Quieren podar El Ceibo

Quieren podar El Ceibo

La cooperativa porteña de recicladores urbanos corre riesgo de desalojo y no tiene una propuesta de reubicación. Trescientas familias pueden perder su trabajo. Cómo la apertura de importaciones perjudicó a los cartoneros.

Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y de Jorge Macri al frente del gobierno porteño, las cooperativas de reciclaje enfrentan un escenario de creciente incertidumbre. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires operan doce cooperativas que, desde 2002, integran el Servicio Público de Higiene Urbana. Estas organizaciones no solo cumplen un rol ambiental clave, sino que también sostienen el empleo de miles de personas provenientes de sectores históricamente excluidos. Hoy, su continuidad está en jaque.

Una de las cooperativas más afectadas es El Ceibo, fundada en 1989 por Cristina Lescano y un grupo de mujeres que, por necesidad, comenzaron a recuperar materiales reciclables junto con los curas de Palermo. Su lema, “recuperar para recuperarnos”, sintetiza una historia de trabajo y organización. Actualmente cuenta con más de 300 integrantes y enfrenta una amenaza de desalojo por parte del Gobierno porteño, sin una propuesta clara de reubicación.

El Ceibo fue una de las primeras cooperativas en ingresar al sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Su planta está ubicada en un predio en Palermo, el propietario es el Belgrano Cargas pero hace más de 20 años que tienen un acuerdo para hacer su trabajo allí. “Nosotros prestamos un servicio al Gobierno. Ellos no deciden por nosotros, tenemos una cogestión”, explicó Ana María Sánchez, trabajadora de El Ceibo.

En la planta se procesan actualmente unas 430 toneladas mensuales de material reciclable, provenientes de los vecinos y generadores con los que la cooperativa ha tejido vínculos a lo largo de más de tres décadas. “La noticia nos tomó por sorpresa. Nos informaron cuando la decisión ya estaba tomada: Belgrano Cargas reclamó el sector para entregarlo a manos privadas y el Gobierno no se opuso”, denunció Sánchez. Ante esta situación, la organización recurrió a las redes sociales para difundir su reclamo y movilizar a la sociedad. El plazo de desalojo vence el 30 de junio y, de concretarse, dejaría en la calle a más de 300 familias.

A pesar del contexto adverso, la labor no se detuvo. “Seguimos trabajando más que nunca. Si paramos, hay 300 personas en la calle. Ese es el espíritu: acá se cumple horario, se hacen todas las tareas, vamos a buscar los materiales a universidades, empresas. Nos ganamos nuestros derechos, pero también tenemos obligaciones”, afirmó Sánchez.

“Somos una cooperativa insignia y vienen por nosotros. Creemos que esto puede ser un efecto dominó”, advirtió la trabajadora de El Ceibo. “Estamos esperando que nos convoquen a una nueva reunión. Por las elecciones no tuvimos respuesta”, explicó Sánchez sobre el estado actual de las negociaciones. Mientras tanto, la cooperativa busca alternativas y apoyo para preservar sus puestos de trabajo, ya que hasta el momento no existe una propuesta de reubicación concreta.

Pero el conflicto no se limita al desalojo: El Ceibo libra también una lucha constante contra la importación de materiales reciclables desde el extranjero. “No sabemos de dónde vienen ni en qué condiciones. Hace dos años logramos frenar su ingreso, pero ahora llegan toneladas”, advirtió Sánchez. Esta competencia desleal afecta directamente la economía del sector: los precios caen a la mitad, el trabajo es el mismo, pero la paga no alcanza. “Siempre tenemos que ponerle un freno. Nosotros no le tenemos miedo al gobierno”, sentenció.

El funcionamiento de las cooperativas está regulado por un pliego de licitación que establece las condiciones bajo las cuales prestan su servicio de reciclado urbano. Este documento, que debería renovarse cada cuatro años, define la zona de trabajo asignada, las obligaciones de los recicladores urbanos, los recursos que debe proveer el Estado y el monto de la contraprestación económica. “Si no cambia el pliego, no podemos dar aumentos a nuestros trabajadores. Pero el año pasado, el gobierno lo cajoneó”, denunció Sánchez. “Lo único que nos queda es esperar la reunión y, si no, reclamar y pelear por nuestros trabajos”,concluyó. Así nacieron los hashtags #NoAlCierreDelCeibo #NoAlCierre #SiAlTrabajo #ElCeiboRSU. 

Malestar general

La situación de El Ceibo no es un caso aislado. El Centro Verde de Barracas, el más grande de CABA, sigue sin funcionar tras un incendio y ni siquiera hay licitación para su reconstrucción. ANCCOM también habló con integrantes de la Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, ubicada en Villa Soldati, dedicada all tratamiento sustentable de residuos secos y electrónicos (RAEE).

“Fundamentalmente, está especializada en el reciclado de residuos electrónicos y nuestra labor es promover la reutilización de los equipos. Le damos una segunda vida a todos los materiales que rescatamos en la separación de la planta”, comentó Roberto Felicetti, representante legal de la cooperativa, quien además lleva adelante las tareas de la presidencia. En su planta recuperan materiales valiosos como plástico, cobre, aluminio y componentes electrónicos reutilizables, impulsando un ciclo de producción más limpio y eficiente.

El rol de las cooperativas no es solamente contribuir al cuidado del medio ambiente, sino que su labor fundamental es la inclusión social, es un espacio para la generación de puestos de trabajo. A su vez, para los trabajadores las cooperativas tienen que ser pensadas con una mirada productiva. “El movimiento surge a partir de un desarrollo de cooperativas de cartoneros con los materiales secos, pero existía una necesidad que no se cubría, que era la de los residuos electrónicos. Comenzamos a partir de las máquinas de oficina y así generamos nuestro trabajo”, agregó Felicetti. 

Las cooperativas trabajan en conjunto, y si no existieran, estos residuos serían arrojados junto con el resto de la basura. En el caso de los electrónicos muchos terminan en basurales informales, liberando sustancias tóxicas como plomo y mercurio que contaminan el suelo, el agua y el aire.  

Intervención y ahogo

Al igual que comentaba Sánchez, Felicetti planteó que “el Estado debería pagar a las cooperativas por el servicio que le brindan y que haya una política pública que ayude a ese trabajo a desarrollarse”. Desde noviembre del año pasado, el Gobierno de la ciudad les quitó el manejo de su trabajo, no pueden tampoco manejar sus recursos y viven con un reloj biométrico para el presentismo. Florencia Canchi, secretaria de la cooperativa, agregó que “ahora el Gobierno de la Ciudad está a cargo y a veces no se entregan los sueldos, tampoco los incentivos en tiempo y forma. Nosotros quedamos en el medio, pero no es nuestra labor”. 

A diferencia de las otras cooperativas, gracias al reciclado de electrónicos Reciclando Trabajo y Dignidad puede seguir funcionando a pesar de los intentos del Estado por reducirlas. Una gran parte de su labor se destina a trabajar con empresas privadas como YPF y Santander. Felicetti observó que “hoy el Gobierno de la Ciudad desactiva todas las cooperativas, ya que el Gobierno nacional quiere dejar la vía libre a los negocios del gran empresariado. Nosotros podríamos cubrir muchas actividades si se tuviera una mirada productiva”. Esto se refleja en decisiones recientes como la liberalización de importaciones de materiales como el papel y el plástico, que afectaron directamente al sector.

Las consecuencias son directas para los trabajadores ya que los precios de estos materiales cayeron abruptamente. “El precio del cartón a principio del año pasado estaba 240 pesos ahora 60 pesos el kilo, cuánto tiene que hacer un cartonero para que el día le rinda. el film estaba 400 ahora está 200 o 150. Una política totalmente perjudicial”, dijo. Estas nuevas políticas no perjudican solamente a las cooperativas ya que Celulosa comunicó que no podrá pagar sus obligaciones con vencimiento en mayo. “Si Celulosa empieza a tener problemas ¿qué será de nosotros?” añadió Felicetti. 

Con respecto a la situación laboral, Ingrid Rodríguez, promotora ambiental de la cooperativa, remarcó la importancia del marco legal: “Hay dos leyes que nos avalan: la 992, que nos da el derecho de juntar los materiales de la calle, y la 1.854, que nos da el derecho a tener obra social y un trabajo en tiempo y forma. Pero no se cumplen”.

Rodríguez también señaló la reducción drástica de puntos verdes. “Había 42 puntos verdes, con Milei hay 21. Hay partes de CABA que entre una comuna y otra no hay. ¿Cómo va a reciclar la gente si no hay dónde dejar los residuos?”. La situación también se ve agravada con la nueva gestión en la Ciudad: “Con Jorge Macri es distinto que con Larreta. La bajada de línea es más fina. Hay recolectores en la calle que son cartoneros del sur, la Policía les está sacando los carritos”.

Las cooperativas son indispensables a la hora de pensar la limpieza y la organización de la ciudad. Pero su importancia no se limita al rol ambiental que cumplen, sino también al rol social que sus trabajadores y trabajadoras reivindican. Muchas de ellas atraviesan un momento delicado bajo la nueva gestión de Milei y Jorge Macri, en un contexto de recortes y cambios que las golpea de lleno. Mientras El Ceibo resiste a través de las redes y continúa con su labor diaria, otras cooperativas se organizan para evitar ser las próximas en caer bajo la motosierra. En un contexto de ajuste, lo que está en disputa no es solo un galpón si no el futuro de cientos de familias que se generaron un trabajo digno.

La estación de los pañuelos

La estación de los pañuelos

A un año del fallecimiento de Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, diferentes organizaciones sociales conformaron la Comisión por la Estación Nora Cortiñas, que busca renombrar la parada Castelar del Ferrocarril Sarmiento. Este viernes realizaron un festival con música, fotografías y relatos para recordar a la luchadora por los derechos humanos.

Agrupaciones políticas, por los derechos humanos, estudiantiles y barriales de la ciudad de Castelar conformaron este año la comisión que busca ponerle a la estación de tren que pasa por allí el nombre de Nora Cortiñas, madre del desaparecido Gustavo Cortiñas e incansable activista contra las violaciones a los derechos humanos de la dictadura y de la democracia. “La convocatoria original surge de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Morón, que nos invitó. Muchas organizaciones y militantes de la Zona Oeste respondimos y comenzamos, desde una dinámica muy democrática y transversal, a pensar este proyecto”, repasa Margarita Pinto, miembro de la Comisión y militante del colectivo Memoria Militante. El 26 de abril pasado la Comisión realizó su primera actividad, una caminata por la memoria en las calles de Castelar pasando por sitios importantes en la vida de Nora y Gustavo. La movilización partió de la esquina de la casa de Cortiñas, pasó por la Biblioteca Paulo Freire donde hay un mural realizado en su honor y concluyó en la estación de tren,  donde se descubrió una placa en memoria del militante desaparecido. “Nosotros queremos que la estación sea un lugar de memoria, ponemos el nombre de Norita como faro, porque ella además no sólo suscribió a la lucha por la desaparición de su hijo, sino que fue mucho más que eso. Es una forma de continuar su legado”, afirma Pinto. 

La activista de Memoria Militante también considera que este tipo de intervenciones se vuelven más urgentes en el panorama actual. “En este contexto de apologistas de la última dictadura militar, nosotros redoblamos la apuesta y militamos por que la lucha de Memoria Verdad y Justicia no se apague”, sostiene. El proyecto de la Comisión se piensa a largo plazo, realizando múltiples actividades e intervenciones. “ Somos conscientes de que las luchas se consiguen a través del territorio y por eso sabemos que esto es algo a largo plazo. Creemos que la ciudadanía tiene que tomar esto como propio para poder legitimarlo a través de la necesidad y que sea algo que permanezca a través del tiempo”, afirma Pinto. 

Norita, como le decían, estaba en todos lados, no había conflicto que esquivara y se hacía presente casi siempre acompañada por Karina Díaz, amiga de Cortiñas, fotógrafa y trabajadora del Subte. “Es una idea maravillosa, porque es una forma de que no se olvide que queremos saber qué pasó, dónde están los nietos que todavía no recuperaron su identidad. Creo que funciona como un conjunto, ver ese nombre, lo que significa ese nombre, pensar quién era esa madre, y en esa madre todas las madres y todos los hijos”, plantea. 

El viernes 30, a un año del fallecimiento de Cortiñas, la Comisión organizó la actividad “Norita eterna: Sembrando Memoria sembramos lucha” en Los Incas y Timbúes, saliendo del túnel de la estación Castelar del lado norte. El evento contó con música, relatos, fotografías y la convocatoria a distintos sectores: “Quisimos generar un diálogo entre las fotografías de Norita y los diferentes compañeros militantes que ella acompañó en sus luchas”, explica Pinto. El evento tuvo la presencia de Margarita Noia, hija de la Madre de Plaza de Mayo Pepa Noia, que relató su caminar junto a Nora en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Se convocó a niñeces y adolescencias para visibilizar el repudio al proyecto de baja de edad de imputabilidad y a la Comisión por Palestina, una lucha que Cortiñas también acompañó. “No quisimos perder esa impronta de Nora por la cual la llamábamos la Madre de todas las luchas. Quisimos que el evento sea un ejercicio de memoria, no un encuentro para llorarla sino para tener presente que a pesar de su partida física está viva”, propone Pinto. Y reflexiona: “Eso también es lo que hacemos cuando hablamos de los desaparecidos, hacemos memoria de la vida. Pedimos justicia, pedimos saber qué pasó con ellos, pero también representamos su militancia, su lucha”. 

 

La Madre de todas las luchas 

Al momento de su desaparición Gustavo Cortiñas tenía 24 años, estudiaba Ciencias Económicas en la UBA y militaba en la Juventud Peronista Universitaria. El 15 de abril de 1977, en la misma estación Castelar cuyo nombre ahora se pretende modificar, Cortiñas fue detenido, secuestrado y desaparecido. La vida de Nora, que tenía 47 años, se dedicaba a su hogar y a dar clases de alta costura, se transformó radicalmente a partir de ese profundo dolor. “Se ha dicho que Nora era una madre común, que estaba en su casa, que se ocupaba de las labores hogareñas, digamos, y que la desaparición de Gustavo la transformó en una luchadora. Pero yo creo que, al final, también fue una madre común, no una madre como cualquier otra, sino que Nora fue una madre común a todos nosotros”, reflexiona Gonzalo Moyano Balbis, amigo de Cortiñas, parte del Encuentro Memoria Verdad y Justicia y militante del Encuentro Militante Cachito Fukman. 

Nora comenzó su lucha para saber qué habían hecho con su hijo y en el camino se convirtió en la madre de todas las luchas. “Nora aprendió de Gustavo de un modo muy profundo lo que es la solidaridad”, afirma Moyano Balbis, y recuerda una anécdota que la propia Cortiñas contaba recordando a su hijo, en la cual ella, al ver que Gustavo estaba dedicándose intensamente a la lucha social y que había situaciones de cierto riesgo, le pidió que al ir a las movilizaciones se cuide, “que no se ponga tan adelante”. Su hijo le respondió que no podía cuidarse a sí mismo en pos de dejar en riesgo a otros, porque si él no estaba adelante, lo estarían otros, otros que eran hijos de otras madres. “La necesidad de solidaridad Nora la daba un poco por explicada con esa anécdota y esto es lo que transformó su lucha, entender esa cuestión de que no era sólo su hijo, que su hijo era parte de una lucha enorme, mundial, porque por eso ella recorrió el mundo”, explica Moyano. Y recuerda: “Nora estuvo con las madres kurdas, con mujeres en Japón que habían sido sometidas a la prostitución por miembros del Ejército durante la guerra, con los zapatistas en México, contra el genocidio en Gaza. Una cosa es plantear la cuestión de la necesidad de una lucha integral y otra es vivirlo como lo vivía Nora”. 

Díaz reflexiona sobre el año transcurrido desde su muerte. “Cada vez que alguien me ve en alguna marcha lo primero que me dicen es cómo se la extraña a Nora y a su vez, quienes formamos parte de su grupo de confianza hoy en día nos planteamos lo difícil que hubiera sido cada miércoles con este Gobierno”, plantea la fotógrafa en referencia a las sucesivas represiones que los jubilados, reporteros y civiles que se solidarizan sufren cada miércoles en el Congreso por parte de la Gendarmería. “Hubiera sido muy difícil para nosotros decirle que tal vez no podía ir, porque esta gente no tiene reparo por nada. Hace dos semanas atacaron de forma criminal a curas tercermundistas, amigos de Norita. No tienen límite y tampoco lo hubieran tenido con ella, pero sabemos que Norita hubiera querido estar cada miércoles ahí”, apunta.

Legado eterno

A un año de su ausencia física, Norita continúa presente en cada movilización, en cada marcha y en cada enseñanza que dejó a quienes militan por una realidad más justa. Díaz, afirma que “el acompañar al que más lo necesita, acompañar los juicios y las causas justas”, es parte de las enseñanzas que Cortiñas dejó con su ejemplo. “Creo que parte de su legado es seguir nombrando a los 30.000 detenidos desaparecidos, seguir pidiendo por la restitución de los nietos que faltan recuperar su identidad y exigir que se abran los archivos del 74 al 83. Esa lucha es parte de lo que nos deja y hay que seguirla”, sostiene. “A veces la gente tiene miedo, pero el miedo paraliza. Hay que seguir luchando y ocupando las calles”, propone.

Para Gerardo Szalkowicz, amigo de Cortiñas y autor de Norita, la Madre de todas las batallas, ella “fue un ser extraordinario, no sólo como referente política sino como persona. Su inmensa humanidad, su ternura, su sensibilidad, su defensa de la alegría como una trinchera era admirable”, recuerda. “Creo que tenemos que tener siempre presente como enseñanza su compromiso ético, su consecuencia entre el decir y el hacer, su pedagogía del ejemplo y su poner el cuerpo. Poner el cuerpo y no bajar los brazos, ese fue un mensaje que siempre nos dió  y que en estas épocas  de tanto escepticismo, tanta apatía, tanta desesperanza hay que tener presente”, afirma el autor. 

Por su parte, Moyano Balbis afirma que “este año sin Nora es imposible pensarlo sin tristeza y sin pensar que es una pérdida enorme, pero a la vez se afirma la necesidad de continuar con su ejemplo y su lucha, que era algo que nos pedía que prometiéramos cada jueves”, recuerda Moyano. A su criterio, el legado de Cortiñas “es la comprensión de la lucha unitaria, de que la lucha está en todos lados y que nos debe abarcar a todos, junto con la forma en que Nora lo llevó adelante, es central y debemos sostenerla en este momento con mucha más fuerza que nunca”. 

Más motosierra a la memoria

Más motosierra a la memoria

Referentes, directivos y trabajadores de instituciones vinculadas a los derechos humanos detallan los avances del deterioro en las políticas de memoria , verdad, justicia y derechos humanos y anuncian la marcha de este viernes en el Espacio para la Memoria (ex ESMA)

«Los derechos humanos no se degradan por decreto», sostuvo la Junta Interna de ATE en el Ministerio de Justicia. Ante los avances del gobierno contra la Secretaría de Derechos Humanos, organismos de derechos humanos y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llamaron a convocarse este viernes 30 de mayo a las 17 horas en una actividad en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En los últimos días, Milei puso al Museo Sitio ESMA, patrimonio de la humanidad, y al Archivo Nacional de la Memoria como «unidades» del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos». También le quitó autonomía y autarquía al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

Mañana por la tarde se caminará al interior del predio, Avenida del Libertador 8151, para repudiar la decisión del Gobierno de Javier Milei de degradar la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría.

Guillermo Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit es uno de los tantos nietos restituidos gracias a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo. Nació durante el cautiverio de su madre, Patricia Julia Roisinblit, en la ESMA, y hace algunos años es Miembro de la Comisión Directiva de Abuelas. Sobre la decisión gubernamental, dice: “No son cuestiones que tengan que ver con lo presupuestario. Desde un primer momento, desde el Debate Presidencial, supimos la postura que se tenía sobre el tema. Si analizamos las medidas que han estado tomando, vemos que la manera de pensar de este gobierno no es negacionista sino reivindicatoria: recortan un montón de políticas de Estado tendientes a garantizar la memoria, la verdad y la justicia; desconocen las medidas internacionales, pero premian a los genocidas que estaba detenidos en Ezeiza, los asesinos más feroces que tiene la historia más reciente de nuestro país, trasladándolos a Campo de Mayo”, enumera.

“No son coincidencias, delimitan lo que mostraron en la candidatura. Estamos teniendo un retroceso de más de 30 años. Con esto se derriban todos los consensos democráticos, y lo que hoy defendemos es algo que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”, agrega el nieto restituido. Es clave tener presente que el 19 de septiembre de 2023 el organismo que menciona Pérez Roisinblit declaró el Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad a razón de su valor como lugar asociado a la represión y a la violación de derechos humanos durante la dictadura argentina, destacando la importancia de la memoria y la lucha por los mismos.

Por otro lado, el nieto restituido en 2001 advierte: “Estoy convencido de que, en lo que se etiqueta como cuestiones de derechos humanos, Abuelas es el blanco preferido de este gobierno, y un ejemplo de esto es lo que pasa con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)”. Si bien, hasta ahora, el organismo había funcionado de forma autónoma y autárquica, hoy se enfrenta a la “motosierra” de Javier Milei.

Visita de Marie Claire King, genetista quien inventó el índice de abuelidad, al BNDG en 2022.  

El genetista, investigador y activista Víctor Penchaszadeh fue uno de los creadores del primer índice de abuelidad que permitió identificar a hijos de desaparecidos. En 1987, por ley N° 23.511, Abuelas de Plaza de Mayo impulsó la creación del BNDG con el objetivo de obtener y almacenar información genética que permitiera identificar a los hijos de desaparecidos. “El Presidente y el Jefe de Gabinete han firmado un decreto suprimiendo el cargo de director administrativo del Banco Nacional de Datos Genéticos”, cuenta Penchaszadeh. “Eso implica que todas sus finanzas, hasta ahora manejadas por el propio Banco, van a pasar a ser manipuladas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger. Hay una gran incertidumbre por parte del personal del Banco, que cuenta con 30 o 40 empleados, y cuya directora tiene vencido el nombramiento hace dos semanas; está técnicamente acéfalo. Es un destrato al BNDG y a todo su personal, que trabaja para algo tan fundamental como es el derecho a la identidad”.

Sin embargo, como lo mencionó Pérez Roisinblit, esto no pareciera ser casual: “Todas las instituciones que tienen que ver con derechos humanos están siendo ninguneadas, como el Archivo Nacional de Memoria, la Comisión Nacional por el derecho a la Identidad o el propio Museo Sitio de la Memoria. Niegan que hubo terrorismo de Estado, niegan los más de 30.000 desaparecidos, niegan todo. Entonces, les molesta que haya entidades que se ocupen de los derechos humanos y de la memoria del terrorismo de Estado. Están tratando de desactivarlas, y legalmente no va a ser fácil. Se olvidaron de que existe el derecho a la identidad”, detalló Guillermo.

La actual Directora Ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Mayki Gorosito, puso al tanto de la situación a ANCCOM: “La actualización más reciente es el decreto presidencial del 22 de mayo, donde se desjerarquiza absolutamente a la institución. Justamente en la semana donde cumplimos 10 años de ser una institución pública que trabaja por la memoria, la verdad y la justicia. Estamos a la espera de las definiciones sobre la nueva estructura, pero eso es un punto en el camino de todas las afectaciones que hemos tenido durante este último año, vinculadas a despidos y a la casi nula ejecución presupuestaria respecto de las necesidades y demandas del Museo Sitio para su ejemplar funcionamiento y cumplimiento de las responsabilidades del Estado argentino ante la justicia. (Responsabilidad) Por nuestra condición de prueba judicial y ante los organismos de integración subregional como el Mercosur, que somos parte de la lista de patrimonio cultural, y ante la UNESCO, por ser parte de la lista de patrimonio mundial”.

Mayki Gorosito, Rosita Soffiantini y Guillermo Pérez Roisinblit en el 10° Aniversario del Museo Sitio de Memoria ESMA.

Si hay algo en lo que coinciden todos los organismos que hace meses vienen sufriendo las medidas del actual gobierno, es en la falta absoluta de comunicación. “De su parte, no están circulando información ni comunicándose mediante ningún tipo de diálogo hacia el Museo”, confirma Gorosito, cuyo puesto de trabajo está en juego. “Nos enteramos del proyecto de decreto y estuvimos atentos a cuándo salía publicado en el Boletín Oficial. Son reestructuraciones que, por supuesto, no tienen en consideración las características y necesidades del Museo, que se encuentra funcionando de forma habitual con lo que nos quedó de los equipos, entre los cinco despidos y las doce renuncias que se presentaron en función de la rebaja salarial, a un promedio del 50 por ciento”.

Paula Donadío, delegada de ATE, también adelantó a la Agencia las próximas medidas de fuerza y dio detalles sobre la movilización de mañana miércoles: “Hay muchísimos organismos que acompañarán a ATE, entre ellos, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, asociaciones, sindicatos… Todos pensamos que esto es algo mucho más grande que la sola degradación de la Secretaría: es la falta de una política con respecto a la protección y defensa de derechos humanos que tiene este gobierno. Se evidencia con la situación actual del Garrahan, en su momento la del Bonaparte, todos los miércoles con la represión de jubilados, y más. Buscamos que estén todos representados. Además, pensamos la caminata a modo de unir dos áreas que son de las más golpeadas por estos últimos cambios: el Archivo Nacional de la Memoria y la ex ESMA. La principal preocupación que tenemos es que todo ese achique conlleva a más despidos. Con esta iniciativa buscamos hacer hincapié en que no queremos volver hacia atrás sobre lo construido”.

Un encuentro con el diablo

Un encuentro con el diablo

En una nueva audiencia que investiga los crímenes de lesa humanidad en la Mansión Seré, Norberto Urso, sobreviviente de ese centro clandestino de la dictadura, relató su reunión con el imputado Julio César Leston en 2009. Otro testigo mencionó la complicidad empresarial con los represores.

“Nos encontramos en Morón. Le pregunté por temas sobre los que él ya había declarado y otras cosas que yo ya conocía”, dijo Norberto Pedro Urso, sobreviviente del centro clandestino ubicado en la antigua casona de la quinta Mansión Seré, en relación a su reunión con uno de los imputados: Julio César Leston. Urso fue el primer testigo en declarar en la nueva audiencia por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II de este martes 27 de mayo.

Mientras Urso trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, tuvo acceso al testimonio de Leston en la causa Roisinblit. “Noté que tenía intenciones de hablar porque luego de su primera declaración decidió ampliar su testimonio. Por eso en 2009, lo contacté”, explicó el autor del libro Mansión Seré, un vuelo hacia el horror. “Encontré su número en la guía telefónica, me contacté con la abogada Julieta Paradela, que hizo de intermediaria y logró una cita en su estudio jurídico”. Se reunieron solo una vez, porque Leston nunca asistió a un segundo encuentro.

El testigo sentado en un pequeño escritorio frente a la jueza María Claudia Morgese informó que tenía allí mismo diez páginas de transcripción de su puño y letra de la conversación. Explicó que dicho material nunca fue incorporado de manera completa a ninguna causa judicial anterior por su miedo de incurrir en falso testimonio al citar, sin tener como constatar, lo que le relató Leston: “En otros tramos de la causa de Mansión Seré no di cuenta de la conversación porque Leston no estaba imputado”. El tribunal determinará la pertinencia de la incorporación del material aportado.“Leston me comentó que había una comunidad operativa y que a su cargo estaba el Comodoro [Julio César] Santuccione, y luego en orden de jerarquía estaban los oficiales [Mario] Rulli, Basilio, [Juan Carlos] Herrera y Acosta. Sobre Herrera, exteniente de la 1° Base Aérea del Palomar, Leston le había dicho que “estaba permanentemente en Seré y era violador”. En aquella conversación, Leston también se había referido a José Juan Zyska, excabo 1° de la Brigada del Palomar, como alguien que “periódicamente iba a RIBA” y sobre Juan Carlos Vázquez Sarmiento como “una mala persona”.

Sobre otras informaciones referidas por el actual imputado, el sobreviviente recordó: “Me contó sobre una casa operativa en Paso del Rey, a 150 metros de la ruta sobre la lateral del Río Reconquista, que fue apropiada a un desaparecido y a donde llevaban el botín robado de menor valor. Lo más valioso iba a la caja fuerte de RIBA. También que cuando alguien fallecía mientras era interrogado y torturado, en muchos casos, eran inhumados dentro del predio. De motus propio me habló de Zoraida Martín, sobre quien había recibido la orden de vigilar, y lo hizo durante un tiempo largo”. Esta información fue confirmada por Urso con Zoraida personalmente, hecho que en este juicio fue relatado por su hermana, Adriana Martín, en audiencias pasadas. El testigo también dijo que Leston se refirió a Víctor Carranza como alguien que “estaba en RIBA y participaba siempre de los allanamientos. Era un hombre petiso, morocho y morrudo”, imagen que coincidía con su recuerdo del hombre que participó en el momento de su secuestro el 23 de noviembre de 1977. Aquella persona que “apuntaba con una escopeta recortada a mi mamá mientras que Daniel Scali y Mario Rulli me interrogaban por algunos nombres. Me preguntaron por ‘el Tano’, a quien dije no conocer y me pusieron la pistola en la cabeza. Rulli trajo a Jorge ‘el Tanito’ Infantino, a quien yo sí conocía del Centro de Estudiantes del Colegio Secundario N° 13. Me pusieron un pullover en el rostro y me subieron a una camioneta”, relató el sobreviviente, agregando que por la forma en que fue atado pudo ver “que la calle estaba cortada, en un operativo de 20 o 25 personas. A mi casa entraron unas 15, que dieron vuelta todo”. Durante el viaje dieron muchas vueltas para finalmente llegar a la casa de Claudio Tamburrini. “De esto me enteré después. Él había ido al mismo colegio que yo pero no éramos muy conocidos en ese momento. Un par de autos se quedaron esperando a Tamburrini y a mí me llevaron directamente a la mansión”.

Sobre su estadía en el centro clandestino, Urso rememoró la violencia física y psicológica que vivió personalmente y de las que fue testigo, y la convivencia con otros detenidos como Tamburrini y Saverio Chinquemani. Identificó momentos donde pudo reconocer la presencia de la Fuerza Aérea en el lugar y cuando oyó por la radio “Palomar – Atila. Palomar – Atila”, imitó el sobreviviente. “El 14 de diciembre de 1977 dijeron que me iban a liberar. Me hicieron bañar y afeitar mientras desde la puerta un señor me apuntaba con un arma y me decía ‘con esta te mato esta noche’. En el almuerzo les deje la comida a mis compañeros, porque ya no la necesitaba: me liberaban o me mataban. Finalmente, me subieron a una camioneta con dos chicas que estaban en la habitación de enfrente, desde la que escuchábamos gritos cuando eran violadas, y un hombre mayor que nunca pude saber quién era. En Lugano las bajaron a ellas y a mí me sacaron la venda y las esposas. Llegando a General Paz y Rivadavia, me bajaron con la orden de que contara hasta 100 sin mirar hacia atrás porque sino me mataban”, finalizó su declaración.

El abogado que en esta audiencia representó a la querella de la Asociación Civil, Moreno por la Memoria, Sergio Gómez, en diálogo con ANCCOM, explicó: “Sería importante que se incorpore a la causa como nueva prueba la transcripción de la conversación entre Leston y Urso porque contiene afirmaciones autoincriminatorias del imputado, además de dar cuenta del procedimiento de vigilancia y persecución posterior para garantizar impunidad. La información involucra al resto de los imputados y podría comprometer de manera más directa a Leston”.

En relación a la puesta en duda por la Defensa sobre la veracidad de la información presentada por Norberto Urso, el abogado agregó: “No deja de ser un aporte de un testigo en el marco de su declaración testimonial bajo juramento de decir verdad, lo que ya de por sí tiene su propio valor como prueba. Seguramente, la defensa del imputado intentará descartarla o desbaratarla en su valor probatorio, como todo el resto de la prueba producida hasta ahora, pero serán los jueces quienes determinarán el grado de importancia de la pieza para la dilucidación de la verdad”.

Las Tres Marías

A continuación, Elba Rodriguez prestó declaración como testigo de contexto por haber sido Directora del Centro Educativo Secundario N °49 (CENS) del cual fueron secuestrados dos profesores que dictaban clases de matemáticas e historia respectivamente: Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, quienes declararon en las primeras audiencias del juicio. Rodríguez detalló situaciones en las que los militares hacían investigación sobre alumnos y profesores cuando el Centro aún funcionaba en la Escuela Primaria N° 4. Relató que solían aparecer las camionetas de la Fuerza Aérea conocidas como Las Tres Marías: “Se presentaban en Dirección y comenzaban a recorrer las aulas, revisaban los papeles y preguntaban nombres”, sostuvo y agregó que en una oportunidad recibió una citación redactada por la Comisaría de Moreno para presentarse en la 8° Brigada Aérea Mariano Moreno. Allí debió llevar una lista de los profesores y de los objetivos de la escuela. “Preparé esas dos listas y me presenté sola en la Brigada. En la entrada mostré la citación y me atendió un capitán. Debí volver en una segunda oportunidad, donde me atendió el mayor López -el jefe de Inteligencia-. Más que averiguar algo nuevo, estaba haciendo una exposición de lo que ellos ya sabían sobre la escuela”. Desde la misma Brigada recibió la orden de reunir a alumnos y profesores. “Nos dieron una charla para explicar qué era lo que ellos estaban haciendo, cuál era su misión: la vigilancia, cuidar el orden, discurso contra la subversión y la guerrilla”, rememoró.

Luego de sus visitas a la Brigada, cuando el CENS se había mudado al colegio San José de la parroquia de Moreno a cargo del sacerdote José “Pepe” Piguillem, “algunos miembros de las fuerzas se inscribieron en la escuela. Durante un tiempo, sospeché de uno de ellos porque me pareció raro que en el aula quisiera sacar fotos de las clases, del profesor y los alumnos. Luego de eso, fueron secuestrados Ameigeiras y Micieli”, relató la exdirectora.

«Los aeronáuticos se reunían una vez por semana con los jefes de personal de empresas de la zona, y los jefes les decían a qué empleados querían que desaparecieran”, describió Milstein.

“A usted lo quieren ver embalsamado en plomo”

Por último declaró el sobreviviente Rubén Wladimir Milstein, quien fue secuestrado por su actividad sindical el 24 de marzo de 1977 a las 11 de la mañana de la fábrica CIDEC (Compañía Industrial del Cuero) donde era mecánico de mantenimiento. El jefe de personal y el gerente de recursos humanos habían presentado una falsa denuncia que fue la excusa para su detención. “Estuve 35 días en un cuartito que solo se entraba sentado y creo haber comido dos veces. Me secuestró la Fuerza Aérea y me llevaron a Mansión Seré” y afirmó que reconoció a los aeronáuticos por el escudo de la fuerza en las camionetas de característico color azulado. Sobre aquel conflicto salarial explicó que “por el plan económico de Martínez de Hoz habíamos perdido la mitad del poder adquisitivo. Encabezamos una lucha y salimos ganadores. Pero a algunos jefes no les gustó y quisieron poner otra vez ‘las cosas en su lugar’. Se dieron despidos, mi secuestro y el de otro joven”, declaró el sobreviviente que en ese entonces era militante del Partido Comunista. Milstein miraba constantemente hacia el lado de los abogados defensores y los imputados presentes en la sala de audiencias: “No solo se robaron todo de las casas en que secuestraban. Tuvieron que matar a miles, hacían fuego y quemaban los cuerpos solo por pensar distinto y querer un país mejor”. También, relató dos conversaciones que tuvo con Santuccione, comodoro de la Fuerza Aérea: una antes de su secuestro para hablar sobre el tipo de reclamo que llevaban a cabo, y otra luego de haber sido detenido. En esa ocasión, el comodoro le confirmó que los aeronáuticos “se reunían una vez por semana con los jefes de personal de empresas de la zona, y los jefes les decían a qué empleados querían que desaparecieran”, y agregó que el vicecomodoro Alejandro Lazo le dijo “a usted lo quieren ver embalsamado en plomo y tirado en una zanja por pedir aumento de sueldo”.

Milstein fue liberado el 27 de abril de 1977, en la Avenida Pedro Diaz, desde donde se tomó un colectivo hacia la fábrica. “Un compañero me llevó a la casa de mi suegros donde estaba mi esposa”. Se tuvieron que mudar siete veces ese año y en su nuevo trabajo duro solo 15 días porque lo volvieron a buscar pero no lo encontraron: “No me arriesgue a que me encuentren porque sabía lo que me iba a pasar. Tuvimos que buscar otro lugar para irnos a vivir. Mi esposa no quería irse al exterior porque somos argentinos, nos queríamos quedar, aportar para que nuestro país cambiara. Y eso fue lo que hicimos”, finalizó su declaración.

 

***

La próxima audiencia quedó programada para el 10 de junio al mediodía ya que los martes el Tribunal 5° de San Martín estará abocado a la causa de Campo de Mayo, acortando el tiempo para las audiencias de este proceso judicial.

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“El sector de enfermería tiene salarios miserables”

“El sector de enfermería tiene salarios miserables”

Una diputada provincial, una enfermera y un representante sindical denuncian la precarización que padecen los trabajadores de la salud, esenciales durante la pandemia, invisibles en la actualidad.

Movilización de trabajadores del Garraham. ARCHIVO ANCCOM

“Estamos reclamando por el aumento de la canasta básica, el reconocimiento profesional y el pase a planta permanente de los trabajadores de enfermería, que son aparentemente invisibles a los ojos del Estado, el mismo Estado que en plena pandemia los consideraba como altamente esenciales, pero que hoy son menos que eso”, expresa la diputada provincial bonaerense Laura Cano Kelly.

Según Cano Kelly, en la provincia de Buenos Aires se quita reconocimiento a los trabajadores del sector teniéndolos a la mayoría bajo la Ley 10430, es decir como “administradores públicos”.Si bien más tarde, con la Ley 15433, de 2023, hubo un reconocimiento, solamente alcanzó a los licenciados en Enfermería como profesionales en salud, quedando afuera miles que no cumplían los requisitos. “Esto es una falta enorme de respeto y de empatía hacia ellos”, sostiene Cano Kelly, quien además de su cargo en el parlamento bonaerense ejerce su profesión de médica en el Hospital “Horacio Cestino” de la localidad de Ensenada.

Cano Kelly, de 33 años, oriunda de la ciudad de Rauch, forma parte del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U). Feminista, referente de la agrupación internacional Pan y Rosas, docente e integrante de la directiva de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires(CICOP) –en representación de la oposición–, afirma: “Junto a mis compañeros del Frente de Izquierda llevamos adelante el reclamo por la precarización laboral histórica, que todos los gobiernos han perpetuado, del sector de enfermería, compuesto en gran medida por mujeres y la mayoría jefas de hogar”.

En la sesión legislativa del pasado 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, Cano Kelly tomó la palabra para rendir homenaje a todas sus trabajadoras.“Mis mayores respetos y mi homenaje total a los compañeros y compañeras enfermeras. Cobran dos mangos y son los que están ahí. Les dan de comer en la boca a los pacientes muchas veces –remarcó–. Estamos hablando de gente que pone su vida al servicio de la salud pública, que la defiende por muy precarios salarios, mientras diputados senadores y jueces cobran por encima de los cuatro millones de pesos”.

Pese al intento del presidente del cuerpo de interrumpirla, señalándole que su intervención debía limitarse a un homenaje, Cano Kelly continuó defendiendo al sector de enfermería, denunciando las condiciones laborales y la precariedad en la que están inmersos los trabajadores de lasalud no sólo en la provincia sino en todo el país. “El sector tiene salarios miserables, de vergüenza –agrega en diálogo con ANCCOM–, que están por debajo de la línea de pobreza, mientras que la billetera de los grandes políticos de turno engorda todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que un trabajador de 30, 35 años de antigüedad en la profesión, tenga un básico de 500 mil pesos mensuales? Estos hechos indignan y hacen que cada vez llevemos los reclamos en defensa del sector de la forma más visible y combativa posible. Es así como en la legislatura mostré,a los que ocupan las bancas, los recibos que me alcanzan los trabajadores de salud,exponiendo sus ingresos como pruebas,que no me dejan mentir, ante los ojos de todos, de su triste realidad”.

“El arte de cuidar, así llaman a la enfermería”, dice Graciela Viola, enfermera con 35 años de profesión y licenciada de la carrera y completa:. “El arte de cuidar a otro que atraviesa una situación muy vulnerable, una de las profesiones más nobles y más humanas que existe”. Sin embargo, “el sistema de salud está cada vez más caótico”, asegura Viola, quien se desempeña en el Hospital Central de San Isidro. “Hay mucha demora para la atención, ya que los médicos hacen guardias de doce horas, y atendiendo de a dos no logran cubrir las necesidades de los pacientes, aparte de que muchos médicos emigran a otros países”.

“En los hospitales provinciales –detalla Viola–, los enfermeros trabajan entre 6 y 7 horas diarias.En cambio, en otros,como en el que yo estoy, las guardias son de 8 horas y el sueldo aumentó muy poco, es paupérrimo. En el Hospital Municipal ‘Bernardo Houssay’ de Vicente López tienen el sistema ‘tranquero’ (cuidado de transición que se brinda a los pacientes cuando pasan de una fase a otra de su enfermedad o tratamiento), siendo reconocidos sus profesionales y teniendo un sueldo mejor. O sea, hay muchas diferencias de salarios entre hospitales públicos municipales”.

“La enfermería ha ido cambiando en el tiempo –prosigue Viola–.Se ha desarrollado tanto teórica como científicamente. Hoy una enfermera puede dar su opinión ante un médico. Considerando que el Estado tiene tres grandes instituciones -educación, policía y salud-, al fin y al cabo es todo política. Parece que no conviene que estas personas ganen bien y sean reconocidas como se debe.”.

La diputada Cano Kelly refiere que desde su espacio proponen un salario básico de 1.700.000 de pesos mensuales y por el reconocimiento completo de la enfermería como profesión en salud. También pone el foco en los municipios: “Son las grandes agencias precarizadoras del país. No permiten que sus trabajadores puedan ser representados por sindicatos fuertes, ya que estos reciben la constante presión de los gobiernos locales, teniendo sus canales de diálogo negociación muy limitados”.

Desde su función como delegado del sindicato municipal del Hospital Central de San Isidro, Marcelo Yandel subraya que están en un continuo proceso de asambleas con sus trabajadores en el reclamo y la negociación con el municipio, exigiendo el incremento del salario básico y rechazando aumentos del 5 y 8 porciento “que son humillantes –afirma–, no alcanza ni para ir a comprar carne, y teniendo que aceptar los llamados bonos únicos, que ayudan en el momento pero no son la solución,como el que el municipio otorgó en mayo, de 3.000 mil pesos”.

La propuesta del sindicato al municipio, según Yandel, es conseguir un aumento al sueldo básico para todos los trabajadores en salud del hospital. “Y no tener que recibir los ya conocidos bonos que representan una humillación y una descalificación y que son pan para hoy hambre para mañana”, enfatiza el representante gremial, quien anticipa que van a seguir luchando y reuniéndose en asambleas, tomando medidas fuertes y, en caso de ser necesario, añade, se llegará al paro. Entre los numerosos reclamos, además del salario básico, están el pase a planta permanente yla vestimenta de trabajo.

La lucha de los trabajadores de la salud por mejores condiciones laborales y salariales es un tema que atraviesa jurisdicciones. Tanto en hospitales públicos municipales, provinciales y nacionales –como lo demuestra, por caso, la lucha de los profesionales del Garrahan– todos buscan el justo reconocimiento a su labor. “La salud no es un negocio –sostiene la diputada Cano Kelly–y es fundamental que se priorice la protección de los derechos de los trabajadores y la calidad de atención médica para todos. No sirve homenajear a la enfermería si después no se la reconoce como profesión”.

La ciudad le cobra a los pobres y perdona a los más ricos

La ciudad le cobra a los pobres y perdona a los más ricos

Dos informes de ACIJ señalan que en la recaudación impositiva de CABA cada vez tienen más pesos los gravámenes al consumo y menos al patrimonio. A su vez, los subsidios a empresas, son para las grandes y consolidadas.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicó recientemente dos investigaciones clave para el estudio de la forma en la que se utilizan los recursos públicos. El primer informe estudia la estructura impositiva de CABA haciendo un recorrido desde 1997 hasta 2024. Mientras que el segundo reporte se enfoca en la administración de los gastos tributarios porteños, es decir exenciones fiscales para el impulso empresarial. Ambos informes revelaron la tendencia regresiva de la recaudación en la ciudad, como también la falta de escrutinio legal a la hora de brindar beneficios económicos. Adicionalmente, señala la falta de registros que lleva el gobierno local con respecto a estos gastos.

Los miembros de la asociación, el doctor en Ciencias Sociales Alejandro Gaggero, coordinador del programa Justicia Fiscal, y Sofía Pasquini, abogada especialista en políticas públicas, brindaron información acerca de su investigación. En cuanto al esquema de recaudación, Gaggero señala que “regresividad” es la palabra que lo caracteriza. “Esto quiere decir que fueron ganando peso en la recaudación los impuestos más vinculados al consumo y a la actividad económica, y que no tienen en cuenta la capacidad contributiva de los ciudadanos a la hora de fijar cuánto se les va a cobra”, señala, y agrega: “La ciudad tiene ingresos por impuestos y transferencias. En impuestos, la mayor parte de la recaudación viene de Ingresos Brutos, que tiende a ser regresivo. Este fue ganando peso a la par que lo perdían los impuestos más progresivos, como el inmobiliario o el de patentes”. Según los datos publicados, Ingresos Brutos en 1997 representaba el 66% de la recaudación, mientras que en 2023 pasó a representar el 92% del total.

En contraparte, los impuestos a la propiedad de carácter progresivo, Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL), e Impuesto Inmobiliario (II) ocupaban el 18% de lo recaudado en 1997, y se redujeron a 4% en 2024. Patentes, se achicó del 12% al 3%. Es decir, una reducción a un cuarto de su participación en los últimos 28 años. El informe aclara: “Tanto el ABL, como el Inmobiliario, recaen sobre la parcela y no sobre su propietario. Esto implica que tributa el mismo gravamen quién posee una propiedad, que quien posee varias, quitándole progresividad al sistema”.  Al respecto, Gaggero agrega: “Esto contribuye a la inequidad, porque no le estamos cobrando más a los que más tienen. Y para colmo, este retroceso de los impuestos patrimoniales se da en un contexto de aumento de la actividad inmobiliaria y de encarecimiento de los inmuebles. Es decir que hay más inmuebles y cada vez más caros pero el Estado no parece estar recaudando allí, en esas grandes torres que uno ve en Palermo”.

Desde 1997, los impuestos al consumo tienen cada vez más incidencia en la recaudación porteña. Lo contrario pasa con los gravámentes a la propiedad.

Gaggero explica los motivos por los que se da esta tendencia: “Los impuestos regresivos son más fáciles de cobrar, ya que los patrimoniales no solo tienen mayores dificultades técnicas, sino que también despiertan más resistencia en las clases propietarias. Por otro lado, se trata de un país que tiene una economía en negro muy importante, con niveles de evasión y elusión fiscal muy grandes”.

En cuanto a gastos tributarios, refiere a exenciones fiscales. En lugar de transferirse dinero a empresas, el Estado decide no cobrarles impuestos y brindar beneficios para la radicación en determinadas zonas geográficas, promoviendo la actividad económica. Ahora bien, el corazón de la crítica de ACIJ, es hacia su forma de administración y seguimiento: “La información de la que dispone el Gobierno de la Ciudad es precaria e insuficiente: la proyección anual que se presenta con el proyecto de Ley de Presupuesto es parcial, incompleta, con bajo nivel de desagregación, carece de justificativos y no tiene carácter vinculante. No presenta información sistemática referida al volumen del gasto tributario, a la cantidad de beneficiarios contemplados, ni al desempeño de los regímenes”. Pasquini revela: “Si bien hubo buena predisposición de la agencia que gestionaba los pedidos de información, hubo datos que no pudieron brindar, alegando a la dificultad para localizarlos ya que no estaban digitalizados. Empezaron a digitalizarse a partir de 2018”. Solo tenían registros disponibles desde ese año en adelante, marcando un grave problema de acceso a la información.

Si bien el costo de los gastos en el presupuesto total de la Ciudad es relativamente bajo, este tipo de exenciones que representaba un 0,59% en 2009, asciende a un 2,3% en las proyecciones para 2025. Una incidencia que aumentó cinco veces en 16 años. Pasquini insiste en que el gran problema es que “no están sometidos a ningún control ni tampoco hay datos públicos, y esta concentración de beneficios termina dándose a empresas muy grandes, que se supone que ya están altamente capacitadas. Esos beneficios podrían aplicarse a empresas más chicas para que se desarrollen”. La especialista añade: “Los gastos tributarios suelen ser regresivos por su implementación, ya que se concentran en sectores de altos ingresos, y la realidad es que si hay exenciones esto termina por afectar a todos”.

A esto Gaggero suma: “No parece haber un sistema de monitoreo que permita saber en qué se está invirtiendo ese dinero, y si está bien invertido o no. Esto no pasa con otros gastos del Estado, como el sector de ayuda social, en cual se ha compartido la información. Parece haber una doble vara, donde hay un secreto fiscal que beneficia a las empresas”. Otro de los hallazgos a destacar fue que lo que la Ciudad planeaba gastar en estos incentivos no se correspondía con lo que terminaba gastando, sino que las finales eran cifras mucho mayores.

 “Necesitamos tener buenos mecanismos que te trasciendan en el tiempo y que no dependan de la buena voluntad de un gobierno –dicen los referentes de ACIJ-. Consolidado en una ley que disponga el detalle de los gastos tributarios anualmente, qué tipo de evaluaciones y con qué periodicidad deben hacerse. No tenemos evaluaciones periódicas, no tenemos acceso a la información, y no tenemos responsables directos. Tenemos gastos tributarios que se crean sin estar sujetos a un plazo de vencimiento. Esto genera que existan beneficios que se brindan a ciertas empresas durante décadas. Esto es muy peligroso, porque uno no puede hacer política pública de acá a 70 años. Al fin y al cabo, esta también es una conversación acerca de qué se hace con los recursos públicos”.