En el inicio de la campaña !Basta al FMI-BM!, una mesa redonda debatió acerca de las vinculaciones del endeudamiento externo con la dictadura militar. El rol de las empresas en la desaparición de los trabajadoares.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon en 1944 en el marco de los acuerdos de Breton Woods como herramientas de la reconstrucción de los países centrales, después de la Segunda Guerra Mundial. En esas mismas negociaciones, se decidió adoptar el patrón dólar con respaldo en oro, para evitar fluctuaciones cambiarias y recesiones como la ocurrida en 1930. Así, siendo Estados Unidos el país con más reservas de oro, pasó a convertirse en el principal socio del FMI con capacidad de tomar decisiones e inmiscuirse de esa manera en las políticas monetarias de los países miembros. Argentina, por primera vez tomó un préstamo del FMI, durante el gobierno de Pedro E. Aramburu en 1956.

A 80 años de la creación del FMI y el BM, nació la campaña Alto al FMI-BM impulsada por las organizaciones Diálogo 2000, la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM). 

Esta iniciativa denuncia que las dos instituciones han estado desde su creación al servicio de un capitalismo patriarcal y racista, cada vez más concentrado, empobrecedor de los pueblos y devastador de la propia naturaleza. Ajustes y miseria planificada, golpes de Estado y regímenes dictatoriales, deuda ilegítima y odiosa, dicen las organizaciones, es lo único que han producido para las poblaciones. 

El pasado jueves en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) tuvo lugar la charla debate Deuda Externa y Genocidio, en la que disertaron Carlos Loza, investigador, docente e integrante de Archivo Popular de la Memoria (APM); Pablo Peláez del Programa Estudios del Trabajo, en reemplazo de su compañera Victoria Basualdo, (investigadora de FLACSO-CONICET) quién se encontraba enferma y Beverly Keene, economista e integrante de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda.

El Archivo Popular de la Memoria (APM), creado el 22 de agosto de 2023, tiene como finalidad recuperar la documentación de la represión estatal. Como grupo mantiene una línea de trabajo que tiene que ver con la investigación de diversos temas, entre ellos, quiénes se beneficiaron con la deuda externa, el genocidio y la política económica. Uno de sus objetivos es la búsqueda de la reconstrucción de dichos archivos a partir de una investigación en los lugares donde los compañeros estuvieron detenidos.

Loza, su representante, fue el primer orador de la jornada y abordó ejes referidos a los cargos en la superestructura del Estado a que pertenecían a grupos económicos que propiciaron el golpe de Estado en alianza con los sectores militares. Luego habló de la deuda externa contraída por la empresa Techint y también mencionó los cargos que ocupa la multinacional en el gobierno actual. “Darle un tratamiento sólo financiero al principal problema político y económico del país desde la dictadura para acá es lo que explica por qué una y otra vez repetimos las mismas crisis. En el marco de la Argentina de Macri, donde una vez más la mayor parte de la deuda se fugó, el FMI es corresponsable directo de la crisis”, fue uno de sus conceptos. Y agregó: “No es historia del pasado referir que los funcionarios del grupo Techint están presentes en el actual gobierno de Javier Milei. Es el mismo poder que actúa de la misma manera que años atrás”.

Haciendo memoria

Según contó Loza, en todos los casos se repite el horario de secuestro de sus compañeros delegados: la noche y las primeras horas de la madrugada. “Ingresaban en domicilios, rompían todo, se robaban lo que encontraban, aterrorizaban a las familias, se llevaban a los trabajadores y los desaparecían. Como no se sabe qué pasó con ellos, el delito se continúa cometiendo. Fueron operativos que destruyeron a colectivos organizados”, describió.

“Todo lo que el actual gobierno de Javier Milei dice –agregó- es para reivindicar a los genocidas, por eso es necesario destruir la idea de que fue un enfrentamiento: se llevaron trabajadores, colectivos sociales, que fueron perseguidos desde el poder del Estado, estigmatizados y luego represaliados

Responsabilidad empresarial

La clase trabajadora en Argentina durante el siglo XX fue protagonista de importantes luchas y de gran poder acumulado de sus representaciones sindicales de base. “Fueron sujetos de levantamientos populares: el Cordobazo, el Tucumanazo, tomas de establecimientos, coordinaciones como la del plenario en Villa Constitución del 74, que tuvo su respuesta represiva en marzo del 75 durante gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón”, ejemplificó Pablo Peláez. Además, se refirió a la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad. “En 2015 fue publicada una investigación importante, realizada entre cuatro instituciones, donde se investigaron 25 grandes empresas, con eje en el espacio productivo y en la forma en la que se articularon en cada establecimiento las prácticas e intereses de las fuerzas militares y la dirigencia empresarial, en lo que se conformó en todos los casos como una alianza represiva, dirigida contra los colectivos obreros y sus representantes sindicales de base durante la segunda mitad de los 70”, dijo el experto. El universo abarcado en la investigación fue bastante amplio, hay empresas de todas las provincias, de distintas actividades, siderúrgicas, automotrices (Ford y Fiat), diarios como La Nueva Provincia y multimedios. 

A criterio de Peláez, las prácticas empresariales represivas fueron en las que se reflejó dicha articulación de intereses entre la fuerza militar de ocupación y la dirigencia empresarial. En sus palabras, “en la mayoría de las empresas se constataron secuestros de trabajadores, entrega de información privada y lista de delegados entregadas a las fuerzas represivas, presencia de cuadros empresariales en las mismas detenciones, secuestros y torturas de trabajadores, uso de camionetas y vehículos de las firmas, presencia militar en las fábricas y participación de miembros de fuerzas armadas en cargos directivos de las empresas”.

Según explicó, estas prácticas empresariales y la represión sobre la clase trabajadora se articularon con un plan económico, la cual se ve reflejada en la caída en la participación de los salarios en el PBI nacional que empieza en 1975, lo cual se profundizó durante el período de la dictadura. “El caso Dálmine Siderca es de lo más interesantes para ver, en relación a la actualidad que tenemos, siendo que está el grupo Techint directamente en el actual gobierno” expresó Peláez.

Según contó Beverly Keene, el momento del golpe de 1976 en Argentina, coincide con el avance económico que se estaba viviendo a nivel mundial. Ese proceso significa que en Argentina el rol de esas empresas y la represión que desataron tienen que ver con la expansión concreta de ese modo de funcionamiento del sistema capitalista donde las finanzas toman un rol cada vez más importante. En este sentido, Keene afirmó que el problema de la deuda externa no tiene que ver con las necesidades del pueblo ni de la naturaleza Argentina, “sólo tiene que ver con las prioridades y exigencias de un sistema financiero internacional”.

Norita presente, ahora y siempre 

Durante la jornada de debate, se recordó un encuentro virtual del 2020, donde Nora Cortiñas compartió unas palabras: “El pueblo no debe pagar lo que no gastó. ¿Por qué debemos pagar la deuda del horror y la sangre derramada de la dictadura?”, cuestionó la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora recientemente fallecida. El público agradeció y expresó que la exposición fue enriquecedora, al tiempo que se mostró motivado a dar la lucha y no bajar los brazos.