Los animales verdes no son un chiste

Los animales verdes no son un chiste

Las cianobacterias pueden producir toxinas que traen severas consecuencias en la salud de humanos y animales mucho menos simpáticas que el cambio de coloración que se dio en carpinchos, vacas y demás que circularon como memes. ¿Qué puede hacer el Estado para mitigar el problema?

 

Hace unas semanas circularon imágenes de carpinchos cubiertos por un manto verde brillante en el Río Uruguay, Entre Ríos. Más allá de lo llamativo de la escena, este fenómeno no es nuevo. Las cianobacterias que pintaron a los roedores son organismos fotosintéticos de larga historia: fueron las primeras productoras de oxígeno en la Tierra, viven en la superficie del agua y están adaptadas a casi todos los ambientes, desde lagos helados hasta ríos y termas. Su nombre significa “bacterias azuladas”

Sin embargo, hay cepas que pueden producir toxinas peligrosas para los seres vivos, llamadas “cianotoxinas”. Las más frecuentes y abundantes son las “microcistinas”, tóxicas para el hígado, y las “saxitoxinas”, que pueden dañar el sistema nervioso. Según la especialista en limnología Inés O’Farrell, “pueden tener distintos efectos que pueden llegar al cáncer, entre otras enfermedades, dependiendo del tipo de exposición, aguda o crónica”.

En los últimos años, las floraciones de cianobacterias en ríos y lagunas de Argentina están en aumento. Lo novedoso es que actualmente han llegado hasta el sur de Argentina, algo que antes no ocurría. Hay varias causas que favorecen su proliferación: el incremento de nitrógeno y fósforo en el agua, generado por la falta de regulación en el uso de agroquímicos y el vertido de cloacas sin tratar, el calentamiento global y el represamiento de los ríos, que limita la circulación del agua. “Mientras no se frene esto, las floraciones van a seguir”, advirtió O’Farrell.

 

Un riesgo para la salud

Las cianotoxinas pueden afectar a animales como carpinchos o vacas que viven cerca de lagunas o ríos, los peces que los habitan,  las aves que se alimentan de esos peces, mascotas que beben agua de río o, incluso, a personas que se toman un baño en aguas contaminadas, sobre todo niños pequeños. En los últimos años, en Argentina se registraron casos de intoxicaciones graves en humanos. Por un lado, un adulto que practicaba deportes acuáticos en Salto Grande sufrió alteraciones hepáticas por exponerse a zonas contaminadas. También una niña de veinte meses tuvo que recibir un trasplante de hígado tras sumergirse en el Río de la Plata. «Cuanto más pequeño es el organismo, más vulnerable es al efecto de las cianotoxinas», explicó O’Farrell.

En ciudades sin acceso a agua potable segura, como algunas del Chaco, Santiago del Estero y el Delta del Tigre, la presencia de cianotoxinas representa un grave problema de salud pública. Según Iribarren, poblador del Delta de Tigre y doctor en Ciencias Biológicas (UBA), en el último brote de 2022 muchas tomas de agua del conurbano bonaerense fueron afectadas. “En las islas del Tigre usamos el agua para bañarnos, limpiar, regar las huertas, lavar los platos, darle agua a los animales. Y puede intoxicar a todos por igual, ya sea ingiriendo alimentos de la huerta o por alergias en la piel».

Cloacas al río y falta de regulación

A pesar de su peligrosidad, Argentina no cuenta con regulaciones específicas sobre los niveles de cianotoxinas en el agua. Según O’Farrell, muchas cepas presentes actualmente en el Río Uruguay son altamente tóxicas. «Muchísimas veces la toxicidad está por encima de los niveles de alerta de la OMS. En Argentina no tenemos normativas ni organismos oficiales que regulen la peligrosidad de las cianobacterias».

En la Ciudad de Buenos Aires, las cloacas son vertidas directamente en el Río de la Plata, arrojando grandes cantidades de nitrógeno y fósforo al agua, que alimenta a las cianobacterias. Los desechos cloacales son residuos de los baños o cocinas con gran cantidad de materia orgánica rica en carbono, nitrógeno y fósforo. Además, estos desechos contienen compuestos con fósforo, como los detergentes, o insumos químicos usados en plazas o jardines.

“Este aumento de nitrógeno y fósforo es la condición básica para que se dé un aumento excesivo de biomasa de cianobacterias y se llegue a la floración”, explica O’Farrell. En general, el aumento de cianobacterias conlleva un aumento en la concentración de las cianotoxinas.

Mientras tanto, las poblaciones más vulnerables son las más expuestas a esta contaminación. Muchas comunidades deben potabilizar su propia agua con recursos precarios, lo que implica un aumento del costo para quienes dependen de fuentes naturales para el consumo diario.

Por ejemplo, en las islas de Tigre no hay agua corriente como en la ciudad. Los habitantes suelen recolectar agua de lluvia que cae por sus techos hacia canaletas, con filtros para su consumo. Pero la situación se agravó en el último año. «Hasta el cambio de gobierno de Milei, AySA tenía una política de distribución de agua potable en una lancha para los pobladores. “Pero hace un año perdimos ese derecho, que habíamos alcanzado con el reclamo social», denunció Iribarren. Ahora, deben transportar agua potable desde el continente, exponiéndose a riesgos como la contaminación del plástico al sol.

Un reclamo silenciado

El problema de las cianobacterias tiene solución, pero requiere medidas urgentes. Como explicó O’Farrell, la clave es reducir la entrada de nitrógeno y fósforo en el agua: «Necesitamos plantas de tratamiento de desechos cloacales. No puede ser que en Buenos Aires, con 11 millones de habitantes, la cloaca se vierta en el río. Es un reclamo que venimos haciendo con el Ministerio de Salud de Nación, pero no hubo respuesta”.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desarrolló un Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, que cuenta con un sistema de alerta temprana de concentraciones de este tipo de microorganismos en ecosistemas acuáticos. Este medidor permite que, al menos, la población pueda estar informada de si es conveniente utilizar el agua para uso diario, dependiendo de la zona.

El impacto de la contaminación va más allá de los brotes actuales. Iribarren advirtió que a largo plazo incluso podría haber casos de cáncer de hígado en poblaciones expuestas a cianotoxinas en el agua sin saberlo. “Es muy injusto que niños y niñas que viven en Tigre no tengan acceso a agua potable. El Estado tiene que garantizar este derecho”, sostuvo Iribarren.

Los carpinchos pintados de verde-azul fosforescente (no esperanza) en las redes pueden asombrar, pero no se viralizan las imágenes de las cianobacterias intoxicando nuestras pieles, hígados, sistemas nerviosos o mascotas. Si los gobiernos no toman medidas de regulación y medición de toxinas en nuestras aguas, las floraciones de cianobacterias tóxicas seguirán expandiéndose en Argentina, afectando la biodiversidad, la salud pública y la calidad de nuestra agua.

Amenazan con un nuevo desalojo a una comunidad originaria

Amenazan con un nuevo desalojo a una comunidad originaria

La comunidad mapuche Lof Che Buenuleo tiene un día para abandonar 90 hectáreas de su propio territorio. El fallo judicial se asienta en el reclamo de un ocupante que acudió a la justicia apoyado en que el gobierno de Milei derogó la ley de amparo a los pueblos indígenas.

Este miércoles se cumple el plazo de 15 días que la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo tiene para desalojar su propio territorio de 90 hectáreas. El fallo fue dictaminado por el Tribunal de Impugnación de Río Negro y son cinco los imputados por el delito de usurpación de tierras. Lof Che Buenuleo se encuentra en la zona de Sierra Ventana, cerca de Bariloche, en la provincia de Río Negro y ocupa el lote Pastoril 127 desde al menos 1825.  

Lof Che Buenuleo figura dentro del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que reconoce 480 hectáreas habitadas por familiares directos desde el siglo pasado, figurando así, en los mapas como Pampa de Huenuleo. Este relevamiento fue realizado por el INADI y respaldado por Ley 26.160. Esta norma por aquel entonces funcionaba como una herramienta de amparo para que los pueblos indígenas pudiesen poner límites judiciales, frente a posibles desalojos. En 2024 esta ley fue derogada por el gobierno de Javier Milei.

Desde 2019 la comunidad estuvo en conflicto con Emilio Friedrich, que sostiene que de esas 480 hectáreas, 90 son privadas y se las adjudica como propias por un boleto de compra-venta. Para los acusados de usurpación, se trata de un título ilegítimo. 

Antecedentes 

En diálogo con ANCCOM, Ramiro Buenuleo, el lonko de la Lof Che Buenuleo, sostuvo que los antecedentes datan desde el año 2001, cuando su abuelo Antonio Buenuleo denunció a Claudio Thieck por la falsificación de su firma en un documento de escrituración de las 90 hectáreas a un precio de $35.000. Sin embargo, en el año 2009 se presentó Emilio Friedrich en el territorio con el mismo documento cedido por Claudio Friedrich a $135.000. Es “un precio irracional” según el nieto de Buenuleo y por ese motivo, la comunidad comenzó con el litigio para defender esas tierras.

En 2014 murió el abuelo Buenuleo y Friedrich tomó posesión de esas 90 hectáreas. La justicia ignoró la denuncia que la Lof Che Buenuleo realizó y “la encajona», explicó el logko de la Buenuleo. 

En 2019 la comunidad Lof Che Buenuleo fue denunciada por entrar al territorio y usurparlo. Según Alejandro Pschunder, abogado defensor de Friedrich: seis eran miembros de la Lof Che Buenuleo entre ellos, Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman, Aukan Maliqueo y Nicolas Quijada. Además también aseguró que el logko del pueblo indígena Pillan Mawinska, Mauro Millan; y Claudio Raile estuvieron en el lugar.

La defensa de los pueblos indígenas argumentó que no cometieron delito y optaron por la caducidad de la persecución penal. El juzgado rechazó esos argumentos y las comunidades apelaron a esa decisión. Por su parte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2020 reconoció a la comunidad Lof Che Buenuleo la “ocupación actual, tradicional y pública” del territorio de 480 hectáreas.

Sentencia favorable

En 2021 con lo que se dictaminó por el INAI el año anterior, se hizo entrega de la carpeta técnica a la comunidad y por medio del Boletín Oficial se concluyó que la Lof Che Buenuleo es poseedora de las 90 hectáreas, haciendo que la fiscalía, que por ese entonces estaba a cargo de Martin Losada, desistiera de la causa bajo el argumento: “no hay culpabilidad de la comunidad por ocupar sus propios territorios”. Y sobreseyó a los ocho imputados.

Por su parte, la querella al salir este fallo, impugnó la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Río Negro. Este Tribunal lo que finalmente resolvió fue que la fiscalía estuvo en falta al sobreseer a los imputados, y obligó nuevamente a que se intervenga, e investigue a los miembros de la comunidad para continuar con el esclarecimiento del caso. 

 

Justicia injusta 

En el 2024, Ramiro Buenuleo; Rosa Buenuleo; Lucas Dinamarca; Sandra Ferman y Aukan Maliqueo fueron declarados culpables por el delito de usurpación. La condena mayor fue de 1 año y 6 meses de prisión en suspenso. Por otro lado, Claudio Raile; Mauro Millán y Nicolás Quijada fueron sobreseídos por falta de pruebas. 

Este año, volvió a intervenir el Tribunal de Impugnación y dispuso que la Comunidad tiene un plazo de 15 días para desalojar voluntariamente las 90 hectáreas.

La Lof Che Buenuleo luego de salir el fallo nuevamente remarcó la importancia de los recursos naturales, y cómo la intervención podría ser perjudicial para los habitantes de San Carlos de Bariloche: “Estas 90 hectáreas están dentro de los Parques Nacionales y sobre las nacientes del arroyo Ñireco, abastecedor de agua a más de un cuarto de la población de Bariloche” y continúa: “Cualquier emprendimiento que se produzca sobre la cuenca del arroyo Ñireco, afectará totalmente el cauce del arroyo, entonces la mayoría de los barrios de Bariloche se quedarían sin agua para abastecerse. Este recurso natural es el que la comunidad viene cuidando desde fines del siglo XIX. Incluso antes que los barrios pudiesen hacer uso de ese recurso”, concluyó Ramiro Buenuleo.

 

Derogación de la Ley 26.160

La Ley 26.160 era una herramienta de protección frente a la criminalización hacia esas comunidades que defienden sus derechos sobre la tierra, salud, educación y participación indígena. Declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades y, además, suspendía los desalojos hasta que se completara el relevamiento de sus tierras ancestrales.Sin embargo, esta ley fue derogada por el actual gobierno apenas asumió, dejando desamparadas a las poblaciones originarias que habitan en nuestro país.

Cuando Buenuleo fue consultado por la derogación de la norma y cómo esto también tuvo injerencia en la decisión del actual tribunal dijo: “Nosotros estamos tranquilos porque nos ubicamos dentro de nuestro territorio, dentro de los que el relevamiento contempló. Pero no hay que perder de vista cómo estos recursos naturales se verán afectados en el corto plazo, si no hacemos nada ahora”. Y culminó: “no se trata solo de una defensa a la comunidad mapuche sino que es más que eso, estamos hablando de defender un recurso muy preciado para la humanidad, el agua”.

 

Milei vs. Clarín

Milei vs. Clarín

El anuncio de la venta de Telefónica a Telecom, de la que el principal accionista es “el gran diario argentino”, puso al descubierto las tensiones y negociaciones del multimedio con el gobierno defensor de las desregulaciones y del reino del mercado. Los especialistas Martín Becerra, Damián Loreti y Diego Rossi hablan de las consecuencias de la compra y del impacto político.

Este lunes se hizo oficial la venta de Telefónica a Telecom, siendo el Grupo Clarín uno de los principales accionistas de este grupo. Y, consecuentemente, esta última compañía pasa a convertirse en un gigante sin precedentes dentro del sector comunicacional. Desde la Oficina del Presidente se informó – por medio de un comunicado en las redes sociales – que se investigará si esta operación no constituye la formación de un monopolio. Además, señalaron que la adquisición podría significar que el 70% de los servicios de telecomunicaciones quedarían en manos de un solo grupo económico “lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa”. Martín Becerra, docente e investigador del CONICET, en diálogo con ANCCOM señala: “Es una irónica contradicción entre el dogma de Milei, que ha defendido la concentración monopólica privada en foros de la ultraderecha, y su fuerte reacción con esta compra de Telefónica de Argentina por Telecom que, según el gobierno, crearía un monopolio en las comunicaciones”.

Con respecto al comunicado, Damián Loreti, abogado especialista en derecho a la información e integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala que el Gobierno habla de versiones, cuando en realidad la investigación debería versar sobre si hubo una operación no declarada. “Lo ´novedoso’ sería actuar por versiones, no que el Estado intervenga para verificar las condiciones de absorción en un mercado que ya venía muy desregulado”, dice al respecto. En este sentido, Diego Rossi, asesor de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, agrega: “lo tenemos que ver como un comunicado del área de prensa. No fue una decisión administrativa, de hecho, si no tiene detectada la operación en términos formales, es decir, si no le es notificada, el gobierno no puede actuar, con lo cual claramente está en el plano político discursivo”.

¿El mercado se regula solo?
Meses antes de esta medida, el gobierno nacional había decretado una mayor relajación de las normas que autorizaban a controlar el sector de las telecomunicaciones alegando que la concentración excesiva produce “poder significativo de mercado”. Pero ahora, tras la consecuente reacción del presidente Javier Milei sobre la nueva adquisición de Telecom, viene a demostrar lo contrario al anunciar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para investigar esta compra.

Sin embargo, ambos organismos estatales fueron fuertemente desmantelados o intervenidos durante el primer año del gobierno libertario, “De modo tal que son, a estos efectos, organismos muy débiles para hacer frente al desafío de evaluar y definir esta compra acorde a las leyes”, dice Becerra sobre ambas instituciones. “Milei con tan pocas herramientas con las que cuenta el ENACOM -estando intervenido el organismo- solamente él sabe lo que va a generar como documento público y como herramienta de negociación y con una Comisión de Defensa de la Competencia que está en vías de extinción o que tiene muy pocas capacidades regulatorias, realmente resulta payasesco”, señala Rossi sobre este asunto. Y agrega: “Pretende usar recetas que él mismo rompió”.

Sobre la alteración que puede traer a futuro la adquisición de Telefónica por parte de Telecom, Loreti señala: “Lo que va a haber es, como pasó con todos los procesos de fusión, un impacto brutal sobre la fuente de trabajo”. Al mismo tiempo, Rossi coincide con este pensamiento e indica que esta megacompra afecta directamente a los consumidores y a los ciudadanos: “Si su opción de conectividad en su ciudad era solamente Clarín o solamente Telefónica, la verdad que le cambia muy poco la compra porque sigue siendo el mismo prestador. Los que estamos en Buenos Aires, los que están en algunas zonas más pobladas y tienen dos o tres opciones, probablemente sientan un impacto porque no van a poder elegir”. Por su parte, Becerra observa las consecuencias que puede traer esto en los servicios: “la concentración excesiva tiende a abusar en los precios de los servicios, a disminuir la calidad, la cobertura y la asequibilidad de los mismos, y acumula poder en un actor corporativo que ya detenta posición dominante en medios de comunicación, telecomunicaciones y conectividad”.

Milei vs. Clarín

Desde hace ya varios años, el Grupo Clarín viene adquiriendo experiencia en materia de concentraciones dentro del mercado infocomunicacional. En 2007 se generó la fusión entre Multicanal y Cablevisión. Tiempo más tarde, durante el gobierno de Macri, se produjo la unión de Cablevisión con Telecom. Y hoy, con la compra de Telefónica, se posiciona como el principal grupo en la materia, siendo Claro su principal competencia, aunque más ligada al segmento móvil, mientras que Telecom ahora involucra los mercados de comunicaciones móviles, conectividad a Internet, telefonía fija y televisión de pago. Según un informe de Global Media and Internet Research Project, la participación conjunta de Telecom y Telefónica oscilaba, para el 2023, entre el 40% y el 80% de los mercados de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el país. “Estamos en una cosa que no se parece a nada de lo que pasó”, aclara Loreti al respecto.

Esta compra vuelve a profundizar la problemática relación entre Javier Milei y Clarín que incluso, para Loreti, se viene gestando desde antes que asumiera el nuevo gobierno y que en las últimas semanas se intensificó tras la filtración de la entrevista “en crudo” del presidente con Jonatan Viale. “Milei viene peleándose con el Grupo Clarín, a pesar de la amabilidad con la que varios de los animadores de los ciclos de política y opinión de TN y Radio Mitre, así como columnistas de Clarín, lo tratan. Creo que esa amabilidad se debe a que esta operación aún necesita la autorización estatal”, indica Becerra sobre el vínculo entre el gobierno y Grupo Clarín.

“Toda esta lectura Milei la resume en cuál tiene que ser su posición para no caer en una nueva extorsión de Clarín-Telecom. Entonces, entiendo que como forma de negociación sectorial dice, ´Lo vamos a estudiar´». Pero cualquiera que haya leído la historia de los años 90 en Argentina sobre las privatizaciones sabe que cuando se anuncian fusiones en el exterior es muy difícil que internamente a través de mecanismos legales se pueda bloquear esa fusión”, dice Rossi. Simultáneamente, el asesor reflexiona acerca de que estamos en un año electoral y que los medios de comunicación vienen a ocupar un rol central: “las elecciones pueden refrendar o no el rumbo actual del gobierno, donde uno de los componentes es disponer de un ecosistema de medios y el grupo Clarín sigue teniendo un poder de peso. Pero también es cierto que en el marco de esas negociaciones que no conocemos, puede variar el tono o puede tener más o menos condescendencia en alguna de las ramas audiovisuales o escritas de sus medios”.

Así, política y negocios vuelven a estar en el centro de la escena, aunque todavía el final de esta historia parece inconcluso. “Lo paradójico de este gobierno es que no se va a poder mostrar defensor del empleo, o defensor de las institucionalidades, o defensor del libre mercado o de la libre competencia cuando ha venido sistemáticamente destruyendo todo”, afirma Rossi.

Paro docente en trece jurisdicciones

Paro docente en trece jurisdicciones

Con salarios básicos por debajo de la línea de indigencia, los gremios nacionales enrolados en la CGT anunciaron que este lunes no comenzarán las clases. Después de siete meses sin diálogos, el gobierno convocó a los sindicatos ante la inminencia de la medida de fuerza.

Una nueva contienda se libró entre los gremios docentes nucleados dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional. Habrá un paro de 24 horas el próximo lunes 24 de febrero en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Lo que nos lleva a hacer el paro es la falta de convocatoria a paritaria entre el mes de julio de 2024 y el 20 de febrero”, dijo a ANCCOM Fabián Felman, el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). “Además, planteamos la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente e inversión en educación, porque desde el año pasado hay un desfinanciamiento en el rubro que es público y notorio”, agregó. 

En eso coincidió Norberto Cabanas, el secretario gremial de la Unión Docentes Argentinos (UDA), quien en una conversación con esta agencia dijo que “desde julio no nos reunimos con la Secretaría de Educación de la Nación ni nadie del Ejecutivo, simplemente porque no nos convocan”. 

No obstante, horas después de que los gremios docentes de la CGT anunciaron esta semana, por conferencia de prensa, que realizarían un paro en el que sería el primer día de clases para 13 jurisdicciones, el Ministerio de Capital Humano de la Nación publicó un comunicado para informar que ese mismo día, a las 15 horas, llevaría adelante la Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado, con la participación de los sindicatos docentes nacionales, representantes del Consejo Federal de Educación de todas las regiones del país y las secretarías de Educación y Trabajo de la Nación. 

¿Por qué el Gobierno esperó hasta el anuncio del paro para realizar la convocatoria y no la hizo antes? “Creemos —dijo Felman— que logramos una muy buena cobertura de los medios, el apoyo total de los sindicatos, no sólo docentes sino del mundo del trabajo. De alguna manera, la comunidad nos cree más a los docentes que lo que puede decir el Gobierno”. A su vez, el secretario gremial de UDA comentó que “hace 7 meses que venimos pidiendo reunirnos para modificar el salario. Hicieron la convocatoria después de que nosotros hicimos público el paro. Nos parece que tuvieron suficiente tiempo para pensar, juntar la plata, convocar, pero ni siquiera eso”. 

El problema de fondo, en palabras del secretario general de la CEA, es que “nosotros tenemos congelado el salario mínimo en 420 mil pesos desde julio de 2024, un salario que lo determinó el Gobierno nacional por decreto”. Por su parte, Cabanas dijo que “un salario de 420 mil pesos hoy ya no es que está por debajo de la línea de pobreza sino que está en la indigencia. La canasta básica alimentaria está en algo más de 450 mil pesos. Este es el principal motivo del paro”. 

Según relataron ambos gremialistas, esa situación hace que muchos docentes tengan que recurrir a otros trabajos, unos adicionales, para poder llegar a fin de mes. “Tenemos docentes que hoy están trabajando en aplicaciones móviles porque trasladan pasajeros —contó Felman—, porque tienen que buscar otro trabajo, ya que el salario no alcanza. Hay, también, docentes que tienen que dar clases particulares o que trabajan hasta en tres turnos. Hay jurisdicciones que tienen prohibido trabajar más de un turno, entonces tienen que hacer otras tareas”. 

Cabanas complejizó el panorama al comentar que “la primera medida que tomó el Gobierno al asumir fue discontinuar el pago del incentivo docente, o sea, aplicó una rebaja salarial que fue del 8 al 15% de acuerdo al salario de cada docente. Además, discontinuó programas que tenían que ver con la entrega de computadoras, como el Conectar Igualdad, y programas de formación docente. Hoy un educador que quiere capacitarse tiene que estar pagando un curso, un perfeccionamiento, una actualización o una maestría de su propio bolsillo. El Estado nacional no le brinda la posibilidad de capacitación. Realmente estamos en una crisis del sistema educativo muy aguda”. 

¿Qué pasará después de la reunión del próximo lunes? “Conseguir que el salario se transforme en uno acorde a lo que debería estar ganando un docente es difícil —opinó Cabanas—, en el sentido de que se debería aplicar un porcentaje bastante alto para ser algo asequible”. Por su lado, Felman dijo que “uno cuando pide el diálogo es porque tiene expectativa y esperanza. Nosotros tenemos la obligación, como dirigentes sindicales, de tener expectativas de que nos hagan una propuesta que sea trasladable a los docentes. Si la respuesta es irrisoria, nosotros directamente tenemos que rechazarla”. 

El secretario general de la CEA, además, manifestó que “a veces algunos periodistas nos critican y nos dicen ‘¿Por qué al Gobierno anterior no le hicieron paros?’. Nosotros les decimos que lo primero que hizo el Gobierno de Alberto Fernández fue restituir la paritaria que había anulado por decreto Mauricio Macri. Segundo, tuvimos paritaria inclusive en pandemia, para regular las condiciones de trabajo de ese período. Y terminamos el año 2023, es cierto que producto de la inflación, reuniéndonos casi mensualmente”. 

“El Gobierno profesa una ideología que desprecia el rol del Estado. Para nosotros el Estado, tanto nacional como provincial, tiene que garantizar la educación, la salud, el acceso a la vivienda. Para el Gobierno, no. El propio presidente se definió como un topo dentro del Estado”, concluyó, por su parte, Cabanas. 

Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Con el objetivo de señalar algún culpable y disimular el abando del Estado en la prevención, las autoridades patagónicas criminalizan a pueblos originarios y voluntarios. También allanaron y destruyeron una radio.

“Quien tenga estos libros en su biblioteca estaría en peligro como lo estoy yo, así actúan las dictaduras”, dice visiblemente afectada la referente mapuche Moira Millán, desde su comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut. Un comando conjunto de fuerzas estatales allanó su casa y secuestró Feminismo Negro de Angela Davis, Pampas y Lanzas de Liborio Justo, El Niño Resentido de César González, Mujeres, vida y libertad de Rosa Luxemburgo; la historia de las Madres de Plaza de Mayo, Los caminos del Zapatismo y Derecho de las Mujeres Indígenas, entre otros de sus libros. Millán enfatiza que si se concreta la amenaza del gobernador Ignacio Torres de desalojar la Lof Pillán Mahuiza “estaría desconociendo el estado de derecho y los convenios internacionales”. Al borde de las lágrimas, y tras exigir la inmediata libertad de la mapuche Victoria Núñez Fernández, Millán cierra: “Soy una mujer mapuche pero también soy escritora, los libros han abierto mi mente, defendamos el derecho a pensar, a escribir y a leer, la democracia para todos, no sólo para la blanquitud, me estoy enterando de que me quieren encarcelar, quizás este sea mi último video, ante las difamaciones guarden mi verdad”.

El pasado martes 11 de febrero se realizaron diversos allanamientos en comunidades mapuche–tehuelches tales como las Lof Cañío, Catriman Colihueque y Nauelpan, entre otras, y en algunos domicilios de Esquel, en el marco de las causas que investigan la intencionalidad de los incendios en la Patagonia. También fue allanada una radio comunitaria, FM la Petü Mogeleiñ. En paralelo, Patricia Bullrich, quien tiene a su cargo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego dentro del Ministerio de Seguridad, apareció en El Bolsón anunciando la creación de una nueva oficina burocrática: la Agencia Federal de Emergencia. El anunció sorprendió porque en el último año se subejecutó el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego y fueron despedidos casi quinientos brigadistas.

Moira Millan.

Bullrich también señaló que caerán “con toda la fuerza de la ley a aquellos que incendian”. Mientras tanto, el fuego continúa, algunos focos en El Bolsón se van enfriando, pero la ayuda gubernamental no llega y los vecinos en las redes sociales agradecen a Dios y a la Mapu cuando llueve.

“Estos van a ser declarados, por el Artículo 41, como terroristas”, escribió Bullrich en X (ex-twitter), para referirse a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y para anunciar la detención de “una incendiaria terrorista pseudo mapuche”. La detenida es Núñez Fernández de 33 años, integrante de la Lof Pillan Mahuiza. En estos momentos se encuentra privada de su libertad en la Comisaría 1 de Esquel. Estuvo incomunicada desde el momento de su detención, y en ningún momento se le hizo saber por qué acción concreta estaba imputada. El 12 de febrero a las 12 se realizó la audiencia en la oficina judicial para definir su situación procesal. Luego, el juez penal Jorge Criado dictó, a pedido de la Fiscalía, la prisión preventiva por 60 días para esta mujer.

Núñez Fernández fue detenida en el contexto de allanamiento en Pillán Mahuiza, ubicada cerca de Corcovado, a 100 kilómetros de Esquel. “Las fuerzas especiales entraron a la fuerza, no querían mostrar la orden de allanamiento, rompieron puertas y ventanas, nos hicieron tirar a todos en el piso y a algunos le pusieron precintos en las manos”, explicó Evis Millán, hermano de Moira Millán weichafe (guerrera) de la comunidad.

En la radio comunitaria FM Petü Mogeleiñ, la policía provincial irrumpió en la radio sin avisar y sin orden de allanamiento, rompieron las cerraduras del local donde se encontraba el transmisor, la sala de operación y la de locución” , informan desde la radio. También rompieron la habitación de archivo que se encuentra en el lateral de la edificación, el SUM de la radio y una vivienda cercana. Durante el allanamiento también tiraron materiales diversos, comida y aparatos costosos que le permiten a la radio salir al aire, entre ellos, dos CPU que también les posibilita retransmitir por streaming. 

La semana pasada ANCCOM informaba sobre el inicio de las detenciones, primero a brigadistas y luego a mapuches, que en su mayoría terminaron con los imputados en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, además de Núñez Fernández permanece detenido el albañil neuquino Nicolás Heredia, que estaba de vacaciones y acudió a llevar comida a los brigadistas que luchaban contra el fuego en Mallín Ahogado. Varios organismos de derechos humanos levantaron su voz por la cacería de brujas que está llevando adelante el Poder Judicial, tal como lo expresó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Por su parte, ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que “la prisión preventiva a Nicolás Heredia y los allanamientos a medios de comunicación mapuche muestran una tendencia preocupante en el sistema penal en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades indígenas”.

 

La conferencia de prensa del gobernador de Chubut

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres encabezó una conferencia de prensa este martes 11, en donde se explayó sobre los allanamientos realizados. La conferencia fue titulada como “El atentado en Trevelin expone la red de responsables de los incendios en la provincia”, y en ella expuso una cronología de los hechos, un tanto particular. Comenzó mencionando el 2 de enero como el anuncio del desalojo de la “ocupación ilegal’’ en el Parque Nacional Los Alerces desde el 2020. En ese año el gobierno de Alberto Fernandez reconoció desde el Estado que esas tierras le correspondía al pueblo mapuche–tehuelche Lof Paillako, sin embargo el actual gobierno mantiene su postura de decir que fue una ocupación ilegal.

Torres continuó con el 9 de enero, el día del desalojo, que lo tituló como el día que “recuperamos las tierras tomadas”. Y afirmó que “menos de una semana después del desalojo, se inició el incendio intencional en Epuyén”. El mandatario provincial expresó que “muchas teorías conspiranoides de terraplanistas hacían referencia a grandes terratenientes que prendían fuego sus campos para lotear y vender las tierras, acá no hay grandes terratenientes.”. Sin embargo, nada dijo de los empleados del magnate británico Joe Lewis pretendiendo impedir el despegue de un avión hidrante y el ataque de un grupo similar, “la patota de gauchos armados con cuchillos” cuando se fue a pedir por la libertad de los brigadistas acusados la semana pasada. También hubo sospechas respecto al destino de las tierras quemadas, porque el presidente Javier Milei había anunciado que derogaría la ley que impide su venta por 60 años, algo que finalmente no sucedió.

En su cronología, acompañada por un Power Point, siguió con el 18 de enero como el día del “atentado incendiario” en la Estancia Amancay de Trevelin. Según Torres, a partir de esta situación se pudo “ver la vinculación entre los distintos focos y los responsables del atentado hecho con bombas molotov”. En ese punto acusó a Victoria Núñez Fernández, a Luisa Vanesa Roldan, a Lianca Millán, a Mau Belen Jones y a Moira Millán de “refugiarlos en una propiedad usurpada cerca de Corcovado”. Esa “propiedad usurpada” es la Lof Pillán Mahuiza, la que fuerzas especiales allanaron violentamente el 11 de febrero sin mostrar la orden judicial y detuvieron a Victoria Núñez Fernández. 

Finalmente Torres sostuvo que “el 4 de febrero denunciaron penalmente a Jones Huala, y dos días después se iniciaron seis focos de incendio simultáneos en El Pedregoso, y un día más tarde en Cholila”. Para Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas y werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche–Tehuelche de Río Negro, “estos incendios es el medio que utilizan los gobiernos para despojar a comunidades y campesinos”. El condimento de la ensalada de datos que presentó Torres, como siempre, es la RAM, cuya actividad en la Patagonia es mucho menos protagónica que los funcionarios de derecha pretenden.

 

Por su parte, la Red Enfoques de medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia afirmó: “Todavía desconocemos los motivos judiciales de este operativo, pero sabemos las razones políticas: buscar chivos expiatorios, perseguir y estigmatizar al pueblo mapuche–tehuelche, y a todo tipo de solidaridad comunitaria”. Y agregó que “no es casual la presencia en la zona de Patricia Bullrrich y de Luis Petri como ministros represores del gobierno nacional, sumado a las reiteradas declaraciones del gobernador de Chubut Ignacio Torres en contra del pueblo mapuche. Es claro que forma parte de una maniobra mediática, política y judicial represiva, en lugar de combatir el fuego y asistir a las familias damnificadas.”

El pasado fin de semana, en su show en Neuquén frente a medio millón de personas, Maria Becerra pidió donaciones por los incendios en la Patagonia. “Hay que visibilizar la situación, y sí el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario”, dijo la cantante. Al igual que cuando atacó a Lali Espósito, el presidente Javier Milei, vía historias de Instagram, respondió con un meme que dio a entender que la cantante quiere hacer plata con esa causa.