El día en que los pupitres fueron butacas

El día en que los pupitres fueron butacas

Como parte de su programa El Cine Argentino Va a las Escuelas, la Fundación DAC llevó el film “Gilda, no me arrepiento de este amor”, a una secundaria del partido de Moreno. Después de ver el film, pibes que no conocían una sala cinematográfica pudieron hablar con Lorena Muñoz, la directora de la película. Una historia de dos horas sin celular.

“Vi la peli entera y eso ya es un montón” dijo Mateo, un pibe de 16 años, cuando terminó la proyección de Gilda, no me arrepiento de este amor. En ese montón implicaba el logro de separarse por un rato del agobio que produce el celular. Permanecer sentado, quieto, concentrado y atento, en su propia escuela, pero que en ese momento era un cine. El pasado 1 de noviembre, el aula 10 de la Escuela Secundaria N°11 “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” de la localidad de Francisco Álvarez, Moreno, se convirtió en una sala de cine. Era una mañana calurosa de viernes, y todo transcurría con normalidad: en el patio, apenas se cruza el portón de rejas de la entrada, se desarrollaba una clase de educación física. A la izquierda de ellos, en unos bancos en ronda bajo unos árboles, otro grupo hablaba con su profesora sobre un trabajo pendiente y “papers”.

Antes de las 7 de la mañana, en la sede de DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) en Buenos Aires, ya se encontraban Lisa, Pedro, María y Malena -encargados de la producción de la actividad- acomodando de manera milimétrica en la camioneta todo lo que tenían que llevar. Proyector, parlantes, banners, computadora, pantallas y el fundamental agropol -un plastico negro que logra aislar todo rastro de luz en el espacio que oficie de sala-. Hace más de 10 años que la Fundación DAC recorre escuelas secundarias, en su mayoría públicas, donde nunca o muy pocas veces los estudiantes fueron al cine, y mucho menos a ver cine argentino. 

En el primer piso de la escuela, un largo pasillo conecta todos los salones. El pizarrón del aula 10 mostraba restos de una clase de educación sexual integral, y algo de Carlomagno. Los alumnos estaban en el recreo cuando empezó la transformación del lugar. Mientras Malena medía las ventanas y puertas para cubrir con el agropol, María y Pedro empezaron a armar las pantallas, el cablerío, el sonido y las luces. Algunos de los pibes que pasaban por el pasillo miraban con asombro lo que estaba sucediendo en el aula. Media hora después ya no era un salón más de cuatro por tres metros sino una sala de exhibición cinematográfica. 

La proyección era una actividad programada para los alumnos de 5º, pero se aprovecharon todos los lugarcitos, achicaron los espacios entre las sillas y tras la aprobación “entran, entran” de Lisa también pudieron sumarse algunos de 4º y 6º que querían asistir a la función. Entre jarras de jugo, tereré y galletitas los pibes se entrometieron en Gilda, en una especie de microclima dentro de la escuela. El calor de la mañana, casi 50 personas en un salón y la poca ventilación producto del agropol hizo necesaria una pequeña pausa. Todos regresaron al aula al horario pautado para seguir viendo la peli. Las icónicas canciones hacían inevitable bailotear un poco a quienes pasaban por el pasillo . 

A los acercamientos que la Fundación DAC propicia entre el cine argentino y alumnos de secundaria de todo el país, suman la presencia y el diálogo de alguien que haya sido parte de la película que proyectan: actor, director, productor, técnico, etcétera. Ese viernes en Moreno, cerca de las 12 del mediodía, los sorprendió en el aula Lorena Muñoz, la directora de Gilda. Mientras se proyectaban los créditos, todo oscuro, y al ritmo de la música, apareció Lorena en el aula, bailando e inundada de aplausos. 

Pese al cansancio, el amontonamiento y las casi dos horas que dura la película, los pibes decidieron que sus celulares podían esperar un rato más y se dedicaron a charlar y escuchar con atención a Lorena. Ella respondió preguntas: cómo es ser directora de cine, cuánto tiempo tardaron en hacer Gilda, si participó en el guión técnico, en el literario y si tuvo señales de Gilda. Fundamentalmente, Muñoz se posicionó como par de esos pibes, y les contó sobre su camino: “a mi me costaba la escuela, era mala alumna y no me podía concentrar, la pasé mal, sufrí bullying, tuve que rendir materias libre”.

Lorena, utilizando un ejemplo familiar, impulsó a los pibes sobre la fuerza que la juventud tiene para crear. Les contó que su hermana tenía un gran talento para dibujar, que todos le destacaban, pero que quién no lo dimensionaba era ella misma. “Todos tenemos un potencial creativo, y no debemos pensar en las imposibilidades, sino en lo que tenemos al alcance para hacer”, dijo Muñoz, y agregó que estaba terminando de filmar una película que se grabó casi toda con un celular.

“La escuela parecía otro lugar, además está recaro ir al cine, estuvo buenísima la experiencia”, expresó Thiago al salir del salón. Los jóvenes consumen muy poca cinematografía nacional, y si tienen la posibilidad económica de ir al cine eligen películas de acción, ficción, pero extranjera en gran mayoría. “El cine va a la escuela” fue para muchos de los chicos un fructífero primer acercamiento a la gran producción audiovisual argentina. Priscila, la docente que llenó el formulario de DAC para que visiten la media 11 de Moreno, comentó que al hablar con los alumnos antes de la proyección estaban muy entusiasmados con la propuesta y la visita de la directora. 

La Fundación DAC con “El cine va a la escuela” recorre hasta los lugares más recónditos de la Argentina mostrando a los pibes, además de películas, que existe una industria posible donde trabajar. El bastardeo y ataque sistemático al cine argentino, el INCAA, la ENERC y todas las partes de un gran sistema que orbita en torno a él complejiza el contexto, pero también es parte constitutiva de la historia que es importante para los jóvenes conocer. El cine es más que una película, actores y directores reconocidos, contribuye a forjar la identidad nacional, nos representa en el mundo y es parte de la cultura. “Yo hago cine por la función social, es lo que le da sentido a mi obra, y si a alguno de los chicos estuvieron presentes en la comunión que tuvimos después de ver la película se le despierta el interés por las artes audiovisuales me sentiría muy feliz”, concluyó el encuentro Muñoz.

Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Los trabajadores de Petroquímica Río Tercero llevan un mes de acampe

Comenzaron la protesta por el despido de 130 trabajadores y una cantidad igual de suspendidos. El reemplazo de la producción por la importación arrastra también a Fabricaciones Militares.

Hace poco más de un mes Petroquímica Río Tercero (PR3) notificó a sus trabajadores sus intenciones de cerrar la planta productora de Diisocianato de Tolueno (TDI), principal área productiva de la empresa. Al momento ya lleva 130 trabajadores despedidos y 130 suspendidos. El 14 de octubre pasado comenzaron a llegar las notificaciones e inmediatamente se pusieron en marcha las medidas de fuerza que continúan hasta hoy. El cierre de la Petroquímica afecta directamente a Fabricaciones Militares Río Tercero, que además está sufriendo las consecuencias de la política oficial de vaciamiento de las empresas del Estado a través del retiro voluntario del 20% de los trabajadores y una fuerte reducción productiva. Entre ambas industrias, hay más de 500 puestos de trabajo en peligro. 

 

Enterarse por la radio

Los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero llevan 36 días en lucha. Cesar Ávila, Secretario de Prensa del Sindicato de Químicos y Petroquímicos (SPIQyP) de Córdoba, dice que el conflicto inició “de un día para el otro” y explica: “La fábrica pidió un recurso preventivo de crisis diciendo que tenía que cambiar un transformador general. Cambiarlo iba a llevar quince días, entonces en ese tiempo los trabajadores se quedaban en su casa con el 100% del sueldo, y después retomábamos las tareas tranquilos”. Pero pasados los quince días los trabajadores se enteraron a través de la radio que la fábrica iba a cerrar: “Cuando íbamos a volver en un medio local, una radio amarillista donde la empresa tiene pauta, hablaron de los despidos”. Al acudir a la planta en busca de respuestas, los empleados se encontraron con todas las puertas cerradas con candado: “En el mismo portón se hizo una asamblea con todos los trabajadores de la empresa y se decidió ir al paro total de actividades y un acampe en el ingreso al polo industrial de la ciudad. Ese acampe sigue hasta hoy, lleva 36 días”, relata Ávila. 

En un primer momento, la empresa alegó estado de crisis y se amparó en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo establece que en los casos en que el despido se deba a “causas de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo”, el empleador está habilitado a pagar el 50% del monto indemnizatorio que marca la ley. El 15 de octubre la delegación del Ministerio de Trabajo de Córdoba en Río Tercero llevó adelante una audiencia que contó con la presencia de ambas partes en conflicto. En la reunión, el Ministerio exhortó a la empresa a presentar los balances que justifiquen el estado de crisis y a disponer el cese inmediato de los despidos “debiendo en el plazo máximo de 48 horas restituir de manera efectiva a todos los trabajadores a sus tareas normales y habituales”. Sin embargo, la Petroquímica no acató ninguna de las dos disposiciones. No presentó ningún balance y optó por atenerse al Artículo 245 según el cuál el pago indemnizatorio se debe realizar al 100%, además de no dar marcha atrás con ninguno de los despidos. “Desde la fábrica siguen desestimando las acciones del mismo Ministerio así que decidimos llevar adelante actividades gremiales y de visibilización del conflicto. Desde marchas en la ciudad, hasta ollas populares y en cada audiencia que hay en Ciudad de Córdoba marchamos también hacia el Ministerio de Trabajo”, enumera Ávila. 

Lo que dicen los CEOs

Fundada en 1981, la Petroquímica de Río Tercero es la única productora de TDI de Latinoamérica y pertenece a la compañía de colchones Grupo Piero. El TDI es un componente fundamental para la fabricación de gomaespuma, que la PR3 utiliza para su propia producción de artículos de descanso y vende a empresas automotrices. La decisión de dejar de producir el componente para comenzar a importar la gomaespuma le quita autonomía a la industria nacional frente a las posibles contingencias de este mercado. Juan Pablo Ceballos, CEO de PR3 ratificó que la decisión ya está tomada y es irreversible. Desde la compañía esperan el cese del conflicto para retomar con el resto de las actividades de la planta. 

Los directores de la empresa sostienen que, debido a la apertura de importaciones propiciada por el Gobierno, a la crisis en el mercado global del sector y a la multiplicación de empresas de origen chino que producen a menor precio, la fábrica ha perdido competitividad y por ello buscan detener la producción para importar el producto. “Primero adujeron una crisis que nunca existió, porque nunca presentaron los papeles, y finalmente dijeron que habían decidido cerrar porque les convenía mucho más importar desde una oficina”, repasa Ávila. Además de los 130 despedidos y 130 suspendidos de la PR3, preocupan los efectos que el cierre tiene en otros cientos de puestos de trabajo. “Aparte de los químicos, hay 80 familias de trabajadores de la UOCRA que quedan en la calle, a lo que se suman los empleados de empresas tercerizadas que trabajan por fuera pero le producen a la fábrica. Estamos hablando de 250 puestos de trabajo menos”, explica Ávila. 

Vaciamiento, mentiras y silencio 

En ese sentido, la fábrica más afectada por el cierre de PR3 es Fabricaciones Militares Río Tercero, que produce el ácido nítrico utilizado para hacer el TDI. Con el paro en la producción de este compuesto por parte de la Petroquímica, la fábrica pierde a su principal comprador y con ello se reduce en un 70% su facturación.  Pero además, la fábrica militar está sufriendo políticas de vaciamiento, se redujó un 20% su personal y esta semana renunciaron el presidente y el vice. Hugo Pascarelli, quien era el presidente de la fábrica hasta el pasado miércoles y Carlos Pérez Aquino, vicepresidente, habían asumido sus cargos hace once meses, con el cambio de gestión de la administración estatal. 

“Desde que asumió la nueva gestión Fabricaciones Militares se está manejando con un alto nivel de hermetismo”, dice David Salto, Secretario General de ATE Río Tercero. “Nos cambiaron la figura jurídica por el decreto de Milei, de ser Sociedad del Estado nos pasaron a ser una Sociedad Anónima Unipersonal. Pero extraoficialmente nos comunican que la llegada de inversores está complicada,  porque entienden que va a haber más crisis en el país y no están las condiciones para producir por la liberación de importaciones”. Salto explica que además de la falta de inversores, la fábrica sufre las consecuencias de las política de vaciamiento: “No solo se da un achicamiento del personal a través de retiros voluntarios, también en términos productivos. Hubo una licitación de reparación de vagones y no se presentaron, por ejemplo. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Llegamos tarde a la licitación. Una mentira más grande que una casa. Está clarito que no quieren agarrar trabajos”. 

El miércoles 13 de noviembre,  camiones militares se llevaron todo el material de trabajo que el Ejército brinda a la fábrica. Para Salto hubo “una falta de voluntad política” ya que nunca se generó una orden de trabajo,  por lo que el tiempo se venció.”. Lo que sucede, entonces, es que desde la misma Dirección de Fabricaciones Militares se está atacando su productividad. “Achicaron el 20% del personal a través de los retiros voluntarios, achicaron  un montón de gastos en las herramientas para que la fábrica funcione y además no nos permiten producir. Lo que están haciendo es una reducción productiva”. Para Salto, el accionar de los directores de la fábrica está en línea con la gestión nacional: “ Esto es parte del plan de Sturzenegger de achicar las empresas del Estado a la mínima expresión. Se generan las condiciones de achicamiento del personal para que sea seductor para los compradores, o se generan las condiciones para el cierre, como lo hicieron con la Fábrica Militar de Jáchal que está cerrada.” 

Por otro lado, se refiere a los efectos que el cierre de la Petroquímica Río Tercero tiene en Fabricaciones Militares: “Cerró Petroquímica y recién ahora están viendo si consiguen clientes para vender el ácido. Teniendo en cuenta que Milei no tiene parte del presupuesto destinado a los salarios de las empresas del Estado, una fábrica que no produce y que no factura se va a ver no complicada, complicadísima”. 

Algunas cifras de la gestión Milei 

El cierre de la Petroquímica Río Tercero y el vaciamiento de Fabricaciones Militares responden principalmente a la apertura indiscriminada de importaciones y a la desregulación de la economía por parte del gobierno de Javier Milei y sus ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. La desregulación de las importaciones se acompaña de una nula política de promoción y protección de la industria nacional, que deja a las empresas locales en notable desventaja en el mercado mundial. Al mismo tiempo, las empresas estatales sufren una desfinanciación que genera bajas en su nivel de rendimiento. 

De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que Milei ganó en el ballotage hasta julio de este año, si se compara el número de empleadores que declararon trabajadores, se deduce la pérdida de 12.872 empresas y más de 260.000 trabajos registrados en unidades productivas. 

Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el desempleo creció 1, 4% en un año, ubicándose en 7,6%. 

 Protestas

Frente a esta situación, los trabajadores de la Petroquímica Río Tercero están realizando acciones en conjunto con Fabricaciones Militares. Organizaron dos  marchas en la ciudad que contaron con un fuerte acompañamiento de la comunidad. “Creo que el acompañamiento tan grande tiene dos motivos, el cierre de Petroquímica  que le hizo dar un baño de realidad a la sociedad en general, que ya viene pagando tarifas exorbitantes y se empieza a dar cuenta que los ajustes fueron al pueblo y no a la casta”, analiza Salto. “Y después pasa que Río Tercero creció alrededor del polo químico, entonces hay una cuestión de historia y de pertenencia también”.  

Las acciones que están realizando los químicos y petroquímicos en Ciudad de Córdoba cuentan además del acompañamiento de ATE y otros sindicatos y con la adhesión del estudiantado. Por su parte, los trabajadores también participan de las asambleas y actividades que realizan los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. “Estoy más que convencido de que la unidad es el único método que tenemos hoy de resistencia contra estas políticas de ajuste. Hace 20 años trabajo en la fábrica y nunca vi algo así. Entonces si no nos unimos ahora a pelear en todos los campos, tanto el obrero como el estudiantil, estamos fritos porque vienen por todos”, sostiene Ávila. 

Sin respuestas por parte del gobierno ni de la empresa, los trabajadores de Petroquímica Río Tercero continúan el acampe tras 36 días de lucha. El próximo martes 19 tendrán una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba, a la cual asistirán marchando por el centro de la ciudad, concentrado en Avenida Colón y General Paz donde realizarán una olla popular a la espera de la decisión que tomen las autoridades. Por su parte, los trabajadores de Fabricaciones Militares cortarán la ruta 9, con el acompañamiento del SPIQyP. En estado de alerta y movilización, a la expectativa de cómo se desarrolla el conflicto, no descartan una toma de la fábrica. 

 

Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de género en Argentina, el Estado se negó a responder y señaló que la violencia “no tiene género”.

Este jueves 14 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia sobre la situación de los derechos de género en Argentina, en la que organizaciones de la sociedad civil denunciaron lo que describen como una gran regresión en los derechos de género en el país. Durante la audiencia, las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, ELA, CELS, FUNDEPS y Mujeres X Mujeres, se enfrentaron a los representantes del Estado argentino en un encuentro que desnudó las profundas fisuras de una nación que parece abandonar sus responsabilidades hacia quienes más necesitan su protección. Según Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el país atraviesa “un acelerado proceso de desresponsabilización del Estado Nacional, que abandona a las mujeres, renunciando a su rol de garante de un piso mínimo de derechos en todo el país”.

Un país que retrocede

La audiencia, que duró una hora y media, comenzó con la exposición de las organizaciones de la Sociedad Civil. Uno de los puntos más destacados fue la denuncia por la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, justificada por el Estado con el argumento de que “la violencia no tiene género”. Según Mayca Balaguer, Directora Ejecutiva de FUNDEPS, esta decisión significa «un retroceso institucional de casi 40 años”, ya que priva a miles de mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad de una protección esencial. Balaguer también alertó sobre los recortes presupuestarios en servicios clave para la atención a situaciones de violencia de género, como la línea de emergencia 144, que sufrió una reducción presupuestaria del 28% y una reducción de personal del 42% en junio de este año.
La situación en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos también implicó fuertes denuncias. Lucila Galkin, Directora de género y diversidad de Amnistía Internacional Argentina, denunció la paralización total en la distribución de insumos médicos como el Misoprostol, esencial para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y otros métodos anticonceptivos, lo cual, según expresó, “pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes”. Galkin destacó que este desabastecimiento está generando un contexto de absoluta desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva en Argentina, con consecuencias que afectan particularmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La justificación del Estado: Crisis y ajuste

En defensa de estas políticas y en representación del Estado argentino, Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos, argumentó que el país atraviesa “una crisis económica y social sin precedentes” y que la reestructuración y los recortes son medidas necesarias. “El ajuste fiscal en el sector público nacional fue necesario para corregir la crisis terminal que enfrentaba la economía argentina”, explicó Baños.

Además, explicó que en esta reestructuración las competencias en políticas de género fueron absorbidas por el recién creado Ministerio de Capital Humano, encargado de centralizar las funciones de varios organismos. También, defendió que la línea de emergencia 144 seguirá activa y operativa, aunque se convertirá en un servicio de atención a situaciones de violencia en general, sin la especificidad de género que tenía anteriormente. Esta decisión fue fuertemente cuestionada por las organizaciones civiles, quienes advirtieron que “se pierde la especificidad en la atención de una problemática estructural de violencia hacia las mujeres”.

En este sentido, Patricia Sotile, integrante del área Jurídica de ELA, agregó en diálogo con ANCCOM: “La encuesta sobre prevalencia de las violencias en CABA muestra que la línea 144 es la más conocida entre las mujeres a la que pueden recurrir en caso de encontrarse en una situación de violencia de género en busca de ayuda. Esta forma extendida de conocimiento es la que permite que cada vez, más mujeres en situaciones de violencia puedan recurrir a las instituciones y mecanismos en busca de ayuda”.

Interrogantes sin respuestas

Los comisionados de la CIDH interpelaron al Estado sobre el futuro de programas de acción contra la violencia de género, los mecanismos de monitoreo y los protocolos de intervención. En su intervención, uno de los comisionados resumió la frustración y urgencia de las organizaciones civiles: “Lo que no se nombra no existe; si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe”. Sin embargo, Alberto Baños adelantó que el Estado Nacional no respondería preguntas durante la audiencia, sino que lo haría por escrito el lapso que la comisión disponga.
“El Estado, por su parte, continúa sin dar respuestas. Pese a que las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno que den respuestas en la audiencia sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifique cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género, dichos interrogantes no fueron abordados ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos”, expresó Patricia Sotile en diálogo con ANCCOM.

Una lucha que continúa

En medio de un contexto internacional en que el mundo observa con atención, Argentina parece alejarse de su propio pasado de liderazgo en derechos humanos. Su voto este mismo jueves contra la iniciativa global de Naciones Unidas para combatir la violencia digital hacia mujeres y niñas, así como el retroceso en políticas de género, no son solo decisiones políticas, sino también señales preocupantes que parecen dar la espalda a los logros de décadas de lucha por la igualdad.

A cada recorte presupuestario, a cada ajuste, se suma el dolor de aquellos que ven, poco a poco, cómo se desmoronan las estructuras de apoyo que tantas veces fueron salvavidas en tiempos de violencia y desamparo. Las organizaciones civiles dejaron claro que el debilitamiento de los derechos humanos en un país como Argentina es una advertencia que resuena en toda la región, donde la igualdad y la protección aún son conquistas frágiles.

La audiencia en la CIDH se cierra, pero los reclamos y denuncias permanecen abiertas, expuestas a la atención de una comunidad internacional que observa y de la sociedad argentina que espera que la protección y la justicia no se conviertan en recuerdos de un pasado más esperanzador.

El Gobierno porteño contra los artesanos de La Boca y San Telmo

El Gobierno porteño contra los artesanos de La Boca y San Telmo

Los delegados de las ferias artesanales de la Vuelta de Rocha I y II, de La Boca, y los representantes de las ferias de Plaza Dorrego y calle Defensa reclaman mantener sus espacios de trabajo y no ser desalojados. Se abrió una mesa de negociación después de una protesta.

“Vamos a plantear que deroguen la Disposición 2166, que es la que firmó Yoana Fiore de la Dirección General de Permisos y Ferias. Después de eso, nos podemos sentar a ver de qué manera podemos reacomodarnos en el emplazamiento histórico nuestro”, señaló Darío Sánchez, delegado de las ferias artesanales Vuelta de Rocha I y II de La Boca, en una conversación con ANCCOM. Lo dijo pasadas las 10 de la mañana de este miércoles, justo antes de entrar -junto a los delegados de las ferias de Plaza Dorrego y calle Defensa al 1200 y 1300 de San Telmo- a la reunión que tenían pactada con las autoridades del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño.

Los primeros días de agosto, el Gobierno de la Ciudad (GCBA) había enviado a los artesanos de Vuelta de Rocha I y Vuelta de Rocha II de La Boca una disposición judicial para trasladar las ferias que estaban históricamente ubicadas en la Plazoleta de los Suspiros hacia la Plazoleta Bomberos Voluntarios. Al poco tiempo, y de noche, el GCBA corrió, de manera repentina y abrupta, los puestos de un sector al otro. “Yo estuve ese día, fue de madrugada. Fue violento como todo lo que hace este gobierno que está ahora —dijo Sánchez—. La semana pasada nos desarmaron la feria más violentamente. Los puestos en la Plaza de los Bomberos estaban generando diez mil problemas y como nadie se estaba preocupando por nuestra situación trasladamos nosotros los puestos a nuestro lugar histórico, y ahí nos los desarmaron”. Mientras Sánchez pronunciaba esas palabras, un feriante sostenía en alto un cartel que decía “La feria es con todos adentro” y un grupo de artesanas agitaba una bandera que rezaba “La feria de Plaza Dorrego no se achica”.

Los artesanos de las ferias Vuelta de Rocha I —que funcionaba los jueves y viernes— y Vuelta de Rocha II —que se desarrollaba los sábados y domingos—, no están pudiendo trabajar desde hace dos meses porque en la Plazoleta Bomberos Voluntarios de La Boca no sólo no hay espacio suficiente para los 140 feriantes sino que además es una zona alejada de los turistas. El hacinamiento y la disminución en las ventas son los mayores problemas que tendrían que enfrentar los feriantes boquenses si acataran la orden del GCBA, cosa que no está sucediendo y por eso están sin poder trabajar y reclamando todas las semanas.

En San Telmo la situación es un tanto diferente. A los artesanos de la calle Defensa al 1200 y 1300 les llegó una disposición por escrito hace un mes, también enviada por el GCBA, que busca reducir la feria a una sola mano, de manera que la mitad de los feriantes quedaría sin trabajo. El argumento que dio el Gobierno porteño fue que las autobombas y los vehículos policiales no estaban pudiendo circular. No obstante, ese criterio no se aplicó en la feria que funciona desde Defensa e Independencia hasta Plaza de Mayo, ya que sigue siendo de doble mano. Es así que solamente se verían afectados por la medida los artesanos de Defensa al 1200 y 1300, razón por la cual muchos de ellos consideraron este hecho como discriminatorio.

“En la reunión de hoy vamos a pedir que se frenen esas disposiciones para que se pueda abrir una mesa de diálogo donde realmente se hable de las razones por las que están tomando estas decisiones”, comentó a esta agencia Delfina Torres, delegada de los artesanos de la calle Defensa al 1300, San Telmo. “Queremos que el reordenamiento sea favorable para todos, nosotros somos parte de la Ciudad y del turismo. Gracias a nuestras ferias abrieron locales que no existían, y ahora ellos son parte de quienes nos quieren desplazar del espacio”, agregó Torres al tiempo que iban llegando cada vez más y más artesanos a la concentración que estaba prevista sobre las calles Martín García y Avenida Regimiento de Patricios, justo enfrente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño.

 A su vez, a los feriantes de la Plaza Dorrego no les llegó una notificación formal escrita que indique un traslado (como les pasó a los de La Boca) o una reducción de los puestos (como les sucedió a los de Defensa al 1200 y 1300), pero saben —por una reunión informal que los delegados y las autoridades porteñas tuvieron en junio— que el GCBA tiene intenciones de desalojar la parte de la feria que funciona en lo que se conoce como “el murito”, que tiene un poco más de un metro de altura y separa el centro de la plaza y la vereda. El argumento que dio el Gobierno porteño en ese caso, de manera informal, fue que los feriantes estaban dañando parte del casco histórico y que era ilegal poner puestos ahí.

Para las 11 y media de la mañana, los delegados de las ferias artesanales de La Boca y San Telmo ya estaban reunidos con las autoridades porteñas en una sala del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. En la calle, por otro lado, había un centenar de feriantes que pedían, con bombos y carteles, que el GCBA no avance con el traslado ni la reducción de las ferias.

Los más corajudos se animaron a colgar una bandera que decía “El arte no es delito” en una camioneta del gobierno porteño, una que tenía impregnado el lema “Vamos Buenos Aires”. Y el otro grupo de osados pegó sobre una vidriera publicitaria ubicada en la parada de los colectivos 29 y 53 un cartelito que decía “Feria Artesanal Vuelta de Rocha. 40 años de historia” y otro que rezaba “Artesanía es cultura. Cultura es identidad”. Era una batalla territorial lo que se estaba desatando, que empezó cuando al Gobierno porteño se le ocurrió que las ferias populares ya no estaban de moda y había que sacarlas de la vista de los turistas.

 Al mediodía, todos los artesanos —los de San Telmo y La Boca juntos— hicieron sonar bombos, platillos, vuvuzelas, latas, cencerros y cualquier otra cosa que hiciera ruido. Era para demostrar que la bronca acumulada por tantos destratos estaba organizada. Al mismo tiempo, algunos feriantes pintaron con stencil algunos sectores de la vereda y de la fachada del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. “San Telmo resiste”, era uno de los mensajes grabados. Poco después empezaron a llegar al baile algunos efectivos de la Policía de la Ciudad, que miraban a los feriantes de reojo y cada tanto se decían cosas inaudibles entre sí.

“Estas disposiciones son un nuevo ataque a las clases trabajadoras. Entendemos que esto está ligado a que hay algunas personas poderosas, que no necesitan el dinero para pagar la luz ni comer todos los días, que quieren incrementar sus ganancias. En la calle Defensa, unas 45 familias nos vamos a quedar sin nuestro sustento, todo para que un millonario aumente sus ganancias”, dijo a esta agencia Guga Paita, que vende artesanías en la feria de San Telmo desde hace dos años. “Nos estamos organizando artesanos y manualistas de diferentes ferias que actualmente están siendo amenazadas porque esto nos afecta a todos. Somos una fuerza que está en lucha”, agregó la artesana.

Dos horas y media después, los delegados que habían estado reunidos con las autoridades porteñas salieron y contaron que la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano se comprometió a no reducir, por el momento, la feria de Defensa al 1200-1300 y Plaza Dorrego mientras tengan lugar las sucesivas mesas de diálogo. A su vez, el organismo se comprometió a decirles esta semana a los artesanos de La Boca si van a poder trabajar o no en la Plazoleta de los Suspiros otra vez su espacio histórico al menos provisoriamente, mientras tengan lugar las diferentes reuniones previstas para los próximos meses.

Abrazo cultural al Garrahan

Abrazo cultural al Garrahan

El conflicto laboral del hospital pediátrico más importante del país lleva tres meses ininterrumpidos. Artistas para todas las edades realizaron un festival público en apoyo a los trabajadores.

Hace más de doce semanas que los trabajadores del Hospital Garrahan llevan a cabo medidas de fuerza en reclamo de la abrupta rebaja salarial que están percibiendo desde el comienzo de las gestiones del presidente Javier Milei y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Benos Aires Jorge Macri. Este viernes 8 de noviembre, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan, la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los Autoconvocados Garrahan organizaron un paro activo de 24 horas y un abrazo cultural en la entrada de la institución ubicada en Combate de los Pozos 1881.

“Este movimiento empezó porque la destrucción del salario fue brutal. Tenemos a miles de trabajadores del hospital que no cubren ni siquiera la canasta de pobreza”, comentó Alejandro Lipcovich, trabajador del Hospital Garrahan y Secretario General de la Junta Interna de ATE. Y aludió a los tres pedidos principales que están realizando: “Reclamamos que el mínimo equivalga al costo de la canasta familiar, planteamos una recomposición del 100% de todos los salarios, sin distinción de profesión u oficio y pedimos que el sector del hospital que está siendo afectado por el mal llamado impuesto a las ganancias sea eximido”. 

La jornada inició a las 9:30 y contó con la presencia de varios artistas quienes desde su música decidieron apoyar a la causa. La grilla del festival incluyó un bloque especialemente destinado para las infancias, con bandas como Los Raviolis y Anda Calabaza, seguido de presentaciones de solistas como Julieta Laso y Bruno Arias y grupos como Las Manos de Filippi, entre muchos otros. Mostraron su adhesión a la protesta múltiples organizaciones, entre las que destacó Madres de Plaza de Mayo.

El Hospital Garrahan es una institución pediátrica reconocida tanto nacional como internacionalmente que se dedica a la atención de pacientes provenientes de todo el país de entre 0 a 15 años con patologías severas y complejas, es decir, casos de alta complejidad que no tienen otro lugar en donde ser tratados. “Es una lucha que responde a algo muy sentido del pueblo argentino. No son solo nuestros intereses como trabajadores del hospital sino también de todos los trabajadores que quieren tener un lugar para atender a sus niños, un hospital que es emblema en nuestro país”, agregó Lipcovich.

Por su parte, Natalia Veliz, pediatra especialista en medicina interna que trabaja hace veinte años para el Garrahan, afirmó que “los salarios están muy por debajo de lo que un profesional de la salud merecería estar ganando en este momento. Está totalmente desfasado con la labor que realizamos”. A su vez, destacó que una situación que se desprendió de la baja salarial es la pérdida de los profesionales, lo cual “pone en riesgo el funcionamiento de la institución, la estabilidad y la labor de los equipos interdisciplinarios que para nosotros es fundamental en nuestra tarea cotidiana”.

Veliz junto a su compañera Carola Saure, pediatra especialista en nutrición que lleva 23 años trabajando en el Garrahan, mencionaron que otra preocupación que desata esta problemática es la búsqueda de segundos empleos por parte de los trabajadores. “Este es un hospital que se caracteriza por tener jornada completa y extendida. Todos trabajamos hasta las 4 o 5 de la tarde, por lo cual conseguir otro trabajo significa a veces trabajar 80 horas semanales“, remarcó Saure.

Sin embargo, la tarea del hospital no es únicamente brindar asistencia a sus pacientes. Tal como lo mencionó la pediatra Saure, el Garrahan también se ocupa de formar profesionales de todo el país. “Eso es fundamental porque este es un país enorme que requiere atención de calidad y formación pos básica para todo el territorio nacional. Es una tarea que el hospital viene cumple desde hace 37 años”. Explicó, asimismo, que los sueldos bajos generan que los futuros profesionales no elijan al Garrahan como su lugar para formarse y que esto va a repercutir en el futuro. “No es un déficit de ahora solamente. Es un déficit a futuro de la salud pública y de la salud de excelencia de nuestro país en general. No es solo mirar el Garrahan como institución, sino mirarlo en su expansión a todo el país”, sentenció Saure.

Respecto a la jornada organizada para este viernes, el Secretario General recalcó la importancia de hacer los reclamos visibles en las calles, ya sea con eventos de esta índole como con algún otro tipo de manifestaciones: “Siempre buscamos movilizarnos para que no sea simplemente un paro dominguero porque entendemos que la movilización activa de los trabajadores es lo que puede cambiar la situación”. En este sentido, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Vanina Biasi opinó que “es clave estar con el cuerpo en las calles y en las luchas para darle confianza a la gente que hoy está atemorizada o deprimida para que salga”. Y continuó: “Hoy hay mucha gente que está muy impactada por la política de Milei y hay mucha fuerza política que dice que hay que guardarse, que hay que esperar. Y eso no es verdad”.

La diputada Biasi, quien presentó dos proyectos elaborados bajo la discusión de los trabajadores del hospital acerca de los salarios y la insalubridad, estuvo presente en el evento. En diálogo con ANCCOM, mostró preocupación porque “están desfinanciando toda la atención a los menores” y explicó que “es fundamental unir las luchas para que en definitiva golpeemos el corazón de la política de Milei, que es destrozar las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina”.

“Venimos de una marcha donde pudimos unificar salud con educación y jubilados. Hay que fortalecer cada sector y salir juntos a la calle. Es la única manera de parar el plan del gobierno que es devastador”, concordó Norma Lezana, Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APYT). Finalmente, refirió sobre las actividades para el futuro: “Estamos impulsando una acción para el día 21 de noviembre que es también el Día de la Enfermería. Con paro y movilización desde el Congreso, donde se va a estar decidiendo el presupuesto nacional, y a la Legislatura que es donde se decide el reconocimiento de la enfermería como labor profesional en la Ley 6035”, manifestó la secretaria.

“Esta muestra es un logro colectivo”

“Esta muestra es un logro colectivo”

Desde el 8 de noviembre, en el Centro Cultural Haroldo Conti, puede visitarse la tradicional Muestra Anual de Fotoperiodismo organizada por ARGRA, que estará en exhibición allí hasta febrero de 2025.

Concentración para repudiar la muerte de Facundo Molares, fallecido un día antes en medio de un operativo de la Policía de la Ciudad. Foto: Cris Sille 

La 35ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que se inaugura este viernes 8 de noviembre en “el Conti” –ubicado en el predio de la exESMA–, reúne más de 150 fotografías seleccionadas de las 2.500 imágenes enviadas por reporteras y reporteros de todo el país.

Como cada año, la exhibición ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre los acontecimientos más significativos del año anterior a través de la mirada comprometida de quienes documentan la realidad.

En esta edición, la política ocupa un lugar central, en contraste con la anterior, dominada por la celebración del Mundial de Fútbol. Este año, además, debido a complicaciones logísticas y presupuestarias, la muestra se pasó de julio a noviembre, un retraso que refleja los desafíos que enfrentan los reporteros gráficos en la Argentina actual.

“La precarización laboral y el desmantelamiento de espacios como Télam nos afectó mucho, el 80 por ciento de nosotros estamos bajo la línea de pobreza a nivel salarial”, cuenta Sebastián Andrés Vricella, presidente de ARGRA.

«Es casi un milagro que podamos realizar esta muestra», agrega, y la define como “un logro colectivo” y “un testimonio del esfuerzo de cada profesional que sale a las calles para documentar la realidad”, muchas veces, en condiciones adversas.

“Son pocos los medios y lugares de trabajo que te dan los equipos para trabajar bien y todo eso crea un combo en donde realmente el esfuerzo que realiza cada compañero a la hora de salir a la calle tenga más valor. Cada nota, cada marcha, cada entrevista y cada momento de pausa es poner el cuerpo”, afirma.

“Tenemos una capacidad de resiliencia importante, pero somos trabajadores que necesitamos comer”, sostiene Vricella. Según él, este espacio es mucho más que una exhibición fotográfica, es una muestra independiente y democrática que recorre todo el país, llegando a lugares incluso inhóspitos por esfuerzo de profesionales que se comprometen y dejan el cuerpo para hacerlo posible.

ARGRA se fundó en 1942 en medio de tensiones políticas y se ha mantenido fiel a sus principios fundacionales: defender los derechos de los reporteros gráficos y ofrecer una plataforma independiente y de carácter humanista para que estos puedan ejercer su profesión libremente.

Desde sus comienzos, la asociación se ha dedicado a visibilizar la realidad a partir de una perspectiva que a menudo no se muestra en los medios convencionales. “Este compromiso con la democracia y los derechos humanos sigue siendo nuestro eje”, subraya Vricella.

En el marco de esta edición, el viernes 22 de noviembre se proyectará Errante, una película de Adriana Lestido, fotógrafa y socia de ARGRA. Este film donado representa la colaboración y el espíritu de comunidad que caracteriza a los reporteros gráficos, un grupo que se apoya, se cuida y acompaña.

Con cada fotografía y en cada muestra, ARGRA reafirma su compromiso con una mirada crítica que registra y preserva los momentos que construyen nuestra historia. La 35ª edición de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino se convierte así en un espacio de reflexión sobre un año atravesado por grandes cambios, desde la perspectiva de quienes, día a día, retratan las luces y sombras de la sociedad.

“La devolución de la gente es que se ve representada y toma noción y conciencia de lo que pasó y vivió el año anterior”, concluye Vricella.