Más afuera que en la calle

Más afuera que en la calle

Jun 4, 2025 | Comunidad, Destacado 3

El gobierno nacional publicó un decreto en el que anuncia que dejará de asistir a las personas sin techo. Toda la responsabilidad queda ahora en manos de provincias y municipios.

La motosierra de derechos de Javier Milei y su equipo de gestión arrasó con un punto clave en una Argentina con hambre: mediante el Decreto 373/2025, con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello;  el Ejecutivo nacional restringió sus funciones a “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”. La autoridad de aplicación de la ley pasará a ser la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Capital Humano.

El decreto también modifica las políticas relativas al acceso a una vivienda digna. Mientras que la ley de 2021 establecía que el Estado nacional debía encargarse de garantizar ese derecho, ahora será labor de cada provincia: «Las jurisdicciones locales, en coordinación con la autoridad de aplicación, deben elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, inclusivas e integrales, tendientes a crear las condiciones para el goce efectivo del derecho de acceso a una vivienda digna para las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle”, dice el documento.

“El viejo estigma de las organizaciones sociales (supuestamente corruptas) es el principal argumento de los libertarios para la descentralización de esta responsabilidad estatal”. De esto habla Horacio Ávila, de Proyecto 7, una asociación civil para el abordaje integral, multidisciplinario y colectivo de las problemáticas de las personas en riesgo y situación de calle: “Pone como excusa que las organizaciones se quedan la plata y no cumplen el objetivo, que somos las que más laburamos en esto. Un Estado ausente que hoy se hizo a un lado y le sacó el espíritu a esta ley que costó casi 13 años aprobar”.

Reflexionando sobre lo que implica las modificaciones realizadas, Ávila expresa con tristeza: “De un plumazo nos ponen de nuevo en un lugar donde prácticamente no van a existir políticas públicas sobre la problemática de la situación de calle, la cual está siendo producida, irónicamente, por este mismo gobierno. Entonces, encima de que la generan, obstaculizan la ayuda. Es más de lo mismo que viene pasando con las personas con discapacidad, los jubilados, la cultura y todo lo que tenga que ver con derechos humanos y cuestiones populares”.

La noticia fue como un balde de agua fría. “Veníamos abocados a la organización del Tercer Censo Popular, que lo hacemos a mediados de junio, en CABA. Teníamos la cabeza y la energía puesta en eso, pero el Decreto nos sorprendió a todos”, confesó Ávila.

Ávila comenta que aún no está definido qué se hará al respecto. “Desde lo judicial, pensamos presentar un amparo, y obviamente movilizarnos para reclamar. Por el momento estamos hablando con compañeros, organismos de Derechos Humanos, diputados para encontrar la forma de solucionar esto”.

Los cambios en el sistema de asistencia se oficializaron este lunes a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 373/2025, que modifica la Ley Nº 27.654 de 2021, aunque ya habían sido anticipados por el Ministerio de Capital Humano el viernes pasado, a través de una publicación en redes sociales.

 «De noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%” de las personas en situación de calle. Además, entre el año 2017 y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%», subraya Marino.

Catalina Marino, coordinadora del Programa de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que promueve el acceso igualitario a la vivienda y al hábitat, y trabaja para revertir la segregación socio-urbana y garantizar el ejercicio efectivo e integral de derechos en el espacio urbano, se comunicó con ANCCOM para profundizar la perspectiva de las personas que día a día trabajan por los que menos tienen. “Junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público de la Defensa de CABA, desde ACIJ elaboramos el documento “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, con el objetivo de poder aportar un análisis más sofisticado de lo que es la situación de calle actualmente en la Ciudad. A pesar de que los números que presentan las organizaciones comunitarias que trabajan con el tema no son los mismos que los que presenta el Gobierno de la Ciudad, se ve claramente, y en esto hay un consenso, que es un fenómeno en aumento: de noviembre 2023 a noviembre 2024 se ha registrado un incremento del 23,22%”. Además, entre el año 2017 (en que se tuvo disponible el primer registro) y el año 2024, la suba es incluso más devastadora: de un 152%.

Marino cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires se tiene un enfoque bifronte, explicado en la primera página del informe: “Frente al agravamiento de la problemática, la estrategia de la nueva gestión del GCBA tiene un abordaje bifronte caracterizado, por un lado, por una política de fuerte tinte punitivo y estigmatizante, ilustrada por el paradigma oficial de “orden y limpieza”, que incluye la remoción de personas en situación de calle del espacio público, detenciones, y violencia institucional; y, en paralelo, un aumento presupuestario para dispositivos destinados a brindar alojamiento transitorio y una mejor segmentación de sus prestaciones, que aun así no logran trascender la fragmentación del abordaje y la cronificación de las intervenciones de emergencia”.

“Por cómo se ha manejado el presupuesto y los avances que se han dado (como el aumento de Centros de Integración Social, los cambios en la red de atención y la suma de dispositivos móviles), evidentemente en la Ciudad es una prioridad de la gestión, pero aun falta una política integral. Las medidas terminan siendo positivas pero insuficientes”, agrega la coordinadora, haciendo referencia a otro punto importante que también se menciona en el documento del que formó parte: “El abordaje actual, por su propio diseño, dista de proveer condiciones de alojamiento definitivo, que redunda en la cronificación de la situación de emergencia y de una respuesta estatal que se pensó transitoria. Esta falta de integralidad en el abordaje se explica fundamentalmente por una ausencia total de políticas de acceso a la vivienda adecuada en la ciudad, que no ha previsto programas para la provisión progresiva de soluciones habitacionales definitivas para la población general, ni ha evaluado programas de producción alternativos a través de cooperativas, alquiler social, o movilización de viviendas ociosas”.

¿Pueden todos los municipios y provincias hacerse cargo de una problemática que la ciudad más rica del país todavía tiene irresuelta? , consulta ANCCOM a Marino: “La Ciudad cuenta con dispositivos que no se encuentran en otros municipios o provincias, y, al no haber una política integral de abordaje a nivel nacional, seguro sea bastante difícil para el resto hacerle frente. El nivel de alcance de ciertos dispositivos no existe en todas las jurisdicciones”.

Con este decreto el Gobierno nacional se opone a la normativa que el mismo Estado se comprometió a cumplir. Es una situación que no debería perderse de vista, ya que llama la atención incluso a nivel internacional: el Relator sobre una Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, y el Relator Especial sobre la Pobreza Extrema, Olivier De Schutter, de Naciones Unidas, enviaron una comunicación al Gobierno argentino donde expresan su “grave preocupación” por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal. Afirman además que “sugieren un patrón de criminalización” de estas personas, en lugar de abordar sus “problemas socioeconómicos sistémicos proporcionando acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo y vías para que los vendedores realicen la transición al mercado laboral formal”.

Le siguen echando nafta al subte

Le siguen echando nafta al subte

Jun 4, 2025 | Comunidad, Destacado 3, Trabajo

El sindicato de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) denuncia que persisten filtraciones de hidrocarburos en las Líneas E y C debajo de la 9 de Julio.

Bajo el cruce de las Líneas E y C del subte porteño, una zona permanece clausurada por las filtraciones de hidrocarburos de la estación de servicio de Shell que queda justo encima, a nivel del suelo, en la avenida Lima. Aunque instalaron sensores de explosividad y sistemas de ventilación, el foco de contaminación sigue estando ahí después de casi medio siglo y se propaga hacia las napas freáticas.

“Se nota la suspensión de fluidos en el agua, porque no es agua sola, hay combustible. La bautizamos con el nombre de ‘bomba naftera’ por su olor”, cuenta un empleado que prefiere no revelar su nombre. “Hacía rato que no iba a ese cuarto y lo vi muy deteriorado, es terrible, las fotos son determinantes”, agrega.

La historia comienza en 1979, cuando un operario fue herido luego de encender una luz en ese sector que, debido a la acumulación de gases, desató una explosión. Esto derivó en el cierre de esas partes, incluyendo los pasillos de combinación entre ambas líneas de subte que se ubicaban en los andenes, inaugurados en 1966, y explica por qué actualmente se pasa de un tren a otro subiendo hacia un entrepiso y volviendo a bajar al otro andén.

El trabajador recuerda el derrotero judicial: “En 1991 ya había una denuncia de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) por la filtración de fluido de combustible, en 1997 sé que hubo una resolución que condenaba a Shell en la Cámara de Apelaciones Civil, en 1999 se ratificó esa condena que obligaba a remover la tierra y eso nunca se hizo eso, a pesar que hay otro fallo en el 2019”. En esa sentencia judicial, se condena a Shell a crear un plan para remediar el daño ambiental y pagar multas en caso de retraso

Roberto “Beto” Pianelli hoy es Secretario General de la Asociación Gremial de losTrabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). En 1994 comenzaba a trabajar justo en ese lugar y relata: “Cuando yo entré, había un juicio de la Defensoría del Pueblo que llevaba varios años y la contaminación ya había tomado toda la 9 de Julio y parte de San Telmo, es decir, iba para el lado del río”.

“El dictamen era que había que levantar la tierra, descontaminar y volver a ponerla. Eso tenía una implicancia concreta, que había que cerrar no solamente la 9 de Julio, sino también las dos líneas de subte, la E y la C. La tierra había que trasladarla a la ciudad de Santa Fe, porque el proceso de descontaminación no se hacía acá. Obviamente, eso nunca se hizo”, señala el metrodelegado.

Francisco “Pancho” Ledesma, el Secretario de Salud Laboral del mismo sindicato, agrega que “hay todo un sistema que se modernizó sobre el tema de explosividad y que le hace mediciones periódicamente, pero nosotros lo que quisiéramos es que hagan una obra y saquen los tanques que están filtrando, porque también perjudica a todas las napas”.

Al respecto, comenta que desde Shell “dicen que mientras no haya indicadores que muestren explosividad, no se puede hacer la obra. El dueño del predio y el de la estación tienen mucha plata, lo podrían hacer. Es más una dejadez y que no les importa el medio ambiente”.

Sobre la filtración en sí, menciona que “siempre se está midiendo que sea muy bajo el tema del gas, por eso se ventea, pero también hay momentos donde crece la cantidad de combustible derramado, debe haber momentos en donde hay más presión y sale. Si a eso le agregas que a veces se rompen caños, entonces se anega y se mezcla. Puede ser nafta, gasoil o kerosene, que son los que provee la estación de servicio”.

Pianelli relata que “en el andén de la estación de Independencia en la Línea E, del lado que va para Plaza de los Virreyes, hay como una jaula, un lugar con rejas. Esa era la recaudación donde se entregaban los cospeles. Nosotros todas las mañanas íbamos ahí para retirar las fichas y el dinero para la boletería. Antes de llegar al final del andén ahora hay un cuadrado que llega hasta el techo, eso era una bajada, había una reja y una escalera que bajaba hacia el túnel. Ahí arriba había como un caño de donde iba cayendo la nafta, la pérdida estaba ahí. Caía sobre esa escalera e iba al túnel. Para que no se vea eso, se hizo ese cuadrado que hay ahora y se cerró hasta arriba”.

En coincidencia con su compañero cuenta que “nosotros entrábamos y había un olor a gasolina que te mataba. Eso ha ido cayendo durante 20, 30 años o más… La estación nunca se cerró porque es la Shell más importante y la que más vende en Argentina”. Desde ANCCOM verificamos también que en el andén de la línea C hacia Retiro, en la punta hacia el sur, hay un reja desde la que, si bien no se ve claro, se puede sentir el aroma a hidrocarburos. “Ese tipo de problemas han generado, por ejemplo en San Pablo, que voló una estación de servicio por ese mismo tema. Imaginate que podía llegar a volar toda la 9 de Julio”, resalta el secretario general.

Aunque los niveles de explosividad se controlan, el riesgo sanitario para quienes trabajan o pasan a diario por allí sigue presente. En palabras de Ledesma: “Más allá de que es una estación neurálgica porque es combinación con dos líneas, justo ahí baja mucha gente y es muy transitada. Ahí la empresa tiene la oficina para los pases de los jubilados, que hacen filas para ese trámite en el pasillo. Por la cantidad de gente te puede faltar el oxígeno, porque encima está como quemado por los hidrocarburos, y se ha descompuesto alguna persona mayor. La gente está de paso… pero los jubilados están mucho más tiempo”.

Esa filtración no es un caso aislado, afectando la Línea D había otra a una cuadra de Av. Scalabrini Ortiz y Av. Santa Fe, en la esquina de esta última y Aráoz “pero eso entró en juicio, tuvieron que sanear todo lo que es el suelo y ahora hicieron una torre, ya no tiene vestigio de ser estación de servicio, esa también estuvo muchos años. La concesionaria perdió, tuvo que pagar y además tuvo que sanear el lugar. Creo que el lugar donde iban los tanques ahora es parte del estacionamiento bajo suelo de este edificio, que es una torre muy moderna”, recuerda el secretario de salud laboral.

Y hace un tiempo detectaron otra sobre la misma Línea E, ocasionada por la YPF de Av. Directorio entre Thompson y Del Barco Centenera, en el límite entre los barrios Caballito y Parque Chacabuco. Los trabajadores de allí sintieron un fuerte olor, la estación de servicio fue cerrada y, a partir de eso, se dio la reducción del mismo.

“Se rompió un tanque y se pusieron medidores de explosividad, se hacen controles e inspecciones. Nosotros hicimos presentaciones en la Policía de Trabajo, que depende de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, pero ahí sí avanzan con una obra para poder, con todos los recaudos del caso, sacar lo que sería el tanque ese que está bajo tierra y poner otro, obviamente, que no tenga ese problema, y sanar parte de la napa que fue contaminada”, destaca Ledesma.

“El reclamo lo presentamos en la Defensoría del Pueblo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y a SBASE para que todas esas entidades actúen cada uno desde su incumbencia sobre la Shell, la YPF y sobre los dueños de los predios, porque es como que alquilan el predio. En el de la YPF nos dio resultado, pero en el de Shell no”, añade.

ANCCOM intentó comunicarse con SBASE y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APrA) pero no obtuvo respuesta. Por su lado, YPF respondió que la estación de Av. Directorio al 800 “pertenece a un operador” pero sin precisar cuál.

En su caso, Shell se intentó desvincular al contestar que vendieron las estaciones de servicio y la refinería a Raizen, una empresa que les pertenece junto a la brasileña Corsan que hace unos meses anunció que pretende vender sus activos de la Argentina e incluso habría conseguido interesados en los últimos días.

Contactados por ANCCOM, Raizen se limitó a responder que están “ejecutando un plan de remediación aprobado judicialmente”. Mientras tanto, la zona sigue clausurada, el hedor todavía se siente y la contaminación continúa latente.

Denuncian torturas contra las hermanas Villalba, detenidas en Paraguay

Denuncian torturas contra las hermanas Villalba, detenidas en Paraguay

Jun 3, 2025 | DDHH, Destacado 3

Integrantes de la Campaña Internacional en Solidaridad con la Familia Villalba realizaron una radio abierta frente a la embajada paraguaya. Exigieron que cesen los tormentos a Carmen y Laura, la aparición de Lichita y reclamaron justicia por los asesinatos de las niñas Lilian y María.

Organizaciones sociales y por los derechos humanos se reunieron frente a la embajada paraguaya en Buenos Aires para denunciar la situación de las presas políticas en el país vecino. Las hermanas Carmen y Laura Villalba y su compañera Francisca Andino se encuentran en el penal de Minga Guazú y, de acuerdo a la denuncia de los manifestantes, están siendo víctimas de abusos desde el mes de octubre. Además, se cumplieron 54 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth “Lichita”, hija y sobrina de las Villalba, y continúa el reclamo por el doble infanticidio de Lilian Mariana y María Carmen en 2020.

“Las condiciones de aislamiento absoluto que transcurren en pequeñas celdas desde su traslado a ese penal el 12 de octubre de 2024, la pérdida del derecho al estudio y al trabajo, la falta de comida adecuada, de agua potable suficiente, las abusivas requisas diarias, las dificultades o la imposibilidad de recibir visitas, vuelven su vida cotidiana una tremenda tortura”, detalla la carta dirigida a la embajadora de Paraguay en Argentina, Helena Felip Salazar, y firmada por los cientos de activistas y organizaciones que integran la Campaña Internacional. La misma fue leída al comienzo de la jornada por María José Cano, directora de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, y luego entregada al personal de la embajada, que la recibió a través de una abertura entre los chapones con los que la policía valló el edificio.

A principios de este mes, las Villalba recibieron una sanción por “resistirse” a las requisas de los días 2 y 3 de mayo. Según relata la carta, durante esas requisas las mujeres fueron esposadas, encapuchadas y manoseadas en sus genitales. Luego de este hecho, su situación se agravó: se les prohibió recibir visitas, restringieron la comunicación con su defensa y se limitó aún más su acceso a comida y agua. “Le solicitamos que de manera urgente transmita nuestra denuncia a los responsables del funcionamiento del sistema penitenciario paraguayo, porque debe sancionarse al personal que maltrata a las detenidas física y psicológicamente”, continúa.

La radio debió realizarse sobre la calle, ya que las fuerzas de seguridad bloquearon la vereda. “Nos tienen miedo. Yo le diría a la embajadora que no nos tenga miedo, que más bien le tenga miedo a su conciencia y a la pertenencia a un gobierno infanticida”, señaló el padre Rodolfo Viano, una de las últimas personas que pudo visitar a las detenidas en Paraguay. En su intervención ante el micrófono, expresó la preocupación de Laura por la salud mental de sus compañeras en el penal y destacó la fuerza de Andino, que insiste en que no deben dejar de luchar. Viano remarcó que los padecimientos de las tres mujeres son los mismos que sufren las otras diez presas con las que comparten pabellón.

Elsa Oshiro, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), también visitó a las mujeres en Minga Guazú y dio más detalles sobre las pobres condiciones a las que están siendo sometidas. “Carmen me dijo que ella piensa que están siendo parte de un experimento. Como dice la carta: ver hasta dónde pueden resistir. Están tratando de quebrarlas. Hace un mes que no sabemos nada de ellas, están aisladas completamente”, contó. En febrero de 2025, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay emitió un informe en el que indica los daños irreversibles que puede provocar el aislamiento solitario pasado un periodo de 15 días. Carmen, Laura y Francisca ya llevan un mes.

 

Años sin paz

La situación actual de las Villalba se inscribe en un historial de persecución política más amplio, que inició por la participación de la familia en la lucha campesina en Paraguay y la asociación de algunos de sus miembros con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo insurgente de ese país. El 2 de septiembre de 2020, las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del gobierno del entonces presidente Mario Abdó Benítez irrumpieron en el campamento del EPP en el que se encontraban Laura, su hija y sus sobrinas, que habían viajado a Paraguay a conocer a sus padres. En el operativo fueron capturadas y luego asesinadas las niñas Lilian Mariana y María Carmen, de 11 años. Las demás escaparon a la selva, donde el 30 de noviembre vieron a Carmen Elizabeth, hija de Carmen apodada “Lichita”, por última vez. Laura salió en su búsqueda y se encontró con un retén militar, luego fue detenida e imputada por “violación del deber cuidado, educación y violencia familiar y terrorismo”. Hoy está cumpliendo una condena de 31 años junto a su hermana Carmen, quien había completado su castigo en 2021, pero continúa privada de su libertad.

Este “ensañamiento”, como lo llamaron algunos de los oradores, también traspasa la frontera. En octubre de 2024, el gobierno de Javier Milei le quitó el estatus de refugiados a los miembros de la familia que residían en distintas partes del AMBA, lo que los obligó a abandonar el país e instalarse en Venezuela, donde ahora intentan reconstruir su vida. En abril del mismo año, habían allanado sus hogares y detenido a Rosa, Tania y Myriam, hermana de las Villalba y madre de Lilian, una de las niñas asesinadas por el Estado paraguayo.

Un nuevo Plan Cóndor

En conversación con ANCCOM, Hermes Grance, integrante del Partido Comunista paraguayo en Argentina, habló sobre la existencia de un proyecto de persecución política no solo en Paraguay, sino en toda la región. “En Paraguay hay una estigmatización, una criminalización total de los que luchan. A la familia Villalba la han perseguido políticamente y, actualmente, con el gobierno que tenemos en la Argentina, tenemos seria preocupación de que esa persecución se agrave y se extienda a los que estamos militando en esta campaña”, señaló.

“Esto que está sucediendo en Paraguay no es casual. Es un nuevo Plan Cóndor que vuelve a unir a las derechas latinoamericanas en un plan sistemático de represión, tortura y exterminio”, afirmó María Elena Naddeo, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Además, tanto Naddeo como Juliana Cabrera del Partido Obrero hicieron énfasis en la arremetida de la gestión de Milei contra las políticas de memoria, la salud y la educación pública, los jubilados y los migrantes.

El pasado jueves 29 el Poder Ejecutivo nacional publicó un decreto que modifica el régimen migratorio. Con la nueva normativa, se establecen controles más estrictos para el ingreso al país, para obtener la nacionalización y se limita el acceso a las prestaciones de salud y educación pública superior. “No es solo contra la colectividad paraguaya, no es solo el Estado paraguayo. Hay una unificación, un proyecto contra nuestros pueblos. Tenemos que decirlo y elevar nuestras voces”, dijo Grance sobre el DNU.

Celia González, miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24, donde viven muchas comunidades de migrantes, elevó su voz directamente hacia la embajada. “Los embajadores pónganse las pilas, que acá están sus compueblanos sufriendo con nosotros la injusticia de todos ustedes”, clamó contra las vallas.

También participaron de la radio abierta la periodista Claudio Korol, quien se encargó de coordinar la actividad, la exderenida-desaparecida Mabel Careaga -hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo—, Eduardo Soares de la Gremial de Abogados y Abogadas, Claudio Medina, secretario de DDHH del gremio docente Ademys, y Brian Carlson, artista estadounidense, que pintó a las hermanas Villalba y a Francisca Andino.

A la espera de una respuesta al nuevo pedido de visita para el miércoles 4 de junio, los presentes cantaron por las mujeres detenidas. “¡Libertad! ¡Libertad, a las presas por luchar!”. El viernes toda la región se hizo eco de esa demanda, con actividades en los consulados de Paraguay en Montevideo, Uruguay, y Foz de Iguazú, Brasil. La Campaña Internacional en solidaridad con la familia Villalba mantiene viva la esperanza que sus propias compañeras presas les transmiten, así como el grito de justicia por las niñas asesinadas y la aparición con vida de Lichita.

Sin ley y sin prestadores

Sin ley y sin prestadores

May 30, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Los prestadores de servicios a personas con discapacidad pararon durante cinco días. Una marcha de los trabajadores y los familiares exigió la aprobación de la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad.

Los prestadores de servicios en discapacidad resolvieron marchar y llevar adelante un paro de cinco días desde el lunes pasado para visibilizar la situación que están atravesando. Denuncian el congelamiento del salario porque no actualizan el nomenclador, una baja en las prestaciones, el atraso en los pagos que va desde los 60 a 90 días, incluso hasta un año de deuda y la desregulación que implica que las obras sociales paguen lo que quieran.

Para visibilizar la emergencia del sector este jueves se realizó una jornada federal donde se movilizaron prestadores, personas con discapacidad y familias en todo el territorio nacional. El epicentro fue el Congreso nacional, a dónde llegaron más de cinco mil personas que luego marcharon al Ministerio de Salud, pasando por la sede de Pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad. En el Ministerio, confluyeron con los trabajadores y usuarios de Hospitales Nacionales y de CABA. La jornada contó con una alta adhesión de personas con discapacidad, prestadores, centros y familias a nivel nacional.

Ailín Kupferberg es estudiante de psicología de la UBA, trabaja como acompañante terapéutica y como maestra de apoyo a la inclusión. Contó a ANCCOM que son dos trabajos que se cobran distinto porque el acompañamiento terapéutico no está nomenclado y el trabajo en colegio sí, aunque ambos son bajo monotributo: “Estar nomenclado significa cobrar a través de un tarifario que está congelado desde el año pasado. Los aumentos del 2024 fueron insignificantes, del 0,5% o 0,1%”. Actualmente, el nomenclador está en casi 310.000 pesos por trabajar de lunes a viernes un módulo, que son 4 horas. A su vez, Elizabeth Foschi, presidenta de C.A.S.A.I.E (Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa) e integrante del centro Andalican, manifestó que “la situación es muy compleja, venimos cobrando un 73 por ciento abajo de la inflación que se viene acumulando”.

Kupferberg consideró que tienen “muchísimo trabajo invisibilizado”, en referencia a reuniones finalizado el horario laboral, preparación de materiales, adecuaciones curriculares, reuniones con familias e informes. Además “pretenden sacar el monotributo y que pasemos a ser responsables inscriptos, lo que implica pagar muchísimo más de impuesto”, enfatizó la profesional y sentenció: “Si trabajamos ocho horas diarias no llegamos a una canasta básica”.

Por su parte, Foschi contó que “los centros no pueden sostener los alquileres, impuestos, materiales y lo necesario para funcionar”. Además, destacó que nunca hicieron paro: “Es la primera vez en tantos años que hacemos un cese de actividades. El cuello de botella es tan fino que no damos más”.

Sin reunión

Los prestadores denuncian que es una mesa de directorio la que marca el nomenclador nacional donde se encuentran la Superintendencia de Salud, PAMI, ANDIS y representantes de los prestadores. Hace nueve meses que no se actualiza el nomenclador y como no van a dar aumento, no hay reunión.

Otra de las variables de la situación es que el acompañamiento terapéutico no está regulado, durante la gestión anterior la ley obtuvo media sanción pero ya perdió estado parlamentario por lo que cada centro y obra social paga lo que quiere, entonces cada acompañante va a trabajar a donde mejor pagan.

La figura del acompañante cobró relevancia y visibilidad a partir de la sanción de la Ley de Salud Mental 26.657, promulgada en el año 2010. Ésta prohíbe la creación de nuevos manicomios y resalta el derecho de las personas que estuvieron encerradas muchos años en ellos a vivir en comunidad. Al respecto, Kupferberg remarcó que “la función del acompañante tiene que ver con restituir la ciudadanía”.

“No hay una contención en los tratamientos en ningún sentido –lamentó Kupferberg-. Quizás estás trabajando con alguna niñez para fortalecer el vínculo y si no te pagan tenés que dejar de trabajar”. La terapueta también habló sobre la importancia de ese vínculo: “No es fácil conseguir acompañante, para algunos es su único lazo social porque hay gente que no tiene familia ni comunidad”, destacó.

El gobierno también avanza contra los migrantes

El gobierno también avanza contra los migrantes

May 29, 2025 | Comunidad, Destacado 3

El Gobierno nacional publicó un decreto que endurece el régimen migratorio: mayores requisitos para radicarse en el país y aranceles a la salud y educación, entre otras modificaciones.

El 29 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el decreto 366/2025, que modifica el régimen migratorio vigente desde la aprobación de la Ley 25.871 en 2004. La reforma no resultó del todo sorpresiva ya que había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso el pasado 1° de marzo. Luego, había sido ratificada el 14 de mayo por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en plena campaña electoral como candidato a legislador porteño.

Ana Mallimaci, socióloga especialista en migraciones, compartió su postura sobre cómo la migración se ha convertido en eje de campaña: ‘’Plantear una reforma migratoria más dura en ese momento es leído como algo que da votos. La mayoría de la población debe estar a favor de este tipo de medidas. Es parte de la batalla cultural, es parte de una manera de insertarse en el discurso de las derechas autoritarias del mundo, en donde el tema de la  migración está en el centro. Adorni, empiezan diciendo: ´este país que fue construido con el aporte migrante, los buenos migrantes´. Efectivamente establece una diferencia moral entre los migrantes del bien y los migrantes del mal. También porque tienen mucho apoyo de la población venezolana, entonces tienen que hacer estas sutilezas. Con Milei se corre el límite de lo decible y lo no decible. En Argentina hay dos cosas: una xenofobia típicamente argentina, sobre todo hacia los cuerpos marrones, sobre todo hacia los pueblos originarios; y una xenofobia de las derechas globales, donde tienen un discurso mucho más de esta idea del enemigo interno, que el migrante viene a socavar la identidad nacional”.

Los cambios más importantes que introduce esta nueva legislación son imponer mayores requisitos en el ingreso al país y para obtener la nacionalización, modificaciones en los procesos de deportación y el arancelamiento de las prestaciones de salud y educación pública superior para aquellos migrantes que no cuenten con residencia permanente. El DNU argumenta estas medidas como una solución que ‘’permitirá una mejor utilización de los recursos públicos que, en lugar de destinarse a financiar la educación y la salud de los extranjeros que no prevén permanecer en nuestro territorio una vez completados sus estudios, se utilicen en mejorar la vida de los contribuyentes’’.

El gobierno argumenta que la nueva legislación es el medio para solventar los problemas de financiamiento que atraviesan las universidades y los centros de salud, sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Es decir que responsabiliza a los migrantes de ser los causantes del deterioro de los servicios públicos, a pesar de que los grandes reclamos que se realizan desde educación y salud son por el desfinanciamiento de los sectores mediante la pérdida del salario real y el congelamiento o recortes presupuestarios.

Mallimaci observa que el decreto se basa en supuestos erróneos: ‘’El DNU dice que la ley vigente fomenta la migración pero la migración bajó en los últimos años. Y después son todas ideas que tienen que ver con prevenir algo que tampoco pasa, que ellos creen que puede pasar, que son nuevos riesgos que existen por la política migratoria de Estados Unidos. Entonces suponen que pueden venir personas deportadas a la Argentina y miembros de organizaciones terroristas’’. Además agrega que el DNU, ‘’construye un migrante eternamente sospechoso, alguien que viene a abusar y es responsable de las crisis del sistema de salud y educación, justamente en un momento donde hay una profunda desfinanciación. Cuando se cuenta la cantidad de estudiantes extranjeros, se incluye toda persona nacida en el extranjero. O sea, que personas que residen hace 20, 25, 30 años acá, que hicieron toda su educación en Argentina, también es contada en este número’’.

Por su parte, ANCCOM, dialogó con Natividad Obeso, miembro de la Asociación de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUMRA: ‘’Lo que esta haciendo este gobierno es de terror. Es un gobierno fascista, xenofóbico, racista. Nosotras y nosotros luchamos mucho por la Ley 25.871 a principios de los 2000 y seguiremos luchando para defenderla. Yo hace muchísimos años que vivo en este país, y amo esta tierra, esta nación, me forme y formé toda mi familia acá. Argentina es una tierra de migrantes. Lo que hay es una discriminación hacia el peruano, al boliviano, al paraguayo que los tratan de delincuentes. Es una situación muy fuerte, muy terrorífica para nuestros hermanos y hermanas. El decreto dice que hubo un aumento de la migración irregular pero no dice que desde hace meses que no imprimen DNI, que no avanzan con los trámites. En las elecciones, a muchos que hace más de diez años que vivimos acá, todavía no nos permiten votar porque no aparecemos en los padrones, por más que contamos con todos los papeles. Tampoco dice que un DNI solía costar tres mil pesos y hoy sale sesenta mil. Hay muchas trabas’’.

Esta no es la primera modificación a la ley migratoria: durante el gobierno de Mauricio Macri, en el 2017, fue modificada también mediante el DNU 70, el cual se derogó por el expresidente Alberto Fernandez, aunque ya había sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial por no ser considerada una causa de necesidad y urgencia y vulnerar los derechos de las personas migrantes. Frente a la nueva reforma, Obeso anticipa que ‘’vamos a buscar declarar, como en el 2017, la inconstitucionalidad del DNU, porque lo es. Estamos hablando con diputados, senadores, abogados migrantes que nos ayuden y asesoren. Pero hay mucho miedo, tenemos miedo de exponer a compañeros; sabemos que si salimos a marchar tenemos que ser muchos porque si a los propios argentinos reprimen, a nosotros que no les importamos directamente, nos van a matar. Nuestra comunidad está muy dividida pero yo creo que podemos unirnos, que podemos salir adelante y luchar por nuestros derechos. Lo que yo digo es que no necesitamos cabezas, necesitamos brazos, necesitamos que nos acompañen, que los medios nos escuchen’’.

La reforma migratoria se suma a los múltiples reclamos que atraviesan hoy a la Argentina. La cuestión no parece impactar en ninguno de los problemas de agenda del país: según el Censo 2022 la población migrante del país apenas representa el 4,5 por ciento de la población. ¿Será una nueva nube de humo para desviar la discussion sobre el desfinanciamiento de la salud y la educación, entre otras areas ajustadas?

Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

Sigue el plan sistemático de gaseo a los jubilados

May 29, 2025 | Destacado 3, Trabajo

Como todos los miércoles, el gobierno reprimió con gas pimienta y palazos a los jubilados que reclaman frente al Congreso por mayores haberes, la restitución de la gratuidad en los medicamentos y la reposición de la moratoria.

La tarde caía helada sobre la Plaza del Congreso, pero los pasos de los jubilados no titubeaban. Llegaban de a poco, en grupos, con carteles bajo el brazo y la rutina bien aprendida: cada miércoles, el mismo reclamo. Sin embargo, antes de que pudieran empezar a manifestarse, el operativo de seguridad ya estaba en marcha. Gendarmes, prefectos y policías rodearon la zona con una velocidad que dejó poco margen para la sorpresa. En cuestión de minutos, los manifestantes quedaron arrinconados, incluso en las veredas. Hubo empujones, gases y tensión. Pero también hubo voces que, una vez más, eligieron no callarse.

Cerca de las 16, cuando los grupos de jubilados autoconvocados, acompañados de miembros de la UTEP, ATE y diferentes organizaciones sociales se disponían a marchar alrededor de la Plaza del Congreso, las fuerzas de seguridad activaron el “protocolo antipiquete” desde la calle Montevideo para empujar a los manifestantes hacia el cordón de la plaza, e impedir que se acerquen por Avenida Rivadavia hacia el Palacio del Poder Legislativo. El ya habitual operativo, que estuvo compuesto por la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se centró en dispersar y aislar a los manifestante en pequeños grupos, lo que logró que algunas organizaciones como ATE desistieran y abandonen el lugar pasadas las 17.

En diciembre del 2023, cuando se anunció la oficialización del “protocolo antipiquetes”, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich declaró: «El que quiera marchar, que marche por la vereda». En la actualidad, la Policía Prefectura Naval Argentina (PNA) le lanzó gas lacrimógeno a Jaime Valdez, un jubilado que se encontraba sobre la vereda de la Plaza Mariano Moreno junto a sus compañeros de todos los miércoles: “Estábamos en la vereda y de repente vinieron a empujarnos sin mediar palabra y nos gasearon. Les agradezco a todos los chicos de la posta de salud que me vinieron a auxiliar en seguida”, cuenta Jaime en diálogo con ANCCOM, aún con los ojos llorosos mientras se termina de recuperar recostado sobre un banco. Además, asegura que “a Bullrich le diría que nosotros los jubilados ya no le tenemos miedo, lo perdimos de tantos miércoles de venir y que nos repriman”.

Sin embargo, a pesar del frío y la represión, no fueron pocos los jubilados que se quedaron hasta entrado el atardecer con carteles y cánticos dedicados a Javier Milei, Patricia Bullrich y los propios efectivos. “Estamos acá, porque más allá de que es real que las jubilaciones son indignas y que están usando el dinero que es para los jubilados para reprimir y para vaya a saber cuántas otras cosas más, estamos acá porque están entregando la patria. Es más que los jubilados, es la patria lo que está en peligro. Mientras nosotros estamos pidiendo jubilaciones, ellos venden el país, es lamentable”, expresó María Emilia que, al igual que lo hace todas las semanas, se expresaba frente al cordón policial, protegida del frío con bufanda y campera en el cordón de la esquina de Rivadavia y Callao.

La misma vereda que hacía minutos había sido ocupada por los efectivos de seguridad que, con sonrisas en sus rostros, arrinconaron a los manifestantes impidiendo que circulen libremente, generando la indignación de los participantes de la marcha y produciendo muchísima tensión al no poder escapar para ningún lado. Finalmente, el cordón policial se trasladó nuevamente a la calle y posibilitó la libre circulación. “A mí me inquieta mucho ver el goce en esta gente cuando reprime. Es lamentable, pero cuando llegan a la casa le deben decir a los hijos ´hoy bajé a 10, tiré 5 granadas´, es muy triste”. Mientras que, a junio de 2025, la jubilación mínima seguirá en $374.723,94 (con bono incluido), el costo de aplicación de los protocolos de seguridad destinados a estas manifestaciones variaron entre los 60 y 600 millones de pesos cada uno.

Este miércoles, la posta de salud atendió a 18 heridos, entre ellos el fotógrafo de Tiempo Argentino, Nicolás Becerra, el mismo que había retratado en el debate de candidatos a legisladores porteño al asesor presidencial Santiago Caputo y que éste lo había intimidado tomándole la credencia para conocer su identidad. Poco después, con el cinismo que la caracteriza, la diputada libertaria Lilia Leomoine posteó en X que el reportero gráfico se había «interceptado con su cara al gas pimienta». 

Como en todas las movilizaciones de los miércoles, los jubilados contaron con la ayuda de decenas de voluntarios de diferentes organizaciones que los auxilian y protegen. Desde la Posta de Salud, pasando por la Defensoría del Pueblo hasta la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo Pomares, coordinador del Programa de Monitoreo Territorial de Violencia Policial, de esa comisión, describió: “Lo que observamos hoy tiene puntos en común con otras manifestaciones recientes. Lo más notable es el enorme despliegue de fuerzas policiales. También vemos que las restricciones son cada vez más intensas, ya no se trata solo de impedir el corte de calles, sino que incluso se acorrala a los manifestantes en las veredas. Se usa gas pimienta casi de forma automática, no como respuesta a situaciones violentas, sino como método de dispersión”.