El colectivo del pueblo

El colectivo del pueblo

Sep 17, 2025 | Comunidad, Destacado 2

La Mutual Primavera impulsa una propuesta de transporte comunitario en Cuartel V, Moreno: La Hornera, una experiencia colectiva que busca garantizar a movilizarse en un territorio históricamente relegado. Agresiones de empresas privadas.

Rodeada de grandes parques industriales, en los límites de Moreno con José C. Paz, se ubica Cuartel V, una zona de perfil rural donde acceder al transporte público es un problema de todos los días. Frente a esa realidad, un grupo de vecinos decidió organizarse y recuperar una tradición barrial. Así nació La Hornera, el transporte solidario del barrio. 

“Históricamente Cuartel V contó con un transporte comunitario que empezó en 1990, llamado El Colmenar. Después, en 2002, hicimos la experiencia de la Mutual Primavera del lado de José C. Paz. Ese proyecto quedó calado en los huesos del barrio”, recuerda Sonia Mendoza, presidenta de la mutual.

En Moreno, el servicio de colectivos se encuentra monopolizado por la empresa La Perlita desde hace más de veinte años. Otras líneas pasan por el partido, pero son de media distancia y no ingresan a los barrios. Con el crecimiento población, especialmente en las zonas alejadas del centro, esta situación se ha convertido en problemática: al ser la única línea habilitada, si ellos deciden no entrar por temas como inseguridad o las condiciones de las calles, los vecinos se quedan sin transporte y deben caminar varias cuadras hasta llegar a las rutas o avenidas donde las líneas son más frecuente. En los últimos diez años, la población de Cuartel V creció un 66%, pasando de 48 mil habitantes a alrededor de 80 mil según el CENSO 2022. Sin embargo, el transporte no acompañó ese crecimiento.

Solidaridad en marcha

La Hornera conecta principalmente el barrio Los Hornos con el centro de Moreno. Allí viven unas treinta cuadras de familias en su mayoría migrantes. ‘’Las compañeras que trabajan hace varios años en el barrio y ayudaron a construirlo, venían pidiéndole a la Línea 365, Metropol, que entre por la calle Richieri. Un día dijeron, ¿y por qué no volvemos a hacer el servicio de transporte que históricamente existió en Cuartel V? Entonces nos convocaron y nos largamos a laburar. Las organizaciones sociales somos así: si hay una necesidad, nace el derecho y nace el trabajo. Todo a pulmón. No somos empresarios. ‘’

El servicio funciona bajo la figura de transporte privado de pasajeros y solo puede ser utilizado por quienes sean socios de la mutual abonando una cuota mensual de mil pesos más novecientos pesos por cada viaje. En cada recorrido, el chofer va acompañado por una vocera que registra a los pasajeros e informa a quienes deseen asociarse. El sistema de cobro es digital mediante el escaneo de un código QR que puede pagarse con tarjeta o celular, aunque también se acepta efectivo. Si bien cuentan con un instagram, su manera de difusión es el boca en boca y el reparto de volantes en la zona. Hoy ya tienen registro de 1.200 socios que acceden tanto al transporte como a todos los servicios ofrecidos por la mutual.

La iniciativa no solo garantiza un transporte donde antes no lo había, también abre una puerta laboral en tiempos de crisis. ‘’Nosotros lo que estamos haciendo es generar trabajo contradictoriamente a la situación del país actual, que cierran pymes, ahogan a todos los empresarios, no dejan trabajar. Hay choferes que vienen con su propio colectivo y te dicen: ‘¿Sabés cuánto hace que estoy sin trabajo?’, porque ya por la edad no los toman, no son gente grande, pero al sistema ya no le servís si tenés más de cincuenta’’.

Palos en la rueda

A pesar de contar con toda la documentación y habilitaciones correspondientes, desde el inicio los vecinos tuvieron que enfrentarse con los intereses de las grandes empresas: ’“El día que íbamos a largar, la Metropol puso el servicio por la zona después de años de negarse a entrar. Metieron cincuenta colectivos contra tres nuestros. Nos amedrentaron con seguridad privada y matones en las esquinas. Ese día tuvimos que parar porque no nos daba la seguridad. Al otro día volvimos pero hicimos promoción, llevamos a los chicos a la escuela, les contamos a los vecinos y los vecinos que se empezaron a asociar. Tuvimos muchos tropiezos, se nos rompieron los colectivos, nos arreglaron algunas calles pero la Metropol las rompió otra vez. La competencia es demasiado dispareja, pero acá seguimos luchando y tenemos muchos compañeros que siguen apostando, porque realmente para hacer esto tenés que ser un compañero que entienda y que apueste al proyecto’’, atestigua Mendoza.

Al momento de realización de esta entrevista en el predio donde se guardan los colectivos, a las orillas de la ruta provincial N°24, una de las unidades que iniciaba su recorrido ese mismo día estaba siendo inspeccionada por la Secretaría de Transporte Municipal. ‘’Lo que estamos haciendo es con mucho esfuerzo. Vos ves que las unidades son inspeccionadas, son pedidos todas las reglamentaciones que tienen que cumplir. Acá no estamos hablando ni de colectivos truchos ni nada de eso’’. 

Con respecto a la relación con el municipio, Mendoza comenta: “Hubo predisposición desde el inicio, de hecho, ellos mismos envían las inspecciones acá. Fuimos a hablar con el jefe de tránsito y nos dijo: ‘Mirá, mientras ustedes cumplan con todos los papeles, vamos a tener la mejor predisposición para que esto avance’”.

Incluso, la propuesta se articula con el proyecto impulsado por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien durante la campaña legislativa presentó como la discusión acerca concesión del transporte público a la empresa La Perlita, cuya licitación vence en 2026. “El transporte en Moreno puede ser mucho mejor, puede no tener una sola empresa. Puede tener más unidades para que todas y todos viajemos mejor”, declaró Fernández en aquel spot. Sobre este punto, Mendoza opina: “Esta es una lucha que también asumimos como propia. Cuando Mariel se enteró de nuestro proyecto nos dijo: ‘Esto nos viene perfecto, porque lo que yo intento es terminar con este monopolio y darle la posibilidad a otras empresas o asociaciones como ustedes’”.

Sonia Mendoza, presidenta de la mutual La Hornera.

Un camino por recorrer

Actualmente La Hornera cuenta con cuatro colectivos pero tienen la expectativa de llegar a diez unidades antes de fin de año ‘’para que pueda haber un servicio mucho mejor, porque si no también la gente nos espera cuarenta minutos, una hora, pero no es justo, pero eso significa el aguante que está haciendo el barrio. Son varios barrios que están aislados acá, porque cuando llueve quedan totalmente aislados. Ahora somos los únicos que hacemos ese recorrido hasta Los Hornos’’.

Si bien en los últimos años Cuartel V ha accedido a mayores servicios y derechos, un transporte público digno que no deje a toda una comunidad a pie continúa siendo una lucha. “Buscamos que nos apoyen, que entiendan que esto no es fácil porque no somos empresarios, somos trabajadores. Que apoyen este esfuerzo y la puesta en marcha de un servicio tan importante y necesario para la comunidad’’, concluye Mendoza.

Por la salud de los niños, contra el veto de Milei

Por la salud de los niños, contra el veto de Milei

Sep 13, 2025 | Comunidad, Destacado 2

Acompañados por universitarios y jubilados, los trabajadores del Garrahan marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo para repudiar el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, que asignaba una recomposición salarial para el personal médico y una reasignación presupuestaria para el hospital, una institución de referencia en el país y en Latinoamérica.

“Respondemos unificados”, declaró en un comunicado oficial Norma Lezana, secretaria general de AGyT en el Hospital Garrahan, en referencia a la marcha convocada para el jueves 12 de septiembre. Esa tarde soleada, a lo largo de la Plaza del Congreso, sectores de la salud, jubilados y estudiantes protestaban contra el veto del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario. Desde allí partiría la marcha por la Avenida de Mayo hasta un acto de cierre frente a la Casa Rosada: “Venimos sosteniendo un reclamo masivo durante meses y vamos a profundizarlo. El Garrahan y la universidad pública son una sola causa”, cierra el comunicado.

“Se están dejando de lado el derecho a la educación y a la salud”, complementa Raquel, estudiante y trabajadora del hospital Laura Bonaparte, en diálogo con ANCCOM. “Se está queriendo que sean un privilegio para una elite, que es lo que nosotras no queremos que suceda –completó-; entendemos que son un derecho al que tienen que acceder todas las personas”.

La columna del Garrahan abandona el Congreso en medio de bombos y silbatos. Visten delantales y ambos blancos, azules y verdes, y cargan carteles y banderas de Enfermería Cim 73, turno tarde; Pabellón 65, quemados; Enfermería en lucha Cim 63, con corazones en los puntos de las íes -Cim es la sigla de la Coordinación General de Cuidados Intermedios y Moderados-. Una niña en silla de ruedas, de pijama rosado y con la mirada perdida, avanza en frente del personal de salud. Los fotógrafos se forman alrededor de ella caminando de espaldas, como en un anfiteatro: buscan retratarla.

“Yo como profesional, con título, con posgrado, con especializaciones, con más de diez años en el hospital, tengo un básico de 1.300.000 pesos”, dice Nora, psicóloga también del Bonaparte y agrega: “Parece mucho en comparación con lo que muchos otros trabajadores ganan, pero para ser profesional es muy poco, sobre todo trabajando en una institución mental con pacientes muy graves”

“Nosotras trabajamos en salud mental y lo último que tenemos es salud mental, porque vivimos en un estado de ansiedad terrible al no saber si a fin de mes nos renuevan o no los contratos”, agrega Raquel. “Tuvimos una amenaza de cierre, doscientos despidos de compañeres que todavía estamos luchando por la reincorporación; estamos bajo amenazas de despidos constantemente, con contratos cada tres meses o un año. Yo gano mucho menos que la canasta básica”, complementa.

La Ley N° 27.796 de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica establecía una recomposición salarial para el personal médico, una reasignación presupuestaria a cargo del Ministerio de Salud y el reconocimiento del Hospital Garrahan como institución de referencia. El Decreto N° 651/2025, publicado el 11 de septiembre con la firma de todos los ministros, argumenta que el veto mantiene el “equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad”; la piedra angular del plan económico del Gobierno.

“Pero no se puede lograr un ahorro a costa de no pagar una deuda”, dice Zulema Palavecino, militante de Jubilados Insurgentes que fue trabajadora telefónica: “A nosotros dejaron de pagarnos la jubilación, y ahí sobraba plata, y entonces estaban todos contentos porque se estableció el equilibrio fiscal. Pero nosotros sentimos que como jubilados también tenemos derechos, porque la clase trabajadora tiene que cuidarse desde que nace hasta que muere”.

El veto se da en un contexto de derrota electoral: el domingo 7 de septiembre, en las elecciones parlamentarias de la Provincia de Buenos Aires, el oficialismo perdió por más de trece puntos ante Fuerza Patria, la alianza del peronismo. En el comunicado oficial, Lezana consigna que “el presidente abrió una Caja de Pandora”, porque “el pueblo ya lo vetó en las urnas el pasado domingo y ahora con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública lo único que hace es volver a provocar una reacción”.

“Nosotros pensamos que ese cachetazo que recibió en las urnas tuvo mucho que ver con nuestra lucha, que fue horadando los cimientos desde hace tanto tiempo”, sigue Zulema: “Después de ese cachetazo, el miércoles pasado pudimos marchar tranquilos a la Plaza de Mayo. Pero no sabemos, porque a veces, cuando hay un bicho que está moribundo, puede dar un coletazo más fuerte, así que siempre tenemos que estar preparados para las agresiones”, matiza.

En la Avenida de Mayo, desde los lujosos relieves de las fachadas, apenas una madre con su hijo se asoman a la baranda de un balcón francés, por acá un señor en musculosa, y graban la marcha con sus celulares. A ras de piso, en las terrazas de los bares, los clientes aplauden tímidamente al ritmo de los cánticos: “Luche que se escuche”, “El hospi no se veta”, “Este gobierno ya no va más / necesitamos una huelga general”. De ahí para atrás, se cuentan diecisiete, veintiocho, más de treinta lienzos negros del Polo Obrero, que se estiran hasta casi salir de la avenida.

 

“Yo vengo de San Justo, pero no estoy con el Polo Obrero”, aclara Gonzalo, de dieciocho años, que está asistiendo a su primera marcha: “Me imaginé mucho más caótico todo, más peleas, pero es bastante tranquilo”.

No está equivocado. En las últimas cuadras, que tocan la Plaza del Congreso, hay apenas un par de policías, mucho sol, y llegan los rumores lejanos de los bombos y megáfonos. Es un chico moreno, de pelo rizado, que viste remera negra, jeans y zapatillas. Lleva en la mano una cartulina que reza: “La educación es un derecho, no un privilegio. Ley N°24.532 -UNLAM”.

“Del tema del Garrahan y los jubilados no estoy muy informado”, se ataja. “Vengo porque soy ingresante de la Universidad Nacional de La Matanza, por el veto a la financiación de las universidades y todo eso. Porque lo que buscan con el desfinanciamiento es privatizar todo. No te lo dicen directamente, pero es a lo que va a llevar todo eso, y es más fácil gobernar a un pueblo en el que no haya conocimiento, en el que nadie tiene un pensamiento propio, con personas sin educación…”

-¿Y qué estás estudiando?

– Medicina- sonríe.

Al llegar a la Plaza de Mayo, empieza a sonar el “Que se vayan todos”. Esperan dos drones, una parrilla con choris, tres cascos blancos de la Defensoría del Pueblo, tres policías de la ciudad, dos señores de saco y corbata que fingen hablar por walkie talkie, dos postes con equipos de altoparlantes y un camión blanco, sin la carga, con el chasis dispuesto para el escenario.

“Antes que nada compañeros, hay una lucha que se está desarrollando en este momento, ¡y es la lucha del Garrahan! ¡Pido un enorme aplauso para los compañeros del Garrahan!”, arenga una vocera de las Organizaciones Piqueteras Independientes. Desde el escenario, donde se suceden siglas y oradores, todos los discursos llaman a terminar con “la burocracia sindical”, acusan despidos y persecución política, y hacen referencias a Francia, a Nepal y a Palestina. Ella es la primera que abre con una referencia al hospital: “Porque Milei, desde que inició, se metió con algo que nos pesa mucho y nos duele mucho, que son las infancias”, sigue.

El Garrahan es el hospital pediátrico más importante de Argentina. Según las estadísticas presentadas en su sitio web, el año 2024 se realizaron allí casi 10.000 cirugías, atendieron más de 77.000 emergencias y dieron el alta a más de 25.000 pacientes, todos niños y niñas. El veto a su financiamiento puede ser rechazado en el Congreso, donde la oposición necesitará dos tercios de los votos en ambas cámaras. Las votaciones se realizarán el miércoles 17 de septiembre en Diputados y el jueves 18 del mismo mes en el Senado.

 

“Lo mejor que me podía pasar era un tiro en la cabeza”

“Lo mejor que me podía pasar era un tiro en la cabeza”

Sep 12, 2025 | DDHH, Destacado 2

Tres sobrevivientes de la última dictadura declararon en una nueva audiencia del juicio que investiga los delitos de lesa humanidad en la Mansión Seré y el circuito represivo RIBA. El horror en primera persona y las consecuencias hasa hoy.

En una nueva audiencia de la megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el centro clandestino de detención Mansión Seré y en el circuito represivo RIBA, Zoraida Martín, militante de Montoneros y de la UES, respondió acerca del momento y lugar en que fue secuestrada y a qué lugares de cautiverio fue trasladada. Luego de múltiples allanamientos en su casa de Ituzaingó, que comenzaron el 16 de diciembre de 1976 y en el que, ante su ausencia, se llevaron a su hermana menor, Adriana con 14 años y ataron a su madre y hermanos debajo de la mesa, la testigo contó que se refugió en la casa de su madrina en Godoy Cruz, Mendoza, para evitar ser capturada.

“A fines de febrero salimos con mi madrina y nos interceptan dos autos. Estaba mi hermana secuestrada, por supuesto, no puse ninguna resistencia. Me esposaron, me vendaron y me llevaron a la base aérea”. La sobreviviente, que en ese momento tenía 16 años, afirmó que los primeros días estuvo esposada en una silla hasta que “me di cuenta que la realidad era otra. A golpes de puño, cachetadas, insultos. Me dijeron que por haberme escapado lo menos que podía era declarar a Firmenich”. Después de unos días, fue subida a un avión, donde fue brutalmente golpeada y trasladada a la Base Aérea de Palomar. Allí, fue esposada de pies y manos a un fierro en un hangar, cerca de la sección canina, sufriendo tortura psicológica y golpes constantes. “Yo pensaba que los perros me iban a morder”.

Posteriormente, en marzo, fue trasladada a la Comisaría tercera de Castelar. “Llegamos y directamente me subieron al primer piso a la sala de tortura, me sentaron en una silla, me colocaron cables a grito de «hija de puta, zurda de mierda y por tu culpa está sufriendo tu familia»”. Martín y sus compañeras sufrieron torturas eléctricas, golpes y agresiones sexuales frecuentes. “(Héctor) Seisdedos (cabo de la Policía de la provincia de Buenos Aires) abría la puerta en la noche, Sánchez (oficial de guardia en la Comisaría) entraba y con una pistola en la cabeza nos obligaba a hacer sexo oral”, relató.

Más adelante, la llevaron a la Mansión Seré, a la que ella describe como “la casa del terror”. “Un día deciden el traslado y me dicen `Ahora vas a ver´. Ahí ya la tortura era distinta. Era tanta que yo ya contestaba porque sinceramente después de haber pasado todo eso, submarino seco, submarino mojado, introducción de una cuchara dentro del ano, violación en la sala de guardia de la mansión, qué más me podía pasar. Lo mejor que me podía pasar es un tiro en la cabeza”.

Sufrió tortura psicológica constante, con amenazas de traer a su hermano para torturarlo frente a ella o matar a su hermana. Recordó simulacros de fusilamiento, la obligaron a lavarse la cara en una bañera donde había un cuerpo sin vida y fue testigo de cómo a una compañera embarazada la hicieron abortar.

Martín identifica varias personas durante todo su período de secuestro, entre ellas a “Jorge”, el alias por el que ella reconoce a Julio César Leston. En palabras de su hermana Adriana “este personaje sobrepasaba los límites que establece la Fuerza Aérea, tenía una obsesión con mi hermana”, había declarado en relación a Martín. Es que, tras su liberación de Mansión Seré el 28 de diciembre de 1977, cuando la dejaron tirada en un descampado, fue sometida a una «libertad vigilada» por un año. Esa vigilancia fue llevada a cabo por Leston quien la llevaba a «marcar» gente y lugares de militancia y la obligaba a mirar álbumes de fotos de supuestos compañeros para que los delatara.

En su declaración, Martín solicitó nuevamente que las agresiones sexuales que sufrió sean investigadas y juzgadas. Su identificación de Leston fue contundente; lo describió físicamente, recordando sus rasgos y un problema en el ojo derecho.

Un amigo de toda la vida

Guillermo Luis Estalle fue convocado para declarar no tanto sobre su propio secuestro, sino sobre la desaparición de Carlos Andrés Farayi, con quien se conocía desde su infancia en San Nicolás y fueron compañeros de militancia en la Juventud Universitaria Peronista y Montoneros. Durante su  detención, entre 1977 y 1978, Estalle fue interrogado sobre Farayi, a quien no veía desde 1976.

 “Me comienzan a interrogar sobre El Turco (Farayi). Había una carpeta en el escritorio. Inmensa la carpeta. Yo no veía nada. La carpeta enfocaba para el lado de los que me interrogaban. Vi que había fotos, escritos, como un diagrama. Primero me preguntaban el nombre de guerra, que yo no sabía porque nunca lo traté con nombre de guerra, siempre tuvimos una relación de amigos. Me preguntaban mucho por su grado”. Al no preguntarle sobre la ubicación de Farayi, Estalle afirma que sospechaba que su amigo ya estaba detenido mientras él era interrogado.

También fue interrogado sobre Miryam Borio, la novia de Farayi, a quien él conocía pero no militaba con ellos. “Creo que llegado el 83 me enteré que la habían detenido y que había estado en la Mansión Seré”. También fue años después de su secuestro cuando habló con la madre de Farayi, quien le contó que el portero del edificio de su hijo fue testigo de un violento procedimiento donde irrumpieron en su departamento, destrozando todo y esperaron a su llegada.

 

Una alegría rodeada de tristeza

La última declaración de la audiencia fue de Carlos Raúl Pereira, quien fue secuestrado en su domicilio de Villa Sarmiento en enero de 1978. En ese momento trabajaba como chapista y militaba en la Juventud Peronista. Un grupo de tareas de la Fuerza Aérea de Palomar que se hacía llamar «Grupo Puma», irrumpió violentamente en su departamento. “Ahí fui detenido, estuve tirado en el piso junto con mi familia, mi señora, los chicos. Ellos revisaron todo, dieron vuelta todo, buscando un elemento que me comprometiera, como supuestamente me acusaban -supongo- de subversivo”.

Fue trasladado en una camioneta a la Base Aérea de Palomar. Allí vendado, fue golpeado y sometido a interrogatorios. Estuvo encerrado en un calabozo pequeño y oscuro por dos días hasta que fue trasladado a Mansión Seré, donde lo interrogaron sobre jefes de la militancia que él desconocía y lo torturaron golpeando y electrocutándolo. “En una oportunidad escuché que uno de ellos le dijo ´Mirá las cosas que tenemos que hacer para ganarnos unos pesos más, culpa de estos zurdos hijos de puta´”.

Pereira relata, y se le quiebra la voz cuando lo hace, el reencuentro con Osvaldo Sánchez, el padrino de su hija y a quien llama “compadre”. Sánchez había sido secuestrado en 1977 y desde entonces no supieron más de él. “Dentro de lo malo, me dio como una alegría. Pensamos que ya lo habían matado”. Luego de ser torturados, “cuando nos dejan un tiempo solos, nos abrazamos y lloramos los dos”.

Ambos fueron liberados pero su secuestro dejó secuelas. “Me quedó muy marcado todo eso que no voy a olvidar nunca. Yo físicamente quedé mal, tardé casi un año para recuperarme. Psíquicamente todavía me quedan secuelas, creo que todo eso me costó la separación de mi primera pareja, tenía mucho temor, hasta ahora no puedo dormir en la oscuridad”.

Finalizadas las declaraciones, la próxima audiencia quedó programada para el martes 23 de septiembre.

 

 

Jubilados y SiPreBA marcharon juntos a seis meses de la agresión a Pablo Grillo

Jubilados y SiPreBA marcharon juntos a seis meses de la agresión a Pablo Grillo

Sep 11, 2025 | Destacado 2, Vidas políticas

El gremio de prensa participó de la ya tradicional marcha de los jubilados para reclamar justicia para Pablo Grillo, herido hace exactamente seis meses en una movilización que reclamaba aumento de haberes para la clase pasiva.

Como todos los miércoles, se realizó la marcha de jubilados, rondando por la Plaza de los Dos Congresos para reclamar aumento de haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos y el retorno de la moratoria. En esta oportunidad, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se sumó al cumplirse seis meses de la represión que fracturó el cráneo del fotógrafo Pablo Grillo en una movilización como la de ayer.

Entre los manifestantes estaba Sebastián Díaz, parte de la comisión directiva y delegado de Clarín, actualmente trabajador de Olé, quien opinó: “Hay que bancar a los jubilados que todos los miércoles vienen reclamando para llegar a fin de mes para poder comer. Además, en nuestro rol de compañeros de prensa, tenemos que respaldar a los fotógrafos que vienen a cubrir la marcha todas las semanas. Como a Pablo, que sufrió esa represión absolutamente salvaje de Patricia Bullrich”.

Encabezando una bandera de arrastre se encontraba Fabián Grillo, padre del herido, junto a carteles que pedían justicia y algunas personas con máscaras alusivas al fotorreportero. Díaz agregó: “Desde el sindicato estamos constantemente en contacto con Fabián, lo hemos ido a ver y a acompañar en la recuperación de Pablo cuando estaba en el hospital. Él también es muy generoso con nosotros y ha venido a reclamos que hemos hecho desde el sindicato por otras cuestiones”. 

El operativo policial cortaba las calles varias cuadras a la redonda, pero cerca de la marcha no había tantos uniformados o estaban dispersos. Excepcionalmente, no hubo ningún disturbio ni enfrentamiento. Sin embargo, muchos de los asistentes tenían preparadas máscaras y cascos por si los reprimían como en semanas anteriores.

Tomás Fernández es fotógrafo, con una máscara de gas en el brazo resaltó: “Las primeras marchas eran solo hasta el cordón de la vereda, no dejaban bajar a los viejos porque venía poca gente. Y hoy, todos estos meses después, le ganaron la calle. Esto pone en evidencia que es imposible aplicar el protocolo tal cual lo concibieron desde el Ministerio de Seguridad”. Aprovechó también para destacar que “en términos simbólicos, políticos y sociales, las elecciones fueron como una bocanada de oxígeno que le dieron a la sociedad, a todos aquellos que entienden que estaba en juego la democracia. Es algo positivo, es un logro haber ganado por tanta ventaja. Más allá de que haya ganado el peronismo, me parece que lo está celebrando toda la sociedad o el espectro político que se interesa en estas cosas”.

En un sentido similar la jubilada Gladys Irace señaló: “Las elecciones crean una esperanza, igual tenemos que seguir trabajando. Esto se ganó por las malas políticas económicas de Milei y por todo lo que está haciendo. Ahora tenemos que tener un proyecto de país y ver qué es lo que queremos”.

Alberto Shocrón, quien trabajaba como doctor y ahora se encuentra jubilado, sumó:“Está toda esta cuestión electoral, pero si no metemos el cuerpo en las calles, no existe triunfo que valga”. En sus palabras, “los jubilados marcamos la punta del iceberg. Es la punta, pero no nos comamos la curva, es la misma lucha que tenemos que tener todos los argentinos porque estamos sufriendo lo mismo”.

Desde el SiPreBA, también reclamaban por los recientes intentos de censura a Jorge Rial y Mauro Federico por la difusión de audios de Karina Milei en el canal de Streaming Carnaval. Al respecto, Díaz valoró que “es una barbaridad, no solamente que demuestra el espíritu autoritario del gobierno, sino también del funcionamiento podrido del Poder Judicial, porque no solamente tienen la voluntad y la intención sino que encima consiguen un juez que les da la razón y genera un hecho de censura previa”.

En la movilización también podían verse banderas de diferentes partidos políticos, principalmente de izquierda, también de Palestina y de otras organizaciones gremials como La Bancaria. Posterior a un par de rondas entre canciones para la “coimera” y contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, interpretaron el Himno Nacional cerca del Cine Gaumont. Esta vez, casu como una rara excepción, la marcha se disolvió en paz sin repression de las fuerzas de seguridad.

La causa Acindar investiga la colaboración civil en la represión de los 70

La causa Acindar investiga la colaboración civil en la represión de los 70

Sep 9, 2025 | DDHH, Destacado 2

En los alegatos del juicios, personal jerárquico de la empresa y miembros de las fuerzas de seguridad fueron acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Las querellas pidieron cadena perpetua.

Dos exejecutivos de Acindar, la compañía metalúrgica santafesina están en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Junto a ellos, más de 20 ex efectivos de diferentes fuerzas de seguridad corren la misma suerte por los delitos cometidos contra 57 víctimas. La Fiscalía y las querellas pidieron condenas a prisión perpetua, y la sentencia se conocerá en los próximos días.

Desde 2023, el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario, integrado por Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés y Otmar Paulucci, está al frente de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores metalúrgicos a partir del 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución.

Entre los 22 acusados hay dos exdirectivos de Acindar: Roberto Pellegrini, quien fuera jefe de personal de la planta; y Ricardo Oscar Torralvo, ex ejecutivo de administración, acusados de haber entregado a las fuerzas de seguridad las “listas negras” de trabajadores, a quienes identificaron con fotos -tomadas bajo pretexto de renovar carnets-, además de facilitar recursos logísticos y espacios dentro de la planta para los operativos represivos.

La investigación halló que la empresa confeccionó listas de trabajadores para detener, cedió vehículos y espacios como el “albergue de solteros” —convertido en centro clandestino de detención— e incluso habría abonado sobresueldos a integrantes de las fuerzas de seguridad registrados como “viáticos”.

Tras años de dilaciones, en el transcurso de estas semanas se ingresó en la etapa final del debate oral: durante varias jornadas se presentaron testimonios clave, principalmente de exobreros, testigos y familiares de las víctimas, y se realizó un detalle pormenorizado de los crímenes cometidos en los albores de la última dictadura cívico-militar.

Tras la finalización de los alegatos de la defensa de los imputados, se cree que a mediados de octubre se conocerá el veredicto, que podría marcar un hito y ser la primera condena en la historia contra actores empresariales por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe.

La lista Marrón y el operativo Serpiente Roja

Esta causa tiene su eje central en el triunfo de la Lista Marrón en las elecciones de la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en noviembre de 1974. Esa victoria, con el 63% de los votos, permitió que un espacio integrado por militantes de izquierda y delegados combativos llegara al poder y le hiciera frente a la conducción nacional del sindicato, a cargo del peronista Lorenzo Miguel.

Este triunfo es considerado un hito dentro de la historia sindical obrera, ya que permitió la llegada de dirigentes que reivindicaban la democracia sindical e impulsaban mejoras en la salud de los trabajadores y una mayor autonomía frente a la patronal.

Sin embargo, tanto los titulares de Acindar como la conducción nacional de la UOM y el gobierno de la entonces presidenta Estela Martínez de Perón consideraron a esa victoria electoral como una amenaza para el statu quo. “La represión en Villa Constitución fue orquestada por una triple alianza entre el Estado nacional, la patronal y la burocracia sindical”, argumentó la querella de APDH en su alegato. En ese sentido, el 20 de marzo de 1975, la ciudad de Villa Constitución amaneció bajo un operativo represivo sin precedentes. Unos 4.000 efectivos del Ejército, Prefectura, Policía Federal y la Guardia Rural Los Pumas irrumpieron de madrugada en las fábricas, barrios y domicilios de militantes obreros y sindicales. 

El despliegue, conocido como Operativo Serpiente Roja del Paraná, incluyó allanamientos masivos, detenciones ilegales y secuestros. Entre los principales blancos estuvieron los delegados de la mencionada Lista Marrón de la UOM, abogados laboralistas y dirigentes combativos que habían logrado democratizar la seccional del sindicato. Los testimonios recogidos en el juicio narran escenas de violencia extrema: disparos desde el campanario de la iglesia de la ciudad, allanamientos sin orden judicial y traslados de obreros al albergue de solteros de Acindar, convertido en centro clandestino de detención, donde comenzaron las torturas y los simulacros de fusilamiento.

Ese 20 de marzo no fue un hecho aislado, sino el inicio de una maquinaria represiva que se desplegó durante semanas: dirigentes de la Lista Marrón y abogados laboralistas fueron trasladados a cárceles de la región, mientras que decenas de obreros fueron secuestrados en sus casas o en la vía pública.

Las fábricas fueron militarizadas, se instalaron retenes en los accesos a la ciudad y se impuso un clima de terror que buscaba quebrar la organización sindical combativa y devolver el control a la conducción nacional de la UOM. Ese operativo inauguró en Villa Constitución una lógica de persecución, tortura y exilio forzado que anticipó el modelo de represión sistemática que se consolidaría un año más tarde con la dictadura cívico-militar.

“No tenemos dudas, en Villa Constitución se gestó el ensayo genocida que luego se expandió a nivel nacional a partir del 24 de marzo de 1976”, insistieron los abogados de la APDH.

Empresas y terrorismo de Estado

A días de que el juicio por la Causa Acindar llegue a su final, ANCCOM se comunicó con dos de los abogados que participan de la querella. Uno de ellos es Tomás Griffa, integrante del CELS, quien detalló que se pidió la condena de todos los imputados, incluidos Roberto Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo. “Los acusamos de haber entregado información de los trabajadores a las fuerzas represivas para llevar adelante secuestros y asesinatos”, sostuvo. “Se demostró cómo la empresa aportaba domicilios y fotos de los trabajadores, materiales que luego usaron las fuerzas para identificarlos y secuestrarlos. La mayoría de las víctimas eran activistas sindicales que reclamaban mejores condiciones laborales, salarios y atención en salud. La empresa y las fuerzas buscaron coartar esa organización con un operativo represivo iniciado el 20 de marzo de 1975”, detalló.

En ese sentido, trazó un paralelo con otro proceso emblemático: “El caso de Acindar tiene puntos en común con el caso Ford. En ambos juicios se verificó cómo dentro de los espacios de trabajo funcionó un centro clandestino de detención en el que los trabajadores eran secuestrados y torturados”, explicó. A la hora de valorar el proceso, el abogado enfatizó que “se llega a este juicio a través de la lucha de las víctimas, que se constituyeron como querellantes, dieron testimonio, acompañaron todo el proceso. La multiplicidad de querellas es la base de este juicio y la garantía de que se haya podido avanzar hasta acá”. Y concluyó con una crítica a las estrategias de las defensas: “Buscan desligar de responsabilidad a los acusados y justificar el proceder de la empresa. Son argumentos inaceptables a esta altura”.

Por su parte, Julia Giordano, abogada de la APDH, coincidió en la contundencia del material probatorio: “Tenemos la seguridad de que la prueba presentada por todas las acusaciones es suficiente para condenar a todas las personas que han sido imputadas en este juicio por homicidio, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita», enfatizó. «Está probado de manera clara que se trató de delitos cometidos por un Estado terrorista, y que el ataque fue dirigido a una parte específica de la población con el objetivo de atemorizar y disciplinar al conjunto del pueblo argentino, en especial a la clase obrera organizada y quienes apoyaban esa organización, para facilitar la aceptación de las medidas políticas y económicas del nuevo plan de gobierno”, agregó.

Respecto a los desafíos del juicio, Giordano señaló que “la mayor dificultad» tuvo que ver con la posibilidad de que las y los testigos llegaran vivos a un juicio que se celebra cincuenta años después de los hechos. «Lamentablemente no contamos con el testimonio de muchas de las grandes protagonistas de esta historia. Sí pudimos incorporar las declaraciones realizadas en la etapa de instrucción, así como entrevistas previas que dieron a distintos medios. Tanto la prueba documental como la testimonial resultaron fundamentales: las y los testigos que sí pudieron declarar aportaron una claridad inmensa y absoluta sobre cómo se perpetraron estos delitos y quiénes fueron sus autores”, sostuvo.

También ponderó la importancia de la participación de múltiples querellas: “Garantiza pluralidad de miradas y permite que cada organización aporte desde su campo de experiencia. El CELS lo hace desde la investigación académica y jurídica; la UOM aporta el conocimiento sobre la dinámica sindical, la logística y la organización del gremio; y otras querellas tienen una cercanía mayor con las víctimas. Esa diversidad de perspectivas enriquece el juicio y ofrece un mejor entendimiento de lo sucedido en Villa Constitución”, aseguró.

Finalmente, Giordano resaltó el impacto que tendría un fallo condenatorio: “Existen antecedentes de condenas a civiles por delitos de lesa humanidad, pero no en nuestra región. En este caso hablamos de empleados jerárquicos de Acindar. Una eventual condena daría cuenta de la clara responsabilidad de las empresas en el Terrorismo de Estado y del rol protagónico que tuvieron en su planificación el poder económico concentrado y compañías como Acindar”.

“No fue una guerra, fue un ataque sistemático”

El juicio por la Causa Acindar, también conocida como “El Villazo” -nombre con el que se conoció a la huelga de obreros metalúrgicos de Villa Constitución entre 1974 y 1975- tiene la particularidad de tener una larga lista de querellantes: desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, una rareza en épocas de gobierno de La Libertad Avanza.

En líneas generales, los y las abogadas de cada una de ellas coincidieron en definir lo que ocurrió como un genocidio, perpetrado por efectivos de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad junto a fuerzas parapoliciales como la Triple A, en connivencia con las autoridades de Acindar, el gobierno de turno e, incluso, parte de las cùpulas sindicales.

A lo largo de las audiencias se reconstruyeron los casos de asesinatos, secuestros, torturas y violaciones de obreros y obreras a través de las voces de familiares, compañeros y testigos de los hechos. La gran mayoría de los testimonios fueron desgarradores, pero claves para conocer el destino final de muchas de las víctimas, como es el caso de Miguel Ángel Lobotti, asesinado por la espalda desde un patrullero policial el 10 de abril de 1975 mientras trataba de huir en el barrio Villa Diego; o el de Rodolfo Mancini, quien fue secuestrado el 30 de abril del mismo año, acribillado y posteriormente quemado en el interior de su auto, que apareció en la localidad bonaerense de Sarandí.

“Las víctimas en este juicio representan como ninguna otra el objetivo de destruir al movimiento obrero organizado”, resaltó la querella de la APDH.

Esta última organización enfatizó su alegato que existió una alianza entre el Estado, la patronal y la burocracia sindical para llevar a cabo un “plan sistemático y coordinado de represión”, que contó incluso con la complicidad del cura Samuel Martino, que hacía sonar las campanas de su parroquia para que no se escucharan los gritos de los obreros que estaban siendo torturados. “No estamos ante una mera sucesión de delitos, sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar genocidio. Este genocidio no empezó el 24 de marzo de 1976. Se inició al menos desde 1975, con Villa Constitución como ensayo represivo”, remarcaron ante el tribunal.

Por su parte, la querella de la UOM puso el foco en la represión contra la organización sindical metalúrgica y la colaboración de las autoridades de la compañía para llevar a cabo dicho fin. “La prueba producida en este juicio demostró que los hechos fueron obra del engranaje represivo que se ejecutó en nuestro país como parte del plan sistemático de represión con intervención de las fuerzas armadas y de seguridad, pero también con la complicidad civil”, remarcaron. “Esto no se trató de una guerra, sino de un ataque sistemático contra la población civil”, insistieron desde el gremio de trabajadores del sector siderúrgico.

Por otra parte, aseguraron que la causa es únicamente una “foto” parcial de lo que ocurrió, ya que -medio siglo después- muchos de los responsables, como el general Alcides López Aufranc o José Martínez de Hoz -quien posteriormente sería ministro de Economía de la dictadura cívico-militar-, fallecieron sin pasar por el banquillo de acusados. “Aquí se juzga también la responsabilidad civil y empresarial. Sin Acindar no hubiera sido posible semejante despliegue represivo”, consideraron los abogados del CELS al momento de alegar.

La compañía aprovechó la represión para desarticular reclamos laborales, despedir delegados y activistas y aumentar los ritmos de trabajo y disciplina fabril. “Lo más brutal fue la transformación de las relaciones laborales tras marzo de 1975: se perdió la posibilidad de huelga y de negociación sindical”, consideró Victoria Basualdo, historiadora e investigadora del CONICET, al momento de ser citada como testigo de concepto.

Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación apuntó contra el plan represivo previo al golpe de Estado, con la anuencia de Acindar, que reportó varios beneficios económicos, y lo comparó con otras ofensivas como la del Operativo Independencia en Tucumán, ocurrido el mismo año. “Los operativos previos al golpe de Estado tuvieron características comunes: amplio despliegue de personal, existencia de centros clandestinos de detención, rol central de inteligencia y complicidad empresarial”, resaltaron. “Uno de los motivos de la elección de Villa Constitución fue disciplinar al movimiento obrero; otro, aumentar las utilidades de determinadas empresas; y el tercero, lograr la eficacia represiva gracias a la complicidad empresarial”, ahondaron. “Los aportes corporativos (listas de trabajadores, domicilios, legajos, vehículos, logística) deben valorarse como parte de un plan sistemático de represión militar insertado en un proyecto económico, social y político más amplio”, aseguraron.

“Actuaron bajo la impunidad del Estado”

La investigación principal de la causa estuvo a cargo del fiscal federal Adolfo Villatte, especializado en cuestiones de lesa humanidad. Su alegato, que se extendió por varias jornadas, fue por el mismo andarivel que el de las diferentes querellas que fueron pasando antes y después por el tribunal, pero puso especial énfasis en el rol del Estado y los beneficios que obtuvo Acindar por su complicidad. Para la Fiscalía, el caso tiene estrecha relación con otras matanzas de la historia argentina como Semana Trágica (1919), las huelgas patagónicas (1921-22), las Masacres de Napalpí (1924) y Rincón Bomba (1947), el Golpe de Estado de la Revolución Libertadora (1955) y los fusilamientos de José León Suárez (1956). “En todos los casos hubo estrecha relación entre grandes empresas y fuerzas represivas, repitiéndose en Villa Constitución”, remarcó Villatte. Según su investigación, quedó probado que las autoridades de la empresa confeccionaron listas negras de trabajadores y le brindaron su infraestructura y logística (Falcons verdes y helipuerto) a las fuerzas represivas. “Cuando se hayan roto las trabas al progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado”, celebrara López Aufranc en las memorias de la compañía del período 1975/76.

También se comprobó que las víctimas sufrieron allanamientos ilegales, torturas, plantado de pruebas, encarcelamiento sin causa y despidos laborales. De hecho, muchos de ellos permanecieron meses y años presos bajo decretos del Poder Ejecutivo Nacional y otros tantos fueron forzados a exiliarse. “Los testimonios de víctimas, familiares y testigos son irreemplazables para reconstruir las detenciones, torturas, desapariciones y demás crímenes. En estos casos la prueba testimonial adquiere un valor probatorio excepcional”, consideró Villatte.

“El Ejército, la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería y la Triple A actuaron de manera conjunta con la burocracia sindical y la patronal para disciplinar al movimiento obrero”, remarcó.

“La multiplicidad de víctimas no solo abarca a las personas secuestradas, sino a todo su entorno. Actuaron en la clandestinidad bajo el manto y la impunidad del Estado y con la confianza de que por su rol en una empresa nada les pasaría”, concluyó el fiscal federal. Y todo esto con el dato no menor de que Acindar recibió grandes beneficios económicos: préstamos por parte del Tesoro Nacional, la estatización de su deuda y la venta de palanquilla -material base para elaborar productos de acero- a precio subsidiado por parte de la compañía pública SOMISA, entre otros.

De hecho, según el relevamiento de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal, Acindar pasó de representar el 1,1% de las ganancias de las 100 mayores empresas del país en 1976 a representar el 13% en 1983. “El Estado aprobó medidas que aseguraron no solo la protección del sector, sino beneficios directos para empresas como Acindar”, reza el informe. No es casualidad que para ese entonces el Ministerio de Economía del gobierno de facto estuviera a cargo de José Martínez de Hoz, quien fuera presidente del directorio de la compañía en los años previos y, a posteriori, terminara aplicando uno de los programas económicos más brutales de la historia argentina.

“No fue un mero conflicto gremial”

Ante la abrumadora cantidad de pruebas presentadas por la Fiscalía y las diferentes querellas, la defensa de los acusados apeló a la táctica de negar los delitos de lesa humanidad, minimizar los hechos cometidos por las fuerzas represivas y apelar a la presencia de organizaciones armadas dentro de la fábrica para justificar su accionar. “La actuación de mis asistidos fue dentro del marco de las facultades que le confiere la Constitución y la legislación vigente para garantizar el orden público”, sostuvo el defensor oficial Julio Agneoli, representante legal de los policías federales involucrados en el caso.

Sus argumentos se basaron en la presunta falta de tipicidad, la carencia de generalización -es decir, que no se habría atacado a toda la población, sino a un grupo en particular-, la falta de sistematicidad y de un plan estatal. “No se trató de un mero conflicto gremial. Las organizaciones revolucionarias habían penetrado en la dinámica de las fábricas metalúrgicas brindando apoyo logístico y cobertura armada”, insistió, en alusión a la supuesta presencia de grupos como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La defensa de Pellegrini y Torralvo -los dos exejecutivos señalados por la Justicia- fue por el mismo camino al tratar de ligar la organización sindical de los trabajadores de Acindar a la lucha armada de la época. Lo que los acusadores han ocultado son las razones de esa presencia policial. La Argentina en 1974 padeció un proceso de enorme violencia de organizaciones guerrilleras. Llamar a la policía era una obligación de la patronal, como les gusta decirle”, argumentó su abogado, el doctor Carlos Varela Álvarez. El letrado consideró que la toma de la planta de Acindar en 1974 fue una “privación ilegítima de la libertad” cuyos rehenes eran trabajadores administrativos y jefes de la fábrica y sostuvo que el “Villazo” no fue “una gesta, sino un horror”.

“Habiendo Estado de sitio, las detenciones fueron legítimas todas. Acá no hubo clandestinidad”, justificó, quien fuera impulsado por el expresidente Mauricio Macri para representar a la Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Las detenciones del 20 de marzo fueron legales. No hay ninguna prueba contra Pellegrini y Torralvo. Este juicio llega 50 años después y pretende reivindicar crímenes atroces. Pero mis defendidos no tienen nada que ver”, cerró, antes de pedir la absolución de sus defendidos.

En la recta final, el juicio tiene programadas cuatro audiencias más en la que desfilarán los diferentes abogados defensores de los acusados. Posteriormente, el Tribunal deberá dar su veredicto.

Una compañía con historia

Acindar se levanta en el corazón de Villa Constitución, a orillas del río Paraná, es una de las siderúrgicas más importantes del país y de la región. Fundada en 1942, la empresa no sólo fue motor de la industrialización argentina y del desarrollo regional, sino también escenario de algunos de los conflictos sindicales más intensos del siglo XX. Su nombre remite tanto a la producción de acero, vital para la construcción, la industria automotriz y el agro, como a la memoria obrera y política, atravesada por represión, luchas gremiales y disputas por el rumbo económico nacional. Hoy, bajo el control del gigante multinacional ArcelorMittal, Acindar sigue siendo un actor clave en la estructura productiva argentina, condensando en sus hornos y talleres las tensiones históricas entre capital y trabajo, desarrollo y dependencia.

En la actualidad, la planta de Villa Constitución emplea a más de 3.000 trabajadores de manera directa y sostiene una extensa red de contratistas en la región. Sus productos abastecen a sectores estratégicos y la consolidan como un eslabón imprescindible de la economía nacional.

Sin embargo, la dependencia de los vaivenes del mercado interno y de las decisiones de su casa matriz en Luxemburgo despiertan inquietudes sobre el futuro de la siderurgia argentina y el grado de autonomía de un sector esencial en cualquier proyecto de desarrollo. 

«No vamos a cambiar, vamos a redoblar nuestra política»

«No vamos a cambiar, vamos a redoblar nuestra política»

Sep 8, 2025 | Destacado 2, Vidas políticas

El gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el presidente anuncio, cuando asumió la derrota, que no habrá cambio de rumbo.

El gobierno de La Libertad Avanza no pudo con las fuerzas del pueblo que le pusieron un freno en las elecciones legislativas bonaerenses. Fuerza Patria superó por casi 14 puntos de ventaja al oficialismo nacional.

Votó el 61,65 por ciento del padrón electoral y al cierre de esta edición, con el 94,31 por ciento escrutado, Fuerza Patria alcanzaba el 47,17 por ciento de los votos, mientras que La Libertad Avanza el 33,78. Le seguía Somos, muy lejos, con el 5,29 por ciento y el FIT-U con el 4,36. De las 8 secciones electorales, LLA ganó apenas dos -la quinta y la sexta- y por un margen estimado de entre 4 y 6 puntos. En municipios como Avellaneda, FP arrasó con el 64,36 por ciento, dejando al oficialismo muy por debajo, con el 26,55.  

La tarde caía en el búnker de La Libertad Avanza cuando la prensa comenzó a congregarse afuera del salón de eventos de Gonnet, en un corralito armado para tal fin. Como suele ocurrir en sus actos públicos, el Gobierno fue blindado: los medios no podían ingresar al lugar con cámaras por lo que la prensa se quedó a la intemperie del frío en predio abierto. 

A las 22, habló el presidente Javier Milei desde el escenario del búnker: “Hoy hemos tenido una derrota. Los resultados no han sido positivos y hay que aceptarlo. Haremos una profunda autocrítica, vamos a corregir los errores, no hay opción de repetir los errores de cara al futuro”. Sin embargo luego afirmó: “El rumbo por el que fuimos elegidos no se va a modificar. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno, el rumbo no sólo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación, vamos a mejorar aún más nuestra política de capital humano…”. Sobre los resultados de los comicios agregó que “ésto representa el piso para nosotros y el techo para ellos, hicieron la mejor de las elecciones posibles, este es el piso con el que empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre”. Para cerrar, el presidente mandó a todos a trabajar mañana porque “hay que sacar al país adelante”.

 La primera voz oficial de la noche había sido la de Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia. En su discurso se manifestó en sintonía con lo que luego diría Milei sobre la aceptación de la derrota y agregó que “sabíamos que nos enfrentábamos al bastión del peronismo”. También resaltó la importancia de las elecciones nacionales del 26 de octubre a las que categorizó como de “segunda etapa” y llamó a los ciudadanos a que “analizen muy bien el comportamiento de hoy”, recordando los dichos del expresidente Mauricio Macri en las PASO presidenciales que perdió. Ante los invitados en Gonnet, Pareja agregó: “Tenemos que fortalecer nuestros lazos pero sin dejar de lado el rumbo, no lo vamos a torcer por una derrota electoral”.

Luego de pasar el trago amargo de los datos, el ejército libertario salió a bancar al oficialismo nacional con mensajes de “acá no se rinde nadie” y “en octubre la damos vuelta”. A su vez, parte del gabinete compartió las ideas del presidente en su discurso, fue el caso del ministro de Economía Toto Caputo a través de la red social X: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”. A lo que se sumaron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la de Capital Humano Sandra Pettovello.

Durante la jornada, dentro del búnker corría el silencio y los ánimos caídos. Quienes generalmente alardeaban en favor del gobierno nacional se escondieron bajo las baldosas, no osaron pasar ni un porcentaje del escrutinio a los periodistas que suelen defender al oficialismo. Repitieron el silencio de los últimos días, cuando estalló el escándalo de las presuntas coimas y sobreprecios que pagaba el ANDIS por los medicamentos. El broche del absurdo lo puso Lilia Lemoine denunciando a través de un video en la red social X el acoso de periodistas que qurían hacerle unas preguntas cuando se dirigía a votar por la mañana. Eran los primeros signos de un día en el que el gobierno de Milei quedó desnudo.