“Acá están nuestras placentas, no elegimos el territorio por turismo”

“Acá están nuestras placentas, no elegimos el territorio por turismo”

En el segundo día del juicio que investiga a siete mujeres mapuche acusadas de tomar terrenos en Villa Mascardi, declaró la machi de la comunidad. El lunes serán los alegatos.

En la segunda jornada del juicio contra mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, acusadas de usurpar un predio de alrededor de siete hectáreas en Villa Mascardi, a unos 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, en la sede del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional. El juez Hugo Greca resolvió no permitir declarar a la machi Betiana Colhuan como testigo. Sin embargo, los abogados pidieron que lo hiciera bajo la figura del amicus curiae y así pudo ser escuchada su palabra. Habló sobre la importancia espiritual del cuidado del rewe que se encuentra en Villa Mascardi. “No elegimos el lugar por un negocio inmobiliario o turístico sino porque toda la vida estuvimos vinculados con ese territorio, y hoy ahí están las placentas de los hijos que parí”, declaró.

Este juicio corresponde con los sucesos ocurridos en noviembre de 2017, el desalojo policial de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por supuesta usurpación en terrenos en Villa Mascardi, San Carlos de Bariloche, a partir de la denuncia de Parques Nacionales. A pesar que durante el gobierno  de Alberto Fernández se había llegado a un acuerdo entre las partes en el que se determinó el compromiso del Estado a reconocer el rewe, lugar en el que se realizan tareas espirituales y de sanación, como sitio sagrado para esta comunidad, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

En la causa están imputados Yéssica Fernanda Bonnefoi, Johana Colhuan, Gonzalo Coña, Luciana Martha Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas y Mayra Aylén Tapia. Mientras que la machi, Betiana Colhuan, fue sobreseída en el primer día del juicio por ser menor de edad en el momento de los hechos. Uno de los primeros temas que se abordó en la jornada fue el testimonio de Colhuan. Contrario a lo que pedía la querella, el juez decidió llevar este debate de forma abierta, para que pueda ser atendido públicamente.

La defensa de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina pidió que se incorporase a Colhuan como testigo de la causa, permitiendo que la misma declarase bajo juramento y detallase los eventos ocurridos el 23 de noviembre de 2017, cuando las fuerzas policiales llevaron a cabo un gran dispositivo de desalojo en el lugar en el que se encontraba viviendo la comunidad. Para la defensa, este testimonio era esencial para la construcción de su alegato, entendiendo que era fundamental contar con los relatos de Colhuan.

La machi es la guía y sanadora del pueblo mapuche, ella se encarga de las cuestiones del espíritu de los miembros de su comunidad, además de, como es el caso particular de Colhuan, la salud de los mismos.

En tanto, la parte querellante alegó que la incorporación como testigo de Colhuan no resultaría conducente por haber sido sobreseída el día anterior por ser menor de edad durante el momento de los hechos, y por no haber sido ofrecida en tal carácter al momento de la citación al juicio.

La Fiscalía estuvo de acuerdo con el alegato de la defensa, entendiendo de todas formas los riesgos que puede implicar el testimonio bajo juramento de Colhuan al haber sido sobreseída, al implicársele todas las generalesl de la ley y por ser una de las imputadas su madre. A pesar de que entendían lo fino del límite y el extremo cuidado que se debía tener con un eventual testimonio de la machi, la Fiscalía decidió no oponerse al mismo.

A pesar de ello, el juez finalmente tomó la decisión de no permitir a Betiana Colhuan prestar testimonial bajo juramento. Pero sí determinó que la misma iba a presentarse al final de la jornada en calidad de amicus curiae, para poder explicar la cosmovisión mapuche, el rol que cumple una machi y el significado espiritual de un rewe.

Durante esta segunda jornada de juicio, declararon  nueve testigos en total, entre ellos algunos empleados del parque, efectivos policiales, y algunos miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina que participaron del operativo en el cual falleció Rafael Nahuel.

El relato de la machi

Betiana Colhuan hizo un emocionado relato sobre la cosmovisión mapuche. Comenzó contando en qué consiste su rol, que le fue designado por una anterior machi, Teresa Painequeo, antes de que ella naciese, y se describió como la guía espiritual de su pueblo. Ella se formó durante muchos años para poder ejercer una labor que le fue asignada, para cumplir un rol sagrado que en los últimos años “se había terminado de este lado (de la cordillera de los Andes), los machis ceremoniales fueron encarcelados y asesinados”. Ella también debe llevar a cabo las cuestiones de la salud física y espiritual de su pueblo, y contó que también se formó para ello atendiendo a la “medicina occidental” y tomando algunas prácticas convencionales para ayudar a sus compañeros. Además, explicó que en esta comunidad en particular hubo un proceso de fortalecimiento espiritual y el levantamiento de un rewe de una machi que llegó a orillas del Lago Mascardi, una ceremonia que se realizó antes incluso de que ella naciera.

 El rewe es una especie de altar sagrado en el cual cada comunidad mapuche genera un vínculo con la tierra y con sus antepasados, un lugar de suma importancia cultural. Al haber sido edificado en ese contexto, el rewe de esta comunidad en particular, también tiene propiedades de sanación, “es un lugar donde se vincula la salud de las personas”, declaró Colhuan.

Acerca del territorio de Villa Mascardi, contó que su abuelo ya había sido cuidador allí, y que se encargó de cumplir ese rol durante toda su vida. ”No somos dueño del territorio, no pretendemos serlo, esos son títulos de un Estado, nosotros lo que buscamos es tener un vínculo con esa tierra y cuidar ese espacio, protegerlo”. A su vez también comentó que su pueblo, si bien ya no está en esos terrenos, sigue teniendo el vínculo con ese espacio, estrechamente vinculado con su espiritualidad. Para la machi, “perder ese lugar es perder mi vida, si dejo ese rol voy a morirme, es mi ser, mi existencia”, y por esa razón ella sigue visitando recurrentemente ese espacio. Y por ese motivo es que también dijo que su comunidad estaba dispuesta a ceder muchas cosas, que no querían ser dueños de un título de propiedad, y que simplemente lo que querían era poder tener acceso a ese lugar.

Finalmente, y ante el apuro del juez para que haga su testimonio en sólo veinte minutos, Colhuan cerró con un emotivo relato sobre lo que ha vivido ella y su pueblo: “Una quiere ser fuerte, pero yo soy de carne y hueso, he sufrido mucha violencia por parte de la sociedad, he estado encarcelada, he estado expuesta a un montón de cosas, y voy a seguir siendo mapuche hasta el día que me muera”.

Decisiones políticas

Otra de las declaraciones más importantes de esta jornada fue la que prestó la guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi, Marcia Lorena Urbinati. Ella fue la primera agente en presentarse tras el acto de recuperación de terrenos por parte de la comunidad, que se dio lugar el 14 de noviembre de 2017.

Urbinati, en un extenso relato que duró más de una hora, declaró que fue señalada por el entonces intendente  del parque Damián Mujica para que se acerque al lugar en el que, como le había avisado el cuidador de un hotel de la zona, había un grupo de personas generando ciertos disturbios.

“Me dijeron que estaban recuperando una tierra, que no se iban a ir y que estaban por llegar cientos de ellos”, comentó la guardaparques, y relató que fue acompañada del brigadista Oscar Montenegro y escoltada por un móvil policial que se quedó sobre la ruta, fuera del campo de visión del grupo para evitar cualquier tipo de conflicto. Ambos, Montenegro y el oficial que se hizo presente ese día, también declararon en la misma jornada.

Urbinati narró que en la zona encontró a un grupo de personas completamente tapados y encapuchados, con las manos en los bolsillos, y acompañados de un grupo de niños, que se alinearon en frente de ella y su compañero para recriminarles su presencia. “Me trataron de huinca genocida (término despectivo para personas que no son de la comunidad), y a él le gritaban traidor porque pertenece a otra comunidad”, señaló. Montenegro, como él mismo aclaró más tarde, es miembro de la comunidad wiritray, que tiene su territorio en cercanías de la Lafken Winkul Mapu.

Ella declaró que “mi intención era dejar que dijeran todo lo que tenían que decir y escuchar qué era lo que pretendían, para ver cómo actuar”, pero al ver que la situación empezaba a ser cada vez más violenta, tomó la decisión de retirarse del lugar sin entablar diálogo con el grupo.

A partir de ese suceso, según narró Urbinati, la situación se fue volviendo cada vez más compleja, y “cambió la realidad del lugar”. Narró otros hechos de violencia sufridos, y dijo que ella en lo posible trataba de evitar pasar por ese espacio si no era necesario, pero que recurrentemente tenía que hacerlo porque en esa zona se abastecían de combustible, había lugares de uso público como campamentos educativos y también vivían otros vecinos. También comentó que se vio obligada a retirar todo el ploteo de los vehículos oficiales y a no utilizar su uniforme “para no ser identificada”.

“Mi impresión es que estaba el lugar tomado”, comentó también Urbinati, explicando que en ocasiones la agrupación hacía uso de la ruta, que a veces la deshabilitaban, y que incluso cortaban el suministro de energía. Sobre este último hecho, sin embargo, fue consultado un empleado de la Cooperativa de Electricidad Bariloche, que fue el encargado de ir al lugar a solucionar uno de los tantos problemas eléctricos que se narraron, y si bien declaró que no lo dejaron pasar con todo el equipo que había llevado ni con las otras tres personas que lo acompañaban, pudo acercarse y determinar que había un cable cortado. Cuando se le consultó si sabía que había provocado el corte, declaró simplemente que podía haberse debido a árboles o ramas que caen sobre las líneas con frecuencia.

Por su parte, Montenegro también declaró, y comentó que si bien no forma parte de muchas de las costumbres de su pueblo porque se alejó de la mayoría de ellas, fue instruido por su comunidad para ser parte querellante de la causa por “decisiones políticas de las que no participo”. Aclaró también que, a diferencia de su ya fallecida hermana, él no es autoridad wiritray, y que ni siquiera puede hablar el idioma, sólo entender algunas frases.

El lunes 30 de septiembre será la tercera y última jornada, en la que se conocerán los alegatos finales, pero la sentencia del juez Hugo Greca podría ser emitida a posteriori y por Internet.

 

«Ya está todo cocinado»

«Ya está todo cocinado»

Comenzó el juicio contra cinco mujeres mapuches acusadas de intrución en Villa Mascardi, en 2017. Sus abogados descreen de la imparcialidad de los jueces.

Comenzó el juicio contra las y los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, acusados de usurpación por una denuncia de Parques Nacionales. La defensa a cargo de La Gremial de Abogados y Abogadas aseguró que “ya todo está absolutamente cocinado”. El lunes 30 se conocería la sentencia del juez que lleva adelante el proceso, Hugo Greca. En el inicio de las audiencias, el magistrado sobreseyó a una de las imputadas, la machi (sanadora) Betiana Colhuan, porque al momento de los hechos, en noviembre de 2017, era menor de edad.

El juicio comenzó casi sin presencia de público, por el pequeño espacio que destinaron a su desarrollo en el Escuadrón 34 de Gendarmería de Bariloche y con un fuerte operativo de seguridad conformado por decenas de uniformados en el edificio completamente vallado. 

El abogado Eduardo Soares le pidió al juez “que levante todo ese show”, y que el juicio se lleve adelante con la publicidad que corresponde. “Creemos que ni los defensores, ni nuestros defendidos justifican semejante nivel de arbitrariedad, de hacer este debate en un cuartel armado hasta los dientes, como hemos visto hasta acá. ¿Tanto temor nos tienen?”, preguntó. Desde la defensa que él integra afirman que “ya todo está absolutamente cocinado porque la sentencia ya está escrita», en alusión a un posible fallo condenatorio. 

Luciana Martha Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia y Betiana Colhuan son acusadas de haber usurpado los predios de la zona de Villa Mascardi desde el 10 de noviembre hasta el 23 del mismo mes, cuando fueron desalojadas por oficiales de la Policía Federal Argentina. Dos días después, la Prefectura realizó un procedimiento en el mismo lugar y encontró a un grupo que se había mantenido oculto en la montaña. De un lado hubo piedras y del otro más de cien disparos con balas de plomo. El año pasado, cinco de esos prefectos fueron condenados por asesinar ese día por la espalda a Rafael Nahuel, también miembro de la comunidad Lafken Winkul Mapu. 

En 2022, las fuerzas de seguridad volvieron a desalojar violentamente a la comunidad mapuche de Villa Mascardi, en un operativo del Comando Conjunto creado a tal efecto. Las mujeres sufrieron golpes y vejámenes, al punto que una de ellas –la ahora imputada Romina Rosas– dio a luz a su hijo bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En 2023, el Estado Nacional llegó a un acuerdo que posteriormente fue homologado por el juez federal de la causa, Hugo Greca. El Estado se comprometía a “reconocer el rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche”. Allí la machi Betiana podría ejercer sus tareas espirituales y medicinales. Además se construirían tres rucas (casas). Una para los pacientes y elementos medicinales, otra para sus colaboradores y una última para ella y su familia. A través del acuerdo, el resto de la comunidad sería relocalizada, para lo cual Parques Nacionales había accedido a ceder siete hectáreas, más otras diez en el lago Guillelmo. Pero con la llegada de Javier Milei y Patricia Bullrich, el acuerdo fue desconocido por Parques Nacionales y los tiempos del juicio se aceleraron para que el caso no prescriba. En agosto de este año, la Cámara Federal de Casación Penal aceptó los recursos presentados por la Fiscalía y la Asociación Vecinal Lago Mascardi.

La primera en hacer uso de la palabra fue la titular de la Defensoría Federal de Menores Roxana Fariña, que estaba presente porque al momento del desalojo, en el año 2017, Betiana Colhuan tenía 16 años. Por eso, Fariña pidió que se la desvincule de la causa. Por su parte, el fiscal Rafael Vehils Ruiz esgrimió que el caso de la machi debía ser analizado de forma transversal, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las normativas internacionales. “Betiana era una niña de 16 años que se encontraba en el predio junto a su familia -integrante de una comunidad originaria del pueblo mapuche- al día de realizarse el allanamiento. ¿Cuál es el hecho doloso que se le enrostra a una niña que estaba con su familia?”, dijo el fiscal. Y el juez Greca la sobreseyó del delito de usurpación. 

Luego, el juez llamó a declarar a quienes se presentaron como testigos civiles del operativo policial de desalojo. El primero, Elias Anibal Vicente Relmo, dijo que a su parecer el procedimiento fue “normal”. La querella leyó su declaración escrita, donde se establecía que Relmo declaró que desde la ruta pudo observar y escuchar que había personas arrojando piedras contra los funcionarios policiales. Cuando la querella le pidió al testigo si podría referirse a ello, este contestó que “era muy de noche, estaba muy oscuro y lo único que se escuchaba eran piedras y escopetazos”.

Mujeres y niños

El segundo testigo presentado por la querella y la fiscalía fue Ezequiel Nicolas Castillo, quien recordó que al subir al predio había humo y se escuchaban detonaciones. “Fueron muchas, 50 capaz”, dijo el testigo, quien no supo definir de dónde provenían. Cuando se le preguntó sobre el humo, Castillo dijo: “No sabría decirte si era humo de una fogata o el que tira la policía”. El testigo también declaró haber visto como una de las detenidas rasguñaba a un policía. La defensa le hizo notar la contradicción, ya que hacía pocos minutos Castillo había declarado que las mujeres detenidas estaban precintadas. “Es que en realidad las mujeres que estaban con criaturas no estaban precintadas, una de esas mujeres fue la que rasguño al efectivo policial”, aclaró. 

A partir de esta declaración surge otra contradicción, en base al testimonio de Matías Samuel Navarro, cabo primero de la Policía Federal. El oficial relató una situación en la que una mujer “utilizó a su bebé de escudo”, para referirse a una madre que estaba muy nerviosa y no quería soltar a su hijo. “Yo colaboré sosteniendo el bebé, le expliqué que lo tenía que dejar para que se haga la detención y después de detenida se le entregó”, explicó el cabo. Al ser interrogado acerca de a qué se refería con “hacer la detención”, el cabo dijo: “Ponerle las esposas”. La defensa le consultó si luego de esposada a la mujer se le entregó el bebé, a lo que Navarro contestó que sí. 

En las declaraciones de los testigos que estaban al momento de los hechos en su carácter de policías, declararon no haber tenido conocimiento previo de que iba a haber niños en el lugar. A Rocío Ievscek, agente de la Policía Federal, la defensa le preguntó sobre la ejecución de algún tipo de protocolo especial para los momentos en que se debe lidiar con niños: “Si hay un protocolo desconozco, la verdad es que tratamos a los niños como niños y a las mujeres como corresponde. Claramente con los cuidados que uno como persona sabe que tiene que tener con mujeres, con niños y cualquier persona con una incapacidad inclusive, desconozco si hay un protocolo específico”, respondió. Al contestar respecto de si utilizaron herramientas disuasivas, la oficial dijo: “A mi no me llegaron los gases, si es que hubieron, pero son herramientas que se suelen utilizar, no me sorprendería tampoco”. Y aclaró que se utilizan para repeler algún tipo de agresión y no cuando el conflicto ya está cesado. “¿Recuerda si se le hizo algún tipo de advertencia a las personas que estaban allí?”, preguntó la defensa, a lo que Ievscek no supo contestar porque no recordaba.

Al siguiente testigo, Gonzalo Ariel Rosale -oficial de brigada de la Delegación Bariloche- se le consultó respecto de quién había realizado la intimación previa al desalojo. “¿Intiman a la persona a desalojar el lugar o directamente entran y la sacan? ¿Cómo funciona?”, preguntó el abogado de la defensa. “Depende el caso. Este día fue directamente el allanamiento, no hubo intimidación, no hubo palabra previa al allanamiento, se ejecutó directamente”, declaró Rosale. El oficial también relató el plan de entrada escalonada que las fuerzas de seguridad habían preparado para esa madrugada, pero el mismo no pudo ser llevado a cabo ya que comenzaron a oír los cánticos de la comunidad mapuche que estaba allí. “Esto conlleva a que la ejecución del operativo se acelere. Yo lo que logré percibir eran muchos cánticos. Mientras se iba llevando adelante el operativo iban descendiendo policías federales lesionados, lo que da a entender que había una resistencia bastante notoria”, recordó Rosale. En ese sentido, Navarro había remarcado que los miembros de la comunidad mapuche “nos tiraron de todo”. Ninguno de los policías reparó en que la resistencia se debió a su entrada abrupta en un territorio que para la comunidad es sagrado. 

Luego declaró Eduardo Marcelo Soldatti Lobianco, parte del Cuerpo de Policía Montada. “Fue la primera vez que desempeñé ese tipo de actividades porque nunca había ido al Sur a ejercer ese tipo de cuestiones”, dijo. El testigo puso en evidencia el desconocimiento cultural y territorial que poseían estas fuerzas al momento del operativo.

 Arnaldo Daniel Neira, Director General de Orden Urbano, estaba a cargo del personal para producir el desalojo. Se le interrogó si en la orden judicial que recibió había alguna referencia expresa a la posible asistencia de menores en el lugar. Neira dijo que no recordaba, pero que “de cualquier manera se fue preparado para eso porque había personal femenino dentro de las mismas columnas de ascenso”. Esta declaración llevó a una situación confusa en donde Neira daba a entender que personal femenino era lo mismo que personal especializado en niños, y dejó la duda de si finalmente sabían que habían niños en el territorio. Lo confuso de este testimonio fue que si Neira diagramó el operativo debería haber tenido conocimiento de que en ese lugar había niños o podrían haberlos. 

Luis Virgilio Sanchez, abogado por la defensa, preguntó si “es habitual que tres fuerzas unificadas conjuntas, tengan reuniones con fiscales y realicen un operativo así para enfrentar un asentamiento”. Neira respondió que “la conjunción de fuerzas tiene que ver con una orden del Ministerio de Seguridad de la Nación”, pero no supo explicar si es un accionar habitual o no. Quien ocupaba ese cargo, al igual que ahora, es Patricia Bullrich. 

Continuando con el orden de testigos, siguió Ramiro Araóz, quien en noviembre de 2017, estaba como jefe de guardaparque del Parque Nacional Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche. Araóz declaró que, bajo su conocimiento, la existencia de las comunidades mapuches es posterior a la creación del Parque Nacional, insinuando que era ilegítimo que estas reclamaran el territorio como propio. Dice: “El Parque se crea en 1936, y las comunidades surgieron creo que en 2003, no recuerdo de cuando es la ley”. Pero, en cambio, ve legítimas a las propiedades privadas existentes dentro del parque, las cuales reconoció que algunas fueron construidas cuando el parque ya existía. Todo esta declaración se vuelve mucho más emberejenada cuando el mismo Ramiro Araóz define que el Parque Nacional no tiene ningún fin económico o comercial, sino que su objetivo es preservar la flora y fauna autóctona de la zona para futuras generaciones. ¿Los niños de las comunidades mapuches no son futuras generaciones?

Con respecto al testimonio de Daniel Alberto Colliard, del cual no quedó claro que función o rol cumplía, generó disturbios dentro del juzgado por ser de carácter evasivo y dar respuestas que no llevan a ningún lado. Se lo acusó de ser un falso testimonio y fue desistido. 

Y el postre del juicio fue Damian Mujica, último en declarar, que en su momento fue intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi. Mujica fue quien hizo la denuncia contra la comunidad mapuche. Aclara que siempre se quedaron al margen de las mesas de diálogo que proponia el INAI, lo cual solo demuestra que no se respetó el reglamento interno que indica que el parque debe dialogar con la comunidad para llegar a un acuerdo. Y también afirmó que “el 25 es el día de una nueva intrusión, que es donde fallece Rafael Nahuel”. No basta para Mujica criminalizar la recuperación ancestral, por parte del pueblo mapuche, si no que tampoco reconoce que a Rafael Nahuel lo asesinaron.

 

El 27 de septiembre continuará la segunda audiencia y para el lunes 30 de septiembre se tiene previsto que el Juez dicte la sentencia.

El genocida al desnudo

El genocida al desnudo

En la tercera audiencia en la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, el represor Vázquez Sarmiento orinó en público mientras los testigos describían su crímenes. Para la querella, es una actuación para simular insanía.

El represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento en la primera audiencia del Juicio. 

El martes 24 de septiembre la sala de Juicios Complejos de San Martín fue el escenario de la tercera audiencia del juicio que aborda los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de la Zona Oeste de la provincia de Buenos Aires en manos de la Fuerza Aérea, durante la última dictadura militar: Mansión Seré, RIBA (Regional de Inteligencia de Buenos Aires) y otros centros clandestinos de detención. La megacausa tiene como imputados a los represores Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Ernesto Rafael Lynch, Juan José Zyska, Juan Carlos Herrera y Julio César Leston, por crímenes cometidos contra 130 víctimas. El tribunal está integrado por las juezas María Claudia Morgese y Sivina Mayorga, y el juez Walter Antonio Venditti. En esta sesión en particular iniciaron los testimonios por los crímenes perpetrados en la comisaría primera y la VIII Brigada Aérea en la localidad de Moreno. En este marco, prestaron testimonio de forma pública Inés Freyre y Beatriz Medinilla, mientras que otro testigo decidió resguardar de la prensa su declaración.

Inés Freyre también había decidido testimoniar en privado, pero a último momento decidió cambiar de opinión, permitiendo la presencia del público y la prensa. Su padre, Rodolfo «Rolo» Freyre, reconocido médico de Moreno, fue secuestrado el 17 de septiembre de 1976, en la puerta de su hogar. La testigo comenzó describiendo su recuerdo del día del secuestro. En ese momento ella tenía tan solo 15 años y junto a su melliza eran las más grandes de siete hermanos. Aquella noche estaban en su casa cuando llegó Ángel, bioquímico de la clínica donde trabajaba su padre, a avisar que momentos antes habían secuestrado a Rubén Varela, amigo y también trabajador del mismo centro médico . “Salimos a la vereda con mi papá, vimos que venía hacia nosotros la luz de un auto y Ángel dice, ‘son esos, son esos’. Nos metemos en la casa. Yo agarré a mi papá del brazo y le decía que vayamos adentro. Yo entré. Desde la casa veo como cuatro tipos encapuchados bajan de un Falcon y lo agarran a papá. Lo golpearon y lo metieron en el auto, mientras él gritaba ‘Mirta, Mirta, me llevan’”, declaró Freyre sobre la noche del rapto de su padre.

Durante el tiempo en que su padre estuvo desaparecido, la familia Freyre intentó seguir “como si nada”, consejo que les había dado el psicólogo escolar. Pero “nos seguían autos, nos estaban persiguiendo todo el tiempo, en la calle y también pasaban autos por casa”. La acción vecinal fue clave en este momento: “Las personas del barrio empezaron a hacer guardias, se turnaban de noche y además nos ayudaban económicamente. Nosotros nunca estuvimos solos”. Una tarde, Marcelino López, oficial del Área de Inteligencia de la Fuerza Aérea, se presentó en su trabajo preguntando por ella y, después de hacerle unas preguntas, afirmó: “Tu papá va a volver”. Para la familia Freyre fue una cuota de esperanza porque “había mucha incertidumbre, no sabíamos nada”.

Ines Freyre recordó el día que volvió su padre: “El 26 de octubre mi hermana ve a alguien por la ventana y empieza a gritar “papá, papá”. Yo le dije ‘no, no es papá, es una persona de la calle’. Pero sí, era. Tenía la nariz lastimada, estaba descalzo, con un pantalón roto, era nuestro padre que volvió hecho pelota”. Con su padre finalmente en casa, otra etapa empezaba para la familia del conocido médico de Moreno. A causa del estrés postraumático, gritaba y lloraba a la noche en sueños. La testigo comentó que su padre hablaba de lo que había vivido, sobre todo de las torturas. “Él recordaba que en la cama de tortura los colgaban de las piernas para picanearlos en los genitales, pasaba hambre y tenía que tomar su propio pis. Incluso a las mujeres embarazadas les hacían eso”, compartió Freyre sobre los relatos de su padre. Las consecuencias que trajo en la familia fueron muy fuertes. “Fue una situación traumática, un antes y un después. Mucha inseguridad y miedo. El costo para mi viejo fue tremendo. Recién pudimos empezar a digerirlo más tarde. Pasaron 48 años, nos marcó y nos sigue marcando”, cerró Freyre finalizando con este intenso pero necesario testimonio.

“Ella me dijo que se sintió libre, que sintió que eso le iba a dar libertad”, sostuvo en diálogo con ANCCOM Martha Ibarra, presidenta de la organización Moreno por la Memoria, en referencia al caso de Ines Freyre, destacando la importancia de que haya decidido hacer público su testimonio: “De este modo todos conocemos la verdad, no solamente quienes están en el tribunal”, afirmó Ibarra. Pese a esto, analizó la situación de los testigos que deciden que su testimonio no se difunda: “No solamente es el contexto político, la inseguridad, el miedo que pueden sentir y la poca protección y contención por parte del Estado, sino que hay cuestiones más personales. -expresó Ibarra y amplió-. Hay casos de víctimas que tal vez no han hablado con su familia, que han pasado cosas muy jodidas y no están preparados para que sea público”, concluyó la presidenta.

Ibarra también analizó el rol de la organización Moreno por la Memoria como querellante en la causa y destacó el excelente equipo de abogados con quienes cuenta el organismo: “Hemos logrado que colaborara un grupo de abogados militantes, que se lo están tomando con mucho compromiso” y señaló los casos de Sergio Martín Gomez y Gaston Fraga, quienes se turnarán en las próximas sesiones del juicio.

Beatriz Medinilla fue la tercera y última testigo de la sesión. Con tan solo 19 años en ese entonces, fue víctima de un violento operativo de la Fuerza Aérea: «Estaba trabajando en el segundo piso de la relojería cuando escuché un ruido fuerte abajo», comenzó su relato. “Momentos después un soldado subió apuntándome con una escopeta y me obligó a levantar los brazos. Me llevaron al primer piso, donde vi a mi padre, y a Dardo Boglione, dueño de la relojería, junto a su novia. Me separaron y comenzaron a hostigarme, preguntándome dónde estaban las armas. Yo no sabía de qué hablaban», explicó con firmeza.

Beatriz relató que la esposaron y, después de un tiempo, los trasladaron a todos a otra relojería de la familia Boglione. En el otro local, los alinearon contra las vitrinas mientras interrogaban a los dueños. «Nos distribuyeron en diferentes camionetas. Hicimos un tramo y, al llegar a un descampado junto a la ruta, nos hicieron bajar. Me dijeron que me iban a matar si no revelaba dónde estaban las armas. Yo no tenía nada que ver con eso», recordó. Fue encapuchada y tirada en el piso de la camioneta. “En ese momento, me desesperé y pensé: ‘Estoy desaparecida'», recordó vívidamente Medinilla. Finalmente, después de horas de hostigamiento psicológico y de tenerlos privados de su libertad, los abandonaron en una zanja. Su testimonio, desgarrador y directo, refleja el horror y el miedo que vivió mientras estuvo secuestrada.

“Los juicios y los testimonios de quienes pudieron ver y escuchar permiten que se mantengan las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, que debería ser una política de Estado”, analizó Gómez, acerca de la importancia de la trascendencia de los juicios por lesa humanidad en este contexto actual. “La dictadura militar, la represión ilegal, las torturas, las muertes y la desaparición son temas sobre los que hay que volver todo el tiempo”, agregó el abogado. En la misma línea, sostuvo que no encuentra forma para explicar el horror de los crímenes perpetrados: “No hay forma de explicarlo, yo no lo puedo contar. He escuchado y leído testimonios. Puedo explicar la dictadura en términos abstractos. Pero si quisiera describir un hecho en concreto no puedo ponerle palabras”, enfatizó.

La performance de Vázquez Sarmiento

“Es un simulador nato”, expresó Gomez en relación al insólito comportamiento del imputado Vázquez Sarmiento. Durante el testimonio de Beatriz Medinilla, el imputado, que se encontraba presente de forma virtual a través de la aplicación zoom, mostró sus genitales y orinó en el medio de la sesión, en primer plano, a la vista de todos los presentes: “No es más que la misma historia, otro capítulo más de Vázquez Sarmiento”, alegó el abogado y recordó otros hechos que relacionó con este episodio. Este imputado está condenado por el crimen de la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, motivo por el cual se mantuvo prófugo de la justicia por más de 20 años, tiempo en el que falsificó su identidad para no ser encontrado. Es también uno de los genocidas que fue visitado por los diputados de La Libertad Avanza. En este sentido, el abogado analizó que se trata de su naturaleza: “El ensayo, la simulación y el cinismo”. Gómez hizo hincapié en el momento elegido por Vázquez Sarmiento para llevar a cabo su performance: en medio del revuelo que generó el testimonio de Medinilla cuando logró identificar de forma certera quién la secuestró: “Sin ningún tipo de duda, con total convicción, inmediatamente respondió que era la Octava Brigada Aérea”, afirmó el abogado querellante. Analizó que este testimonio, que alteró a la defensa, fue el motivo del accionar de Vázquez Sarmiento. Gómez puntualizó que es primordial y necesario marcar la clara intencionalidad del imputado de que lo perciban como a una persona fuera de sus cabales, para obtener algún tipo de beneficio.

“Hace mucho tiempo que Vázquez Sarmiento tiene una estrategia elusiva de la justicia” declaró en el mismo sentido Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo y querellante en la causa, en diálogo con ANCCOM. Villella señaló que el imputado viene presentando diferentes planteos para lograr que se lo desvincule del caso por incapacidad sobreviniente, es decir, que se determine que no está apto para afrontar o comprender el proceso judicial. Sin embargo, se le han hecho diferentes pericias físicas y psicológicas que revelaron que está perfectamente saludable para hacerlo. “Es probable que lo siga intentando, porque está claro que es un cobarde que no quiere hacerse responsable de todos los ilícitos que cometió”, declaró la abogada y puntualizó que el imputado tiene un desprecio subyacente y marcado por la acción judicial que lo está juzgando. Por otro lado, hizo hincapié en que se deberán extremar las medidas desde el tribunal para limitar el futuro accionar indebido de Vázquez Sarmiento.

La próxima audiencia, prevista para el 8 de octubre, se llevará a cabo de manera virtual, continuando la búsqueda de justicia para las 130 víctimas de los crímenes cometidos en centros clandestinos de detensión y tortura como Mansión Seré y RIBA, en un proceso que, según los querellantes, es clave para mantener vivas las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

“Cobramos por debajo de la canasta básica”

“Cobramos por debajo de la canasta básica”

Médicos residentes de hospitales públicos dependientes de Nación realizaron un paro de 48 horas y se movilizaron a la sede del Ministerio de Salud en reclamo de un aumento salarial. Tras meses de protestas y ante la indiferencia oficial, anticipan la continuación del plan de lucha.

La marcha y la medida de fuerza –del 25 al 26 de septiembre inclusive– fue convocada por una asamblea que concentra a todas las residencias que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. “Somos más de 15 hospitales con algunas otras instituciones. Incluso algunos hospitales que no están en Provincia de Buenos Aires ni en la Ciudad, sino en otras jurisdicciones”, explica Elián Salis, residente de clínica médica del Hospital Posadas. “Conformamos esta asamblea hace tiempo, no sólo con el aumento salarial como reclamo, sino también en defensa de la salud pública, en un contexto donde vemos que se está llevando adelante un ajuste considerable en recursos y, principalmente, en la cuestión salarial”.

A través de un comunicado, los médicos residentes del Garrahan expresaron su preocupación por la crisis en el sistema médico público e informaron su decisión de ir al paro y a la movilización. “Desde abril hemos advertido sobre esta situación y fuimos  adoptando medidas de fuerza de manera escalonada. A raíz de esas acciones y sucesivas negociaciones, se logró el compromiso de una recomposición salarial a través de un bono no remunerativo desde julio de 2024, con la promesa de incorporarlo al salario a partir de enero del próximo año. Sin embargo, a la fecha, dichas promesas no han sido efectivizadas y se ha interrumpido el diálogo con las autoridades, lo que nos obliga a retomar las medidas de fuerza”.

“Nos habían prometido un 35 por ciento de aumento entre junio y julio, que nos venían pateando, diciendo que requería de algunos trámites de aprobación. Íbamos a hacer el paro de 48 horas sin guardia, ahí fue cuando se pudo movilizar la última firma que nos faltaba para conseguir el aumento prometido”, señala Matías, residente del Garrahan. “Dos horas después de que nos comunicaron que la firma final ya estaba, terminaron dando el aumento de baja porque no estaban los fondos suficientes”.

“Hace un montón que cortaron el diálogo, cuando nosotros siempre estuvimos dispuestos. La última respuesta había sido esta promesa que nunca se hizo efectiva. Meses de espera, de paciencia. De creerles, básicamente”, dice Clara, residente del Garrahan. “Lo que queremos es que (Mario) Russo nos escuche para así poder conseguir lo que estamos pidiendo”, agregó, en referencia al Ministro de Salud de la Nación y de quien depende la decisión por el aumento salarial.

Los residentes movilizaron ayer a las 9.30 desde el Garrahan y recorrieron marchando el trayecto que separa al hospital de la sede del Ministerio. Llegaron escoltados por la policía y por agentes de tránsito de la ciudad y se concentraron en la base del edificio de Moreno y Lima.

Un cordón policial se formó entre los convocados y las puertas del Ministerio. Del otro lado de la calle aguardaban estacionados un carro hidrante y dos camionetas de la Federal. Los efectivos no permitieron cortar la Avenida 9 de Julio, por lo que los médicos recurrieron a otras maneras de llamar la atención, como la ocupación de la senda peatonal cuando el semáforo se teñía de rojo o el uso de carteles con consignas como “900 mil mínima, plata hay” o “Como mal, duermo mal, cobro mal”.

 “Este es el primer paro que tenemos sin guardia”, agrega Matías. “Eso repercutió un montón porque los residentes somos una pata muy importante en los hospitales. A pesar de eso, contamos con el apoyo de los médicos de planta del hospital.”

“Lo que tiene de particular el Garrahan es que también se están sumando médicos de planta al reclamo, es decir que hay otros profesionales que forman parte de la institución que se están plegando a defender al hospital frente al recorte y el ajuste”, señala Elián.

Juan Pedro, residente del Garrahan involucrado con el reclamo, explica la razón por la cual decidieron que el paro incluya a las guardias médicas: “La medida fue para visibilizar realmente la labor de los residentes”.

 

 “El contexto es de un deterioro sustantivo del poder adquisitivo. Si comparamos nuestros salarios con el de residencias de otras jurisdicciones, los nuestros son los peores pagos”, apunta Elián Salis. “Un residente de primer año a nivel nacional cobró el último mes $721.000 en un contexto donde el trabajo asciende a casi 12 horas diarias con guardias de 24 horas cinco o seis veces al mes. La diferencia es considerable si lo comparamos con un residente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, incluso a veces teniendo una menor carga horaria, estaba cobrando por arriba de los $950.000”.

“Hasta el momento seguimos cobrando por debajo de la canasta básica familiar”, denuncia Elián. “Si no hay respuesta, probablemente vayamos a una nueva medida de fuerza la semana que viene, en conjunto con otros sectores como los universitarios, los docentes de los colegios medios y otros trabajadores de la salud, para confluir en una gran manifestación en defensa de la salud y de la educación pública”.

Con orgullo contra el hambre

Con orgullo contra el hambre

La Asociación Mocha Celis, de la comunidad travesti trans, organizó un reparto de comida caliente a quien necesitara calmar el hambre. Los discriminados por odio dieron de comer a otros perseguidos, los abandonados por la política ecónomica del gobierno de Javier Milei.

La calle está en silencio a pesar de ser plena avenida en el barrio Balvanera. Es un domingo gris, ventoso, con probabilidades de lluvia, excusa perfecta para encerrarse en la casa y pasarlo con la misma ropa con la que se sale de la cama. Pero en la esquina de Jujuy y México, a metros del bachillerato Mocha Celis, de la comunidad travesti trans, entran a la plaza unos tacos rojos de la altura de un rascacielos, un shorcito que cubre lo necesario, tops de encaje sofisticados, escotes prominentes, maquillajes glamorosos y mucha coquetería. Pero de a poco también se animan a entrar tímidamente unas viseras, remeras de fútbol, pantalones desgastados, bolsas de tela vieja y zapatillas agujereadas. Detrás de ellos, unos fuentones calientes y llenos de fideos mostachol con salsa boloñesa y queso. En la plaza Velazco Ibarra, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Línea Histórica (COMOLH) se prepara para recibir a quien quiera acercarse a la primera olla popular que realiza, “contra el hambre y el odio”.

La convocatoria es alta, son más de 50 banderas superpuestas en la reja de la plaza, todas de las organizaciones y asociaciones civiles que se agrupan bajo el Frente Orgullo y Lucha. La mesa del domingo necesitó metamorfosearse a banco de plaza, maceta, mantita sobre el suelo, todo lo que sirviera de asiento. “Hay ganas de recuperar la fiesta y ganas de participar y de construir ese mundo en el que queremos vivir”, exclama Francisco Quiñones Cuartas, director de la Mocha.

En esta ocasión inaugural, la Mocha se puso al hombro la preparación de unos diez kilos de fideos, una cantidad equitativa de salsa, bowls de queso rallado que parecían imitaciones a escala del planetario y hasta un ollón de arroz con leche de postre. Su cocina trabajó un día entero, porque también guardaron en el freezer dos eventos próximos más: uno de pastel de papa y otro de empanadas. El activismo no se sacia con una sola comida. 

—Sofi, ¿te ponés dos paquetes de fideos más? Hay gente que quiere repetir.

En la sobremesa, ahora con todas las panzas satisfechas, el tema de debate es la convocatoria al próximo 2 de noviembre, la 33° marcha del Orgullo. Esta vez, su consigna será “El orgullo no se vende, se visibiliza y se defiende”. Las políticas del gobierno de La Libertad Avanza son un ataque directo a la comunidad, como el cierre del INADI, la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública, el desfinanciamiento de programas de acompañamiento, y todo un caldo de cultivo basado en “la lucha cultural” que bienrecibe a la violencia, discriminación e invisibilización de la comunidad LGBTIQ+. En esta cuenta neoliberal, al odio se le suma el hambre.

Pero el zarpazo del león no es más que una historia que se repite para muchas de las personas aquí sentadas. Para Virginia Silveira, la nueva directora de la Asociación Mocha Celis, egresada de su bachillerato, no hay tiempo para debates twitteros cuando la compañera de al lado no llega a fin de mes, o si otra no recibe sus medicamentos y una jubilación suficiente para tener una vejez digna (a pesar de que la expectativa de vida siga siendo entre los 35 y 40 años), o si una persona no tiene otro hogar más que la calle. 

Por eso, esta olla no es solo un discurso político combativo, es una idea materializada, un almuerzo de domingo con una familia que te sienta en su mesa sin conocerte, porque entiende que la mejor herramienta son los lazos tejidos a través del amor y el afecto. Solo el arroz con leche del fin de la jornada es tan dulce como esta red.

 

“Un espejo siniestro de aquella época que se refleja en la actual”

“Un espejo siniestro de aquella época que se refleja en la actual”

Una textil recuperada, Overlock, que recrea el clima e historia de otra, Brukman, manejada por sus trabajadores desde la debacle de 2001: de eso trata esta obra de teatro independiente dirigida por Verónica Schneck, una pieza conmovedora, entretenida y altamente política.

La obra Overlock, escrita y dirigida por Verónica Schneck, cuenta la historia de la fábrica de textiles Brukman, una empresa abandonada por sus dueños y recuperada por sus trabajadores en plena crisis del 2001, en el barrio porteño de Balvanera. Al caer la noche, siete actrices y dos actores interpretan al plantel que decidió quedarse en la fábrica; nueve voces que intentarán mantener funcionando las máquinas bajo la inminente amenaza de desalojo, siempre con el retumbar de la ausencia del patrón.

“Me parecía muy interesante la situación de que el dueño se haya ido —dice la directora en diálogo con ANCCOM—. El lugar del poder quedaba como un espacio vacío, y seguía repercutiendo. Entonces se me apareció la idea de un fantasma, y a eso lo asociaba al capitalismo: al fantasma del capitalismo”.

Ese fantasma estará presente en el medio de todas las conversaciones, mientras los personajes discuten, se exasperan, hablan el uno por encima del otro mientras alguien gesticula por detrás, evocando ese caos tan propio de una asamblea o de una jornada de trabajo, en un escenario salpicado de trajes, gajos de telas, maniquíes y máquinas textiles. “Me gusta lo coral, porque me gusta trabajar en términos de ritmo —sigue Verónica, que después concluirá—: Que sea como un caos ordenado. Y para que ese caos fluya, tiene que haber mucho orden”.

Schneck, con un bebé en brazos, cuenta cómo ese caos se fue ordenando en la obra: era un proyecto de doce personas como trabajo final para su graduación en la UNA; a ese primer elenco, del que hoy quedan tres integrantes, se sumaron seis actores y actrices con quienes ella quería trabajar. Lo que faltaba no era talento, sino dinero. “Todo lo que ves en el escenario lo conseguimos: tías, tíos, familiares, todas las máquinas fueron donadas; las mesas son de la UNA; los retazos de telas fuimos a conseguirlos al Once”, dice la directora, que se nota frustrada por la situación actual: “El teatro independiente siempre es difícil —comenta—. Estoy todo el tiempo así: si es momento de ensayar o es momento de hacer función, si no es mucho el reme que hay que hacer en un momento tan difícil, donde hay que estar buscando gente que pague una entrada en tiempos donde no se llega a fin de mes. Bueno, eso de que la plata no alcanza lo dice la obra también, y ahora es lo que nos sucede: la plata no alcanza”.

El 2001, en Textiles Brukman, la plata tampoco alcanzaba. Las trabajadoras decidieron quedarse porque no podían pagar ni el colectivo; el dueño, Jacobo Brukman, les había tirado las llaves sin pagarles los sueldos, a ver qué podían hacer. Lo que hicieron fue tomar la fábrica, ponerla en marcha y resistir los intentos de desalojo con Myriam Bregman como abogada, con el apoyo de otras fábricas recuperadas cortando la calle, mientras por fuera se sucedían los presidentes, cerraban los bancos, gaseaban y apaleaban a obreros, jubilados y estudiantes. Una historia que, dice Schneck, remite mucho a este presente: “Es un poco un espejo, un espejo siniestro, de aquella época que se refleja en la actual”.

Pero Overlock es de todo menos lóbrega. Un momento tan simple como compartir una pizza se siente como un faro de calidez humana; un súbito corte de luz hace saltar al elenco y a la audiencia. Después, los discursos proféticos, llenos de épica: ‘¡Es mejor sin patrón!’, ‘¡La lucha hilvana un mundo mejor, compañeros!’, ‘¡Estatización ya!’… Es una obra directa, altamente política, pero sobre todo atrapante, conmovedora y entretenida.

Los personajes tienen voces únicas, son personas de carne: Eva, la secretaria, peleando contra el fantasma de su amante y patrón; Marcelo, el renegado, con su cinismo y sus solos de guitarra; una obrera inmigrante rusa contrasta el humor con la nostalgia soviética; Jazmín, la empleada nueva, con su cuello ortopédico; Rita, embarazada, de palabra más fuerte y decidida; y así con los nueve, todos en juego, repartidos en focos sobre el escenario, mezclados en diálogos que trasuntan cotidianidad, mundanos en el mejor sentido de la palabra. Cada uno con su jerga, su momento y su tarea: los actores parecen estar pasándolo bien. 

“Yo no creo que esté bueno en una obra independiente que alguien actúe muy poco —dice la directora—. Todos tienen que tener su volumen, su brillo. La obra tiene que enamorarlos, porque no hay dinero, entonces tiene que ser por otra cosa.”

¿Y cuál sería esa otra cosa?

El amor —su bebé llora—. Nada más. Nada más y todo eso.

Overlock será presentada en el teatro Becket (Guardia Vieja 3556) por otras siete funciones, todos los viernes a las 22:30. Las entradas están disponibles en Alternativa Teatral.