Presentaron la Federación de Medios Digitales

Presentaron la Federación de Medios Digitales

En una reunión realizada en La Plata se debatieron estrategias ante las dificultades económicas y la ausencia de políticas estatales para el sector. El cooperativismo como una alternativa sostenible.

Las nuevas formas de comunicar traen consigo otras maneras de pensar los medios y desconocidos desafíos para los trabajadores. Con este espíritu fue que, en 2019, se creó la Red de Medios Digitales, un colectivo que busca coordinar las demandas del colectivo de medios independientes del espacio digital.

Desde su fundación, esta organización consiguió nuclear alrededor de 90 medios provenientes de 18 provincias del país con el fin de ampliar la cooperación, formalizar el sector y darle mayor contundencia a los reclamos de sus integrantes. Mientras que en un principio esta lucha se gestó solo en el reclamo por la división equitativa de la pauta oficial, el colectivo de medios continuó su crecimiento y hoy está formada por más de mil trabajadores. Ayer se presentó oficialmente como Federación, una figura que busca dar cuenta de las particularidades de los medios de comunicación creados en el entorno digital, en su conformación autogestiva, comunitaria, alternativa y popular.

El acto tuvo dos sedes. En el Salón Polivalente del Centro Cultural “Pasaje Dardo Rocha” expuso un panel integrado por autoridades y medios de la red así como con una serie de funcionarios públicos representantes del sector popular. Al interior de este panel se presentaron dos mesas; en primer lugar “La situación de los medios y el cooperativismo en Buenos Aires” en la que Yair Cybel (director de El Grito del Sur y presidente de la Federación de Medios Digitales), David Baressi (secretario gremial del Sindicato de Prensa Bonaerense –SiPreBo), Juan Salvador Delú (presidente de la Federación Argentina de Radios Comunitarias –FARCO) y Paola Alvarez (periodista de Pulso Noticias e integrante de la Federación) debatieron sobre los desafíos y reclamos que atraviesan a los medios digitales y sus trabajadores.

La segunda mesa, “Desafíos para una pluralidad de voces cooperativa”, estuvo conformada por Sacha Lechner (Director General de Comunicación Institucional de la Municipalidad de La Plata), Adrian Grana (Subsecretario de Coordinacion institucional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia), Gildo Onorato (presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo) y Malena Gonzalez (Codirectora de Comunicadas y vicepresidenta de la Federación de Medios Digitales), quienes, desde sus diferentes posiciones como funcionarios públicos reflexionaron acerca de lo propuesto en la primer instancia y llamaron a la coordinación de nuevas herramientas de apoyo para el sector. Al interior de estas exposiciones, se generó un diálogo interesante sobre las propuestas y limitaciones en el campo de la comunicación popular:

Qué dijeron

“La información no es un derecho, es una necesidad”, dice Laureano Barrera, director de la agencia de investigación judicial Perycia, parte de la Federación de Medios, quien moderó el debate en ambas mesas. “Más que nunca, es necesario que se encuentren espacios de coordinación con el Estado”, añadió en vistas de la nueva política nacional frente a la comunicación: que tildó de “no comunicación”. Esta consideración, para Juan Delú es consecuencia de “una sobrerrosca del Estado a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: ni todo es comunicación ni nada lo es”, que ha llevado a considerar que la situación actual es “por haber puesto a la comunicación en el centro de la discusión”. Al contrario, nuevas discusiones que actualicen la idea de una verdadera soberanía comunicacional deberían tener lugar, para Delú, desde una proyección transversal a todos los medios, digitales o no.

No es casualidad que el reclamo parta desde la Federación, compuesta en su mayoría por medios cooperativos que David Baressi identificó como “experiencias que surgen [en su mayoría] como respuestas a situaciones de crisis”. De esta forma, para Baressi “fomentar la cooperativización de los medios es la mejor forma de luchar contra las políticas de desinformación y saqueo”, evidentes en el cierre de Télam y el quite de la pauta oficial que forman parte de este nuevo impulso de concentración en el esquema de medios.

Para el presidente de la Federación, Yair Cybel, el principal problema para los medios cooperativos de hoy es su sustentabilidad, en especial con el abandono de la dirigencia política en materia comunicacional: “Ante la falta de una estrategia estatal, debe impulsarse una discusión de comunicación en términos de soberanía” que integre “la importancia estratégica de los medios comunitarios digitales comunitarios en la batalla cultural”.

Para Adrian Grana esta vuelta al discurso único que cercena la pluralidad de voces es un ataque directo a las estrategias de comunicación no mercantiles: “El agobio a los medios y espacios comunitarios es otro intento de disgregar el campo popular para eliminar al denominador común”.

Este ímpetu cooperativista se replicó en la propuesta de Lechtner, quien buscó revalorizar el asociativismo en su rol de herramienta de lucha y, respecto al rol del Estado, ponderó que “el lugar es escuchar, construir en conjunto y extender el mensaje”, reivindicando la experiencia como un canal para la llegada de “una propuesta colectiva a los problemas individuales”. En comunicación con ANCCOM, Lechtner rescato que “aunque el Estado nacional esté mirando hacia otro lado, hacia el extranjero, este es el rol de las demás dependencias deben asumir: el de condensar estos reclamos y construir herramientas de cooperación para afrontar los nuevos desafíos”.

Otra voz que se hizo escuchar fue la de Gildo Onorato, quien denunció que “la crueldad como forma de estructurar la acción política es una consecuencia lógica de la concentración, la extranjerización y el extractivismo: son las nuevas formas de la dependencia”, dijo el presidente del recientemente inaugurado IPAC, y añadió: “Enfrentar la crueldad para construir una propuesta alternativa que produzca una nueva mayoría”. Al ser consultado sobre las formas en la que estas propuestas podrán adoptarse, Onorato dijo: “Considero esta necesidad de seguir tendiendo puentes y configurando nuevos lazos es vital para la construcción de una nueva propuesta que incluya la agenda social verdadera: trabajo, produccion, innovacion tecnologica y comunicación”.

Terminado el acto se recordó que el próximo Encuentro Nacional de la Federación se dará el 21 de junio en Santa Fe

El sector cooperativo crece en su relevancia como articulador del campo popular, representando cerca de 10 puntos del PBI nacional, por lo que esta iniciativa de visibilizar la importancia del sector de medios digitales para su articulación y comunicación resulta cada vez más llamativa. Escuchar y atender los reclamos particulares de un sector estratégico, especialmente en un contexto de ataque a los medios de comunicación, mediante el cierre, achicamiento o ahogo, surge como una responsabilidad estatal para el desarrollo de una articulación sinérgica que vele por la pluralidad de voces.

Los discapacitados contra la desregulación

Los discapacitados contra la desregulación

Más de 10 mil personas se movilizaron en Olivos y en varias ciudades del país para frenar el proyecto del gobierno de Javier Milei que busca desregular las prestaciones para personas con discapacidad. La medida, que afectaría a 200.000 pacientes y 100.000 trabajadores.

El gobierno de Javier Milei busca desregular las prestaciones y tratamientos destinados a personas con discapacidad, actualmente financiados por el Estado y las obras sociales. Ante esta posibilidad, cientos de familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se movilizaron hasta la Residencia de Olivos para detener esta medida. La masiva protesta, que según los organizadores reunió a más de 10 mil personas, también se replicó en varias ciudades del país, como Rosario, San Miguel de Tucumán, Villa María, Alta Gracia, Río Cuarto, Mendoza, San Juan y Salta.

Según el comunicado del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, el 10 de mayo se dio a conocer un proyecto de decreto presidencial que establece que los organismos públicos financiadores de las prestaciones para las personas con discapacidad establecidas por la Ley 24901 se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones (y no vinculante entre ellos) incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas. Si bien desde la Agencia Nacional de Discapacidad aseguraban que sólo se trataba de un borrador, el proyecto ya cuenta con dictamen firmado del 24 de mayo por la Secretaría de Legal y Técnica, aguardando a la firma del Jefe de Gabinete y del Presidente.

¿Qué implica?

“La ley 24901 fija un nomenclador único de prestaciones básicas para las personas con discapacidad y determina un valor único para los distintos financiadores que son tres (Incluir Salud, PAMI y la Superintendencia de Salud, que regula obras sociales y prepagas). Hoy, desde la resolución del año 1999, todos los valores están regulados de la misma manera, sin importar el financista. Con este decreto se quiere destruir el nomenclador y dejar al libre albedrío de cada financiador el valor de la prestación”, comenta en diálogo con ANCCOM Gabriela Rovere, directora de la Escuela de Educación Especial Pablo Picasso. De esta manera, el sistema argentino, modelo a nivel mundial y que permite el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad, se vería gravemente afectado. “Hasta ahora todos los chicos, más allá de la cobertura social que tuvieran, tenían el derecho a la misma prestación”, remarcó Rovere.

Según el petitorio presentado en la Residencia de Olivos, actualmente reciben atención 200.000 personas y hay alrededor de 100.000 que trabajan para que la misma sea posible. Independientemente de si el paciente tiene una pensión no contributiva o tiene una prepaga, todos tienen acceso a la misma institución y con la misma calidad de servicios. “La posible diversidad de aranceles en los distintos efectores puede llevar a que los prestadores, para cubrir sus reales costos, decidan trabajar solamente con los efectores que establezcan un arancel que les permitan brindar la prestación con sus exigencias”, remarca el petitorio presentado a Milei.

Florencia Poletto, directora de Khipu, centro de inclusión escolar para niños con discapacidad, denuncia: “Con esta desregulación vamos a tener pacientes de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Se perdería un derecho muy importante que ganamos hace 25 años: la universalidad para todas las personas con discapacidad”.

María Martínez, mamá de dos jóvenes con discapacidad, comenta: “Como madre, es una situación muy angustiante. Mis hijos progresan y están mejor gracias a todas estas personas que trabajan y que están acá. Sería muy triste perder sus servicios. Hoy se está hablando de prestaciones, pero sabemos que esto es la punta del iceberg, es el inicio de la quita de derechos”, agrega.

El diputado nacional Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, acompañado por Miguel Ángel Pichetto y Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, presentó un proyecto en el Congreso para pedirle al Poder Ejecutivo que se abstenga de sancionar el decreto para desregular las prestaciones de personas con discapacidad.

En el texto advierten que “en el caso de que entre en vigencia este proyecto de decreto, será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional (…) Al no haber aranceles preestablecidos y actualizados por la autoridad regulatoria, las obras sociales y las demás prestadoras de salud, pueden fijar arbitrariamente dichos aranceles en desmedro del justo reconocimiento por el servicio brindado», indica el texto que fue firmado por más de treinta diputados.

 

 

 

“Es momento de que las personas oyentes se adapten a nosotros”

“Es momento de que las personas oyentes se adapten a nosotros”

En un mundo dominado por la comunicación oral, una radio para personas sordas emerge como un faro de inclusión y accesibilidad.

Creada por Matías Cufré, un conductor con discapacidad auditiva, y Mariana Ortíz, colocutora e intérprete en lengua de señas, la radio Locufre es la primera y única en el mundo diseñada específicamente para personas sordas. En Argentina, según la Federación Mundial de Sordos, hay aproximadamente 70 mil personas sordas y 450 mil con dificultades auditivas. A pesar de estas cifras, los medios de comunicación rara vez abordan las necesidades de este colectivo.

Locufre no sólo ofrece información, sino también un sentido de comunidad y pertenencia. “La idea de crearla tiene que ver con un sueño que yo tenía desde chico. Veía a la gente que llevaba auriculares, le preguntaba a mi mamá qué era y ella me dijo: ‘Es la radio´”, cuenta Cufré, en diálogo con ANCCOM, mediante la intérprete Ortiz.

Durante la pandemia apareció “la necesidad de que las personas no se sientan solas en sus casas”, agrega, entonces aprovecharon “la tecnología y el streaming” y arrancaron con el proyecto. Locufre, una combinación de «locutor» y su apellido, que transmite todos los jueves a las 22 por YouTube, Instagram y Facebook. Además, hacen las veces de órgano de prensa para la comunidad sorda en Argentina, cubriendo eventos provinciales y generando contactos a través de cronistas.

La radio opera a través de transmisión en línea, permitiendo que todo el programa se realice en Lengua de Señas Argentina (LSA). Esto la convierte en «accesible para oyentes», ya que se incorpora al mismo tiempo, por voz en off, la interpretación al español de todo el contenido en vivo.

 

El principal desafío, según los fundadores, ha sido lograr que la gente se sume y sienta que Locufre es un espacio donde pueden expresar sus opiniones. «La sociedad oyente tiene innumerables formas de expresarse, pero no es así para la comunidad sorda». La admiración de padres oyentes con hijos sordos al ver que una persona sorda puede liderar un medio de comunicación, ha convertido a Locufre en un ejemplo inspirador para muchas familias y un orgullo para sus creadores.

Cufré, quien se formó para comprender y transmitir el mundo de la radio a los sordos, sueña con expandir Locufre a otras provincias e incluso a la televisión. “La mayoría de la gente de la tercera edad es muy difícil que acceda a las redes –afirma Cufré–. Me encuentro con muchas personas que me dicen ‘ay, me encantaría verte, pero estoy sola y no sé manejar las redes’”. La televisión ofrecería segmentos accesibles para aquellos que no usan plataformas en línea.

Lo que comenzó con solo dos personas, ahora se ha convertido en un equipo diverso. Actualmente, hay tres intérpretes y un grupo de columnistas profesionales sordos. Además, Locufre crea contenido audiovisual educativo, como el proyecto «Huella», que documenta la historia y los referentes de la comunidad sorda en Argentina.

Este esfuerzo transforma la radio en un medio visual accesible y valida los derechos de la comunidad sorda, brindando información de calidad en un espacio inclusivo. Pese a la aprobación en 2023 de la Ley de Lengua de Señas (N° 27710), todavía existen muchas barreras, como la falta de intérpretes en hospitales y organismos públicos. Cufré subraya la necesidad de seguir luchando por estos derechos y de adaptar la sociedad oyente a las necesidades de la comunidad sorda.

La radio es autogestionada y ha sorprendido a muchos por su capacidad de adaptarse y unirse. «Las personas sordas nos adaptamos todo el tiempo a la sociedad oyente. Ahora es momento de que las personas oyentes se adapten a nosotros», sostiene Cufré, quien destaca además la necesidad de que la sociedad oyente aprenda lengua de señas para un entendimiento mutuo.

La industria del entretenimiento y los medios aún excluyen a las personas sordas. Cufré remarca que la falta de subtítulos y horarios limitados de intérpretes en la televisión son solo algunas de las barreras que enfrentan. La falta de apoyo gubernamental y la exclusión en campañas políticas reflejan una falta de empatía y consideración hacia la comunidad sorda.

Locufre cubrió el juicio en Mendoza en el que se investigaron los abusos sufridos por niños hipoacúsicos dentro del Instituto Próvolo, un colegio religioso de esa provincia. Durante la cobertura, observaron la desigualdad en la absolución de las monjas y el mal tratamiento de los medios hacia las personas sordas. Esta experiencia reveló la falta de preparación de los periodistas, quienes se acercaban con micrófonos mientras las personas sordas hablaban en lengua de señas. A partir de esto, desde Locufre ya están abordando la problemática a través de talleres y capacitaciones.

La motosierra cortó el agua potable a los isleños del Delta

La motosierra cortó el agua potable a los isleños del Delta

Se interrumpió el servicio de distribución que había establecido AySA desde la pandemia. Los vecinos reclaman la restitución de este derecho básico elemental para sus vidas cotidianas.

“En el año 2020, cuando inició la pandemia de covid-19, el municipio tenía una responsabilidad respecto al tema de islas y organizamos un consejo asesor para repartir agua muy precariamente entre nosotros”, explica Luis Cancelo, vecino de las islas del Delta del Paraná en la primera sección, Partido de Tigre. Históricamente, los isleños no consumen el agua de ríos y arroyos, además de por el barro que le da su color característico, debido a  la contaminación en la cuenca del Río Luján y Reconquista; solo la utilizan para bañarse o lavar los platos. El agua para beber y cocinar suele cargarse en bidones en las canillas de la estación fluvial.

Fue por eso que desde el Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI), decidieron solicitarle a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) un servicio de distribución de agua potable: “La concesión de AySA termina en el río Luján y no abarca las secciones isleñas”, remarca Cancelo, quien fue director del Plan de Manejo del Delta e integrante del CAPI. Cuenta que cuando le acercaron la nota a quien por entonces era la titular de AySA, Malena Galmarini, contándole de la situación crítica particular de los isleños durante la pandemia, decidieron implementar un servicio de distribución de agua. Los barcos cisterna recorrían ríos y arroyos de acuerdo a un cronograma publicado diariamente para que los vecinos cargaran los bidones en los muelles.

“En el nuevo gobierno de Javier Milei, que tiene criterios de achicamiento del Estado, rige un ‘sálvese quien pueda ́ donde cada uno resuelve las cosas como le sale. Lo concreto es que quitan este servicio”, explica Cancelo. La realidad es que con el nuevo DNU 70/2023 y la Ley de Bases, las nuevas autoridades de la empresa estatal no están dispuestas a mantener un servicio fundamental. Para enfrentar la situación, los vecinos organizaron un plenario en la estación fluvial el último sábado 18 de junio al mediodía.

Diego Domínguez, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y vecino de las islas explica no hay potabilizadores en la islas, algo muy costoso. Por otra parte, ni el municipio de Tigre ni Nación quieren “negociar” la situación de AySA en la islas y le sacan el cuerpo a la situación. El investigador y docente asegura que próximamente se dará una reunión entre la empresa y organismos de derechos humanos para tratar de llegar a un acuerdo.

 

Los barcos cisterna recorrían ríos y arroyos para darle agua potable a los habitantes de las islas. 

La política implementada por Galmarini

Además del sistema de distribución del agua implementado durante la pandemia, en 2023 la extitular de la empresa estatal, acompañó el inicio de clases inaugurando dos nuevos tanques de agua potable y bebederos para el equipo docente, alumnos y alumnas de la comunidad educativa de la Escuela Primaria y Secundaria Nº 12 del Delta. Además habilitaron un segundo tanque de reserva para los vecinos de la zona que necesitaban abastecerse.

En ese momento Galmarini declaró a la prensa: “Finalmente, con el equipo de AySA, logramos traer definitivamente el agua, un derecho humano, un servicio esencial que, increíblemente, nuestras escuela tenía pero a través de bidones que la provincia de Buenos Aires les dejaba en los muelles. Era todo muy difícil. En marzo del 2020 empezamos a recorrer cada muelle con las chatas de AySA para llenar todos los bidones de nuestros vecinos y vecinas, y ahora también esas chatas van a llenar estos nuevos tanques para la escuela”.

El servicio de distribución de agua languideció hasta desaparecer. Ahora el futuro de esta infraestructura fundamental para el funcionamiento de la escuela también está en duda. Pese a numerosos intentos, ANCCOM no pudo obtener respuestas de parte de las actuales autoridades de la empresa de agua.

Según la ONU el agua es un derecho humano porque forma parte de la vida cotidiana y del entorno de las personas. Es fundamental para la salud contar con agua potable en cantidad. Las normas internacionales obligan y exigen a los Estado que garanticen a cada uno de sus habitantes el acceso a una cantidad suficiente de agua potable, tanto para uso personal como doméstico.

A cargar al continente

Primero los avisos en grupos de WhatsApp de que la “chata de AySA” pasaría se hicieron esporádicos. Desde el 30 de abril, directamente desapareció. Ya hace un par de meses que los isleños cargan sus bidones antes de subir a las lanchas. El peso del agua se suma a las compras que realizan en tierra firme. Lo que parecía solucionado se volvió nuevamente un incordio que los obliga a viajar a veces durante horas solo para cargar este insumo básico para la vida. La alternativa es pagar los 2500 pesos que cuestan en las lanchas almacén diez litros de agua potable. Aún sin tener jurisdicción sobre la zona, AySA se lo facilitaba con barcos cisterna que recorrían las islas en ciclos de una o dos semanas: ya no.

Lo cierto es que el gobierno nacional tiene a AySA en la mira para ser privatizada, no sin antes reducir sus servicios al mínimo y así tener la excusa perfecta para el plan. La política de precarización llevada adelante por las nuevas autoridades le complica la vida a un montón de personas y genera una pérdida de tiempo y dinero realmente importante: trasladarse con los bolsos de comida, niños y ahora también con los bidones cargados.

Agua potable en las islas… afuera.

 

Que no se desmorone la CASA

Que no se desmorone la CASA

El cierre del programa Arte en Barrios, del Gobierno de la Ciudad, pone en peligro la continuidad de CASA, una asociación civil que enseña a interpretar música a chicos de barrios populares. Sus docentes no se dan por vencidos.

Es una mañana de sábado nublada y fría. En la esquina de Avenida Perito Moreno y Fernández de la Cruz, Mailen Ubiedo Myskow, directora de CASA y violinista, se encuentra con los profesores de canto, guitarra y clarinete, como todos los sábados. A unos pocos metros de allí se levanta la escuela Madre del Pueblo, donde dan clases de instrumento a niños, niñas y adolescentes del barrio hace más de 10 años.

Mientras caminan hacia la escuela, Ubiedo Myskow recuerda que empezaron con pocos chicos e instrumentos, fueron pidiendo donaciones y así fueron creciendo y sumando las clases en el barrio Fátima, de Villa Soldati.

A mediados de febrero de este año, el cierre del programa Arte en Barrios, que depende del Gobierno de la Ciudad, impactó fuertemente en CASA y sólo pudieron abrir la sede Madre del Pueblo. “Nos encontramos sin presupuesto-subraya la directora-, así que decidimos armar una campaña solidaria que la gente nos ayude”. Necesitan 1.000 personas que donen 1.700 pesos por mes, a través del débito automático o transferencia bancaria, para poder sostenerse.

Pese a lo difícil de la situación, Ubiedo Myskow asegura que van a seguir. “Vamos a tratar que los chicos que ya venían a las clases no pierdan el lugar y a medida que podamos seguir sumando donaciones vamos a ir incorporando docentes”.

Son las 10:30 y poco a poco van llegando niños que saludan a los docentes y se acomodan en las aulas. Cada una es un pequeño mundo, con sus propios sonidos. Margarita Sarquis es docente de canto y da clases en CASA hace 8 años: “Ahora estamos cantando A primera vista, canción de Chico César, pero traducida por Pedro Aznar. La vez pasada hicimos una traducción al español de una canción de la película de El Viaje de Chihiro porque a las chicas les gusta mucho el animé.”

Primero hacen ejercicios de estiramiento, relajación corporal y vocalización para luego comenzar a repasar las canciones. Sarquis acompaña con el teclado a las cantantes: Valeria, Valentina, Ariana y Mariana. Por los pasillos de la escuela, antes silenciosos, ahora se filtran las voces dulces de las chicas. También se escuchan sonidos de cuerdas que se afinan y el murmullo de padres y hermanos que preguntan por los horarios de las clases. Marina trae a su hija a su primera clase de guitarra: “A ella le gusta. Su hermana iba a clases de guitarra, yo le había comprado el instrumento, pero después perdió el interés. Y la hermana todos los días agarra y empieza a tocar mirando Youtube. Le dije: ´Andá a aprender hija, te anoto´. Yo habíia visto a los chicos entrar y nunca había preguntado”, cuenta.

En el aula de violín, Yamilé, de 12 años y Eimi, de 11, escriben las notas musicales en un pentagrama mientras Mailen afina. “Guarda acá, el do está muy bien pero hay algunas que están corridas”. Eimi recuerda que al principio quería tocar la guitarra pero después se dio cuenta que le gustaba más el violín, mientras que Yamilé siempre supo que el violín era lo suyo.

Hacia las 11:30 todos empiezan a practicar la canción de La pantera rosa, que interpretarán en el próximo concierto. “Mi identidad son las cosas que me gustan: mis recuerdos, mi nombre, mi familia y mis preguntas”, dice una cartulina en la puerta del aula de la que sale sonriente Luana, de 11 años. Ella siente que la música es lo que más le gusta y no falta un solo sábado. “Lo que más me gusta de tocar la guitarra es que aprendo muchas canciones y además, si no te sale algo el profe te explica, es muy copado”. Cuenta que tiene una hermana menor que espera cumplir 10 años para comenzar también las clases. “A veces, si puedo y si no hay nadie, le presto la guitarra y practica un poco”.

Son las 12 del mediodía, lo que significa que falta poco para la clase de ensamble. Cinco minutos de descanso y todos se trasladan al aula más grande para ensayar en grupo. Al frente están los violines, siguen los clarinetes y por último las guitarras. Silencios, miradas atentas y partituras que se acomodan en los atriles. Cuando el director marca el inicio, la música comienza. “Esto requiere un nivel de concentración bastante grande, a veces nosotros disfrazamos todo de juego pero detrás hay toda una disciplina que tienen que tener y que se les va enseñando de a poco”, comenta Álvaro Almada, profesor de guitarra. En este punto, todos los docentes concuerdan en que lo más gratificante es ver el aprendizaje y el avance de los chicos: “Como sea, se sigue, ese es el mensaje que le queremos transmitir a los chicos, no solamente con el contexto económico, sino también en otros aspectos de sus vidas”.

Muchas veces, por muchas situaciones complejas que se pueden vivir en casa, los niños no descansan bien y en clase no tienen la misma capacidad de atención. “Ahí es donde se empieza a armar una brecha entre el que puede descansar bien, el que tiene una casa calentita, el que no tiene que quedarse cuidando su casa y a sus hermanos, el que no tiene que trabajar, y el que sí tiene que hacer todo eso”, remarca Ubiedo Myskow. Con su trabajo cotidiano, CASA busca achicar esa brecha y que los chicos tengan un espacio extracurricular donde puedan jugar y compartir, donde puedan ser niños.

Si tienen que cuidar hermanos y no pueden asistir a clase, los docentes los alientan a que los traigan igual y los suman a alguna clase, así nadie se pierde de estar en un lugar lindo como lo es la escuela. “Yo creo que entre nosotros nos tenemos que apoyar y motivarnos a seguir por ellos, por los chicos y chicas que vienen acá y esperan tener un profe con una sonrisa esperándolos para tocar como siempre, por más que esté el día gris”, reflexiona Álvaro.

 

Y CASA lucha y sigue, a pesar de los recortes presupuestarios. Lograron tener una reunión con el GCBA y aún esperan una respuesta para ver de qué manera el Estado porteño puede asumir el compromiso necesario. Las organizaciones de la sociedad civil se ponen al hombro la tarea de ocupar ese lugar donde el Estado no está. “Nosotros ponemos todo el material, la luthería, los instrumentos, que es carísimo, nos encargamos de la dirección y la organización de los espacios. Más que un aporte del Estado es un aporte nuestro a la sociedad, un trabajo en equipo que es necesario”, comenta Mailen. Actualmente, la fuerte presencia de la campaña solidaria en redes sociales permitió que consiguieran nuevos suscriptores, pero aún necesitan apoyo. Aspiran a volver a ser lo que eran hacia la segunda mitad del año, si consiguen la cantidad necesaria de suscriptores y la inflación no es extremadamente violenta.

Hacia la una de la tarde la clase de orquesta llega a su fin y algunos padres que llegan a la escuela se asoman por la puerta. Los chicos guardan los instrumentos y saludan a los profesores. Será hasta el próximo sábado. “Toda la situación es muy compleja pero yo confío en la solidaridad de la gente, que va a entender la importancia del trabajo que hacemos”, dice Ubiedo Myskow mientras cierra la puerta del aula. Es la primera en llegar y la última en irse de la escuela, que ya es como su casa.

Crece el apagón informativo del Gobierno

Crece el apagón informativo del Gobierno

El Ejecutivo dio de baja a las páginas web y las redes sociales de los medios públicos. Ya no se puede acceder a su programación por vía digital ni tampoco a sus repositorios. Para argumentar la medida, utilizó una provocación más: dijo que se encuentran bajo un «proceso de reorganización», la misma expresión que empleaba la dictadura militar para autodefinirse.

El gobierno de Javier Milei sigue esmerilando a los medios públicos y violando la Ley 27.275 cuyo objeto es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Durante la mañana del martes 21 de mayo tanto los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, Televisión Pública y canales de contenidos públicos, Encuentro y Pakapaka, como la propia ciudadanía argentina, amanecieron con el apagón de las respectivas páginas web y redes sociales. La medida se suma a la suspensión del servicio de la Agencia de Nacional de Noticias Télam que ya se encuentra próxima a cumplir tres meses.

En un comunicado firmado por el interventor de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, Diego Martín Chaher, el gobierno nacional sigue con el despojo de los medios de comunicación públicos, en respaldo de su primordial objetivo: clausurarlos o que pasen a manos privadas. Así, se ordenó la suspensión de la transmisión y emisión en las redes sociales y páginas web de los medios públicos de cualquier tipo de contenido. Este comunicado fue enmarcado bajo el anuncio del inicio de un “proceso de reorganización” en las señales de televisión y radios del Estado, utilizaando las tres palabras con las cuales se auto definía la dictadura militar.

En ese sentido, la exgerenta de Contenidos Públicos Jessica Tritten dijo en su cuenta de X “Las señales educativas del Estado Nacional se encuentran emplazadas en la ex ESMA, actual Espacio para la Memoria y Derechos Humanos. Que la comunicación oficial diga que los medios públicos se encuentran en un ‘proceso de reorganización’ es una provocación, una más, inaceptable”.

El apagón digital de los medios públicos podría pensarse como una analogía contemporánea, en este contexto tecnológico, de la quema de libros durante la última dictadura cívico militar», señala Kejval.

Este silenciamiento de los canales digitales de la TV Pública, Radio Nacional, Canal Encuentro y Pakapaka generó rechazó y preocupación entre trabajadores y trabajadoras de los medios públicos.

En este sentido Martín Becerra, periodista, investigador y docente universitario, opinó que “lo del proceso de reorganización es una provocación por activar la denominación con la que se había atribuido durante la última dictadura. No sabemos en qué consiste dicho proceso. Si efectivamente el gobierno tiene algún tipo de planificación para reorganizar los medios estatales”.

Por su parte, Larisa Kejval, Directora de la Carrera de Comunicación de la UBA, también compartió su reflexión. “Esto es muy grave e implica una dificultad para toda la ciudadanía. No podemos acceder a producción informativa de estos medios ni a sus archivos pertenecientes al patrimonio público, producidos en otro momento histórico”. Y agregó que “el apagón digital de los medios públicos podría pensarse como una análogía contemporánea, en este contexto tecnológico, de la quema de libros durante la última dictadura cívico militar”.

Kejval destacó la importancia de concientizar en relación a los diversos niveles que la sociedad necesita desplegar en cuanto a la lucha y resistencia. «No es solo cuestión de resistir sobre lo que se nos impone como urgente e inmediato, es importante la dimensión cultural». A modo de reflexión se preguntó: “¿Qué pierde el pueblo argentino al perder los canales de expresión? Perdemos la posibilidad de construir relatos, amalgamado de conjunto de resistencia, y la posibilidad de construir proyectos a futuro”.

Christian Staufacher, delegado de CPSE (Contenidos Públicos Sociedad del Estado) contó que desde diciembre no tienen autoridades. “Hace una semana vino el asesor del interventor y se reunió con Pakapaka y Encuentro, y planteó que las redes iban a tener una nueva orientación, sin especificar. Ayer abruptamente salieron a pedir las claves y bajaron la página web y las redes sociales, sin explicar nada”.

Además agregó: “Nuestro objetivo principal es difundir esto por los medios de comunicación y fundamentalmente que no se apruebe la Ley Bases”.

Desde el CPSE están a la espera de una reunión para ver como se sigue. “Al estar bajo un gobierno cuya política es la destrucción del Estado, no podemos esperar algo bueno. No queremos hacer conjeturas hacía adelante, porque sabemos que se manejan muy en el día a día”, dijo Staufacher.

El diputado de Unión por la Patria, Pablo Carro, repudió el desmantelamiento de los medios de comunicación públicos y la privatización. De igual manera, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) los empleados y empleadas de los medios públicos difundieron un comunicado denunciando un Plan de “desmantelamiento” realizado por el Gobierno nacional.

Los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública hicieron una asamblea que culminó con una marcha por los pasillos del histórico edificio de Figueroa Alcorta, con aplausos y cantando “la patria no se vende”.