por la soja transgénica. Según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), entre 2003 y 2012 el consumo de agrotóxicos aumentó 850%. En nuestro país, se pulveriza en promedio 7,6 litros de herbicida por habitante. Argentina se convirtió en el país que más glifosato utiliza por persona por año en todo el mundo. Además, es el tercer productor de transgénicos a nivel global.
Gabriela Sandes, otra de las vecinas del partido y mamá de Ana, una adolescente que a sus 14 años recién cumplidos falleció por cáncer de ovario producto de la intoxicación por glifosato, relata con lágrimas en los ojos cómo en su momento no era consciente del daño que podían llegar a ocasionar las fumigaciones cercanas a su casa. Cuenta que junto a Ana, iban a ver pasar las avionetas porque “lo veíamos como algo lindo”. Ella también es una de las vecinas que lucha hace años por visibilizar y cambiar la realidad en la que viven. En relación a la votación del próximo martes indica: “Las pulverizaciones terrestres con plaguicidas altamente peligrosos deben terminarse. De mínima pedimos que las alejen y quedé así asentado en nuestra ordenanza local.”
En Argentina, las fumigaciones siguen amenazando el ambiente y la salud de las comunidades, tanto directa como indirectamente. Los agrotóxicos afectan a 20 millones de personas por la exposición a las fumigaciones, y a toda la población a través de los alimentos y el agua. Pese a que en la actualidad hay varios proyectos en curso, aún no existe ninguna ley nacional que regule el uso de agrotóxicos: cada provincia debe tener su propia ley y cada municipio su propia regulación local.
Mientras en la comunidad de Exaltación de la Cruz siguen alzando la voz, muchas otras localidades de nuestro país siguen luchando de la misma manera ante el avance de esta tragedia ambiental y social. A su vez, la problemática queda relegada, en un contexto de cambio climático, en la agenda política actual.
Ago 21, 2021 | Géneros, Novedades
La “cancelación” es una práctica que ha cobrado popularidad en los últimos años. Consiste en acosar virtualmente a figuras públicas luego de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo por un grupo específico de personas. Es, por ejemplo, lo que le ocurrió en estos días a la escritora Claudia Piñeiro, “cancelada” y acusada recientemente por la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina de tener un «encono» contra la cultura evangélica a raíz de su «militancia feminista durante el debate por la ley del aborto». La disputa ocurrió a raíz del estreno de El Reino, una miniserie producida por Netflix y coguionada por Piñeiro, que aborda los vínculos entre la Iglesia y la política. La respuesta de la escritora fue contundente: «La censura es censura, la quieras disfrazar de lo que la quieras disfrazar», twitteó.
Claudia Piñeiro.
La cancelación, que se ha instalado como estrategia de sabotaje o “boicot” en el marco de discusiones públicas online, fue inicialmente impulsada por la comunidad afroamericana en signo de rechazo a las reproducciones de estereotipos racistas en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando estos métodos utilizados por las luchas anticoloniales, feministas, de derechos humanos, entre otras, son puestos al servicio de violentar y acallar discursos críticos? Recientemente, la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad publicó un informe que se denominó: “¿Es posible discutir en medio de discursos de odio?”. La investigación está motivada por el empeoramiento en la calidad del debate público de los feminismos a partir de la irrupción de discursos violentos de los antiderechos. A través de la manipulación de la información, insultos, descalificaciones, amenazas y violencias, estos grupos se han encargado de acallar a los ciberactivismos.
En diálogo con ANCCOM Sandra Chaher, presidenta de la Asociación Civil, comunicóloga especializada en Derecho y Género, y parte del equipo de investigadores, asegura que estas acciones “afectan a la libertad de expresión de las mujeres y a la presencia del feminismo como sujeto político en el debate público”. Acorde con el informe, el 100% de las activistas feministas consultadas fue violentada en algún momento por los grupos antiderechos. Como respuesta, entre el 30 y el 60% de ellas dejó de leer notificaciones.
Florencia Alcaraz, periodista, feminista y co-directora de LatFem, quien asegura que “internet es un espacio más donde operan las violencias machistas” y que “las periodistas feministas estamos doblemente expuestas por el rol que ocupamos en la sociedad”. Alcaraz fue blanco de un gran hostigamiento a partir de una investigación que buscaba trazar un mapa de la reacción conservadora argentina. El trabajo consistió en una serie de notas acerca del crecimiento de la nueva derecha y un cartografía de las interacciones entre cuentas vinculadas.
Las tecnoviolencias machistas son agresiones por razones de género cometidas, asistidas o agravadas por el uso de las TICS. Alcaraz cuenta que, “a veces se centran en el aspecto físico, otras tiene que ver con algo más coordinado, vinculado a instalar campañas de desprestigio personal o colectivo; y en otros casos hay amenazas explícitas de muerte, de agresiones sexuales”. Como resultado tienen a la “autocensura, el ataque a nuestra visibilidad y a nuestra presencia en el espacio público, produce un impacto psíquico, emocional e, inclusive, físico”, declara la periodista. Por otro lado, puede producir pérdidas económicas, en tanto su trabajo muchas veces se basa en generar contenidos. Para Alcaraz, el objetivo de las mismas es el disciplinamiento y el silenciamiento.
Son múltiples las razones que podrían explicar la proliferación de los discursos de odio. Chaher propone como hipótesis una conjunción entre las posibilidades de amplificación o viralización que suponen las redes sociales y el anonimato. Con respecto a lo primero, el informe retoma teorías previas que proponen que aquellos discursos que despiertan alguna conexión emocional negativa logran mayor alcance. En cuanto al anonimato, la investigadora advierte que “desde un punto de vista feminista es defendido porque una persona que está siendo agredida, puede encontrar una forma de participar a través de un perfil anónimo”. Entonces, su crítica se basa en “la posibilidad que te dan algunas redes de participar sin muchos requerimientos, lo que facilita que las personas que se esconden detrás de esos perfiles puedan tener también actitudes odiantes”.
Frente a estos hechos se abre otro debate: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Chaher, explica que “desde el punto de vista de lo que es la jurisprudencia o el planteo jurídico vinculado a la libertad de expresión, la tendencia es que un discurso no debería ser prohibido por más agraviante que fuera”. Mientras no exista una incitación directa a la violencia “lo que te dicen los sistemas de derechos humanos es que lo que tienes que hacer es oponer más y mejor discurso”.
El problema es que en la práctica se presentan ciertas limitaciones. “Si la plataforma no te garantiza una mínima seguridad o una mínima confortabilidad para moverte, no tenés manera de oponer más y mejor el discurso”, agrega la investigadora. En tal sentido, las activistas entrevistadas expresaron una disconformidad con respecto a la respuesta de las plataformas: en el 44% de los casos de Twitter, el 29,2% de Facebook y el 28% de Instagram.
Hackear al mensajero
Irina Sternik, periodista con una larga trayectoria en distintos medios, luego de revelar un hackeo al Ministerio de Seguridad en un artículo de la Nación en 2017, fue víctima de una oleada de ataques sistemáticos durante más de un mes. Sternik cuenta que sufrió “intentos de hackeos a todas las cuentas de correo o redes sociales; si mencionaba a una persona en redes, las atacaban a ellas; recibí mails intimidatorios, amenazas, difamaciones y todo lo que se te ocurra. A veces tenían un trasfondo político, otras misógino o religioso. El único fin era atacar y amedrentarme, que parara de hablar. A pesar de que fue una sola vez, una sola nota”. El ataque sólo cesó cuando se le ofreció custodia policial. Llegaron a intervenir organismos como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Contó, además, con el asesoramiento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Sin embargo, la respuesta de las plataformas fue insuficiente, por no decir nula: “En ese momento ninguna red social me ofreció demasiada ayuda”, cuenta Sternik. Tuvo que denunciar muchas veces a cada cuenta para que la dieran de baja. Decidió cerrar su perfil y dejar de hablar del tema por un período. Acorde con Sternik, el objetivo era asustarla y evitar que hablara del tema. “Lo lograron”, dice.
Respecto a qué actitud debería tenerse frente a los discursos de odio en redes sociales, el informe arroja tres tendencias entre las entrevistadas: el 66,7% propone moderarlos, el 25% prohibirlos, mientras que sólo el 8,3% sugiere no intervenir. Chaher afirma que lo más democrático sería hablar de una co-regulación entre Estado, empresas y la sociedad civil. Por un lado, esto implicaría que “las empresas no actúen solas porque no está claro cómo regulan”, explica la investigadora. Y agrega que el riesgo reside en que, de otra manera, podrían prohibirse cuentas de forma infundada como ocurre con, por ejemplo, posteos sobre lactancia por el mero hecho de que aparezca una teta. Por otro lado, “siempre está el riesgo de que el Estado tenga una excesiva injerencia”. Sin embargo, de forma paralela señala la necesidad de apelar a una transformación cultural que concientice sobre la importancia de cuidar el debate público.
Por último, Chaher sugiere que “sería muy interesante que toda la población como usuaria de redes tuviéramos un mayor conocimiento de, por ejemplo, de cómo se hacen las operaciones concertadas, de cómo funcionan; porque evidentemente los sectores que son quienes agreden saben perfectamente cómo armar este tipo de campaña, de acciones coordinadas, que afectan a una persona”.
Un problema regional
Florencia Alcaraz cuenta que desde LatFem identificaron estas situaciones a partir de conversaciones que tuvieron con otras colegas de la región. A partir del intercambio con mujeres de la Red de periodistas feministas de América Latina y el Caribe, pudieron identificar que esas violencias digitales se relacionaban con la reacción conservadora que hoy está en marcha en todo el mundo. De esta manera, empezaron a pensar en un Kit de Cuidados Digitales, que hoy se encuentra también en formato radial.
Este material propone una serie de recomendaciones para hacerle frente a los hostigamientos: propone identificar las agresiones, registrar la evidencia a través de capturas de pantalla, reportarlas a las redes, bloquear a los agresores, denunciar de manera formal o informal. Al mismo tiempo, incentiva a brindar apoyo a quienes estén sufriendo acoso a través de la creación de espacios seguros de escucha, ayudarles a registrar los detalles del ataque y los perfiles de los agresores.
“Es realmente grave y creo que el primer paso es dejar de subestimar este tipo de ataques y empezar a ponerlos en valor, a hablarnos entre nosotras”, declara Alcaraz. Para la periodista se trata de un problema estructural, que exige pensar en procesos colectivos y dar respuestas en términos de organización. “En ese camino estamos, reforzando nuestra seguridad y pensando estratégicamente cómo abordar estos ataques porque, lamentablemente, las plataformas no brindan soluciones. Quienes sí lo hacen son otras redes feministas y compañeras que saben mucho sobre estos temas”, concluye Alcaraz.
Ago 19, 2021 | Comunidad, Novedades
El helipuerto Baires Madero se encuentra en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, a metros de la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires y al lado del barrio Rodrigo Bueno. El camino a la entrada parece no tener final, las veredas comienzan a achicarse, el humo de los camiones inunda el ambiente. Se observan montañas de basura y unos cuantos autos abandonados. Desde Avenida España al 3200, se llega a ver la central Helicenter, y allí, subiendo una escalera, está el despacho donde se alojan los médicos y operarios del Escuadrón Aéreo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
La tripulación está formada por el piloto Eduardo Forgan; Javier Revilla, técnico operativo que durante el vuelo y en la escena colabora con el médico al momento de la asistencia; Pablo Martínez, médico emergentólogo, y la médica aeroevacuadora María Sol Budic. Además, de cada operativo participa Juan Noir, uno de los coordinadores del SAME, jefe del equipo médico y, a la vez, enlace del Escuadrón Aéreo con el resto del SAME. Es el encargado también de la programación de los servicios, el control de las habilitaciones y licencias del personal, la realización de los cursos, la documentación y el contacto entre otras áreas o instituciones para que la operación sea fluida y sin inconvenientes. El equipamiento con el que cuentan incluye capacidades de Unidad de Terapia Intensiva Móvil y asistencia primaria para el paciente politraumatizado.
El SAME se creó en 1991 como una fusión entre lo que era el Centro Informativo y Permanente para Emergencias y Catástrofes, la Dirección General de Material Rodante (ambulancias) y la Dirección General de Atención a la Salud (coordinación médica). Hoy depende del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, específicamente del Área de Emergentología. El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y desde ese momento a la actualidad realizó más de 3.500 auxilios. Dispone de dos helicópteros que pertenecen a la empresa privada Modena Air Service –que brinda mantenimiento y tripulación–, mientras que el SAME aporta equipo médico, insumos y combustible.
Asimismo, posee bases operativas para aterrizar en diversos hospitales porteños: Santojanni, Pirovano, Tornú, Fernández, Rivadavia, Argerich, Penna, Vélez Sarsfield y Durand. Sin embargo, la idea de operar con helicópteros sanitarios en la Ciudad no fue fácil: muchos establecimientos no tienen todos los elementos para asistir a un paciente, el recurso humano es escaso y los problemas de tránsito complejizan todo. “Llegábamos a un incidente en la autopista y no nos identificaban como un recurso sanitario, pero con el tiempo las personas se fueron acostumbrando y se los fue capacitando, al punto que hoy cortan el tránsito para que podamos bajar”, cuenta Juan Noir.
La mayor virtud del SAME aéreo es la rapidez de los helicópteros: el tiempo promedio entre el ingreso del llamado hasta el despegue es de tres minutos y el máximo para cruzar la Ciudad de extremo a extremo es de cuatro, o sea que en un máximo de siete minutos arriba al lugar del incidente.
El SAME aéreo tuvo su primera atención el 8 de diciembre de 2010 y ya realizó más de 3.500 auxilios.
Un día de trabajo
Son las 7 y la tripulación chequea el helicóptero. Se comprueba el equipamiento médico y se verifica qué hospitales cuentan con todas las condiciones para recibir traslados ese día. La misión comienza con el llamado de auxilio al 107, la central operativa interroga sobre todos los datos y ubicación mientras, en simultáneo, se transmite el requerimiento a la Base Baires Madero. Se activa la alarma, el piloto pone en marcha la nave, el técnico geolocaliza el punto de aterrizaje y el médico recaba datos del auxilio pertinentes para la operación. “Tiene que estar en vuelo dentro de los tres minutos que se hace el llamado. A partir de ese instante, el personal presente en la escena corta el tránsito y allí descienden el médico y el técnico para atender a la persona. Pasa de todo: aparecen motociclistas que ayudan a parar el tráfico, gente que no se corre cuando ve que estamos por aterrizar y hasta pacientes que se han negado a subir, todo ocurre en cuestión de minutos”, comenta Eduardo “Bugy” Forgan, el piloto de helicóptero con más experiencia del país.
Si bien se busca minimizar los tiempos y atender a todas las vidas humanas, los helicópteros pueden transportar dos pacientes y uno para asistir en el momento. La tripulación pone en riesgo su vida. “Uno de los eventos más fuertes fue la explosión de la perfumería Pigmento en Villa Crespo: dos bomberos murieron y otros dos resultaron gravemente heridos, esa fue la que más nos afectó porque las víctimas eran parte de nuestro equipo”, recuerda María Sol Budic. Según Javier Revilla, copiloto del equipo, “la tragedia de Once en 2012 fue muy complicada también”. En aquel accidente, 52 personas murieron, hubo más de 600 heridos y muchos de los pasajeros atrapados fueron trasladados por el SAME aéreo. Fue un antes y un después para el escuadrón ya que los centros asistenciales más cercanos estaban ocupados y se vieron obligados a organizar a los pasajeros. La rapidez con la que llegó el equipo de rescate fue vital.
Ese miércoles 22 de febrero, a las 8.29, entró la llamada del 107. “Base aérea ¿me escucha? –dijo el operador–. Tenemos un accidente en la terminal de Once, parece haber colisionado una formación de tren con principio de incendio y gente atrapada”. “Estamos yendo con varias unidades”, respondió un minuto después el director del SAME Alberto Crescenti. Automáticamente, desde el Móvil 1 se cursó la alerta roja a todos los hospitales porteños y las camas se agruparon para atender los heridos. “Nos encontramos con múltiples víctimas en el hall, en los andenes de la terminal, pero fue peor cuando entramos: el grueso de los heridos, 120 personas atrapadas en 6 metros”, rememoró Revilla. De inmediato, colocaron en la estación una bandera roja para pasajeros de atención inmediata, amarilla para monitoreo hasta el lugar de traslado y verde para equipos de psicólogos y psiquiatras. A las 8.36, llegó el SAME aéreo.
Desde el llamado de emergencia hasta que llega al lugar del incidente, el helicóptero tarda como máximo siete minutos.
La pandemia intensificó el trabajo de la tripulación. “Es más incómodo por el equipo de protección personal y el trabajo invade parte de nuestras vidas. Hubo médicos que prefirieron no convivir con la familia por temor a contagiarse, pero se trabajó igual”, afirma Noir. Durante el año pasado, el SAME se adaptó a nuevos protocolos: se asistió a pacientes en hospitales y ambulancias y se evacuaron geriátricos con las medidas de higiene, pero no estando vacunados. El emergentólogo Pablo Martínez menciona que se incorporó la telemedicina: “Es una asistencia mediante video que puede valorar signos del paciente para darle solución a su necesidad, se pueden dar instrucciones hasta el arribo del móvil, indicaciones de RCP, asistencia psicológica, o en casos de incidentes con múltiples víctimas, dar un mayor panorama a la central operativa para el manejo de la escena”. Según la página oficial del SAME, en 2020 recibieron cerca de 800 mil llamados de los cuales 296 fueron derivados al servicio de telemedicina.
En los primeros 100 días de 2021, con un promedio diario de llamadas de entre 2200 y 4500, el escuadrón aéreo realizó más de 100 operativos asistenciales, aunque más allá de los números que avalan la alta capacitación de sus integrantes, hay que destacar su calidez humana. Pero ya no hay tiempo para más preguntas. Suena el teléfono y el equipo tiene que salir volando.
Ago 19, 2021 | Novedades, Vidas políticas
Rogelio Segundo, diputado electo, junto a sus paisanos en la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este, Salta.
Rivadavia cuenta con la mayoría de sus habitantes de naciones originarias. Durante la campaña, la consigna “paisano vota paisano” se replicó en todas partes. Desde siempre, las comunidades tienen la necesidad ser escuchadas y entendidas por un par. El domingo se cumplió el sueño de conseguir la representación de un propio hermano wichi en la Cámara Baja provincial. El escrutinio provisorio informaba que Rogelio Segundo, por la lista 41 del partido Frente Grande, obtenía el 30,04%, porcentaje suficiente para ser diputado. Esa misma noche, los originarios salieron a festejar en las calles de los pueblos.
Al día siguiente, en Santa Victoria Este comenzó la caravana de agradecimiento por cada una de las comunidades. “¡Noco, Noco!”, gritaban las mujeres, niños y niñas haciendo bulla con las botellas al costado del camino de tierra, mientras que el diputado electo saludaba desde una camioneta que pasaba junto a otras y a un camión con los demás festejantes. La alegría desbordaba, porque además, tanto en el municipio de Santa Victoria Este, como en el de Rivadavia Banda Norte, ingresaron varios concejales originarios. Al respecto, uno de ellos mencionaba: “Aún no puedo creer que voy a ser concejal. Nunca nos dejaban participar y si podíamos, íbamos últimos. Muchos años peleamos y sólo recibíamos palizas. Gracias a los hermanos, volvimos a ser personas”.
Un largo camino
La gesta originaria comenzó en el 2019, con el primer triunfo de Rogelio Nerón en la intendencia Santa Victoria Este. A más de 500 kilómetros de la Capital, Nerón abrió el camino del indigenismo en el Chaco Salteño. Asimismo, se decidió a enfrentar al grupo de poder criollo que gobierna y legisla hace 30 años en el Departamento de Rivadavia, uno de los más pobres del país, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Como representante del kirchnerismo, en aquella elección, Nerón quiso participar por el Partido de la Victoria, pero se desató la batalla con el senador nacional Sergio “Oso” Leavy, a su vez, presidente del Frente de Todos de Salta, quien no lo habilitó. No obstante, pudo presentarse por el Frente de Todos, pero mediante la lista del sindicato de Camioneros, el CET (Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo).
Este año, Nerón propuso a Rogelio Segundo como diputado, ya que se había acordado que cada intendente lo elegiría. Pero, la situación de discriminación y racismo se repitió. Un día antes del cierre de listas, sin mediar palabra alguna, se enteraron que, otra vez, los habían dejado afuera. Como es de público conocimiento, tanto Sergio Leavy, como el diputado Ramón “Rana” Villa, quien acaba de perder su banca tras 16 años de mandatos, y el senador Mashur Lapad acordaron para que no participaran. De inmediato, Rogelio Nerón llamó a Buenos Aires. Finalmente, gracias al apoyo de Jefatura de Gabinete, logró presentarse por el partido Frente Grande, la única lista que presentaba candidatos indígenas en todos los cargos: diputado, convencional constituyente y concejal.
La campaña electoral se desarrolló en un contexto de total desigualdad. El gran oponente a la lista indígena fue el ex intendente de Santa Victoria Este, Moisés Balderrama, el cual obtuvo el primer lugar como diputado por el frente de Gana Salta. Su candidatura contó con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz, el senador Mashur Lapad y los intendentes de Rivadavia Banda Norte y Banda Sur. Aún frente a ese gran aparato, sin medios de comunicación a favor, ni respaldo provincial y a penas con una cuarta parte de recursos, los originarios demostraron que con otro tipo de formas podían llegar: una política que innova las formas de construcción ciudadana sin discriminar entre los paisanos ni criollos, que apuesta a la conciencia colectiva y verdadera participación. Durante muchos años, la política criolla se basó sólo en repartir bolsones de frangollo y sémola, cargos a dedos y algunos billetes. Una vez que se ganaba, nadie regresaba por las comunidades. Lamentablemente, en estas últimas elecciones, también, varios candidatos entregaron mercaderías, herramientas y camas para pedir a cambio el voto de las comunidades originarias, y a algunas se las retiraron al enterarse que eran afines a lista indígena.
Rogelio Segundo, diputado electo, junto a su familia en la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este, Salta.
La defensa del territorio
Rogelio Segundo se autopercibe principalmente como wichi. Su madre es toba, chorote y su padre wichi, toba. Hasta las inundaciones del 2018 vivió en la comunidad La Curvita, perteneciente al municipio de Santa Victoria Este, y luego con todos los habitantes se trasladaron a unos metros, a la denominada La Nueva Curvita. Es el principal referente de la lucha por la tierra encabezada junto al presidente de la Asociación Lhaka Honhat, Francisco Pérez, recientemente fallecido. La organización llevó adelante el reclamo por la titularización de la propiedad comunitaria de los ex lotes fiscales 55 y 14, ubicados en Santa Victoria Este, a nombre de todas las comunidades que los habitan. A principios del 2020, luego de 20 años de juicio al Estado argentino y a la provincia de Salta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó un histórico fallo por el cual las comunidades originarias recuperaron 400.000 hectáreas de su territorio.
En el 2019, Rogelio Segundo participó de las PASO para la intendencia de Santa Victoria Este. Por 160 votos no alcanzó para ser candidato en las generales. En la política indígena se acordaron que quien pierde acompaña a su competidor. Fue así que Segundo se unió a la campaña de Nerón y posteriormente, al gobierno. El desafió fue y sigue siendo muy grande. “Recibí la Municipalidad vacía, se habían llevado hasta las computadoras de las oficinas. Este municipio es uno de los más abandonados, nuestros niños se nos mueren por deshidratación y desnutrición”, denunció Rogelio Nerón. Contra todos los pronósticos y las difamaciones, actualmente, la gestión indígena es considerada una de las mejores a nivel provincial. En tan sólo un año y medio, en un contexto de una inédita pandemia, con la ayuda del Gobierno nacional, la intendencia ha logrado la construcción de más de 15 pozos de agua, de represas para las familias criollas, la adquisición de maquinarias y transportes, como así también proyectos de redes de agua y cercos comunitarios para el desarrollo de la agricultura y la cría de animales.
Comunidades de Misión La Paz, Santa Victoria Este, Salta, saludan la caravana del diputado electo Rogelio Segundo.
Vida digna para el pueblo
“Lo que quiero al llegar a la Legislatura es defender nuestros derechos, nuestras tierras, la salud, la educación, la vivienda y el trabajo. Que las políticas queden para siempre, que nuestras comunidades puedan desarrollarse, aunque sabemos que no será mañana mismo que podamos resolver todas nuestras necesidades, pero este es un nuevo camino que juntos construiremos”, manifestó Segundo durante su campaña en las distintas comunidades.
Además, el dirigente wichi comentó que uno de los principales proyectos para presentar en la Cámara se basa en la titularización de tierras de las comunidades originarias de los municipios Rivadavia Banda Norte y Banda Sur. Como así también, propondrá proyectos para resolver el tema de la escasez del agua en todo el Departamento, para que los originarios puedan ser maestros y directores en las escuelas de sus propias comunidades, para generar puestos de trabajos principalmente en los jóvenes, para construir un albergue para originarios en la Capital.
Rogelio Segundo.
Una nueva etapa
El indigenismo en el Chaco Salteño pretende conformar un frente de pueblos originarios entre los demás intendentes y legisladores originarios de la provincia, con la intención de seguir gestionando políticas públicas nacionales y armar un propio partido de cara a las elecciones del 2023. “Nosotros sólo estamos abriendo un camino”, expresó Segundo días antes de las elecciones, en una reunión con las comunidades de Coronel Page. Y agregó: “Queremos tener un próximo senador originario. También un intendente paisano en Banda Sur y en Banda Norte, no queremos más que la policía sea manejada para atropellarnos. En Santa Victoria Este, nunca el intendente va a dar la orden de detener ni reprimir a ningún paisano que esté cortando la ruta. Y el día que yo sea diputado, no van a ir a pegar a un paisano, si me entero que sucede, yo mismo voy a ir a defenderlo”. Por último indicó: “El día que yo asuma, mi propio pueblo es el que me va a decir que yo lo estoy haciendo bien o mal. El poder está en ustedes. Y a diferencia de los criollos que han llegado, yo voy a estar para dialogar con todos”. 
