Ago 27, 2021 | DDHH, Novedades
Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
“Lo matamos por pobre”, le gritó uno de los policías de Caleta Olivia, Santa Cruz, a la familia de Rodrigo Curaqueo durante una protesta por la muerte de ese joven de 19 años que falleció el pasado 7 de abril en extrañas circunstancias. Hoy, el caso judicial está estancado. Lo que sí continúa es el hostigamiento de las fuerzas de seguridad hacia la familia y los sectores más humildes de la ciudad.
La mañana de aquel martes, Curaqueo llegó alcoholizado a su casa. Tras manifestar actitudes violentas, su familia decidió llamar a la policía con la esperanza de que apaciguaran la situación. “Se hizo todo mal desde un principio: se lo llevaron a la comisaria Seccional Quinta, que está a una cuadra y media de su hogar. De ahí, no lo volvieron a ver más”, relata su hermana Brenda.
“Tendría que haber estado suelto a las 15”, cuenta su madre, Andrea Muñoz. Pero alrededor de las 16:50, 16 presos declararon haber escuchado alboroto en el calabozo que destinan para los contraventores, donde se encontraba Curaqueo. “Los gritos de Rodrigo los escucharon hasta no escucharlo más. A las 17 les dieron permiso a los internos: los hicieron salir y los oficiales, como nunca, tenían guantes de látex puestos”, sigue.
No fue hasta la medianoche que los uniformados tocaron la puerta de la casa a la que pocas horas antes había llegado por última vez Rodrigo. Se le informó a la familia de su deceso recién el 8 de abril, 7 horas después de que se escuchara su último grito. ¿Por qué, si la casa queda a una cuadra y media?, se pregunta su hermana. De ahí en adelante, las piedras en el camino fueron cada vez más. Les dijeron que la causa de muerte habría sido suicidio por ahorcamiento y covid-19. Aunque esto implicaba que la familia debería esperar tres días para ver su cuerpo, la agonía se extendió por al menos siete.
El 9 de abril, Andrea se enteró por allegados que llevaban sin autorización el cuerpo de su hijo a Puerto Deseado, otra ciudad santacruceña. El motivo, según le dijeron, era para realizar una autopsia ya que en Caleta Olivia no había médicos forenses disponibles. Falso: la familia pagó de su propio bolsillo 50.000 pesos para contratar a Néstor Sosa, un médico de la ciudad que nunca pudo terminar su trabajo debido al entorpecimiento de la investigación.
Aunque hubiesen querido examinar el cuerpo de Rodrigo en Puerto Deseado, eso tampoco iba a ser posible: no había sido conservado en la morgue como se requería. “De todas las maneras intentaron tapar lo que había hecho la policía, pero son cosas muy evidentes”, afirma Brenda. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaria de aquel 7 de abril nunca fueron entregadas, y la escena del hecho fue cambiada radicalmente.
Una historia que se repite
Rodrigo no es el primero en fallecer en una comisaria de Caleta Olivia. El 18 de septiembre de 2016 le tocó la misma suerte a Gustavo Gerez, un taxista de 28 años que murió en la Seccional Primera, adonde había sido llevado por estado de ebriedad y disturbios en la vía pública. Alberto Luciani, abogado de los Curaqueo y los Gerez, señala que hay más de una similitud entre ambas causas. El patrón es el mismo: maltrato a los contraventores, impunidad y, por sobre todo, quienes mueren en dudosas circunstancias son siempre personas provenientes de los sectores más marginales de la ciudad, que suelen tener problemas con el consumo de sustancias.
“El sistema, en vez de cuidarlos y bridarles una salida a la problemática los penaliza, los criminaliza. No solo eso: no se les garantiza el derecho a la vida y terminan muriendo en extrañas circunstancias”, asegura el letrado. Tanto en 2006, como en 2009 y 2020: en cada año se pueden identificar nombres de “suicidios” en comisarías, como los de Omar Alvarado y Federico Courbuol.
“Quedó demostrada, además, la pésima capacitación que tiene la policía en derechos humanos. No tienen esa preparación, y tampoco en cómo tratar a una persona que está con algún problema de haber ingerido sustancias que le provoquen alteraciones físicas o psíquicas”. El caso recuerda al de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, el cantante de Tan Biónica. Con una diferencia: los pobres no tienen el beneficio de la duda, ni de la recuperación.
Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.
En ambos casos, también, la administración pública brilla por su ausencia. “A Rodrigo no lo cuidaron, fue un abandono por parte del Estado”, expresa con dolor su hermana. Para Luciani, la falla es clara: no garantiza el derecho a la vida para los detenidos, ni el deber de seguridad, ya que se encuentran bajo su custodia. “No es que pasó una vez y ha sido un accidente, es una cosa repetida”, sentencia. Lo que le resulta llamativo es la protección de la que gozan los responsables para que las causas no avancen. “La misma Justicia le brinda cobertura legal a la policía porque de alguna manera trabajan juntos, es el mismo sistema. Si no hay sanciones y no se condenan casos así, se vuelve a repetir”, agrega.
Para Andrea, los gobernantes la dejaron sola. Ella ya está acostumbrada a estar así: desde hace tiempo que cumple el rol de madre y padre a la vez. Bronca e impotencia se juntan con el dolor y la desesperación por la falta de respuestas. El pueblo la acompañó solo al principio. Después, el enojo colectivo se diluyó en el tiempo.
“A la gente le falta un poquito de empatía, hasta que a uno no le pasa, no se da cuenta”, se lamenta Brenda Curaqueo. “El apoyo del pueblo solo estuvo cuando ocurrió, que es cuando recibís la noticia y te impactás y te enojás, pero a las marchas mucha gente ya no va”, continúa. Pero la familia no está sola: los casos de brutalidad policial son muchos a lo largo y ancho del país. El apoyo llega de los lugares más impensados: organizaciones como La Garganta Poderosa y el Colectivo Gatillo Fácil, de La Plata, son algunas de las que se contactaron para brindarles ayuda y asesoramiento que, según la joven, hace mucha falta en estos casos. Lo que sí saben es lo que exigen Brenda y Andrea: “El cambio de juez y que el que está trabaje, que deje de acumular casos, muertos y que se haga justicia por Rodrigo”.
Ago 26, 2021 | Géneros, Novedades
Belén Duet.
Este jueves la Cámara Tercera en lo Criminal -del Poder Judicial de la provincia de Chaco- integrada por los jueces Ernesto Azcona, Virginia Ise y Natalia Kuray, condenó a la imputada Noemí Alvarado, de 80 años, como autora penalmente responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 12 años de edad, a siete años de prisión domiciliaria, marcando un precedente histórico en la jurisprudencia local y regional.
María Belén Duet y Rosalía Alvarado son las sobrevivientes del caso judicial de abuso sexual en la infancia más antiguo del país. Y son las denunciantes de aquellos abusos perpetrados en Chaco entre 1979 y 1986, cuando ellas tenían entre 3 y 6 años, por Noemí Alvarado, tía de una de ellas, junto a su esposo, el ya fallecido ex diputado nacional Daniel Pacce.
Con profunda emoción, tras seguir la lectura de la sentencia de manera virtual desde Buenos Aires, María Belén manifestó tres simples, aunque potentes, palabras: “Al fin justicia”.
“Espero que este fallo sea reparador para todas las personas que todavía no han podido denunciar y que sea, sobre todo, un fallo que ponga a la Justicia a cuidarnos, a cuidar a las infancias, a respetar los tiempos de los y las sobrevivientes”, expresó en diálogo con ANCCOM.
Por su parte, Nahir Badur, una de las abogadas de las víctimas, aseguró que “es un día muy emocionante, porque realmente fue una lucha de muchos años y un silencio aún más largo el que tuvieron que atravesar para hoy poder decir ‘al fin justicia’ y dar un mensaje claro a la sociedad de que estos delitos no pueden pasar más ni quedar impunes”.
En el fallo recientemente dado a conocer, los jueces declararon inadmisible el pedido de prescripción formulado por la defensa de la imputada. Esto marca un antecedente histórico en cuanto a la aplicación de la Ley N° 27.206 de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. Dicha normativa, que fue sancionada en 2015, establece que la prescripción de los casos se empieza a contar a partir de la denuncia y no de cuando sucedieron los hechos.
La sanción de la ley dio pie a las víctimas a presentar, el 15 de junio de 2016, una denuncia formal contra sus agresores, la cual culminó -más de cinco años después- en la condena a Noemí Alvarado a prisión domiciliaria, a partir de hoy.
En este sentido, María Belén agregó: “Queremos que este fallo sea ejemplificador, que marque un futuro donde haya lugar para nuestras voces, con el cuidado y la ternura necesaria para afrontar este proceso y nuestras historias”.
Los magistrados también rechazaron el pedido de nulidad de las pericias realizado por los abogados de Alvarado, decisión que resulta especialmente significativa para los casos de abusos sexuales en la infancia, ya que a diferencia de otros delitos, las pericias son en la mayoría de los casos en la psiquis de las víctimas y no así la existencia lesiones físicas.
El fallo, con las consideraciones mencionadas, “marcó un antes y un después en la justicia chaqueña y nacional”, aseguró la abogada, quien acompañó a María Belén y Rosalía durante los últimos años del proceso judicial.
La decisión judicial tomada por el magistrado chaqueño supone un precedente fundamental en cuanto a los juicios por abusos contra la integridad de niños, niñas y adolescentes y representa un triunfo en la lucha de sobrevivientes por desterrar del silencio y la impunidad a este delito.
Ago 25, 2021 | Comunidad, Novedades
En las últimas dos décadas, el Nivel Inicial cobró mayor importancia: especialistas en Educación, como Roxana Perazza, lo señalan como imprescindible. Por un lado, diversas investigaciones aseguran que una escolarización temprana deviene en una mejor trayectoria en el sistema educativo; por el otro, la sociedad demandaba la pronta institucionalización de los niños y niñas, a diferencia de un antes, donde se esperaba que algún miembro de la familia se encargara de su cuidado.
El proceso de desarrollo de esta etapa escolar tomó fuerza con la obligatoriedad de la sala de cinco y cuatro establecida en la Ley Nacional de Educación (2006) y en su posterior modificación (2014), respectivamente. A partir de allí, en los grandes centros urbanos, la demanda de vacantes para jardín de infantes fue creciendo y, actualmente, luego de la inscripción a las escuelas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), alrededor de 25 mil niños y niñas se quedaron sin lugar en una institución estatal del Nivel Inicial.
Patricia Pines, docente y fundadora del grupo «Vacantes para tod@s», explica que las cifras son estimadas ya que el gobierno se niega, sistemáticamente, a dar a conocer los números oficiales. No obstante, mediante pedidos de informes y causas judiciales pudieron lograr acceder a esa información. “Hace 8 años, cuando se implementó la primera inscripción online en la Ciudad, Esteban Bullrich, quien era el ministro de Educación, reconoció entre 7 mil y 9 mil niños que se habían quedado sin vacante. Fueron transcurriendo los años y se hicieron pedidos de informes en la Legislatura. Ese número fue incrementándose: al año siguiente reconocían ya alrededor de 10 mil”, describe.
“En el año 2015 -continúa Patricia- 12.000, y después empezaron a negarse a dar respuesta a esos pedidos de informes. Hace tres años, luego de varios amparos en la justicia por la construcción de jardines y escuelas, ya se estimaban 15 mil niños sin vacantes. Y desde ese entonces, no hemos vuelto a tener datos oficiales. Pero nosotros a ese número sumamos alrededor de 10 mil niños más que son los que asisten a los Centros de Primera Infancia”.
Por otra parte, Perazza -magíster en Educación, especialista en Políticas Públicas, docente y ex Secretaria de Educación en tiempos de Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno- señala que “de todos los niveles, el Inicial es el que mayor demanda tiene por parte de la sociedad y, a la vez, el tiene menor capacidad de satisfacer su demanda”. Y agrega que, si bien no es una problemática sólo de CABA, «la política desarrollada por la Ciudad no tiene que ver necesariamente con una mirada de expansión y fortalecimiento del nivel. Si no está en la decisión política de construir más jardines de infantes y poder albergar a todos los niños y niñas que están queriendo entrar, es muy difícil poder resolver esta situación».
En un contexto sumamente crítico, una de las respuestas a esta problemática por parte del Gobierno de CABA fue crear, en el 2009, dos tipos de instituciones: los Centros de Primera Infancia (CPI), espacios de cuidado para los chicos y chicas de 45 días a 3 años de edad y los Centros de Desarrollo Infantil (CeDI), fundados con el objetivo de brindar un ambiente de protección, confianza y seguridad para la primera infancia, según fundamenta el Gobierno porteño.
Soluciones a medias
Los CPI y los CeDi son espacios que proliferaron en la Ciudad y también en otros lugares del país. Se diferencian de las escuelas porque no dependen del Ministerio de Educación sino del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Son espacios de gestión asociada donde el Estado transfiere determinada cantidad de dinero por niño que asiste y, de la otra parte, se hace cargo una organización social. Además, tienen una estructura muy distinta a la de las escuelas de Nivel Inicial. “No son ni malos ni buenos, tienen algunas cosas que son interesantes para rescatar, por ejemplo el horario que es de 8 a 18 horas, que corresponde a la jornada laboral de madres y padres”, afirma Perazza. Esto satisface a una demanda de la sociedad que necesita que los chicos estén más tiempo en la escuela. Aun así, no hay que perder de vista que poseen muchas limitaciones no sólo pedagógicas sino, también, en términos edilicios.
En teoría, son docentes quienes se hacen cargo de estos espacios que deberían contar con psicopedagogos, nutricionistas y psicomotricistas, pero no siempre es así. Los trabajadores son contratados de forma precarizada de marzo a diciembre. No están bajo el Estatuto Docente, por lo tanto, no tienen ni las mismas obligaciones ni los mismos derechos; por eso, hay mucho recambio de maestros frente a los grupos. Así, se generan recorridos escolares diferenciados. “Por un lado los niños y niñas que acceden a la escuela con personas profesionales a cargo de la educación y por el otro, estos espacios que contemplan, más bien, una tarea asistencial más que educativa”, dice Pines.
Por su parte, Perazza afirma que esta situación se perpetúa porque “los niños y niñas que reciben una propuesta de baja calidad en el Nivel Inicial, siguen en un circuito donde después van a una escuela Primaria y Secundaria, también de baja calidad aunque sean propuestas no estatales”, pero cree que hay que ensayar otros formatos escolares “no hay una sola manera de atender y promover propuestas educativas para la primera infancia”.
Muchas leyes y poco ruido
Este contexto se agrava al considerar que la responsabilidad de garantizar el derecho a la Educación a los niños y las niñas, por parte del Gobierno de la Ciudad, está estipulada dentro de un marco normativo nacional y jurisdiccional. En efecto, la mencionada Ley de Educación Nacional -sancionada en el 2006 y modificada en parte de su articulado en 2014- establece que la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, siendo obligatorios los últimos dos años. Además, el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben asumir el compromiso de universalizar los servicios educativos para los niños de 3 años. Finalmente, la ley también indica en su Artículo 12, de modo más general, la responsabilidad que tienen de planificar, organizar, supervisar y financiar el Sistema Educativo Nacional; y de garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades mediante la creación y administración de los establecimientos educativos de gestión estatal.
Asimismo, la propia Constitución de CABA -sancionada en 1996- ratifica estos compromisos y establece que el gobierno “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.
Amparados bajo esta normativa, para Pines, la alternativa que les queda a las familias que no encuentran un jardín es el reclamo judicial. En este laberinto de leyes y normas, “durante varios años la mayoría de los juzgados otorgaban cautelares favorables a las familias porque el Artículo 24 de la Constitución de la Ciudad dice que el Estado tiene la obligación de garantizar la escolaridad pública, gratuita, laica y estatal desde los 45 días de vida”, expresa Pines. No obstante, a pesar de la obtención de estos resultados y como reverso de la misma moneda, advierte que “esto implica que los chicos ingresen a los jardines con el ciclo lectivo comenzado y hacinados, porque las escuelas están completas y exceden la matrícula que pueden contemplar”.
En una ciudad poco afecta a las normas, el periplo judicial recorrido por las familias sufrió un revés en diciembre del 2020, cuando el Tribunal Superior de Justicia porteño determinó que el gobierno estaba obligado a otorgar una vacante a quien no la hubiera conseguido por sorteo sólo si demostraba que no podía abonar la cuota de un colegio privado. Desde ese momento, el escenario cambió “porque muchos de los juzgados que antes daban cautelar favorable, dejaron de hacerlo”, explica Pines.
En la misma sintonía, para Perazza estos problemas evidencian el poco interés que tiene el Gobierno de la Ciudad sobre lo educativo y, principalmente, en potenciar la escuela de gestión estatal: “Me parece que 14 años en la gestión pública y tener todos los años el mismo problema con la falta de vacantes es un indicador. Creo que responde a un posicionamiento político-ideológico sobre la educación. Y se puede ver no solamente a nivel inicial, sino en general”.
Un presupuesto que naufraga
La eclosión de la pandemia producida por el virus del covid–19 puso a la educación en un primer plano durante este último año. El Gobierno de la Ciudad adscribió a un discurso que vinculó fuertemente el derecho a la educación con la presencialidad y la vuelta a las aulas. No obstante, las palabras contrastan con la evidencia de algunos informes y números que ponen en la superficie las diversas problemáticas que atraviesa, en una de las jurisdicciones con mayor presupuesto, el sistema educativo en general, y el Nivel Inicial en particular.
En este contexto, el presupuesto 2021 del Gobierno porteño contempló para la educación un gasto por más de $119 mil millones, lo que representó un aumento nominal del 29,03% respecto al Presupuesto 2020 -unos $26.779 millones más-. Frente a las múltiples adversidades que impuso la pandemia, sumado a un 2021 que trajo la vuelta de la presencialidad y la complejidad que implicó los diversos equipamientos y protocolos para las instituciones, los fondos destinados al servicio educativo aumentaron en términos reales un tenue 0,03%, si sólo se le descuenta la inflación oficial del 29% proyectada para este año por el gobierno nacional -número que ya quedó corto si se considera que en los primeros siete meses la inflación se ubicó en 29,1%-.
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló que “la evolución del presupuesto del Ministerio de Educación permite observar cómo ha ido disminuyendo su importancia en la totalidad de los recursos que administra el GCBA. En relación con el presupuesto total, la reducción de los fondos dirigidos a este Ministerio es alarmante, ya que en 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24% del total y en este año 2021 sólo el 17,17%”. Esta tendencia coincide, aunque con pequeñas variaciones en los números, con los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos: en 2010 el gasto en Educación significó el 26,6% en el presupuesto total, mientras que en el 2019 un 18,2%.
Asimismo, el informe advierte sobre la disminución presupuestaria destinada a la Dirección General de Infraestructura Escolar quien se ocupa de garantizar condiciones edilicias en las escuelas, a través de la realización de obras para la creación o reemplazo de edificios, la reparación de los existentes, la accesibilidad, entre otras cuestiones. Además, tiene a su cargo un rol fundamental: la creación de nuevas vacantes en todos los niveles. Para la ACIJ “es especialmente preocupante el desfinanciamiento que ha sufrido este programa para el año 2021. Este ciclo presupuestario prevé una asignación de $1.140.411.496, lo que la convierte en la asignación más baja de los últimos 9 años e implica un 71,5% menos que la del año 2020. Este recorte tan importante pone en crisis la posibilidad real de que las escuelas públicas de la Ciudad puedan asegurar las condiciones edilicias, sanitarias y de seguridad que requiere un contexto como el actual”.
De cara a un panorama incierto, la pandemia puso al desnudo las enormes brechas existentes en el ámbito educativo. Pese a la existencia de un marco normativo, las problemáticas vinculadas con el acceso al derecho a la educación inicial y de calidad para todos y todas, no sólo persisten, sino que se agudizan con el transcurso de los años. Frente a una demanda en crecimiento hoy la oferta es insuficiente, y las respuestas del Gobierno de la Ciudad han acentuado las desigualdades.
Ago 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Una bicicleteada desde el Congreso de la Nación hasta la puerta sur de la Reserva Ecológica en defensa de la costanera y los humedales, frente a la amenaza de un proyecto inmobiliario del grupo IRSA con el Gobierno de la Ciudad, convocó el domingo último a más de 1.500 personas.
En la sesión ordinaria del jueves pasado, la Legislatura aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 con 37 votos a favor y 20 negativos. La propuesta denominada Costa Urbana, impulsada por el Gobierno de la Ciudad junto al grupo IRSA, viola las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad para este tipo de proyectos.
Ante este avance, diversas organizaciones presentaron el Proyecto de Ley N° 1973-P-2021 en la Legislatura de la Ciudad para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación” la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para transformarla en una reserva ecológica. Este proyecto de ley se titula “Recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur-Nuestro Río” y fue presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP, la Defensoría de Laburantes y la CTAA Capital, con el acompañamiento de más de 220 asambleas y espacios colectivos. Además, desde la ciudadanía, se convocó un abrazo simbólico y una bicicleteada el domingo pasado para recuperar la Costanera Sur.
“El fin de semana anterior fuimos a la Reserva Ecológica a pedalear y nos pararon para firmar. Y obviamente estamos de acuerdo con un tema ecológico: la ciudad tiene una cantidad de m2 de espacio verde está por debajo de la media mundial”, comenta Luciano, arquitecto que, junto a su familia, desde Avellaneda, se encontraban frente al Congreso esperando el inicio de la bicicleteada.
Este emprendimiento de construcción de mega torres de 145 mestros de altura en la Costanera Sur, en un predio que se encuentra ubicado al lado de la Reserva Ecológica, es un contrasentido ambiental, urbano y social. La ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, explica: “De concretarse, va a generar un conjunto de impactos ambientales irreversibles para la ciudad y en particular para la Reserva Ecológica. Va a modificar las condiciones de asoleamiento, la circulación de los vientos y el escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas. Además de generar todo tipo de impactos sonoros que van a poner en riesgo la biodiversidad de la reserva”.
Leila, jubilada y escenógrafa que cautivaba la atención de las personas con su bicicleta, expresa: “Vine porque soy ciudadana de Buenos Aires y amo mi ciudad” sosteniendo su cartel: “Carpincho diputado”. “Voy desde hace muchísimos años a la Reserva Ecológica, incluso antes de que se hiciera Puerto Madero. Y la verdad, no quisiera que se construya más nada, sobre todo porque serían torres que en su mayoría estarían desocupadas, nadie las habitaría. Estoy cansada de los negocios para unos pocos, porque ni siquiera va a vivir gente ahí”. Este predio de 72 hectáreas, es uno de los pocos humedales que le quedan a la Ciudad de Buenos Aires. La construcción de este nuevo Puerto Madero vendría a consolidar una nueva fractura urbana entre una Buenos Aires ribereña, destinada al 5% de la población de mayores recursos, y una Buenos Aires de espaldas al río, sin derecho al horizonte.
“Nos llama la atención este proyecto inmobiliario porque está totalmente en contra de lo que la Ciudad se propone en cuanto democracia ambiental”, dice Zoe, militante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La organización se encarga de verificar que las políticas públicas se encuentren acorde a lo que ellos definen como los derechos a la ciudad, que son garantizar el acceso igual a los derechos que implican vivir en Buenos Aires: salud, transporte, vivienda digna, ambiente, entre otros. “El proceso ya en sí, de la evolución de la política pública está en contra de la Constitución de la Ciudad, Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú que se firmó el año pasado. Privatizar la costanera vulnera todos nuestros derechos de acceder al espacio público, a los espacios verdes y de tener una ciudad sana que se pueda disfrutar en igualdad”.
Buenos Aires es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante por eso es necesario defender el humedal y recuperar este predio para transformarlo en una nueva reserva ecológica. Alejo Caivano, abogado de la Defensoría de Laburantes, comenta que la convocatoria excedió la previsión y que llamarán a nuevas actividades esta semana. Todavía falta una segunda lectura, una audiencia pública y realizar el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el proyecto inmobiliario continúa en pie.
Ago 25, 2021 | Comunidad, Novedades
Nuestro país es uno de los ocho del mundo en donde se está llevando a cabo el estudio MOSAICO para la investigación de una vacuna preventiva contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), actualmente en fase III. Brasil, España, Estados Unidos, Italia, México, Perú y Polonia aportan también a los 57 centros de investigación en los que se está desarrollando el proyecto.
Fundación Huésped y el Hospital Ramos Mejía son los centros de investigación de nuestro país en los que se realiza el estudio. En él participan alrededor de 3.800 personas de todo el mundo VIH negativas con un rango etario de entre 18 a 60 años, con alto riesgo de contraer el virus.
El Virus de Inmunodeficiencia Humana afecta el sistema inmunológico y puede generar la aparición de otras enfermedades, en donde en una etapa avanzada la infección pasa a ser SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida). Es importante señalar que no todas las personas que tienen VIH tienen SIDA, pero sí pueden transmitirlo. Según lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación actualmente hay 139.000 personas con VIH en nuestro país. El 83% conoce su diagnóstico y el 17% lo ignora.
Marcelo Losso, jefe de Inmunocomprometidos del Hospital Ramos Mejía, responsable del Área de Investigación en Enfermedades Emergentes en el mismo hospital, señala: “Nuestro grupo de investigación forma parte como centro de las redes de investigación HPTN (Red de Ensayos de Prevención del VIH) y HVTN (Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH) del NIAID (Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas), NIH (Institutos Nacionales de Salud – Estados Unidos). Es el único hospital público del país, y uno de los pocos de Latinoamérica, que forman parte de estas redes de excelencia en investigación en HIV a nivel mundial. El estudio MOSAICO es uno de los proyectos, entre otros, que llevamos adelante en colaboración con estas redes”.
Nicolás Ávila tiene 28 años y es estudiante de Economía. La convocatoria le llegó por redes sociales y ahora es uno de los voluntarios que forma parte del estudio MOSAICO en el Hospital Ramos Mejía: “Descubrí que Argentina formaba parte de los ocho países en donde se está llevando a cabo y que tienen alrededor de 500 voluntarios en nuestro país. La verdad que fue algo que me motivó mucho y me dieron ganas de poder participar y poder ayudar poniendo el cuerpo a la ciencia para que pueda avanzar en una vacuna preventiva del HIV”, asegura.
Este año se cumplieron los 40 años de los primeros casos de VIH. Ávila resalta la importancia que tienen los avances en estudios contra el VIH ya que en este sentido la información con la que contamos hoy de esta enfermedad es muy distinta de la que teníamos hace un tiempo. “Creo que es clave una vacuna preventiva para poder ponerle fin a la pandemia del VIH-SIDA. Además, todo el estigma que hay alrededor del VIH y que tiene la comunidad homosexual respecto a esta enfermedad. Como homosexual me parece también una forma para militar respecto a eso”, agrega.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en más del 98% de los casos la manera de transmisión del virus fue por relaciones sexuales sin protección. En el caso de los varones un 56,3% se da por relaciones sexuales sin protección con varones y un 42% con mujeres. En el caso de las mujeres, por su parte, un 97,1% se da por relaciones sexuales sin protección con varones.
Guillermo Tapia tiene 25 años, es de Quilmes y actualmente es parte del estudio MOSAICO en Fundación Huésped. Su recorrido hasta llegar al voluntariado de la vacuna preventiva contra el VIH comenzó en realidad mientras buscaba ofrecerse para probar una de las vacunas para el covid 19. “Me enteré sobre la iniciativa que estaba llevando adelante la Fundación y me interpeló casi al instante porque pensaba: covid 19 puede agarrarle a cualquiera ¿no? Igual que en el VIH, pero ¿qué circula en el imaginario colectivo? Se relaciona a minorías sexuales generalmente y a personas que su único sustento es el trabajo sexual. Por eso me sentí identificado con minorías que son excluidas. Al menos por ser parte de la comunidad”, sostiene.
Tapia manifiesta que no tenía conocimiento que se encontraba en desarrollo una vacuna preventiva contra el VIH y decidió interiorizarse al respecto. Fue a una entrevista y asegura que la manera en la que se manejaron y la consideración que le mostraron a la hora de programar las citas fue un factor fundamental para que se sumara al proyecto, además de que éste se encuentre en fase III.
“Como en todo estudio de investigación, el proceso de consentimiento informado es crucial, se trata de poner a disposición toda la información necesaria para que el voluntario comprenda la naturaleza del proyecto en todos sus detalles y pueda tomar una decisión libre para participar o elegir no hacerlo. En este caso, se trata de personas que no están infectados con VIH, pero tienen un riesgo elevado de infectarse en el futuro próximo”, asegura el Losso.
Leandro David Sandoval tiene 26 años, es estudiante de enfermería y trabaja en el Hospital de Ituzaingó. Se enteró de la campaña en redes al inicio del 2020 cuando apenas habían comenzado a convocar voluntarios. Se inscribió en un formulario y a los pocos días le llegó un correo electrónico en donde le hicieron la convocatoria para su primera entrevista. Lo que lo llevó a participar fue su compromiso con la comunidad LGBT. Forma parte de un frente de diversidad en su localidad donde arman jornadas solidarias. Desde hace unos años era aportante de Huésped a través de donaciones mensuales.
“Cuando yo me sumé al programa MOSAICO fue pleno marzo del 2020, me acuerdo que la primera entrevista la tuve el 16 de marzo, fue todo pre-pandémico. En la reunión charlamos sobre qué era lo que yo esperaba también del estudio porque es algo que uno hace sin esperar nada a cambio, solamente formando parte para contribuir de forma altruista, es algo personal”, explica Sandoval.
Losso asegura que el seguimiento que se realiza es exhaustivo y durante dos años, incluyendo la administración del producto de investigación. “En este caso, los diferentes componentes de la vacuna, en un régimen de cuatro dosis a lo largo del primer año y controles frecuentes de seguridad más otros parámetros”.
Guillermo Tapia explica que uno de los síntomas que tuvo luego de las aplicaciones -ya lleva dos- fueron un poco de temperatura que no llegaba a ser fiebre, sino febrícula, y un poco de dolor de cabeza: “Se soluciona con un analgésico convencional como con cualquier vacuna”, agrega. Por su parte, Ávila comenta que solo tuvo un poco dolor de cabeza y decaimiento.
Sandoval considera que si esta investigación concluye de manera positiva lo único que espera es que se puedan seguir salvando vidas como hasta ahora han hecho con los tratamientos de alta efectividad. “Esta tampoco es la cura para los que ya conviven con el virus, sino una forma de prevenir que otros sean objetivos de su transmisión, pero es un paso que puede ayudar bastante al desarrollo de otras vacunas a futuro en donde se lo pueda erradicar”.
“A pesar de contar con tratamientos antirretrovirales de alta eficacia que no solo permiten controlar la infección en el largo plazo, sino que evitan la transmisión de la infección, y de los enormes avances que implican el uso de estos fármacos en la modalidad de la PrEP (profilaxis previa a la exposición), es decir que previenen la infección en personas de alto riesgo, todos coincidimos en que la solución definitiva para la epidemia de HIV/SIDA es, sin duda, contar con una vacuna eficaz y segura”, cierra Losso.
Ávila considera que en el caso de que el estudio MOSAICO concluya de manera positiva sería una buena noticia a nivel mundial, no solamente en Argentina, sino para todo el mundo: “Poder pensar que el día de mañana con una vacuna preventiva junto a que todas las personas que están infectadas de VIH reciban el tratamiento adecuado y que sean indetectables -lo cual signifique intransmisible- teniendo a la población que está infectada indetectable y la población no infectada con una vacuna preventiva quizás el día de mañana podemos hablar del fin de esta epidemia y me parece muy esperanzador”.
Tapia se encuentra optimista y afirma que ya es algo positivo que nos encontremos hablando de VIH. “Creo que lamentablemente se va a seguir relacionando enfermedades de transmisión sexual con minorías sexuales. En relación a eso creo que ese va a ser mi aporte. Un aporte chiquito de construir entre todos una sociedad más justa e inclusiva”. Además, expresa que para la discriminación la única vacuna es la educación y la información “esa nos demostró que es 100% efectiva. Alguien quien no tiene estas dos dosis, aunque existan todas las vacunas y demuestren que son efectivas, no va a poder curarse de su espíritu de excluir a las demás personas. Para construir una sociedad más inclusiva y justa con las minorías sexuales”, cierra.
Ago 24, 2021 | Novedades, Vidas políticas
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) actualizó PubliElectoral, una herramienta que permite la recolección de información relativa a la publicidad electoral en redes sociales en búsqueda de transparencia.
PubliElectoral, un desarrollo de la ADC, surgió en 2018 como un proyecto que investiga las diferentes estrategias de la comunicación política en redes. La herramienta se utilizó para analizar los gastos de la campaña presidencial de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Según los datos recopilados en conjunto con la Cámara Nacional Electoral (CNE), el gasto publicitario de los partidos políticos superó los $450 millones: el 30% de ese dinero se destinó a redes, casi un 10% a medios digitales, un 3% a medios gráficos, un 20% a campañas en vía pública, mientras que las agencias publicitarias se llevaron otro 20%.
El resultado de esta primera experiencia habilitó para que se interrogaran sobre un terreno escasamente regulado: “Uno de los aportes que obtuvimos fue ver el crecimiento en el uso de las redes como espacio para hacer campaña política, las plataformas generan cambios y se van imponiendo diferentes reglas en poco tiempo. Este estudio parte de reconocer que la publicidad en los medios tradicionales tiene regulaciones claras, mientras que en redes no”, afirma Milena Álvarez, referente de ADC.
Tras esta investigación, desarrollaron una aplicación propia y de código abierto, para celulares con sistema operativo Android y en navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, que monitorea las campañas publicitarias de candidatos copiando publicaciones y bibliotecas de anuncios de Facebook para analizarlas posteriormente.
Según el informe de la Biblioteca de anuncios de Facebook, en los últimos 90 días, organismos públicos, dirigentes políticos, partidos y candidatos gastaron más de $100 millones en publicidades en Facebook e Instagram y sus herramientas asociadas –como Audience Network y Messenger.
El uso de las redes como plataformas de campaña política y de publicidad ha crecido en todo el mundo de la mano de espacios políticos que invierten grandes sumas de dinero, tomando ventaja de la falta de regulaciones, y de empresas privadas que reciben dinero y lo convierten en avisos, sin preguntar demasiado de dónde proviene. “Lo que pudimos ver a través de la investigación es que la categoría que incluye gastos en redes es una categoría amplia: no es lo mismo hacer publicidad paga por Facebook para que lo vea una cantidad de personas o que un partido contrate un community manager. La realidad es que esta categoría se puede llamar de distintas maneras, pero no está aún delimitada”, subraya Álvarez.
PubliElectoral recopila dos tipos de datos: publicidad pagada y orgánica. La primera incluye avisos que, por estar segmentados, sólo son visibles para los usuarios específicos seleccionados a la que se busca alcanzar. La segunda es toda aquella que pueda realizarse en las plataformas sin costos adicionales. A esto se le suma que cada plataforma presenta sus propias particularidades técnicas y políticas de usos.
En este escenario, el proyecto busca reunir y analizar información vinculada a los anuncios para mejorar la competencia entre partidos y la transparencia del gasto electoral en las redes. “Sabemos que Internet es un espacio libre y cualquier partido político puede crear una página y publicar sus actividades –sostiene Álvarez–, pero puede haber estrategias que no generen equidad”.
Las redes son un espacio donde las personas muestran su adhesión, su opinión o crítica a sus diferentes gobiernos y entidades, por lo tanto, la intervención ciudadana activa se vuelve elemental para la transparencia: “Queremos que haya una participación activa porque las herramientas de publicidad son diferentes en los medios tradicionales que en los digitales. Este trabajo nos permite comprobar que los anuncios les llegan a personas reales pero sin saber específicamente a quiénes”. Como parte del compromiso de Derechos Digitales y ADC con el derecho a la privacidad, la herramienta no recopila ni almacena datos personales de ningún tipo.
La CNE, entre otros organismos de la región que controlan los fondos públicos en campañas políticas, se ven interesados en contar con mejores herramientas para evaluar los gastos en Internet y redes. Un ejemplo es el avance que significó la Acordada Extraordinaria N° 66, en agosto de 2018, que estableció la obligatoriedad de la registración de las cuentas oficiales en redes y sitios web de los candidatos, agrupaciones políticas y sus máximas autoridades. Este tipo de proyectos ponen énfasis en la importancia de detallar los gastos invertidos en Internet junto con su origen. Este en particular puede consultarse en GitHub/Advertising Detector Plugin, y en las próximas versiones se extenderá su alcance a otras redes y dispositivos.
