Bebés con abstinencia: un sistema que llega tarde

Bebés con abstinencia: un sistema que llega tarde

En las maternidades del sistema público de salud un fenómeno que antes era excepcional hoy aparece con una frecuencia inquietante: llegan a parir mujeres en situación de consumo. Los debates que se plantean para solucionar un problema que nace en la vulnearción de derechos.

No se trata sólo de consumo: se trata de pobreza, de aislamiento, de violencias, de un sistema sanitario que llega tarde y de un Estado que aparece cuando el riesgo ya estalló. Esa intersección es el territorio donde trabajan personas como Lucía, Liliana y una residente que prefirió no dar su apellido, como las otras, pero tampoco su nombre. Las tres son profesionales de distintos hospitales del Conurbano Bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. Y es también el territorio donde vive Natalia, en la Villa 21-24 Zavaleta, con una historia que se repite más de lo que se cuenta.

 

¿Adictos?

En un hospital del sur del conurbano, hay ocho bebés que están internados en neonatología. Cinco de ellos están judicializados. Tres ingresaron por exposición a consumo problemático durante la gestación. Estos bebés tienen fiebre, convulsiones, diarrea, temblores. No duermen. Pesan muy poquito. Lloran pero no porque “son bebés y los bebés lloran”, sino porque tienen abstinencia.

Lucía Sanabria es licenciada obstétrica (UBA) y desde hace 25 años acompaña mujeres durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia. Hoy trabaja en un hospital público del conurbano bonaerense y, como muchos otros profesionales, advierte que el escenario cambió: “En los últimos tres años han aumentado notablemente los casos de consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo”. La mayoría no se detecta en la consulta prenatal: ahí todavía reinan la vergüenza, el miedo a ser juzgadas y la desconfianza en el sistema. “En muchos casos es detectada durante el trabajo de parto”, explica. “Si bien durante el embarazo el profesional que está asistiendo a la mujer indaga sobre el uso o abuso de sustancias, todavía existe vergüenza y miedo de parte de ellas al sentirse juzgadas por su consumo, a tener problemas con los servicios sociales o incluso a que las separen de sus hijos. Otras no conocen sobre los riesgos del consumo durante el embarazo y la lactancia”.

Cuando eso ocurre, la revelación aparece en los cuerpos más pequeños, en un temblor, en la imposibilidad de regular la temperatura, en llantos y vómitos constantes. Son señales que en neonatología ya nadie desconoce: son signos compatibles con abstinencia neonatal, una expresión silenciosa del consumo materno durante los últimos días o semanas. Lucía cuenta que, ante la sospecha, se piden tóxicos en orina; no se hace de manera rutinaria sino cuando el cuadro clínico lo exige o cuando la propia paciente refiere consumo reciente. “Los más comunes son marihuana y cocaína”, explica. “A veces el bebé es el que delata el contexto cuando presenta signos clínicos de abstinencia”. En esos casos, los tóxicos se realizan, también, en el recién nacido.

En 2022 el Ministerio de Salud lanzó un informe sobre “Recomendaciones para la prevención del consumo perinatal de sustancias psicoactivas y para la contención y el cuidado de las personas afectadas”. Allí se sostiene que “El consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo más, dentro de la situación biopsicosocial de la persona gestante y un abordaje integral debe tomar en cuenta los determinantes de la salud (acceso a servicios de salud, nivel socioeconómico y cultural, inclusión social, disponibilidad de redes de apoyo social, acceso a la educación, entre otros), así como las características de su entorno”.

¿Cuánto de esto efectivamente sucede?

 

Demasiado

En 2024, el medio cordobés Ruido relevó casos de recién nacidos con abstinencia en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. La investigación documentó que las muestras positivas de consumo en mujeres embarazadas aumentaron hasta 128% en un año. “En Buenos Aires, las estadísticas del hospital Mariano y Luciano de la Vega –del partido de Moreno– reflejan que el 1,65% de los bebés nacen expuestos a alguna sustancia de abuso, principalmente cocaína, seguido por la mezcla de esa droga con marihuana. En números absolutos, en 2023 se registraron allí sustancias en 46 recién nacidos, sobre 2.482 nacimientos. Un dato preocupante: hasta julio de 2024 ya se habían detectado 42 niños expuestos a drogas (casi el total del año anterior).” 

Liliana, quien prefiere no dar su apellido, tiene 56 años, es obstétra del hospital en el que se encuentran tres bebés judicializados en neonatología por causa de consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo. Recorriendo la sala en medio de la luz tenue, entre lágrimas y llantos (no sólo de los bebés), intenta poner en palabras la situación: “Hace 35 años que trabajo acá. La verdad es que antes, sí, teníamos uno o dos casos en seis meses. Pero ahora, no hay descanso, es todos los días. Yo estoy en el consultorio de primera vez. La mayoría de casos que llegan suelen ser mujeres en situación de calle. Cuando alguna lo manifiesta, la derivamos directo a Servicio Social. Si están en puerperio, pedimos estudios para evaluar si pueden amamantar. Si no, se inhibe completamente la lactancia”. “La mayoría no vuelve –continúa-, no porque no quieran, sino porque verdaderamente no pueden. Hay muchas veces que ni siquiera son completamente conscientes del embarazo y las consecuencias que puede traer consumir durante el mismo. Pero son adictas. Es una enfermedad, una cuestión de salud mental. No es solamente una cuestión de voluntad y de querer parar de consumir”.

Los diferentes equipos que trabajan interdisciplinariamente chocan contra preguntas sin respuesta unívoca: ¿separar o no al bebé de su madre?, ¿inhibir o no la lactancia?, ¿cómo acompañar sin vulnerar derechos?, ¿cómo proteger sin castigar?

Una residente del sector de tocoginecología que también prefiere el anonimato y que trabaja en un hospital público en CABA fue testigo de este escenario desde su primer día: “Mis jefes dicen que esta problemática aumentó. Cada vez hay más casos. Y lo vemos: ya tuvimos que pedir metabolitos en orina varias veces. Antes no era tan frecuente”. Cuenta que en una reunión llegó a discutirse la posibilidad de pedir análisis toxicológicos de manera sistemática a todas las mujeres que ingresaran en trabajo de parto. La idea se desestimó no por falta de casos o porque sea innecesaria, sino por falta de estructura dentro del sistema para poder realizarlo.  “Lo que más vemos es cocaína. Marihuana también, pero mucho menos. Casi siempre son pacientes de contextos sociales muy difíciles: muchas tienen parejas que también consumen, tienen redes de apoyo muy escasas, están alejadas de sus familiares. Muchas de ellas llegaban y no sabían que estaban embarazadas”.

El protocolo –si se puede llamar así– para estas situaciones se arma de forma “artesanal”. Existen dos guías vigentes, una nacional y otra provincial, y además hay otra en elaboración. Pero la práctica diaria avanza más rápido que los papeles. Los diferentes equipos que trabajan interdisciplinariamente chocan contra preguntas sin respuesta unívoca: ¿separar o no al bebé de su madre?, ¿inhibir o no la lactancia?, ¿cómo acompañar sin vulnerar derechos?, ¿cómo proteger sin castigar?

Los bebés suelen ir a Neonatología para la observación de signos de abstinencia. La internación, que podría durar dos o tres días, se extiende por semanas: hay que esperar la intervención del equipo de Salud Mental, del Servicio Social y del Servicio Local. Todo un aparato estatal que aparece recién cuando la urgencia es irreversible. Una vez que finaliza el embarazo y el bebé nace son muchas las acciones que se tienen que llevar a cabo desde diferentes áreas para generar un control consciente, tanto para la madre como para el recién nacido.

“Tuvimos un caso de una paciente que llegó con un embarazo a término. Nos fijamos en el sistema y notamos que había un antecedente muy importante de consumo, su pareja consumía también. Cuando pedimos el examen toxicológico llegó con positivo para cocaína. Es decir, claramente ese bebé recibió cocaína vía transplacentaria durante todo el embarazo. Finalmente, se llegó al parto, pero toda la situación fue muy difícil. Tuvimos que derivar al bebé a Neonatología porque justamente era un bebé en situación de riesgo por abstinencia. Al mismo tiempo hablamos con Servicio Social e intervino el Consejo de Protección al Menor”, relata la residente. “Pero notamos que la madre no era consciente de todo lo que estaba sucediendo. Intentaba dar respuestas que hacían alusión a que en realidad ella no estaba consumiendo, pero obviamente sabíamos que no estaba diciendo la verdad. Quería darle de amamantar a toda costa al bebé pero no podía, porque los exámenes seguían llegando positivos”.

“Después de una semana aproximadamente de internación, los exámenes de metabolitos llegaron negativos y desde servicio social le permitieron a la mamá amamantar al bebé que seguía en Neo”, continúa relatando el caso. “A nosotros, desde obstetricia, nos pareció que tal vez no era la mejor opción porque todavía no estaba definida la situación madre/hijo que se iba a atravesar. El hecho de que le permitieran amamantar y formar un vínculo mucho más estrecho con el bebé y no saber si después los iban a desvincular era preocupante. Y efectivamente eso pasó. La paciente tenía otros cuatro hijos que se encontraban judicializados y, dada la situación, el servicio social decidió desvincular a la madre del bebé. Pero atravesar y acompañar toda esa situación desde nuestro lado es realmente muy complejo”.

Hay casos de bebés de varios meses que llegan al hospital intoxicados por las drogas que le llegan a través de la leche materna. El consumo a edades tan tempranas es particularmente dañino para bebés en una etapa tan importante del desarrollo.

            Lucía también es diplomada en Lactancia Materna y nos comparte su visión al respecto: “Los profesionales nos vemos en la encrucijada entre separar o no al bebé de esa madre, inhibir o no la lactancia”. Según cuenta, no comparte la posición con otras colegas: “Donde trabajo y como referente de lactancia, lucho por que se respete el contacto entre madre/hijo y el deseo de esa mujer con respecto a la lactancia. No se inhibe la misma hasta que la mujer lo decida”.

 

En primera persona

            Mientras tanto, afuera del sistema, la vida sigue como puede. En la Villa 21-24 Zavaleta, Natalia, quien también prefiere ocultar su identidad completa, hoy tiene 42 años, lucha contra el consumo problemático desde su adolescencia. Tiene cuatro hijos. Todos sus embarazos fueron atravesados por el consumo, pero fue el último, hace seis años, el más riesgoso. Su hija Zoe nació con bajo peso y signos de abstinencia, expuesta a la cocaína durante casi toda su gestación.

            Natalia alterna momentos de lucidez y responsabilidad con períodos en los que  desaparece por días. Hoy trabaja intermitentemente, si bien está en proceso de recuperación, las recaídas son parte de su vida cotidiana. Su hija suele quedar al cuidado de su abuela. A veces juega sola en la plaza de Zavaleta. Cuando se pierde, son los mismos policías del barrio quienes la devuelven a su casa, siempre con un mismo pedido: “Por favor, cuídenla. Si no vamos a tener que llamar al Servicio Social”. Natalia habla con culpa, pero también con cansancio. No hay un arrepentimiento lineal ni heróico: hay una trama de pobreza, consumo, maternidad y violencia que no empieza ni termina en ella. Su testimonio no justifica, explica. Y en esa explicación se dibuja recién la punta del problema.

            En la Argentina está presente (y actualizada por los discursos informativos e ideológicos) la asociación entre “persona adicta” y “delincuente” en donde se reprime y penaliza la tenencia de ciertas sustancias para uso personal, influyendo así negativamente sobre el imaginario social y produciendo como resultado una asimilación conceptual entre “adicción” y “delincuencia”, con la consiguiente exclusión del sistema de salud. Esa mirada expulsa a las mujeres del sistema de salud y alimenta la estigmatización. “Las mujeres no consumen en el embarazo porque no les importa su hijo”, agrega Lucía, “sino porque el consumo es una problemática de salud mental que no depende en la mayoría de las veces de la voluntad de quien consume”.

            Para todas las profesionales, el camino es claro: “Es fundamental la creación de equipos interdisciplinarios para abordar de manera individualizada cada caso, cada historia”, explica Lucía. Y cierra: “No he visto una historia igual a otra. Una mirada individual desde cada especialidad sólo fragmenta la atención y vulnera los derechos de estas mujeres y sus bebés. Se necesitan políticas públicas claras, con perspectiva de derechos y género, capacitación a los profesionales que intervienen en la atención y seguimiento de estas diadas, dejar de juzgar a las mujeres y ser más empáticos con su situación”.

 

Los invisibles

Los invisibles

Una cronista de ANCCOM acompañó a los voluntarios de la Fundación Sí en su recorrida por Palermo para darle comida y, sobre todo, compañía a las personas en situación de calle. Aquí sus voces.

Son las ocho de la noche y, como todos los días del año, los voluntarios de Fundación Sí salen a caminar las calles de Buenos Aires con un termo de agua caliente en la mano y la intención simple y radical de acompañar. En invierno se ofrece abrigo; en verano, algo fresco. Pero lo que se reparte –sobre todo- es tiempo, escucha y atención. Se revisan las listas, se distribuyen las cuadras, se anotan los pedidos. Cada grupo conoce su recorrido; en este caso, el de la zona 14, en Palermo.

El punto de encuentro siempre es el mismo: la esquina de Charcas y Julián Álvarez. Las cuadras están semivacías: algunos bares todavía abiertos, taxis que frenan un momento y siguen, las máquinas barredoras que avanzan lento, verduleros que guardan los cajones y algún vecino que pasea al perro mientras los voluntarios buscan rostros conocidos. Dicen que hacer recorridas es una manera de visibilizar a quienes el resto invisibiliza. Darles nombre, saber cuál es su historia, poder compartir con ellos un rato, una charla, un té, una sopa.

Desde hace más de una década, la Fundación Sí organiza este entramado de apoyo que se sostiene todas las noches, incluso en Navidad y Año Nuevo.La apuesta es por el vínculo. Las Recorridas Nocturnas se realizan en CABA, en partidos del Gran Buenos Aires como Tigre, Pilar, Luján, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Resistencia, Posadas, Mendoza y San Luis. El propósito es acompañar a las personas que se encuentran en situación de calle y estar presente en los procesos personales de cada una a través de la constancia y con la idea firme de permanecer, porque conocerse lleva tiempo.

Para hacerlo, trabaja en un abordaje integral de cada historia, con la intervención de distintas áreas conformadas por voluntarios especializados: Adicciones, Animales, Asesoramiento jurídico, Documentación, Inclusión Escolar, Inclusión laboral, Jubilaciones, Psicología, Salud, Trabajo Social y Visitas.

Juanca espera en la esquina, tiene 63 años y es sumamente trabajador, estructurado, testarudo, amable y agradecido. Desde hace más de una década vive ahí, entre el ruido de los colectivos y la generosidad de los vecinos. Es muy querido, en el barrio lo conocen y lo saludan, participan de sus cumpleaños y de algunas fiestas importantes. Le gusta discutir, sobre todo de política, fútbol o precios. Habla del clima, de la inflación, del tránsito. Para dormir, acomoda su carro adelante. Mantiene sus rutinas y tiene todos los papeles al día, pero aun así le advierten que tenga cuidado porque la policía anda levantando gente.

En un contexto donde la situación de calle no deja de crecer, esta presencia toma otro peso. En mayo de este año, el relevamiento oficial del Instituto Estadístico Porteño registró 4.522 personas sin acceso a una vivienda. De ellas, 1.574 dormían directamente en la vía pública, la cifra más alta desde que se realiza el estudio. Las organizaciones de la sociedad civil que se especializan en el tema, dicen que esa cifra se queda muy corta y cuestionan la metodología utilizada para obtenerla. La crisis económica empuja, el mapa de la calle cambia rápido, cada semana aparecen historias nuevas. 

A unas cuadras está Dani. Lo reconocen desde lejos, aunque se afeitó y está distinto. Charla con todos y habla inglés, recuerda los nombres de voluntarios de otras zonas y pregunta por ellos. Dice que los espera. Tiene anécdotas para todo y una energía que contagia. Habla de Mar del Plata, de un casamiento y pregunta si alguien podría cortarle el pelo. Esta noche lo acompaña Pablo. Entre risas, los dos miran videos en el celular para aprender palabras en guaraní. Aparecen historias de sus padres y hermanos.

Contó que le habían hecho dos notas en la radio y que siempre le preguntaban lo mismo: “¿Qué se siente tener 60 años y vivir en la calle?”. Es el primero en ofrecer asiento y el último en despedirse. Esta noche lo acompaña Pablo. Entre risas, los dos miran videos en el celular para aprender palabras en guaraní. Aparecen historias de sus padres y hermanos.

Voluntarios del proyecto Recorridas Nocturnas. Foto: Gentileza Fundación Sí.

Javi, en cambio, es más reservado. Vive en Plaza Medrano. Pasó por varios hogares, y sólo rescata uno: el del Cura Brochero. “Estaba limpio, te ayudaban de verdad”, dice. Ahora intenta tramitar su DNI, otra vez. Habla poco, pero cuando lo hace, elige bien las palabras.

Al lado está Fabiana. Hace tiempo que el grupo la conoce. Antes andaba con Mauro, con quien solían parar en un salón de fiestas. Esa noche se la nota más conversadora que de costumbre. “¿No tenés un pantalón y unas zapatillas 37? ¿Habrá algún lugar donde pueda bañarme? Estoy necesitando eso. Si saben de algo, avísenme.”. El grupo le pasa la información del Dispositivo de Primer Acercamiento estatal (DIPA), que son espacios donde pueden asearse, comer algo y tener asistencia profesional.

Le preguntan también por sus hijos. Fabiana levanta la mirada apenas, como si no quisiera detenerse en el tema: “Estoy peleada… no sé.”

Durante el segundo trimestre de ese año, casi uno de cada cinco habitantes, unas 650 mil personas, atraviesa condiciones de pobreza, y alrededor del 4% de los hogares directamente no logra cubrir lo básico para comer. La indigencia alcanza al 6% de la población.

Entre los voluntarios circula una certeza que se repite en las recorridas: lo que los hace seguir saliendo es saber que, por más pequeño que parezca, lo que hacen tiene un impacto real en alguien. A veces, un simple “¿cómo estás?” puede ser lo único que una persona escucha en todo el día. Y motiva ver que esperan la visita, que recuerdan sus nombres.

También está Rosa, una mujer dulce y educada que llegó hace poco. Habla pausado. “Soy de Misiones, trabajé siempre como empleada cama adentro. Pero ahora estoy en un tratamiento psiquiátrico y los médicos me recomendaron no volver a trabajar hasta recibir el alta. Llegué acá, a la plaza, hace poco. Este grupo… la verdad que es lindo, me gusta quedarme, nos acompañamos.”

Matías aparece algunas noches. A veces trabaja en la parrilla de la vuelta, pinta casas o pasea los perros de los vecinos, que lo aprecian y confían en él. Cuando no está, deja sus cosas en la verdulería o con el portero de al lado. Últimamente no siempre quiere conversar: “Estoy tranquilo, chicos, gracias, no quiero nada”, dice sin levantar demasiado la vista del teléfono, donde suele quedarse enganchado con un jueguito.

En el bulevar de Charcas, Rubén escucha la radio, siempre la misma emisora. Es de Córdoba y le gusta el cuarteto. Esa noche se había quedado sin pilas, así que el grupo caminó hasta un quiosco y volvió con un paquete nuevo. Le duelen los pies, le sugieren que camine un poco durante el día. No habla mucho y baja la voz. Cuando le preguntan por la escuela, responde en voz baja: “No… la primaria terminé nomás. El secundario no, salía mucha plata.” El grupo vuelve a preguntarle: “¿Cómo mucha plata, Rubén? ¿No fuiste a un colegio público?” Y él repite, con cansancio: “Sí… pero era mucha plata, mucha plata.” Después cambia de tema y vuelve a contar que le hubiera gustado estudiar “negocios”. De a poco va dejando entrever partes de su historia. La intimidad se construye con la constancia de las noches. Esta idea de que la confianza lleva tiempo se repite entre los voluntarios, saben que muchas personas están acostumbradas a que las traten mal.

No hay promesas de salida ni discursos salvadores. Lo que se ofrece es estar. Una charla que interrumpa el anonimato. Se pregunta si alguien vio al que solía dormir sobre la vereda de enfrente. Se comenta que otro está alquilando una pieza.

Durante la pandemia, las recorridas se suspendieron por un tiempo. Estrella, voluntaria de la Fundación, recuerda que, en esos meses, solo una persona podía salir a repartir viandas. Entre quienes acompañaban, estaba “el Chapa”, que había logrado comprarse una casa rodante con un subsidio, aunque “estaba toda destartalada”.

Ante esa situación, los voluntarios organizaron una jornada para arreglársela. Se acercaron con un muralista que diseñó un dibujo lleno de colores y pasaron horas bajo el sol, todos con barbijos, en una calle sin salida. Estrella tiene presente el momento en el que terminaron y el Chapa se emocionó. “Dijo que, por primera vez, iba a poder acostarse a dormir y mirar el techo de su propia casa”.

Es un recorrido de nombres propios: la esquina de Juanca, la plaza de Javi, el bulevar donde se sienta Rubén. Cada noche, el grupo vuelve a esos mismos puntos. Hay quienes desconfían, quienes no quieren hablar y quienes están de paso. Pero siempre hay alguien que espera. Por eso, las salidas no se suspenden.

Dentro del grupo insisten en que detrás de estas historias no hay decisiones aisladas sino pérdidas, enfermedades, violencia y falta de oportunidades, algo que Martín, voluntario de la Fundación, suele remarcar cuando escucha decir que “alguien está en la calle por elección”.

El termo ya pesa menos. También se conocen nombres nuevos o alguien reaparece después de meses. Cada noche, los voluntarios registran lo que vieron, lo que escucharon, lo que hay que llevar. Dicen que, al principio, cuesta saber cómo hablar, qué decir, cómo acercarse.

“Acompañar —resume Estrella— es estar en las buenas y en las malas. Escuchar, respetar los silencios, dar un abrazo, reírse o llorar juntos. Aprendés, te emocionás, te transformás. Es amistad.”

 

Los empresarios propusieron cuatro mil pesos de aumento del salario mínimo (no es un chiste)

Los empresarios propusieron cuatro mil pesos de aumento del salario mínimo (no es un chiste)

No hubo acuerdo entre trabajadores y empresarios en la reunión que se realizó para fijar el nuevo salario mínimo, vital y movil. Ahora definirá el Gobierno. Hubo movilización gremial y de movimientos sociales.

La jornada comenzó cerca de las 10 de la mañana cuando empezaron a llegar a las puertas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en Alem 650. Los trabajadores de las dos CTA, ATE, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Polo  Obrero (PO), el Frente Territorios en Lucha, La Coordinadora por el Cambio Social, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones sociales, marcharon a la espera de la reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En total unas dos mil personas y cortaron dos carriles mano a provincia entre banderas y bombos.

La reunión de la que participaron la CGT, CTA y CTA Autónoma, las cámaras empresariales y el gobierno se realizó de manera virtual –lo que ya aventuraba una mera formalidad del encuentor- y no llegó a buen puerto. Sin acuerdo, es el Estado quién define el nuevo monto.

Mientras la CGT exigía un salario mínimo de 512.000 pesos, la CTA Autónoma puso sobre la mesa la necesidad de 644.000 pesos de mínimo con sus respectivos incrementos mensuales. La oferta de las cámaras empresarias no cumplió con las expectativas, la propuesta fue la módica suma de 326.000 pesos con aumentos hasta abril que alcanzan los 349.000 pesos. Desde agosto, el salario mínimo está en 322 mil pesos, pasados tres meses, la oferta del sector empresarial significa un aumento de 4 mil pesos. Luego del cuarto intermedio y de que las partes no lograran un acuerdo, el gobierno les notificó que resolverá el aumento mediante un decreto. Esta situación se repite desde hace dos años y el Gobierno de Javier Milei siempre define en sintonía con las propuestas empresariales.

Además del aumento del salario mínimo, los sindicatos y organizaciones exigen la recomposición de ingresos para los trabajadores de la economía popular a través de un Salario Social Complementario, la restitución de políticas alimentarias y un bono de fin de año.

La canasta básica total según el INDEC es más del triple del monto del salario mínimo actual. La importancia de este acuerdo radica en que el SMVM es una suma que tracciona para abajo la remuneración de los empleados bajo convenio, a las trabajadoras de casas particulares, los rurales, los estatales locales y provinciales, de la economía popular, y los programas sociales. Además, en base al SMVM se definen las asignaciones de planes sociales y otras prestaciones, como por ejemplo la que reciben durante tres años los chicos que a los 18 años egresan de un hogar sin haber sido adoptados por una familia.

Movilizados y en unidad

La presión de la movilización se hizo sentir desde temprano pero no alcanzó para torcer un guion que parecía escrito de antemano. Todo se desarrolló en orden y algunos referentes pudieron hablar desde un camión con parlantes que probablemente nadie en la reunión virtual llegaba a escuchar. Entre los expositores, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma, destacó: “Nos organizamos en unidad más allá de la relación formal o informal con el empleo, es la tarea que estamos construyendo y nos enorgullece”.

A su turno, Alejandro Gramajo, Secretario General de la UTEP consideró que “estamos en manos de un gobierno que vino a favorecer a las corporaciones económicas”. Además, exigió que “se restituyan los alimentos de los barrios populares y comedores comunitarios”.

También estuvo Eduardo Belliboni, dirigente del PO, quien destacó que “la inflación se está comiendo los salarios”. Y alertó que las reformas que impulsa el gobierno buscan “arrasar con las conquistas del conjunto de los trabajadores”. En esta sintonía, el dirigente advirtió que “va a crecer la desocupación con la reforma de Milei. Huelga y paro general es nuestro principio. Si hay un paro vamos a estar todos a la calle ¿o hay alguna duda?”.

Estos sectores dejaron expuesto al gobierno, las reformas que tiene en carpeta y la situación de todo el colectivo de trabajadores, jubilados y de la sociedad en general. Pusieron de relieve lo que se viene: discusiones por zoom desde las que no se escucha a los trabajadores.

 

Colón y Payasandú resisten contra la refinería HIF

Colón y Payasandú resisten contra la refinería HIF

Continúa la preocupación de los vecinos a ambos lados del río Uruguay por la construcción de una planta de hidrógeno verde. Denuncian que afectará el turismo, la biodiversidad y salud de ambas poblaciones.

Continúa la lucha a ambos lados del río Uruguay contra la empresa HIF global que planea desarrollar un megaproyecto para instalar una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a las costas entrerrianas.

Estas semanas son cruciales para el desarrollo de los planes que tiene la empresa en el país vecino ya que ayer se reunieron en Argentina Pablo Quirno, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con Mario Lubetkin, su homólogo uruguayo. Este es el segundo encuentro entre ambos funcionarios en lo que va del mes y según trascendió Lubetkin espera la visita de Quirno en las próximas semanas para seguir tratando temas bilaterales.

En julio, HIF realizó algunos cambios en su proyecto que implicó la reducción de un 35% de la superficie total de la planta, una disminución en un 70% de la intervención que realizaron sobre el monte nativo y una ampliación de 260 hectáreas del área de reserva de la biodiversidad, pese a estos cambios en noviembre la empresa debió ser multada por el Ministerio de Ambiente debido a la tala ilegal del monte nativo.

Estas modificaciones no lograron apaciguar a las distintas organizaciones y vecinos tanto de Paysandú (Uruguay) como de Colón (Argentina) que ven que sus reclamos caen en oídos sordos. Carlos Serrati, integrante de la organización Somos Ambiente, explicó: “Lo que la empresa hizo fue realizar modificaciones menores dentro de la planta, pero dejó las instalaciones en el mismo lugar, encima para ganar un poco de espacio aumentaron las alturas, la llama la establecieron a 7,50 metros aproximadamente, y el producto de la incineración de estos combustibles viene todo para este lado, para nosotros no cambio absolutamente nada”.

Los miembros de Paysandú soberano concuerdan, ya que su reclamo implica la reubicación en su totalidad de la planta por fuera de su localidad. Leonardo Belassi, integrante de esta organización, comenta: “Por eso estamos juntando las firmas para una iniciativa popular, quisiéramos que no se instale en ningún lugar del Uruguay”. El colectivo ya tiene recolectadas 13.000 firmas, y le faltarían 2000 para poder convocar un plebiscito de iniciativa popular para decidir sobre el tema en cuestión.

La empresa aseguró en diversos medios que se concretaron con los vecinos de Paysandú y Colón jornadas de diálogo. Sin embargo, Serrati desmiente esta instancia, “se dijo que tenían conversaciones con organizaciones de la zona de Colón, yo estaba presente en el lugar, no fue así, no las hubo”.

El entrerriano explica que el movimiento en contra de la instalación de la planta lejos está de querer invalidar las decisiones que implican los proyecto de desarrollo de Uruguay, sin embargo resalta: “Lo que decimos es que no se puede hacer en ese lugar, porque afecta directamente a un sistema económico de una población transfronteriza, es incluso una pérdida de soberanía de nuestro lado, porque los condicionamientos de la empresa modifican sustancialmente nuestro estado de vida”.

En las últimas movilizaciones de protesta se contó con el apoyo del intendente de Colón José Luis Walser, quien se sumó al reclamo y a las últimas manifestaciones exigiendo el cambio de locación de la plata, asimismo pidió la intervención de las autoridades nacionales correspondientes para mediar en el conflicto.

Serrati resalta, además, la imprevisibilidad de las empresas que manejan químicos tóxicos, “la prueba de esto es el accidente de Ezeiza hace unos pocos días, puede ser un producto del azar, o un accidente, pero el riesgo de accidentes está siempre presente”, agrega. “Necesitamos una base epidemiológica para saber cuál es el estado general de la salud de la población para poder contrastarlo o compararlo el día de mañana si llegan a aparecer algún tipo de patologías diferentes, como ya ha sucedido en Gualeguaychú”, dice y enumera además otras consecuencias derivada de la posible instalación de la plata tales como pérdida del valor patrimonial de la cuidad, emigración por falta de empleo y  baja de la recaudación tributaria.

El sábado 6 de diciembre habrá una marcha en Paysandú contra la instalación de la planta frente a las oficinas de HIF Global, más tarde habrá también un festival donde se presentarán distintos artistas y se realizarán actividades de visibilización del conflicto.

El juez Kreplak detalló sus avances en la investigación por el fentanilo adulterado

El juez Kreplak detalló sus avances en la investigación por el fentanilo adulterado

En la Comisión Invetigadora del Congreso señaló que hubo 118 advertencias ignoradas, que el Estado no tenía trazabilidad de las ampollas y que el ANMAT no controló la producción de los laboratorios. Quitó responsabilidad a los hospitales.

El 19 de noviembre, el juez Ernesto Kreplak se sentó frente a los diputados en la Comisión Investigadora del fentanilo adulterado. Su exposición no pareció la de un juez sino la de alguien que había caminado descalzo sobre los restos de un sistema roto: la tragedia empezó antes de que alguien supiera que había empezado.

Explicó, sin ambages: el ANMAT no sabía dónde estaban las ampollas; el Estado no tiene trazabilidad real; el juzgado tuvo que reconstruir todo “a mano”; hubo 118 alertas previas ignoradas desde 2018 por parte de la ANMAT al laboratorio; la planta Ramallo falsificó controles; que dos lotes —31202 y 31244— estaban contaminados y que 40.473 unidades llegaron a pacientes.

Los diputados escuchaban sin respirar. Christian Castillo lo sintetizó así: “El juez expuso sobre la investigación judicial que llevó a cabo, todas las fases de la misma y dónde está ahora, que es analizando las responsabilidades de los funcionarios del ANMAT, Ministerio de Salud y otros, después de haber determinado el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación por parte de las autoridades de Laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo; por eso están imputados, procesados en este momento.”

Y el juez agregó algo que cayó como un balde de agua helada: “No hay reproche penal para los hospitales. El sistema no les exigía controlar nada”.

Las familias, sentadas en mesas al fondo de la sala, escuchaban atentos y después en diálogo con ANCCOM confesaron que: “Es trascendental que el juez haya decidido exponer cómo está el caso… Desde el primer momento nos transmitió tranquilidad”.

Afuera, el año se está terminando. Dentro del Congreso, los diputados saben que el tiempo también se termina. En dos semanas cambian las bancas. Cambian las comisiones. Cambian los presidentes de bloque. La tragedia del fentanilo corre el riesgo de quedar atrapada en ese cambio de guardia, en ese revoleo administrativo donde muchas causas pierden identidad política.

La diputada Margarita Stolbizer advirtió a ANCCOM algo que quedó suspendido en el aire: la existencia de alertas previas ignoradas. “El juez explícitó la cantidad de alertas que generan responsabilidad en quienes debieron controlar y no lo hicieron”, dijo. Y agregó otra frase que revelaba la magnitud del vacío estatal: “No hay motivo de reproche penal en los hospitales, porque confían en que el control de calidad ya fue hecho por ANMAT”.

El diputado Pablo Juliano, harto de excusas, exclamó en reuniones anteriores: “Hay que traerlos de los pelos. No pueden no venir”. Se refería al ministro de Salud, Mario Lugones que no fue. Ni la primera vez. Ni la segunda. Ni bajo apercibimiento legal.

Los familiares fueron más frontales a este medio: “Lo mejor que podría hacer es presentar la renuncia”.

El 7 de noviembre de 2025, el Colectivo Nacional de Víctimas del Fentanilo Adulterado publicó un comunicado. No tenía el tono quebrado del dolor inmediato. Tenía la voz fría de quienes ya entendieron que el sistema que debía protegerlos había fallado. Escribieron: “La tragedia es el símbolo más doloroso de la crisis sanitaria argentina”.

A esa altura, lo consignan con exactitud quirúrgica, ya contaban 124 muertos, además de decenas de sobrevivientes con secuelas: hígados devastados, pulmones quemados, fiebres que aún hoy recuerdan en la piel. Denunciaban “colapso del sistema de control farmacéutico, negligencia estatal prolongada, políticas de desregulación que agravan la vulnerabilidad”.

La trama es simple y monstruosa a la vez: para estas familias, los papeles oficiales no son burocracia, sino la puerta por la que entró el veneno. “Fue productiva su explicación. Para nosotros es importante. Así como se mostró hoy el juez, se muestra cuando uno pide audiencia”, expresaban las familias a la salida de la comisión.

Mientras tanto, diputadas como Vilma Ripoll marcaban la distancia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo a ANCCOM: “La presencia del juez fue saludable, coherente. Lamentablemente los funcionarios no actuaron así… Hay que presionar para que vengan y den respuesta por semejante barbaridad: tantos muertos por falta de control”.

Si el comunicado nacional suena a diagnóstico, el de Rosario es un alarido. Presentado el 21 de noviembre, no habla de buenas prácticas ni de normativas: habla de abandono. “Nadie nos asistió”, escriben, “Nadie aplicó la Ley de Víctimas. Nadie explicó qué había pasado. Nadie nos acompañó.”

El próximo miércoles 26 de noviembre, a las 11, se presentarán en la Cámara de Diputados de Santa Fe para visibilizar su reclamo y exigir respuestas concretas. No están haciendo teoría: están contando lo que vivieron en los pasillos de los hospitales, cuando pedían una historia clínica y encontraban carpetas mutiladas; cuando preguntaban por qué su madre, su esposo o su hijo había muerto y nadie respondía. Lo llaman “una masacre evitable.”

La abogada Adriana Franchese, que acompaña a varias familias víctimas, lo explicó así: “Fue sumamente positivo que escucharan en primera persona cómo se dio esta enorme investigación… Y es sumamente necesario mejorar las legislaciones para que no vuelva a suceder”.

Las familias se van del Congreso una vez más con carpetas gastadas: fotos, informes, certificados, historias clínicas incompletas. El juez dijo que en julio o agosto del año que viene podría elevar el caso a juicio. Los diputados, que intentarán cerrar el informe antes del 9 de diciembre, admiten que el tiempo es escaso. Las familias dijeron que no piensan bajar los brazos.

La tragedia del fentanilo adulterado sigue respirando entre ellos. No está en las noticias. No está en las conferencias de prensa. Pero está en cada carpeta. En cada testimonio. En cada muerte inexplicable. Y en la pregunta que todavía nadie pudo responder sin bajar la mirada:

¿Cómo se mata con un medicamento sin que el país lo note?

La comunidad afro celebró su día en la calle

La comunidad afro celebró su día en la calle

Con una marcha de la Plaza de Mayo al Congreso, los afrodescendientes e inmigrantes reclamaron por sus derechos. También conmemoraron a la Madre Patria, Marías Remedio del Valle.

Ayer sábado 8 de noviembre, en el Día Nacional de los Afro-argentinos y de la Cultura Afro y en conmemoración de la Madre de la Patria, la Capitana María Remedios del Valle, se realizó la tercera “Marcha Nacional 8N Afro” en la Ciudad de Buenos Aires.

La concentración, convocada para las 17 en la Plaza de Mayo bajo las consignas “contra el racismo en el ámbito laboral, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, por justicia social, derechos humanos y reparación histórica y el cupo afro dentro del Estado nacional y provincial”, contó con la participación de varios grupos de capoeira Angola, que formaron un círculo en el medio de la plaza para aportar música y baile. Mientras tanto, el resto de los colectivos iba llegando junto a las personas autoconvocadas que se acercaba a participar.

Mónica García, una de las asistentes a la marcha, señaló: “Soy argentina descendiente de esclavizados. Decido participar porque hoy es un día para honrar, yo siempre voy al final de la marcha, tranquila, observando y acompañando. A pesar de que en esta plaza hay otras personas, se agradece que sean acompañantes en nuestro día. Tengo hermanos y hermanas que no acompañan el movimiento porque no les gusta la festividad del día, porque es un día que no está para celebrar sino para honrar y se hacen eventos más privados, mas cerrados.”

En un ambiente tranquilo y de alegría por encontrarse nuevamente en las calles, Marisa Masimento, integrante de la danza brasileña y de las danzas de la marcha, opinó: Para nosotros es un día muy importante en el que podemos marchar todos juntos luchando contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia racial que nos afectan. Y tenemos la posibilidad de estar todos juntos y luchar por un mejor camino”. Y agregó: “La marcha pasada fue tremenda, hubo muchos policías todo el tiempo apretándonos mientras avanzábamos y ahí vimos la unión como algo más fuerte y este año creció mucho más. La comunidad afro creció muchísimo y ahora somos muchos más, estamos con la parte africana que están en el país, tenemos uruguayos, brasileros, los propios afros argentinos. Creció mucho en unión, en fuerza, en lucha, en organización para seguir adelante”.

Algunos de los reclamos que se expresaban subrayaban la necesidad de políticas públicas antirracistas, con perspectiva étnico-racial que impulsen el desarrollo de la comunidad como sujeto de derecho y como pueblo; fortalecer la educación con perspectiva antirracista y afro-centrista en todos los niveles y modalidades; exigir la reposición del cuadro de María Remedios del Valle en la sala de conmemoración de Patriotas de la Independencia nacional; y también impulsar un cupo laboral afrodescendiente, como una forma de promover la inclusión de un colectivo social que ha encontrado histórica y sistemáticamente dificultades de inserción. Asimismo, se expresaron en defensa del candombe y de toda la cultura de matriz ancestral.

Pasadas las 18, los sonidos de los tambores anunciaron el inicio de la marcha, la columna no pudo comenzar su recorrido por la Avenida de Mayo, trayecto característico de cualquier movilización que une la Casa Rosada y la Plaza los Dos Congresos, por el armado de un escenario. Por eso, la bandera de arrastre, que tenía a la Madre de la Patria pintada con su traje de granadera junto con la consiga en conmemoración del Día Nacional de las Afro argentinas y Afro-argentinos y la Cultura Afro y la Ley 26.852, avanzó por la Avenida Rivadavia seguida por jóvenes, adultos y niños que caminaban detrás; los seguían los grupos de capoeira que tocaban sus berimbau mientras cantaban la canción “Angola”. Más atrás, un grupo de mujeres vestidas con ropa de color rojo y blanco bailaban danzas afro y candombe al ritmo de los tambores de batuka y los tamboriles del candombe. La marcha contó con solo dos banderas pintadas a mano, en una aparecía María Remedios del Valle con su uniforme y rodeada de hombres y la otra, en la que se dibujó Argentina y África unidas por la lucha de un puño que pertenecía a un grupo de capoeira.

La columna fue guiada parte de la Comisión Organizadora de la Marcha 8N, que con un megáfono daba indicaciones y gritaba consignas para que las personas en las veredas se enteren que era el Día de los Afroargentinos y la Cultura Afro, que marchaban contra el racismo, que la Argentina tiene raíces africanas, que los policías de la Ciudad que acompañaban la marcha para ir cortando las calles también eran afrodescendiente igual que Bernardino Rivadavia, el primer presidente del país.

Cuando la columna dobló en la calle Piedras para continuar marchando sobre los dos carriles de la mano derecha de la Avenida de Mayo, una joven tomó el micrófono para intercalar las canciones de la capoeira y consigas como “Argentina es afro”, la reivindicación a Pocha Lamadrid, cantante y activista por el reconocimiento de la comunidad afrodescendiente argentina, “que está presente ahora y siempre”, además de pedir por la plena implementación de la Ley 26.852 y cantar que “hacer quilombo es luchar”.

Antes de llegar a la Plaza de los Dos Congresos, la columna debió desviarse suevamente hacia la Avenida Rivadavia por el armado de otro escenario. Faltando unos minutos para las 20, la marcha llegó a destino y la bandera de arrastre se ubicó dándole la espalda a la entrada principal del Congreso, sobre la vereda de la calle Solís. El resto de los participantes formó un círculo. Antes de leer el documento, cada uno de los grupos de percusión como los de capoeira, los bolivianos afrodescendientes con sus tambores y cuancha, y los trambolines de candombe afro-uruguayo desfilaron por el centro del círculo mientras bailaban al ritmo de su música.

Para finalizar, leyeron entre varios integrntes de la comunidad el documento compartido por todas las comunidades afro del país. Les agradecieron a “todas, todos y todes” quienes participaron y estuvieron sosteniendo la marcha durante estos tres años dado que no es difícil para la comunidad pensarse en una calle que actualmente se encuentra un prohibida. Sin embargo, estuvieron manifestándose por sus derechos humanos, y por sus afro-reparaciones.

En el cierre, se solidarizaron con los pueblos que se encontraban sufriendo un genocidio como Palestina, Congo, Haití, Ecuador y las 132 personas que fueron asesinadas en Río de Janeiro la semana pasada.