La arquitectura porteña del «no lugar»

La arquitectura porteña del «no lugar»

La desidia estatal, la concentración de poder privado y la clara alineación entre la ley y los intereses del sector inmobiliario conforman la tríada que da luz verde a las demoliciones de miles de edificios históricos en Buenos Aires. En el medio, arquitectos, artistas, vecinos y organizaciones sociales resisten y denuncian: «El mercado especulativo modela la ciudad».

En la ciudad de Buenos Aires existen más de 140.000 edificios históricos anteriores a 1941, de los cuales sólo 5.800 están catalogados como protegidos por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Pero en más de una oportunidad fueron quitados de esa  lista por pedidos particulares. Además, este número resulta ínfimo frente a la cantidad de construcciones con valor patrimonial que tiene la ciudad.

La metodología de trabajo del CAAP consiste en realizar reuniones en las que se decide el futuro de edificios cuyas características son evaluadas a partir de fotos y a cada uno se le puede dedicar unos pocos minutos. En este proceso, el 90% de los casos son descartados. Con el resto, considerado “de valor”, se inicia un largo trámite por el Ejecutivo y la Legislatura hasta alcanzar su incorporación al catálogo. La desidia estatal deja en un limbo legal a miles de viviendas que terminan en posterior demolición, violenta y sistemática.

“Tiene que ver con una clara intención de no sostener esa arquitectura porque evidentemente no sólo hay una desvalorización y una desestimación por parte del CAAP, sino también un empecinamiento en destruir lo que tuvo que ver con la conformación del tejido de Buenos Aires, esa ciudad que albergaba multiculturalidad. Cada vez hay más carteles de venta del terreno, se vende el lote como si no hubiera existido arquitectura previa. Es muy grave destruir algo tan representativo de tu ciudad, que te define, que es hilo de memoria y en buen estado” señala Natalia Karbabian, arquitecta y artista, creadora de Ilustro para no Olvidar, un proyecto cultural de registro de memoria demolida.

A partir de sus ilustraciones, no sólo busca generar conciencia sino también manifestarla “solastalgia”(nota de la r: término que alude al dolor que se siente cuando el lugar donde uno vive está amenazado) que produce la destrucción de la “casa grande, como ella misma la define. “En cada ilustración mucha gente se ve a ella misma, porque recuerda su barrio, se reencuentra en su casa, es una forma de poder volver a la memoria”, explica.

En la misma línea, en diálogo con ANCCOM, Marcelo Magadán, arquitecto especializado en la restauración de edificios históricos y en la gestión de conservación del patrimonio cultural, remarca que “de la misma manera que muchos tenemos una cajita donde guardamos recuerdos, la ciudad guarda los recuerdos colectivos de una comunidad, de los vecinos que nos reconocemos en esos ámbitos”. Y agrega: “Estamos hablando de destrucción de edificios, pero también de paisajes urbanos históricos, de memoria, de identidad, de relaciones sociales, de calidad ambiental. Se trata de lugares que facilitan la trasmisión de ciertos mensajes a través del tiempo, la explicación y comprensión de hechos del pasado”.

Al igual que Karbabian, observa una clara desidia y falta de criterio por parte de la autoridad de aplicación. El CAAP trabaja en sintonía con el proyecto político del Gobierno de la Ciudad, en el que no tiene lugar el ‘populismo para mantener un edificio de patrimonio si no tiene valor’ en las propias palabras de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano, en una nota con La Nación a fines de agosto pasado. “Está claro que se ha ignorado a los vecinos cuando la participación de la comunidad en la definición de lo que es su patrimonio es esencial, al punto que es un requisito fundamental para la incorporación de nuevos sitios a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entonces, lo que está haciendo el Gobierno de la Ciudad va a contramano de la normativa internacional en la materia”, señala.

Esta situación también se replica en otros puntos del país, como es el caso de Purmamarca y Tilcara (Jujuy), el centro histórico de Salta y Pueblo Liebig y Colón (Entre Ríos). “Se observa la falta de identificación de las carácterísticas arquitectónicas y los valores patrimoniales y paisajísticos de cada lugar, pero también la falta de una adecuada legislación de protección, mecanismos de gestión y órganos de control conformados por personal capacitado” explica Magadán. En estos casos el turismo juega un papel clave. Si bien es motor de promoción económica, cuando no se desarrolla dentro de ciertos parámetros se convierte en un factor de deterioro que destruye el recurso.

En este contexto, la aprobación de la última modificación del Código Urbanístico en septiembre pasado no es casual. En una clara alineación entre la ley y el sector privado, plantea alturas homogéneas por áreas sin tener en cuenta las particularidades de los barrios. Resulta llamativo que la altura más baja establecida por el Código es superior a la del promedio de muchos barrios de la ciudad. Por ejemplo, en la comuna 3, el 60 % de las construcciones tienen uno o dos pisos de altura (entre 5 y 7 m), mientras que el Código habilita la construcción de 12 o 14,60 m.

“El mercado, de la mano de la especulación, modela la ciudad. El grueso de lo que se construye se hace con fines especulativos donde el objetivo es maximizar la ganancia sin importar la calidad del diseño, de los materiales, la mano de obra o el resultado estético”, explica Magadán. La sustitución de la arquitectura existente por edificios en altura se convierte en la salida más fácil y barata, en lugar de la rehabilitación y adaptación del parque edificado para diferentes usos.

Karbabian analiza que se trata de una homogeneización de espacios que se resuelve rápidamente y se propone como arquitectura de “no lugar”. “Son modelos que se repiten como una serialización de formas que garantizan un esquema de negociadoy que nos desconectan a nosotros de las peculiaridades, de la materia con sentido y emoción”, remarca.

En esta línea, Mauro Sbarbati, arquitecto y miembro de la ONG Basta de Demoler señala que “nunca hubo un mercado de casas o bienes patrimoniales porque nunca les interesó incentivar ese mercado”. Por su parte, Magadán agrega: “Estamos hablando de un proceso de rehabilitación que requiere de inversores, de empresas constructoras, de materiales, en definitiva de otra forma de hacer negocio”.

Esta arquitectura del “no lugar”deja al descubierto una clara desconexión con las necesidades reales de la ciudanía, que no puede acceder a una vivienda digna. En pocas palabras, representa una pérdida de foco de lo que implica el ejercicio de una arquitectura puesta al servicio de la gente y no al oportunismo de unos pocos. “No hay créditos disponibles, hay muchísima vivienda ociosa, inaccesible y de mala calidad a nivel asoleamiento y ventilación, que son cosas básicas, acompañado además de talas de árboles de forma indiscriminada e innecesaria, lo que genera una gran densificación constructiva y la pérdida de suelo absorbente”, remarca Karbabian. A esto hay que sumarle los graves problemas de provisión de agua potable, de alimentación eléctrica y saturación de desagües cloacales que ya enfrentan los barrios.

El patrimonio no es una palabra anquilosada en el tiempo, es memoria viva y proyección de la propia identidad. “Sin patrimonio no hay futuro. En las calles de Buenos Aires está escrito el pasado y sin pasado no se construye sociedad. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos?”, señala Ana Bas, presidenta de Basta de Demoler.

El próximo miércoles 27 se llevará a cabo una audiencia pública sobre los 4.271 edificios en proceso de catalogación, en la sede de la Legislatura porteña, Perú 160, desde las 14. “Hay que sostener la participación, no hay que entender a esta concentración de poderes como un imposible, somos muchos más. No hay que entregar más nuestro propio poder, hay que recuperarlo”, concluye Karbabian.

¿Llave del éxito o estafa piramidal?

¿Llave del éxito o estafa piramidal?

Se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación “Criptomonedas: un desafío al Estado y a los bancos”, el nuevo libro de Sofia Scasserra y Martín Burgos. La ilusión de ser millonario sin trabajar.

“Esta promesa de que a través del trading te podés hacer rico genera en los jóvenes la falsa idea de que sin trabajar se puede vivir”, afirma Sofia Scassera antes de la presentación de Criptomonedas: un desafío al Estado y a los bancos, libro que escribió junto a Martin Burgos. La presentación se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini», ubicado en pleno microcentro porteño, frente a un público de ámbitos diversos y con la presencia del exsecretario de Finanzas y exdirector del Banco Central, Diego Bastoure; la periodista especializada en tecnología, Irina Sternik, y la socióloga Mónica Peralta-Ramos que dialogaron con los autores y ofrecieron su punto de vista.

Sternik dió inicio a la presentación y rescató lo didáctico del libro, siendo un “genial material de consulta” para gente no iniciada en el tema por la capacidad de los autores de definir de manera sencilla un concepto tan complejo y multifacético como es la criptomoneda. “Yo estoy todo el tiempo comunicando estafas y eso tiene que ver con que es un tema muy difícil de explicar y hay mucho humo alrededor de las criptomonedas, entonces la gente no lo termina de entender”, manifestó la periodista.

Peralta-Ramos por otro lado, expresó su preocupación con respecto a que los dirigentes políticos desconozcan y subestimen el tema, alegando que debe ser puesto en el centro de la discusión política: “Hay que empezar a mirar a las cripto desde las estructuras de relaciones de poder para observar qué es lo que se esconde detrás de este fenómeno”.

Los autores hablaron de una necesidad imperante de escribir Criptomonedas… por la manera en que este fenómeno se ha masificado tanto en los últimos años, atrayendo a un público cada vez mayor y cada vez más joven. “Cuando empezamos a pensar este libro, el valor del Bitcoin estaba en veinte mil dólares y ahora está en noventa y cuatro mil”, bromeó Burgos y añadió: “Nos pareció importante escribir sobre el tema porque, a pesar de su masividad, no se encuentra en las agendas de las universidades como una problemática a trabajar”.

Scasserra, por su parte, habló de una necesidad de “poner paños fríos sobre el asunto y decir las cosas como son”, para tener una mirada crítica sobre lo que nos quieren vender aquellos que pregonan el milagro de las cripto. “Es un tema que nos preocupa porque vemos que hay mucho humo, muchos gurúes de las finanzas y poca realidad”, mencionó la autora.

Otro tema que ronda una y otra vez la mesa es el “clima de época” con discursos que nos dicen que estas nuevas herramientas, como la inteligencia artificial, van a resolver todos los problemas del Estado. Criptomonedas…, dicen sus autores, viene a criticar esta postura y a otros discursos similares que postulan a las nuevas tecnologías como algo que le va a sacar el empleo a la gente y las va a reemplazar. Con relación a esto, Scasserta comenta: “Cuando vos empezás a escuchar estos discursos de que no hay necesidad de estudiar porque podes hacer un curso de programación y pasás a ganar en dólares trabajando para Silicon Valley, se empieza a armar un clima de época donde jóvenes que no encuentran un trabajo decente terminan confiando en este tipo de cosas porque los convencen de que no tiene sentido estudiar y trabajar”.

Scaserra dialogó con ANCCOM previo a la presentación: “El desafío es la regulación, es tratar de poner orden en el mercado y resolver el problema de las estafas con criptomonedas”. La autora, además, explicó la dificultad de regular este fenómeno cuando activamente se trata de excluir al Estado de ese mercado. Por esta razón, los Estados no pueden ayudar a la población como ocurre en el sistema financiero tradicional, donde si un banco quiebra, el Banco Central responde por tus ahorros. Esto no sucede en el mercado cripto.

“Es importante para nosotros hablar de cómo funcionan las criptomonedas y para qué son útiles realmente, porque de lo contrario esto va a seguir dañando tanto en el sistema financiero como en las finanzas personales de un montón de argentinos que han caído en estafas en los últimos tiempos por culpa de esta fantasía de que con cripto vamos a ser todos ricos de la noche a la mañana”, afirmó la autora.

En este sentido, Scasserra explica que no funcionan de manera muy distinta a cualquier otro activo financiero, que con sus fluctuaciones se puede ganar o perder un rédito económico, pero que eso está muy lejos de las promesas de hacerse rico sin trabajar como venden muchos influencers financieros. “Esto es lo mismo que ir a un banco a pedir un crédito. Cuando uno ingresa con la información necesaria, podés manejarte de mejor manera y podés hacer inversiones mucho más seguras que si te lanzás simplemente porque te dijeron que te ibas a hacer millonario sin demasiado esfuerzo”.

Otro de los desafíos que genera el fenómeno cripto es la fuga de capitales y la evasión fiscal. Ante esta problemática, Scasserra advierte: “Es un problema muy grave que los Estados tienen que empezar a atacar porque si no van a terminar funcionando como un paraíso fiscal y eso sería un problema en términos de ingresos del Estado”. La autora también señala que ya hay intentos por parte de diferentes Estados de regular este fenómeno. En el libro se menciona el caso de la Unión Eropea que está tratando de regular a las billeteras digitales a través un sistema de intercambio de información con muchos países del mundo para empezar a tener una base de datos unificada a nivel global respecto a la tenencia de criptomonedas y cómo tasarla. Otro caso a observar es el de China, que tiene una moneda digital, pero no es una criptomoneda propiamente dicha, sino que cuenta con un respaldo del Estado.

Por último, a modo de cierre, Scasserra invita a otros autores a escribir sobre el tema y añade: “Criptomonedas no es la  palabra final, ni la conclusión de hacia dónde tiene que ir la República Argentina. Me parece que es una provocación para tratar de seguir pensándolo en conjunto porque la salida siempre es colectiva”.

Venezuela en su laberinto

Venezuela en su laberinto

El 10 de enero comenzará formalmente el nuevo mandato de Nicolás Maduro, autoproclamado ganador de las elecciones sin exhibir las actas electorales. Su rival, González Urrutia, se exilió en España yCorina Machado, lider de la oposición, intenta una salida negociada de la crisis. ¿Cómo impactará el triunfo de Trump?

El 28 de julio se desarrollaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Millones de personas decidieron entre la continuidad del presidente Nicolás Maduro o el comienzo de una nueva era bajo la dirección de Edmundo González Urrutia, representante de la coalición opositora. Frente a las cifras oficiales, ambos candidatos se proclamaron ganadores: González Urrutia respaldó su triunfo presentando las actas de votación de sus fiscales, y Maduro lo sostuvo a través de su palabra y la de los organismos estatales.

Las actas de votación presentadas por la oposición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y frente a distintos organismos internacionales, demostrarían la victoria de González Urrutia con el 67% de los votos, frente al 30% obtenido por Maduro. Ellas representarían el 81,7% de las actas totales y hasta el momento son la única prueba que permitiría legitimar los resultados de la elección, ya que ni el CNE ni el líder chavista presentaron documentos que validen su supuesta victoria.

A su vez, la reelección de Maduro fue proclamada por Elvis Amoroso, presidente de la CNE, y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que clausuró el capítulo electoral al rechazar el amparo presentado por el Frente Democrático Popular (FDP), que exigía la publicación de los resultados de la votación.

Claudia Cinatti, analista y editora de política internacional de La Izquierda Diario, afirmó que el proceso fue fraudulento desde su desarrollo previo, no solo respecto al recuento de votos, y comentó en conversación con ANCCOM: “Maduro vetó candidatos de la oposición patronal, como María Corina Machado, que está inhabilitada, y rechazó otros candidatos hasta que finalmente quedó González Urrutia. El carácter autoritario y antidemocrático del gobierno también fue para evitar cualquier expresión que cuestionara por izquierda al propio gobierno de Maduro; recordemos que al Partido Comunista venezolano, que estuvo por muchos años en alianza con el gobierno y después rompió, le hn quitado la legalidad de manera escandalosa. “

La especialista puntualizó: “El régimen tuvo su candidato, la oposición de derecha también tuvo su candidato, aunque no fuera el que había elegido, y tanto los sectores de trabajadores como cualquiera que cuestionara por izquierda al gobierno, ningún candidato”.

Joaquín Sánchez Mariño, periodista argentino que cubrió las elecciones y es autor del ensayo En Venezuela, expresó en diálogo con ANCCOM: “Se preveía que el oficialismo iba a tender algún tipo de trampa. Desde la oposición estaban preparados para que el gobierno no aceptara fácilmente su derrota pero nadie esperaba esta necedad tan brutal. Había una pequeña esperanza de que aceptara un proceso democrático transparente, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero tampoco fue tanta sorpresa cuando el gobierno lo rechazó.”

Durante los días posteriores a la elección, las calles de todos los Estados recibieron a miles de manifestantes que denunciaron fraude electoral, y exigieron la transparencia del proceso de escrutinio. Las protestas fueron aplacadas por una ola de violenta represión, impulsada por el gobierno, que dejó 23 muertos, cientos de heridos, más de 2000 detenidos e inauguró una nueva etapa de persecución política.

Sánchez Mariño comentó: “Se esperaba que ganara la oposición, porque eso se veía en la calle, pero había que ver si era una derrota ajustada. El día anterior a las elecciones parecía que era 1983, una especie de regreso venezolano de la democracia, pero no lo fue y la esperanza se desinfló muy fuertemente porque a fuerza de detenciones y persecución política el gobierno logró controlar la protesta social.  Después de las elecciones comenzó la Operación Tun Tun, una forma de atemorizar a la sociedad y amedrentar a los que salen a protestar, que es clave para este proceso.”

Actualmente González Urrutia se encuentra exiliado en España y María Corina Machado, la principal referente de la oposición, sigue en el país actuando desde las sombras, sin revelar su paradero. Machado insiste en consensuar con Maduro su salida del poder, ofreciéndole amnistía a cambio del reconocimiento de su derrota. Durante los días posteriores a las elecciones se especulaba con la posibilidad de que una fracción de las Fuerzas Armadas, el principal pilar que sostiene a Maduro en el poder, se rebelara e hiciera un golpe desde adentro, pero rápidamente se descartó. “Es difícil un quiebre grande porque gran porcentaje de las fuerzas están implicadas en los negocios de Maduro, quien dejó que la corrupción y el vicio permeen en las capas altas y bajas como una manera de convertir a todos en cómplices” explicó Sánchez Mariño.

Los únicos países de la región que respaldaron los resultados sostenidos por el régimen fueron  Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras. El resto, incluidos aliados históricos del chavismo, como el presidente de Brasil Lula da Silva, el de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia Gustavo Petro, no reconocieron el triunfo de Maduro y exigieron la publicación de las actas.

Sánchez Mariño consideró esos posicionamientos parte de los hitos más importantes a nivel internacional, y explicó: “El primero fue cuando el Centro Carter, una organización independiente de investigaciones estadounidense, a la que Maduro invitó y que avaló las elecciones de 2018, abandonó el país y dijo que las elecciones no habían sido limpias, por ende no podían verificar el triunfo del líder chavista. Más adelante expresaron que había ganado la oposición, y que las actas que presentaron eran válidas. El segundo golpe fuerte fue cuando los líderes de la región no respaldaron su triunfo, lo cual afectó su credibilidad y estatura moral porque se esperaba que lo respaldaran más allá de que fuera fraudulento.”

La columnista brasileña del Jornal O Globo, Janaina Figueiredo, quien ha cubierto elecciones en Venezuela, entrevistó a González Urrutia en Madrid, y comentó en conversación con ANCCOM que el excandidato presidencial está viajando por Europa para pedirle ayuda a la comunidad internacional, solicitando más sanciones para asfixiar económicamente al gobierno de Maduro, y principalmente sanciones individuales hacia “los funcionarios de la dictadura venezolana”.

Figueiredo declaró: “Las sanciones han tenido un impacto muy duro para la economía y para el gobierno de Venezuela, que lo ha sorteado con la ayuda de aliados como China y Rusia, entre otros. La situación financiera del gobierno de Maduro es muy complicada, y eso explica también por qué sufrió una paliza en las elecciones del 28 de julio: porque el chavismo no tuvo más el dinero con el que contó en otro momento para financiar programas sociales, y los sectores populares votaron por primera vez, en su mayoría, en contra del chavismo. Eso tiene que ver con un Estado fallido: los chicos en Venezuela van a la escuela dos veces por semana, los hospitales se caen a pedazos, eso claramente se relaciona con un impacto financiero de las sanciones, pero también con la corrupción. Maduro ha conseguido de alguna forma superarlas, pero las sanciones sin duda representaron un costo muy alto para el régimen, y para la sociedad.”

Hugo Chávez, el teniente coronel del ejército venezolano, se hizo públicamente conocido en 1992, cuando se adjudicó públicamente la responsabilidad del golpe de Estado fallido del mismo año. Después de dos años de prisión, fue indultado y se dedicó a construir un movimiento político a través de la canalización de las frustraciones sociales y económicas de la población. En 1998 ganó las elecciones, y al año siguiente asumió la presidencia con amplio apoyo del pueblo. Su gobierno fue acompañado por una situación económica favorable generada por el boom petrolero, que le permitió una relativa redistribución de la renta petrolera y la nacionalización de empresas privadas.

Cinatti destacó que si bien Chávez tomó medidas para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, también creó una burguesía nacional “completamente parásita” que “vivía y aprovechaba los subsidios del Estado”, y expuso rasgos autoritarios para intentar disciplinar a la clase trabajadora, por ejemplo al declarar la ilegalidad de las huelgas.

Tras el fallecimiento de Chávez en 2013, se celebraron nuevas elecciones en las que resultó ganador Nicolás Maduro, quien había sido vicepresidente durante su último mandato y fue designado públicamente como su sucesor por el propio líder bolivariano. Su gobierno encontró serios límites debido a la dependencia de la renta petrolera, ya que la mayor parte del ingreso de divisas provenía de ese sector, y el cambio en las condiciones internacionales, la caída del precio de las materias primas y del petróleo redujeron drásticamente los fondos del Estado.

Al respecto, Cinatti afirmó: “Bajo el régimen de Maduro el país entró en una situación desastrosa, lo hemos visto sin bienes básicos de consumo, en una situación social y económica catastrófica, sobre todo para los sectores populares. Hoy hay casi una dolarización de hecho, el salario es miserable y para sostener todo eso profundizó mucho los rasgos autoritarios del régimen político. La pérdida de apoyo se debe a una combinación de medidas impopulares y la profundización del carácter autoritario y represivo, al punto de tener detenciones completamente arbitrarias y presos políticos.”

El futuro de Venezuela se presenta como un panorama incierto, y abierto hasta el 10 de enero del próximo año, fecha donde comienza el tercer mandato de Maduro. La victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, que asumirá el 20 de enero, podría cambiar el rumbo.

Cinatti afirmó: “Están en juego distintos factores, en primer lugar económico, ya que si bien el gobierno de Maduro tiene contradicciones evidentes con gobiernos como el estadounidense o el español, las multinacionales de esos países hacen negocios muy importantes en Venezuela, como la Chevron, y los grupos económicos locales, porque Maduro se presenta como garantía del orden y viene aplicando un plan económico que atacó muy duro a los sectores trabajadores, asalariados y populares.”

No obstante, Cinalli recordó que “fue bajo el gobierno de Trump cuando se impulsó el golpe que intentó dar Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente, ligado a este mismo sector de la oposición de derecha encabezado por Machado. Son una serie de elementos nacionales e internacionales, incluso de los propios gobiernos de América Latina, que hacen que esté todo ‘congelado’, aunque hay muchos elementos de crisis y hay que ver que nuevos hechos políticos pueden llegar a suceder. El gobierno de Maduro ha instalado un escenario, pero no está cerrado.”

Científicos y científicas argentinas salen a la calle

Científicos y científicas argentinas salen a la calle

Investigadores e investigadoras de diferentes universidades e institutos realizaron una feria para mostrar su trabajo y su anclaje en la sociedad. Estudiantes de escuelas secundarias y público general los acompañaron durante toda la jornada del viernes.

Desde la ventana del colectivo de la línea 101, al pasar por Plaza Houssay, ya se puede notar su presencia. Algunos visten guardapolvos, otros llevan chalecos que los identifican con sus organizaciones. Allí, en el corazón de la plaza, instalan sus puestos, donde pasarán el resto de la jornada bajo un sol implacable que no da tregua. Vecinos de la zona y también niños y adolescentes de diferentes escuelas de la ciudad, fascinados, se detienen a interactuar y sorprenderse con la “magia de la ciencia”, quizás soñando con convertirse algún día en uno de ellos. Sin embargo, estas personas de guardapolvo están lejos del estereotipo del científico loco con lentes gruesos y cabello alborotado encerrado en un laboratorio. Los investigadores argentinos no se encierran: salen a la calle, comparten su conocimiento y luchan por el futuro de la ciencia.

La Feria en Defensa de la Ciencia y la Universidad, que comenzó cerca de las 11 horas del viernes y se extendió hasta pasadas las 19, contó con más de 80 stands donde investigadores de diferentes áreas realizaron actividades para difundir sus proyectos y visibilizar las problemáticas actuales que dificultan sus investigaciones. “Surgió como una iniciativa discutida en reuniones y asambleas acá en la Facultad de Medicina. Nos contactamos con compañeros docentes del Gino Germani que estaban con la misma idea y empezamos a laburar en conjunto. Lo habíamos pensado al principio como solo de zona Houssay, pero se fueron sumando distintos institutos UBA-CONICET, que son de Sociales, de Medicina, de Farmacia, de Exactas, también gente del INTI, del INTA, del CNEA, un montón de lugares de diversas disciplinas y que están sufriendo el ajuste tremendo del gobierno”, contó Valentina Alillo, parte de la organización del evento.

Uno de los principales objetivos de la feria es acercar la ciencia a los más jóvenes, por lo que varias escuelas secundarias de la zona fueron invitadas a participar y hacer una recorrida por los distintos puestos. “Hay stands con juegos que están orientados más al público infantil y adolescente, para hacer que los chicos se interesen cada vez más en la ciencia”. Una de estas tantas iniciativas estaba compuesta por un mapa donde los chicos debían ubicar el sitio turístico que les toque en el lugar geográfico que corresponda. Triana Sánchez, integrante del Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo -CIETUR- de la Universidad Nacional de San Martín nos cuenta el motivo del juego: “Estamos concientizando sobre la investigación del campo de estudios en turismo y porque es importante priorizar la actividad turística tanto a nivel económico como social, a lo largo y ancho de todo nuestro territorio”. Hoy, el CIETUR atraviesa grandes problemas para solventar los gastos de investigación: “Al estar en la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, tenemos muchos convenios que hacemos a través de consultorías y de esa forma nos auto financiamos. Sin embargo, hoy los convenios están cayendo y tenemos muchas becas CONICET que están en peligro, sumado a la devaluación que están sufriendo nuestros salarios en el último año. Entonces, es un panorama muy complejo que dificulta que podamos poder seguir haciendo lo que hacemos y amamos”.

El mismo panorama atraviesan múltiples organismos que se dedican a la investigación científica. Andrea Ostrov, directora del Instituto de Literatura Hispanoamericana, profundiza sobre la situación: “Por decisión del Poder Ejecutivo Nacional no se está nombrando a nuevos investigadores en CONICET. Es histórico, porque hace muchísimos años que no pasa, que durante un año no haya habido ningún ingreso de un investigador en CONICET. Este año, como todos los años, hubo más o menos entre 300 y 400 bajas que posibilitará que den el ingreso a nuevos investigadores sin incrementar el gasto, sin embargo no quieren hacerlo, y es por decisión política del Presidente de la Nación”. La falta de ingresos hace que el Instituto corra peligro: “La continuidad de los proyectos y la renovación de los recursos humanos peligra al no haber ingresos de manera fluida como otros años, cada vez tenemos menos becas de postdoctorado y mucho menos investigadores. Lo normal es que todos los años entren 4 o 5 becarios de doctorados y este año todavía no hubo ninguno. Tenemos que publicar porque los organismos nos exigen publicaciones que den cuenta del trabajo de los equipos y esas publicaciones hay que pagarlas. Las inscripciones a congresos internacionales rondan entre los 100 y 150 dólares, y un equipo normalmente tiene entre 6 y 8 personas. Este costo es solo de manera virtual, ni hablar de costear los viáticos para pasajes y alojamientos. Se hace muy cuesta arriba. cada vez hay más trabas, más dificultades, y es un proceso de ahogo. El desfinanciamiento es un modo de aniquilación disimulado, entre comillas”.

María Laura Romano, una de las investigadoras del instituto, cuenta la principal problemática que atraviesan en la actualidad: “Hay seis investigadoras que el año pasado ganaron el concurso de ingreso a carrera de investigadora de CONICET y, luego de esperar más de un año, todavía no tenemos ninguna información certera acerca de cuándo nos van a designar y entonces estamos en esta instancia en la que no sabemos qué hacer, qué va a pasar con nuestro trabajo, porque también existe la posibilidad de irnos afuera a trabajar en un lugar donde nuestro trabajo sea reconocido. Sería una pena que se perdiera esa inversión de un recurso humano sumamente formado”.

Otro de las actividades que se robó las miradas del público fue la realizada por el Área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani. “Es un mapeo colectivo donde buscamos tener un registro sobre las distintas percepciones, formas de apropiación y experiencias que hay sobre el espacio urbano, donde también queremos poder analizar en qué medida son diferentes según el género de los ciudadanos”, explica Facundo Corti, quien hoy centra su investigación en políticas de reurbanización de villas. “Analizo los efectos de diferentes políticas de integración social y urbana en la estructura social y urbana de la Ciudad de Buenos Aires combinando una estrategia cuantitativa sobre cantidad de personas involucradas para dimensionar la problemática habitacional en términos de infraestructura, con un abordaje más cualitativo que tiene que ver justamente con las percepciones de los habitantes de los barrios”.

Esta semana, la vicepresidenta Victoria Villarruel, atacó algunas de las novelas que conforman la colección “Identidades bonaerenses” que, desde septiembre de 2023, la provincia de Buenos Aires difunde en bibliotecas escolares con libros que no son de lectura obligatoria, buscando garantizar el derecho a una educación con acceso a los libros como herramienta clave de aprendizaje. VIllarruel difundió fragmentos fuera de contexto, pidiendo que “dejen de sexualizar a nuestros chicos”, y acusó al Gobierno de la provincia de adoctrinarlos en temas vinculados a la Educación Sexual Integral (ESI). Maria Laura Romano, del Instituto de Literatura Hispanoamericana, reflexionó: “El punto que disparó la discusión fue la novela Cometierra de Dolores Reyes, pero el ataque es contra la educación sexual integral y contra la posibilidad de que los pibes y las pibas que van a la escuela secundaria puedan estar informados y atendidos en sus demandas y necesidades de información. Me parece que cierto sector del gobierno está en contra de que en todas las escuelas se puedan trabajar cuestiones que tienen que ver con lo sexual, con lo vincular”.

Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Con concentraciones en todo el país, organizaciones en defensa del uso del cannabis realizaron la Marcha Nacional de la Marihuana. La policía de la Ciudad reprimió en el acto frente al Congreso.

«Ya fue, yo me animo». Silvia lo recuerda como un salto al vacío. El cannabis era, para ella, “mala palabra”. Pero Milena, su hija de 10 años con epilepsia refractaria, tenía cien convulsiones al día. Resistía los antiepilépticos y su vida giraba en torno a 50 pastillas diarias. Nada funcionaba. Milena estaba ausente, atrapada en un cuerpo que parecía no darle tregua. Desesperada, Silvia comenzó a probar aceite de cannabis. El cambio fue radical: “Recuperó la sonrisa. Hoy lleva una vida bastante normal”. La medicación se redujo, su aprendizaje mejoró, y su calidad de vida se transformó.

En Mamás Cannabis Medicinal (MACAME), Silvia encontró comunidad y propósito. Allí, madres como Laura, que también vio mejoras en su hija con daño cerebral, luchan por un tratamiento digno: “Nuestros hijos viven hoy, no tienen todo el tiempo del mundo”.

Pero el camino está lleno de barreras. La ley 27.350 (de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados) no alcanza: hay un recrudecimiento de la criminalización de usuarios y cultivadores, se imponen nuevas restricciones al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y el sistema de salud pública enfrenta un ajuste brutal que limita aún más el acceso a tratamientos esenciales.

Energía para reclamar y atropellos policiales

E viernes último, a partir de las 14, tuvo lugar la Marcha Nacional de la Marihuana, una de las principales jornadas anuales de lucha de las organizaciones y usuarios cannábicos, que se celebró en 18 localidades del país. La concentración principal se desarrolló frente al Congreso de la Nación, donde se presentó una carta dirigida a Javier Milei. El evento contó con música en vivo, bandas y exposiciones de emprendedores cannábicos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la represión de la Policía de la Ciudad, bajo la gestión de Jorge Macri.

Según explicaron desde la organización, estaban a la espera de la confirmación del permiso por parte de la Ciudad. Indicaron que, ante la falta de respuesta, la ley establece el «silencio positivo», lo que les habilitaba a realizar la manifestación. Sin embargo, la policía sostuvo que esta normativa no era aplicable. Poco después, arribaron efectivos de la Policía Federal junto con personal de Espacios Públicos, quienes impidieron que se montara cualquier estructura y reprimieron a los asistentes.

Pamela Kaiser, integrante de la mesa organizadora de la marcha, relató: «Cómo el sol estaba muy fuerte y había chicos y personas con capacidades reducidas, decidimos armar un gazebo para resguardarnos. En ese momento, la policía comenzó a rodearnos y agredieron a una compañera, yo me metí a defenderla y me agarraron entre seis policías. Hay compañeras con golpes y moretones».

«Nos están atropellando otra vez, no nos dejan marchar. Es la primera vez en quince años que pasa algo así. Siempre hemos marchado pacíficamente, sin buscar alterar nada. Solo defendemos la salud y nuestros derechos”, expresó Rodrigo Ezek, vendedor de productos cannábicos, visiblemente indignado ante la situación.

Tras el impedimento de la policía para montar el escenario, la concentración se trasladó al centro de la plaza del Congreso. Allí, la energía no se apagó: la movilización la lideró una banda murguera al ritmo de trompetas, bombos y redoblantes. Con banderas, carteles y ganas de cantar, los manifestantes se hicieron escuchar en la plaza: “Yo no soy un delincuente, yo no soy un criminal, yo cultivo marihuana, no más presos por plantar”.

 

El Estado tiene que dar respuestas

“Estuve presa dos años por cultivo de cannabis”, relata Mariela Escopeta, de 61 años. Su nieto de siete años padece síndrome de Tourette, y su salud mejoró desde que consume el aceite de la planta. “Perdí dos años de mi vida y pasé un montón de cosas horribles. Igual que yo hay muchos compañeros y compañeras, no tiene que haber más presos por cultivar marihuana”, denuncia.

Este año, la marcha coincidió con el Día del Cannabis Medicinal y con un momento clave: el 35° aniversario de la sanción de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, que, según se denuncia en la carta entregada al Presidente, «lejos de proteger la salud pública, ha generado un aumento del narcotráfico y un alto costo económico, social y político para el país». La carta también señala que la ley «criminaliza el consumo y cultivo de marihuana, y ha perpetuado la discriminación y estigmatización de los usuarios, especialmente en sectores vulnerables como jóvenes de barrios populares, población trans, LGTBIQ+ y, particularmente, las mujeres cannábicas, quienes enfrentan una mayor persecución judicial».

El REPROCANN: ¿qué cambió?

El REPROCANN es una base de datos creada para registrar a las personas que cumplen con los requisitos para acceder a un cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.

Sin embargo, un gran obstáculo que enfrentan quienes buscan utilizar cannabis medicinal es el retraso en la aprobación de las solicitudes. Según la revista especializada Mate, actualmente se reciben aproximadamente 1.000 solicitudes diarias, pero estas son revisadas por solo dos personas. Este colapso se debe al desmantelamiento de los organismos del Estado y a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En total, hay más de 100.000 solicitudes esperando aprobación o renovación, ya que el permiso otorgado tiene una vigencia de tres años. Los plazos de espera son extremadamente largos, y la situación se ha agravado desde principios de año, cuando el gobierno anunció la «revisión» y «auditoría» del REPROCANN. Como resultado, se han judicializado cientos de solicitudes, muchas de las cuales han obtenido fallos favorables para los pacientes.

La resolución 3132/24

El 16 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud, que introduce modificaciones a la resolución anterior del REPROCANN, con el objetivo de restringir el acceso al cannabis medicinal.

Las modificaciones principales afectan a los cultivadores solidarios y las ONG, actores clave en el acceso al cannabis medicinal, ya que proporcionan la planta o sus derivados a pacientes que no pueden o no quieren cultivar por sí mismos, o que no pueden acceder a productos importados. La resolución establece que los miembros de la comisión directiva de las ONG no podrán tener antecedentes penales relacionados con el uso de estupefacientes o el uso indebido del cannabis medicinal. Este es un atropello, ya que muchas de estas organizaciones están compuestas por militantes del movimiento cannábico, que históricamente han sido víctimas de la legislación punitiva sobre drogas. Otra de las modificaciones apunta a los médicos, quienes ahora deberán cumplir con dos requisitos excluyentes: estar inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) y contar con un certificado de una “Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta de Cannabis”. Esta última exigencia resulta problemática, ya que en Argentina esos cursos son de pago, en un contexto de crisis presupuestaria en las universidades públicas, también afectadas por la política de ajuste del gobierno de Milei. Estas medidas buscan limitar la cantidad de profesionales habilitados para prescribir cannabis medicinal.

Comenzó el juicio que investiga el femicidio de Micaela Rascovsky

Comenzó el juicio que investiga el femicidio de Micaela Rascovsky

Declaró quien era su pareja, el principal acusado. También los padres de la víctima, una estudiante de Medicina de la UBA que tenía 25 años.

“Yo a Micaela jamás la lastimé”, dijo Guido Pascuccio en la primera audiencia del juicio público al que llegó como acusado por los delitos de “abandono de persona seguida de muerte y lesiones doblemente agravadas en contexto de violencia de género” por el fallecimiento de Micaela Rascovsky, quien era su novia, el 13 de abril de 2021. Si bien Pascuccio —que es abogado como su papá y su hermano— estuvo preso durante un año y cinco meses, al juicio llegó en libertad por haber pagado una fianza de tres millones de pesos. 

El inicio del juicio tuvo lugar este jueves 14 de noviembre en el 6° piso del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un lapso de seis horas Pascuccio prestó declaración oral como acusado, mientras que Patricia Ortiz y Sebastián Rascovsky —papás de la joven— y María Ortiz —tía de la chica— lo hicieron en carácter de testigos. En el transcurso de toda la audiencia tanto los abogados de la querella y la fiscalía como los abogados de la defensa fueron haciendo sucesivas preguntas al acusado y a los testigos para que corroboraran los dichos que habían declarado previamente en la etapa de instrucción. 

Rascovsky tenía 25 años y estudiaba la Carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Convivía con Pascuccio en un departamento de Villa Ortúzar, donde apareció sin vida en 2021. El día del fallecimiento de Rascovsky, Pascuccio llamó a Emergencias y dijo: “Me levanté y escuché unos ruidos en el living y estaba mi mujer convulsionando. No sé si tomó algo, estoy muy asustado. No la puedo hacer reaccionar. Tengo miedo de que haya tomado algo, alguna pastilla o algo”. De ahí en más planteó la hipótesis de que su novia se había suicidado con una sobredosis de cocaína. ¿El motivo, según Pascuccio? Que no soportó el dolor causado por no haber podido llevar a término su embarazo, que era ectópico. 

No obstante, el día del fallecimiento de Rascovsky fue a reconocer el cuerpo María Ortiz —tía de la joven—, quien encontró a su sobrina con moretones en todo el cuerpo. Ese hecho la llevó a pensar que Pascuccio le había vuelto a pegar a la joven, como ya había ocurrido antes, pero esta vez por una presunta represalia porque Rascovsky había contado a los papás de su novio que él tenía consumos problemáticos de drogas. 

Enseguida, la autopsia determinó que Rascovsky tenía ADN de dos personas masculinas debajo de las uñas y líquido seminal de su novio en la ropa interior. La familia de la joven consultó la opinión profesional de Borja Moreno Víchez —médico que integra el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de España— a raíz de los resultados de la autopsia, y él dijo que el cuerpo de Rascovsky presentaba señales de defensa, por lo que descartó completamente la hipótesis del suicidio que Pascuccio había planteado desde el principio. El testimonio de Moreno Víchez se puede escuchar en el documental sobre la muerte de Rascovsky realizado por la productora española “Triun Arts”, que consta de tres partes. “Fabricando una mentira” es el título de la primera.

En una conversación con ANCCOM, Sebastián Rascovsky dijo que “si Miki hubiese contado en su momento la violencia de género que estaba viviendo yo la hubiese ido a buscar. Lamentablemente, esto ayuda a concientizar que todas las chicas tienen que hablar, no tienen que callar. Al primer cachetazo te tenés que ir y pedir ayuda. Hay un porcentaje de hombres que está totalmente enfermo, porque no hay femicidios de mujer a mujer, el femicidio siempre lo hace el hombre”. 

Sobre el hecho de que, hasta el día de hoy, Pascuccio sigue sosteniendo la hipótesis del suicidio de su novia, Sebastián Rascovsky dijo que “me causa dolor, porque les puede llegar a hacer ruido a los jueces, que no conocieron a Micaela. Yo sé que ella era incapaz de lastimarse y de lastimar a otros. Era una resiliente. Tuvo cinco operaciones por su labio leporino, perdió dos embarazos y perdió a su hermanito de 53 días de nacido, así y todo ella siempre se repuso. Que no me vengan con el suicidio porque es imposible”. 

El inicio del juicio público que tuvo lugar este jueves estuvo cargado de mucha intensidad. “Es un día muy esperado para toda la familia —dijo a esta agencia María Ortiz—. Nos venimos acompañando desde hace 3 años y 7 meses. Yo estoy tranquila porque vengo con la verdad. Vengo a pedir justicia por el femicidio de Micaela. No tenemos dudas de que fue un femicidio. Yo estoy convencida desde el momento en que recibí el cuerpo de mi sobrina desnudo, que le saqué fotos por los moretones que tenía, y que fueron parte de la evidencia. Vamos por la prisión perpetua”. 

La sala del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 estuvo, en todo momento, atiborrada de personas que fueron a acompañar tanto a la querella como a la defensa. Además, quedó muy marcada la diferencia entre las versiones que cada parte tenía acerca de la muerte de Rascovsky. Tal es así que Pascuccio se encargó de mostrar audios y chats de su novia para dar a entender que la joven había consumido cocaína otras veces de manera consensuada y en compañía de él. También sostuvo que su pareja había buscado en Internet, días antes de que se la encontrara sin vida, cómo una persona podía morir de sobredosis con esa sustancia. Además dijo que “era Micaela la que ejercía violencia psicológica conmigo porque era ella la que estaba mal” y que “los problemas con las drogas los tenía ella”. 

Después de un cuarto intermedio que duró unos diez minutos, Sebastián Rascovsky fue directo y contundente en su declaración como testigo. “No tengo dudas de que fue un femicidio”, dijo al tiempo que Pascuccio era incapaz de sostener la cabeza en alto. Siguió cabizbajo cuando el papá de la joven —su exsuegro— sostuvo que “estamos muertos en vida. Nos arruinaron la vida. Mica sólo quería ayudar a su novio por la adicción a las drogas que él tenía y fue asesinada”. Además resaltó que al velatorio de la joven fueron el papá y el hermano de Pascuccio, pero no él. Ante la pregunta de los abogados defensores acerca de si sabía que su hija consumía drogas, Sebastián Rascovsky respondió que “Mica no sabía ni siquiera lo que era un cigarrillo.”. 

Patricia Ortiz —mamá de la joven— fue todavía más concluyente. Contó que su hija le había comentado, días antes de su muerte, que se quería ir del departamento que compartía con Pascuccio porque no toleraba más la violencia verbal y física que él ejercía contra ella. Es más: dijo que a partir de que la joven empezó a convivir con su novio, él empezó a poner excusas para que los papás de ella no fueran a la casa de los dos, con el argumento de que él “se sentía invadido”. Ortiz sostuvo que a partir de entonces su hija empezó a quedar aislada, dado que ya no veía a sus papás con la misma frecuencia que antes. 

Además, Ortiz aseguró que su hija, días antes de morir, le contó que un día Pascuccio “la recagó a palos” y que le dijo: “Mirá cómo te vestís, como una puta”. Ante la pregunta de la Fiscalía acerca de si Rascovsky le había comentado a alguien más su intención de separarse de su novio, Ortiz dijo que sí y mencionó el nombre de tres personas. La mamá de la joven cerró su testimonio diciendo que “Micaela fue víctima de femicidio. Ruego que su asesino, al que Mica le iba a dar un hijo, tenga la hombría de decir la verdad. El dolor que nos ha causado no tiene reparación”. 

La próxima audiencia será el jueves 21 de noviembre a las 9:30 horas. Para más información sobre tipos y modalidades de violencia de génro se recomienda la lectura de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.