Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Con el objetivo de señalar algún culpable y disimular el abando del Estado en la prevención, las autoridades patagónicas criminalizan a pueblos originarios y voluntarios. También allanaron y destruyeron una radio.

“Quien tenga estos libros en su biblioteca estaría en peligro como lo estoy yo, así actúan las dictaduras”, dice visiblemente afectada la referente mapuche Moira Millán, desde su comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut. Un comando conjunto de fuerzas estatales allanó su casa y secuestró Feminismo Negro de Angela Davis, Pampas y Lanzas de Liborio Justo, El Niño Resentido de César González, Mujeres, vida y libertad de Rosa Luxemburgo; la historia de las Madres de Plaza de Mayo, Los caminos del Zapatismo y Derecho de las Mujeres Indígenas, entre otros de sus libros. Millán enfatiza que si se concreta la amenaza del gobernador Ignacio Torres de desalojar la Lof Pillán Mahuiza “estaría desconociendo el estado de derecho y los convenios internacionales”. Al borde de las lágrimas, y tras exigir la inmediata libertad de la mapuche Victoria Núñez Fernández, Millán cierra: “Soy una mujer mapuche pero también soy escritora, los libros han abierto mi mente, defendamos el derecho a pensar, a escribir y a leer, la democracia para todos, no sólo para la blanquitud, me estoy enterando de que me quieren encarcelar, quizás este sea mi último video, ante las difamaciones guarden mi verdad”.

El pasado martes 11 de febrero se realizaron diversos allanamientos en comunidades mapuche–tehuelches tales como las Lof Cañío, Catriman Colihueque y Nauelpan, entre otras, y en algunos domicilios de Esquel, en el marco de las causas que investigan la intencionalidad de los incendios en la Patagonia. También fue allanada una radio comunitaria, FM la Petü Mogeleiñ. En paralelo, Patricia Bullrich, quien tiene a su cargo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego dentro del Ministerio de Seguridad, apareció en El Bolsón anunciando la creación de una nueva oficina burocrática: la Agencia Federal de Emergencia. El anunció sorprendió porque en el último año se subejecutó el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego y fueron despedidos casi quinientos brigadistas.

Moira Millan.

Bullrich también señaló que caerán “con toda la fuerza de la ley a aquellos que incendian”. Mientras tanto, el fuego continúa, algunos focos en El Bolsón se van enfriando, pero la ayuda gubernamental no llega y los vecinos en las redes sociales agradecen a Dios y a la Mapu cuando llueve.

“Estos van a ser declarados, por el Artículo 41, como terroristas”, escribió Bullrich en X (ex-twitter), para referirse a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y para anunciar la detención de “una incendiaria terrorista pseudo mapuche”. La detenida es Núñez Fernández de 33 años, integrante de la Lof Pillan Mahuiza. En estos momentos se encuentra privada de su libertad en la Comisaría 1 de Esquel. Estuvo incomunicada desde el momento de su detención, y en ningún momento se le hizo saber por qué acción concreta estaba imputada. El 12 de febrero a las 12 se realizó la audiencia en la oficina judicial para definir su situación procesal. Luego, el juez penal Jorge Criado dictó, a pedido de la Fiscalía, la prisión preventiva por 60 días para esta mujer.

Núñez Fernández fue detenida en el contexto de allanamiento en Pillán Mahuiza, ubicada cerca de Corcovado, a 100 kilómetros de Esquel. “Las fuerzas especiales entraron a la fuerza, no querían mostrar la orden de allanamiento, rompieron puertas y ventanas, nos hicieron tirar a todos en el piso y a algunos le pusieron precintos en las manos”, explicó Evis Millán, hermano de Moira Millán weichafe (guerrera) de la comunidad.

En la radio comunitaria FM Petü Mogeleiñ, la policía provincial irrumpió en la radio sin avisar y sin orden de allanamiento, rompieron las cerraduras del local donde se encontraba el transmisor, la sala de operación y la de locución” , informan desde la radio. También rompieron la habitación de archivo que se encuentra en el lateral de la edificación, el SUM de la radio y una vivienda cercana. Durante el allanamiento también tiraron materiales diversos, comida y aparatos costosos que le permiten a la radio salir al aire, entre ellos, dos CPU que también les posibilita retransmitir por streaming. 

La semana pasada ANCCOM informaba sobre el inicio de las detenciones, primero a brigadistas y luego a mapuches, que en su mayoría terminaron con los imputados en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, además de Núñez Fernández permanece detenido el albañil neuquino Nicolás Heredia, que estaba de vacaciones y acudió a llevar comida a los brigadistas que luchaban contra el fuego en Mallín Ahogado. Varios organismos de derechos humanos levantaron su voz por la cacería de brujas que está llevando adelante el Poder Judicial, tal como lo expresó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Por su parte, ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que “la prisión preventiva a Nicolás Heredia y los allanamientos a medios de comunicación mapuche muestran una tendencia preocupante en el sistema penal en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades indígenas”.

 

La conferencia de prensa del gobernador de Chubut

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres encabezó una conferencia de prensa este martes 11, en donde se explayó sobre los allanamientos realizados. La conferencia fue titulada como “El atentado en Trevelin expone la red de responsables de los incendios en la provincia”, y en ella expuso una cronología de los hechos, un tanto particular. Comenzó mencionando el 2 de enero como el anuncio del desalojo de la “ocupación ilegal’’ en el Parque Nacional Los Alerces desde el 2020. En ese año el gobierno de Alberto Fernandez reconoció desde el Estado que esas tierras le correspondía al pueblo mapuche–tehuelche Lof Paillako, sin embargo el actual gobierno mantiene su postura de decir que fue una ocupación ilegal.

Torres continuó con el 9 de enero, el día del desalojo, que lo tituló como el día que “recuperamos las tierras tomadas”. Y afirmó que “menos de una semana después del desalojo, se inició el incendio intencional en Epuyén”. El mandatario provincial expresó que “muchas teorías conspiranoides de terraplanistas hacían referencia a grandes terratenientes que prendían fuego sus campos para lotear y vender las tierras, acá no hay grandes terratenientes.”. Sin embargo, nada dijo de los empleados del magnate británico Joe Lewis pretendiendo impedir el despegue de un avión hidrante y el ataque de un grupo similar, “la patota de gauchos armados con cuchillos” cuando se fue a pedir por la libertad de los brigadistas acusados la semana pasada. También hubo sospechas respecto al destino de las tierras quemadas, porque el presidente Javier Milei había anunciado que derogaría la ley que impide su venta por 60 años, algo que finalmente no sucedió.

En su cronología, acompañada por un Power Point, siguió con el 18 de enero como el día del “atentado incendiario” en la Estancia Amancay de Trevelin. Según Torres, a partir de esta situación se pudo “ver la vinculación entre los distintos focos y los responsables del atentado hecho con bombas molotov”. En ese punto acusó a Victoria Núñez Fernández, a Luisa Vanesa Roldan, a Lianca Millán, a Mau Belen Jones y a Moira Millán de “refugiarlos en una propiedad usurpada cerca de Corcovado”. Esa “propiedad usurpada” es la Lof Pillán Mahuiza, la que fuerzas especiales allanaron violentamente el 11 de febrero sin mostrar la orden judicial y detuvieron a Victoria Núñez Fernández. 

Finalmente Torres sostuvo que “el 4 de febrero denunciaron penalmente a Jones Huala, y dos días después se iniciaron seis focos de incendio simultáneos en El Pedregoso, y un día más tarde en Cholila”. Para Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas y werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche–Tehuelche de Río Negro, “estos incendios es el medio que utilizan los gobiernos para despojar a comunidades y campesinos”. El condimento de la ensalada de datos que presentó Torres, como siempre, es la RAM, cuya actividad en la Patagonia es mucho menos protagónica que los funcionarios de derecha pretenden.

 

Por su parte, la Red Enfoques de medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia afirmó: “Todavía desconocemos los motivos judiciales de este operativo, pero sabemos las razones políticas: buscar chivos expiatorios, perseguir y estigmatizar al pueblo mapuche–tehuelche, y a todo tipo de solidaridad comunitaria”. Y agregó que “no es casual la presencia en la zona de Patricia Bullrrich y de Luis Petri como ministros represores del gobierno nacional, sumado a las reiteradas declaraciones del gobernador de Chubut Ignacio Torres en contra del pueblo mapuche. Es claro que forma parte de una maniobra mediática, política y judicial represiva, en lugar de combatir el fuego y asistir a las familias damnificadas.”

El pasado fin de semana, en su show en Neuquén frente a medio millón de personas, Maria Becerra pidió donaciones por los incendios en la Patagonia. “Hay que visibilizar la situación, y sí el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario”, dijo la cantante. Al igual que cuando atacó a Lali Espósito, el presidente Javier Milei, vía historias de Instagram, respondió con un meme que dio a entender que la cantante quiere hacer plata con esa causa. 

 

Bondis porteños más caros y sin identidad

Bondis porteños más caros y sin identidad

El boleto mínimo costará 408 pesos en marzo y luego se ajustará mes a mes por inflación. Cuestionamientos al gobierno de Jorge Macri por el incremento, por el azul que unificará a todas las unidades de CABA y por la falta de una mirada integral del AMBA.

A poco más de cinco meses del traspaso de las líneas de colectivo del Estado nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Jorge Macri anunció una suba del boleto que entrará en vigencia a partir del 1° de marzo. Al igual que con el subte, el Ejecutivo porteño lo comunicó en una audiencia pública realizada el pasado lunes vía Zoom –transmitida por YouTube–, en la que recibió cuestionamientos no sólo por este incremento, sino también por otras medidas y una mirada alejada del Área Metropolitana.

«Falta una visión regional. Se segmenta teniendo una visión solo de Capital Federal. Ahora empezamos a presenciar la separación entre los colectivos que circulan sólo en la ciudad y los que circulan en el AMBA, lo que llevará a regulaciones y tarifas distintas», criticó el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada.

El secretario de Transporte porteño, Héctor Guillermo Krantzer, justificó la medida debido a la necesidad de compensar el aumento en los costos de explotación, garantizar el buen funcionamiento y modernizar el sistema, cubrir las nuevas gratuidades como el boleto terciario-universitario y «recuperar los niveles de cobertura, de manera de contribuir a una rebaja del gasto fiscal».

En su intervención, sostuvo que la tarifa técnica del colectivo es de 1.008,74 pesos sin IVA, y una cobertura del subsidio del 72 por ciento. A su vez, planteó que el índice pasajeros-km durante el año pasado fue de 2,99. «Esto nos dice que la cobertura del costo de brindar el servicio por parte de la recaudación está en el orden del 27 por ciento».

Se tiene previsto aplicar actualizaciones tarifarias mensuales durante los próximos 12 meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2 por ciento adicional, para que los incrementos superen el nivel de inflación. «Vamos a estar en un nivel de cobertura del 36 por ciento a diciembre de este año, que se aproxima al 40 por ciento de la prepandemia», expresó.

El funcionario defendió los subsidios a los “Colectivos de la Ciudad”, el cual es asumido por los porteños «a través de sus impuestos» para garantizar la sustentabilidad económica del servicio. «No nos tiene que escandalizar que exista. Casi la totalidad de las ciudades del mundo compensan sus sistemas de transporte».

En relación al valor del boleto con la tarjeta SUBE registrada, el mínimo pasará a costar 408,24 pesos; de 3 a 6 km saldrá a 454,78; de 6 a 12 subirá a 489,82 y de 12 a 27 quedará a 524,89. Además, se mantendrán los descuentos de la Red SUBE, la Tarifa Social Federal –que equivale un 45 por ciento del valor del pasaje– y la gratuitad del boleto educativo.

Esto implica que el transporte porteño saldrá un 10 por ciento más caro que las demás líneas que circulan en CABA y continúan bajo la órbita de Nación, que hasta hoy no ha anunciado subas. Aún así, seguirá siendo uno de los pasajes más baratos, en comparación con otras 55 ciudades del interior, como los casos de Córdoba o Rosario que superan los 1200 pesos.

En otro orden, se busca mejorar la experiencia mediante la instalación de cámaras de seguridad, limitación de la vida útil de la flota a los diez años –cuando en los servicios nacionales es de trece–, implementación del boleto para estudiantes terciarios, del pago con tarjetas bancarias y de un corredor de minibuses eléctricos en el microcentro, entre otros.

Tras la exposición de Krantzer, fue el turno de usuarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y de una cámara empresaria. Al respecto, las opiniones mayoritarias estuvieron centradas en cuestionar la decisión del Ejecutivo porteño de aumentar las tarifas.

La representante de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA), Paola Cáceres, calificó la suba de «inapropiada» y cuestionó «las pocas precisiones y elementos de análisis» aportados por la Secretaría de Transporte. «Significaría en el término de 12 meses un aumento total de 57 por ciento cuando la inflación anual estimada cercana sería de un 25 por ciento, afectando la propia ecuación económica financiera».

«El Gobierno propone que los usuarios seamos quienes garanticemos el equilibrio fiscal y la sustentabilidad del servicio», afirmó la comunera de Unión por la Patria Yamila Iphais Fuxman. Mientras que la titular de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, expresó: «Las subas no están acordes a los aumentos que estamos teniendo en nuestros bolsillos que no se actualizan con esta periodicidad».

En representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Rodrigo Franco, valoró el ajuste gradual del esquema tarifario, aunque advirtió el peligroso impacto que podría tener a partir de «la volatilidad de las variables macroeconómicas del país, una coexistencia de tarifas diferentes para servicios similares» y la potencial migración de pasajeros a las líneas nacionales.

Por su parte, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), uno de cuyos asociados es la firma Metropol (operadora de las líneas 65, 90 y 151), comentó que las subas en los últimos tiempos fueron por un arrastre consecuencia de un boleto planchado durante varios años.

«Es cierto que el año pasado hubo un aumento de la tarifa del 600 por ciento por encima de la inflación, pero hay que mirarlo en un contexto donde la tarifa estuvo congelada durante muchísimo tiempo. Todos sabemos muy bien qué es lo que ocurre cuando las tarifas se empiezan a congelar en un contexto de inflación muy alta».

Además, acusó al Estado nacional de incumplir desde hace años una cláusula con los contratos de explotación, en el que, en caso de haber desequilibrios en ingresos por valores superiores al 6 por ciento, se «tiene que permitir a las empresas recomponer la estructura de costos de manera que se pueda sostener la calidad de la prestación».

En ese sentido, aseguró que, como consecuencia de dicho incumplimiento, los ingresos de las prestadoras quedaron por debajo de la inflación desde 2016, con del 36 por ciento entre 2015 y 2024 –arrastrado a una pérdida de pasajeros del 20 por ciento–, lo que repercute, según Fusaro, en «la pérdida de capacidad de renovar la flota» y en «cada vez menos servicios nocturnos», esto último cuestionado por otros participantes presentes.

Un aspecto que generó controversia fue la decisión de reemplazar parte de los cortes de pintura de las 31 líneas porteñas por un diseño unificado y marketinero, con un “fileteado ploteado”, contra el cual, desde fines de noviembre pasado, circula un petitorio en la plataforma Change.org, que cuenta con 14 mil firmas.

«Imitamos siempre a alguna ciudad prestigiosa. Sería un error enorme. Las personas tienen dificultades visuales y reconocer los colores tradicionales de los colectivos es muy importante», señaló María Teresa Gutiérrez Cullen de Aráoz. Otra oradora, Tamara Mingrone afirmó que los «colores, filetes y luces forman parte de la identidad cultural de esta ciudad, pero fundamentalmente cumplen la función práctica de poder divisarlos a la distancia».

El uso de energías alternativas, como las baterías de litio o energía solar, fue otro tema abordado en la audiencia, a partir de la mención realizada por Krantzer de la próxima implementación de una línea con minibuses eléctricos. «Es auspicioso que haya una línea que no dependa de los combustibles fósiles, pero no queremos que esto se reduzca a una muestra cosmética. Tiene que haber un proyecto y un proceso de transición hacia las energías limpias», opinó Lubertino, quien se refirió a la posibilidad de promover «alianzas estratégicas entre la academia, la ciencia y la ciudad de Buenos Aires», y puso de ejemplo un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la empresa Nueve de Julio S.A.T. de esa ciudad, con el objetivo de reconvertir colectivos en eléctricos.

La necesidad de pensar en un transporte metropolitano e integrado también fue motivo de debate, a raíz del uso de diferentes medios por parte de millones usuarios de Capital y Provincia. Rodrigo Franco habló de la necesidad de «poner más esfuerzos por congregar la Agencia de Transporte para dar respuesta a todos los problemas de transporte y los desafíos».

Cabe recordar que Nación y Ciudad firmaron el 3 de septiembre de 2024 un acta de acuerdo para traspasar 31 corredores, que equivalen a un tercio de los servicios que operan y que, según el Artículo 2 de la Ley 26.740, corresponden al gobierno porteño su «competencia y fiscalización».

Veintisiete de las líneas circulan exclusivamente en el ámbito de la Capital Federal: 6, 7, 12, 23, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118 y 132. Mientras que otras cuatro poseen una de sus puntas en el lado Provincia, a metros de la Avenida General Paz: 4, 25, 68 y 151. «Esto es un hito en términos de la autonomía de la Ciudad. En definitiva, implica la asunción de las competencias regulatorias que constitucionalmente le corresponden», destacó Krantzer.

El representante de la Defensoría dijo que el acta propicia el «privilegio al respeto de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en lo que tiene que ver con su autonomía».

El subte a las nubes

El subte a las nubes

Se viene un nuevo aumento y el pasaje llegará a 832 pesos. Luego habrá subas mensuales atadas a la inflación. Duras críticas al Gobierno porteño y a la empresa concesionaria por la mala calidad del servicio y la falta de accesibilidad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva suba del boleto de subte, que a partir de marzo pasará a costar 832 pesos, un 10 por ciento más que los actuales 757 pesos, que rigen desde octubre pasado. El Ejecutivo porteño comunicó el aumento durante una audiencia pública convocada para tratar la tarifa del subte, realizada el jueves último vía Zoom y transmitida por YouTube.

Participantes de la audiencia cuestionaron el incremento, que asciende a casi un 1.000 por ciento desde que asumió Jorge Macri como jefe de Gobierno el 10 de diciembre de 2023, cuando el boleto costaba 80 pesos. Mientras tanto, la inflación en 2024 fue del 118 por ciento y la prestación del servicio es cada vez más deficiente.

“Si bien la empresa requiere una actualización, nada manifiesta respecto a las mejoras en la frecuencia e higiene tanto en las instalaciones como en los vagones; falta de ventiladores en andenes, baños clausurados, escaleras mecánicas sin funcionar en varios momentos; y personas con capacidad reducida que no pueden acceder a los ascensores”, objetó la referente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA), Paola Cecilia Cáceres.

Por su parte, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Javier Ibáñez, justificó el aumento debido a la necesidad de compensar el incremento en los costos de explotación y mejorar la relación subsidio-sustentabilidad del sistema.“Se busca recuperar los niveles de cobertura históricos que rondaron siempre entorno al 40 por ciento y que en el mundo ronda entre el 40 y el 60”, afirmó.

Según Ibáñez, la Ley 4.472 establece que las tarifas deben ser revisadas anualmente o cuando el costo del servicio supere un 7 por ciento. En su intervención, dijo que la tarifa técnica del subte a septiembre del año pasado era de 1.950,56 pesos, en tanto que hoy es de 2.305,28. Por consecuencia, y de acuerdo a lo propuesto por SBASE, el pasaje con SUBE registrada, tarjetas bancarias y billeteras virtuales, será de 832 pesos a partir del 1° de marzo, y que el Premetro costará 291,20 pesos.

Está previsto que se apliquen actualizaciones tarifarias mensuales durante los próximos 12 meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2 por ciento adicional, para que los incrementos superen el nivel de inflación. “La proyección para este año es que el Estado pague un poco más del 72 por ciento del pasaje”, anticipó el titular de SBASE, quien defendió la suba de la tarifa enumerando las obras realizadas o por realizar, como la finalización del Nodo Obelisco, puesta en valor de estaciones, instalación de ascensores en Carlos Pellegrini, Federico Lacroze y Plaza de los Virreyes, el cierre del loop del Premetro y el reemplazo de escaleras mecánicas.

Ibáñez mencionó además el proceso de licitación para la adquisición de nuevos trenes para la Línea B, un reclamo de larga data de los Metrodelegados por el que se movilizaron en enero; el desarrollo de ingeniería de la futura Línea F, cuya etapa de diseño conceptual del tramo Barracas-Santa Fe ya fue completada; y el avance del plan de seguridad. Por último, destacó la migración de abonos y pases a la SUBE; la renovación de 654 validadores de los molinetes, donde 145 de ellos pasaron a ser exclusivos para pagos con tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales; y la extensión horaria de la Línea B los viernes a la noche.

A su turno, usuarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de la oposición al macrismo, cuestionaron a Ibáñez y al Ejecutivo porteño. Además de las críticas al aumento acumulado de la tarifa, desproporcionado en relación a la inflación general, se hizo alusión a las graves distorsiones que genera el costo del transporte público, que desde diciembre de 2023 incidió fuertemente en la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

El exlegislador del Frente de Izquierda, Patricio Del Corro, calificó el aumento de injusto e irrazonable: “Metrovías (EMOVA) y el Gobierno de la Ciudad están teniendo una paritaria y un nivel aumento que no sueña nadie a nivel país. Ustedes les están exigiendo que paguen un aumento sideral a personas que estamos cobrando mucho menos que hace algunos años”.

“Las tarifas del subte tienen que estar por debajo de los transportes que usan combustible fósil contaminante (N. del. R.: el colectivo). Tiene que haber una reconsideración de este esquema tarifario, un planteo más realista, en ningún momento se está pensando en el bolsillo de los usuarios”, opinó la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino.

Por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Matías Rodríguez Fernández valoró la indexación mensual del esquema tarifario porque “permitirá aumentar el porcentaje de cobertura de los costos por venta de los pasajes”, aunque advirtió que su impacto “es tan impredecible como el devenir de las variables macroeconómicas del país”.

Otro cuestionamiento a la empresa fue en torno a los problemas para las personas con discapacidad en las estaciones. Apenas el 34 por ciento poseen ascensores, los cuales se vuelven inaccesibles por falta de mantenimiento. “Se pagó a una empresa, FEMYP SRL, más de 87 millones de pesos en septiembre de 2024 para el mantenimiento de escaleras y ascensores, que se descomponen permanentemente. No se mantienen las compensaciones necesarias que por ley nos corresponden y convierte al servicio público en discriminador”, manifestó Carlos Scally, un usuario con discapacidad.

La comunera de la Comuna 3 por Unión por la Patria, Inés Fornassero, apuntó contra Jorge Macri por la falta de políticas y calificó de deficiente el plan de obras: “Escuchar al jefe de Gobierno que hace poco habló de un plan integral de discapacidad, cuando ni siquiera tenemos garantizado el transporte público para cualquiera que necesita un ingreso, eso no lo tenemos garantizado”.

Respecto a la calidad del servicio, participantes de la audiencia señalaron la presencia de sarna, ratas y alacranes; los casos de asbestosis, que mataron a seis empleados del subte; las filtraciones durante días de lluvia en las estaciones, incluyendo las que fueron reacondicionadas; y las fallas técnicas constantes en formaciones, ascensores y escaleras.

“Nos preocupa la falta de higiene y limpieza de las estaciones, pasillos, escaleras y formaciones de la red, el deterioro de la prestación de la Línea B y la calidad del servicio del Premetro”, señaló Rodríguez Fernández. Otro orador, Nicolás Descalzo, dijo: “Desde la última audiencia en abril de 2024 hasta hoy, casi un año después, la situación del subte empeoró. Tenemos que tomar dimensión de lo que está pasando en la realidad, más allá de los planes”.

En representación del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Myriam Godoy Arroyo,reclamó la postergada extensión de la red del subte: “Eso incentiva el uso, porque los barrios que no tienen el servicio y están desatendidos, si lo tuvieran, lo preferirían”, aseguró.

Fuego, criminalización de la protesta y represión en la Patagonia

Fuego, criminalización de la protesta y represión en la Patagonia

Mientras arden 20.000 hectáreas de Río Negro, Chubut y Neuquén, acusaron a tres brigadistas que voluntariamente apagaban las llamas. Represión a los vecinos que se manifestaban en su solidaridad.

Cuando apenas pudieron ser controlados los incendios en Puerto Madryn, Parque Nacional Nahuel Huapi y Lanín, ahora arde la Comarca Andina. El fuego ya arrasó con más de 20.000 hectáreas en la Patagonia. En Río Negro van 8.000 en Los Manzanos y 2.700 en Mallín Ahogado, mientras que en Chubut fueron 3.500 hectáreas en Epuyén y 3.200 en Atilio Viglione. En la provincia de Neuquén, se quemaron 3.700 hectáreas del Parque Lanín. El fuego en El Bolsón comenzó en la zona del Cajón del Azul, entre los lagos Puelo y Escondido, y ante la falta de recursos para sofocarlo se expandió en pocas horas abarcando 2.000 hectáreas, lo que puso en peligro al pueblo de Mallín Ahogado. Sin embargo, la pesadilla de los pobladores, que emprenden ellos mismos el combate contra el fuego, no termina con la pérdida de sus casas y su hábitat, por estas horas están siendo acusados de haber iniciado las llamas los mismos brigadistas que intentaban apagarlas, y los vecinos que salieron a solidarizarse con ellos fueron atacados por patotas parapoliciales. Hay dos mujeres que siguen detenidas, y a uno de los presos le dictaron prisión preventiva.

“Metieron presos a tres pibes que estaban colaborando para apagar el fuego y se los llevaron como supuestos responsables de los incendios de Mallín Ahogado”, dice Soraya Maicoño, referente mapuche de El Bolsón. “Realmente la situación está cada vez más caótica, la fiscalía no atiende a nadie. Se está usando esto como excusa para hablar de terrorismo y así militarizar la Comarca Andina. Acudió mucha gente afuera de la comisaría 12 de El Bolsón, pero apareció una patota de ‘gauchos’ armados con cuchillos y palos, la policía no hizo nada, urge armar una comisión de derechos humanos, de diferentes ciudades que puedan observar lo que está pasando. Lo digo como vecina, como mapuche y como madre”, agregó. “Sí decís que el fuego fue intencional ellos lo usan a favor, y entonces mandan a quemar más todavía, como ayer (por el martes 4) incendiaron tres lugares distintos”, informó. Maicoño, quien es además locutora y titiritera, se refiere a los recientes seis focos nuevos que se iniciaron en El Guadal. 

Los detenidos fueron Nicolas Heredia, Tomás Anarella y Fabián Pazos, brigadistas autoconvocados, conocidos por todos en la Comarca Andina, que estaban ayudando a apagar el incendio. Ante lo que los vecinos consideraron que es una falsa acusación muchos de ellos fueron a la comisaría a reclamar por la libertad de los tres acusados. Sin embargo, en esa manifestación espontánea aparecieron hombres con vestimenta de gauchos a caballo que arremetieron contra estas personas y lastimaron a algunas, ante la mirada pasiva de los policías.

Anarella y Pazos ya recuperaron su libertad porque no había ninguna evidencia para justificar su detención, pero para Heredia el viernes 7 se llevó a cabo una audiencia por cargos. Fue la primera vez que el abogado Rubén Marigo, de la APDH, pudo ver la causa que investiga el delito de tentativa de incendio. “La situación es muy compleja, hay una verdadera cacería de brujas, a Heredia lo acusan de un delito excarcelable pero de manera muy extraña le dieron un mes de prisión preventiva”, dijo el letrado a ANCCOM sobre la causa que impulsan los fiscales Francisco Arrién y Martín Lozada, en el juzgado de Ricardo Ganduglia. Hay otras dos mujeres detenidas en esta misma causa, alojadas en la comisaría 27 de Bariloche. “Esto se convirtió en un caso político”, sentenció Marigo.

Garantías suspendidas

“La policía se negó a intervenir, cuando comenzaron los ataques directos, donde hirieron a una compañera y nos golpearon a muchas otras, buscamos refugio dentro de la comisaría, pero nos sacaron a patadas, insultos y palazos. Nos cerraron la puerta y nos dejaron a merced de la patota”, dijo Marianela Saavedra a esta agencia. “La policía suspendió todas nuestras garantías constitucionales para que nos hicieran lo que hicieron. Los vecinos lograron sacarnos de ahí, con la excusa de que querían linchar a los acusados de los incendios”, agregó. 

Diversos testimonios vinculan a la patota con un terrateniente de la zona, el empresario británico Joe Lewis, que es quién cerró el acceso público al Lago Escondido, y a la Municipalidad de El Bolsón. Victor Hugo Araneda, quien encabeza a esta patota, trabaja en el 911 policial.

Toda esta tierra arrasada por el fuego coincide con que se agregó a la Ley Bases el Artículo 517, que deroga la Ley 27.604, que prohibía la venta o cambio de uso de suelo de superficies incendiadas durante 60 años para fines agropecuarios o inmobiliarios. Además, desde el pasado 30 de diciembre, mediante el decreto presidencial 1136/2024 que modificó la Ley de Ministerios, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego pasó a estar a cargo del Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich. Ahora el Plan Nacional de Manejo del Fuego se encuentra disminuido por presupuestos devaluados e insuficientes para afrontar la crisis climática. La asistencia del Estado se limitó a dos aviones hidrantes, un helicóptero y brigadistas con contrataciones temporales, lo cual provoca que los equipos de combate no puedan concentrarse en uno de los grandes focos sin desatender al resto. A modo de ejemplo, el plan de gestión ante incendios presentado por los vecinos nunca fue tratado en la Legislatura rionegrina, y para las 65.000 hectáreas que comprende la Comarca hay solamente seis guardias medioambientales.

En su libro El colapso ecológico ya llegó (Siglo XXI, 2020), Maristella Svampa y Enrique Viale afirmaron que “el negacionismo responde a una matriz ideológica ultraliberal y conservadora, que objeta el rol regulador del Estado. (…) Desde esta perspectiva, cualquier intervención reguladora del Estado supone un atentado contra la libertad de mercado y, por ende, contra la libertad individual. No es casual que los sectores ultraconservadores defensores del libre mercado vean en el ecologismo un renacimiento del socialismo por otros medios. Las demandas de los ecologistas, que exigen al Estado la instrumentación de políticas públicas destinadas a regular las emisiones de gases de efecto invernadero, son entendidas como una nueva trampa asociada al comunismo”. 

Al gobierno de Javier Milei le calza perfecto esta definición. El Ejecutivo nacional Promueve discursos de odio y acusa de “zurdo hijo de puta” a todo aquel que considere necesario el uso de políticas públicas. El gobierno también busca crear constantemente un enemigo interno a quien acusar, para el común de la sociedad. Si no es la comunidad LGBT+, son los estudiantes universitarios, los científicos, los investigadores del CONICET, los jubilados o los pueblos indígenas. Todos señalados como el virus woke. Son el árbol que el gobierno usa para tapar lo que ocurre en el bosque.

Los mapuches de Lof Paincil Antriao evitaron el desalojo

Los mapuches de Lof Paincil Antriao evitaron el desalojo

El Tribunal de Junín de Los Andes aceptó la apelación del abogado de la comunidad y suspendió el procedimiento de desalojo del Camping El Conrrentoso.

La comunidad mapuche de Villa La Angostura, Neuquén, se encontraba ante la amenaza de un nuevo desalojo, esta vez en el camping El Correntoso. Este lunes la Lof Paincil Antriao que vive ancestralmente allí, desplegó una enorme bandera mapuche durante una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Casa de la Provincia de Neuquén en CABA, junto al jurado de un juicio ético y popular y organismos de derechos humanos, para pedir que el Ejecutivo provincial intercediera. Sin embargo, ayer el Tribunal de Junín de Los Andes aceptó la apelación del abogado de la Lof y suspendió el procedimiento.

Se habían hecho presentes en Maipú 48 el werken (vocero) de Paicil Antriao, Lorenzo Loncón, la diputada Mónica Schlotthauer, la periodista Claudia Korol, la abogada Paula Mamani, Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, y el exdiputado neuquino Raúl Godoy. Entre otros, exigieron la intervención del gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa, ante la inminencia del operativo.

El lunes 3 de febrero se levantó la feria judicial y el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, anunció públicamente que solicitaría el desalojo del Camping Correntoso, ubicado en Lof Paicil Antriao. “De avanzar con esta política esto constituiría un duro golpe, no sólo para las familias de la comunidad que habitan y trabajan este sector del territorio, sino para el conjunto de organizaciones que vienen construyendo una experiencia de articulación conjunta con el Lof”, comunicó la Regional Patagonia del FPDS Corriente Plurinacional. 

Por este motivo, la actividad en la Casa de Neuquén tuvo como objetivo solicitar al gobernador Figueroa, y al intendente de Villa La Angostura Javier Murer, la reapertura de la mesa de diálogo que fue interrumpida con el inicio del gobierno libertario. De hecho, la derogación de la Ley 26.260 que frenaba los desalojos de territorios recuperados por los pueblos indígenas está implicando la reactivación de decenas de conflictos y de poderosos intereses inmobiliarios en la zona. “No quieren mapuche en la Suiza argentina”, dijo en su discurso el lonko Loncón. La medida surtió efecto porque tras veinticuatro horas, el juez civil 2 de Junín de los Andes, Santiago Montórfano, determinó que el desalojo queda suspendido hasta que la Cámara de Apelaciones resuelta el planteo de fondo de la defensa de la Lof Antriao, representada por el abogado Virgilio Sánchez, de La Gremial de Abogados y Abogadas. “Un respiro”, decía el mensaje con el que le comunicó la noticia a los integrantes de la comunidad.

A principios del 2024, cuando asumió, el intendente Murer había ido al territorio y propuso un acuerdo por el uso del camping. Luego salió una sentencia favorable al municipio y la actitud cambió, pusieron condiciones inaceptables para estas familias mapuche, entre ellas la pretensión de que la comunidad reconociera que la titularidad y la posesión de las tierras son del municipio. 

“Cuando cobra envergadura nacional, y los medios le dan visibilidad, esto repercute en la situación y la justicia parece que escuchó” dijo a ANCCOM Walter Bosisio sociólogo e investigador de la UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jaureche). A su criterio, el gran problema hoy es que ya no hay un marco de protección legal a nivel nacional, por lo cual hay que acudir a la legislación internacional en materia de derechos humanos y derecho indígena. 

Es en esta zona donde, en 2018, el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación a la Lof Paicil Antriao. En 2004 el deportista había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. Sin embargo, en 2023 el juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió. 

Este es solo uno de los tantos ejemplos de denuncias por privados que sufre la comunidad, aunque en 1902, en el marco de la ley del hogar, la Lof recibe el lote 9 como donación por parte del gobierno de Julio Argentino Roca porque las familias Paincil y Antriao participaron como baqueanos de la Comisión de Límite del Laudo Arbitral con Chile. Así recibieron la titularidad del lote 9.

En comunicación con ANCCOM, la antropóloga y perito judicial Alejandra Pérez dijo que “el gobierno usa la figura de Roca para lo que le conviene, lo toman como ejemplo por la Conquista del Desierto, sin embargo no tienen en cuenta situaciones como estas en donde el mismo Roca les otorga la titularidad de las tierras. Son estas tierras las que hoy el gobierno quiere desalojar con la excusa de usurpación y demás estigmatizaciones”.

En este contexto, el 31 de enero el gobierno oficializó la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario que otorgaba subsidios a las comunidades que atraviesan conflictos de tierras, para facilitar el acceso de estas a la justicia. Fue el titular del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, quien tomó la decisión, formalizada a través de la Resolución 8/2025 publicada por el Boletín Oficial, la cual responde a una política  de revisión de recursos estatales respaldada por el decreto 70/2023. El Programa de Fortalecimiento Comunitario fue creado en el año 2004 dentro del Área de Tierras del Registro de las Comunidades Indígenas (ReNaCi) durante el gobierno de Nestor Kirchner, cumpliendo lo establecido por el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional, los Convenios Internacionales ratificados por nuestro país y la Ley 23.302 que garantiza los derechos a la tierra, a la educación, a la salud y a la participación de las comunidades indígenas.

En este contexto, cuando la Patagonia arde no sólo por los incendios, la decisión judicial tuvo el efecto de una lluvia, al menos pasajera.

“No quieren mapuches en la Suiza argentina”

“No quieren mapuches en la Suiza argentina”

El Lof Paincil Antriao, que vive en Villa la Angostura, teme por su desalojo con el cambio de políticas que impulsa el gobierno libertario. Los ancestros recibieron las tierras de manos de Roca por su colaboración en la delimitación del territorio.

La comunidad mapuche de Villa La Angostura, Neuquén, se encuentra ante la amenaza de un nuevo desalojo, esta vez en el camping El Correntoso. Frente a esto, la Lof Paincil Antriao que vive ancestralmente allí, desplegó una enorme bandera mapuche durante una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Casa de la Provincia de Neuquén en CABA, junto al jurado de un juicio ético y popular y organismos de derechos humanos. Participaron el werken (vocero) de Paicil Antriao, Lorenzo Loncón, la diputada Mónica Schlotthauer, la periodista Claudia Korol, la abogada Paula Mamani, Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, y el exdiputado neuquino Raúl Godoy. Entre otros, exigieron la intervención del gobernador de esa provincia, Rolando Figueroa.

El lunes 3 de febrero se levantó la feria judicial y el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, anunció públicamente que solicitaría el desalojo del Camping Correntoso, ubicado en Lof Paicil Antriao. “De avanzar con esta política esto constituiría un duro golpe, no sólo para las familias de la comunidad que habitan y trabajan este sector del territorio, sino para el conjunto de organizaciones que vienen construyendo una experiencia de articulación conjunta con el Lof”, comunicó la Regional Patagonia del FPDS Corriente Plurinacional. 

Por este motivo, la actividad en la Casa de Neuquén tuvo como objetivo solicitar al gobernador Figueroa, y al intendente de Villa La Angostura Javier Murer, la reapertura de la mesa de diálogo que fue interrumpida con el inicio del gobierno libertario. De hecho, la derogación de la Ley 26.260 que frenaba los desalojos de territorios recuperados por los pueblos indígenas está implicando la reactivación de decenas de conflictos y de poderosos intereses inmobiliarios en la zona. “No quieren mapuche en la Suiza argentina”, dijo en su discurso el lonko Loncón.

A principios del 2024, cuando asumió, el intendente Murer fue al territorio y propuso un acuerdo por el uso del camping. Luego salió una sentencia favorable al municipio y la actitud cambió, pusieron condiciones inaceptables para estas familias mapuche, entre ellas la pretensión de que la comunidad reconociera que la titularidad y la posesión de las tierras son del municipio. 

“Cuando cobra envergadura nacional, y los medios le dan visibilidad, esto repercute en la situación” dijo a ANCCOM Walter Bosisio sociólogo e investigador de la UNAJ (Universidad Nacional Arturo Jaureche). A su criterio, el gran problema hoy es que ya no hay un marco de protección legal a nivel nacional, por lo cual hay que acudir a la legislación internacional en materia de derechos humanos y derecho indígena. 

Es en esta zona donde, en 2018, el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación a la Lof Paicil Antriao. En 2004 el deportista había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. Sin embargo, en 2023 el juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió. 

Este es solo uno de los tantos ejemplos de denuncias por privados que sufre la comunidad, aunque en 1902, en el marco de la ley del hogar, la Lof recibe el lote 9 como donación por parte del gobierno de Julio Argentino Roca porque las familias Paincil y Antriao participaron como baqueanos de la Comisión de Límite del Laudo Arbitral con Chile. Así recibieron la titularidad del lote 9. 

En comunicación con ANCCOM, la antropóloga y perito judicial Alejandra Pérez dijo que “el gobierno usa la figura de Roca para lo que le conviene, lo toman como ejemplo por la Conquista del Desierto, sin embargo no tienen en cuenta situaciones como estas en donde el mismo Roca les otorga la titularidad de las tierras. Son estas tierras las que hoy el gobierno quiere desalojar con la excusa de usurpación y demás estigmatizaciones”.

En este contexto, el 31 de enero el gobierno oficializó la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario que otorgaba subsidios a las comunidades que atraviesan conflictos de tierras, para facilitar el acceso de estas a la justicia. Fue el titular del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, quien tomó la decisión, formalizada a través de la Resolución 8/2025 publicada por el Boletín Oficial, la cual responde a una política  de revisión de recursos estatales respaldada por el decreto 70/2023. El Programa de Fortalecimiento Comunitario fue creado en el año 2004 dentro del Área de Tierras del Registro de las Comunidades Indígenas (ReNaCi) durante el gobierno de Nestor Kirchner, cumpliendo lo establecido por el Artículo 75, Inciso 17 de la Constitución Nacional, los Convenios Internacionales ratificados por nuestro país y la Ley 23.302 que garantiza los derechos a la tierra, a la educación, a la salud y a la participación de las comunidades indígenas.

Ahora solo queda aguardar una respuesta del Poder Ejecutivo y Judicial provincial porque esa parte de la Patagonia arde no sólo por los incendios.