
¿Se viene el estallido?
La represión del miércoles pasado fue el punto cúlmine de una sucesión de acontecimientos inaugurados con el caso $Libra donde el gobierno perdió el manejo de la agenda. El sociólogo Pablo Semán, historiadora Dora Barrancos, la politóloga Gabriela Delamata y el diputado Daniel Arroyo analizan el escenario.

El miércoles pasado se vio el accionar de las fuerzas de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullich en su faceta más cruda. La represión a la marcha semanal de los jubilados, cuyos haberes han sido recortados en un 24% en términos reales, terminó con el fotoperiodista Pablo Grillo peleando por su vida tras el disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza. Esto abre una serie de interrogantes: ¿Estamos al borde de un estallido social? ¿La tensión en las calles escalará? ¿Cuál es la naturaleza del accionar del gobierno en materia de seguridad?
A todas luces, la política de seguridad frente a la protesta social no parece un accidente ni un exceso, sino algo premeditado. “El gobierno tomó la decisión estratégica de avanzar un paso más en su propio modelo represivo, destinado a aniquilar la protesta. Es contra la actual y la futura, una respuesta política elaborada y meditada con el objetivo de decir ‘podemos ser los más malos del mundo’”, subraya Pablo Semán, sociólogo y antropólogo autor del libro Está entre nosotros (Siglo XXI).
En su primer mes de gestión, el Ministerio de Seguridad instauró el protocolo antipiquetes, dando la posibilidad a las fuerzas policiales de aprehender a los manifestantes ante cualquier corte de calle. Incluso, la propia Bullrich declaró en febrero del año pasado que no dejará de actuar de esta manera “por miedo a un muerto”. El autor reflexiona que “este tipo de represión se empezó a pensar antes. Esta decisión se tomó cuando comenzó la corrida bancaria en Brasil, cuando el gobierno vio urgente acudir al FMI”.
Para la socióloga e historiadora Dora Barrancos, esto se explica también por la figura de la ministra de Seguridad: “Quien comanda la violencia del Estado es alguien que hace lo que quiere. Esta señora desquiciada no tiene ningún contrapeso porque el resto está en otra cosa”. En esa línea, observa en los miembros del Poder Ejecutivo “personalidades que tienen una composición personal grave, incluido el propio presidente. Son muy poco sofisticados en todos los rubros, incluso para la corrupción”, dice, en referencia al caso de la criptomoneda $Libra.
Ante esta situación, Gabriela Delamata, abogada y doctora en Ciencia Política y Sociología, especializada en protesta y movilización social, analiza los incidentes del miércoles pasado, destacando que “hubo una guerra de relatos acerca de lo que hicieron las fuerzas de seguridad. La ministra (Bullrich) fue una de esas voces, anclando los hechos a la idea de polarizar entre ellos y kirchneristas, lo que construye significados”.
Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmó que la mitad de los detenidos contaban con antecedentes penales, cuando en realidad sólo 25 de los 94 detenidos contaban con alguna causa en su contra, según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. Por su parte, el Poder Ejecutivo, de la mano de su vocero Manuel Adorni, aseguró que se trató de un intento de golpe desestabilizante. Sobre esto, Barrancos recalca que “saben que esto es falso. Hay un aparato falsario funcionando, todo está producido sobre falsedades”.

Tensión social
Más allá del accionar represivo del Estado, la efervescencia en las manifestaciones está, sin pausa pero sin prisa, aumentando. El gobierno de Javier Milei observa cómo se multiplican las concentraciones en contra de sus políticas. ¿Estamos, entonces, ante una escalada social?
Sobre esto, el diputado nacional Daniel Arroyo marca que “no hay condiciones en lo inmediato para un estallido porque hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente revienta para adentro, no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, está endeudada. Eso se traduce en tensión social, pero el fenómeno es hacia adentro”.
Por otro lado, destaca que hay un efecto de desmovilización: “Se rompió la idea de que si uno protesta, consigue algo. Hoy tenés riesgo de que te repriman y, además, tenés miedo de perder lo que ya tenés”. Para el diputado, “las puebladas no son un fenómeno del siglo XXI, en donde las formas de comunicación cambiaron. Antes de estallar, la sociedad marca. Un punto de inflexión fue la marcha universitaria, señaló un límite”.
Por su parte, Delamata, investigadora del CONICET y docente en grado y posgrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), pone distancia entre la situación actual y el 2001, año en el cual el gobierno de la Alianza cayó producto de movilizaciones masivas en todo el país: “En aquel entonces tuvimos un escenario de fragmentación política muy fuerte, fruto de protestas en contra de todo el sistema de representación”. Dicho esto, señala que, a pesar de que puede haber condiciones materiales similares, “en este momento no está esa división, lo que prima hoy es la polarización”.
En esta misma línea, asevera que “el 2001 vino precedido de elecciones legislativas, en las que 10 millones de votantes se ausentaron o votaron en blanco. En el día de hoy, son dos espacios políticos que están enfrentados, que tienen valores y están apoyados en campos ideológicos existentes en la Argentina. Es otra dinámica, mientras no se desestabilice esa construcción del conflicto, no va a suceder (un estallido)”.
A su vez, Barrancos marca la importancia del apoyo con el que todavía cuenta el oficialismo, destacando que Milei “ganó el balotaje con la voluntad popular de mucha gente que podría haber sido indicada como saqueador en el pasado”.
En ciertos sectores de la opinión pública, sobrevuela la expectativa de una desestabilización del gobierno dada su presunta debilidad. Semán se distancia de esto, recordando que con el caso $Libra hubo gente que pensó que el gobierno iba a caer. “¿Cuántos escándalos tuvo Menem antes de que la convertibilidad tenga algo de éxito?”, se pregunta.

Crisis de representatividad
Uno de los factores que más dilata el aumento de la conflictividad social es la desconexión que existe entre el sistema político y la sociedad. Para Arroyo, “no se encuentran canales de representación. Está roto el vínculo con los actores de agregación de demandas”.
Delamata remarca que la praxis discursiva del oficialismo disipa la posibilidad de un desenlace similar al 2001: “Uno de los principales instrumentos del gobierno para mantener su popularidad es apelar todo el tiempo a que está combatiendo al kirchnerismo, a los zurdos, a la gente de mal. Del otro lado, al mismo tiempo, no se puede salir de ahí, ya que allí no hay ninguna construcción alternativa”.
En este contexto, la oposición no logra dar respuestas ni tampoco logra tener una postura cohesiva o convincente. Para Semán, “los mismos que alucinaban helicóptero el primer mes de mandato ahora dicen que va a durar mil años. No es un gobierno fuerte ni tambaleante, es uno que está construyendo su mandato como cualquier otro. En Argentina estos procesos son más revulsivos, con más posibilidades de traumatismos sociales”. En consecuencia, destaca que “este modelo represivo se beneficia en parte de la indigenidad de la oposición, que tiene expectativas de repetición histórica y una concepción muy mecánica de la vida social”.
En ese sentido, reflexionando sobre una postura de aquí en más, observa que “hay mucha gente que juega al ‘valentismo’ y a que esto es una dialéctica entre ‘cagones’ y ‘valientes’. Lo que hay que pensar es en cómo generar movilizaciones masivas, que son las que quebraron el protocolo antipiquetes. Pero estas se producen con tiempo, por lo que no se puede jugar a la desesperación”.
