Inundación de ajuste

Inundación de ajuste

Las recientes inundaciones en Bahía Blanca y el norte argentino muestran la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. El rol del Servicio Meteorológico Nacional es clave para emitir alertas y proteger a nuestra población. Sin embargo, los recortes presupuestarios y de personal amenazan su capacidad operativa.

Al contrario de lo que dijo la Ministra Patricia Bullrich sobre que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se había demorado en la alerta temprana de las fuertes lluvias en Bahía Blanca, el organismo emitió la alerta naranja —que indica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente— el día anterior a la inundación. Esta información le permitió al Municipio suspender a tiempo las clases, una medida que evitó consecuencias mucho más graves. Teniendo en cuenta que continuarían las precipitaciones intensas, a la mañana del 7 de marzo el SMN elevó la alerta a rojo: fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.
Para comprender mejor las implicancias de estos fenómenos climáticos y la importancia de contar con organismos públicos como el Servicio Meteorológico Nacional, ANCCOM dialogó con Paula Zapperi, Doctora en Geografía e Investigadora del CONICET; Silvina Romero, trabajadora en el SMN y delegada de ATE, y Celmira Rey, Profesora y Doctora en Geografía y Magister en Gestión Ambiental y Ecología de la Universidad del Nordeste.

El vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional

A principios de 2024, cuarenta y cinco empleados del SMN fueron despedidos. Luego las renuncias se hicieron habituales: “En la práctica, funcionan como despidos encubiertos porque las condiciones laborales son insostenibles”, explica Silvina Romero, trabajadora del organismo. La falta de aumentos salariales reales y la incertidumbre presupuestaria llevaron a muchos trabajadores a abandonar sus puestos. La sensación general es de incertidumbre, porque no existen garantías claras sobre el futuro del organismo.

Un aspecto clave del vaciamiento es una posible fusión del SMN con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), —un organismo centralizado que depende del Ministerio de Defensa— y con el Instituto Geográfico Nacional. La falta de información precisa sobre esta fusión genera más incertidumbre entre los trabajadores. “No sabemos qué funciones se mantendrán, cuáles se perderán ni cuántos puestos de trabajo quedarán en riesgo”, señala Romero.

La posibilidad de que el SMN pierda su autonomía y pase a depender de una estructura centralizada representa un problema grave: en la actualidad, el organismo cuenta con un presupuesto propio que le permite tomar decisiones rápidas y eficientes para garantizar el funcionamiento de las estaciones meteorológicas a lo largo del país. Otro problema es el riesgo para algunos proyectos clave que fueron paralizados o suspendidos por la falta de personal y financiamiento.

Romero enfatiza que la situación actual del SMN no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la capacidad del organismo para cumplir con su misión. “La pérdida de autonomía, la reducción de personal y la falta de recursos ponen en peligro la producción de información meteorológica esencial para distintos sectores de la sociedad, incluyendo la aviación, la agricultura y la prevención de desastres naturales», advierte.

En el mismo sentido, la investigadora del CONICET Paula Zapperi, señaló: “Es fundamental mantener y fortalecer el presupuesto tecnológico y de infraestructura del SMN”. La precisión en las mediciones es cada vez más desafiante debido a la mayor variabilidad climática, lo que hace esencial contar con tecnología avanzada para calibrar modelos predictivos. “Los modelos permiten hacer predicciones, que se utilizan para tomar decisiones”, señaló la investigadora.

Un sistema meteorológico público y nacional

La Doctora Zapperi enfatizó que disponer de un servicio meteorológico público y nacional garantiza que toda la población tenga acceso equitativo a conocimiento clave. Esta información es esencial para diversas actividades económicas, especialmente en un país como Argentina, donde la agricultura es tan importante. Conocer el comportamiento de fenómenos como sequías y las variaciones asociadas a El Niño y La Niña permite a los productores tomar decisiones informadas. Así, conocer el clima afecta al abastecimiento de alimento a nivel internacional.

Como explica Zapperi, un sistema público como el SMN permite que la población pueda “entender cómo el clima afecta a nuestro entorno y cómo podemos responder más adecuadamente”. Además, contar con datos sobre eventos meteorológicos permite salvar vidas, animales, fuentes de trabajo y mucho más. Cuánto más se conoce sobre el tiempo, más fácil es aprovecharlo o amortiguar su impacto negativo, ahorrando enormes costos, algunos de ellos irreparables.

El clima cambia

La frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como huracanes, fuertes lluvias incendios forestales, olas de calor y sequías viene aumentando. “Estos eventos le quitan precisión a los modelos históricos que nosotros ya teníamos funcionando, porque las condiciones actuales no tienen registros previos comparables”, explicó Zapperi.

El problema no son solo eventos aislados: “los cambios en la duración y periodicidad de las estaciones afectan a los sistemas de predicción de inundaciones, nevadas y sequías”, sostiene la investigadora. Estos sistemas dependen de tecnologías de monitoreo como satélites y radares, que recogen datos fundamentales para alimentar los modelos climáticos. Sin embargo, “el aumento de partículas en la atmósfera, producto de la incendios, erupciones volcánicas o la quema de combustibles fósiles puede interferir en el registro de los sensores remotos y perjudicar la calidad de las mediciones que alimentan los modelos predictivos”, explicó Zapperi a ANCCOM.

En el noreste de Argentina, donde se encuentran algunas de las zonas más lluviosas del país, también se atraviesan ciclos secos muy marcados desde 2020, reflejados en el caudal del río Paraná. Celmira Rey, Profesora y Doctora en Geografía y Magister en Gestión Ambiental y Ecología de la Universidad del Nordeste, explica que los últimos episodios de inundación en la región tuvieron diversas causas y consecuencias. Por un lado, en Chaco y Formosa distintas localidades se vieron afectadas por desbordes de los ríos Pilcomayo y Bermejo causados por lluvias intensas en la alta cuenca. “Estos desbordes repercutieron principalmente en poblaciones ribereñas, mayoritariamente indígenas, cuando el torrente se encuentra con la llanura”, explica la profesora Rey. Ahora mismo, hay poblaciones originarias en Chaco y Formosa que no pueden volver a sus casas inundadas o acceder a los caminos destrozados para conseguir alimentos o medicamentos.

En este contexto, un/a trabajador/a del SMN que prefirió mantener el anonimato explicó a ANCCOM que los recortes presupuestarios han paralizado tareas esenciales, como la reparación de radares, por no mencionar su fabricación, tarea que venís realizado INVAP. “Son herramientas fundamentales para poder emitir los avisos a corto plazo”, advirtió la fuente.

¿No future?

La especialista Paula Zapperi explica que la reforestación es una estrategia clave para adaptarse al cambio climático, ya que permite absorber la lluvia, conservar la humedad en períodos de sequía y mitigar el impacto de las altas temperaturas. Además, en muchas regiones del país, la falta de infraestructura agrava los efectos de las precipitaciones extremas. “Muchas ciudades del Chaco no cuentan con sistemas de desague adecuados para drenar el agua acumulada, lo que agrava el impacto de las lluvias cortas aunque intensas”, advierte la Dra. Rey, de la Universidad Nacional del Nordeste.

Fortalecer los sistemas de alerta temprana es esencial para una respuesta eficaz ante futuros eventos extremos.​ En este sentido, un trabajador del SMN señala que “Si el achicamiento continúa, la fuga de personal calificado seguirá en aumento y, sin presupuesto para el mantenimiento de los instrumentos, será cada vez más difícil estar preparados para eventos extremos como el de Bahía Blanca”.

La desprotección ante eventos climáticos extremos no es solo una cuestión de infraestructura o presupuesto, sino de prioridades políticas. Un país sin un sistema meteorológico sólido es un país que elige actuar sobre los escombros en lugar de prevenir el desastre. La negación de la crisis climática (e incluso la prohibición de nombrarla) y el desfinanciamiento del SMN agravan el problema. Cuando la lluvia cede y el agua baja, nos encontramos con vidas perdidas, familias desplazadas y ciudades destruidas. La pregunta no es si habrá otra tormenta como la de Bahía Blanca, o Chaco, o Formosa, sino cuándo ocurrirá y cuán preparadas estarán las ciudades y comunidades para enfrentarlas she’s de que sea demasiado tarde.

La represión a los jubilados se hizo costumbre

La represión a los jubilados se hizo costumbre

Este miércoles, mientras los adultos mayores reclamaban en Congreso por el aumento de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y la prórroga de la moratoria, un policía motorizado atropelló a un reportero. Además, hubo siete heridos y tres personas hospitalizadas.

La marcha de jubilados y jubiladas de los miércoles al Congreso contó  una vez más con un fuerte operativo policial que comenzó a reprimir y a hostigar a las personas concentradas en cuanto se comenzó a dar la característica vuelta por el Congreso. En este contexto, una unidad de la policía motorizada le pasó por encima a un reportero en la calle Callao.

Según Aldo Oscar, testigo del hecho: “Nos empezó a cerrar la policía  y este chico estaba filmando, vino la moto y lo levantó en el aire, le pegó con un palo también”. Los miembros del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA)  rápidamente formaron un cordón humano para revisarlo, la policía avanzó igualmente, en ese momento los manifestantes intentaron impedirlo advirtiendo a gritos que había un herido en el piso; sin embargo, el avance no se detuvo y uno de los miembros del CEPA lo alzó al hombro y lo resguardo en una esquina.

En medio de este avance, algunos manifestantes terminaron gaseados. “Les pedíamos que pararan, porque estaban atendiendo a una persona, y en ese momento me tiraron gas pimienta por la espalda, cuando me di vuelta me tiraron en el ojo”, relata uno de los heridos.

Las distintas organizaciones de jubilados se congregaron  en el anexo del Congreso para reclamar por un aumento de los haberes que perciben, además de reclamar por aquellos que no podrán jubilarse este año, estimados en 241.984 personas.

Acá estamos hace muchísimo tiempo, ahora todo el mundo se enteró porque nos cagaron a palos y nos tiraron gases, pero es una movida que viene de muchos años atrás, el reclamo empezó siendo en nuestro haberes, ahora excede el tema jubilados, no hay trabajo, no hay seguridad social, si esto sigue así -lo dijo Toto Caputo- nos vamos a parecer a Perú, donde no existe la jubilación. El privilegio con que contamos los jubilados es que no tenemos nada por perder, sino todo para ganar, vamos a seguir en la calle todo lo que sea necesario, es un atentado contra nuestra patria, declaró  Noemi Fernánez, “La negra”, presidenta del Centro de jubilados de ATE Capital Federal.

Por otro lado, Liliana Kunis, quien forma parte del plenario de trabajadores jubilados, comentó que actualmente se está llevando a cabo un genocidio silencioso, los jubilados no pueden sostenerse con 350 mil pesos, sumado al retiro de la cobertura del 100% del costo de los medicamentos de PAMI, y a la falta de pago de la sentencia a aquellos jubilados que ganaron el juicio por la mala liquidación de sus haberes. Para la pensionada, el gobierno sostiene su proyecto económico con plata de los jubilados. Sólo es posible este plan con el despliegue de operativos policiales como los de éste miércoles, que en este caso, dejó un saldo de siete heridos y tres hospitalizados.

«La falta de coherencia de la Corte ha hecho que tenga muy poco prestigio»

«La falta de coherencia de la Corte ha hecho que tenga muy poco prestigio»

El próximo jueves el Senado tratará los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Este último ya fue nombrado en comisión y está en funciones. ¿Qué hará si la Cámara Alta rechaza su pliego? El problema de un Poder Judicial embarrado.

Este jueves el senado tratará los pliegos del abogado Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo, juez de Comodoro Py, luego de que estos fueran nombrados en comisión como jueces de la Corte Suprema por el Decreto 137/2025, firmado por el presidente Javier Milei. ANCCOM dialogó con especialistas en materia de derecho constitucional para profundizar acerca de qué se juega esta semana en materia de institucionalidad y qué significa tanto esta avanzada del gobierno nacional sobre la Constitución como también la complacencia de los actuales miembros del tribunal.

El Gobierno nacional emitió dicho DNU a días de comenzar el periodo ordinario legislativo, arrogándose atribuciones del Poder Legislativo. Para Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “que estos pliegos encuentren aprobación en el Senado sería convalidar un sistema de designación que es inconstitucional”.

Sobre la naturaleza del accionar del Poder Ejecutivo, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, destaca que “Milei llevó al paroxismo el uso de los DNU y el uso de las delegaciones legislativas, ejerciendo excepciones que otros también las ejercieron de forma irrazonable. No como él, pero que también lo hicieron. En paralelo, los que tienen que controlar, no lo controlan”.

García-Mansilla, ¿juez de facto?

La situación de ambos magistrados es distinta, dado que García-Mansilla ya juró en su cargo en el tribunal supremo, frente a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. “Si el Senado rechaza su pliego y a su vez rechaza su designación en comisión se tiene que ir ese mismo día a su casa. Si se queda, estaría perpetuando un delito que es la usurpación del cargo”, remarca Gil Domínguez.

En paralelo, una causa contra los nombramientos de ambos magistrados está siendo cursada en La Plata por el juez Alejo Ramos Padilla. En marco de este proceso, García-Mansilla presentó un escrito objetando que un juez no puede remover a otro y que, a efectos de ya haber jurado, ya ejerce funciones como magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, destaca que no hay arbitrariedad en su designación y que sólo podría ser removido de su puesto vía juicio político.

Según Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de CABA, es una interpretación posible, ya que “la Constitución no prevé el supuesto de que a alguien que está desempeñándose en comisión se le rechace su pliego. En este tema se abre el debate constitucional”. Sin embargo, resalta que “la designación de ambos a días de empezar las sesiones del Congreso es un disparate y es política y moralmente censurable”.

Por su parte, Gil Domínguez asegura que “un juez de comisión no tiene la garantía de juicio político porque no tiene la estabilidad dada por el acuerdo del Senado”. Además, reprocha que la Corte “ha tenido una actitud muy condescendiente. Le tomó juramento sin siquiera verificar que su matrícula de abogado profesional estaba activa y sin constatar si había presentado una declaración jurada de renuncia al patrocinio letrado”.

Sobre la figura del ya juez de la Corte Suprema, Lucarella subraya que en sus trabajos académicos, se observan “problemas sobre cómo interpreta tratados internacionales que ha ratificado la Argentina y que tienen jerarquía constitucional, lo que podría llevar a una interpretación restrictiva de los Derechos Humanos por su parte”.

En disidencia, Garay opina que las posturas de un candidato no pueden entrar en consideración para evaluar su capacidad para este cargo, ya que en ese caso “el día de mañana todo va a depender de ello. Con dos gobiernos sucesivos que tengan que designar jueces pueden copar la corte con una ideología determinada y terminar en los problemas que tiene Estados Unidos”.

Lijo todavía no tuvo la misma suerte que su par nombrado en el decreto de Milei, ya que la Corte Suprema rechazó su pedido de licencia al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 para jurar en el tribunal superior. “Qué activo importante será Comodoro Py para no querer renunciar a ese cargo de juez de primera instancia y asumir en la Corte”, reflexiona Gil Domínguez, señalando que aquel juzgado “no representa lo mejor de la justicia Argentina. Que esa lógica llegue a la Corte no es un dato positivo para el sistema institucional”.

En esa misma línea, destaca que la Corte se comportó así porque se “está jugando la interna dentro del organismo. Esto se ve en el primer acto de García-Mansilla, que rechaza la licencia de Lijo y se pliega a Rosenkratz y Rosatti para volver a conformar la mayoría que conformaban antes junto a Maqueda”.

Nuestro máximo tribunal de cada día

La deriva de estas designaciones ha sido un episodio más dentro de una serie de escándalos que ha protagonizado el tribunal presidido por Horacio Rosatti. La Corte Suprema funcionó durante tres años con cuatro miembros, tras la renuncia de Elena Higton de Nolasco, hasta diciembre del año pasado, cuando empezó a funcionar con tres tras la dimisión de Juan Carlos Maqueda.

Para Lucarella, estos dos nombramientos por decreto “lleva al tribunal supremo a una debilidad institucional muy grave». En ese sentido, recuerda que actualmente Rosatti, presidente de la Corte Suprema, ejerce también como titular del Consejo de la Magistratura, lo cual es un problema de base: “La Constitución marca que debieran estar divididas las funciones jurisdiccionales de resolución de casos y las funciones de administración del Poder Judicial”.

Partiendo de este caso, Gil Domínguez señala que “es una Corte que cuando quiere saca fallos en donde le reconoce legitimación procesal a una ONG como el Colegio de Abogados de CABA, restableciendo una ley de 1966 que da como consecuencia que el presidente de la Corte Suprema sea también el presidente del Consejo. Ahora, cuando un presidente dicta un DNU modificando más de 80 leyes, entre ellas el Código Civil y Comercial, ahí no hay legitimación, no hay caso ni la Justicia debe intervenir. Esta falta de coherencia ha hecho que esta Corte tenga muy poco prestigio”.

Sobre esta situación en particular, Garay, quien preside el organismo que presentó el amparo que desembocó en Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura, piensa que “cuando se declara inconstitucional una ley o artículos de una ley que reemplazó a una anterior, esta reaparece inevitablemente. Es una ley que había sido votada por la amplia mayoría del Congreso. Es una crítica demasiado sesgada en cuanto al resultado, el razonamiento de la Corte es correcto”.

Ampliación o no, esa es la cuestión

La dificultad que evidencia el sistema político para llenar las vacantes en la Corte Suprema reflotó la discusión sobre su cantidad de sus miembros. Por su parte, Garay reflexiona: “No estamos en condiciones de hacer las cosas bien ampliando la Corte. Si la política bajara cinco cambios y se sentara con un plan de coincidencias básicas, que amplíen a siete o a nueve. Todos estos problemas no son jurídicos sino políticos”.

Gil Domínguez recuerda que “en 1853 en el texto original se estableció que la Corte debía tener nueve miembros. En 1860 se cambió y se lo dejó librado a una ley, lamentablemente. Como mínimo, debe tener esa cantidad. Ahí impactan variables importantes, como el pluralismo ideológico, la diversidad de género y la representación federal. Hoy es la corte más chica junto con Uruguay de toda América Latina”.

De todos modos, remarca que el motivo por el cual estos nombramientos no fueron realizados por vía constitucional se debe a que quienes tuvieron las vacantes a su disposición no pensaron en proponer “un hombre o una mujer intachable, que sobran, de diversas ideologías”.

En consecuencia, afirma que “muchos avances del Poder Ejecutivo y de la Corte se deben a que hace años que el Poder Legislativo está en una franca decadencia. ¿Por qué alguien con tan poco poder está arrasando con el sistema institucional, la Constitución y el Congreso, el Poder Judicial y muchos actores de la sociedad están totalmente pasivos, acompañantes, omisivos, complacientes?”.

La marcha de todas las marchas

La marcha de todas las marchas

Cientos de miles de personas desfilaron por Avenida de Mayo para conmemorar el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el contexto de un gobierno que desmanteló la Secretaría de Derechos Humanos y enarbola un discurso apologético de la dictadura. Cuestionamiento a la represión policial, al acuerdo con el FMI, a las políticas jubilatorias, de educación y salud.

A 49 años del último golpe de Estado cívico-militar de Argentina, decenas de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas marcharon en el centro porteño camino a Plaza de Mayo para mantener viva la memoria de lo ocurrido en la última dictadura iniciada en 1976 y decirle “Nunca Más”. Además, la movilización se basó en repudiar el negacionismo avalado y difundido desde el Gobierno y el vaciamiento que están sufriendo las políticas de derechos humanos y los espacios de memoria en el país. “Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia”, se leyó en el documento al final de la jornada.

Como cada año, este 24 de marzo se realizó una masiva movilización por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en medio de un contexto hostil para los familiares de desaparecidos y para los trabajadores de los espacios de memoria. “Esta marcha no es diferente, lo que es diferente es el país, el que gobierna. Estamos yendo hacia una derecha que quiere terminar con los pobres, con los viejos, con las mujeres, con los homosexuales”, comentó Kiara, la tía de Juan Carlos García, detenido y desaparecido el 22 de julio de 1977.  García, quien realizaba trabajo comunitario en las villas los fines de semana, fue raptado durante la madrugada y a día de hoy se desconoce su paradero. Historias como la de Juan Carlos abundan en la columna de familiares de desaparecidos que encabezó la marcha por toda Avenida de Mayo, desde la calle Tacuarí hasta llegar a la plaza.

Detrás de ella, se encontraban también nucleadas diversas agrupaciones en defensa de los derechos humanos, como H.I.J.O.S y Abuelas de Plaza de Mayo. Encabezando esta última, Miguel “Tano” Santucho, defensor de los derechos humanos e hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, militantes del PRT-ERP, ratificó la importancia de encontrarse como cada 24 de marzo en la plaza para mantener viva la memoria: “Hoy más que nunca es importante seguir viniendo. Están en juego muchas cosas, también el valor de la democracia en sí. Es muy importante reencontrarnos en estos espacios”.

A su vez, Santucho explicó la relevancia de marchar de forma unificada en esta fecha. “Creo que la sociedad civil y las organizaciones tienen que pensar en lo que hay en frente y lo que está en juego. A pesar de las diferencias pudimos volver a juntarnos, volver a unirnos porque tenemos que estar todos juntos para enfrentar al fascismo”, expresó en diálogo con ANCCOM.

En esa misma línea, Daniel Santucho Navajas, nieto restituido número 133 y hermano de Miguel, manifestó su alegría al poder marchar conociendo su verdadera identidad por segundo año consecutivo. Restituido el 26 de julio de 2023, destacó que el año pasado aún seguía abrumado por el shock de conocer su verdadera identidad, pero hoy llega “con todo un año vivido con mi identidad, pasando por un montón de situaciones muy lindas, dando charlas, compartiendo mi testimonio y ayudando a mantener la memoria. Y estar acá, verlo a mi hermano, estar otra vez en la marcha, lo vivo de una forma muy intensa y muy linda”.

La historia de la familia Santucho Navajas es agridulce, ya que como explicó el “Tano”: “Vivo con una contradicción extrema, porque por un lado es uno de los años más felices de mi vida por poder compartir con Dani, verlo crecer y transformarse en un referente muy importante con su testimonio, y por el otro estamos en un contexto en el que cada vez se pierden más libertades, la Secretaría de Derechos Humanos está siendo desmantelada, los espacios de memoria también. Es triste ver caer en un año todo lo que construimos durante tanto tiempo”.

Además de reclamar por memoria, verdad y justicia, tanto agrupaciones como personas de a pie se movilizaron en repudio a diversos accionares de parte del gobierno de Javier Milei. Entre ellas el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la represión provocada por el gobierno nacional comandada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Respecto a esto último, se apreciaron muchos carteles, folletos e imágenes pidiendo justicia por el fotoperiodista Pablo Grillo, quien fue herido de gravedad el pasado miércoles 12 de marzo durante la marcha en defensa de los jubilados

En ese sentido, la movilización no sólo fue vista como una reivindicación de la memoria, sino como una acción de reclamo hacia el Poder Ejecutivo. “Me parece que la marcha de este año va a ser una piña a Milei, a Bullrich y a toda esa clase entregadora oligarco-empresarial que nos está llevando al desastre”, comentó Carmen Inés Salcedo, familiar de seis personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. “Estoy marchando por mis compañeros, mis amigos y mi familia. Fuimos una generación de militantes y vamos a seguir marchando hasta que sea como lo soñamos”, agregó la integrante del Grupo Liberación.

Este nuevo aniversario se enmarca en medio de un retroceso de la reivindicación por los derechos humanos y un avance de la ultraderecha que cuestiona ciertos consensos sociales que se fue gestando en el último tiempo. “Veo que hay mucha gente por suerte, eso da esperanza. Es un alivio ahora que está todo tan hostil, con tanto negacionismo. Es muy triste ver que hay determinados consensos que creíamos establecidos y ya no lo están más. ¿Tengo que volver a explicar que son 30.000? No, ya basta”, expresó Valeria Gravello, hija de Ricardo Alfredo Gravello, secuestrado el 8 de diciembre de 1975.

La concentración comenzó llegado el mediodía por las aristas que desembocan en la Plaza de Mayo, para irse nutriendo por la tarde y culminar a las 16:30 con la lectura del documento en el escenario ubicado frente a la Casa Rosada. En dicho escrito, se hizo hincapié en repudiar el genocidio sistemático iniciado el 24 de marzo de 1976, el reclamo por los 30.000 detenidos-desaparecidos y el pedido de que el Estado garantice la restitución de la identidad de los nietos y nietas apropiados en cautiverio. Además, se denunciaron los despidos ocurridos desde la asunción del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, el desmantelamiento del Estado y la destrucción de la salud y la educación pública, la precarización de los haberes jubilatorios y la posterior represión ocurrida el pasado 12 de marzo en las afueras del Congreso. También se exigió la liberación de todos los presos políticos y el cese de la represión institucional y los casos de gatillo fácil. 

Al grito de “¡Nunca Más es Nunca Más!”, finalizó esta jornada que, como todos los años, recuerda la importancia de mantener viva la memoria para que la historia no se repita, sobre todo a partir de este contexto en que se ponen en tela de juicio muchos derechos ya conquistados democráticamente.

Los jubilados al Fondo

Los jubilados al Fondo

Una nueva marcha masiva frente al Congreso repudió la represión del miércoles pasado y exigió aumento para los jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobaba el acuerdo con el FMI sin conocer el monto, los plazos de vencimiento ni las condicionalidades que el organismo impone. No hubo quorum para tratar los proyectos vinculados a la tercera edad.

Tras la violenta represión del miércoles 12 de marzo -cuando efectivos de seguridad golpearon y rociaron gas en los ojos a jubilados, dispararon balas de goma contra manifestantes y un gendarme hirió en el cráneo con un proyectil de gas lacrimógeno al fotoperiodista Pablo Grillo—, la marcha de este miércoles transcurrió sin represión. Sin embargo, la tensión continuó con un fuerte operativo de seguridad, vallas alrededor del Congreso, controles en estaciones de tren y propagación del miedo por todos los medios posibles para desalentar la movilización.

ANCCOM acompañó a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) en la caminata para exigir justicia por Grillo y el respeto a la labor periodística. “¡Fuerza, fuerza, fuerza, Pablo, fuerza!”, coreaban los trabajadores. Alejandra Bartoliche, vicepresidenta de aRGra, advirtió sobre la precarización que atraviesa el sector y la falta de medidas de protección en contextos represivos. “Hay muchas cámaras, pero muy pocos fotorreporteros cuentan con los elementos necesarios para resguardarse en represiones como la del miércoles pasado”, señaló.

Bartoliche también cuestionó la falta de avances en la investigación contra el cabo primero de Gendarmería, Guerrero, quien disparó el proyectil contra Grillo. “Exigimos que se investigue. Pasaron siete días y Pablo sigue luchando por su vida, pero no hay un solo fiscal que haya actuado de oficio”, denunció. Además, criticó la implementación del protocolo de seguridad del gobierno: “Hoy no tenemos acceso al Congreso, está vallado, y eso es anticonstitucional. Exigimos libertad de expresión”.

La aparente calma
La movilización de este miércoles pareció desarrollarse de manera más ordenada. “Tiene que ver con que hubo más organizaciones que convocaron y con que las fuerzas de seguridad tuvieron que ser más cuidadosas, porque, desde el punto de vista político, lo del miércoles pasado fue un fracaso, porque debilitó su imagen nacional e internacionalmente”, opina Rubén Rojas, jubilado universitario.

Por su parte, Esteban Chalá, integrante del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), la ONG de rescatistas que asisten a heridos en las marchas con sus característicos uniformes naranjas, explicó la diferencia en la estrategia represiva: “El miércoles pasado buscaron impedir que los manifestantes llegaran a la plaza; por eso se reprimió antes de que las columnas pudieran ingresar”. En cambio, la marcha del 19 de marzo fue distinta: vallar el Congreso para que manifestantes y fuerzas de seguridad queden separados. “Se encierran en su burbuja blindada porque les da miedo que la gente proteste en la plaza de los y las argentinas”, plantea el integrante del CEPA.
El médico Félix Barbone, del Hospital Eva Perón de San Martín, informó que en la marcha anterior atendieron a dos personas que perdieron un ojo y a muchos manifestantes afectados por gases lacrimógenos. “Hoy no tuvimos que atender heridos, pero la tensión sigue presente, no sabemos qué puede hacer este gobierno represivo”, sostuvo.

Si bien no hubo represión física, durante el día, efectivos de seguridad solicitaron documentos de identidad en estaciones de tren y subte, mientras que en altavoces y carteles se difundían mensajes advirtiendo que la policía reprimiría “todo atentado contra la república”. Sobre esta estrategia, un grupo de jubilados comentó a ANCCOM: “Es un mensaje que busca asustar a la población y desalentar la movilización. Es algo muy grave, nos da piel de gallina”.
Sin embargo, los manifestantes no se dejaron intimidar. Detrás de las vallas del Congreso, se extendieron cuatro cuadras de columnas formadas por organizaciones sociales, partidos, personas autoconvocadas y sindicatos, manifestándose pacíficamente en la defensa de los derechos de los jubilados. “También marchamos por un derecho elemental, básico, constitucional: el derecho a manifestarse, a expresarse, a protestar”, afirmó Alejandro Horowitz, jubilado universitario. Rubén Rojas, también jubilado universitario, coincidió en que la represión no solo ocurre cuando hay violencia física, sino desde el momento en que se bloquea la movilización: “Cuando limitan nuestros cuerpos y nos dicen cómo conducirnos, ya están reprimiendo”.

Resistencia y memoria

La movilización no solo fue una respuesta a la represión de la semana pasada, sino también un recordatorio de la lucha histórica de los jubilados, que marchan todos los miércoles. Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, sostuvo “Esta es una manera de ponerle freno al modelo represivo que acompaña a este trágico modelo económico, de una manera tan cruenta que no veíamos desde 2001, ni en la represión de 2017 y 2018”. Asimismo, Levy critica los mensajes del gobierno sobre supuestos atentados contra el gobierno. Para él, el verdadero golpismo es “tomar el Estado para hacer negocios personales, endeudar al país a cien años y usar la fuerza pública para pegarle a los más débiles”.

Horowitz insistió en la importancia de la movilización: “Los que no marchan deben saber que cada vez somos más, y que no se trata de esconderse, sino de salir a la calle y mostrar que este es un gobierno dictatorial que no puede seguir así”. En esa línea, recordó que quienes hoy son jubilados fueron jóvenes en los años 60 y 70, tiempos de luchas y resistencia. “Por eso es muy difícil que nos corran fácilmente de la calle”, sostuvo.

Adentro del Congreso

Mientras miles de personas se manifestaban, en la Cámara de Diputados se discutía el DNU enviado al Congreso por el presidente Javier Milei para convalidar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nadie sabe de qué monto se trata, a qué plazo y con cuáles condicionalidades. A pesar de no contar con esa información los legisladores lo aprobaron por 129 votos a favor contra 108 en contra. Solo se opusieron los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de los Trabajadores en Unidad.

A si vez, cuando se iban a tratar los proyectos de prórroga de la moratoria jubilatoria, que vence el próximo domingo, la sesión se levantó por falta de quorum. Para ese entonces, las Plaza del Congreso ya estaba casi vacía.

La inteligencia colectiva identificó al autor del disparo contra Pablo Grillo

La inteligencia colectiva identificó al autor del disparo contra Pablo Grillo

 

A través del aporte colectivo de fotografías y filmaciones se pudo visualizar el momento en que el cabo primero de Gendarmería dispara el cartucho que impacta en la cabeza del fotógrafo.

En una conferencia de prensa conjunta la organización civil Mapa de la Policía, el CELS, ARGRA, FATPREN y SIPREBA, identificaron al autor del disparo que impactó en la cabeza de Pablo Grillo: se trata del cabo primero de Gendarmería, de apellido Guerrero, número de legajo 103208, perteneciente a la unidad móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI). Continúan las averiguaciones por su nombre de pila, pero la sobreabundante información recolectada de manera colectiva gracias a la iniciativa de estas organizaciones permitirá concretar una denuncia contra el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, contra Guerrero, sus superiores y la implicación y encubrimiento de la ministra de Seguridad como responsable mayor del operativo, defendido con falacias fácilmente refutables con las evidencias ya reunidas. “Seguimos pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich”, dijo Sebastián Vricella, director de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. 

Gracias al informe realizado por peritos científicos con la recolección de material audiovisual de reporteros gráficos, medios de comunicación, y el aporte de los ciudadanos que participaron de la marcha el pasado miércoles 12 de marzo, se logró reconstruir minuciosamente el momento del disparo que impactó en Pablo Grillo; tanto el trayecto y la ubicación del disparo como al tirador que lanza el proyectil.

“Seguimos pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich”, subrayaron en la conferencia de prensa.

Guerrero, el presunto autor material del hecho, portaba un uniforme y accesorios diferentes a los demás miembros de la fuerza, como su traje color caqui, gafas polarizadas, máscara antigases que cubría toda su cara, un par de morrales porta municiones, que resultaron útiles para su identificación en el material. En esta línea, Mario Santucho, director de la Revista Crisis, remarcó lo significativo que resulta el envío de la totalidad del archivo registrado: “Quiero hablarles a los reporteros gráficos sobre la importancia que tiene que manden sus registros al mail registrocolectivo2024@gmail.com cada vez que van a una marcha y cada vez que hay este tipo de conflictos; y no solo las fotos donde se ve el palazo en la cabeza o el momento de represión, sino todo lo que se ve en ese momento. Ahora, con las cámaras digitales, se pueden hacer muchas fotos y solo una va a los diarios. Nosotros no necesitamos la que va a los diarios, necesitamos todas. Como ustedes vieron, hubo un video en el que pudimos ver de dónde sale el proyectil y, después, en conjunto con todas las imágenes de ese momento, aunque fueran 15 minutos antes o después, logramos identificar a la persona en una de ellas haciendo zoom a la insignia. Todas las fotos son importantes porque nos permiten armar la arquitectura forense del hecho. Así como es fundamental seguir en la calle, no verse apabullado por la prepotencia y la crueldad del gobierno, es fundamental organizarnos para construir esta inteligencia colectiva que logra producir verdad, y que logra desarmar la mentira del encubrimiento que intentó la ministra y el gobierno durante estos días”.

En sus últimas declaraciones, Patricia Bullrich solo ratificó su defensa al operativo represivo: en un intento de instalar una versión totalmente contraria a lo que se puede observar en las imágenes, la ministra afirmó que no abrirá sumarios contra los efectivos policiales y respaldó al gendarme que que hirió gravemente a Grillo, porque “tiró como dicen los manuales”, es decir, a 45 grados hacia arriba. 

El informe elaborado por la organización civil Mapa de la Policía recolectó una considerable cantidad de evidencias del accionar sistemático de las fuerzas donde se las observa disparar al nivel del cuerpo de los manifestantes, como es el caso del cabo Guerrero. 

A pesar de todas las contradicciones discursivas, la ministra tuvo el apoyo directo del presidente Javier Milei en su discurso de la Expoagro en San Nicolás, evadiendo cínicamente el estado de Pablo: “Los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la república porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes; yo solo estoy en el medio”.

Litvachky adviertió que, según declaraciones tanto de operadores como de funcionarios del propio gobierno, la SIDE entrará en el tablero en la marcha del próximo miércoles.

Ante las preocupaciones por la seguridad de los miércoles que vendrán, Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, adelantó que, junto a aRGra, SiPreBA y las demás organizaciones de derechos humanos que mantienen la denuncia de la inconstitucionalidad del protocolo antipiquete, presentaron un pedido cautelar para proteger la convocatoria que viene. Afortunadamente, el juez que recibió la solicitud le dio la razón a los querellantes: el próximo miércoles estará en la manifestación para realizar una observación presencial del operativo, considerando que las imágenes registradas muestran que, efectivamente, hubo una actuación policial contraria a los principios que garantizan el derecho a la protesta y dan mucha verosimilitud a quienes piden la cautelar. Sin embargo, surge una preocupación: Litvachky advierte que, según declaraciones oficiales tanto de operadores y hasta funcionarios del propio gobierno, la SIDE entrará en el tablero.